martes, 20 de junio de 2023
¿ Qué pasa con el empleo público?
domingo, 18 de junio de 2023
Lectura imprescindible para candidatos electorales
"La reforma del año 2015 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos cargó las tintas en la tipificación y sanción de esas infracciones"
Por Antonio Arias, fiscalización.es blog.- ¡Hay dos asuntos que se han convertido en clásicos de los Encuentros Técnicos. Uno es la necesaria reforma (arreglo, diríamos) de la responsabilidad contable y el otro afecta al desajuste del gasto electoral. Ambas tuvieron su debate en XV Encuentros de Zaragoza y se trasladaron desde los grupos de trabajo a las conclusiones finales. Hoy, tratamos el tema electoral, apoyados por la noticia, de rabiosa actualidad con la convocatoria de Elecciones a Diputados y Senadores, para el 23J -junto con el cierre y envío de las contabilidades de las campañas políticas a las elecciones locales y autonómicas-, que contienen riesgos muy importantes, sobre todo para las pequeñas formaciones políticas.
Ya dejamos hace años en la bitácora un aviso para navegantes de la política con el sugerente título de El extraño caso de las empanadas de 50.000 euros donde alertábamos de las sanciones excesivas que se producían sin ningún margen de posible moderación para el Tribunal de Cuentas de España. Hoy leemos en El Periódico de España que el Tribunal Constitucional decidirá la próxima semana si entra a estudiar la Cuestión de inconstitucionalidad sobre la altísima desproporción de las sanciones fijadas en la ley de financiación de partidos políticos para los casos de extralimitación leve en gasto electoral. El asunto afecta sobre todo a los políticos aficionados que carecen de apoyo en la rendición de cuentas de las campañas.
La reforma del año 2015 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos cargó las tintas en la tipificación y sanción de esas infracciones. Los artículos 17 y 17 bis, exigen al Tribunal de Cuentas sancionar a las candidaturas que superen los límites de gastos electorales previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que son de 0,11 euros por habitante en cada municipio donde se presenten. Si se exceden de ese límite en más de un tres y en menos de un diez por ciento, será falta grave y la sanción “en ningún caso puede ser inferior a veinticinco mil euros”. Si es superior al 10% será infracción muy grave, con sanción mínima de cincuenta mil euros.
La ponencia del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, adelanta que la cuantía de las indemnizaciones impuestas es excesiva y que, además, se trata de un problema que dista de ser aislado según reconoce el propio Tribunal de Cuentas. Por esta razón deja en suspenso la resolución del caso hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la posible inconstitucionalidad del inciso concreto del artículo 17 de financiación de partidos que fija las sanciones “sin que en ningún caso pueda ser inferior a veinticinco mil euros."
Los hechos enjuiciados se remontan a las elecciones locales de 2019, en las que una pequeña formación cometió dos excesos menores: sus gastos electorales ascendieron 36.156,16 euros, superando en un 6,81 por ciento (2.305,31 euros) el límite máximo; en publicidad se gastaron 7.442,69 euros, lo que supuso un exceso del 9,93 por ciento (672,52 euros) respecto a los límites señalados por la ley de financiación de partidos.
"Una respuesta sancionadora excesiva con respecto al desvalor del hecho ilícito supone, así, una vulneración del principio de legalidad de los delitos y las penas, consagrado por el artículo 25 de la Constitución», insiste el magistrado del Supremo, para agregar que «el principio de proporcionalidad, como es notorio, constituye uno de los pilares de todo el Derecho Administrativo contemporáneo, tanto a nivel nacional como supranacional". Estaremos atentos a su resolución.
Contabilidad electoral
El Grupo de trabajo de los XV Encuentros Técnicos titulado Nuevos enfoques en auditoría: una visión sectorial, que coordinaba Cristina Quirós Castro, Directora de auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón, se discutieron algunos de estos aspectos. En la comunicación de Oscar Segura San Juan, Auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre Aspectos novedosos en la fiscalización de las contabilidades electorales, tanto asistentes como ponentes manifestaron su preocupación por determinada normativa sectorial.
