viernes, 11 de junio de 2021

El Gobierno dice que no incumple la Directiva en materia de interinos y que trabaja para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad

 Confilegal. El Gobierno asegura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no ha puesto en ningún momento en cuestión la falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE, sino que, a través de su sentencia de marzo de 2020, lo que expresó fue su preocupación por el uso abusivo de la temporalidad por el sector público español».

Así se expresa el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta por escrito a la pregunta formulada el pasado 4 de mayo por el senador de Compromís Carles Mulet. El Gobierno no reconoce estar incumpliendo la Directiva, tal y como expresa en el texto con fecha de 3 de junio, que se ha conocido hoy.

«El mandato de la sentencia del TJUE, por ese motivo, pasa por encomendar a las autoridades españolas la introducción de ‘medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar, el uso abusivo de la temporalidad'», afirma.

Precisamente, agrega, «en esa línea trabaja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ya ha señalado en numerosas ocasiones el ministro de este Departamento».

Respecto a procesos selectivos y una posible indemnización, que plantea el TJUE en el punto 3 de dicha sentencia, el Gobierno responde que deben ser los jueces españoles quienes resuelvan este problema y definan la sanción a plantear. Vuelve a hablar de la figura de indefinidos no fijos, que la propia sentencia del TJUE de 20 de marzo no ve como adecuada o una indemnización equivalente al despido improcedente.

En concreto, indica que «debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en ‘indefinidos no fijos’ y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición».

Carles Mulet cree que la respuesta «es más de lo mismo. El Gobierno vuelve a interpretar a su conveniencia las sentencias del TJUE, sin dar datos concretos ni compromisos de lo que hará pese a que el ministro Miquel Iceta se comprometió en abril a presentar un plan de choque para frenar la temporalidad este mes de junio».

Sindicatos mayoritarios y algún que otro senador han pedido que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) se retire. Al mismo tiempo las negociaciones en la mesa en la que está el Ministerio y sindicatos sigue detenida y no se sabe cuándo se va a reanudar.

A juicio de este senador, “el Gobierno da una patada hacia adelante con esta respuesta pero deja sin resolver el problema dejando en manos de los juzgados españoles como interpreten el posible abuso que haya en cualquier administración del país”.

En su opinión, “es importante que el ministro Iceta aclare lo que va a hacer realmente y en qué está pensando para resolver un problema que afecta a más de 800.000 profesionales y a sus familias y que no sería lógico que se judicializara totalmente, como parece que pudiera pasar en las próximas semanas”.

Esta respuesta se contradice con las propias declaraciones de Iceta en el Senado que públicamente ya dijo que algo se había hecho mal en materia de funcionarios interinos y abuso de temporalidad y que habría que buscarle una solución. 

“En esta contestación no se habla para nada de plazos ni de la actividad concreta de Iceta y su equipo sobre este tema. Solamente se señala de forma escueta que una frase que señala que en esa línea trabaja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ya ha señalado en numerosas ocasiones el Ministro de este Departamento”, destaca Mulet.

Respecto a la alusión que hace en dicha respuesta sobre los tribunales nacionales, Mulet reconoce que hasta ahora nuestros jueces han sido un apoyo improvisado a las tesis del Gobierno en materia de interinidad, “ahora con lo que establece la última sentencia del TJUE veremos si nuestros tribunales siguen en sus criterios o los modifican”.

jueves, 10 de junio de 2021

Las harturas del Presupuesto: Política y Administración en la España de Galdós

“La valoración (de la obra de Galdós) deja de ser hecha desde una óptica enteramente retrospectiva para hacerse prospectiva” (José María Jover Zamora)

Galdós: una mirada histórica sobre España, la Política y la Administración.

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Algunas veces en la vida hay que mirar atrás. El presente es tan inhóspito o está plagado –en palabras de Galdós- de “menudencias históricas”, que merece la pena abandonarlo a su propia suerte, sumergiéndose en un pasado, aunque parezca distante y (muy) distinto de la realidad que nos circunda,  del que tal vez se puedan extraer oportunas lecciones. En el año 2020, Benito Pérez Galdós estuvo de moda, por la celebración de los cien años de su fallecimiento a inicios del año 1920. Es bueno que se aprovechen tales efemérides para ensalzar y divulgar su obra, pero su pensamiento no se debería enlatar en tales acontecimientos. Y para reforzarlo viene lo que a continuación pretendo.

Esta  serie de entradas que se inicia a las puertas del verano de 2021 sobre la obra de Galdós,  en particular sobre sus Episodios Nacionales,  intentan exponer como bosquejo algunos hitos que conformaron esta compleja y plural realidad llamada España, especialmente por lo que respecta a un siglo XIX plagado de inestabilidad, si bien con largos períodos de aparente calma, siempre presididos –salvo puntuales y cortas excepciones- por la batuta absolutista, conservadora o de factura tibiamente liberal.

