viernes, 24 de mayo de 2024

PRÓXIMA JORNADA “GOLDEN VISAS: HACIA UNA URGENTE Y TRANSVERSAL REFORMA DE LA LEY 14/2013″

 TI.- El próximo 29 de mayo de 2024, se celebrará la jornada “Golden Visas: Hacia una urgente y transversal reforma de la ley 14/2013” organizada por Transparency International España y la Fundación Ortega y Gasset-Marañón.

Este evento reunirá a diversas instituciones y expertos en la materia para discutir los impactos y riesgos de las Golden Visas y comprender la urgencia de una revisión exhaustiva de la ley que tenga en cuenta los impactos negativos no solo en relación con el mercado inmobiliario, sino también los graves riesgos en corrupción, blanqueo de capitales y fraude que el actual sistema de concesión de estos permisos entraña.

El encuentro es de acceso libre hasta completar aforo. Se requiere inscripción previa haciendo click aquí en este enlace.

miércoles, 22 de mayo de 2024

La RAE impulsa el "lenguaje claro" para defender a los ciudadanos frente al "galimatías burocrático"

Felipe VI clausura en Madrid la primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, donde se ha presentado una guía para fomentar su uso.

Revista de prensa. El Español.-Fernando Díaz de Quijano  @FDQuijano. El lenguaje debe construir puentes en lugar de barreras infranqueables. Esta es la máxima que defienden los filólogos, académicos y otros expertos adscritos al movimiento del lenguaje claro, que se han reunido en Madrid entre ayer y hoy. La Real Academia Española ha acogido en su sede la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, que ha clausurado esta tarde el rey Felipe VI y que ha dado como fruto el borrador de la primera Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible.

El movimiento del lenguaje claro nace para defender al ciudadano de a pie ante las jergas ininteligibles de la hacienda pública, la justicia, la legislación o el ámbito médico. Como ha explicado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, más de 200 instituciones se han sumado a la red, la mayoría públicas: parlamentos, cortes, tribunales, universidades, academias de la lengua, de ciencias sociales, fundaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas, entre otras.

Se trata de un movimiento "que también abrimos a las grandes corporaciones", ha señalado el director. "Nunca se ha producido un fenómeno de adhesiones semejante a un proyecto de escala panhispánica", ha asegurado. También ha afirmado que el derecho a comprender se ha convertido en "un nuevo derecho constitucional, el más elemental e imprescindible para poder ejercer cualquier otro", por lo que hay que vincularlo al "principio de democracia".

Entre los asistentes al acto de clausura estaban el presidente del Tribunal Constitucional, el del Consejo General del Poder Judicial, embajadores, ministros de justicia de varios países y otros altos cargos políticos, judiciales, académicos y diplomáticos. 

Raquel Montenegro, de la Academia Guatemalteca de la Lengua, ha citado a Quintiliano, que ya en el siglo I afirmó que "la claridad nace principalmente de la propiedad de las palabras" y que "para conseguir este objetivo solicita denominar las cosas por el nombre que se halla en el uso común, evitando recurrir a denominaciones extrañas o desconocidas". Entre los defectos de estilo que señalaba, están la verbosidad, la longitud excesiva de los párrafos, el hipérbaton (la alteración del orden normal de las palabras dentro de una frase) y la búsqueda deliberada de la opacidad.

José Luis Gómez ha leído un pasaje del Quijote en el que Cervantes se manifestó como uno de los primeros defensores de la claridad lingüística. "Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala", recomendó Maese Pedro a un miembro de su compañía de titiriteros.

El escritor Gonzalo Celorio, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, ha defendido que "se respete el elemental derecho a la comprensión por parte de todos los recipiendarios de las disposiciones jurídicas, documentos administrativos, de los formularios fiscales, de los diagnósticos médicos, las recetas, las pólizas, los instructivos, las garantías".

Muñoz Machado ha matizado que el movimiento del lenguaje claro, que pretende defender a la ciudadanía ante lo que ha calificado como "galimatías burocrático", "no pretende cambiar el lenguaje técnico de los profesionales cuando es imprescindible para su trabajo ni quiere evitar la oscuridad cuando se trata de un juego literario".

