La mayoría de ministerios asegura no haber registrado ninguna denuncia de este tipo en los últimos años. Otros señalan, en total, veinticinco de ellas.
Por María Álvarez del Vayo. Civio.es .- A mediados de septiembre, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) envió una comunicación interna en la que reconocía que, en los últimos cinco años y hasta diciembre de 2023, había activado su protocolo por acoso sexual y por razón de sexo en 12 ocasiones. Un documento escrito en el aniversario de la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez el 10 de septiembre de 2023 mientras trabajaba como camarera en el buque oceanográfico García del Cid. En 2019, Mari Carmen había puesto una denuncia ante el CSIC por haber sufrido acoso sexual por parte de otro de los miembros del buque y, aun así, terminó siendo destinada al mismo barco con la persona a la que había denunciado, como contaba Faro de Vigo.
El CSIC no es el único organismo público donde existen casos de acoso sexual. Y, sin embargo, hasta marzo de 2024, la Administración General del Estado no contaba con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que cubriese a todas las personas que trabajan en la administración. Hubo un intento fallido de aprobar un protocolo de este tipo en 2011, que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015, como explica Ángela Bernardo en el libro “Acoso: #Metoo en la ciencia española”. La Ley de igualdad entre hombre y mujeres aprobada en 2007 definía las conductas tipificadas en estos tipos de acoso y ya exigía, por entonces, que se creara un protocolo y que lo adaptaran los distintos organismos públicos. Aunque el protocolo no se ha aprobado hasta 2024.
Antes de la entrada en vigor de este protocolo, la mayoría de ministerios asegura no haber registrado en los últimos años ni una sola denuncia de este tipo por parte de sus trabajadoras y trabajadores. Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), apunta a que la única diferencia con el protocolo actual es que “ahora hay un procedimiento con el que se puede instar internamente. Ahora bien, los acosos han existido, siguen existiendo y siguen estando igual de invisibilizados que estaban antes del protocolo”.
Situaciones que son acoso sexual o por razón de sexo
Un dossier del sindicato de funcionarios pone algunos ejemplos de lo que es acoso sexual: insinuaciones, comentarios obscenos, envío de imágenes o mensajes con contenido sexual, acercamientos no solicitados, excesivos o innecesarios. También forzar a la víctima a elegir entre someterse a requerimientos sexuales o perder condiciones de trabajo. El acoso por razón de sexo se da cuando ocurren reiteradamente situaciones como desautorizar decisiones, asignar tareas denigrantes o con actuaciones que pretender aislar a la víctima siempre determinadas por el sexo de la misma, por cuestiones relacionadas como embarazo, maternidad o paternidad, conciliación, etc.. Otros hechos constitutivos de acoso son amenazas, agresiones, gritos, insultos y ataques a la vida personal o a la reputación de la víctima.
Muchas personas que han sufrido este acoso no han dado el paso de denunciar, explica Eva Fernández, secretaria de Igualdad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). “En muchos casos lo que ha pasado es que no se han atrevido a denunciar porque no sabían ante quién. La gente lo que hace al final es pedir un traslado, cogerse una baja… la víctima es la que es encima doblemente victimizada porque pierde lo que tiene por culpa de lo que le está pasando”, explica Fernández. Y añade que, en otras ocasiones y al no haber un protocolo que seguir, “se ha hecho una especie de apaño” hablando con las partes y no sancionando a nadie. Esto sí cambia con las nuevas reglas: deberá existir una unidad responsable de recibir estas denuncias y se podrá hacer a través de una dirección de correo electrónico o un buzón físico. Esta unidad deberá ponerlo en conocimiento de una asesoría confidencial, dentro de las siguientes 24 horas, que deberá emitir un informe en 10 días y decidirá si se archiva la denuncia o si se inicia un expediente disciplinario. El o la denunciante tendrá otros 10 días para presentar alegaciones. Entonces será el Comité de Asesoramiento -compuesto por cuatro personas- el que realice otro informe en un máximo de otros 20 días. En todo este proceso el o la denunciante podrá estar acompañada por una persona de confianza.
Antes de la entrada en vigor de este protocolo, ya hubo gente que se atrevió a denunciar. Delia Gutiérrez estuvo más de un año luchando para que se admitiera a trámite su denuncia por acoso laboral y por razón de sexo contra un alto cargo. Presentada en julio de 2022, fue inadmitida a trámite en agosto, pero gracias a un recurso de amparo comenzó a investigarse en noviembre porque el Director General de Servicios veía necesarias una “mayor cantidad de averiguaciones sobre el caso”. El resultado no fue mejor: archivo de la denuncia, recurso, estimación parcial del recurso y archivo final. “Ha sido un proceso a lo largo de años y en estas cosas cuesta identificar lo que te pasa o reconocerte como víctima, cuesta hablar de ello, cuesta que se entienda porque son cosas que no son tan tan visibles”, cuenta Delia, y añade: “Desde el momento en que dices ‘voy a sacudir esto, voy a quitarme algún peso de encima’ o a buscar algún apoyo, es muy difícil y te sientes muy perdida”. La denuncia se presentó ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico para que fuera investigado como acoso laboral y por razón de sexo. La investigación se centró en el posible acoso laboral pero se descartó que este acoso pudiese ser condicionado por el hecho de ser mujer. En ese año, este ministerio solo contabilizó esta denuncia entre las de acoso sexual y por razón de sexo. También investigó una denuncia por acoso sexual realizada por personal externo en 2019, registró otra de acoso sexual en el año 2021 y una de acoso por razón de sexo en 2023.