Entre los principales desafíos destaca fiscalización de contabilidades electorales. A través de distintas Instrucciones y de forma coordinada, los OCEX y el Tribunal de Cuentas han ido perfilando y concretando los criterios de interpretación de la Ley Orgánica Electoral y de las leyes electorales autonómicas. No obstante, siguen existiendo diversos aspectos en el cumplimiento de la normativa en los que sería deseable seguir trabajando en aras de lograr una mayor claridad y definición en la apreciación del carácter electoral de los gastos, el tratamiento del contenido de las cuentas electorales o la posible repercusión del incumplimiento de determinados requisitos legales relativos a los proveedores, a la falta de información a la Junta Electoral, etc. Sobre todo vistas las consecuencias sancionadoras que acarrea.
Para el grupo de trabajo, las fiscalizaciones efectuadas en los distintos procesos electorales ponen de manifiesto la necesidad de adaptación a la evolución de las campañas electorales, cuyos gastos principales han variado a lo largo del tiempo, especialmente en el área de publicidad y difusión con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes sociales y el envío y de sobres y papeletas electorales. Esto demandaría también una adaptación de las propias normas reguladoras a las características actuales.
Este escenario exige avanzar, no solo en criterios conjuntos y coordinados relativos a la fiscalización de cumplimiento tradicional, sino en la propia forma de fiscalización de las contabilidades electorales, de forma que a través de auditorías operativas se fomente la eficiencia en el uso de la subvención electoral.
sábado, 17 de junio de 2023
¿Cabría regular los límites de los pactos electorales?
"Quizá lo único que cupiera fuera el compilar un número de ofrecimientos electorales en alguna suerte de registro público y difundir ese elenco cuando tocara volver a votar, para cotejar cuánto se había cumplido y cuánto se había mentido"
Por Leopoldo Tolivar Alas esPúblico blog.- - En estos últimos días han proliferado los acuerdos o sus tentativas, para alcanzar mayorías en consistorios municipales y parlamentos autonómicos, allí donde ninguna fuerza ha obtenido la cada vez más infrecuente mayoría absoluta.
No voy a entrar en el clásico debate de si debe gobernar, por sistema, la lista más votada o si los alcaldes deben ir en papeleta separada a la de los demás ediles. Me refiero a otra cosa.
Ya sé que los programas electorales -menos leídos por los votantes que el Deuteronomio- ni son normas jurídicas ni suponen obligación legal alguna de los partidos con sus votantes que, de entrada, son secretos. Ese tópico de “contrato con la ciudadanía” debería retirarse de discursos mitineros y de la prosa periodística. Pero, con todo, aunque en el caso de los comicios municipales la persona que encabeza la lista tira mucho de por sí, es lo cierto que, algunos compromisos identifican a los partidos que los airean y ofrecen. Y ahí, cuando se vota, se forma una especia de legítima confianza en que, de gobernar fulanito o menganita, esa obra o ese servicio se van a ejecutar. Pero luego resulta que menganita o fulanito gobiernan, pero, como han tenido que pactar con quienes prometían lo contrario, todo queda en agua de borrajas.
Ya sé que, incluso, la ortodoxa confianza legítima ofrece pocas seguridades frente a los poderes públicos. Recuérdese lo que tantas veces ha señalado el Tribunal Constitucional a propósito de su eventual colisión con la indebida “petrificación del ordenamiento”.
El tema es si cabría alguna suerte de amarre legal de las propuestas políticas que impidiera que, a través de pactos, a veces increíbles, entre fuerzas muy heterogéneas, lo votado se quedara en nada. No pocas veces he visto cómo, de un acuerdo de gobierno, han desaparecido las líneas programáticas básicas de todos los coaligados, degenerando la cosa en una gestión improvisada del día a día. En suma, que, cuando se achaca a la democracia representativa que sólo ofrece derechos a los censados el día de la votación, resulta que ni eso, porque lo que se vota como compromiso, se va al cesto de los papeles.
Quien me haya leído hasta aquí, pensará, sensatamente, que nada puede hacerse al respecto. Pero yo, que también lo pienso, no descarto que el tiempo nos dé sorpresas, también en el campo regulatorio. Vayamos al tema de la igualdad de la mujer, por ejemplo. Como es bien sabido, la STC 59/2008, de 14 de mayo, frente a las posiciones clásicas y estáticas y pese a constatar, en una reforma penal, la diferencia de trato entre los géneros, valoró la justificación de la diferencia partiendo de la doctrina de la “acción positiva” o derecho desigual igualatorio (STC 229/1992, de 14 de diciembre), huyendo, eso sí, de la expresión “discriminación positiva”. Y justo, en línea complementaria, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, fue modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, introduciendo, como es sabido, un artículo cuarenta y cuatro bis por el que, en todas las elecciones, las candidaturas han de tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que, en el conjunto de la lista, los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. ¡Quién se lo iba a imaginar cuando se restauró la democracia! Y no es descartable que, como ya hace alguna fuerza política, una próxima reforma implante las listas cremallera. Y a saber qué nos diría el Tribunal Constitucional si se quisiera llevar al terreno electoral otro tipo de consideraciones o cuotas, aunque, de momento, el artículo 14 de la Constitución parece un dique. Pero nada puede asegurarse.
