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viernes, 17 de febrero de 2017

El Tribunal Supremo se apunta a la Transparencia

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha el pasado martes su Portal de Transparencia que permitirá a los ciudadanos conocer por primera vez el estado de tramitación de sus causas en el alto tribunal que con esta herramienta pretende convertirse en un órgano más accesible al público en general.

Revista de prensa. EP. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, quien ha precisado que el objetivo del portal es ofrecer la información más completa sobre el mismo y por ello recoge también por primera vez los señalamientos de las cinco Salas, de modo que será posible conocer qué asuntos va a tratar cada una de ellas y cuál es la parte recurrente.

En la pestaña de biografía se pueden consultar los perfiles profesionales de los 78 magistrados titulares y ocho eméritos además de los miembros del gabinete técnico. Otra de las novedades es la relativa a la información sobre los salarios de los magistrados y los gastos protocolarios incluidos en su presupuesto y que se desglosan por los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma.

El vicepresidente ha explicado que se ha trabajado durante un año en su puesta en marcha bajo el criterio de ofrecer la mayor transparencia posible sobre su funcionamiento si bien ha precisado que se trata de una herramienta dinámica que se irá mejorando día a día en función de la demanda existente.

Sentencias
Al hilo ha precisado que una de las cuestiones que más interesan a los ciudadanos es la incidencia que tienen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ocurre en lo relativo a la nulidad de las cláusulas suelo y sobre las que está previsto que se pronuncie este miércoles para adaptarse criterio europeo que impuso retroactividad en el cobro de las cantidades percibidas indebidamente por la banca.

Por su parte el jefe del gabinete técnico, el magistrado Dimitri Berberoff, ha indicado que a partir de ahora el público también puede conocer todos los asuntos ingresados por las salas en los últimos cuatro años. La información pone de relieve el incremento producido en la Sala de lo Civil (que pasa de 3.579 asuntos en 2013 a 4.397 el pasado año) y la Contencioso-Administrativo con un incremento de más de 3.000 asuntos en tres años.

La pestaña de estadísticas permite conocer el tiempo medio de respuesta y la tasa de asuntos resueltos, según ha indicado Berberoff que reconoce que hay que tener en cuenta que la complejidad de los asuntos que ingresan en el Tribunal Supremo es cada vez mayor debido a la novedad de los mismos.

Respecto al tiempo medio de respuesta varía en función de las salas; así la Civil cuenta en 2015 con un tiempo medio de 15,4 meses, la Contencioso de 13,8 mientras que el tiempo medio de respuesta en la Sala de lo Penal es de 5,1 meses y de 4,4 en la Sala de Lo Militar.

Acceso ciudadano
Los ciudadanos pueden acceder también a información relativa en el ámbito no jurisdiccional así como las agendas del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del vicepresidente Ángel Juanes. Además, en el apartado de jornadas de puertas abiertas se facilita información de contacto para el público quiera acercarse al alto tribunal.

El Supremo explica que con la puesta en marcha de esta herramienta culmina el proceso de extensión de la política de transparencia a los órganos de gobierno de los tribunales iniciado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2015. Medio año después, en junio de 2016, entró en funcionamiento el de la Audiencia Nacional.

miércoles, 14 de mayo de 2014

La Justicia resolvió 8.875.557 asuntos en 2013, quedando en trámite otros 2.680.933, un 9 % menos que en 2012

El informe "La Justicia dato a dato”, (115 págs.) recoge los indicadores de los Juzgados y Tribunales españoles correspondientes al año 2013

Nota CSPJ. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presentado en el Congreso, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara, el informe “La Justicia dato a dato”, que recoge los indicadores de los Juzgados y Tribunales españoles correspondientes al año 2013.

Carlos Lesmes, en el centro, durante la presentación
del informe 2013 en el Congreso de los Diputados

El informe revela que, en conjunto, el número de asuntos ingresados en ese periodo fue de 8.636.016; mientras que la cifra de asuntos resueltos ascendió a 8.875.557, quedando en trámite a finales de año 2.680.933 asuntos, un 9 % menos que en el ejercicio anterior.


Por jurisdicciones, los asuntos ingresados el año
 pasado en la civil fueron 1.670.305 y los resueltos 1.814.394; en la penal 6.304.949 y 6.392.637; en la contencioso-administrativa 191.088 y 260.103; y en la social 469.329 y 408.092, respectivamente.

Se mantiene el número de asuntos
Las cifras reflejan una estabilización en el número total de asuntos y un incremento del número de los registrados en los Juzgados de Familia –de aproximadamente el 2 %-, de lo Mercantil –de en torno al 20 %- y de lo Social –otro 20 %-, lo que evidencia los efectos de la crisis en los litigios que se siguen en este tipo de órganos judiciales.

