El Gobierno de Mariano Rajoy "aparca" su reforma local a la vista del rechazo que genera en el municipalismo

El partido del Gobierno prefiere dar más protagonismo parlamentario a la  Ley de Transparencia para  poder responder a las exigencias ciudadanas  

Revista de Prensa. Colpisa 2.4.2013.- Al Gobierno se le atraganta la reforma de la administración local. La falta de consenso con el resto de grupos políticos y, sobre todo, la fuerte oposición surgida en las propias filas del PP han obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a frenar el anteproyecto de ley, que fue visado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero.

El objetivo inicial es que el texto fuera remitido al Congreso después de Semana Santa, pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera lo ha enviado al Consejo de Estado para que emita su preceptivo informe. Con estos plazos, la ley no entraría en vigor antes del 1 de enero de 2014, es decir, un año antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y si las encuestas ya pintan un panorama sombrío para el PP a causa de la crisis económica, una rebelión de alcaldes y concejales podría ser letal para las aspiraciones electorales del PP.

Pero otras fuentes señalan la posibilidad de que este calendario no llegue a cumplirse. "Hemos levantado el pie del acelerador con lo de la reforma local, la prioridad ahora es la Ley de Transparencia", explica un diputado popular.

Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado, en las comparecencias posteriores a los últimos Consejos de Ministros, que la norma, con la que el Gobierno pretendía ahorrar unos 7.000 millones de euros al año, entraña una importante complejidad jurídica para justificar las posibles demoras en su tramitación.

Rechazo en las filas del PP

Sin embargo, el principal escollo radica en el fuerte rechazo en las propias filas populares hacia un proyecto que dejará sin retribución alguna al 82% de los 68.285 concejales existentes en España.

Existen además otras dos controversias, la supresión de las principales competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que pasarán a manos de las diputaciones provinciales y la negativa de las comunidades a lidiar con las denominadas competencias impropias que ahora asumen los ayuntamientos sin una notable mejora de la financiación autonómica. El descontento es generalizado y quedó patente con el hecho de que la práctica totalidad de comunidades autónomas, además de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han presentado alegaciones durante los 15 días de plazo que dio el Gobierno.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entregó en mano los reparos de su comunidad a Mariano Rajoy durante la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 11 de marzo. Feijóo recomendó al Ejecutivo central "mesura e inteligencia" a la hora de aprobar esta reforma. Si los presidentes autonómicos del PP evitan en todo momento el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, los de otras formaciones se muestran mucho más beligerantes.
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Sobre este mismo tema, ver comentario de ACAL al Informe sobre la Democracia Local y Regional en España (Inglés). También en El País

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Otras Noticias : El empleo público sigue bajando
CSIF. 2.4.2013.- Los sectores de Administración Pública, Educación, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales finalizaron el primer trimestre del año con un saldo de 15.067 ocupados menos, según se desprende de los datos publicados  por el Ministerio de Empleo. Aunque se ha producido una subida generalizada de afiliados en el último mes, la situación sigue siendo muy preocupante, en concreto, 41.647 bajas en los citados sectores, frente a 26.580 altas. Esto es un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo en las diferentes administraciones, y en concreto en Educación y Sanidad, con una proporción del 80-20 entre sector público y privado. Leer +