Acoso sexual y por razón de sexo en la administración pública: más de una veintena de denuncias antes de tener un protocolo

 La mayoría de ministerios asegura no haber registrado ninguna denuncia de este tipo en los últimos años. Otros señalan, en total, veinticinco de ellas.

Por María Álvarez del Vayo. Civio.es .- A mediados de septiembre, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) envió una comunicación interna en la que reconocía que, en los últimos cinco años y hasta diciembre de 2023, había activado su protocolo por acoso sexual y por razón de sexo en 12 ocasiones. Un documento escrito en el aniversario de la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez el 10 de septiembre de 2023 mientras trabajaba como camarera en el buque oceanográfico García del Cid. En 2019, Mari Carmen había puesto una denuncia ante el CSIC por haber sufrido acoso sexual por parte de otro de los miembros del buque y, aun así, terminó siendo destinada al mismo barco con la persona a la que había denunciado, como contaba Faro de Vigo.

El CSIC no es el único organismo público donde existen casos de acoso sexual. Y, sin embargo, hasta marzo de 2024, la Administración General del Estado no contaba con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que cubriese a todas las personas que trabajan en la administración. Hubo un intento fallido de aprobar un protocolo de este tipo en 2011, que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015, como explica Ángela Bernardo en el libro “Acoso: #Metoo en la ciencia española”. La Ley de igualdad entre hombre y mujeres aprobada en 2007 definía las conductas tipificadas en estos tipos de acoso y ya exigía, por entonces, que se creara un protocolo y que lo adaptaran los distintos organismos públicos. Aunque el protocolo no se ha aprobado hasta 2024.

Antes de la entrada en vigor de este protocolo, la mayoría de ministerios asegura no haber registrado en los últimos años ni una sola denuncia de este tipo por parte de sus trabajadoras y trabajadores. Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), apunta a que la única diferencia con el protocolo actual es que “ahora hay un procedimiento con el que se puede instar internamente. Ahora bien, los acosos han existido, siguen existiendo y siguen estando igual de invisibilizados que estaban antes del protocolo”.

Situaciones que son acoso sexual o por razón de sexo

Un dossier del sindicato de funcionarios pone algunos ejemplos de lo que es acoso sexual: insinuaciones, comentarios obscenos, envío de imágenes o mensajes con contenido sexual, acercamientos no solicitados, excesivos o innecesarios. También forzar a la víctima a elegir entre someterse a requerimientos sexuales o perder condiciones de trabajo. El acoso por razón de sexo se da cuando ocurren reiteradamente situaciones como desautorizar decisiones, asignar tareas denigrantes o con actuaciones que pretender aislar a la víctima siempre determinadas por el sexo de la misma, por cuestiones relacionadas como embarazo, maternidad o paternidad, conciliación, etc.. Otros hechos constitutivos de acoso son amenazas, agresiones, gritos, insultos y ataques a la vida personal o a la reputación de la víctima.

Muchas personas que han sufrido este acoso no han dado el paso de denunciar, explica Eva Fernández, secretaria de Igualdad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). “En muchos casos lo que ha pasado es que no se han atrevido a denunciar porque no sabían ante quién. La gente lo que hace al final es pedir un traslado, cogerse una baja… la víctima es la que es encima doblemente victimizada porque pierde lo que tiene por culpa de lo que le está pasando”, explica Fernández. Y añade que, en otras ocasiones y al no haber un protocolo que seguir, “se ha hecho una especie de apaño” hablando con las partes y no sancionando a nadie. Esto sí cambia con las nuevas reglas: deberá existir una unidad responsable de recibir estas denuncias y se podrá hacer a través de una dirección de correo electrónico o un buzón físico. Esta unidad deberá ponerlo en conocimiento de una asesoría confidencial, dentro de las siguientes 24 horas, que deberá emitir un informe en 10 días y decidirá si se archiva la denuncia o si se inicia un expediente disciplinario. El o la denunciante tendrá otros 10 días para presentar alegaciones. Entonces será el Comité de Asesoramiento -compuesto por cuatro personas- el que realice otro informe en un máximo de otros 20 días. En todo este proceso el o la denunciante podrá estar acompañada por una persona de confianza.

Antes de la entrada en vigor de este protocolo, ya hubo gente que se atrevió a denunciar. Delia Gutiérrez estuvo más de un año luchando para que se admitiera a trámite su denuncia por acoso laboral y por razón de sexo contra un alto cargo. Presentada en julio de 2022, fue inadmitida a trámite en agosto, pero gracias a un recurso de amparo comenzó a investigarse en noviembre porque el Director General de Servicios veía necesarias una “mayor cantidad de averiguaciones sobre el caso”. El resultado no fue mejor: archivo de la denuncia, recurso, estimación parcial del recurso y archivo final. “Ha sido un proceso a lo largo de años y en estas cosas cuesta identificar lo que te pasa o reconocerte como víctima, cuesta hablar de ello, cuesta que se entienda porque son cosas que no son tan tan visibles”, cuenta Delia, y añade: “Desde el momento en que dices ‘voy a sacudir esto, voy a quitarme algún peso de encima’ o a buscar algún apoyo, es muy difícil y te sientes muy perdida”. La denuncia se presentó ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico para que fuera investigado como acoso laboral y por razón de sexo. La investigación se centró en el posible acoso laboral pero se descartó que este acoso pudiese ser condicionado por el hecho de ser mujer. En ese año, este ministerio solo contabilizó esta denuncia entre las de acoso sexual y por razón de sexo. También investigó una denuncia por acoso sexual realizada por personal externo en 2019, registró otra de acoso sexual en el año 2021 y una de acoso por razón de sexo en 2023.