El director de la RAE también ha relacionado el lenguaje claro con las "reivindicaciones en materia de igualdad de género y contra prácticas sociales discriminatorias y usos del lenguaje que invisibilizan al sexo femenino". En este sentido, ha dicho que "el problema es real y la búsqueda de soluciones está muy justificada", pero ha añadido que "no podemos correr el riesgo de imponer fórmulas que no sean aceptadas por los hablantes, ni en el lenguaje políticamente correcto". En este ámbito, defiende que "la RAE lleva mucho camino andado aunque no sea frecuente que nos lo reconozcan".

También ha relacionado el lenguaje claro con el lenguaje inclusivo y accesible, teniendo en cuenta "las discapacidades que afectan a la comprensión de los mensajes", no solo a quienes las tienen desde nacimiento sino también a quienes las han adquirido "por razón de enfermedad o de edad".

Por último, en el acto se ha presentado el borrador de la primera Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, cuyo ponente ha sido el miembro de la RAE Salvador Gutiérrez. El académico ha puesto el foco en la "asimétrica relación de las grandes empresas, los bancos, las aseguradoras y las energéticas con sus clientes. El laberíntico recibo de la luz o la llamada letra pequeña y otras sutiles trampas de los contratos violan el principio de claridad en dimensiones que afectan negativamente en vida, y a veces más allá, al ciudadano".

También ha cargado contra la jerga médica, de enorme utilidad en el ámbito profesional, con medio millón de términos, pero a menudo oscura para el paciente, que queda en una situación de "bloqueo cognitivo" que le impide "comprender explicaciones, memorizar pautas o incluso reproducir correctamente el nombre de su patología". Por último, ha criticado "el lenguaje vacuo" de algunos políticos citando al escritor uruguayo Eduardo Galeano, que decía que "los políticos hablan pero no dicen".

martes, 21 de mayo de 2024

La escurridiza igualdad en lucha contra la discriminación retributiva

 Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- Una de las mayores fuentes de litigios es la sana envidia. El querer tener el mismo trato por parte de la Administración que el vecino, el prójimo o el no tan próximo.

Especial sensibilidad tienen las reclamaciones fundadas en el principio de igualdad por parte de los funcionarios, cuando comparan nóminas o puestos en la Relación de Puestos de Trabajo.

Ahí brotan reclamaciones, recursos y demandas para obtener el mismo complemento específico o el mismo complemento de destino, partiendo de una premisa que hay que demostrar:  ”Si mi trabajo es igual, debo cobrar igual”.

El problema de partida en la Administración presenta aristas psicológicas:

-Nunca somos objetivos cuando nos valoramos, porque tendemos a sobrevalorar nuestras virtudes e infravalorar los defectos.

-La autoridad de turno suele usar el comodín de la “discrecionalidad” para premiar a los afines o a los que percibe subjetivamente como mejores.

Aquí viene el problema, porque para controlar la discrecionalidad en estas cuestiones, el principio general de derecho de la igualdad acude en ayuda del reclamante, pero tiene que ir acompañado de pruebas.

-Por un lado, sería bueno demostrar que no está motivado el acuerdo supuestamente discriminatorio, o al menos que no se ha probado la razón de la diferencia de trato entre los sujetos cuyas nóminas se comparan.

-Por otro lado, caso de estar motivada tal diferencia de trato en distinta carga, modo o circunstancia laboral, tendría el reclamante que demostrar que estos hechos determinantes de tal diferencia no son ciertos.

Ahora bien, la batalla contencioso-administrativa tropieza habitualmente con un doble escollo.

Si se pretende la igualdad con alguien que a su vez se beneficia de una medida ilegal (p.ej. igualdad en cuanto al nivel de complemento de destino reconocido a otro funcionario fuera de intervalo asignado al cuerpo de pertenencia de ambos), se tropezará con el conocido mantra judicial: «No cabe invocar el principio de igualdad fuera de la ley, solo dentro de la legalidad». O lo que es lo mismo, busque solo la equiparación con lo legal (si no es legal, ataque al contrario pero no pretenda extender la gangrena).