Volviendo a la pregunta que intitula el comentario, parece muy complejo impedir que se dé valor oficial y vinculante a las propuestas de los contendientes electorales, a efectos de no ser -al menos algunas- disponibles en los pactos de gobierno. Tampoco valdría de mucho porque no se renunciaría formalmente a esos proyectos, pero se los dejaría morir, como ocurre con tanto humo de ocurrencias de campaña. Quizá lo único que cupiera fuera el compilar un número de ofrecimientos electorales en alguna suerte de registro público y difundir ese elenco cuando tocara volver a votar, para cotejar cuánto se había cumplido y cuánto se había mentido. Aunque, también es cierto -hoy estoy derrotista- que por afinidad gregaria o por odio ideológico al rival, hay gentes que, pase lo que pase, votarán siempre unas siglas, aunque las porte un maniquí.
miércoles, 14 de junio de 2023
SPOILS system en un régimen de derecho administrativo
"Con la politización habida, es lógico que un nuevo gobierno y de otro partido, aún más, desconfíen de los nombrados por el anterior y se los quiten de encima"
Por Andrés Morey. Tu blog de la Administración pública blog.- En www.vozpopuli.com se nos ofrece el titular de que Sánchez ha purgado el 82% de los cargos nombrados por Rajoy y en el texto, nos dice que de los 762 altos cargos de que disponen ahora los ministerios, sólo el 12% fueron nombrados por el equipo del mencionado Rajoy.
El artículo se refiere sólo a los ministerios pero el número de cargos de nombramiento político o politizados a través de la libre designación en toda España es, por tanto, mucho mayor. Creo que las consecuencias no se han medido por el público y que a mucha gente ni les importa, pues los opios del pueblo han aumentado también seriamente. Yo le doy gran importancia, pues hace tiempo que vengo diciendo que no existe Administración "pública". Hoy la Administración es la granja que alimenta a los partidos políticos en favor de sus miembros y grupos dominantes en su seno y a sus políticas dirigidas a ganar votos a costa de los que trabajan de verdad. Sé que toda generalización puede ser exagerada, pero hoy no creo que lo sea por la repercusión de los que bastardean el sistema legal y constitucional.
Ahora vamos a pasar otra etapa así y la solución y el equilibrio es difícil por la corrupción que ha agusanado el sistema. No hay tiempo para depurar el sistema, no a las personas que es lo más fácil y además algunas es inimaginable que hayan llegado a los puestos que desempeñan. Una lástima. Quedaran palabras, hechos incluso, pero ningún saneamiento o reforma que acabe con la lacra existente.
Así no puede existir una Administración "pública ".
viernes, 9 de junio de 2023
La limitada transparencia de las instituciones constitucionales y autonómicas y sus injustificados privilegios
"Cuando se solicita información pública a las instituciones constitucionales y autonómicas, solo puede solicitarse información en materia de personal, administración y gestión patrimonial"
Por MABLANESCLIMENT. La Ley 19/2013 de transparencia efectúa en el preámbulo la siguiente reflexión:
«Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».
Si ello es así, ¿por qué hay algunas instituciones públicas que sólo se someten a dicho escrutinio de forma parcial? Me estoy refiriendo a las instituciones que, por su mayor importancia, están expresamente recogidas en la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía.
Resulta que, paradójicamente, en lugar de estar sometidas a un mayor grado de transparencia para dar ejemplo como instituciones nucleares que son de nuestra democracia, los artículos 2.1.f) y 23.2 de la Ley 19/2013, de transparencia, les concede 2 privilegios que, en mi opinión, están absolutamente injustificados.
a) Primer privilegio: aplicación parcial de la Ley 19/2013, de transparencia (artículo 2.1.f).