Probablemente, los lectores apegados a la realidad cotidiana, así como a la noria de (aparentes) novedades que las aceleradas circunstancias muestran todos los días (algunas de las cuales pretendo reflejar modestamente en otras entradas de este Blog), vean en este proyecto veraniego una suerte de huida de lo importante o un refugio en lo banal o adjetivo. Tal vez haya algo de eso, como también un punto de hartazgo con un pesado y cansino presente. Aunque, no puedo ocultar, que este recorrido por la obra galdosiana me ha resultado muy plácido y reconfortante. He disfrutado y lo sigo haciendo. Y algo de ello espero trasmitir en esas (limitadas en su extensión) futuras entradas.

Subrayaré de inmediato que la historia siempre ha sido fiel compañera en mis análisis de la realidad actual, ayudándome a comprenderla; y, aunque el objeto de la obra de Benito Pérez Galdós se sitúa principalmente en la novela como género (también en el teatro), no es menos cierto que su penetrante mirada histórica recogida en esa monumental obra titulada Episodios Nacionales, que reúne 46 volúmenes estructurados en cinco series (la última inacabada), ayuda –al menos eso creo- a entender quiénes somos, y por qué hacemos las cosas de una determinada manera, incluso las seguimos haciendo de la misma forma cuando han transcurrido casi ciento cincuenta años de los hechos y el contexto que recrea el autor en su último episodio nacional (“Cánovas”), escrito, no obstante, en 1912.

Las “harturas” presupuestarias y la empleomanía como fuentes principales de distribución del poder

De esta último episodio (el 46) he tomado la expresión “harturas del Presupuesto”, dado que resume muy bien la idea-fuerza que alimentaba las complejas relaciones entre política y administración en la España decimonónica, como ha reconocido la doctrina historiográfica más autorizada. También presente en la concepción de Weber y de otros ensayistas, en su tratamiento más moderno sobre los partidos políticos. Esa concepción decimonónica de que los presupuestos públicos otorgan a quienes están en el poder hartura o abundancia excesiva para paliar todos los males patrios, sigue aún muy presente en ciertos modos actuales de hacer política; también la búsqueda o colocación de los fieles políticos (expresión de la nueva feligresía una vez que la política se ha secularizado).

Efectivamente, si algo resultaba capital en la política decimonónica española era disponer del control del dinero público y de los (aún escasos) destinos públicos que conformaban la nómina de una (incipiente) Administración Pública, que conforme fue avanzando el siglo se inclinó a una débil profesionalización en determinados ámbitos de su función pública (cuerpos especiales), aunque de este dato no se hace eco el autor en ninguno de sus citados episodios, pues el foco se sitúa en el baile de nombramientos y cesantías de la burocracia general, así como en la arbitrariedad que en ambos momentos se advertía en tales actuaciones.

El poder decimonónico se fue vertebrando conforme el Estado Liberal tomaba cuerpo, por tanto, en torno a esas dos claves: presupuestos y empleos o destinos públicos. Y, aunque con muchos matices (la expresión castiza de la cesantías hoy se practica especialmente, aunque no de forma exclusiva, en la zona alta de la Administración o en su tejido empresarial o de entidades del sector público), algunas huellas de tales formas de proceder aún quedan. Sin embargo, ello no fue ideado ex novo por el Estado Liberal, pues los precedentes de tan infaustas prácticas encuentran sus raíces –como también advirtiera Tocqueville- en el propio Antiguo Régimen. Lo veremos en las reseñas de sus primeros episodios.

El presupuesto nacional estaba, por lo común, hipotecado por la deuda pública resultado de una mala y prolongada gestión económico-financiera, agudizada por la pérdida de gran parte del imperio colonial. Los empleos o destinos públicos, atrapados en una lógica de patronazgo con fuertes proyecciones de caciquismo (preludio de lo que después sería el clientelismo político) eran objeto codiciado por una amplia capa de la población urbana, más o menos formada académicamente (en algunos casos ni eso), cuyos medios de subsistencia pasaban necesariamente por morder algunos miles de reales de las arcas públicas, pasando, en función de los cambios políticos y de las personalidades en el poder, a conformar la legión de cesantes, lumbre con la que se alimentaba el fuego de no pocos pronunciamientos. 

Una España muy distinta de la actual, pero cuyas huellas (legado institucional) han llegado a nuestros días

Los problemas políticos o sociales no acababan en esos dos motores que alimentaban la vida pública. Dada la desarticulación territorial del país, así como los constantes desgarros padecidos (guerras civiles, pronunciamientos, cambios de régimen, etc.), a esos dos pilares se les sumaba una política marcada por lo que José María Jover Zamora denominó “el siniestro estrabismo de la visión de las dos Españas”. A veces el fantasma emerge de nuevo. Sobre ello volveremos. Además, la construcción del Estado nación en España,  a diferencias de otros países europeos, se hizo tardíamente y con materiales ciertamente endebles (Juan Pablo Fusi lo trató acertadamente). La manifestaciones más graves de desarticulación territorial se abrieron en distintos momentos del siglo XIX, y aún siguen con cambios unas veces sustantivos y otras (las más) de apariencia.