La sentencia de sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2012 (rec. 6202/2010) confirma la sentencia de la sala vasca que claramente exponía que:

Pero esa metodología comparativa basada en agravios nominales no resulta fértil cuando se está ante puestos de configuración distinta, y cuando no se brindan elementos claros y completos que desvelen una aplicación errónea o arbitraria de las prerrogativas administrativas. En principio, la jurisprudencia constitucional es pródiga en rechazar la equiparación en la ilegalidad siendo así que el principio de igualdad ante la ley opera en el ámbito administrativo, cuando se ejerciten potestades regladas, tan solo dentro de la legalidad -así, por todas, SSTC. 37/1.982, de 16 de Junio, 203/1.988, de 2 de Noviembre, y 41/1.992, de 30 de Marzo-, e igualmente rechaza las pretensiones que aspiran al trato diferenciado en base a proclamar la vulneración de los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, –arts. 14 y 9.3 CE-, cuando se articula un término comparativo inidóneo para dar lugar así a lo que la Jurisprudencia suele calificar como denuncias de «discriminación por indiferenciación», que como el TC ha declarado en reiteradas ocasiones, no amparan dichos preceptos, pues «la falta de distinción entre supuestos desiguales, esto es, el hipotético derecho a imponer o exigir diferencias de trato» (por todas, SSTC 86/1.985, de 10 de Junio, 308/1.994, de 21 de Noviembre, 36/1.999, de 22 de Marzo, y 241/2.000, de 16 de Octubre), es ajeno al ámbito del artículo 14 CE .

Si se pretende la igualdad con quien se beneficia de una medida legal pero es manifestación de la discrecionalidad, mal asunto. Por ejemplo, pretender equipararse en el complemento de productividad que percibe otro funcionario no es fácil conseguirlo judicialmente, por su núcleo duro de discrecionalidad. Salvo claro está, que la propia Administración hubiese limitado o regulado los criterios de adjudicación, o que se demuestre una sangrante discriminación ante hechos idénticos – nótese lo de “idénticos” que no es lo mismo que “semejantes”(ej. Dos funcionarios con el mismo destino y oficina, e idénticas tareas o compartidas, y a uno se le paga distinta productividad que al otro).

En cambio, se facilita el sendero algo cuando se trata de equiparar retribuciones correspondientes al complemento de destino o al complemento específico. En este caso los asigna la Relación de Puestos de Trabajo, y puede el reclamante demostrar que se pertenece al mismo cuerpo o escala y que se tiene idéntico cometido o responsabilidad, de manera que podría estimarse el recurso (p.ej. hace años tuvo lugar un aluvión de demandas estimatorias en relación con la queja de inspectores de trabajo de nuevo ingreso, que por ese solo hecho – novatos- tenían asignado por la Relación de Puestos de Trabajo un nivel inicial de complemento de destino inferior a los veteranos; aunque existía un dato objetivo diferencial (la experiencia previa) era irrelevante desde la perspectiva del contenido funcional idéntico que les correspondía tras tomar posesión a los nuevos con los que ya estaban).

En este punto, si llegase a demostrarse ese diferente trato retributivo, la Administración demandada suele defenderse como gato panza arriba, intentando arañar algo del fallo, y aducir que lo suyo sería anular la resolución que deniega la equiparación, pero no reconocer al funcionario recurrente un complemento específico o de destino porque en tal caso la sentencia se adentraría a sustituir a la Administración y excedería el control de la discrecionalidad. Este planteamiento se debilita si percibimos que no estamos ante una pretensión de atribución de un complemento nuevo sino ante la corrección de la discriminación, como hábilmente zanjó pronto la sentencia de sala tercera del Tribunal Supremo en la STS de 12 de marzo de 2007 (rec. 1641/2002):

La sentencia ni asigna un complemento de destino, ni anula la Relación de Puestos de Trabajo, sino que ante la certificación de la propia Administración, en que se reconoce que el recurrente hace las mismas funciones que quienes tienen un complemento de destino superior, condena a la administración al abono del correspondiente a estos últimos funcionarios. En consecuencia no se discute el acierto o no en la asignación del complemento de destino, que necesitaría según aquella sentencia del Tribunal Supremo de una prueba pericial, sino que se aprecia la existencia de una discriminación entre el complemento recibido por quienes realizan el mismo trabajo. Por ello, ni se vulnera el principio de legalidad, ni se deroga singularmente un reglamento, naturaleza que da por supuesta el Abogado del Estado, pero que conviene recordar que la jurisprudencia le atribuye valor normativo a efectos de admitir el recurso de casación.

