sábado, 19 de marzo de 2022

La ausencia de Administraciones Metropolitanas en España

"Las áreas metropolitanas van a ser los motores de crecimiento e innovación de los países y su misión va a ser tanto competir a nivel global como irradiar su dinamismo y competitividad a todo el territorio nacional"

Por Carles Ramió. esPúblico.es blog.- En el mundo globalizado es una evidencia que los actores emergentes que competirán globalmente a nivel económico, por el conocimiento e innovación y por el bienestar son las áreas metropolitanas. Hay cierta unanimidad entre los especialistas que los Estados-nación y las regiones van a perder protagonismo a favor de asociaciones estatales de carácter regional (tipo la Unión Europea) y de las grandes áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas van a ser los motores de crecimiento e innovación de los países y su misión va a ser tanto competir a nivel global como irradiar su dinamismo y competitividad a todo el territorio nacional.

Un país, por tanto, debe tener una gran área metropolitana para competir a nivel global. Los denominados modelos unicéntricos (París, Londres, etc.). En cambio, otros países operan con modelos policéntricos (Alemania, Italia, etc.). También un país necesita áreas metropolitanas intermedias bien distribuidas por el territorio. Finalmente, se requieren pequeñas áreas metropolitanas que conecten las grandes e intermedias con la mayor parte del territorio nacional.

53 áreas metropolitanas

En España poseemos dos grandes áreas metropolitanas que ejercen de tractores globales del país: Madrid y Barcelona. Por población son por poco la tercera y cuarta área metropolitana de mayores dimensiones de Europa (por detrás de Londres y París). Por tanto, España responde a un modelo policéntrico. Luego existen un buen número de áreas metropolitanas intermedias: Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Oviedo-Gijón, Zaragoza, Alicante-Elche, Murcia, Bahía de Cádiz-Jerez, Vigo-Pontevedra, Palma de Mallorca, Las Palmas y Granada. No está mal poseer 13 áreas metropolitanas con más de medio millón de habitantes. Y le siguen cinco más que podrían incluirse en este grupo y que poseen alrededor de cuatrocientos mil habitantes o algo más: Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, La Coruña, San Sebastián, Valladolid y Reus-Tarragona. Estas 18 áreas metropolitanas las podríamos considerar como intermedias. El resto serían pequeñas áreas metropolitanas que oscilan entre unos trescientos cincuenta mil y ciento cincuenta mil: hay 23 desde, por tamaño, Pamplona hasta Badajoz. Todas estas 53 áreas metropolitanas cubren la mayor parte del territorio español de manera relativamente equilibrada salvo el caso de Castilla-La Mancha que representa un extenso territorio subrepresentado (solo Albacete) y Extremadura (solo Badajoz).

Por tanto, la buena noticia es que España es un país bien equilibrado a nivel de áreas metropolitanas que poseen la función desde competir a nivel global y también para irradiar las externalidades positivas de este potencial dinamismo hasta el último rincón del país (la famosa España Vacía).

La mala noticia es que muy pocas de estas áreas metropolitanas poseen instituciones metropolitanas: Barcelona, Valencia (2), Vigo, Bahía de Cádiz-Jerez y los proyectos en desarrollo, pero todavía non natos de La Coruña y de Oviedo-Gijón. Esta ausencia de entidades metropolitanas es un enorme desatino ya que no hay manera de impulsar políticas públicas serias en materia de transportes (aunque es el ámbito más desarrollado), de vivienda, de medioambiente, etc. En este país tenemos un exceso de núcleos homogéneos en población y territorio que carecen de una visión transversal y holística y se intentan resolver los problemas comunes de manera fragmentada y localista.

Pero la peor noticia es que las escasas administraciones metropolitanas que tenemos no responden a la lógica de gestión metropolitana tal y como se entiende en las áreas metropolitanas más dinámicas del mundo. Nuestras administraciones metropolitanas de limitan a gestionar algunas escasas competencias de manera común pero no alcanzan el nivel de integración necesario para poder ejercer de motores globales (Madrid y Barcelona) y motores intermedios (el resto) a nivel económico, social y de competencia por el conocimiento e innovación. Algunas incluso no alcanzan ni a cubrir lo que es su área metropolitana real (caso de Barcelona). En España domina una lógica parroquial que impide el desarrollo de auténticas políticas metropolitanas.

Solo hay un caso que se salva y, además, por pura casualidad. Madrid sin saberlo posee su institución metropolitana (la Comunidad de Madrid) que más que una identidad y una lógica autonomista debería asumir una identidad y una dinámica propia de una institución metropolitana. En este sentido, la competencia entre Madrid y Barcelona sale beneficiada por casualidad Madrid y damnificada Barcelona por una falta de visión unitaria e integrada tanto a nivel local como global.