A todo ello había que sumar la omnipresencia entonces de la Iglesia católica, marcadamente alineada con las posturas más ultramontanas (carlismo) o, en su caso, con expresiones conservadoras, junto con el papel determinante que, al menos hasta la implantación del sistema político de la Restauración (que también llegó de la mano de varios pronunciamientos), tuvieron los militares, cuya intervención en la política española, y en la propia dirección del Estado, fue durante varias décadas sencillamente apabullante. Los Episodios Nacionales dan buena cuenta de ello.

España era al inicio del siglo XIX un país marcadamente pobre; un país de campesinos, escasamente urbanizado (solo Madrid tenía 150.000 habitantes), con una agricultura además de notable ineficacia. Cuando Galdós inicia sus primeros episodios, situados algunos antes incluso de la emblemática fecha de 1808, el sistema político y social vigente de la monarquía española, tal como señaló el profesor Josep Fontana, “no fue destruido por la invasión francesa, sino que su hundimiento fue el efecto de una implosión, el resultado inevitable de un proceso de degeneración que se había acelerado en las décadas finales del siglo XVIII”. Como se expuso gráficamente en un informe demandado por el entonces rey, y que recoge también el historiador catalán: “En mayo de 1808 ni teníamos naves, ni ejércitos, ni armas, ni tesoro, ni crédito, ni fronteras, ni gobierno, ni existencia política”.

En ese delicado momento histórico recrea Galdós su primera serie de episodios nacionales, inaugurada con Trafalgar y que se cierra con La batalla de los Arapiles, donde las aventuras y desventuras, así como la carrera militar del protagonista de esas diez primeras entregas, Gabriel, se despide de los lectores. El final de ese precario régimen constitucional de 1812, a quien el autor por cierto le dedica escasa atención, está próximo. Y el retorno del Deseado (Fernando VII) “que acabó como Felón” (Sergio del Molino), hizo retroceder a España a las más duras tinieblas de un absolutismo despótico. Todo ello, forma parte del espectacular entramado que, con entreverado enfoque, mitad relato histórico y mitad ficción, dibuja Galdós con su incisiva mirada retrospectiva sobre la historia de la España decimonónica, período del cual él solo vivió en parte; pero que recrea con particular maestría.

La que es, en palabras del escritor Fernando Aramburu, la mejor biografía sobre Galdós, cuya autora es Yolanda Arencibia, pone de relieve el interés que siempre sintió el autor por la historia, y también por el momento político. Bien es cierto que, como tiempo habrá de comprobarlo, los Episodios Nacionales fueron redactados en dos períodos muy distintos, lo que, si bien no se resiente el conjunto de su obra que resulta, según la biógrafa citada, “una obra unitaria, asentada en pilares comunes”, sí que parece evidente que la huella de la transformación político-existencial de Galdós puede advertirse al menos en el tratamiento específico que realiza de los últimos episodios de la inconclusa quinta serie.

La (relativa) vigencia de la concepción galdosiana sobre la Política y la Administración en España.

España, en todo caso, ha cambiado mucho desde entonces. En verdad, la sociedad española actual poco o nada tiene que ver con aquella, tampoco su economía, su estructura social o sus costumbres ni su realidad urbana. ¿Qué sentido tiene, por tanto, iniciar este viaje al pasado de la mano de Benito Pérez Galdós y, principalmente, de sus Episodios Nacionales?

En verdad, este conjunto de artículos que ahora inicio tienen una visión limitada, ya que no pretenden otra cosa que descubrir cómo el autor trata la Política y la Administración en los citados Episodios Nacionales. Sin duda, como idea transversal emerge también con fuerza cuestión de España, realidad desgarrada unas veces y otras ensalzada como motor de un proyecto nacional nunca terminado. A ello también se le prestará puntual atención.

Es quizás necesario justificar el por qué de esta serie de entradas que reseñan la obra de Galdós en tales ámbitos. No cabe duda que la huida de una plomiza y cargante realidad circundante en la actividad política y su pésima comprensión de lo que es una Administración profesional e imparcial está en el origen de este empeño. Pero, hay más. En realidad,  las entradas que se publicarán a partir del mes de junio de 2021 y durante los próximos meses son mero esbozo parcial un proyecto editorial que, una vez ultimado, pretende ver la luz en el próximo otoño, y que se ha ido puliendo desde hace tiempo. No es impropio, aunque a algunos les parezca, adelantar algunas partes de un trabajo, siquiera sea parcialmente. Se ha venido haciendo así desde tiempos inmemoriales (publicaciones parciales en revistas o periódicos), y ahora se puede beneficiar de su difusión, aunque sea recortada,  por medio de Internet. Por ello dejaré constancia de la autoría y fecha de cada entrada. Las aguas de Internet son lugar de pesca de arrastre, también en el plano de las ideas. Riesgos de una propiedad intelectual cada día más porosa.