La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, solo tienen que cumplir la Ley de Transparencia, y esto es lo importante y limitativo, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
b) Segundo privilegio: no cabe presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 23.2 Ley 19/2013).
La persona que solicita información pública a cualquiera de las referidas instituciones no puede presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sino que solo puede interponer un recurso contencioso-administrativo, lo que muy pocos ciudadanos pueden hacer teniendo en cuenta el elevado coste económico que ello supone y los años que pasan hasta lograr una sentencia.
¿Cuáles son las razones de interés público que justifican la existencia de estos privilegios? Sinceramente, no lo se, y me gustaría saberlo, la verdad.
Recientemente, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 21/4/2023 (pinchar aquí), ha lanzado un aviso a navegantes, imponiendo 4.000 euros en costas a una persona que se había atrevido a solicitar información al Congreso de los Diputados sobre la elección del Defensor del Pueblo, de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional y de los seis Consejeros del Tribunal de Cuentas (documentación relativa al voto telemático, los manuales, los códigos, los dictámenes e informes técnicos, y las certificaciones que hubiera al respecto).
El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo con el siguiente razonamiento:
«(…) Esta expresión de actividades del Congreso de los Diputados «sujetas al Derecho Administrativo», resulta sobradamente conocida por esta jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que nuestra Ley Jurisdiccional, en el artículo 1.1, contiene la misma referencia «sujeta al Derecho Administrativo», en concordancia, por lo que hace al caso, con lo dispuesto en el artículo 3.a) de la misma Ley que atribuye a la jurisdicción del conocimiento de los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, en materia de personal, administración y gestión patrimonial (…)
la información solicitada es de naturaleza parlamentaria, desde luego no se trata del ejercicio de actuaciones o actividades materialmente administrativas, ni mucho menos son actos de personal, administración o gestión patrimonial. La información sobre el ejercicio del derecho de voto y el procedimiento de votación seguido en el seno del Congreso de los Diputados, no constituye una actividad sujeta al Derecho Administrativo (…)
De modo que la actividad sobre la que solicitó información no era una materia sobre personal, administración y gestión patrimonial, pero tampoco, conviene insistir, se refería a una actividad materialmente administrativa, pues el ejercicio del derecho de voto por los diputados, la formalización y realización del voto en cualquiera de sus fórmulas, y el procedimiento seguido, evidencia que nos encontramos ante actuaciones netamente parlamentarias que no pueden ser consideradas actividades materialmente administrativas (…)».
En mi opinión, la limitada aplicación de la Ley de Transparencia solo a las actividades sujetas a Derecho Administrativo no está justificada por las siguientes razones:
a) La información derivada de actuaciones políticas, parlamentarias o institucionales de otra índole, es información pública porque cumple con todos los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de transparencia, por lo que cualquier persona tiene el derecho a acceder a la misma, salvo que concurra algún límite o causa de inadmisión (artículos 14 y 18 de la Ley 19/2013):
«Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».
b) La actuación sujeta a Derecho Administrativo, circunscrita o limitada a las concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial, debe entenderse a efectos jurisdiccionales, es decir, para asignar la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que no existe ningún obstáculo jurídico que impida entender que, junto a dichas concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial, también debe considerarse incluida la materia relativa al acceso a la información pública obrante en las instituciones constitucionales y estatutarias.
De hecho, el propio Tribunal Supremo, en la Sentencia que comentamos, destaca que la inclusión de dichas concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial bajo la expresión «actividades sujetas a Derecho Administrativo», estuvo justificada para evitar un problema práctico. Lo explica en estos términos:
«Tradicionalmente hemos venido entendiendo, en relación con esa expresión, que la sujeción al Derecho Administrativo se concreta en la realización de funciones materialmente administrativas, a las que se refiere el artículo 106.1 de la CE, cuando alude a la actuación administrativa, cuyo control corresponde a los Tribunales.
Teniendo en cuenta que la sujeción al enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de actos y disposiciones emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la Administración, procede cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa, según señala la exposición de motivos de la LJCA. Añadiendo también que sin intención de inmiscuirse en ningún debate dogmático, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema práctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones públicas».
En mi opinión, mantener la interpretación sostenida por el Tribunal Supremo significa perpetuar una injustificada inmunidad de estas instituciones constitucionales y estatutarias al impedir, de facto, el acceso a la información pública que poseen y que no se refiere a las concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial.
