El papel del Tercer Sector Social en la contratación pública local

"Del análisis empírico realizado se infiere que una regulación amplia y teórica de la ley no conduce siempre y en todo caso a un aumento de la participación de estas entidades en la contratación"

Por  Sara Martínez Méndez. Instituto de Derecho Local. IDL-UAM.  Con la llegada de las Directivas europeas de Contratación Pública y, en consecuencia, la entrada en vigor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) se produce un giro estratégico hacia una contratación pública social. Este cambio implica el paso de una contratación pública preocupada únicamente por los aspectos estrictamente económicos y financieros a una contratación preocupada por los aspectos sociales y medioambientales.

 En este sentido, el artículo 1.3 de la LCSP permite, por un lado, la posibilidad de incorporar criterios de contenido social y medioambiental en los contratos públicos, siempre que estos guarden una vinculación con el objeto del contrato, a través de las conocidas cláusulas sociales. Por otro lado, el propio precepto añade que entre los objetivos perseguidos con la inclusión de estos criterios sociales se encuentran el poder facilitar el acceso a la contratación pública tanto a las PYMES como a las entidades encuadradas en la economía social y el Tercer Sector. Por lo tanto, a priori y de forma teórica, la vigente LCSP permite fomentar la participación de organizaciones del Tercer Sector con el fin de reducir las dificultades que pueden experimentar estas entidades a la hora de competir con otros operadores económicos con ánimo de lucro en un proceso de contratación pública.

Sin embargo, la duda que surge es si realmente una regulación, a priori, favorecedora de los aspectos sociales en la contratación está fomentando o no actualmente una mayor participación del Tercer Sector Social en la práctica. Para responder a este interrogante, vamos a analizar los datos de la contratación de servicios de cuatro grandes ayuntamientos españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Todos ellos cuentan con características poblacionales comunes, pues sus índices de población son superiores a los tres millones de habitantes. El orden del análisis se establece por porcentaje de mayor a menor población centrando el objeto de estudio en dos franjas temporales, concretamente los años 2015 y 2020, ya que se pretende comparar la contratación pública local de los ayuntamientos durante el año 2020 con la ya vigente LCSP y además con la variable de la pandemia generada por la COVID-19, con el año 2015 cuando todavía se encontraba en vigor el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pues bien, en primer lugar, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, los datos relativos a la contratación pública de servicios en el año 2015 ponen de manifiesto que las entidades del Tercer Sector Social representaron un 1% de los contratos de servicios formalizados por el Ayuntamiento, esto supone un porcentaje prácticamente inexistente. En cambio, la tendencia ha sido un aumento progresivo, comenzando en el año 2017 con un 7%, un 10% en el año 2018, un 12% en el 2019, hasta llegar al 18% en el año 2020.  Por lo tanto, en este caso se observa como la regulación de la LCSP ha podido constituir un condicionante empírico relevante en tanto que los datos comienzan a mejorar de forma progresiva con su entrada en vigor. Además, también ha podido tener un peso relevante la variable de la pandemia de la COVID-19, presentando datos aún más positivos en el año 2020, dada la importancia de la contratación de servicios durante ese año.

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Barcelona formalizó en el año 2015 un 7% de los contratos de servicios con entidades del Tercer Sector. Si se analiza, de forma sucinta, los datos desde el año 2017 hasta el año 2020, no son tan optimistas como ocurría en el caso del Ayuntamiento de Madrid, ya que se observa un 7% en el 2017, un 6% en el año 2018, un 8% en el 2019, hasta llegar al sorprendente y escaso 4% en el año 2020.  Pues bien, los datos en este caso sorprenden negativamente, ya que del 7% de contratos formalizados con el Tercer Sector en el año 2015, se desciende al 4% en el año 2020. Además, en los años intermedios entre el 2017 y 2020 no se observa un incremento paulatino de esos datos sino, por el contrario, un descenso. Ello permite concluir que no ha habido una influencia de la regulación recogida en la LCSP para las entidades del Tercer Sector en la contratación pública y, por ende, no ha contribuido a una mejora de los datos. Además, en este sentido, no solo la pandemia de la COVID-19 no ha incentivado que el Ayuntamiento de Barcelona haya recurrido a las entidades del Tercer Sector en los contratos de servicios con más asiduidad, sino que ha provocado un descenso de su participación en la contratación.

En tercer lugar, el Ayuntamiento de Valencia formalizó en el 2015 un 15% de los contratos de servicios con entidades del Tercer Sector Social. Los datos intermedios desde el 2015 al 2020 muestran una tendencia progresiva al alza con un 15% en el año 2017, un 16% en el año 2018, un 18% en el 2019, repitiendo el 18% en el 2020. En este caso, es destacable el paulatino incremento de la participación de las entidades del Tercer Sector en la contratación pública local a partir de la entrada en vigor de la actual LCSP, pues los datos comienzan a mejorar, aunque lentamente, a partir del año 2017 hasta el año 2020. Ello permite concluir que la regulación de la LCSP en relación con las entidades del Tercer Sector en la contratación ha podido contribuir a conseguir un ligero incremento de la participación de este tipo de entidades sin ánimo de lucro en el Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, no puede concluirse que la variable de la COVID-19 haya podido tener influencia en este caso, pues los datos del 2020 son idénticos a los del año 2019.