Recordaba el historiador José María Jover una frase del romanista Álvaro D’Ors, que venía a decir “que la tesis doctoral imprime carácter a la personalidad y a la biografía científica de cada investigador”. Ciertamente, algo de eso ha habido en mi opción por analizar la obra galdosiana en estos temas, aunque ahora esté distante de la academia, pues abordar –como hice en su día- Las políticas de selección en la función pública española (1808-1878) (MAP, Madrid, 1989) me obligó –entre otras muchas- a sumergirme en la lectura de Miau y de algunos Episodios Nacionales, que pasados muchos años he retomado con mayor sosiego y con la mirada más crítica que da el tiempo transcurrido, descubriendo en la obra de Galdós no solo confirmación de algunas hipótesis que barruntaban desde entonces por mi mente, sino también nuevas y sugerentes miradas que me han abierto territorios inexplorados de análisis.

La tesis que en estas páginas se mantendrá es que hoy en día, a pesar de los enormes cambios o transformaciones que ha sufrido el país, la forma de hacer política, y las relaciones entre ésta y la Administración Pública, sigue preñada en buena medida por algunos de sus tics y comportamientos  que hunden sus raíces en la concepción decimonónica del uso y disfrute del poder. Dicho de otra manera, el pesado legado institucional decimonónico recibido (por utilizar una expresión que emplearan Acemoglu y Robinson) sigue presente, y, a pesar de disponer formalmente de un régimen democrático, ni por parte del poder central ni por parte de los poderes territoriales (autonómicos o locales), se ha sabido en estos más de cuarenta años transcurridos de vigencia de la Constitución de 1978 romper el molde.

Así, con mayor o menos intensidad, según los casos, se ha mantenido  una arquitectura clásica o dicotómica de relaciones entre Política y Administración, alejada de los postulados propios de las democracias avanzadas,  y asentada aún en fuertes redes clientelares (o personales), articuladas en estos momentos a través de “los modernos” partidos políticos,  que se han ido tejiendo en torno al poder y a su propia aplicación cotidiana en la “España democrática”, perviviendo con fuerza y ejemplos múltiples en esta compleja tercera década del siglo XXI, en la que los reiterativos discursos políticos de transformación y resiliencia se entreveran con prácticas políticas y administrativas que hunden sus raíces en la España que magistralmente describe Galdós.

Sorprende, por último, que distintos políticos españoles actuales, líderes o ex líderes algunos de ellos de sus respectivas fuerzas políticas, hayan aireado su entusiasmo por la obra de Benito Pérez Galdós y, en concreto, por sus Episodios Nacionales. Me da la impresión de que, por la forma de hacer política que practican o han practicado, si es que realmente han leído su obra, tal vez no han comprendido bien al excelente autor canario. Intentaré en esta serie de entradas (y, mucho más extensamente, en el proyecto editorial que tengo en marcha) mostrar que las huellas de Galdós, en lo que a su concepción de la Política y la Administración española se refiere, siguen aún siendo demasiado profundas en nuestra cosméticamente moderna y transformadora España del siglo XXI. Las mentalidades y sus patologías perduran subterráneamente mucho más de lo que nos imaginamos. Y, en cualquier momento, vuelven a emerger. Lecciones también de la Historia. Esta vez con mayúsculas.

martes, 8 de junio de 2021

El personal eventual: Algunas repercusiones organizativas

 Por Andrés Morey Juan.-  Tu blog de la Administración Pública.-

e) Personal eventual.

El artículo 12 del Texto Refundido del Estatuto del empleado público regula al personal eventual y nos dice que es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. A la vista de este precepto el personal eventual se caracteriza por ser nombrado y no contratado, por ser no permanente, por realizar sólo funciones expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial, debiendo existir consignado crédito al efecto. Además, atendiendo al punto 3 del artículo su nombramiento y ceses son libres y con el punto 4 el servicio o condición de eventual no puede constituir un mérito para acceder a la función pública ni para la promoción interna. Sin embargo en lo que sea adecuado les es de aplicación el régimen general de los funcionarios de carrera.

Este carácter no permanente del personal no es impedimento para que los puestos eventuales figuren en las relaciones de puestos de trabajo de los funcionarios de carrera y ello cabe atribuirlo al hecho de que como personal eventual puede ser nombrado un funcionario de carrera, en cuyo caso éste pasa a la situación de servicios especiales. En consecuencia la provisión de puestos de trabajo se clasifica como de provisión indistinta. Al figurar en esta relación de puestos los puestos eventuales pueden ser conocidos, pero en las estatales correspondientes al mes de marzo de 2021, en estos puestos eventuales no figuran de modo expreso las funciones de confianza, ni tampoco en la enumeración de los asesores y consejeros su asesoramiento concreto o especial. Aparecen, sin embargo, jefaturas de servicio y de sección que hace pensar en que el personal eventual, ha crecido con los años desde el puesto típico de las secretarias particulares a una estructura de consejos y gabinetes con unidades y niveles, lo que se puede comprobar a través de los Reglamentos orgánicos, siendo como es lógico, al efecto, el más significativo el de la Presidencia del Gobierno.