Considero que se trata de un tema crucial que deberíamos reflexionar como país tanto a nivel global como local. El Estado debería alentar la creación de áreas metropolitanas reales que operen con una lógica integral. Los estímulos podrían ser variados: financiación extraordinaria por proyectos y políticas, reconocimiento de las áreas metropolitanas como un nuevo nivel de Administración exento de las perversas rigideces asociadas a la tutela Estatal y autonómica sobre la Administración local. La vía de las Cartas Municipales que otorgan a una entidad local competencias extraordinarias (caso de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona) debería extenderse a estas nuevas áreas metropolitanas en el caso de que sean serias y ambiciosas.

viernes, 18 de marzo de 2022

Ideas para la reforma del sistema de acceso a la función pública

Nos preocupa que en la reforma que prepara el Gobierno no se tenga en cuenta la estrecha vinculación entre el nivel de los servicios públicos y la calidad de la función pública

Por María Jesús Esteban, Federico Pastor y María Jesús Sáez. El Confidencial.  El Gobierno prepara desde hace meses una reforma en profundidad del sistema de acceso a los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado. Se trata de la práctica totalidad de los funcionarios del grupo A1: inspectores de Hacienda, de Trabajo, técnicos comerciales y economistas del Estado, interventores y auditores del Estado y Seguridad Social, ingenieros del Estado, abogados del Estado... El objetivo, según explicó Miquel Iceta en su etapa como ministro de Política Territorial y Función Pública, es potenciar la valoración de las aptitudes y reducir el peso de la memorización.

Desde aquellas explicaciones, pocas noticias más hemos tenido sobre las intenciones del Gobierno. Es un sigilo que no acabamos de compartir, puesto que se trata de una cuestión esencial, y no solo para los que ya formamos parte de esos cuerpos o para los que aspiran a hacerlo, sino para el conjunto de la sociedad española.

Los funcionarios públicos estamos acostumbrados a no disfrutar de la simpatía del ciudadano medio. En el caso de los que pertenecemos, tras mucho esfuerzo, a los cuerpos superiores, esa carga es aún mayor. Somos, según algunos discursos, parte de un estamento social socialmente elitista y prácticamente estanco.

Tan arraigadas están esas visiones peyorativas de la función pública que resulta casi revolucionario explicar lo obvio: los funcionarios públicos estamos al servicio de la sociedad. Trabajamos para los ciudadanos. Y la labor de nuestros cuerpos es muy importante: un inspector de Hacienda combate el fraude; el de Trabajo impide abusos y vela por el cumplimiento de la legislación; un técnico comercial y economista del Estado ayuda a las empresas a ampliar mercados y diseña políticas y reformas para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo; un diplomático defiende los intereses de España —y de los españoles— en el exterior; un abogado del Estado garantiza la seguridad jurídica y defiende los derechos de la Administración Pública, que representa al conjunto de la sociedad; los cuerpos técnicos, de letrados e interventores de la Seguridad Social gestionan y controlan el futuro de nuestras pensiones; un interventor vela para que la Administración se ajuste al ordenamiento jurídico y a los principios de la buena gestión financiera… Imaginen un país en el que nada de esto funcionara. Tendrían una descripción certera de lo que es un Estado fallido.

En definitiva, los funcionarios A1 somos los garantes de que la Administración Pública funcione, en sus aspectos más complejos, con los estándares de un país moderno, jurídicamente seguro y confiable. Por eso, los procesos de selección de estos cuerpos son tan importantes; por eso, nos preocupa que en la reforma que prepara el Gobierno no se tenga en cuenta la estrecha vinculación entre el nivel de los servicios públicos y la calidad de la función pública.

Existe un punto de partida que todos, con mayor o menor intensidad, compartimos: la necesidad de adaptar el sistema de oposición a una sociedad, a una administración, que está cambiando rápidamente. Son varios los fenómenos que apuntan a esa necesidad de mejoras, pero probablemente la digitalización de la sociedad, los cambios profundos que se están produciendo en la economía y la geopolítica y la garantía de acceso a la función pública con igualdad de oportunidades sean los más relevantes.

Para esta adaptación, el Gobierno parece confiar en un modelo mixto de oposición, que combine los conocimientos, adquiridos mediante la memorización, con pruebas que evalúen las aptitudes. Esa evaluación de las aptitudes supone abrir una puerta peligrosa, la de la subjetividad.

Respecto al actual sistema, que no se basa solo en la memorización, sino que también exige otras capacidades, tiene aspectos mejorables, que nadie niega. Pero no olvidemos que garantiza la imparcialidad y la especialización, y premia el mérito y el esfuerzo.

Pero si nos fijamos solo en la necesidad de modernizar el sistema de acceso a los altos cuerpos de la Administración, no estamos analizando la situación en su totalidad.

Como Estado, tenemos un problema de personal, y en los puestos más sensibles y especializados. Utilizando datos del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, la plantilla de la Administración tiene una media de edad de 52 años frente a los 42,5 años del sector privado. Más datos preocupantes: en menos de diez años se jubilará el 56% de la plantilla de empleados públicos, donde solo el 12% tiene menos de 40 años. Esta situación es especialmente crítica en departamentos de la Administración como la Seguridad Social, donde la media de edad es de 55 años y se jubilará a corto plazo el 10% de los efectivos.

Este problema no nace de la nada. Venimos de una década, 2010-2020, donde la situación macroeconómica, sobre todo en el primer lustro, llevó a los sucesivos gobiernos a reducir drásticamente la oferta de plazas en los cuerpos A1 de la Administración: en esos años se redujo el número de empleados públicos un 22%. Entendiendo los condicionantes económicos, desde muchos ámbitos se advirtió —advertimos— del problema que iba a surgir. Ha ido creciendo y creciendo, y ahora el Gobierno tiene prisa por resolverlo.