Entre los ministerios que sí han facilitado datos, además del de Transición Ecológica, y tienen registro de denuncias por acoso sexual o por razón de sexo, se encuentra el de Cultura; y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registraron sendas denuncias de acoso por razón de sexo en 2023. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió otra por acoso sexual en 2021. También el Ministerio de Economía, que no hace distinción en sus datos entre acoso sexual y por razón de sexo, señala que recibió una denuncia de este tipo en 2016 y otras dos en 2017. El Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una denuncia por acoso sexual o por razón de sexo en 2020 y dos en 2021. En el lustro que va entre 2018 y 2023, el Ministerio de Interior registró, en Instituciones Penitenciarias, siete denuncias por acoso sexual y tres por acoso por razón de sexo. Desde la entrada del protocolo en marzo de 2024, el Ministerio de Defensa, por su parte, dice haber activado el mismo en tres ocasiones.

El resto de ministerios -14 de 21- dicen no haber registrado denuncias de este tipo en los últimos años. Por ejemplo, el ministerio al que está adscrito el CSIC, el de Ciencia, Innovación y Universidades, dice no tener ninguna denuncia entre 2020 y 2023 en sus servicios centrales. Aunque aquí no incluye datos de otros organismos autónomos adscritos como el propio CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Investigación ni tampoco de las universidades públicas. Los datos que los ministerios han facilitado a Civio cubren épocas diferentes y están registrados de forma dispar (puedes conocer el detalle en la metodología).

Y, ¿qué pasa con este tipo de denuncias? Fueron archivadas la denuncia de acoso por razón de sexo de Cultura y una del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No llegaron a tramitarse tampoco las dos de Asuntos Exteriores. En Transición Ecológica, se archivó la de Delia y otra por razón de sexo en 2023. De las diez registradas en Instituciones Penitenciarias sabemos que fueron archivadas, al menos, seis.

El resto de denuncias se admitieron a trámite y al menos dos tuvieron sanción administrativa, excepto una de Economía del 2017, donde la denunciante desistió. La denuncia por acoso sexual de Transición Ecológica que se registró en 2021 tuvo un expediente incoado que terminó siendo archivado por sentencia judicial. Entre las denuncias de Instituciones Penitenciarias, hubo dos de acoso sexual en las que se inició un expediente disciplinario y una que fue objeto de denuncia judicial.

Otra de las actuaciones que establece el protocolo es la prohibición de represalias a aquellas personas que denuncien, comparezcan como testigos o participen en una investigación. Delia, por su parte, cuenta haberlas sufrido mientras duraba el proceso y de forma posterior: “Por ejemplo, que me invitaran a participar en un evento y no me dieran permiso para asistir” o haber sufrido un cambio de su puesto de trabajo mientras estaba en comisión de servicios sin haber sido informada. Además, considera que no se respetó otro de los principios que ahora contempla el protocolo, el de la confidencialidad: “Una cosa así te estigmatiza y yo he sentido que, entre otras cosas, no se ha guardado la debida confidencialidad”.

Las denuncias por acoso laboral tampoco prosperan

La denuncia de Delia pasó a engrosar la lista de aquellas que no prosperan y terminan archivándose. Esta es la situación que más se repite también en los casos de acoso laboral. La última memoria que publicó el Ministerio de Función Pública en 2021 cifraba en 51 las denuncias de empleados públicos por acoso laboral durante ese año, de las cuales el 43% no se admitió a trámite. De las que pasaron el primer filtro y fueron investigadas se archivaron 21 denuncias más. Al final, de esas 51 denuncias iniciales solo se abrieron dos expedientes disciplinarios, dos denuncias judiciales y en una se confirmó el acoso. Estos números se repiten en años anteriores; en 2020 se pusieron 65 denuncias de las que más del 47% no se admitieron a trámite y otro 36% fueron archivadas. En el caso de acoso laboral, a diferencia de lo que ocurría con el acoso sexual o por razón de sexo, sí existe un protocolo desde 2011. Con datos más actualizados de algunos ministerios, sabemos que entre 2022 y 2024 ha habido, al menos, 60 denuncias por acoso laboral más.

Estas denuncias se tramitan por la vía administrativa en un primer momento pero, a veces, terminan en los tribunales. De hecho, son numerosos los casos que han acabado así. En ciertas ocasiones, el acoso sexual se convierte en acoso laboral: una sentencia del Tribunal Militar Central en 2020 condenaba a un teniente coronel a dos años y tres meses de prisión por acoso sexual y profesional a una subordinada. El teniente había enviado mensajes y un vídeo de carácter sexual a la víctima y, cuando ella le reprochó tal hecho, comenzó el acoso laboral, que se alargó durante meses. El último informe de Observatorio de la Vida Militar indicaba que, en 2022, se dictaron cuatro sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o actos de abuso sexual” y dos sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual y profesional, amenazas o coacciones”. En ese mismo año, se interpusieron 38 denuncias por acoso laboral, sexual o por razón de sexo dentro de las Fuerzas Armadas de las que 18 se incoaron por vía penal y 29 por vía administrativa. La mayoría de ellas fueron presentadas en el Ejército de Tierra y todos los denunciados, menos uno, son hombres.

Medio millón de empleados públicos se jubilarán en cinco años

Una de las razones del envejecimiento de las plantillas es la escasa oferta de empleo público durante los años de la crisis. En el período 2014-2021 se perdieron 63.923 efectivos y se incorporaron solo 32.037

Revista de prensa. Por Amparo Estrada. La Voz de Galicia. La sociedad envejece y la administración pública también. Más del 44,7 % de los empleados públicos en el conjunto de las administraciones tiene más de 50 años, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es un porcentaje muy superior al 29,6 % que representan los asalariados del sector privado que superan esa edad. En cifras absolutas, casi medio millón de empleados públicos de un total de tres millones y medio tienen más de 60 años y es previsible que la mayoría se jubile en los próximos cinco años. Si diferenciamos por tipos de administración son las corporaciones locales, los ayuntamientos, los que tienen una plantilla más envejecida: casi la mitad (el 49,5 %) tiene más de 50 años. En las comunidades autónomas, los mayores de 50 años representan el 43,92 % del total de empleados y en el Estado suponen el 40,65 %, según la EPA.