En esta relación entre lo jurídico y lo organizativo, pues, el personal eventual tiene una particular incidencia, frente al interino, por ejemplo, al suponer la creación de estructuras que tampoco son permanentes, sino dependientes de los intereses de los políticos o cargos de designación política a los que sirven. La cuestión jurídica más importante a considerar, al efecto del posible control judicial de esta potestad o libertad de organización, es la de la aplicación a las decisiones en esta estructuración de los principios que hemos observado en el punto 2 de este capítulo y las consecuencias de su contravención, sobre todo en lo que afecta a la racionalidad, eficacia y eficiencia y, en consecuencia, en la proporcionalidad en el gasto público. Por eso, es posible atender a que los puestos comprendidos en esa estructura eventual no impliquen una duplicidad con las funciones de los órganos administrativos y determine que la garantía que ellos representan se vea eludida, teniendo en cuenta que al calificar el artículo 12 al asesoramiento como especial no puede ser en la materia general que a los órganos administrativos corresponde.

La otra cuestión que se nos presentaba era la del mérito que el servicio en estos puestos se pueda adquirir y así respecto a los que no sean funcionarios que puedan acceder a un puesto eventual, aquél no puede ser mérito para el acceso a la función pública. Ello ha de considerarse que obedece a que en estos puestos las funciones a realizar no son públicas propiamente dichas, sino prestadas al servicio personal del cargo que los nombra y que la materia que traten no es tampoco la propia de la organización administrativa o, al menos, con las mismas funciones y fines de servicio al público a  los ciudadanos y, también, que el asesoramiento es personal, pero su resultado no es un informe en un procedimiento administrativo ni un acto, por tanto, de trámite; es personal y sin transcendencia externa.

Si atendemos, a los funcionarios, que si pueden tener una formación técnica equivalente a la administrativa pública, el mérito no alcanza a la promoción interna, pero ante la existencia de niveles 30 en los puestos eventuales, el funcionario nombrado eventual, sí adquiere mérito para la carrera horizontal y el laboral en lo que el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios colectivos  les permitan.

domingo, 6 de junio de 2021

El melón de las incompatibilidades públicas

La norma debe dar respuesta a las puertas giratorias y la colusión de intereses

Revista de prensa. Por Joaquin Meseguer.-El Economista. Parece que finalmente el Gobierno ha decidido meterle mano a una de las cuestiones más delicadas del régimen funcionarial, en la que han venido amagando los gobiernos de las últimas dos décadas. Desde 1998, cuando se empezó a trabajar en lo que una década más tarde se convertiría en el Estatuto Básico del Empleado Público, todos sin excepción han pasado de puntillas sobre este espinoso asunto, conscientes de la trilita que contiene.

El pasado 28 de mayo finalizó el plazo para hacer alegaciones a la consulta pública lanzada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de lo que se prevé vaya a ser la regulación de los "conflictos de intereses" de los empleados públicos. 

Para entendernos: la ley que fija qué y cuántas actividades públicas y privadas pueden simultanear quienes trabajan en el sector público. La regulación actual es a estas alturas la más longeva de las que rigen la función pública española ya que data de 1984. Desde entonces la ley ha sufrido un incesante parcheado que no ha sido suficiente ni para resolver las muchas dudas que se suscitan en el día a día, ni para acometer los retos presentes y futuros de tan decisivo colectivo. 

Todo lo contrario: ha ido dificultando su interpretación, generando tantas lecturas como administraciones tienen que aplicarla.

Más de dos millones y medio de personas están ahora atentos a esa norma que decidirá qué ingresos adicionales puede llevar un funcionario público a su casa, y todo ello sin poner en riesgo cuestiones tan decisivas como su imparcialidad y su dedicación al puesto sin distraerse con otros intereses particulares. 

Una acrobacia que se torna complicada en los tiempos que corren, en que un sueldo público ha pasado de ser un motivo de constante reivindicación por los sindicatos representativos del colectivo, a una verdadera tabla de salvación en momentos pandémicos.

A nadie se le oculta que desde la década de los años ochenta son muchas las actividades privadas que han ido surgiendo (y otras desapareciendo) en el ámbito privado y que carecen de encaje alguno en la ley. 

Los crecientes riesgos de colusión de intereses públicos y privados en una sociedad cada vez más compleja y mutante, las puertas giratorias a las que no conseguimos poner cuña, o las nuevas modalidades de prestación laboral como el trabajo a distancia, que ya venía empujando fuerte en la última década pero que ha cobrado un impulso inusitado este último año con motivo del teletrabajo, son algunas de las realidades a las que la futura norma tiene que enfrentarse y dar respuesta con el mayor acierto posible. 

Y todo ello, en un sistema  descentralizado como nunca antes existió donde todas las administraciones claman por espacios de mayor autonomía para la decisión y con nuevos gremios funcionariales que coexisten, sin embargo, con otros que envejecen a velocidad trepidante sin relevo claro. 

A todo esto y otras cuestiones no menores ha decidido plantar cara el ministro Iceta. Un compromiso al que ha decidido hacer frente, tan sugerente como plagado de aristas cortantes que, sin embargo, ya se ha tornado en ineludible e inaplazable. Como suele decirse en suertes taurinas, pero también con espíritu 'yedai': "valor y al toro", ministro, y "que la fuerza te acompañe".

jueves, 3 de junio de 2021

Avances en la prevención de la corrupción

Por ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ. Fiscalización.es blog.-.Hace un lustro, el Consello de contas de Galicia asumió nuevas funciones de prevención de la corrupción, mediante la creación de una sección específica de la Institución de Control Externo del sector público gallego. Hoy traemos a la bitácora dos magníficas aportaciones en éste área, que son un ejemplo dentro del mundo de la fiscalización de los fondos públicos.