La solución al problema planteado pasa por considerar que la enumeración de materias incluidas bajo la expresión «actividades sujetas a Derecho Administrativo» no es cerrada o taxativa, sino ejemplificativa, de manera que también habría que considerar incluidas las actividades relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública.
No tienen ningún sentido que los ciudadanos no podamos acceder a toda la información pública que poseen las instituciones más importantes de nuestro sistema democrático, con independencia de si dicha información tiene una naturaleza política, parlamentaria, institucional o de otro tipo. En todo caso, es información pública.
No puede entenderse que, cuando se solicita información pública a las instituciones constitucionales y autonómicas, solo puede solicitarse información en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Se trata de una interpretación muy restrictiva del concepto de información pública que lo desnaturaliza y vacía de contenido.
Finalmente, y por si ello no fuera suficiente, se privilegia injustificadamente a estas instituciones con la imposibilidad de presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dificultando al máximo el control y la fiscalización de las mismas por parte de la ciudadanía. Y ello, a pesar de que, por su importancia, estas instituciones deberían ser las primeras en dar ejemplo de una máxima transparencia y rendición de cuentas.
Por último, conviene traer a colación al maestro Eduardo García de Enterría, quien, en una conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el día 2 de marzo de 1962, bajo el título «La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo», dijo lo siguiente (pinchar aquí, páginas 186 y 205):
«Proclamar la inmunidad jurisdiccional (…) en estas materias (…) implica ni más ni menos que consagrar que la Administración puede obrar en las mismas sin límite legal ninguno, incluso atropellando los derechos más elementales y más obvios de los ciudadanos, puesto que no existe medio técnico ninguno, ni de imponerle esos límites legales, ni de exigirle el respeto a esos derechos hipotéticamente atropellados (…)
Al concluir este análisis hemos de expresar nuestra esperanza en que la lucha por el Derecho, esa gran empresa de todos los juristas, a la que, desde que salgáis de estas aulas, alumnos organizadores de este acto, vais a ser personalmente convocados, concluya pronto por lograr esa ambiciosa, alta, pero necesaria cota de todo Estado de Derecho que es la de instrumentarse como un Estado de justicia, pero entendiendo esta palabra no en cualquier sentido impreciso o retórico, sino precisamente como justicia judicial plenaria (…)».
miércoles, 7 de junio de 2023
Leyes de Función Pública: ¿fin de un modelo?
"Apenas hay unos pocos casos de aplicación exigente de la evaluación del desempeño con impactos retributivos y en la carrera profesional, como tampoco hay directivos profesionales que ese modelo apliquen"
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog,.- Esta entrada perseguía inicialmente plantear una pregunta más que una respuesta. Aunque debo añadir de inmediato que, tras lo que se expondrá, se puede concluir que las actuales leyes de función pública, o (con esa expresión mestiza o bastarda) de empleo público, se muestran cada vez más como instrumentos normativos obsoletos e inadaptados para promover la inevitable transformación que deberá llevarse a cabo en nuestras organizaciones públicas, sobre todo si quieren atender mínimamente los enormes desafíos a los que se enfrenta el sector público a partir de esta tercera década del siglo XXI.
Aunque con precedentes históricos que ahora no interesa traer a colación, lo que se conoce como leyes de función pública son hijas de las reformas administrativas de mediados del siglo XX. Y en ese momento siguen ancladas (aunque se hayan aprobado en desarrollo de un EBEP que, como consecuencia del contexto, ha envejecido a marchas forzadas), con algunos aditamentos que se le han ido añadiendo, muchos de ellos decorativos o sin efectividad prácticamente alguna, como los cantos de sirena a la evaluación del desempeño, la carrera profesional (siempre citada y siempre preterida, aplazada o peor aplicada), la dirección pública profesional (un juego de máscaras carnavalescas de la vieja política, que es la de siempre y la de ahora) o las llamadas cínicas a la ética e integridad en el empleo público, que prácticamente nadie cree y menos aún se aplican o practican. Todavía hoy, casi cuarenta años después de la reforma de 1984, tampoco hemos resuelto cómo casar las agrupaciones funcionariales decimonónicas de los cuerpos (propias de un sistema de carrera cerrado) con la invención ya periclitada (dada la mutación profunda y acelerada de sus tareas) de los puestos de trabajo (elemento innato de un sistema de empleo abierto). Y, al final, nos ha salido un híbrido que nadie sabe bien cómo resolver cabalmente.