Lo expuesto viene al caso como comentario tras leer reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2024 (rec. 502/2022) que zanja la pretensión de equiparación salarial de un Guardia Civil en situación de reserva sin destino en relación con el complemento específico singular percibido por sus compañeros con destino. Los términos finales de la sentencia son claros:

En el fondo, la única razón invocada por el recurrente tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley, a saber: que si todos los miembros de la Guardia Civil perciben el componente singular del complemento específico, dicho componente tiene materialmente naturaleza general y deberían percibirlo también quienes están en situación de reserva sin destino. Pero esta afirmación no es convincente. La situación de quien tiene destino no es parangonable a la de quien no lo tiene y, desde luego, no es irrazonable ni arbitrario que al regular las retribuciones se tenga en cuenta esa diferencia. Debe recordarse a este respecto que el componente singular del complemento específico tiene como finalidad retribuir las características del puesto de trabajo, algo que por definición no concurre en quien no tiene destino asignado. No cabe así apreciar discriminación alguna.

En definitiva, antes de embarcarse en una reclamación retributiva por agravio comparativo, hay que sopesar los ases probatorios que se tienen en la mano, aunque la Administración «vaya de farol» invocando la discrecionalidad».

Para finalizar, volveré a traer a colación una fábula humorística de mi invención para mostrar los excesos potenciales de la excesiva frivolidad al analizar las situaciones que son iguales.

Un ciudadano español llamaremos don Perplejo, tenía un caballo de raza con el que galopaba por el campo y que trataba con el mejor forraje, veterinario, vistosos arreos, bridas y silla doradas y baños diarios. Un buen día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que, al beneficiarse su corcel de fondos comunitarios, tenía que otorgar el mismo trato al pony que tenía su hija para los fines de semana y paseos en el jardín, pues al fin y al cabo, ambos eran animales domésticos que daban coces. Otro día, como don Perplejo era propietario de un pequeño zoológico, el Tribunal de Justicia decretó que dado que como el pony era un cuadrúpedo equino igual que la cebra, ésta merecía el mismo trato que el poni. No tardó en llegar otra sentencia que consideraba que al igual que la cebra, el tigre era rayado, así que todos tenían que tener el mismo trato. Mayor fue la sorpresa de don Perplejo cuando le notificaron otro fallo judicial de que siendo el tigre un felino, su gato doméstico que también lo era, así tenía que tener igual trato. Todos los animales con bridas, silla y sauna. Así que el atribulado don Perplejo, al ver a su vecino salir de casa, rápidamente lo empujó al interior y le gritó: ¡No salga de casa! Si se entera el Tribunal de Justicia por tener usted bigote como mi gato, me temo que tendré que ponerle silla y pagarle el sueldo!

NOTA.- Por si se quiere ampliar: 

La igualdad en la legalidad, una fórmula cómoda pero insatisfactoria.

La sorprendente elasticidad del principio de igualdad.

jueves, 16 de mayo de 2024

El producto local o de proximidad, ¿es posible su incorporación en los contratos públicos?

"La doctrina ha manifestado en muchas ocasiones que los criterios de arraigo territorial no pueden ser ni requisitos de solvencia ni criterios de adjudicación"

Por MPBATET. La Parte Contratante blog .-En la contratación local, siempre ha existido una voluntad política de favorecer el producto local y en general, a las empresas del municipio, algo comprensible pero que no es viable jurídicamente. Esto en contratación pública se conoce por arraigo territorial, que consiste en la exigencia en el pliego de que el establecimiento, sede del licitador o alguna de sus condiciones relevantes, se encuentre en una localidad o ámbito en el que se han de prestar los servicios objeto de un contrato. Esa exigencia puede figurar como un requisito de solvencia, como un criterio de adjudicación o como una condición de ejecución del contrato.

La intención política de favorecer a la empresa local, ha sido abortada en muchas ocasiones por la doctrina y jurisprudencia, y ello, por la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación en la contratación pública y también porque se opone a la previsión del artículo 18.2.a) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), relativo a las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española.