Por una parte, se acaba de publicar la a convocatoria de la segunda edición del “Premio Carlos G. Otero Díaz”. Se trata de incentivar la investigación sobre prevención de la corrupción, en el marco de las nuevas competencias citadas y de recordar a quien fue el primer presidente del Consello, toda una personalidad dentro del mundo académico, político y profesional del control. La anterior edición reconoció el trabajo de José Antonio Fernández Ajenjo que será publicado junto con otras aportaciones doctrinales en el libro conmemorativo que ya tiene en marcha el Consello de contas.

Podrán concurrir al premio los autores o coautores de trabajos de investigación, que tengan su domicilio en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, que podrán tener la condición de persona física o grupo de investigación, compuesto por personas físicas, bajo la coordinación de uno de sus integrantes, que actuará como representante del grupo y responsable del trabajo a los efectos oportunos.

Se establece que el plazo de presentación de las solicitudes hasta el 31 de octubre de 2021. Su dotación económica es de 4.500 euros, distribuidos de la siguiente forma: Primer premio: 3.000 euros, Segundo premio: 1.500 euros, con tres posibles accésits de 1.000 euros cada uno.

Por otra parte, para cumplir con las nuevas exigencias de control, en 2018 se firmó un protocolo de colaboración entre la Xunta y el Consello para la implantación y seguimiento de planes de prevención de riesgos de la corrupción en el sector público autonómico de Galicia.

Incluye también la “propagación de una cultura de la transparencia y comportamiento ético en los sectores público y privado, así como en la difusión de conceptos esenciales en materia de control interno, administración de riesgos y fomento de la integridad institucional”. Una colaboración proactiva para establecer políticas de integridad institucional y contar con un programa de prevención de riesgos de corrupción que establezca su identificación y valoración así como de medidas correctivas para su tratamiento.

Primeros pasos para el diagnóstico

La semana pasada, la Xunta de Galicia aprobó una serie de medidas en ese nuevo marco preventivo donde se recogen muchas de las recomendaciones del Informe de diagnóstico del Consello de Contas de Galicia sobre los sistemas de control interno y gestión de riesgos de corrupción en la Administración autonómica. El citado diagnóstico es un útil estudio que no ha tenido el relieve que merece y que contiene el análisis y valoración global y pormenorizada de las debilidades y posibles mejoras. Incorporaba una estrategia a seguir para la implantación paulatina del modelo en base a los resultados del diagnóstico, así como las recomendaciones dirigidas a la Administración y al Parlamento autonómico de las medidas más básicas y prioritarias para avanzar en esa implantación y mejorar la percepción ciudadana de la corrupción institucional.

Pues bien, en el documento aprobado el 27 de mayo pasado, la Xunta se compromete a desarrollar entre el año 2021 y el año 2024, un total de 24 medidas, englobadas en seis ejes de actuación.

Eje 1: Cultura institucional

Eje 2: Ética institucional

Eje 3: Recursos humanos y compromiso con la competencia profesional

Eje 4: Planes de prevención y gestión de riesgos de gestión

Eje 5: Consolidación de la administración digital

Eje 6: Calidad normativa

En definitiva, avances concretos y compromisos en la mejora continua en la prevención de la corrupción que demuestra la eficacia (y economía) del modelo atlántico en la amplia tarea de las Instituciones de Control Externo frente al fraude.

miércoles, 2 de junio de 2021

El nuevo modelo de organización pública es un modelo híbrido y abierto

Por Carles Ramio. EsPúblico blog.-Hay un aprendizaje de la reciente evolución organizativa de las administraciones públicas que deberíamos retener: los cambios radicales de modelo o de paradigma organizativo son imposibles y, además, son contraproducentes. Las motivaciones que inspiraron y obligaron a adoptar los modelos clientelar, burocrático, gerencial y de gobernanza siguen plenamente vigentes.

 El tema clave es que, con el tiempo, los cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos exigen transformar los modelos de gestión incorporando nuevas dimensiones y elementos pero asegurando su convivencia con las dimensiones y variables estructurales. Por tanto, cualquier cambio de modelo debe comprender que el nuevo modelo que pueda surgir será hibrido (en el que confluirán nuevas dimensiones, con antiguos elementos que deberán adaptarse o renovarse). Es decir, las nuevas dimensiones que incorporemos no van a configurar un nuevo modelo o paradigma totalmente distinto al anterior o a los anteriores. Esto significa que un cambio o transformación de paradigma organizativo debería vigilar con la misma intensidad la prevalencia y supervivencia de las novedades en el modelo de gestión y, también, ordenar y renovar los ingredientes de los viejos paradigmas para lograr la mejor convivencia posible con las últimas novedades organizativas.