En último lugar, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, durante el año 2015 se formalizaron un 13% de los contratos de servicios con entidades del Tercer Sector. A partir de entonces se observa una tendencia al alza bastante significativa presentando un 15% en el 2017, un 18% en el año 2018, un 20% en el 2019 hasta el 24% en el 2020. Con estos datos, es notorio el progresivo incremento de la participación de las entidades del Tercer Sector en la contratación pública local en el Ayuntamiento de Sevilla a partir de la entrada en vigor de la actual LCSP, puesto que los datos comienzan a mejorar a partir del año 2017 hasta el año 2020. Además, también se observa una posible influencia de la pandemia de la COVID-19, ya que los datos desde el año 2019 al 2020 muestran un aumento de un 4% en los contratos formalizados con el Tercer Sector.

Contratos de servicios formalizados con el Tercer Sector Social (2015 y 2017-2020) [En porcentaje]

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las memorias de contratación pública de cada Ayuntamiento analizado.

Con base en los datos aportados podemos extraer las siguientes conclusiones:

-En primer lugar, el Ayuntamiento de Sevilla es el que mejor dato presenta en relación con el estudio del Tercer Sector en los últimos informes publicados por los ayuntamientos en el año 2020, ya que ostenta el porcentaje más alto de contratos formalizados con este tipo de entidades (24%), seguido del Ayuntamiento de Madrid y de Valencia que presentan el mismo porcentaje (18%). Los tres municipios comparten algunas similitudes en tanto que no solo se produce una mejoría de los datos de los contratos formalizados con entidades sin ánimo de lucro desde el año 2015, sino que la mejora en sus datos es progresiva y se acentúa en el año 2017, siendo algo más pronunciada en el último año analizado, el 2020. Si bien es cierto que en el caso del Ayuntamiento de Valencia el incremento es algo menos notorio que en el Ayuntamiento de Madrid donde se produce un aumento de un 17% desde el 2015 al 2020. Asimismo, la diferencia entre los datos de años previos en comparación con el 2020, año marcado por la pandemia de la COVID-19, de nuevo es más acentuado en Madrid y en Sevilla que en el caso de Valencia que repite el mismo porcentaje que en el 2019 (18%). Por lo tanto, a la luz de estos datos podemos concluir que un factor como la COVID-19 pudo influir con más fuerza en los Ayuntamientos de Madrid y de Sevilla, puesto que aumentaron, de forma más destacada, el número de contratos formalizados con entidades del Tercer Sector en comparación con el año 2019, concretamente un 6% en el primer caso y un 4% en el segundo. Ello no ocurre en el Ayuntamiento de Valencia, ya que las entidades del Tercer Sector representaron el mismo porcentaje tanto en el 2019 como en el 2020 en la contratación local.

-En segundo lugar, en el lado opuesto a los anteriores se sitúa el Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, el porcentaje de partida del año 2015 no era excesivamente bajo, en comparación con el de otros casos como el de Madrid, sin embargo, la tendencia no es alza. No solo no se produce una mejoría de los datos, sino que, a sensu contrario, los porcentajes disminuyen de forma pronunciada entre el año 2019 y 2020. En este sentido, llama la atención que los resultados más negativos los presente precisamente Barcelona, ya que teóricamente, ha sido de las Entidades Locales más comprometidas con la contratación pública social, a través de la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos y la defensa de la importancia de fomentar el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito de la Administración en términos generales y, más concretamente, en la contratación pública.

Por lo tanto, aunque la LCSP regula de forma aparentemente exhaustiva la inclusión de consideraciones sociales y la participación de organizaciones de la economía social en los contratos públicos, del análisis empírico realizado se infiere que una regulación amplia y teórica de la ley no conduce siempre y en todo caso a un aumento de la participación de estas entidades en la contratación. Es cierto que habrá que esperar a los datos de contratación del año 2021 para conocer si se ha producido una mejoría en algunos Ayuntamientos como el de Barcelona, donde aún no se ha producido, pero sí se puede concluir que, hasta el momento, se cuenta con una regulación exhaustiva en el plano teórico, pero no efectiva íntegramente en la práctica.

El futuro del trabajo de las mujeres importa hoy y empezó ayer

"En el mercado de trabajo, se mantienen los sectores feminizados, con condiciones de trabajo que responden a estándares inferiores a los sectores masculinizados"

 María Gema Quintero Lima*. Mujeres en el sector Público blog.- Cada 8 de marzo, como si fuera una realidad puntual, ese día en la sociedad nos paramos a reflexionar sobre el Trabajo de las Mujeres. Como si las mujeres no trabajáramos 365 días al año (o 366 si es bisiesto) como si el resto de días todo estuviera ya en orden y no hubiera disfunciones sociales aún pendientes de resolver.