Estamos a tiempo, pero el remedio puede resultar mucho peor que la enfermedad: la pérdida de calidad en puestos clave de la Administración General del Estado (AGE) y, en consecuencia, un peor servicio público. Eso sucederá si, como se intuye, en las oposiciones se rebaja el nivel, se da más peso a la subjetividad y se introducen baremos poco rigurosos, como el fomento de la diversidad social y territorial. Es un objetivo loable, pero primar a opositores de la España vaciada, por poner un ejemplo, atentaría contra los principios superiores de igualdad, mérito y capacidad. Se debe fomentar la diversidad social y territorial con medidas que no menoscaben el grado de exigencia y búsqueda de la excelencia, como permisos remunerados para el estudio de las oposiciones, becas, y créditos blandos. Hablamos de una decisión vital que supone dedicación plena durante años. Necesitamos a los mejores, y los mejores pueden quedarse por el camino sin este tipo de medidas.

Es precisa una adaptación del sistema, sí, pero con más prudencia. Necesitamos, como país, que la AGE sea más atractiva, que capte talento y sea capaz de retenerlo. Para eso, necesitamos ‘vender’ nuestra labor, en las universidades: los nuestros no son solo puestos de prestigio, sino también un servicio a nuestro país, a nuestra democracia. Y necesitamos también reducir el riesgo de opositar, generando certidumbre sobre los puestos a cubrir en el medio plazo y favoreciendo el reconocimiento de los años de preparación, con el posible otorgamiento de algún tipo de certificación oficial que acredite haber superado pruebas durante la oposición. Así, la ausencia de éxito final no se traducirá en un espacio en blanco en el currículo.

Pero lo que no necesitamos son precipitaciones, tablas rasas que no tengan en cuenta las peculiaridades de los diferentes cuerpos, errores que paguemos durante años. Lo sucedido hace una década nos pasa la cuenta en la actualidad; si reducimos la calidad de nuestra administración pública, es decir, el nivel de especialización e independencia de sus funcionarios, los efectos permanecerán durante décadas. Y lo pagaremos entre todos.

*María Jesús Esteban, técnica superior de la Administración de la Seguridad Social; Federico Pastor, abogado del Estado, y María Jesús Sáez, interventora y auditora de la Administración de la Seguridad Social, miembros del Grupo de Trabajo de Fedeca sobre el Acceso a la Función Pública.

miércoles, 16 de marzo de 2022

Última jurisprudencia que impone luz y rigor a la promoción interna

"Las plazas sometidas a promoción interna deben formar parte de la Oferta de Empleo público, como presupuesto de validez de la convocatoria"

 Por JR. Chaves. delaJustica.com.- En tiempos en que el ruido burocrático procede de las estabilizaciones y consolidaciones, o de la incertidumbre de las plazas y condiciones que se ofertarán en acceso libre, se dictan dos importantísimos pronunciamientos judiciales del máximo nivel que afectan a la promoción interna, tal y como la habíamos conocido.

I.- En efecto, por un lado, tradicionalmente las plazas de promoción interna no se incluían en la Oferta de empleo público, pues, al fin y al cabo, ningún sentido tenía anunciar a terceros algo que no les afecta. Sin embargo, la reciente STS de 3 de marzo de 2022 (rec.7731/2019) establece doctrina casacional sobre la interpretación del art.79.1 EBEP y precisa que el contenido de la oferta de empleo público debe extenderse a las plazas de promoción interna.

"Esta conclusión viene a coincidir con una interpretación amplia del concepto de oferta de empleo público, como comprensiva de todas las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente que vayan a ofertarse a la incorporación de nuevo personal, que entendemos conveniente para llegar a precisar el alcance del transcrito inciso inicial del artículo 70.1 del EBEP y que, ante todo, consideramos adecuada a los principios esenciales de buena regulación que consagra el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, particularmente el de transparencia. Este principio contribuye a garantizar la clara delimitación y concreción de los objetivos de la oferta de empleo y, además, posibilita que los potenciales destinatarios de la oferta tengan un conocimiento más exacto de las plazas que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.

Aunque la promoción interna es una modalidad de carrera profesional y no un sistema para el acceso (nuevo ingreso) al empleo público y, por ello, pudiera efectuarse una primera y negativa aproximación a la respuesta que demos a la cuestión de interés casacional planteada, afirmando que el artículo 70.1 del EBEP no se estaría refiriendo directamente a la promoción interna cuando habla de necesidades de recursos humanos que deban proveerse mediante la «incorporación de personal de nuevo ingreso», la conclusión ha de ser otra de signo contrario.

En consecuencia, fija la siguiente doctrina, urbi et orbe : "respondemos a la cuestión de interés casacional objetivo afirmando que la expresión que el artículo 70.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP- debe ser interpretada en el sentido de que la previsión de inclusión de plazas en la oferta de empleo público alcanza a las plazas que deban ser ofertadas a procesos selectivos de promoción interna.

Y en consecuencia, en el caso concreto, anula las bases de una convocatoria de promoción interna por considerar que vulnera el mandato de su previa inclusión en la Oferta de empleo. Para disipar las dudas de este impacto invalidante aclara que:  "El que las declaraciones de nulidad deban administrarse con moderación, no implica que no deban pronunciarse, cuando se da con claridad el supuesto legal que las determina, cual ocurre en el presente caso, en el que la convocatoria impugnada es contraria a un precepto legal inequívoco, lo que implica la infracción prevista en el Art. 48.1 de la L.P.A., (aplicable al caso por razón del tiempo, correlativo al Art. 63.1 de la Ley 30/92). Y en cuanto a las consideraciones acerca del elemento de indefensión, debe observarse que el supuesto legal en el que entra en juego, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 48.2 L.P.A. (63.2 de la Ley 30/92), es el del defecto de forma, que no es aquí el caso, pues de lo que se trata es de la ausencia de un presupuesto legal necesario para la convocatoria"

II.- Por otro lado, las bases de las convocatorias de promoción interna admitían un abanico de relajación de las pruebas muy amplio, según el fruto de la negociación de las condiciones de superación, ofreciéndose un panorama de las promociones internas que iba desde supuestos de práctica identidad a las pruebas de acceso libre, a otras que se sustentaban solamente en méritos, pasando por las que aligeraban al turno de promoción interna de determinados ejercicios o de bloques de temas dentro de cada ejercicio.