La doctrina ha manifestado en muchas ocasiones que los criterios de arraigo territorial no pueden ser ni requisitos de solvencia ni criterios de adjudicación, sin embargo, sí que se han admitido en ocasiones como compromiso de adscripción de medios o bien como condición especial de ejecución, con los límites de la proporcionalidad, atendiendo a su relación con el objeto y el importe del contrato, y aplicando los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación que rigen la contratación pública (Resolución 101/2013 TACRC). 

A modo de ejemplo, en el sentido indicado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia de 27 de octubre de 2005 (Asunto C-234/03), señaló que si bien la exigencia de tener abierta una oficina en el momento de presentar las ofertas, por mucho pudiera considerarse adecuada para garantizar la prestación correcta del contrato, era manifiestamente desproporcionada, no existía ningún obstáculo para establecerla como una condición a cumplir durante la ejecución del contrato, requiriéndose en fase de adjudicación únicamente el compromiso de tenerla.

Sin embargo, sí que se ha admitido por el Tribunal Supremo, en Sentencia 1447/2021, 9 de Diciembre de 2021, la utilización de un criterio de adjudicación en una licitación para la contratación de servicios de recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios que puntúa la cercanía de una instalación respecto del lugar donde se genera el residuo. Y es que, la normativa de residuos así lo prevé. Indica el Tribunal, que dicho criterio no puede considerarse contrario al derecho comunitario y que queda amparado por el principio de proximidad recogido en la normativa de residuos de la Unión y en la normativa nacional, sin que se aprecie vulneración del principio de igualdad y no discriminación.

Respecto del producto local o de proximidad, la ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, contiene una referencia expresa a dichos términos, concretamente en el art. 14.3, que dispone que se incorporarán características específicas sociales y medioambientales “que redunden en la mejora del medio rural, propiciando las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, e igualmente la gestión forestal sostenible, las energías renovables y el ahorro energético, siempre que se respeten los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación de la contratación pública.”

En esta materia, recomiendo la lectura del artículo de Ximena Lazo Vitoria “El tsunami del «producto local» llega a la contratación pública en España”. Indica la autora que existe una tendencia clara en la legislación española favorable a la incorporación de cláusulas sobre producto local en la contratación pública, que se produce en el marco del Pacto Verde Europeo para la necesaria reducción de los Gases Efecto Invernadero y contribuir a alcanzar las metas de descarbonización fijadas por el Acuerdo de París. 

Me parece que acierta la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, que en el Informe 2/2023, de 19 de enero de 2023, sobre el Anteproyecto de ley canaria de economía circular, considera que “la previsión relativa a los productos de proximidad podría suponer la introducción en la licitación de un criterio de arraigo territorial, no serían compatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia que consagra la LCSP en sus artículos 1 y 132 con carácter formal y materialmente básico”.

La Junta entiende que más que a la “proximidad” del proveedor se podría orientar el criterio a primar los productos frescos o de temporada o con un ciclo corto de distribución, que no necesariamente tiene que estar vinculado a la proximidad. 

Es decir, cabría hacer referencias a elementos de sostenibilidad o calidad del producto, que pudieran tener como efecto, en la práctica, que los potenciales proveedores fueran del ámbito territorial cercano; pero no cabría entender la proximidad en sí misma como característica o criterio relevante.”

Este es el criterio que en mi opinión debemos seguir. A modo de ejemplo, podemos establecer en los pliegos respecto de algunos productos a utilizar, como la fruta, verdura y hortalizas, que sean de temporada y que se suministren dentro del plazo de 48 horas desde su recogida. Debiendo solicitarse la acreditación de dicho extremo.

miércoles, 15 de mayo de 2024

Estas son las 33 candidaturas a las elecciones europeas

El partido religioso liderado por Juan José Cortés (el padre de Mariluz, la niña asesinada en 2008 en Huelva, que ya estuvo en las listas del PP) no estará finalmente entre las papeletas disponibles el 9 de junio. Otras cinco candidaturas tampoco han pasado el corte.