También con el paso de los años, descubriendo siempre el Mediterráneo, esas leyes han incorporado llamadas (nunca escuchadas por una política que solo juega al corto plazo o al regate corto) a la planificación estratégica de recursos humanos (el instrumentos menos utilizado en nuestro sector público, al menos en su verdadero sentido, abandono de consecuencias funestas más en estos años de jubilaciones masivas en el sector público); a la apuesta por ofertar públicamente las vacantes necesarias para que la Administración funcione (que, en no pocos casos, se cubren con el truco del almendruco varios años después de identificadas, mediante el simulacro “selectivo” de estabilización de interinos); o, en fin, a esas relaciones de puestos de trabajo que se han convertido en instrumentos estáticos rígidos en términos de gestión y de blindaje de los derechos de los empleados, cuya inadecuación a las necesidades estratégicas futuras de la Administración son, más que evidentes, sangrantes.
Y, en fin, como son leyes pensadas exclusivamente en clave endógena, para resolver los problemas internos de personal de las organizaciones públicas, que son los únicos que preocupan a las visiones corporativo-burocráticas y corporativo-sindicales, así como a un empleador (político) de una debilidad supina, hay casos incluso en que la referencia legal a la ciudadanía (que es la destinataria última de esos servicios públicos), más allá de la retórica vacua de los preámbulos, es tangencial e incluso casi inexistente. Ese carácter endógeno o esa introspección vergonzante de la regulación de una institución que por esencia debe estar al servicio de la democracia y de los ciudadanos, se muestra cada vez más en que tales leyes están alejadísimas de las necesidades de la sociedad en la cual se insertan (creando, además, un empleo dual público/privado con diferencias abismales e insostenibles). Y ello se advierte en muchísimos datos, traigamos a colación algunos:
El primero es la penetración, incluso colonización, de la lógica laboral en la institución de la función pública (ahora rebautizada como empleo público), cuyo régimen estatutario ha quedado literalmente hecho trizas. Lo que queda de él, corre riesgo de desaparición.
Pero esa impronta laboral, en segundo lugar, que debiera conducir a una legislación formal menos intensa en su contenido al diferir su concreción a los instrumentos normativos de negociación colectiva (acuerdos y convenios), paradójicamente ha producido el efecto contrario. Las leyes de función pública (o de empleo público) son, hoy en día, el lugar normativo por excelencia para blindar las conquistas sindicales o corporativas, porque lo que está en la ley no se quita (o se quita con muchas más dificultades). No se congela el rango, sino más bien se hiberna glacialmente su contenido. Así nos encontramos con textos normativos que, amén de establecer una retahíla de órganos y procedimientos intrascendentes y formales, son un listado eterno de derechos, permisos, licencias y garantías a los empleados públicos y funcionarios. Los deberes y responsabilidades brillan (casi) por su ausencia. El presupuesto público, auténtico “restaurante nacional” como lo describiera Galdós, todo lo avala.
Por consiguiente, en tercer lugar, las leyes de función pública o de empleo público ya apenas contienen principios estructurales de esa institución, ni su imprescindible filosofía de valor público impregna la norma, pues lo que realmente importa es que regulen hasta la extenuación órganos, técnicas, procedimientos y garantías formales que actúen de pantalla frente a las impugnaciones judiciales y, en especial, salvaguarden los derechos y prerrogativas de unos funcionarios públicos (empleados públicos también) inamovibles de por vida, dado que el fin fundamental de tales textos normativos (explícito u oculto) no es otro que regular ventajas “estatutarias” aplicables a esos colectivos. Lo que pase extramuros, no interesa. Son ecos de “la sociedad”, inaudibles en una Administración cerrada a cal y canto en plena era de la ficticia transparencia y del no menos falso Gobierno abierto.
El cuarto dato es, sin duda, que las herramientas que harían posible racionalizar la gestión de la diferencia en las organizaciones públicas están inactivas o funcionando en modo avión. Apenas hay unos pocos casos de aplicación exigente de la evaluación del desempeño con impactos retributivos y en la carrera profesional, como tampoco hay directivos profesionales que ese modelo apliquen. Los responsables políticos y directivos (que actúan en un modelo de colonización intensiva de la alta administración, en el que ahora se comprobarán sus letales efectos con los innumerables cambios de gobiernos) están “de paso” y (piensan en su fuero interno y lo practican cotidianamente) cuantos menos líos mejor, que los asuntos de personal los carga el diablo. Mejor regalar lo que pidan y tener la tropa tranquila, aunque sea en estado de placidez o en zona de confort, aunque los servicios públicos funcionen peor. La disciplina en el sector público es algo innombrable.