Ello sin olvidar que normalmente la promoción interna se asentaba sobre el concurso-oposición con peso decisivo de la fase de concurso sobre una oposición a veces testimonial. Señalaré el dato estadísticamente curioso de que cuanto menor es el tamaño de la Administración menor es el rigor de las pruebas de promoción interna, siendo más rigurosa la administración del estado, menos las administraciones autonómicas y muchísimo menos en las administraciones locales, y no digamos en las institucionales.

 Pues bien, un toque de atención viene de la mano de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, de 8 de febrero de 2022 (BOE 10 de marzo) que declara la nulidad de la ley autonómica madrileña al establecer un sistema de promoción interna basado exclusivamente en la posesión de titulación académica y prescindiendo de la superación de pruebas selectivas, pues resulta inexcusable establecer pruebas en la promoción interna. Así afirma tajantemente: "las bases en materia de función pública, que establecen un marco común de regulación aplicable a todos los funcionarios públicos del Estado, que puede ser desarrollado pero no desconocido por las comunidades autónomas, prohíben la integración automática de tales empleados públicos en los grupos de titulación superior, toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en posesión de la titulación requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía de promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera de alguno de estos dos elementos, titulación y proceso selectivo, implicaría el «desconocimiento de los principios de mérito y capacidad previstos para el acceso a la función pública”.

 Por tanto, tomemos buena nota. La administración y sus unidades de recursos humanos, y sindicatos del ámbito público, deben tener en cuenta: primero, que las plazas sometidas a promoción interna deben formar parte de la Oferta de Empleo público, como presupuesto de validez de la convocatoria; segundo, puede y debe suavizarse el procedimiento de promoción interna, pero sin excluir ni la titulación exigible ni la existencia de pruebas selectivas.

NOTA SOCIAL.- Estamos a las puertas de la celebración del XIV Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria a celebrar en Córdoba, los días 31 de marzo y 1 de abril, con un atractivo programa, y celebración tanto presencial como online. Una excelente ocasión, abierta a funcionarios y juristas de cualquier administración pública para asomarse a unos debates vivos con especial focalización en los procedimientos de consolidación y estabilización, y problemas de la temporalidad.

  Ahora estoy alejado del mundo universitario, pero me complace inmensamente haber sido cofundador de esta clásica y consolidada iniciativa, junto con mi colega de fatigas Antonio Arias Rodríguez, con la celebración allá por 1991 del primer seminario en Oviedo (se celebra cada dos años). Desde entonces el encuentro ha mejorado hacia cotas de excelencia y creo que tratándose de actividad presencial tras la pandemia, habrá mucho que hablar, debatir y aprender.

lunes, 14 de marzo de 2022

Derecho a la información de los concejales

 Por Francisco Sosa Wagner.  espúblico blog.- Derecho a la información de los concejales.  (Sentencia del TS 167/2022 de 10 de febrero de 2022. Ponente, Fonseca-Herrero Raimundo)

Una buena y contundente sentencia esta la del Tribunal Supremo que viene a desbaratar las que procedían del Juzgado y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

En el Ayuntamiento de C. un concejal solicita información acerca de facturas por obras y limpieza en el Pabellón Deportivo, asfaltado de un barrio, contrato de un técnico, así como el extracto de una cuenta bancaria.

El alcalde se opone a ofrecerla con el argumento de que el derecho fundamental al acceso a expedientes y documentos – artículos 23 CE, 77 de la Ley Básica de Régimen Local y  14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento- está condicionado «a que se trate de asuntos a debatir por el Pleno municipal».

Interpuesto recurso por el desairado concejal contra la inactividad del Ayuntamiento a la hora de cumplir las peticiones de información, y en el marco del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, tanto el Juzgado inicialmente conocedor del mismo como la Sala en el recurso de apelación, respaldan a la autoridad municipal dando por bueno que, en efecto, el ejercicio de tal derecho se halla limitado a aquellos asuntos que han de ser considerados en una sesión plenaria.

En la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo las cosas se suceden de manera bien distinta. Para empezar, el Ministerio público se opuso, en su escrito, a la línea argumental del juez y de los magistrados de Cantabria sosteniendo en consecuencia la procedencia de estimar el recurso cuyo interés casacional objetivo había sido admitido en el correspondiente Auto (20 de mayo de 2021).

Está en juego – razonan los magistrados del Alto Tribunal- un derecho fundamental reconocido y amparado por la Constitución: el de participación política contenido en su artículo 23. Referido al ejercicio del cargo de concejal, «está integrado por el derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función». Y hacerlo con eficacia para «satisfacer la confianza legítimamente otorgada por los ciudadanos».

