España: el debilitamiento del sistema judicial es una de las causas fundamentales que no permite avanzar e incide en la bajada en el ranking mundial
La puntuación de España (60/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 publicado el 30.1.2024 por Transparency International, se ha mantenido igual que el año pasado (IPC 2022). Sin embargo, no es motivo ni de satisfacción ni de tranquilidad, ya que España baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180).
En el ranking 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Catar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180)1.
El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos años anteriores, pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos. Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó siete puntos. En el año 2019 experimentó una mejora, que pudo mantener en el 2020, pero que ha descendido hasta la puntuación obtenida en el IPC 2022 y en el IPC 2023. En este sentido, España no logra remontar a la puntuación que tenía hace ocho años, si bien la diferencia es mucho menor: seguimos con cinco puntos menos de los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65/100.
En la metodología seguida en el IPC solo se puede afirmar que hay una mejora significativa en la posición de un país cuando este logra elevar su puntuación de manera continua en años consecutivos.
Cabe recordar que, de acuerdo a la metodología del IPC, una mayor puntuación significa menor corrupción.
España no debe conformarse con la posición actual que nos sitúa por debajo de países que hace dos años estaban claramente lejos en su posición, como pueden ser Israel o Cabo Verde.
El ascenso en la puntuación requiere esfuerzos sustanciales a nivel institucional, normativo y jurisdiccional. La experiencia previa nos ha enseñado lo vulnerable que puede ser la posición de un país cuando los compromisos políticos no son reales y las medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción no se logran implementar de forma efectiva.
España tiene que emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición en próximas ediciones. Es preciso no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Será esencial recuperar el buen funcionamiento de las instituciones -como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial- y llevar a cabo reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público como la reforma de la Ley de Transparencia, la supresión del programa de visados dorados (Golden Visas), la mejora de la transparencia parlamentaria, la creación de la autoridad independiente de protección del informante o el impulso de la regulación de un registro de grupos de interés obligatorio.
ASPECTOS DESTACADOS A NIVEL MUNDIAL
Transparencia Internacional muestra que la mayoría de los países han logrado mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Durante doce años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que siguen existiendo graves problemas de corrupción y falta de control.
La puntuación media de Europa Occidental y la Unión Europea (UE) en el IPC 2023, es de 65 sobre 100, descendiendo por primera vez en una década. A pesar de seguir siendo la región con mejor puntuación, las medidas anticorrupción siguen viéndose socavadas por el debilitamiento de los controles. La erosión de la integridad política contribuye a disminuir la confianza pública en la capacidad de los países para abordar los retos actuales de la región.
El IPC 2023 revela que los esfuerzos anticorrupción se han estancado o han disminuido en más de tres cuartas partes de los países de la región. De los 31 países evaluados, solo seis han mejorado su puntuación, mientras que ocho la han disminuido desde 2012.
Varias democracias de alto rango, como Suecia (82), Países Bajos (79), Islandia (72) y Reino Unido (71), han registrado las puntuaciones más bajas de su historia. Cabe destacar que el Reino Unido ha experimentado un descenso de seis puntos en los últimos cinco años.
DATOS GLOBALES DESTACADOS
Dinamarca (90) encabeza el índice por sexto año consecutivo, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Debido al buen funcionamiento de sistemas de justicia, estos países también se encuentran entre los primeros puestos en el Índice de Estado de Derecho.
Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16) ocupan las posiciones inferiores en el índice. Todos estos países se ven afectados por crisis prolongadas, en su mayoría conflictos armados.
Hay 23 países -entre ellos algunas democracias que ocupan posiciones altas como Islandia (72), los Países Bajos (79), Suecia (82) y el Reino Unido (71), al igual que algunos estados autoritarios como Irán (24), Rusia (26), Tayikistán (20) y Venezuela (13)- que este año están en niveles mínimos históricos.
Desde el año 2018, 12 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. La lista incluye a países de ingresos bajos y medianos como El Salvador (31), Honduras (23), Liberia (25), Myanmar (20), Nicaragua (17), Sri Lanka (34) y Venezuela (13), así como a economías de ingresos medianos-altos y altos como Argentina (37), Austria (71), Polonia (54), Turquía (34) y el Reino Unido (71).
Contar con órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, transparentes y dotadas de recursos suficientes es fundamental para contener la corrupción. A su vez, resulta clave evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces.
La guerra de Rusia contra Ucrania (36) planteó desafíos inmensos a la gobernanza y la infraestructura de este último país, e incrementó los riesgos de corrupción. Sin embargo, Ucrania continuó escalando posiciones en el IPC, por 11 años consecutivos, al enfocarse en las reformas al sistema de justicia, incluida la reestructuración de los órganos de autogobierno judicial, una mayor independencia judicial y el fortalecimiento de la capacidad del órgano responsable de enjuiciar casos de corrupción. A pesar de estas mejoras, resulta preocupante que siga habiendo un número considerable de casos de corrupción de alto nivel.
El declive que registra Guatemala (33) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas. El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción.
En África, los casos de corrupción y los problemas dentro de los sistemas de justicia son diversos, incluyendo señalamientos de soborno, extorsión e interferencia política en los sistemas de justicia de países como Nigeria (25). En Burundi (20) hubo casos de encarcelamiento de magistrados, y en la República Democrática del Congo (22) no se investigaron de manera efectiva casos que fueron llevados ante la justicia. Transparencia Internacional hace un llamado a los Estados para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para perseguir eficazmente todos los delitos de corrupción y establecer los controles adecuados para prevenirla. A su vez, los Estados también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan preservar su integridad, imparcialidad y garantizar plena accesibilidad a la justicia para todas las personas.
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