Y cada 8 de marzo recuerdo una anécdota. Hace más de veinte años, en una conversación colectiva que manteníamos en un hilo de mensajes electrónicos, un grupo de profesores y profesoras, al hilo del día de la mujer trabajadora, se me ocurrió decir algo que sentía profundamente entonces, que estaba en contra de la celebración de un día especial para reivindicar los derechos sociales de las mujeres, porque eso significaba reconocer la debilidad de nuestra posición.  Me llamaron reaccionaria, y no lo entendí mucho. En mi imaginario muy naif, me parecían innecesarias las reivindicaciones sobre un objetivo que me parecía incuestionable, “pues claro de las mujeres no debemos ser discriminadas y debemos disfrutar idénticos derechos laborales y sociales que los hombres; faltaría más, porque no pertenecemos a una categoría diferente por ser mujeres” …

Ese yo más joven que asumía como imperativo categórico el de la igualdad efectiva ignoraba demasiado la realidad. Que desgraciadamente poco ha cambiado (aunque algo sí…). Hoy, desgraciadamente, llego al convencimiento de que por supuesto que seguimos necesitando tener un Día Internacional en el que es preciso visibilizar el Trabajo (en todas sus formas) de las Mujeres y la existencia de desigualdades multiformes. En el Mercado de Trabajo, pero en el Sector Público también. 

Ya poco se cuestiona la existencia de desigualdad en el ámbito jurídico-laboral entre trabajadores asalariados y trabajadoras asalariadas. 

En el mercado de trabajo, se mantienen los sectores feminizados, con condiciones de trabajo que responden a estándares inferiores a los sectores masculinizados (en términos de remuneración, pero no sólo). Las brechas salariales son preocupantes, especialmente porque son la parte visible de brechas más profundas (formativas, eminentemente), de carreras laborales desiguales (marcadas por la intermitencia y las reducciones de jornada) y de distorsiones sobre el valor del trabajo y el trabajo de igual valor.

Decía que poco ha cambiado el panorama, pero en verdad es una afirmación muy simplista. Porque en el ámbito jurídico-laboral, sí ha habido cambios importantes, y el contexto legislativo, siempre perfectible, ya va presentando novedades sistémicas, de la que es un ejemplo el elenco de normas dirigidas a la eliminación de las brechas salariales, la promoción de la igualdad salarial, y la corresponsabilidad familiar. Los planes de igualdad se erigen como herramientas potentes de diagnóstico, de prospección y evaluación. Allí donde sean obligatorias, claro. Lo que se traduce en que en un país de pequeñas empresas hay una zona franca no desdeñable.

Pero en el ámbito del trabajo autónomo tampoco sucede nada distinto. Y las mujeres emprendedoras (trabajadoras autónomas) siguen estando invisibilizadas, a pesar de que la normativa sí ha adoptado una perspectiva renovada de género para promocionar y proteger el autoempleo femenino.

Un mantra cuestionable “En el sector público no hay desigualdad, el mérito y capacidad son una garantía”.

A pesar de los principios básicos de acceso a la Función pública (amplo sensu, por carrera funcionarial o por la vía de la contratación laboral al servicio de las Administraciones Públicas) de mérito y capacidad, como garantes de neutralidad, sin embargo, no puede considerarse erradicada la desigualdad por género en este ámbito. Obviamente no tanto en el acceso, sino en el desempeño ulterior. 

Solo algunos datos rápidos, para contextualizarnos. España cuenta con 2.728.749 empleados y empleadas públicas, de los que un 1.571.339 son mujeres y 1.157.410 son hombres. Parecería que ese mantra funciona a la perfección. Pero: 

A) La distribución territorial y por tipología de administraciones no es homogénea.   

B) La edad y la cualificación profesional de base son condicionantes importantes del tipo de estatuto, y de las adscripciones (tipo de Administración Pública, Ministerio, Consejería, Organismo), y de las retribuciones. 

C) Los puestos de libre designación son de libre designación, y no hay redundancia, sino una relajación de los principios de mérito y capacidad.

D) La promoción es plausible que sufra las mismas vicisitudes que sufren las promociones en las empresas.

Sí, son todas intuiciones con relativo sostén cuantitativo. Pero no tengo intención de presentar el análisis fidedigno del status quo de la presencia femenina en la Administración…Solo me parece importante llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de Pensar, de seguir pensando, en el Futuro del Trabajo de las Mujeres.  Que parte de un Hoy, de una realidad heredada del Pasado de las Mujeres trabajadoras en el Sector Privado y en el Sector Público.

El Futuro del Trabajo de las Mujeres empezó Ayer

La intensidad de presencia, los lugares de presencia, de las Mujeres son función aún de consideraciones metajurídicas, socioculturales.  Por eso, para hablar del Futuro del Trabajo de las mujeres hemos de resolver las cuitas del pasado. Aquellas en las que la endoculturización ha empujado a seguir asumiendo atribuir ciertos roles sociales a las mujeres, lo que ha condicionado el modo en el que han podido trabajar. Hace décadas se nos reservaba el Trabajo Reproductivo (el doméstico y de cuidado) y, solo puntual (a falta de cargas familiares) y excepcionalmente (en sectores muy puntuales), cabía nuestra presencia como productoras (Trabajo Productivo). 

Cincuenta años después, curiosamente, siguen presentes inercias de aquello. Por eso hay sectores feminizados, infravalorados; por eso los perfiles formativos de las mujeres no son equiparables a los de los varones, por eso se mantienen brechas multiformes ligadas a los cuidados.  Y digo que es curioso que una Constitución como la española con un art. 14 ultra potente, junto con un Derecho Social Comunitario e Internacional con un principio de no discriminación hiperactivo, que han inspirado nuestro ordenamiento jurídico actual, no hayan podido alternar los férreos esquemas sociales estereotipados. Es curioso que la legislación contenga un canon de igualdad completo, pero que no está permeado de facto en la sociedad, donde sobreviven idearios colectivos sin corregir. Por eso siguen chirriando los discursos feministas, que provocan manifestaciones extremas de posturas negacionistas de la discriminación.  Por eso se mantienen los distintos machismos.