Aunque según la estadística que se coja puede variar en algo el porcentaje, la realidad es que en España las plantillas de empleados públicos tienen una edad media superior a otros países. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el colectivo de empleados públicos del Gobierno central en cada uno de los países de la OCDE muestra que, con datos de 2021, el 46 % de los empleados públicos españoles tenía 55 años o más, porcentaje solo superado por Italia y muy por encima de la media de los países de la OCDE (26 %). El informe también resalta el considerable aumento de este porcentaje desde 2015 en algunos países, especialmente en España, que lo incrementó en un 11 % frente a la media de un 1 % de aumento en el conjunto de los países de la OCDE.

Como se puede imaginar, la mayor edad media se encuentra en el colectivo de laborales fijos y funcionarios de carrera, mientras que esta desciende considerablemente en los temporales e interinos. Los porcentaje varían en función de la fuente de los datos, pero todos reflejan el acusado envejecimiento de las plantillas en la Administración. Con datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) correspondientes a 2022 y que recoge cifras del Estado, la edad media del personal se sitúa en los 51,32 años, con más del 64 % del personal por encima de los 50 años y con una estimación de jubilaciones a 10 años del 58,61 % de la plantilla. Y en la Seguridad Social es aún más grave, con el 80,89 % de sus asalariados con 50 años o más en 2022.

Oferta de empleo público

Una de las razones del envejecimiento de las plantillas es la escasa oferta de empleo público durante los años de la crisis. En el período 2014-2021 se perdieron 63.923 efectivos y se incorporaron solo 32.037. Hasta 2021 las nuevas incorporaciones no cubrían todas las bajas. Con las proyecciones que hizo el Estado de tendencia a diez años saltaron todas las alarmas, ya que perdería seis de cada diez empleados por jubilación (97.027 efectivos). Los empleados públicos sostienen la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación o la tramitación de pensiones, por ejemplo y una adecuada planificación de recursos humanos en el sector público busca aumentar los efectivos donde verdaderamente sean necesarios. Las ofertas de empleo público de los dos últimos años han iniciado el camino de la creación de empleo neto que permita recuperar empleo público, rejuvenecer las plantillas, así como atender las demandas de urgencia en sectores que son, en estos momentos, deficitarios. En este sentido, el Estado firmó un acuerdo marco con los sindicatos UGT y CC.OO. en 2022 para que las ofertas de empleo público se diseñaran teniendo en cuenta las proyecciones de jubilación de las plantillas

Mejorar la calidad gramatical de las sentencias

"El Consejo General del Poder Judicial en España se ha avanzado en ofrecer versiones de sentencias en “formato de lectura fácil” para hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión mediante palabras sencillas y frases cortas"

Por JR Chaves. delaJusticia.com.- Resulta incuestionable que las sentencias deben ser razonadas y congruentes con lo que hay en autos, y deben serlo a cargo de jueces con libertad e independencia de criterio, sometidos al imperio de la Ley.

Partiendo de esta premisa propia del Estado de Derecho, creo que la inmensa mayoría queremos que nos juzgue un juez, y no una máquina. Y no debería importarnos el juez que nos corresponda pues como decía el conde de Mirabeau, protagonista de primera línea en los albores de la revolución francesa: «dadme al juez que queráis; parcial, venal, incluso mi enemigo; poco me importa con tal de que nada pueda hacer si no es cara al público». No obstante, lo deseable sería que tuviese “más conciencia que ciencia” (pues al decir de Pantagruel, personaje de la célebre novela de Rabelais, «ciencia sin conciencia es ruina del alma»).

Lo que sí deberíamos exigir y obtener como ciudadanos, ya que las sentencias zanjan conflictos y deben entenderse los argumentos, es que estuviesen bien escritas, claras y con estilo…De hecho, en 2015 dediqué un breve artículo a inventariar «los gazapos y otros errores formales en los escritos procesales».

Es aquí donde me entero de la noticia de la iniciativa de mi admirado Gustavo Arballo, pionero en los blogs jurídicos desde Argentina («Saber leyes no es saber Derecho“), de la creación de una herramienta basada en la inteligencia artificial que “evalúa” la calidad de redacción de las sentencias (basándose en una previa “Guía de redacción” de un tribunal regional). La herramienta se llama “Genaro” (en honor a un gran escritor) y tras cargarle la sentencia en pdf y solicitarse la evaluación del texto, ofrece una respuesta en tres secciones que califica con estrellas.

En cada sección de forma breve, indica aspectos positivos, negativos y sugerencias.

Por ejemplo, he aquí un primer resultado de una caso real (como el Macdonalds: se sube la sentencia y sin apearse del ordenador, se obtiene la califiación de estilo):

El autor resalta dos carencias. Primero, que no capta las citas inadecuadas, innecesarias o redundantes. Segundo, que no puede apreciar si la extensión escrita se ajusta a lo que requería el caso.

Personalmente creo que, pese a tratarse de una herramienta experimental, no institucional y de otro país, va en la línea deseable en el ámbito de las sentencias de cualquier país civilizado.

En primer lugar, porque el justiciable tiene derecho a una respuesta en formato de sentencia, y a comprenderla, sin que la forma le distraiga del fondo.

En segundo lugar, porque los jueces se beneficiarían de una herramienta para “revisar” sus propias sentencias antes de formalizarlas. Hoy día, cada juez revisa personalmente sus propias sentencias (elaboradas de puño y letra, o de tecla y pantalla), por lo que su particular estilo y formación gramatical queda tallado en la sentencia, para lo bueno y para lo malo. De ahí, que no estaría más que a título doméstico, como herramienta de apoyo, se dispusiese de esa tecnología para que cada juez, si lo estimase oportuno, sometiese sus propias sentencias a esa sencilla valoración tecnológica previa, que podría llevarle a corregir errores, erratas y mejora de sintaxis. Se trataría no solo de que las “sentencias se consulten con la almohada”, sino de “consultarlas con la herramienta correctora”.

Es cierto que por el Consejo General del Poder Judicial en España se ha avanzado en ofrecer versiones de sentencias en “formato de lectura fácil” para hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión mediante palabras sencillas y frases cortas. Ahora se trataría de algo más simple, universal y técnico: explorar herramientas para el uso privado por el juez de la corrección de sus propias sentencias.