En cuanto a la duración de los procedimientos, en la jurisdicción civil la media –en este caso desde que un asunto ingresa en Primera Instancia hasta que queda resuelto en casación- es de dos años; en la penal de un año y dos meses; en la contencioso-administrativa de cuatro años y en la social de dos años y medio.

Por lo que respecta a la tasa de resolución (relación entre asuntos resueltos y asuntos ingresados en un mismo periodo), los datos indican que en conjunto ha aumentado un 1,3 % respecto a 2012; mientras que la de pendencia (relación entre asuntos pendientes al final del periodo y asuntos resueltos en ese periodo) bajó en un 1,3 %; la de congestión (que resulta de dividir la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los asuntos ingresados por el número de asuntos resueltos) en un 5,6 % y la de litigiosidad (asuntos ingresados por cada mil habitantes) en un 3,5 %.

La única jurisdicción en la que durante 2013 disminuyó la tasa de resolución –lo hizo en un 2,3 %- fue la social; en la que además la de pendencia aumentó un 10,6 %, la de congestión subió un 5,3 % y la de litigiosidad se incrementó un 1,5 %, lo que de nuevo pone de manifiesto los efectos de la crisis en esta materia.

Incremento mediación familiar y civil
Durante su comparecencia en el Congreso, el presidente del TS y del CGPJ ha hecho referencia al impulso de la mediación en España durante el último año.
Así, la mediación familiar experimentó en 2013 un incremento de alrededor del 65 % respecto al año anterior -al pasar de 3.056 mediaciones a 5.116-, consiguiendo además un 49 % de acuerdos, frente al 31 % de 2012.

La mediación penal creció un 40 % –casi 4.000 asuntos en 2013 frente a los 2.728 del año anterior-, con un 76 % de acuerdos alcanzados, lo que tiene gran importancia de cara a la posible reparación de la víctima, principal destinataria de este proceso, y también respecto de la recuperación social del infractor, que se responsabiliza de su acto.

También subieron, un 26 %, las mediaciones civiles; mientras que en materia laboral se alcanzó un acuerdo en 14 de los 20 procesos de mediación tramitados y cerrados.

Noticia relacionada: Lesmes anuncia en el Congreso que el CGPJ hará públicos datos sobre delitos relacionados con la corrupción EP

La lentitud de la Justicia va por Comunidades. E.P

martes, 8 de abril de 2014

Las tres asociaciones de jueces piden convocar más plazas para aproximarse a los ratios europeos

Los jueces muestran su descontento ante el tiempo transcurrido desde las declaraciones del pasado 17 de marzo del presidente del CGPJ  Carlos Lesmes: "al juez se le controla con el palo y la zanahoria"

Revista de prensa. lainformación.com.  7 abr (EFE).- Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente consideran imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exija al Ministerio de Justicia la urgente creación de plazas en la judicatura.
Carlos Lesmes en su toma de posesión
Este es uno de los acuerdos adoptados por estas tres organizaciones en una reunión que han mantenido y que han plasmado en un comunicado conjunto.

Estiman que es necesario crear dichas plazas para que España se aproxime a la ratio europea de jueces respecto a la población, "máxime teniendo en cuenta la situación generada con la práctica supresión de los sustitutos". 

No a las expectativas de destino
Estas asociaciones consideran que la solución dada por la Comisión Permanente del CGPJ a las promociones 63 y 64, en expectativa de destino, con sucesivos concursos de traslado, no sirven para dar una respuesta positiva y de estabilidad y hará muy difícil la conciliación de la vida laboral, personal y familiar" de los jueces.

Por otra parte, muestran su descontento ante el tiempo transcurrido desde las declaraciones del pasado 17 de marzo del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, "sin que haya dado aclaración o rectificación pública alguna".  En una entrevista en el diario El Mundo señaló que "el Consejo se crea para dos funciones que se considera que no puede estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria".

Las tres asociaciones mencionadas manifiestan su "reprobación absoluta al fondo y a la forma de tales declaraciones, que perjudican y dañan la imagen de los miembros de la carrera judicial".

Asimismo, rechazan "la forma en que se ha desarrollado el proceso de renovación del nuevo CGPJ" y añaden que "en estos tres meses se ha evidenciado el exceso de presidencialismo, la disminución de competencias esenciales para defender la independencia judicial y reivindicar mejoras en la Administración de Justicia, así como la sumisión y dependencia del Ministerio".

También piden al Ministerio de Justicia que convoque la comisión mixta prevista en la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal y reiteran su preocupación por los "intentos de privatización del Registro Civil".

Noticia relacionada: Obligan a la Generalitat valenciana a devolver la paga extra a funcionarios de justicia . Lasprovincias.es