"A 31 de diciembre de 2021 se habían asignado al sector público autonómico un total de 11.247 millones de euros, cifra que se incrementó hasta los 20.600 millones de euros al cierre de 2022"
Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- El Tribunal de Cuentas de España acaba de hacer público un interesante, oportuno y muy amplio informe de fiscalización horizontal de carácter operativo -en concreto de sistemas y procedimientos- que se ha centrado en determinar si las Comunidades y Ciudades Autónomas (CCAA) han adoptado las medidas necesarias para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El resumen es magnífico y los anexos nos indican a los iniciados que asistimos a un cambio profundo en la elaboración y difusión de los informes del Tribunal.
El análisis de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas CCAA y Ciudades Autónomas ofrece además una visión comparada de las medidas implementadas en este ámbito y la posibilidad de identificar buenas prácticas e iniciativas relevantes que puedan resultar de utilidad para otros gestores, sin perjuicio de la exposición individualizada que, con mayor alcance, se incluye en los informes que han elaborado las Instituciones de control externo autonómicas que venimos comentando en anteriores entradas.
Un montante enorme
A 31 de diciembre de 2021 se habían asignado al sector público autonómico un total de 11.247 millones de euros, cifra que se incrementó hasta los 20.600 millones de euros al cierre de 2022, estando previsto que a lo largo del periodo plurianual de ejecución de los fondos europeos (2021-2026) las CCAA gestionen hasta el 54 % de los fondos del PRTR. Las dotaciones se realizan principalmente a través de la distribución territorial de fondos en Conferencias Sectoriales, así como de otros instrumentos como las concesiones directas o los convenios.
Una fiscalización didáctica
A tal fin, los objetivos de fiscalización se concretan en las tres siguientes preguntas:
¿Se han establecido sistemas de gobernanza adecuados para la gestión que han de desarrollar las Administraciones autonómicas en el marco del PRTR?
¿Se han adoptado en el ámbito autonómico las medidas precisas para que la gestión de recursos humanos se ajuste a las necesidades derivadas del PRTR?
¿Se han adaptado los procedimientos, sistemas de gestión y sistemas de información a los requerimientos del PRTR?
El ámbito objetivo de la fiscalización está constituido por las medidas normativas, organizativas, de planificación y de adaptación de los sistemas de gestión, procedimientos y sistemas de información llevadas a cabo para la implementación del PRTR en el ámbito autonómico. El ámbito temporal del informe se extiende hasta el 31 de mayo de 2022 y se ha desarrollado de forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX).
El Tribunal ha comprobado si el sistema de gestión y control de los fondos ha sido adaptado a los requerimientos del PRTR de aplicación al ámbito autonómico, se ha analizado el desarrollo normativo efectuado dentro de sus respectivos marcos competenciales, comprobando la implantación efectiva de los sistemas y procedimientos derivados del marco normativo resultante.
Conclusiones
Sintetizamos las conclusiones en ocho apartados:
-Por lo general, la elaboración de instrumentos de planificación para la gestión del PRTR no ha sido abordada de una manera coordinada y homogénea.
-Resulta necesario mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos, máxime cuando se está entrando en las fases centrales de su ejecución.
-La cobertura de las necesidades de recursos humanos para la gestión del PRTR es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las CCAA, existiendo oportunidades de mejora en las medidas adoptadas en relación con la planificación de estos recursos.
-El proceso de autoevaluación fue diseñado para ayudar a las entidades ejecutoras a cumplir los principios de gestión del PRTR; sin embargo, ha sido acometido, fundamentalmente, para dar cumplimiento a la normativa (Orden 1030/2021).
-Con carácter general, las CCAA no establecieron criterios comunes estandarizados para las valoraciones a realizar por las entidades ejecutoras en la cumplimentación de los test de autoevaluación, de forma que se pudieran comparar entre sí, siendo Cataluña la única excepción.
-Todas las CCAA han introducido sistemas de codificación específica para poder realizar el seguimiento de los fondos ligados al PRTR.
-La adaptación de los sistemas dei nformación a los requerimientos del PRTR es un proceso en desarrollo y ligado a la implantación del sistema de información del PRTR.
-Con carácter general, las CCAA han reforzado sus mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude a través de la aprobación de planes de medidas antifraude.
Dejemos un breve comentario de este último apartado
El mosaico de planes antifraude
Como avanzamos se trata de un informe muy amplio y elaborado en un tiempo récord. Destacamos el apartado específico dedicado a evaluar los Planes Antifraude de las CCAA. Un tema del que esperamos pronto otro informe horizontal del sector local nacional.
Con carácter general, los planes aprobados señalan que resultarán de aplicación a la gestión de los fondos del MRR, si bien en La Rioja está prevista su aplicación a la gestión de todos los fondos europeos, mientras que en Castilla y León y Galicia se extiende a la totalidad de la gestión efectuada por la Comunidad, independientemente del origen de la financiación.
En once CCAA (Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja) no se externalizó este proceso, elaborándose los planes antifraude generales y/o a nivel de entidad ejecutora en el ámbito interno de la Administración.
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