Con ello, con esa simbiosis entre inteligencia artificial e inteligencia natural, se mejoraría la tutela judicial efectiva, pues poco «efectiva» es la sentencia, si su razón de decidir resulta farragosa, incomprensible o con errores gramaticales que pervierten el mensaje.

En definitiva, si la justicia es solemne e importante, tanto los jueces como los abogados deben ajustarse a las reglas gramaticales y ofrecer un mensaje claro, y bien escrito. Otra cosa provoca deslucimiento del escrito jurídico y con ello, oscuridad en su comprensión. La Justicia debe ser «ciega» pero no los justiciables ante sus sentencias.

En este punto recomiendo vivamente la lectura de este artículo realizado a dos manos, por un magistrado del Tribunal Supremo (Ignacio Sancho Gargallo) y por un lingüista (Ricardo-María Jiménez Yáñez), titulado «Resoluciones judiciales correctas, claras y precisas» (InDret 4.2021 ,pp. 432 – 452) que resulta de deliciosa lectura e inmensa utilidad.

P.D. Casualmente, el eminente jurista argentino Gustavo Arballo, genio creador de la citada aplicación, tuvo la amabilidad de invitarme a ofrecer una charla para Argentina titulada «Espejismos y Trampas que acechan en la mente de un juez», en la que ofrecí una visión general de las dificultades de todo ser humano para hacer justicia, porque «afortunadamente» no es un robot. Nadie merece un «juez desalmado», y el precio del alma son los «humanos errores». Aquí está disponible por si resulta de interés:

Preguntas y respuestas sobre la crisis de Muface: ¿perderán los funcionarios el acceso a sanidad privada?

El Gobierno ha presentado unas condiciones económicas para el nuevo convenio que las aseguradoras ven inasumibles

Revista de prensa. Por Miguel Moreno Mendieta. Cinco Días.-  Más de dos millones de funcionarios y familiares están pendientes de su acceso a los servicios médicos. Muface, junto con otras dos mutualidades de menor tamaño, pactan cada dos años unas condiciones económicas con aseguradoras de salud, para que los empleados públicos puedan escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por la privada. Cerca del 80% escoge la segunda opción. El 8 de octubre el Gobierno debería aprobar las condiciones definitivas del próximo convenio. En una conversación informal el ministerio trasladó al sector una propuesta de subida del 14%, que las compañías aseguradoras consideran totalmente insuficiente. Aducen que cada año pierden más de 200 millones por prestar este servicio.

¿A quién afecta esta crisis?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. Se trata de funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado. Esto incluye también a funcionarios de cuerpos específicos, como los diplomáticos y los inspectores de Hacienda. También cubre a algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes, de educación primaria, secundaria y universitaria.

En paralelo al convenio de Muface se va a publicar también el de otras dos mutualidades: Isfas y Mugeju. El primero es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y da cobertura médica a miembros del Ejército y de la Guardia Civil. En total, 559.000 personas. La segunda es la Mutualidad General Judicial, que atiende a jueces, fiscales, letrados y otros funcionarios de la Administración de Justicia. Otras 92.000 personas. Entre las tres mutualidad suman 2,14 millones de beneficiarios de este régimen de colaboración público-privada.

¿Qué papel juegan las aseguradoras?

Muface, Isfas y Mugeju tienen unas plantillas relativamente pequeñas, de unos 1.000 empleados en total, encargados de tramitar altas y bajas, dar información... Pero quienes prestan los servicios para los funcionarios cubiertos son bien aseguradoras privadas o bien los servicios autonómicos de salud. Cada año, el empleado público escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía privada quiere que le atienda. De media, el 78% elige privada. En el caso de los militares el porcentaje llega al 90%.

Para prestar este servicio, la secretaría de Estado de la Función Pública publica cada dos o tres años un concurso al que se pueden presentar aseguradoras de salud. Como contraprestación, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida. En el último convenio, el pago medio fue de 984 euros al año por beneficiario. De acuerdo con cálculos de la Fundación IDIS, vinculadas a las aseguradoras, el coste por ciudadano en el sistema público es de 1.608 euros.

La sanidad de 1,5 millones de funcionarios queda en el aire por la espantada de las aseguradoras de Muface

¿Qué compañías están implicadas?

En el último concierto, que se estableció para un periodo de tres años —2022, 2023 y 2024— solo hubo tres compañías de seguros que decidieron participar: SegurCaixa Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank; Asisa, controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos; y DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. La primera controla la mitad de este negocio.

Aunque ahora son solo tres, antes participaron otras muchas aseguradoras, como Sanitas, Caser o el Igualatorio de Cantabria, pero decidieron salir de este concierto al considerar que les generaba muchas pérdidas.

¿Cuál es el problema?

El gran problema de la renovación del convenio es estrictamente económico. El Gobierno ha propuesto una subida del 13,5% el primer año y del 0,5% el segundo año, lo que dejaría el pago anual por beneficiario en 1.117 euros. Para Adeslas, Asisa y DKV esta subida es totalmente insuficiente porque este servicio les lleva a perder mucho dinero cada año.

En la última renovación, convocada en 2021, se pactó un aumento total del 10% frente al gasto anterior. Era un desembolso presupuestado de 3.521 millones de euros y, sin embargo, ha sido más que insuficiente para cubrir los costes, según explican las compañías implicadas. De acuerdo con fuentes cercanas a Adeslas, en estos tres años van a perder más de 250 millones de euros. Eso, sin contar los cerca de 100 millones de euros de gastos administrativos y de gestión ligados a este servicio.

Para cubrir los gastos sanitarios de los funcionarios en los próximos años, las aseguradoras han pedido al Gobierno una subida de las primas del 33% en 2025 y otro 5% en 2026. Un 38% en total. “Y aun así, seguiríamos perdiendo dinero”, apunta un directivo del sector. Las aseguradoras han contratado a consultoras y a profesores universitarios para que emitan análisis que certifiquen esta infrafinanciación, pero por ahora no hay receptividad por parte del Ejecutivo.