Así, entonces, aún tiene sentido que cada 8 de marzo, sea un día en el que, siguiendo la estela del año precedente, se haya de marcar un Punto Cero de una nueva fase de avance en igualdad, más allá del anterior, para llegar al convencimiento de que siguen siendo necesarias acciones positivas, de un lado, y acciones de exigencia del cumplimiento de la normativa vigente por otro. 

En 2022, volviendo la vista atrás, hemos de reflexionar sobre la necesidad de que en 2023 hayan podido desaparecer algunas situaciones indeseables que se perpetúan (las diferencias salariales, las distintas tasas de actividad y de desempleo femenino, los porcentajes de profesionales STEAM, las tasas de incidencia de la violencia contra las mujeres…). Porque Hoy, como consecuencia de la interacción de las disfunciones anteriores y la pandemia, hay un diagnóstico claro de retroceso en igualdad. No es España solo, en el mundo (https://news.un.org/es/story/2021/07/1494512).

La perspectiva de género está ya infiltrándose en el diseño normativo (e incluso en la actividad judicial) lenta, pero firmemente. Pero sigue faltando que en la Neurolingüística social permita sembrar la idea de que las mujeres somos personas, como los hombres. Que tenemos talentos variados que pueden, a lo que nos interesa, ponerse al servicio de la Sociedad. Desde el Sector Público, pero más allá.

Porque nuestro principal talento no es solo cuidar, que también. En consecuencia, hace falta, sin embargo, avanzar en la idea de invertir en un nuevo sistema de cuidados, que permita desdibujar la asignación actual de roles asignados a las mujeres, para que esas responsabilidades se diluyan y se asuman socialmente, también por los hombres y por los poderes públicos, en un nuevo esquema de Políticas públicas con financiación suficiente.

Y esto es especialmente importante porque están en marcha las transiciones Verde y Digital. En las que las mujeres tendrían mucho que aportar, en las que han de ser incluidas. Si pudiéramos prestarle mucha atención, veríamos que en los distintos Programas de Recuperación y de Resiliencia, es capital una visión desde y para las Mujeres y su trabajo. y especialmente desde el Sector Público, que junto con el sector empresarial será el creador de nuevas sinergias.

Hace falta remarcar la idea de que el Trabajo de las Mujeres puede ser el mismo que el Trabajo de los Hombres, y viceversa. Y pueden tener igual valor, y, por lo tanto, deber ser remunerados de igual modo.  El Futuro del Trabajo de las Mujeres está condicionado, entonces, ya no solo por normativas con sesgo machista (de las que apenas quedan ejemplos), , sino por la ausencia de una consideración filantrópica de la Sociedad. Y, en este sentido, es muy paradójico, que se mantenga una aplicación mecánica del principio de igualdad formal. Esa automaticidad es la que esa perspectiva de género ultramoderna pretende suavizar. Porque el ser Humano sí tiene género, y si tiene que ser tenido en cuenta en una concepción sensible de la diversidad (por eso, por ejemplo, la salud laboral de las Mujeres y de los hombres no puede construirse a partir de tratamientos homogéneos). Pero el Trabajo no debiera tener género en el sentido que hoy lo tiene. Y, en realidad, el Futuro del Trabajo de las Mujeres pasa por la Transformación Humana y Social de la igualdad Efectiva.

 *María Gema Quintero Lima es Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid. Subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de Género ( UC3M).

La factura de la injusticia, de Juan Mora-Sanguinetti

"La reforma de la justicia, como la de la educación, es importante y urgente, con independencia de que no sea un desastre"

Antonio Cabrales. Nada es Gratis blog.-  ¿Es horrible la justicia en España? Si uno se fía de los titulares de prensa (aquí, aquí, o aquí), probablemente sí, y es algo curioso porque sucede en portavoces de diferentes corrientes (aunque si miran las fechas verán patrones interesantes). Y estas cosas calan. Mi mujer, por ejemplo, lleva años diciendo que ella votaría sin mirar a quien solucionara “el lío de la justicia” en España. 

Hoy les vengo a contar evidencia de un interesante libro reciente de Juan Mora-Sanguinetti que dice que probablemente no es correcto presentar la justicia en España en términos apocalípticos. Nuestro sistema judicial no es el peor del mundo. Es mediocre. Pero eso no es motivo para acomodarse. Mejorarlo puede ser una importante palanca de crecimiento, y crecimiento es precisamente lo que necesitamos. Es muy difícil redistribuir si no se crece. Curiosamente, es lo mismo que he dicho muchos años sobre educación.