Como el asunto no es nuevo, sino que ha sido ya resuelto en ocasiones anteriores, la Sala recuerda su propia jurisprudencia. Expresiva en tal sentido, entre otras muchas, es la  303/1989 de 19 de julio donde se sostiene que «el núcleo sustancial del derecho  … supone una facultad de acceder a la documentación e información existente, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin añadir ningún otro complemento que exceda del fin de poder estar plenamente informado de todo lo que conste en los diversos servicios municipales» (el subrayado es lógicamente mío).

Este es el busilis de la cuestión. El alcalde se “inventó” un requisito para el ejercicio del derecho a la información de un corporativo que carece de soporte legal. Un atrevimiento que, para desgracia del tal corporativo, fue respaldado – como estamos viendo- tanto por el Juzgado como por la Sala de Cantabria.

Para el Tribunal Supremo no existen dudas y por eso concluye que «a los efectos del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE, el derecho de acceso a expedientes y documentos que materialmente reconocen los artículos 77 de la Ley Básica de Régimen Local y y 14 del ROF, no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos a debatir por el Pleno municipal». Y menos aún «los que vayan a celebrarse en un determinado mes», invento sobre invento al que la sentencia apelada del Tribunal cántabro había otorgado su bendición.

Creo que el Tribunal Supremo establece la doctrina correcta. La función del concejal de la oposición está balizada por las dificultades que el grupo o grupos políticos en el poder van dispersando – a veces con malicia- con ocasión del tratamiento de los asuntos y la resolución de los expedientes.

No la compliquemos artificialmente y, si lo hacen alcaldes a quienes gusta “gobernar como un gerifalte”, como se dice en el Quijote, al menos que no encuentren el amparo de los Tribunales de justicia.

domingo, 13 de marzo de 2022

Gestión Pública, la gran asignatura pendiente de la política

 “Los estadistas exitosos se comportan como artesanos que comprenden su medio”. (Isaiah Berlin, El poder de las ideas. Ensayos escogidos, Página indómita, 2017, p. 253)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.-

El desinterés por la gestión de una política cada vez más cosmética

Lo que aquí pretendo exponer es una epidérmica reflexión sobre dos cuestiones que me preocupan desde hace tiempo. La primera tiene que ver con la importancia de la gestión a la hora de hacer política, pero particularmente sobre la necesidad de que, para que una gestión política sea mínimamente exitosa, requiere basarse sobre una buena gestión pública. Y ello, aparte de asentarse en unas condiciones específicas de liderazgo político, solo puede descansar sobre una Administración profesional, efectiva e íntegra. Lejos estamos de ese ideal.

Es cierto que puede haber construcciones de liderazgos políticos más o menos sólidos alejados de los problemas terrenales; pero más temprano que tarde se derrumban como una pirámide de bolas de billar. Una buena política no puede entenderse si no viene acompañada de una gestión pública correctamente alineada y con fuertes capacidades ejecutivas que la hagan operativa. Aun así, erre que erre, la política actual vive inmersa en el ensimismamiento absoluto de la comunicación como eje que (ingenuamente se piensa) todo lo cubre, abandonando casi totalmente la gestión como sustrato nuclear de esa buena política. La burbuja de la comunicación política está bastardeando esa digna actividad hasta límites insospechados y convirtiendo a los partidos y, sobre todo, a sus actores (políticos) en títeres absurdos, papagayos y hasta personajes patéticos, a quienes la ciudadanía inteligente abandona (incluso ya desprecia) a la primera de cambio, sobre todo cuando repiten una y otra vez sin salirse del guion los eslóganes o el “argumentario” político del día cocinado apresuradamente por comunicadores embozados en gabinetes en la sombra que analizan cotidianamente el contexto político-institucional como si fuera un mapa de guerra, cuyo objetivo es exterminar al enemigo y ganar la pírrica batalla cotidiana de la opinión para invertir (o pretender hacerlo) las volátiles encuestas de opinión. Todo lo más, empujados por sus asesores, ven únicamente la gestión como medio de ponerse medallas. Los políticos si adoptan el lenguaje de la gestión es para emitir anuncios a la galería. Error infantil y cansino.

Siempre echo mano de Isaiah Berlin cuando trato de explicar qué es un buen político. A mi modo de ver, su enfoque del problema es insuperable. En uno de sus múltiples estudios (“El juicio político”), el autor letón destaca que una de las capacidades más importantes que ha de tener el político de éxito es el saber práctico. A quienes carecen de esa cualidad, los tacha de ineptos. No vale con ser culto, listo, atractivo, amable o genial, pues es insuficiente, hay que saber traducir la política en acción, pues como recordara Hanna Arendt la acción está en el corazón de la actividad política. Aun así, esa acción debe encuadrarse en los principios y en la ejecución de una buena gestión pública, que con tanta frecuencia se olvida.

En efecto, donde mejor se manifiesta ese saber práctico del político es en el ámbito de la traducción de sus políticas en hechos tangibles y efectivos, que comporten transformaciones y, sobre todo, mejoren la vida de la gente a quienes pretendidamente gobiernan. Lo demás es coreografía y fuegos artificiales, que una vez terminados no queda de ellos más que una capa de humo y cohetes quemados por los suelos. 