¿Cómo se han disparado tanto los costes?

Justo después de que se firmara el último convenio en 2021, la inflación se desbocó como no se veía en más de 30 años. Así que el 10% de pactado de subida, que en teoría debería cubrir la infrafinanciación previa, quedó sobrepasado casi inmediatamente, como explicaba ya en 2022 el consejero delegado de DKV.

Al encarecimiento de los suministros hospitalarios, de la electricidad o de los sueldos, se añade un incremento de la utilización de servicios médicos. “Desde la pandemia ha aumentado mucho el cuidado de la salud, y hemos notado un fuerte aumento de la frecuencia en el recurso de la atención médica”, apuntan desde Adeslas. También ha habido algunos tratamientos que quedaron pospuestos por el coronavirus y que se han realizado en los años posteriores.

¿Por qué siguen en el negocio si pierden dinero?

A Adeslas, DKV y Asisa les interesa estar en Muface por una cuestión de volumen. Es una cartera de más de un millón y medio de personas a repartir entre tres. Participar en el convenio les permite tener una masa crítica y una capilaridad que sería difícil adquirir cliente a cliente. Esto es especialmente relevante en plazas medianas y pequeñas, donde dar servicio a funcionarios hace que la presencia de la aseguradora tenga sentido. Desde el sector apuntan que si se salieran todas del convenio, “habría muchas clínicas privadas de capitales de provincia que tendrían comprometida su viabilidad”.

¿Qué va a pasar ahora?

El compromiso del Gobierno es aprobar en el Consejo de Ministros de mañana mismo el pliego de condiciones para el nuevo convenio. Por ahora, parecen encastillados en la propuesta de una subida del 14% para dos ejercicios. El principal argumento es que el déficit público ya es muy grande y que Hacienda no ve margen para un incremento mayor. Una vez que se publiquen las condiciones, las aseguradoras tendrán un par de semanas para responder. Los plazos son tan ajustados que es difícil que puedan extenderse. El 1 de enero de 2025 entrará en vigor el nuevo convenio.

Las tres aseguradoras que hoy dan servicio a Muface han dejado muy claro que el incremento del 14% es totalmente insuficiente y que no acudirán al concurso. Es casi impensable que una nueva compañía se presente, cuando llevan años huyendo de este modelo. En caso de que el concurso quedara desierto, los beneficiarios de las tres mutualidades tendrían que recurrir al sistema público de salud, lo que daría la puntilla a un sistema con las listas de espera ya saturadas. En Madrid, la comunidad con más funcionarios en Muface, hay casi un millón de pacientes esperando una cita médica, un récord histórico.

Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, así como las asociaciones judiciales o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han manifestado su profunda preocupación y han llamado a las dos partes a acercar posturas “por responsabilidad”.

¿Qué otras partes están implicadas?

Lo que pase con Muface, Isfas y Mugeju puede tener repercusiones entre muchos otros actores. Además de los funcionarios afectados, también están muy pendientes de las condiciones de renovación de los convenios los médicos privados, clínicas y demás proveedores de atención sanitaria. Después de años de primas muy ajustadas, “las aseguradoras hemos apretado mucho a los profesionales y empresas sanitarias”, reconocen desde una compañía. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha recibido un aluvión de quejas de médicos por la presión sobre las tarifas que sufren desde las aseguradoras.

En el sector asegurador asumen que, en el caso de que se lograra pactar con el Gobierno una renovación con un alza de 38%, cerca de la mitad de este incremento se trasladaría a una mejora de las tarifas a clínicas y hospitales. Lo que haría que las pérdidas no se corrigieran tanto.

Además, también hay una honda preocupación en las comunidades autónomas, que son quienes prestan la atención sanitaria para la mayoría de ciudadanos, y que tendrían que negociar con el Ejecutivo la financiación y las condiciones para atender a un aluvión de funcionarios, en caso de que no llegara a haber un acuerdo.

Antonio Arias: Planificación, profesionalidad e integridad en la contratación

"No cabe duda de que la tecnología será una gran ayuda para reforzar la escasez de medios y recursos"

 Por Antonio Arias. Fiscalizazión.es blog.- El panel del  III Congreso Contratación Pública sobre Planificación, profesionalidad e integridad en la contratación que moderó magistralmente Beatriz Montes Sebastián (Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana) con la habilitada nacional Concepción Campos Acuña, el conselleiro de contas Simón Rego Vilar y el ingeniero de datos Manuel J. García Rodríguez.

Manuel García, Dr. Ingeniero en análisis de datos de contratación pública, expuso cómo las tecnologías digitales (el análisis masivo de información y la Inteligencia Artificial) pueden ayudar a mejorar la estrategia y planificación de la contratación. Citó el interesante análisis realizado por la Junta Consultiva de Contratación del Estado y la OIRESCON, publicado el pasado mes y titulado Informe Trienal relativo a la contratación pública en España en 2021, 2022 y 2023. En él se remarca la “insuficiencia de medios personales y técnicos de los órganos de contratación para hacer frente a una labor cada vez más compleja y heterogénea”. Con este casus belli argumentó que nuevas herramientas tecnológicas, basadas en datos e IA, pueden y deben ayudar en el ámbito de la contratación. Resumió 5 herramientas tecnológicas, ya desarrolladas, que resuelven problemas específicos. De menos a más sofisticadas: un cuadro de mando para supervisar la contratación, un buscador de licitaciones avanzado (por buscar en el contenido de los pliegos), una herramienta que cuantifica el riesgo de fraccionamiento de contratos menores, un sistema que detecta licitaciones irregulares utilizando los metadatos de los pliegos y, finalmente, un prototipo para detectar cárteles de empresas en licitaciones (colusión) que encargó la CNMC.