El libro es muy útil porque hace fácil para los no juristas digerir complicados detalles técnicos, y para los no economistas, por similares motivos. Yo creo que se merece una recomendación “para todos los públicos.” Esto es en buena parte mérito del autor. Juan Mora-Sanguinetti es uno de esos casos en los que los dobles grados se hacen por verdadero interés intelectual, y no por señalización poco rentable socialmente como denunciaba por aquí Jesús Fernández Villaverde. Y los resultados están a la vista, además de una brillante licenciatura doble, un doctorado en el área de análisis económico del derecho, y un buen número de trabajos de investigación que se pueden ver en su CV. Y como buen académico que quiere estudiar el problema, la primera dificultad a la que se enfrenta el autor es encontrar alguna buena medida sobre la calidad de la justicia. Realmente hay muchas variables que serían útiles aquí. Quizá la mejor sería tener opiniones de los “usuarios” o de “expertos” sobre si las resoluciones (un fallo judicial) han sido “justas”. Pero los usuarios probablemente tienen un interés, y un fallo contrario suele ser mal recibido (“no nos pronunciamos sobre fallos judiciales, pero...”). Y los expertos pueden tener sus propios sesgos.

El autor finalmente se decanta por utilizar sobre todo el tiempo que se tarda en tomar decisiones. Me parece razonable. Como él mismo señala, los sistemas lentos son por lo general más caros, y además la confianza en la institución (medida por ejemplo con datos del World Values Survey) está muy correlacionada con esta medida. Y como ven en los titulares de prensa que les citaba al principio, la discusión pública también se centra mucho en este indicador.

Con esta métrica, se puede ver de manera transparente la conclusión central del libro. En la figura 3.1. del libro, que les muestro abajo, cuya fuente es la OCDE, se ve de manera palpable que no somos particularmente malos, ni buenos en comparación con otros países de nuestro entorno. Peores que los escandinavos, Alemania o Suiza, parecidos a Reino Unido o Francia, y mucho mejores que Italia. Otras metodologías, como la de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), no da resultados muy diferentes.

Escasos avances

La evolución histórica no muestra tendencias muy llamativas. Alguna mejora en la duración durante la gran recesión y un empeoramiento en la recuperación (datos de CEPEJ). Otro indicador que se suele utilizar es el de la congestión, es decir, el número de asuntos que llegan a un juez en relación con los que puede solucionar en un período de tiempo. Este indicador (datos de la CEPEJ) muestra mucha correlación con la duración (no puede ser de otra manera a medio plazo, pensarán los lectores que saben de dinámica de flujos) y su evolución en el tiempo es también parecida a la duración.

Otra consideración interesante es si estas medidas varían por comunidades autónomas. La figura que les pongo más abajo (3.4. del libro) muestra diferencias bastante grandes. Me resultan muy curiosas por dos motivos. Dado que la justicia es un poder central del Estado, no es fácil atribuirlas tan directamente a las comunidades autónomas como con educación. Aunque también es verdad que casi todas las CCAA tienen asumidas competencias sobre la llamada “administración de la Administración de justicia”, lo que les permitiría de hecho completar o mejorar su financiación (detalles aquí y explicaciones aquí). Y, sin embargo, hay algunas correlaciones interesantes con los datos de educación, como que La Rioja, o Castilla León tienen buenos resultados y Andalucía, o Castilla la Mancha los tienen peores. No es exactamente el mismo ranking, pero hay una intrigante correlación. Es verdad que hay otras coincidencias curiosas, como la relación entre la España con más densidad de población y peores resultados. Así que desde aquí lanzo un guante a los investigadores jóvenes, que ya nos han dado respuestas muy interesantes para la educación (aquí, aquí, o aquí).

Pero no todo es duración. El proyecto Doing Business computa la cantidad del dinero demandado que se pierde mientras se dicta sentencia. El resultado (tabla 3.5 del libro) es que, de nuevo, España está ligeramente por debajo de la media (en este caso eso es bueno), parecida a Francia, peor que Alemania, y mejor que Italia o Reino Unido.

El autor mira otro indicador que relaciona con lo que él llama la “predictibilidad” del sistema. El número de casos que se recurren puede servir para medir esto, argumentando que, si el sistema es predecible, la decisión en segunda instancia será igual que en primera y no habrá recursos. Aunque hay otros factores que pueden ser importantes (el coste puede hacer difícil los recursos) y se puede argumentar que un sistema predecible también puede ser malísimo, no deja de ser un dato interesante. Y aquí, de nuevo, vemos que no hay grandes sorpresas. En nuestro sistema legal, estamos en la media.

Estos son los “outputs” del sistema. Pero el libro también mira los inputs. Una primera consideración tecnológica interesante es que en los países de sistema de “common law” (anglosajones) se gasta proporcionalmente más en tecnología. En los países el sistema “romano-francés” se gasta más en salarios (jueces, oficiales). En términos del gasto total, España está algo por encima de la media, parecido a Alemania, pero más que Francia, Italia y Reino Unido, tanto en gasto por habitante, como en porcentaje del PIB. En términos de inputs, una cuestión interesante es que mirando el número de jueces por CCAA (tabla 4.4.) se puede ver muy poca o ninguna relación con los resultados en términos de duración de los casos. Por otro lado, hay una cierta correlación (negativa) entre países entre el grado de automatización de procesos y la duración de estos. Aunque solamente es una correlación, yo sugeriría que es una idea a profundizar. Por cierto, una conclusión al leer esta sección que me transmitía mi editora al leer estas líneas: "si estamos por encima del gasto (inputs) y los resultados (outputs) están en la media (o un poco por debajo), sí que se puede decir que el sistema es poco eficiente, ¿no?". Tiene razón, ya esto nos indica que hace falta reformar el sistema, sin necesidad de decir que somos el peor país de Europa.