Y el quinto y determinante dato es que esas leyes de función pública o de empleo público se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en instrumentos normativos elefantiásicos alcanzando unas proporciones inmensas, porque allí debe estar todo (o eso creen algunos). En realidad, sorprende, por ejemplo, que la Ley de empleo público vasco de 2022 tenga casi 200 artículos (198), la muy reciente ley andaluza 181, la non nata Ley de la Función Pública de la Administración del Estado 145. A ese número ingente de artículos cabe añadir un número importante de disposiciones adicionales, finales y transitorias, lo que superaría con creces los más de 200 enunciados normativos. Pero el número de preceptos no dice nada, más lo hace las páginas que tales textos tienen (la ley vasca tiene 172 páginas de BOE, con letra pequeña; la Ley andaluza ocupa asimismo 172 páginas del BOPA, aún no se ha publicado en el BOJA). Me dirán que eso es un mal de los tiempos y me alegarán, sin duda, el mal ejemplo de otras leyes (por ejemplo, contratos del sector público); pero estamos hablando de un derecho estatutario que se determina(ba) por leyes y reglamentos (¿cuál será la extensión de estos si su norma habilitadora es literalmente diarreica?), sin perjuicio de los márgenes amplísimos que hoy en día se han dejado a los acuerdos y convenios. El “Derecho del Empleo Público” se ha convertido en un burdo listín de procedimientos y requisitos, que solo tienen valor formal; no sirve prácticamente para nada efectivo. La gestión de recursos humanos, dado que es mera aplicación de la norma (sin gestión de la diferencia), se puede automatizar prácticamente toda y se acabaron de un plumazo tantas direcciones, servicios y negociados. Y, además, hacer leyes con esa regulación hiperbólica solo puede tener un doble sentido: blindar derechos y prerrogativas, a espalda de la ciudadanía (que, por cierto, nada se entera de lo que pasa en “el cuarto oscuro” de la Administración; esto es, puertas adentro); y convertirlas derechamente en instrumentos inútiles por su rigidez para una gestión transformadora e innovadora en el ámbito de lo público; que, dicho sea de paso, a nadie importa, y menos aún a nuestra avejentada y ensimismada política.
Mientras tanto, con un subsistema de función pública o de empleo público anclado en tiempos pretéritos y con una vocación endogámica insultante, la vida sigue. Quien piense que con esos mimbres la Administración Pública será un actor de transformación del sistema económico y social, o es un cínico mentiroso o un osado estúpido que nada entiende de lo que realmente está ocurriendo desde hace años en nuestro sistema político-institucional y, más concretamente, en el subsistema de empleo público. Hace mucho tiempo, en efecto, que se han encendido innumerables luces de alarma que nadie «desde el interior» quiere ver sobre el mal o pésimo funcionamiento de algunos servicios públicos, mientras tanto estamos en un país inmerso en batallas políticas existenciales (“el gran barullo”, que diría Galdós) que apenas nos dejan percibir, salvo cuando lo padecemos, lo que es más terrenal e importante: la institución de la función pública fue creada para servir a la ciudadanía, y solo garantizando su efectividad, profesionalidad e imparcialidad plenas podrá alcanzar ese digno papel que constitucionalmente tiene asignado en la prestación de servicios de auténtica calidad. Y nada o muy poco de ello se salvaguarda en estos momentos. Lo demás es cuento chino, o español. Que, a estos efectos, da lo mismo.
martes, 6 de junio de 2023
Un vis a vis con la Administración pública, ¿objetivo imposible?
La atención presencial directa en las oficinas administrativas está implícita en la esencia de lo que es la función pública
Revista de prensa. Por Valentín Pich*. Cinco Días.- A día de hoy, podemos afirmar, no sin prudencia, que hemos logrado superar la pandemia. Poco a poco se ha ido recuperando la normalidad, que en su día se vio truncada por las estrictas y necesarias medidas sanitarias que nos abocaron a formas virtuales de relación profesional y personal a las que no estábamos acostumbrados. Es cierto que, si tuviéramos que sacar alguna conclusión positiva de todo esto, una de ellas sería precisamente la aceleración en el desarrollo de nuestra digitalización de cara a la tramitación electrónica en muchas de nuestras gestiones diarias. En este sentido, hay que poner en valor el esfuerzo realizado por nuestras Administraciones públicas –contemplado en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025– para ofrecer servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles que propicien una relación ciudadano-Administración eficiente y no discriminatoria.