Por EVA BELMONTE.- Civio.es .- El BOE de hoy recoge, como marca la ley, la lista definitiva de candidaturas proclamadas, esto es, aquellas que aparecerán en las papeletas de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Son 33, y en 13 de ellas la cabeza de lista es una mujer (puedes consultarlas todas al final de este artículo).

Hace una semana, el BOE publicó las candidaturas presentadas, estos es, las propuestas recibidas por la Junta Electoral. Eran 39, pero seis se han quedado fuera. Lo que lleva a las 33 de la lista definitiva publicada hoy.

Las razones para que la Junta Electoral vete una candidatura pueden ser tres: que no se cumpla la obligación de paridad (40% como mínimo de un género y misma proporción en cada bloque de cinco personas); que no se presenten las firmas de 15.000 electores o 50 cargos electos; o que la lista no tenga suficientes candidatos y candidatas. Esto último es lo que pasó con la candidatura llamada Salamanca-Zamora-León Prepal, que presentó a 50 personas, cuando el mínimo son 61, la cifra total de diputados del Parlamento Europeo que elige España.

También se quedó en el camino FIEL, el partido religioso de Juan José Cortés, el pastor evangélico padre de Mariluz, la niña asesinada en 2008 en Huelva. Este era su primer intento como independiente tras formar parte de las listas del Partido Popular al Congreso en 2019 y acabar siendo diputado. Poco después se presentó también por el mismo partido como candidato a senador, pero no consiguió escaño.

El resto de propuestas que se quedan fuera son: Paz, soberanía y república; Izquierda por España; el Partido libertario; y Nuevo Extremeñismo.

De hecho, entre las 33 candidaturas definitivas encontramos varios partidos que representan a regiones concretas, como Juntos por Extremadura, Extremeños Prex Crex o La España olvidada existe, una coalición entre Teruel existe, Soria Ya, Aragón existe y otros partidos similares. Junto a ellos, PSOE (con Teresa Ribera como cabeza de lista), PP (Dolors Montserrat), Sumar (Estrella Galán), Podemos (Irene Montero), Vox (Jorge Buxadé), Ciudadanos (Jordi Cañas) y Junts (Toni Comín).

Además, como suele pasar en elecciones europeas, abundan las coaliciones. Las más relevantes son dos: la que que, bajo el nombre de Ahora Repúblicas, agrupa a ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més, encabezada por Diana Riba; y la de PNV, Coalición Canaria y El PI, bajo las siglas CEUS (Coalición por una Europa solidaria) y que lidera Oihane Agirregoitia.

Candidaturas proclamadas (en el mismo orden en el que aparecen en el BOE)

Candidatura

Cabeza de lista

Izquierda española

Guillermo del Valle

Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) (PNV, CCa, El PI)

Oihane Agirregoitia

Frente Obrero

Roberto Vaquero

Ahora Repúblicas (ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més)

Diana Riba

Junts i lliures per Europa

Toni Comín

PSOE

Teresa Ribera

Ahora Andalucía

Francisco Javier García

Iustitia Europa (IE)

Luis María Pardo

Vox

Jorge Buxadé

PP

Dolors Montserrat

Escaños en blanco

María Teresa Lou

Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT)

Pablo Acedo

Podemos

Irene Montero

Feministas al Congreso (PFAC)

Juana Gallego

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Javier Martín

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)

Julio Díaz

Sumar

Estrella Galán

PACMA

Cristina García

Cree en Europa

César Vera

País y movimiento rural

Ramón Luis Lletjos

Se acabó la fiesta

Luis Pérez (Alvise)

Futuro

David Jiménez

La España olvidada existe

Tomás José Guitarte

Ciudadanos

Jordi Cañas

Falange Española de las JONS

Norberto Pedro Pico

Soberanía alimentaria española

Alexis Codesal

Juntos por Extremadura

Raúl González

Partido humanista

José Luis Álvarez

Volt

Clara Parella

Recortes cero

Nuria Sánchez

Extremeños Prex Crex

Casildo Rodríguez

Partido Galego

Olga Dourado

Pirates de Catalunya y europeos, Alianza rebelde

Muriel Rovira


lunes, 13 de mayo de 2024

Publicada la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que los Servicios Jurídicos se encuentran incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público