Otro aspecto interesante es la “demanda” de estos servicios. Durante la gran recesión España era un país muy litigioso a nivel internacional, pero esto probablemente se debió a las demandas contra las tropelías del sector financiero. Pasado este período, volvimos a la media. En cuanto a si esta litigiosidad se debe al “exceso” de abogados, es verdad que tenemos algo más que otros países europeos, y muchos más que Francia (de ahí el célebre, Madrid tiene más abogados que todo Francia), pero tampoco es un número disparatado.

Hay muchas más cosas (tasas judiciales, distribución de costas de los juicios, cantidad de normativa) pero no quiero cerrar sin la pregunta del millón. La misma que, por cierto, me hacía en educación. Y si estamos en la media, ¿vale la pena preocuparse? ¿No es ser demasiado exigentes? La respuesta es un muy rotundo (y mayúsculo) SI, como en educación. El libro lo argumenta con variedad de evidencia cuantitativa. Les dejo un par de ejemplos. Los retrasos judiciales estimulan la propiedad, en detrimento del alquiler. Un propietario que compra un piso como inversión para alquilar (digamos que para pagar gastos de dependencia en su ancianidad) quiere seguridad de que, si alguien deja de pagar, puede volver a alquilar con rapidez, por ejemplo. Hoy día los procesos de desahucio son largos y costosos, lo mismo si alquilas un local o una vivienda. Y vemos que esto tiene consecuencias. Un aumento de un punto en la congestión judicial aumenta la propiedad (reduce el alquiler) en 0,15 puntos porcentuales. Vamos, que en Madrid hay por cada punto extra de congestión 3400 viviendas menos, y en Barcelona 3100. Un ejemplo incluso más importante para el crecimiento económico es el del emprendimiento. La congestión judicial lo reduce significativamente. Si la provincia española con peores resultados judiciales se pusiera al nivel de la mejor, su número de emprendedores subiría entre un 5 y un 7 por ciento. También se observan mejoras de la inversión cuando mejora la congestión y en otros indicadores.

Creo que me he alargado mucho. Pero voy a terminar cuando comencé. Insistiendo en que la reforma de la justicia, como la de la educación, es importante y urgente, con independencia de que no sea un desastre. España necesita crecer más, tenemos un estado del bienestar deficiente, y la situación demográfica y de productividad es inquietante. Vamos a mejorar todos los márgenes que podamos. Este es uno de ellos.

Modificar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para hacerla mejor

"Un buen friki pierde la vista buscando el móvil tal o cual artículo y hace una captura de la pantalla cuando encuentra lo que busca. Por si acaso"

Por Juan Carlos G. Melián. Melian Abogados blog.- De entrada, una precisión: Trabajando en la contratación pública hay mucho friki. Yo el primero.

Al friki de la compra pública no sólo le gusta mucho lo que hace, lo hace con pasión y dedicación. Mucha dedicación, demasiada. No importa la catástrofe o el éxito: no tiene problema en abandonar su zona de confort y aventurarse al abismo insondable de lo desconocido, siempre -eso sí-, impulsado por la contratación, a la que odia y ama con igual desmesura.

PERFIL DEL FRIKI DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Friki genérico

Habita en las praderas de las redes sociales, lejos del ruido y se agrupa en manadas abiertas a las rarezas. Algunos ejemplares exhiben un fino sentido del humor y alta capacidad camaleónica para cambiar su código de comunicación según la audiencia.

Friki de corte clásico

Otros -frikis de corte clásico-, lucen sus habilidades ante poco o escaso público y de forma ocasional, casi en secreto, aunque cada tanto se desatan y deslumbran a la grada con sus ocultas habilidades. Éstos saben de cocina y cine. El resto principalmente concentran sus superpoderes en la detección de errores. Pero lo común a todos (y a todas, por descontado) es que hacen cosas raras. Nada del otro jueves, pero raras.

Costumbres del friki

Si alguna vez te has bajado el mp3 de una conferencia sobre, por poner un ejemplo, “el riesgo operacional” para desentrañarla mientras haces deporte, o ya lo eres o vas camino de ser friki de la contratación por méritos propios. ¿Te sueles dejar caer en los brazos de Morfeo ojeando sin rumbo fijo resoluciones de los Tribunales de Contratación como si de un cuento infantil se tratara? Ya sabes.

El libro de cabecera del friki

La duda te puede sorprender en los lugares más insospechados:

un friki de la contratación pública lleva a mano siempre un ejemplar de la LCSP. 

¿Tuiteas de madrugada? ¿Echas de menos que el WhatsApp no te permita enviarte mensajes a ti mismo para recordarte? En el retrete prefieres, antes que el reverso del bote de champú, el 205 de la LCSP.

Perfil identitario del friki de la contratación pública 

Sabe qué es un PANAP, y si gritas ¡SARA! no vuelve la cabeza, seguro que no es para saludar. Conoce qué es el CM y el CDCM que lo defiende. Se ha fajado unas cuantas horas ofuscado con el PBL y el VEC y le gusta fantasear con un echar a caminar un SDA.

Un buen friki pierde la vista buscando el móvil tal o cual artículo y hace una captura de la pantalla cuando encuentra lo que busca. Por si acaso.