Las propuestas serían las siguientes:

1- Hay que trabajar y vigilar para evitar al máximo el modelo clientelar ya que es objetivamente disfuncional ya que alienta la mediocridad, el nepotismo, las capturas y la corrupción. Pero luchar contra el modelo clientelar no debe significar la despolitización absoluta de los organismos públicos. Esta estrategia es un gran error ya que la legitimidad, la energía y la renovación de los servicios y políticas públicas dependen en esencia del ingrediente político. Incluso en los organismos públicos muy técnicos y especializados (como los centros de tecnología agraria) las decisiones estrategias deben tener una naturaleza política. No hay que sortear a la policía sino a la politización excesiva de los organismos públicos que debilita sus capacidades técnicas y profesionales. Los organismos técnicos y muy especializados deben agrupar a profesionales que accedan de manera estrictamente meritocrática. Los directivos de máximo nivel de estos organismos también deben ser seleccionados por criterios meritocráticos pero deben ir acompañados por unas destrezas vinculadas a saber y comprender la lógica y los proyectos de carácter político y saber cómo traducirlos en la gestión técnica y profesional. Los organismos muy técnicos y especializados deberían operar bajo un marco jurídico de autonomía de gestión similar al modelo anglosajón de agencias ejecutivas o de verdaderos organismos autárquicos, como es tradición en la región latinoamericana. La clave de este modelo es diferenciar la dimensión de planificación, decisión y control (con evidentes ingredientes políticos) ubicada en la administración nuclear (ministerio) de la unidad o agencia de ejecución e implementación. En este sentido, la unidad autárquica debería, tanto en la teoría como en la práctica, estar liberada del impacto político y blindada de un potencial impacto clientelar. Las legítimas directrices e influencia política debería concentrarse en los contratos programa o contratos de gestión entre el ministerio y la agencia especializada. Otro elemento de potencial calado político es el nombramiento del máximo responsable directivo de la agencia que debería ser elegido por sus competencias y destrezas de manera meritocrática pero que su elección puede ser política dentro del marco de respeto a la autonomía de la agencia y a las competencias vinculadas al mérito del máximo responsable de la agencia.

2.-El modelo burocrático debería estar presente en este modelo híbrido pero de manera claramente limitada a las exigencias propias de gestión de un organismo público. Es un disfunción tradicional la excesiva burocratización de las instituciones de investigación, desarrollo e innovación que limita de manera muy seria su capacidad de rendimiento Las exigencias uniformadoras derivadas de la seguridad y del control institucional deberían ser las mínimas para gestionar en un marco público pero sin la fuerza suficiente para condicionar todo su modelo de gestión que debe operar de la manera menos burocrática posible. Hay que buscar la máxima flexibilidad en los sistemas transversales de gestión propios de la Administración pública (gestión económica, gestión de personal, contratación pública, etc.) y, en la medida de lo posible, que la agencia o entidad autónoma goce de la mayor discrecionalidad posible y no se vea asfixiada por la normativa o las reglas administrativas uniformadoras. Es posible gestionar públicamente con seguridad jurídica sin un exceso de controles previos, de proceso y ex post de carácter burocrático (en la medida de la posible suprimir al máximo los controles previos y de proceso y concentrase en los controles materiales ex post). El nuevo modelo, por tanto, debería adoptar una burocracia ligera y solo restringida a ámbitos muy concretos que no condicionen negativamente al resto de la organización y a su modelo de gestión.

3.-El modelo gerencial vinculado a la autonomía, de flexibilidad, profesionalización directiva y general y con lógicas de carácter eficientista deben predominar en el ámbito organizativo destinado a la prestación de servicios externos (sean éstos a determinados sectores económicos y sociales o a la propia Administración)

4.-El modelo de gobernanza debería constituir el eje central del modelo de gestión ya que las actividades y servicios promovidos por un organismo público vinculado a la tecnología e innovación agraria poseen una naturaleza compartida tanto en su diseño como en sus mecanismos de implementación. La Administración codecide y cogestiona mediante la participación de distintos actores económicos y sociales. Pero la Administración no debe limitarse a ser un actor más en estas complejas redes público-privadas ya que debe reservarse el rol de metagobernador (la dirección y coordinación de estas redes colaborativas).

5.- Estos tres modelos de organización configuran un sistema organizativo híbrido y complejo que requiere incorporar los siguientes ingredientes: las tecnologías 4.0 (inteligencia artificial y robótica), una visión más estratégica, más prospectiva y proactiva, la gestión del conocimiento mediante la inteligencia colectiva de los actores internos y externos de la Administración. Este cuarto modelo se podría denominar modelo de inteligencia institucional. Este modelo implica sistemas de trabajo holacráticos (colaborativos y participativos), que integra distintos niveles de inteligencia (inteligencias individuales de los empleados públicos, inteligencia colectiva e inteligencia artificial) y que logra que sus procesos y acciones logren un nivel de productividad exponencial (Oslack, 2020).