En estos momentos en los que todo el mundo habla de Inteligencia Artificial y de si nos va a “robar” el trabajo, Conchi Campos pidió no olvidar poner el foco en las personas, y por supuesto en la necesaria profesionalización de la contratación pública que, al menos de momento, sigue necesitando personas para pasar del mundo de las ideas, a la ejecución contractual. Recordó que desde las instituciones internacionales llevan muchos años resaltando la necesidad de mejorar la contratación a través de las personas que participan en el proceso y establecer un marco de competencias para ello es clave, tal y como se analiza aquí.

Pero una cosa es predicar y otra practicar. Para ello debe ponerse en contexto la complejidad de la contratación por varias razones, que Conchi sistematiza en tres. La primera, la norma, extensa, confusa y contraria a las virtudes que predica (simplificación y agilidad). La segunda, la diversidad del sector público, que se traduce en la diversidad de entidades, desde las que cuenta con grandes servicios de contratación, a los pequeños ayuntamientos en los que el servicio de contratación es el secretario-interventor acumulado. La tercera, la sobrecarga de los servicios de contratación, como consecuencia de la gestión de los Fondos Next Generation, que han supuesto la gota que ha rebosado un vaso demasiado lleno y que conduce a una alta rotación en el personal de contratación y, en consecuencia, a una descapitalización de su conocimiento y experiencia.

No cabe duda de que la tecnología será una gran ayuda para reforzar la escasez de medios y recursos, pero para profesionalizar la contratación pública debemos realizar lo que Conchi califica de enfoque poliédrico. Comenzando por entender que la gestión de la contratación no es sólo un tarea del servicio de contratación, servicio gestor, intervención, asesoría, etc, todos ellos deben contribuir a la mejora de la contratación. Para ello, es necesaria la formación, contar con el (complejo) conocimiento que exige la contratación pública, sería interesante crear itinerarios que aseguren que el personal de contratación sabe de contratación (desde el inicio), y no que tengan que estar meses y meses aprendiendo. Y, por supuesto, insistió: “pagarles bien, que tengan opción a desarrollar una carrera profesional y, sobre todo, tratarles bien. La alternativa…. imaginemos la gestión pública con servicios de contratación que no atiendan las emergencias, urgencias e incidencias varias que se presentan cada día. La solución: profesionalización”.

Recordando al añorado Nuccio Ordine y los riesgos de abrochar mal el primer botón -poco remedio hay después-comenzaba su exposición el Consejero de Local del Consello de Contas de Galicia, Simón Rego. En primer lugar, y antes de empezar con el botón: un recordatorio de las funciones de un órgano de control externo como el Consello de Contas que además de vigilante con el retrovisor, es generador de evidencias para la mejora de la gestión pública, y no solo. Desde el 2016 asume las funciones en la Comunidad de ser el órgano de referencia en la prevención del fraude y el fomento de marcos de integridad pública en la gestión. Tras esta introducción, el núcleo de la intervención se vertebró en torno a los riesgos de una concepción de la integridad pública como una «carrera al sprint». En 90 días, con productos concretos que pasan fugazmente por nuestro escenario político-administrativo.

En lugar de concebirlo como un proceso de cambio cultural, una maratón que implica el enfoque ético en la gestión pública, que no solo puede pensarse como un sistema de normas, sino como un sistema de valores. Carácter bifronte imprescindible. Y ya el último botón, planteó el escenario de los nuevos desarrollos en marcha para el control de la contratación pública por el control externo desde una óptica de rendimiento y no solo de cumplimiento de normas. En suma, desde Galicia nos llegó un consejo: pensemos lento en cómo abrochamos ese primer botón.

Productividad: el Plan (II)*

 Por Luis Puch Nada es Gratis blog.- Tras los apuntes sobre el Informe Draghi del pasado viernes 20, escribo sobre lo que me parece relevante de ese informe para España y qué se está haciendo al respecto.

Repaso y antecedentes

En la primera parte de esta entrada, el pasado viernes, revisé algunos puntos del Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad en la Unión Europea. Mi primer destacado fue el impulso público. Mi impresión es que el apartado se refiere más al impulso de la política industrial europea que al recurso a los fondos públicos. No debería sorprender porque muchos estados miembros presentan ya un margen fiscal bastante estrecho, y apelar a la deuda mutualizada no cambia sustancialmente el diagnóstico sobre capacidad fiscal. Draghi lo sabe, puesto que algunas actuaciones del BCE, el MEDE o el BEI ya sirven como un remedo de eurobonos. Por tanto, cualquier esfuerzo entre los estados miembros para reducir la brecha fiscal (el fiscal gap en el sentido de Auerbach y Kotlikoff, que incluye compromisos de gasto presentes y futuros), podría favorecer el vigor del impulso público necesario en este momento tecnológico. El caso del gasto de pensiones en España puede ser paradigmático de lo que un creciente fiscal gap podría acabar limitando nuestra capacidad para endeudarnos y realizar inversiones productivas. Veremos.

Mi segundo destacado del Informe es la crítica de Draghí a la combinación de fragmentación y sobreregulación en Europa. Estos dos elementos constituyen las mayores barreras al progreso del mercado único europeo (de nuevo: Informe Letta), del que, como dije, parte existe: libre movimiento de personas, capitales, y bienes y servicios; y parte queda pendiente: financiero, electrónico y energético. ¿Qué decir de la fragmentación en España? Las buenas noticias son seguramente que la unidad de mercado interior goza de mejor salud que la gobernanza, posiblemente gracias a la solvencia de las grandes corporaciones españolas por comparación a la de nuestras instituciones. ¿Y por el lado de la regulación? Pues todo apunta a que, al menos, la libertad de movimientos de personas parece más teórica que real, dado el inmenso problema de la vivienda que tenemos en España. Además, como escribía Rafa Domenech el pasado domingo, cierta regulación puede estar limitando sustancialmente el crecimiento empresarial, lo que complica la adopción de las nuevas tecnologías, para las que la escala es importante. Por último, ni los reguladores en los ámbitos financiero, electrónico y energético, ni los tribunales en la esfera de los asuntos económicos (¿ni en general?), parecen encontrarse precisamente en su mejor momento en nuestro país.