Ah, y lo último: Un buen friki de la contratación, está orgulloso/a de serlo. Es más, presume de ello. Dios los cría…

MEJORAR LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Oímos hablar de mejorar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, en general. Aunque sigo pensando que la clave de la mejora está en las personas, en todos los agentes que intervenimos en la compra pública, hay una conciencia generalizada de la necesidad de mejorar el actual texto normativo de la LCSP.

Ciertamente la Ley se puede mejorar, pero:

- ¿En qué se concreta esa necesidad de mejora?

- ¿Cómo mejoramos esas cuestiones concretas?

- ¿Hacia qué objetivo concreto deben estar orientadas esas mejoras?

- Se habla de la necesidad de simplificar, ¿en qué? ¿cómo?

Ahí está la cuestión, en aterrizar esos cambios, esas ideas plasmarlas en propuestas concretas que de verdad ayuden a mejorar nuestra atascada compra pública. Es más, creo que cada una de las personas que trabajamos en el mundo de las compras públicas tenemos en nuestra cabeza, con mayor o menor precisión, qué cuestiones podrían mejorar la compra pública, hacerla más accesible, sencilla y que de verdad respondiera a los objetivos que la propia LCSP declara perseguir.

Para saber, para provocar la conversación, para reflexionar, para avanzar, lo mejor es preguntar a quienes están en el ajo.

Con ese ánimo preguntamos por twitter @jcarlosmelian : A ver, #friquisdelacontratacionpublica dejando de lado los chascarrillos, ¿qué modificarías en la #LCSP para hacerla mejor? Comienzo: -Ampliar el ámbito objetivo del recurso especial a toda la contratación (salvo contratos menores)

Y, como se puede ver, al estilo de “Un, dos, tres” dimos una entrada: -Ampliar el ámbito objetivo del recurso especial a toda la contratación (salvo contratos menores).

No voy a reproducir el hilo que a cuenta de dicha pregunta en twitter construimos entre unos cuantos. A todas y a todos agradezco vuestra valiosa contribución. Ahí puedes leer toda la conversación.

En definitiva, todas estas ideas no son mías, cada una de ellas tiene su padre y su madre. Pues bien, por lo pronto, las hemos organizado en esta hoja de cálculo para compartirla con vosotros y poder mejorarla e incluso incorporarle enlaces de referencia que las expliquen, aclaren o concreten en el texto de un artículo.

A ver a dónde llegamos con este invento.

Fiscalizando los planes antifraude

La fundación General de la Universidad de Salamanca organiza el próximo día 14 de marzo una jornada on line sobre los planes antifraude en las Universidades Públicas

 Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- Hoy (3.3.2022)encontramos en el diario La Nueva España una noticia sobre la situación de los planes antifraude en las Administraciones del Principado de Asturias. Se trata de un repaso al cumplimiento en la Comunidad Autónoma de la exigencia europea para la tramitación de los millonarios fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Un goteo de planes ha venido apareciendo en la prensa nacional, tras la aprobación de la Orden HFP/1030/2021 de 30 de septiembre que requiere implantar medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Daba para ello un plazo de 90 días desde su entrada en vigor o desde su conocimiento.

No se trata de una obligación menor. De hecho, ha despertado mucho el interés de las instituciones por dominar la metodología de su elaboración, gestión y evaluación. Por ello, la fundación General de la Universidad de Salamanca organiza el próximo día 14 de marzo una jornada on line y de inscripción gratuita destinada al análisis de los planes antifraude en las Universidades y otras Administraciones Públicas.

Una actividad que codirigimos Julio García Muñoz (UCLM) y yo, con la mitad de los ponentes en remoto y un aforo limitado de asistentes en el salón de actos de la Fundación. Todo gratis al patrocinio de UNIVERSITASXXI, y se incluye dentro del programa de trabajo anual de la comisión sectorial de gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Dentro del material que manejaremos, destaca la última y generosa aportación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), divulgando su GUÍA DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN LA EJECUCIÓN DEL PRTR. Ejerce así su función del coordinación general a nivel nacional de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea formulando valiosas recomendaciones en los ámbitos de prevención y detección fraude, la corrupción y los conflictos de interés y para evitar la doble financiación. También se aporta una interesante propuesta de Banderas rojas,

El propio Jorge Castejón, director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) participará en el seminario salmantino hablando de la Declaración de Ausencia de Conflictos de interés (DACI) y sus implicaciones. Un tema trascendental y un territorio por explorar que ya forma parte de todas las reuniones sobre control interno o externo de los fondos públicos. También de los programas académicos sobre auditoría, donde los planes antifraude se han hecho un sitio permanente.

Recientemente, el Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Francisco Javier Martín Cabezas pudo explicar su experiencia al respecto, durante la sesión como profesor invitado en una de las clases del Master Universitario de Auditoría del sector Pública de la UCLM. Compartió la dificultad de su implantación autonómica y las características de cada una de sus partes.

Han venido para quedarse

Todos debemos estar preparados para salir airosos de la elaboración y gestión este tipo de instrumentos, que formarán parte del paisaje administrativo español de manera permanente, como curre en otras materias como los riesgos laborales o ambientales, que cuentan con sus propios instrumentos de planificación.