Además de ese saber práctico, un estadista (o un político con responsabilidades elevadas) requiere disponer, como también exponía Berlín, de un especial sentido de la realidad, no disfrazarla constantemente ni embozarse en un discurso altisonante lleno, según se esté en el gobierno o en la oposición, de mentiras piadosas o de vaticinios apocalípticos. Y aquí juega un papel esencial la intuición, pues como exponía este autor el oficio de estadista consiste en “el arte de gobernar y de transformar las sociedades”, y el político genial –concluía, a diferencia de quienes son expertos académicos en tales materias- “no pueden enseñar un conjunto específico de reglas”, ya que la “experiencia política es más comprensión que conocimiento”, pues en esa actividad tan volátil y de contornos tan difusos “existe un elemento de improvisación, de tocar de oído, de ser capaz de valorar la situación, de saber cuándo saltar y cuándo quedarse quieto” (El sentido de la realidad, Taurus, 2017). Nada de esto se enseña en ningún sitio, salvo en la arena política y en la práctica política inteligente.

La política se ensalza (y los grandes líderes de la historia así lo acreditan) por los hechos o evidencias concretas que hacen progresar a un país y, en especial, a sus gentes, buscando siempre hacerlas –como decía Pepe Mujica- más felices. Y para lograr tales metas quien piense que se pueden alcanzar sin una auténtica capacidad ejecutiva o de gestión de las estructuras y personas que deben poner en marcha semejantes retos, no ha entendido nada y probablemente nunca lo entenderá. Hará, en este caso política circular para ganar la silla y, una vez perdida, volver de nuevo al mismo juego: cómo recuperarla. Los liderazgos y los gobiernos no solo fracasan por malas políticas, sino también por mala gestión o pésima comprensión de lo que la gestión implica para la propia política.

No basta con vender paraísos terrenales que ninguno de nosotros alcanzará a tocar con los dedos (como decía A. Herzen, “un objetivo que es infinitamente remoto no es un objetivo, es sencillamente un engaño”), tampoco es suficiente –según reconocía Berlin- con pretender como talismán mágico buscar siempre la suerte, también es arriesgadísimo jugar la partida a los fallos del adversario político (aunque en ocasiones puedan tener un papel importante de desenlaces electorales. Los comunicadores políticos y expertos en “asuntos públicos” que abundan por doquier siempre tendrán a mano su catálogo de soluciones contextuales para disfrazar la tozuda realidad de quienes realmente nos gobiernan. Tal vez ganen elecciones, aunque a veces ni siquiera eso, pero lo que realmente nunca consiguen es mejorar la vida de los pueblos y sus gentes. Son especialistas consagrados en vender humo (político) para ensalzar liderazgos no pocas veces artificiales e inconsistentes. Y ejemplos de ellos tenemos por doquier; no es menester recordarlos. La política actual está preñada de mediocridad, a veces alarmante.

Una política burocratizada y endogámica

Y de aquí viene la segunda reflexión: en nuestro contexto político la política se ha burocratizado hasta límites insospechados. La política se ha convertido en un trasiego circular cerrado de cargos públicos sin apenas entrada alguna de talento externo. Todos creen servir para todo, lo cual es falso. Además, la política actual es aburridamente previsible. Inclusive, a quienes nos apasiona esa actividad, nos resulta hoy en día insufrible. Falta frescura, hay carencia absoluta de discurso inteligente y propio, todo se reduce a cacarear consignas y a una batalla por el poder estar (las poltronas) o cómo seguir enchufado al Presupuesto. Se trata de una política cada vez más alejada de los problemas reales, con una concepción endogámica, autista y desgajada de su aparato ejecutivo (Administración Pública), con el que no sabe qué hacer realmente, aparte de invadir groseramente un espacio que no le compete, y anular su (cada vez más escasa) efectividad y capacidad de ejecución. Necesita una urgente refundación, y nadie sabe (e intuyo que tampoco se quiere) cómo hacerla.

Quien piense que un estado, un país, un territorio, una ciudad, saldrán adelante solo con políticos que venden imagen, emociones vanas, palabras huecas o que toda su ambición es colonizar espacios institucionales, tiene mucho de ignorante o, lo que es peor, de temerario o de caimán de una política, de quien todo lo ve desde la atalaya sectaria de la victoria absoluta de su líder (o partido) y el arrumbamiento del contrario. Una política que promueve la impotencia de las estructuras gubernamentales y burocráticas profesionales, termina echándose abiertamente en brazos del mercado para que pretendidamente le resuelva lo que ella no sabe cómo ejecutar (porque no sabe cómo dirigir ni reformar sus propias estructuras de gestión), y probablemente el mercado tampoco (lo cual ya es entrar en un bucle de ineficiencia y hasta incluso a veces de corrupción). El gobierno estatal o los territoriales simulan que gobiernan, pero no lo hacen realmente. Han llegado a un punto que ya no saben cómo gestionar, que es tanto como no saber nada de lo que es la política. Y esto es lo que está pasando, y pasará mucho más en los próximos años si nadie lo remedia: la política, con fuertes dosis cruzadas de cosmética y de endogamia autista aderezada de populismo, lleva tiempo burocratizándose y vaciándose de sentido de la realidad; y, por si fuera poco, está conduciendo, además, irresponsablemente a una descapitalización y desprofesionalización de la Administración Pública que se manifiesta también impetuosamente en una ocupación cada vez más grosera de las instituciones y de los niveles directivos o de la alta burocracia por personas inanes sin formación ni competencias efectivas para el liderazgo ejecutivo o (en el mejor de los casos, si es que algo tienen de esto último) sin margen de maniobra para hacer nada, ya que han sido incorporadas (y serán cesadas) por criterios de confianza (política) o de lealtad mal entendida, proceso que viene acompañado por una concepción cada vez más vicarial y adjetiva de una descapitalizada función pública profesional y un arrumbamiento extendidísimo y letal del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, que también pretende indirectamente de paso beneficiar a los amigos políticos y sindicales incorporados en su momento por el poder de turno. Los efectos inmediatos, pero sobre todo mediatos, si no se atenúa rápidamente esta grave deriva de vaciamiento de las capacidades ejecutivas del Estado en su conjunto, serán irreparables. Y no habrá que esperar mucho para notarlos.