Entre los ministerios que sí han facilitado datos, además del de Transición Ecológica, y tienen registro de denuncias por acoso sexual o por razón de sexo, se encuentra el de Cultura; y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registraron sendas denuncias de acoso por razón de sexo en 2023. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió otra por acoso sexual en 2021. También el Ministerio de Economía, que no hace distinción en sus datos entre acoso sexual y por razón de sexo, señala que recibió una denuncia de este tipo en 2016 y otras dos en 2017. El Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una denuncia por acoso sexual o por razón de sexo en 2020 y dos en 2021. En el lustro que va entre 2018 y 2023, el Ministerio de Interior registró, en Instituciones Penitenciarias, siete denuncias por acoso sexual y tres por acoso por razón de sexo. Desde la entrada del protocolo en marzo de 2024, el Ministerio de Defensa, por su parte, dice haber activado el mismo en tres ocasiones.
El resto de ministerios -14 de 21- dicen no haber registrado denuncias de este tipo en los últimos años. Por ejemplo, el ministerio al que está adscrito el CSIC, el de Ciencia, Innovación y Universidades, dice no tener ninguna denuncia entre 2020 y 2023 en sus servicios centrales. Aunque aquí no incluye datos de otros organismos autónomos adscritos como el propio CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Investigación ni tampoco de las universidades públicas. Los datos que los ministerios han facilitado a Civio cubren épocas diferentes y están registrados de forma dispar (puedes conocer el detalle en la metodología).
Y, ¿qué pasa con este tipo de denuncias? Fueron archivadas la denuncia de acoso por razón de sexo de Cultura y una del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No llegaron a tramitarse tampoco las dos de Asuntos Exteriores. En Transición Ecológica, se archivó la de Delia y otra por razón de sexo en 2023. De las diez registradas en Instituciones Penitenciarias sabemos que fueron archivadas, al menos, seis.
El resto de denuncias se admitieron a trámite y al menos dos tuvieron sanción administrativa, excepto una de Economía del 2017, donde la denunciante desistió. La denuncia por acoso sexual de Transición Ecológica que se registró en 2021 tuvo un expediente incoado que terminó siendo archivado por sentencia judicial. Entre las denuncias de Instituciones Penitenciarias, hubo dos de acoso sexual en las que se inició un expediente disciplinario y una que fue objeto de denuncia judicial.
Otra de las actuaciones que establece el protocolo es la prohibición de represalias a aquellas personas que denuncien, comparezcan como testigos o participen en una investigación. Delia, por su parte, cuenta haberlas sufrido mientras duraba el proceso y de forma posterior: “Por ejemplo, que me invitaran a participar en un evento y no me dieran permiso para asistir” o haber sufrido un cambio de su puesto de trabajo mientras estaba en comisión de servicios sin haber sido informada. Además, considera que no se respetó otro de los principios que ahora contempla el protocolo, el de la confidencialidad: “Una cosa así te estigmatiza y yo he sentido que, entre otras cosas, no se ha guardado la debida confidencialidad”.
Las denuncias por acoso laboral tampoco prosperan
La denuncia de Delia pasó a engrosar la lista de aquellas que no prosperan y terminan archivándose. Esta es la situación que más se repite también en los casos de acoso laboral. La última memoria que publicó el Ministerio de Función Pública en 2021 cifraba en 51 las denuncias de empleados públicos por acoso laboral durante ese año, de las cuales el 43% no se admitió a trámite. De las que pasaron el primer filtro y fueron investigadas se archivaron 21 denuncias más. Al final, de esas 51 denuncias iniciales solo se abrieron dos expedientes disciplinarios, dos denuncias judiciales y en una se confirmó el acoso. Estos números se repiten en años anteriores; en 2020 se pusieron 65 denuncias de las que más del 47% no se admitieron a trámite y otro 36% fueron archivadas. En el caso de acoso laboral, a diferencia de lo que ocurría con el acoso sexual o por razón de sexo, sí existe un protocolo desde 2011. Con datos más actualizados de algunos ministerios, sabemos que entre 2022 y 2024 ha habido, al menos, 60 denuncias por acoso laboral más.
Estas denuncias se tramitan por la vía administrativa en un primer momento pero, a veces, terminan en los tribunales. De hecho, son numerosos los casos que han acabado así. En ciertas ocasiones, el acoso sexual se convierte en acoso laboral: una sentencia del Tribunal Militar Central en 2020 condenaba a un teniente coronel a dos años y tres meses de prisión por acoso sexual y profesional a una subordinada. El teniente había enviado mensajes y un vídeo de carácter sexual a la víctima y, cuando ella le reprochó tal hecho, comenzó el acoso laboral, que se alargó durante meses. El último informe de Observatorio de la Vida Militar indicaba que, en 2022, se dictaron cuatro sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o actos de abuso sexual” y dos sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual y profesional, amenazas o coacciones”. En ese mismo año, se interpusieron 38 denuncias por acoso laboral, sexual o por razón de sexo dentro de las Fuerzas Armadas de las que 18 se incoaron por vía penal y 29 por vía administrativa. La mayoría de ellas fueron presentadas en el Ejército de Tierra y todos los denunciados, menos uno, son hombres.
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