El tercer destacado: la cuestión sectorial, nos deja en una posición ventajosa en el terreno energético, de nuevo por la relevancia de los operadores, y razonable en el aeroespacial. Por ejemplo, es alentador escuchar que las empresas españolas están participando activamente en los proyectos europeos más innovadores en movilidad aérea urbana (una tecnología para la que existe una carrera a nivel mundial), y frente a los más avanzados en China, o en EE.UU., donde, por cierto, los distintos ejércitos adquieren prototipos y el DARPA dependiente del Department of Defense ayuda activamente en la financiación (me pinchas y ...).  Por otro lado, el Informe Draghi (parte B) destaca muy especialmente los hitos del sector energético en España  (B.1 Ch. 1 y 5), desde el liderazgo en tecnología solar y eólica a partir de los años 2000 hasta nuestra capacidad reciente de mantener precios energéticos moderados gracias al mix, a la red y a algunas acciones de política, y pese a la insistencia de algunos por seguir quemando gas por encima de nuestras posibilidades. A esto se añaden algunos destacados en High Performance Computing, en España (Mare Nostrum), junto a Italia (Leonardo) y Finlandia (Lumi), la I+D aeroespacial (varios países a través de la ESA), y otros activos intangibles (B.1 Ch. 8). En definitiva, no es que haya que elegir “ganadores”, es que la escala y las redes input-output (otra vez Buera, Hopenhayn y coautores, aquí o aquí), hacen que lo eficiente sea identificar los sectores prioritarios.

Con estos breves antecedentes conviene pensar en cómo avanzar a la luz del Informe Draghi. Propongo algunas sencillas reflexiones al respecto a continuación.

¿Y dónde estamos en España?

Es difícil saber dónde estamos exactamente en España en estos asuntos. El pasado 30 de julio el ministro Cuerpo anunció la creación del Consejo de la Productividad. El ministro se refería al Consejo como “un paso para la modernización del tejido empresarial, apoyando su productividad y capacidad de competir […]”. Nuestro muy destacado colaborador y ex-editor del Blog, Juan Francisco Jimeno, será el presidente de dicha institución durante los próximos cinco años. Se trata, sin duda, de un economista de destacadísima trayectoria y solvencia en estos temas, y sin duda al más alto nivel para contribuir junto a otros expertos al impulso coherente de las mejoras de productividad en España. Se sabe que en este momento el Consejo se está poniendo en marcha, aún en fase de completar su composición. Y lo que desde luego se sabe es lo que debería ser la función de dicho Consejo, tal y como indica el BOE de 30 de julio, 2024: Informar a los poderes públicos mediante el análisis económico riguroso de las medidas que fomenten la productividad en España. Con ello, supongo que informarnos a todos de las medidas efectivamente adoptadas y su evaluación. Quizá el Consejo sea un buen punto de partida para saber dónde estamos (mirando sólo a un sitio), con todo el camino por recorrer.

Seguro que al empezar la andadura del Consejo será importante tener presente, no sólo el Informe Draghi (y Letta), sino también, buena parte de la experiencia reciente respecto a de dónde venimos. Para no remontarnos demasiado hacia el pasado diría que venimos sobre todo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del año 2021. El pasado mes de enero la Comisión Europea aprobó el cuarto desembolso de fondos para España que ascendió a una cuantía de 10.000 millones de euros. Este desembolso se justificó tras declarar haber alcanzado 60 de los 61 objetivos marcados para ello. Con ello se completaba prácticamente el total de lo presupuestado en el Plan para España hasta la cifra de 48.000 millones de euros en forma de subsidios y préstamos, y con una participación empresarial muy activa. No estuvo mal.

Este importante esfuerzo inversor será evaluado ex-post a partir del año 2028, así que en este momento estamos aún escasos de evaluaciones de lo que ha supuesto el MRR, pero si hay un cluster en España que venía con los deberes hechos a la recepción de los fondos Next Generation EU es el del entramado vasco. La iniciativa SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) de principios de los 80s (¿quién lo iba a decir? como respuesta a la durísima reconversión industrial que nos impuso Europa para incorporarnos a su club), ha resultado ser un instrumento decisivo para definir la relación entre el Gobierno Vasco y su entramado industrial a lo largo de todos estos años. El dossier del Plan Vasco impresiona. Euskadi aspiraba a 6.400 millones del MRR (algo mas del 10% de lo recibido por España), en el marco de un proyecto para movilizar una inversión total de más de 18.000 millones de fondos públicos y privados en el periodo 2021-2026.

La duda en el caso de EuskadiNext no era la viabilidad. La duda es más profunda. Se trata de averiguar ahora cuánto del proyecto que se presentó ha podido venir forzado por las directrices del plan, es decir, cuánto se ha hablado de cosas que en última instancia no son, y sólo han sido para encajar en las líneas de actuación fijadas desde Bruselas. Todos los analistas coinciden que Francia y Alemania lo tenían más o menos claro. Por ejemplo, en el caso francés, la apuesta de los planes de recuperación ha sido por la automoción y el ferroviario, a la vez que por la aviación. Quizá porque iban tarde con el motor eléctrico. Alemania parecía ir un poco mejor, aunque MAHLE, una startup como quien dice, dio un pequeño repaso a los ingenieros de Volkswagen con su propuesta tecnológica eléctrica. En definitiva, quién sabe, pero se deberían evaluar cuanto antes las experiencias que mejor se puedan prestar a dicha evaluación, y con ello informar las acciones del Plan Draghi. Decíamos, por ejemplo, que como Francia parece ir tarde con el motor eléctrico, apuestan por el hidrógeno. Pero sabemos que la propulsión con hidrógeno tiene aún un montón de condicionantes en términos de motor, o sistemas de producción y almacenaje, entre otros. Es decir, mucha incertidumbre, y de nuevo, seguro que muchas lecciones que extraer de aquí también, tanto como de las políticas industriales de otros.