La (eterna) receta: resituar la política supone reforzarla y exige profesionalizar la gestión.   

En consecuencia, no hay otra solución cabal que reforzar la gestión y la profesionalización de la Administración Pública para hacer buena política, lo que comporta (tarea hercúlea) resituar a la política en su esfera natural propia y en el ejercicio de sus verdaderas y transcendentales funciones en el marco de un Estado social y democrático de Derecho que, a diferencia de las democracias  más avanzadas, en España nunca hemos sabido construir de modo efectivo a lo largo de la historia de este país. Todo se ha quedado en formas vacuas. El desnivel que ofrece España en este punto, frente a las democracias avanzadas, es desgarrador. Muy superior ya al que Julián Marías situaba en una generación. Estamos anclados en patologías decimonónicas.

De no hacerse así, las consecuencias –como decía- serán visibles a corto plazo: el proceso de recuperación y transformación del país, puede sufrir un fiasco gravísimo, pues se habrá perdido un tren que nunca más volverá. Habrá algunos recursos para hoy, y hambre para mañana. La política se mostrará (ya lo está haciendo) cada vez más impotente y la Administración Pública menos efectiva, hasta resultar decorativa formalmente la primera y (casi) prescindible la segunda, salvo para pagar nóminas, contratar intensiva y externamente sus servicios y evitar que la tasa de desempleados se dispare más. Y la pretendida resiliencia se convertirá en un queso gruyere. Más aún con el letal escenario geoestratégico, económico, social y sobre todo humanitario que la invasión/guerra de Ucrania por parte de la Rusia del despiadado Putin está provocando, cuyos reales efectos están aún por manifestarse, pero que serán muy graves.

Si nada de esto les hace reaccionar,  se constataría finalmente que nuestros políticos ni tienen saber práctico, ni sentido de realidad, pero tampoco intuición, amén de que se han convertido, apenas sin advertirlo o darse cuenta, en meros burócratas de la política a quienes solo les interesa subjetivamente mantener su zona de confort y objetivamente el poder sectario de su partido o tribu y cómo distribuir prebendas a su clientela, con indiferencia casi absoluta a lo que pase con este país y con sus gentes. Con estos mimbres, fiar la recuperación en los años de crisis que ya se avecinan a la suerte es una auténtica frivolidad, por ser suave en el juicio.

sábado, 12 de marzo de 2022

Riba-roja será en el primer municipio valenciano en tener una cátedra de contratación pública

El ayuntamiento valenciano ha firmado un convenio de 70.000 euros con la UDIMA y la cátedra será dirigida por Jaime Pintos  

Revista de prensa.- Valencia Plaza .El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha firmado un convenio con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) para crear la Cátedra de Contratación Pública PYMEL, con el objetivo de formar a sus trabajadores y trabajadoras en esta materia. Como ha indicado el consistorio, Riba-roja se convierte así en el primer municipio valenciano en disponer de una cátedra especializada en este ámbito.

El acuerdo, en el que la administración local invertirá 70.000 euros, tiene una duración de dos años, que se podrá prorrogar por periodos anuales si la universidad y el ayuntamiento así lo deciden. Para su buen funcionamiento, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las entidades que colaboran en el acuerdo.

El alcalde del municipio, Robert Raga, ha destacado la importancia de esta cátedra que "es pionera en el ámbito de la contratación pública, en favor de la transparencia, la innovación en los procedimientos y la eficiencia de los contratos públicos, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas locales y a la economía local".

Según ha manifestado el ayuntamiento, entre las actividades de la cátedra destacan las de formación, en las que se buscará la profesionalización y la especialización; el diseño e impartición de titulaciones propias y de postgrado donde se refleje la realidad de la contratación pública PYMEL; las actividades de difusión y transferencia del conocimiento para acercar la contratación pública a las pymes locales y la concesión de becas predoctorales y postdoctorales.

Asimismo, se dará apoyo a la realización de trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales; se crearán premios, concursos y ayudas para la realización de trabajos de investigación, de divulgación y de proyectos ejecutados; así como conferencias, eventos, charlas, seminarios, congresos, jornadas, exposiciones; publicaciones y artículos y promoción de líneas de desarrollo en el ámbito de conocimiento de la cátedra, como por ejemplo la compra pública de innovación, entre otros.

Esta cátedra está dirigida por Jaime Pintos y se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo de Investigación Contratación Pública e-stratégica i-ntegral de la UDIMA. Por su parte, la universidad aportará un aula virtual para las actividades relacionadas con comunicaciones, publicaciones de eventos y anuncios y un aula física para impartir la formación.

viernes, 11 de marzo de 2022

La historia se acelera, ¿Qué debemos aprender … y temer?