 Por Contratodeobras.com -. El 11 de abril DE 2024, a través de nota informativa, el Tribunal Constitucional anuncio que se había declarado nulo un precepto de la Ley Foral Navarra 17/2021, que modificaba la Ley Foral de Contratos Públicos (Ver aquí Nota informativa), precisamente aquel que excluía los servicios jurídicos de la regulación contenida en la normativa de contratación. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional en su sentencia considera que la LCSP, no excluye a este tipo de contratos de su regulación, siendo la concreción del elemento objetivo de la ley un principio esencial de la normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 CE, puesto que está encaminado a garantizar la igualdad y el tratamiento común ante las administraciones públicas, motivo por el cual la competencia de la Comunidad Foral de Navarra en materia de contratación pública, no puede excluirla. Ahora se hace pública la sentencia del Tribunal Constitucional que podéis descargar aquí en formato pdf o acceder a ella a través de este enlace. Véase aquí artículo de Javier Vázquez Matilla sobre el asunto.

 Véase aquí video de 02:40 minutos del mismo autor sobre la materia; Véase aquí, en OBCP, el alcance que tenía la norma foral ahora declarada parcialmente inconstitucional. Véase aquí información periodística sobre el asunto.

 

viernes, 10 de mayo de 2024

Otro CIS es posible (y necesario)

El CIS debe abandonar su obsesión por hacerse presente en los medios con un bombardeo constante de encuestas sobre temas de rabiosa actualidad que duran tres días en la agenda, o con inútiles estimaciones sobre intención de voto

Por Héctor Cebolla. Piedras de Papel blog- Diario.es.- El CIS ha pasado de ser el respetable instituto de opinión que tanto ha incrementado el patrimonio estadístico español, a convertirse en una casa de apuestas con la ruleta trucada.

En la avalancha de críticas al CIS hay tres tipos de argumentos. La más irrelevante, pero que inexplicablemente más ha enganchado a periodistas y políticos de todos los colores se centra en el “acierta/no acierta” con sus estimaciones electorales. En esta inútil batalla, los groupies contribuyen, sin darse cuenta (o dándose), al mito de una absurda Numancia ‘científico-demoscópica’ que nos canta las verdades del barquero luchando contra viento y marea. Otras críticas se han centrado en el sesgo descaradamente partidista que se deduce tanto de los tiempos de sus estudios como, sobre todo, de sus creativos cuestionarios que dan color a la prensa que informa tanto como entretiene. Por último, hay críticas que giran en torno a cuestiones metodológicas como la quiebra de algunas de sus series históricas, lo que dificulta el análisis de las principales tendencias de la sociedad española: sabemos qué piensa el personal de la comunicación epistolar de Sánchez, pero no si valoramos peor o mejor al propio Sánchez que a sus predecesores, porque el CIS cambió la escala de respuesta a la pregunta que lo permitiría.

Por todo ello, ya hay quien sostiene que el daño perpetrado al CIS en los últimos cinco años es tal que compromete su supervivencia en el medio y largo plazo. Curiosamente, eliminando el CIS convergeríamos con la mayoría de los países de nuestro entorno con los que, obsesivamente, nos comparamos y en los que no existen institutos de opinión públicos dependientes del gobierno. Pero este movimiento no sería una buena estrategia en un país con las debilidades estadísticas que tiene España, ya que es poco probable que el cierre del CIS fuera acompañado de una inversión potente en infraestructuras estadísticas como las que necesitamos, y que el CIS podría liderar. Aunque sea sorprendente, tenemos carencias importantes para llevar a cabo estudios (rigurosos) sobre los verdaderos retos que afronta el país: la fecundidad, el desarrollo infantil, el funcionamiento del sistema educativo, el bienestar adolescente o la incorporación de los inmigrantes. Por supuesto, este déficit no es solo culpa del CIS presente, lo es también de los del pasado y de las demás instituciones que han definido y contribuido al Plan Estadístico Nacional. Sin embargo, nuestras carencias se hacen más evidentes a la luz de los disparates demoscópicos a los que nos hemos acostumbrado.