Sin embargo, si los cambios disruptivos son, en algunos casos, sustitutivos de procedimientos que han quedado obsoletos, en otros resulta conveniente que no desbanquen del todo a los primigenios, sino que sean complementarios de estos. En cuanto a las gestiones con las Administraciones públicas, el mayor uso de medios electrónicos por parte de estas ha traído consigo la reducción de la prestación de sus servicios de forma presencial a un amplio rango de la ciudadanía. Desde la Administración siempre se había tenido presente que ambos tipos de gestión, telemática y presencial, habían de sumarse; sin embargo, a pesar del esfuerzo que se está realizando para conseguir normalizar el servicio de asistencia más tradicional, resulta necesario agilizar este proceso con objeto de ofrecer una atención más ajustada a cada colectivo que permita identificar las necesidades de los más vulnerables, que, por su edad o situación personal o económica, no disponen o desconocen el uso de los medios digitales para presentar, por ejemplo, la solicitud de una prestación o cualquier escrito de alegación. De hecho, según datos del INE, el 61% de los españoles que intentó hacer alguna gestión online con la Administración pública durante el pasado año tuvo alguna dificultad durante el trámite. Una vez que han ido desapareciendo a todos los niveles las restricciones que impuso la pandemia, están aflorando importantes problemas, tanto para profesionales como particulares, a la hora de demandar atención presencial en las oficinas de las diferentes Administraciones públicas –locales, autonómicas y centrales–. No es solo que en la mayor parte de ellas no se atienda a nadie sin cita previa, es que la obtención de dicha cita se convierte a veces en una misión imposible, generándose un cuello de botella y, muy probablemente, una duplicación de trámites al haberse cursado estos de manera errónea por carecer de un necesario asesoramiento presencial; todo ello con la consecuente pérdida de eficiencia económica, a lo que habría que sumar la merma de reputación por la potencial creación de un mercado negro de citas, algo que no queremos acabar de creernos, pero sobre lo que ya ha advertido incluso el Consejo Económico y Social.
A modo de ejemplo, la espera para obtener una cita presencial con la Tesorería de la Seguridad Social no baja de los 15 días, cita esta que además ha de pedirse electrónicamente –con lo que volvemos a toparnos con un hándicap para aquellos solicitantes con menor experiencia digital o escasos recursos de conectividad– o bien de manera telefónica, en muchos casos sin respuesta.
Con respecto a la demanda de la ciudadanía de mayores oportunidades de atención en el servicio que presta la Administración, tenemos un ejemplo claro en el éxito que está teniendo en esta campaña de renta el plan Le llamamos, gracias al cual el contribuyente tiene un trato directo y personalizado con empleados de la Agencia Tributaria, algo que está funcionando y que da una idea de que, de alguna manera, la tramitación digital –aunque positiva y que permite aligerar la atención presencial– tiene carencias.
Es evidente que el sistema de cita previa constituye un elemento de mayor eficiencia en la relación con la Administración, reduciendo los tiempos de espera y agilizando los procesos de gestión. Sin embargo, no debemos olvidar que esta vía se impuso como obligatoria, con razón, motivada por la pandemia, y que esta obligatoriedad pudiera no poder extenderse una vez superada la circunstancia excepcional que la ocasionó; algo que está recogido en nuestro Código Civil, en el que se contempla que “la normativa de ámbito temporal no se aplicará a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”.
La pretensión de tener una atención presencial directa en nuestras oficinas administrativas, sean generales, autonómicas o locales, está implícita en la propia esencia de lo que es la Administración pública como instrumento al servicio de los ciudadanos. Que además esta sea ágil no es un fácil, y dependerá de adecuar dotación y presencialidad del personal a la demanda creciente de servicios, sobre lo que, afortunadamente, parece que ya se está trabajando. Esperemos que la extensión de la digitalización no frene la normalización de la asistencia presencial, y que todo ello sirva para desterrar de una vez de nuestra gestión administrativa el famoso “vuelva usted mañana”, ahora en digital.
*Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España