Para poder visualizar el nuevo modelo en porcentajes, a aplicar en una institución pública de tecnología agraria, la proporción sería la siguiente: un 10 por ciento de modelo burocrático (residual y solo el imprescindible en una institución pública), un 20 por ciento de modelo gerencial para la generación y prestación de servicios, un 40 por ciento de modelo de gobernanza y un 30 por ciento del modelo de gestión inteligente. El nuevo modelo de gestión inteligente debería ser transversal e influir (veteando el resto de modelos) en la renovación del modelo de gobernanza (gobernanza inteligente), del modelo gerencial (mayor productividad y capacidad de renovar el valor público) y del modelo burocrático (burocracia inteligente sin burócratas).  El modelo final debería denominarse modelo de gobernanza social e inteligente.

martes, 1 de junio de 2021

Indultos: datos y contexto para un debate público mejor informado

Investigamos los indultos desde 2013. Y no porque estuvieran en el centro del debate público como ahora, sino precisamente porque no lo estaban.

CIVIO. El posible uso del indulto (recordemos, esa figura de uso ‘excepcional’ que se basa, con apenas retoques, en una ley provisional de siglo y medio de antigüedad) vuelve a estar en el candelero político y mediático.

Empezamos a investigar los indultos en 2013, y no porque estuvieran en el centro del debate público como ahora sino, precisamente, porque no lo estaban (aunque se concedieran a cientos, a miles, algunos años). Y especialmente porque no existe obligación de rendir cuentas sobre ella.

Y como contar con información precisa y contexto es más importante que nunca daba la polarización del debate, te resumimos lo más relevante que hemos sacado a la luz sobre este tema. Con franqueza, creemos que la información más precisa, independiente y a la altura de lectores exigentes que encontrarás sobre este tema está en el Indultómetro de Civio. Aquí tienes los datos y el contexto para un debate público mejor informado:

-Entre 1996 y 2020, los sucesivos gobiernos han empleado esta gracia ‘excepcional’ en 10.652 ocasiones. Puedes usar nuestro buscador para explorar todos los datos y filtrar por tipo de delito, por comunidad del tribunal sentenciador o hacer búsquedas.

-Durante 2020, el Gobierno concedió 30 indultos pese al parón administrativo por la crisis sanitaria. La cifra es algo menor a la de 2019 (cuando crecieron por primera vez desde 2013), pero es superior a años anteriores pese a la pandemia. Los años con 500 perdones, como 2012, ya son cosa del pasado.

-Los delitos contra el medio ambiente, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación de funcionarios públicos y malversación suman los porcentajes más altos de indultos por condenados. Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones.

-Cuando decían, incluso en el Congreso, que no se indultaba a corruptos, ministros de Justicia como Ruiz-Gallardón o Rafael Catalá mentían. Desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por delitos asociados a corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. La mayoría por prevaricación y malversación.

-Los indultos a condenados por delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico y medio ambiente son los más rápidos. Salvo que hayas sido condenado por los GAL.

-Durante años se concedieron de forma masiva e incontrolada -más de un indulto y medio al día- y colando nombres y casos poco justificables. Ahí tenemos a Gabriel Arias-Salgado (aprobado en un Consejo de Ministros en el que estaba su hermano Rafael como ministro), el indultazo del fin de milenio (más de 1.300 indultos de una tacada, entre ellos el de Javier Gómez de Liaño), el indulto al banquero Alfredo Sáenz, el doble indulto a cuatro mossos d’esquadra que torturaron a un detenido o el del Guardia Civil que grabó con su móvil una agresión sexual.

-Las cofradías de Semana Santa siguen obteniendo una buena parte de los indultos año tras año, pero no todas reciben el mismo trato del Gobierno a la hora de perdonar o no a sus candidatos.

-Seguro que quienes redactaron la ley ‘provisional’ del indulto en 1870 no se imaginaban que llegaría casi inalterada hasta hoy. En 2019 pedimos en el Congreso que se pusiese coto a la discrecionalidad de este poder y se aplicase la transparencia y la rendición de cuentas para quien lo ejerza en todos los casos, para cualquier tipo de delito. Finalmente no se acometió aquella reforma. Y así hasta hoy.

-Supimos, gracias a una solicitud de información, que el 15% de los indultos concedidos entre 2014 y 2016 se dieron con el criterio en contra del tribunal sentenciador. Se trata de un dato importante que también llevamos al Congreso.

-Desde que datos como estos llegan a la sociedad, el número de concesiones ha bajado significativamente. Y no lo decimos solo nosotros: Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia entre 2012 y 2014, ha acreditado públicamente el impacto del Indultómetro.

Sin embargo, hoy y desde siempre, los sucesivos gobiernos siguen sin justificar públicamente la concesión o denegación de un indulto. Sigue sin existir transparencia en el uso de esta prerrogativa.

Por eso vamos a seguir informando y presionando hasta lograr que quienes tienen potestad sobre esta y otras medidas tengan también la obligación de rendir cuentas por sus decisiones. Nada de esto sería posible sin los socios y socias de Civio, cuyo apoyo a iniciativas como esta hace más difícil que los poderes públicos tomen decisiones sin dar explicaciones a la ciudadanía.

Ojalá podamos contar también contigo a nuestro lado.