Ante su desprestigio actual, solo hay dos estrategias que, si se dieran simultáneamente, harían posible que el CIS superara estos años de irrelevancia y desprestigio. Por una parte, el CIS debe abandonar su obsesión por hacerse presente en los medios con un bombardeo constante de encuestas sobre temas de rabiosa actualidad que duran tres días en la agenda, o con inútiles estimaciones sobre intención de voto. Es absurdo que el CIS compita con un sector privado ya muy profesionalizado que alimenta a los medios de estimaciones y barómetros políticos mejor y, sobre todo, más barato. Bastaría con que hiciera estudios sobre actitudes y comportamiento electoral de forma puntual, y con una orientación académica. La segunda estrategia sería centrarse en producir (o ayudar a otras instituciones a producir) las grandes infraestructuras estadísticas que necesitamos para conocer los procesos que más están transformando la sociedad española. Al hacerlo, el CIS volvería a girar en torno a la misión original que le atribuye la ley 39/1995: >, lo que supera con creces el ámbito electoral o el de la actualidad política.

Para conseguirlo, el CIS debería orientar la producción calendarizada de encuestas periódicas hacia una serie fija de temas sustantivos (educación, familia, mercado laboral, cultura, etc.). Podría también mejorar la calidad y contenido de sus estudios retomando buenas prácticas del pasado como los concursos públicos para la participación de expertos en la creación de sus cuestionarios que estuvo vigente 2006 a 2018. Pero, por encima de todo ello, el CIS debería reemplazar el modelo actual de múltiples pequeñas encuestas por grandes operaciones estadísticas como las que existen en los principales países de nuestro entorno.

España carece de un Panel de Hogares al estilo de Understanding Society en el Reino Unido, que es ya una de las principales fuentes para el estudio de sus procesos sociodemográficos y uno de los principales en Europa para estudiar la relación entre estos procesos sociales y los biológicos gracias a que incorpora desde hace varias olas una larga lista de biomarcadores e información epigenética. Gracias a Understanding Society quienes diseñan políticas públicas en el Reino Unido saben que la exclusión digital encarece el coste de la vida, cómo cae la confianza en una misma durante la adolescencia femenina, la eficacia de las vacunas, el tiempo que se dedica a la crianza, la relación entre la exclusión financiera y la salud mental, la incidencia del bullying en las escuelas, la relación entre el coste de la educación infantil y la participación laboral de las madres, cómo es el bienestar en la tercera edad… Y, por si alguien se adelanta, no, los datos en España no permiten saberlo. Tampoco contamos en España con estudios de cohorte de nacimiento que permitan seguir la evolución de los españoles desde su nacimiento y a lo largo de su vida. El mejor ejemplo es el Millenium Cohort Study, también el Reino Unido, una encuesta longitudinal que ha registrado meticulosamente datos de manera periódica sobre más de 19.000 niños nacidos entre 2000 y 2001 en ese país. A día de hoy, este estudio de cohorte contiene una información fundamental sobre la forma en que aquellos niños nacieron y crecieron, y con ella podemos relacionar sus condiciones en la infancia con los adultos en los que se han convertido. Ahora, casi 25 años después, podemos ver cómo forman hogares o, qué dificultades les impiden formarlos, un asunto no menor del que sabemos poco en España.

Poner en marcha operaciones de esta envergadura es una verdadera política de Estado tanto por los recursos que requiere, el compromiso a medio y largo plazo que exige, y la necesaria coordinación de distintas instituciones como el CIS, el INE y todas las instituciones relevantes en el ámbito de la investigación en España. Según pasa el tiempo, España no solo pierde la oportunidad de desarrollar sus propias infraestructuras estadísticas, sino que, además, pierde el tren de ciertos esfuerzos internacionales coordinados que podrían paliar la situación. Dos ejemplos son la ausencia de nuestro país de proyectos como Generations and Gender Program, o el primer estudio de cohorte infantil que se plantea de forma coordinada en Europa (Guide), cuyo estudio piloto previo al lanzamiento definitivo se hace ahora en distintos países europeos. En un país en el que la natalidad, el abandono escolar, la obesidad y la pobreza infantil, y las dificultades para transitar a la vida adulta, son problemas descomunales, no participar en este tipo de iniciativas es del todo incomprensible. Que no se me llame pesimista. Cierto. Podríamos estar peor. Al menos sabemos que el 48,2% de los españoles creen que “la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez”, es “una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño”.