 "Nadie elige el tiempo en el que le toca nacer. A nosotros nos tocó este, con sus luces y sus sombras"

Por Manuel Pimentel –EsPublico Blog.- 1.- La historia jamás se detiene. Los imperios, a lo largo de la historia, han surgido y desaparecido. Continuarán haciéndolo en el futuro. Los que hoy son grandes, desaparecerán con el tiempo; los que ni siquiera hoy conocemos o sospechamos, emergerán para crecer hasta el asombro. Sabemos que esto ocurrirá, lo que la historia no nos concede es el don de saber el quiénes ni, muchos menos aún, el cuándo. En nuestra generación hemos visto, por ejemplo, nacer la UE o implosionar Yugoeslavia y la URSS, entre otros muchos otros cambios de frontera. ¿Qué sorpresas por venir aún nos aguardan?

2.- Occidente, forjado por la épica de sus ejércitos, el empuje de su ciencia y el aroma de su pensamiento, valores y política, hace tiempo que abandonó la épica para transmutar lentamente, imperceptiblemente, hacia la lírica. La sociedad rechaza la conquista, la fuerza. Amamos los derechos, la justicia, la igualdad, lo sostenible. Es algo justo y hermoso, pero, para la observadora madre historia, un síntoma inevitable de decadencia y de pérdida de vigor. Los pueblos emergentes crecen en la épica, en el deseo de conquista, de mejora. A largo plazo, siempre terminan dominando al antaño poderoso, hoy decadente. Ya lo dijo el sabio Ibn Jaldún en el siglo XIV, los bárbaros de hoy terminarán siendo los poderosos del mañana para comenzar entonces su decadencia. La rueda de la historia gira y gira sin cesar. Nosotros ya optamos por la lírica, conocemos por tanto nuestro destino a medio o largo plazo. ¿Podemos cambiar las dinámicas históricas? Poder, se podría, pero resulta muy difícil sociológicamente luchar contra las grandes corrientes de la historia.

3.- La historia se ha acelerado impulsada por la fuerza de la transformación digital. Las relaciones entre personas, empresas, organizaciones y estados han cambiado para siempre. La forma de crear estados de opinión, también. Nos adentramos a una época de profundos cambios que afectarán desde nuestro espacio íntimo hasta la geopolítica mundial. Será algo excitante para el observador, inquietante para quién lo viva desde el temor.  Debemos ser conscientes y aceptar el que nos tocará navegar por aguas bravas y prepararnos mentalmente para no caer en la ansiedad y el desasosiego permanente. Un consejo, no posponga su felicidad al momento futuro en el que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso, no ocurrirá. Aprenda a ser feliz en la travesía que cada día nos depare. Marque rumbo y, en lo posible, procure seguirlo, sabedor de que, probablemente, tendrá que ir adaptándolo según las circunstancias. No renuncie a la sociedad tecnológica que conformamos, súbase a ella, sin perder el sentido crítico y la clarividencia ante sus excesos.

4.- El Estado de Derecho que estudiamos –y que aún se estudia– en las facultades ha desaparecido, víctima de las pulsiones ciclotímicas de una sociedad hiperconectada, en la que los estados de ánimo son fácilmente manipulados y exacerbados. Tres ejemplos, entre otros muchos otros posibles. Primero cayó la presunción de inocencia, para virar en muchos ámbitos hacia la presunción de culpabilidad. Después, como hemos visto por los muy cuestionables pasaportes sanitarios, nos saltamos el principio de no discriminación, sacrosanto en nuestra constitución. Del principio de seguridad jurídica ni hablamos, como hemos podido comprobar en medidas gubernamentales con carácter retroactivo o la actual incautación de bienes a ciudadanos libres y en principio honrados por el simple hecho de poseer una nacionalidad determinada. También podríamos evidenciar la pérdida de libertad de expresión o de otros valores fundamentales. Los jueces, aunque a veces se resisten, terminan cediendo al espíritu de los tiempos, que las mayorías claman y exigen. Mucho nos tememos que iremos perdiendo derechos fundamentales ante el jolgorio de las masas exaltadas y atemorizadas, fácilmente manipulables que, ante el dilema clásico de seguridad frente a libertad, siempre terminan sacrificando la segunda.

5.- El proceso conocido como globalización ha finalizado. Las tasas aduaneras, vetos y aranceles complicarán mucho el comercio internacional, lo que sumado a las vicisitudes geopolíticas y energéticas, convertirán en un sudoku la gestión empresarial. Aunque en conjunto perderemos durante este próximo año, la fiesta irá por barrios. Habrá sectores que sufrirán mucho y otros que se beneficiarán de manera inusitada. Cada uno, desde dónde se encuentre, debe realizar una reflexión estratégica en la medida de sus posibilidades, para tratar de anticipar las repercusiones – positivas o negativas – de lo que le viene encima.

6.- Nadie elige el tiempo en el que le toca nacer. A nosotros nos tocó este, con sus luces y sus sombras. No puede paralizarnos el temor al futuro que tendremos que habitar. Levantemos la cara para sentir los vientos de la historia que el caprichoso destino quiso que protagonizáramos. Si miramos hacia atrás, comprobamos que la estabilidad que vivimos desde la posguerra mundial hasta principios del XXI fue un simple espejismo. Las crisis y las convulsiones fueron desde siempre el motor de la historia y a nosotros ya nos tocó la nuestra. Pues a navegarla con prudencia, pero sin miedo. Y, repito el único consejo que me atrevo a darle, no posponga su felicidad a un futuro improbable, la vida es hermosa pese a todo.