Investigamos los indultos desde 2013. Y no porque estuvieran en el centro del debate público como ahora, sino precisamente porque no lo estaban.
CIVIO. El posible uso del indulto (recordemos, esa figura de uso ‘excepcional’ que se basa, con apenas retoques, en una ley provisional de siglo y medio de antigüedad) vuelve a estar en el candelero político y mediático.
Empezamos a investigar los indultos en 2013, y no porque estuvieran en el centro del debate público como ahora sino, precisamente, porque no lo estaban (aunque se concedieran a cientos, a miles, algunos años). Y especialmente porque no existe obligación de rendir cuentas sobre ella.
Y como contar con información precisa y contexto es más importante que nunca daba la polarización del debate, te resumimos lo más relevante que hemos sacado a la luz sobre este tema. Con franqueza, creemos que la información más precisa, independiente y a la altura de lectores exigentes que encontrarás sobre este tema está en el Indultómetro de Civio. Aquí tienes los datos y el contexto para un debate público mejor informado:
-Entre 1996 y 2020, los sucesivos gobiernos han empleado esta gracia ‘excepcional’ en 10.652 ocasiones. Puedes usar nuestro buscador para explorar todos los datos y filtrar por tipo de delito, por comunidad del tribunal sentenciador o hacer búsquedas.
-Durante 2020, el Gobierno concedió 30 indultos pese al parón administrativo por la crisis sanitaria. La cifra es algo menor a la de 2019 (cuando crecieron por primera vez desde 2013), pero es superior a años anteriores pese a la pandemia. Los años con 500 perdones, como 2012, ya son cosa del pasado.
-Los delitos contra el medio ambiente, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación de funcionarios públicos y malversación suman los porcentajes más altos de indultos por condenados. Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones.
-Cuando decían, incluso en el Congreso, que no se indultaba a corruptos, ministros de Justicia como Ruiz-Gallardón o Rafael Catalá mentían. Desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por delitos asociados a corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. La mayoría por prevaricación y malversación.
-Los indultos a condenados por delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico y medio ambiente son los más rápidos. Salvo que hayas sido condenado por los GAL.
-Durante años se concedieron de forma masiva e incontrolada -más de un indulto y medio al día- y colando nombres y casos poco justificables. Ahí tenemos a Gabriel Arias-Salgado (aprobado en un Consejo de Ministros en el que estaba su hermano Rafael como ministro), el indultazo del fin de milenio (más de 1.300 indultos de una tacada, entre ellos el de Javier Gómez de Liaño), el indulto al banquero Alfredo Sáenz, el doble indulto a cuatro mossos d’esquadra que torturaron a un detenido o el del Guardia Civil que grabó con su móvil una agresión sexual.
-Las cofradías de Semana Santa siguen obteniendo una buena parte de los indultos año tras año, pero no todas reciben el mismo trato del Gobierno a la hora de perdonar o no a sus candidatos.
-Seguro que quienes redactaron la ley ‘provisional’ del indulto en 1870 no se imaginaban que llegaría casi inalterada hasta hoy. En 2019 pedimos en el Congreso que se pusiese coto a la discrecionalidad de este poder y se aplicase la transparencia y la rendición de cuentas para quien lo ejerza en todos los casos, para cualquier tipo de delito. Finalmente no se acometió aquella reforma. Y así hasta hoy.
-Supimos, gracias a una solicitud de información, que el 15% de los indultos concedidos entre 2014 y 2016 se dieron con el criterio en contra del tribunal sentenciador. Se trata de un dato importante que también llevamos al Congreso.
-Desde que datos como estos llegan a la sociedad, el número de concesiones ha bajado significativamente. Y no lo decimos solo nosotros: Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia entre 2012 y 2014, ha acreditado públicamente el impacto del Indultómetro.
Sin embargo, hoy y desde siempre, los sucesivos gobiernos siguen sin justificar públicamente la concesión o denegación de un indulto. Sigue sin existir transparencia en el uso de esta prerrogativa.
Por eso vamos a seguir informando y presionando hasta lograr que quienes tienen potestad sobre esta y otras medidas tengan también la obligación de rendir cuentas por sus decisiones. Nada de esto sería posible sin los socios y socias de Civio, cuyo apoyo a iniciativas como esta hace más difícil que los poderes públicos tomen decisiones sin dar explicaciones a la ciudadanía.
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