Se podría pensar que la creación del Consejo de la Productividad viene a dar continuidad al logro de todos aquellos objetivos de inversión, y quizá el plan Draghi pueda contribuir a empezar a marcar parte del camino. Hasta aquí, el Plan. Veremos los hechos.

(*) Agradezco los comentarios de Antonia Díaz, Juan Francisco Jimeno y Pablo Martínez a una versión anterior de esta entrada.

Reacciones a la propuesta de un impuesto turístico contra la masificación

"El aumento de precios no suele ir acompañado de la necesaria redistribución de renta"

Por  Aleix Calveras Maristany en Nada es Gratis blog.-- El verano terminó y, a no ser que usted se haya recluido en una isla desierta aislada del entorno mediático, habrá oído hablar del ‘éxito’ turístico español y sus consecuencias en términos de masificación y sus costes en muchos destinos (véase por ejemplo aquí). Para combatir esta realidad, mi propuesta ha sido y es apostar por un impuesto turístico de envergadura. Aunque ni debe ser la única medida de política pública en tal sentido, ni será efectiva en todos los contextos, sí debe formar parte de la caja de herramientas para corregir el problema.

La propuesta no es nada original, más bien lo contrario. Es la típica que proponen los economistas ante una situación de congestión para que los agentes económicos internalicen las externalidades que generan. Es por ello por lo que clama al cielo su ausencia en el debate y la conversación pública sobre la masificación: en la mayor parte de los reportajes sobre la saturación turística, las tasas están o bien ausentes, o se las cita indicando su inefectividad.

Ante este panorama, decidí llevar a cabo una campaña “evangelizadora” al respecto, campaña que ha incluido, entre otras cosas, escribir en este mismo blog (aquí y aquí), en el Diario de Mallorca (aquí y aquí) y en El País. ¿Qué reacciones y opiniones ha suscitado la propuesta? Como era de esperar, mis colegas economistas académicos la comparten, obviamente con matices y sugerencias que dejo para otra ocasión.

¿Y el público más amplio? Para un economista eminentemente teórico como yo, los 70 comentarios a mi artículo en El País es casi ‘big data’ que me permite percibir cómo se recibe esta propuesta fuera del ámbito académico. Sí, por supuesto, se trata de una muestra limitada y sesgada, pero creo que aun así es de interés. Más allá de que algunos comentarios se muestren de acuerdo, las reacciones críticas y en contra de la propuesta se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes, que he ordenado de menor a mayor interés según mi criterio:

El dinero recaudado se malgastará por las administraciones públicas

En lugar de fijar un impuesto turístico contra la masificación, lo que hay que hacer es restringir y controlar la oferta (hotelera, de pisos turísticos, etc.).

No funciona contra la masificación

Perjudica al turista pobre mientras que el acomodado podrá seguir viajando sin problema

Respecto a (1), es indiscutible la importancia de una gestión eficiente del dinero público, un aspecto que no se aborda lo suficiente en el debate actual. En cuanto a (2), no estoy del todo en desacuerdo: el impuesto turístico debe aplicarse junto con otras medidas para combatir la saturación, destacando la restricción de la oferta. Aunque estas políticas pueden parecer sustitutivas, también pueden complementarse. Un impuesto turístico adecuado, por ejemplo, podría facilitar políticamente la imposición de restricciones a la oferta al reducir su rentabilidad.

Sobre (3): Se ha extendido el mantra de que los impuestos turísticos no funcionan contra la masificación. Pero esta aseveración es el resultado de, o bien una cierta pereza mental, o simplemente del lobbying ejercido por la industria. Exceltur, la alianza de grandes empresas turísticas, lanzó este verano el manifiesto ‘Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo’. En él, entre las poquísimas referencias a las tasas turísticas, se indican “los mínimos efectos disuasorios para reducir afluencia, que pueden realmente esperarse de ellas”, sin aportar ningún argumento al respecto.

Implícitamente, este argumento de inefectividad se sostiene sobre la idea de que las tasas turísticas no han evitado la masificación en los destinos que las han adoptado. Ergo, las tasas turísticas no funcionan. Esto, sin embargo, obvia la magnitud de estos impuestos, que en general es de una cuantía muy menor. En las Islas Baleares, por ejemplo, la tasa promedio debe de ser de unos 3€ (con un máximo de 4€ para los alojamientos de más estrellas), mientras que el precio promedio del alojamiento el pasado mes de julio fue de 184€. El efecto sobre la demanda es seguramente insignificante en la actualidad, pero no tendría por qué serlo con cuantías mayores.

Finalmente, el argumento (4): Implementar impuestos turísticos de envergadura es visto de forma negativa por su efecto distributivo ya que tendrían una incidencia mayor sobre los ciudadanos de rentas bajas y medias. No voy a repetir aquí lo que ya escribí específicamente al respecto en este mismo blog (véase la sección ‘¿Elitismo del impuesto turístico?’). En cualquier caso, hay que admitir que la resistencia social a aumentar los precios a través de impuestos para corregir la congestión y otras externalidades, incluidas las medioambientales, es mayor de lo que los economistas académicos anticipamos o nos gustaría, tal vez con buenas razones - por ejemplo, porque el aumento de precios no suele ir acompañado de la necesaria redistribución de renta.

Ante ello, la profesora Mar Reguant ha señalado que, para combatir el cambio climático, se inclina cada vez más por la implementación de restricciones cuantitativas en lugar del clásico impuesto 'pigouviano', dado que las primeras suelen gozar de mayor aceptación social al percibirse como más justas en términos distributivos. Evidentemente, la aceptación social es una restricción en el diseño de las políticas públicas, incluso cuando, como en el caso en el que nos encontramos, la restricción de la oferta de plazas turísticas para hacer frente a la saturación conllevaría un incremento de los precios que repercutiría únicamente en las empresas, a diferencia de lo que ocurriría con un impuesto, cuya recaudación iría directamente a las arcas públicas. Sin embargo, a la vez, esta observación es también un acicate para seguir insistiendo en explicar las virtudes del impuesto turístico para combatir la masificación.