El problema, frecuente en las burocracias, se encuentra en los matices. Uno muy importante: es a quién se le asigna la responsabilidad del Plan. Este parte ha sido de complicada respuesta durante su elaboración, con muy poco tiempo para la tarea y la mayoría del staff económico ocupado en tareas de cierre del ejercicio. Por eso, muchos organismos debieron apurar los plazos aprovechando que eran 90 días hábiles y trasladaron ese trabajo al mes de enero.

Una vez aprobado, el siguiente reto será su gestión y seguimiento: Aquí la cuestión relevante será ¿Tienen entidad suficiente para destinar un funcionario a tiempo completo? Dependerá del tamaño de la institución. Si el Plan se ha hecho bien deberá haber previsto un calendario de acciones, una re-evaluación de riesgos y hasta acciones de formación o sensibilización. Todo eso llevará su tiempo.

La Guía antes mencionada también toca el asunto en la página 40 :  “Dependiendo de las dimensiones y las características de la entidad, podrá constituirse o no en el seno de la entidad decisora o ejecutora una unidad unipersonal o colegiada, dotada de autonomía y, preferentemente, con conocimientos y experiencia en materia antifraude”

Y apunta a continuación un exhaustivo catálogo de funciones a desarrollar. De todo esto hablaremos en Salamanca, aprendiendo de la experiencia de otras instituciones.

Llegan las auditorías

Aún están calentitos los planes, recién paridos y ya el  Tribunal de Cuentas ha aprobado en su Programa de trabajo para 2022 algunas fiscalizaciones singulares en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos “como más destacable novedad, las fiscalizaciones de los planes de medidas antifraude aprobados en el sector público estatal”, afirma el propio texto.

También se incluyen en el ámbito local nuevas propuestas para la fiscalización de los planes antifraude aprobados por ayuntamientos y diputaciones que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El trabajo de campo se realizará en 2002 y el informe estará publicado en 2023, tal como se programa en la página 10, donde puede verse que en el sector autonómico (incluye las universidades públicas) se compromete una “Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” donde los planes antifraude tendrán un especial protagonismo. Estos trabajos serán realizados en coordinación con los OCEX respectivos, como anuncia la nota de prensa de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

J R. Chaves: Últimas noticias de la estabilización del personal temporal

 Por J.Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público, plasmó el acuerdo sindical para reducir la temporalidad en las administraciones.

  Se esperaba con avidez la dirección e impulso en su aplicación y desarrollo, así que a título meramente divulgativo me complace informar del Borrador de Criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización se ha hecho público. Aquí está para gozo, amargura o indiferencia, según le vaya la feria a cada interesado.

Por otra parte, dos estupendos artículos doctrinales de acceso libre y gratuito en la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, nº21, Julio-diciembre, 2021. Uno sobre Los procesos de estabilización (Remedios Roqueta Buj) y otro sobre El abuso del nombramiento de funcionario interino y su estabilización en la administración (Josefa Cantero Martínez).

 Finalmente, para mostrar a tiempo real el estado de la cuestión, sobre las situaciones de nombramientos abusivos de personal estatutario y funcionario interino, nada mejor que leerse la sentencia de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de enero de 2022 (rec.1743/2020) que analiza con minuciosidad la normativa concurrente, la doctrina del tribunal europeo y la doctrina del Tribunal Supremo. Aquí está para consulta y análisis de los interesados, y que cada cual extraiga sus conclusiones.

Por lo demás, no efectuaré comentario o exégesis alguna sobre estas vertientes, asumiendo la célebre afirmación de Wittgenstein en su Tractatus philosophicus: “De lo que no se puede hablar mejor es callarse”.

Madrid: Funcionarios ‘guías’, en busca de talento universitario para opositar a la capital

El consistorio acude a las facultades para captar perfiles cualificados ante la jubilación del 50% de la plantilla de mayor nivel. Un equipo de 60 personas atiende de manera altruista las dudas de quienes se postulan a un proceso selectivo

Revista de prensa. Marta R. Domingo. ABC. Dar el paso de dejarlo todo para centrarse en estudiar una oposición para ocupar un puesto en los más altos niveles de la administración es una decisión que genera más incertidumbres que certezas. Es una inversión en tiempo y dinero, disciplina y mucho esfuerzo que no siempre se supera con éxito a la primera, pero que si se logra tiene una grata recompensa. Para reducir a la mínima expresión las dudas previas de quienes apuestan por postularse para un empleo público, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento personalizado.

Daniel Salas y Mª Ángeles García son dos de los funcionarios de las últimas promociones que se ha sumado al equipo de 60 voluntarios. «Me pareció una iniciativa muy interesante, me gustó mucho lo que es acercar la administración al ciudadano, que siempre parece que es algo inalcanzable. Cuando yo oposité me hubiera gustado que me hubieran orientado», cuenta a ABC García, que se sacó la plaza a Ingeniera Técnica de Obras Públicas en 2018. 

A través de la iniciativa ‘¿Quieres trabajar con nosotros?’, los ciudadanos interesados pueden plantear sus dudas mediante la página web del ayuntamiento en el apartado de oposiciones. Ellos resolverán todas las cuestiones que se susciten sobre los procesos selectivos abiertos en la capital, como el temario, tipo de pruebas, forma de preparación y grado de dificultad de las pruebas.

Los funcionarios que han dado el paso pertenecen a 14 categorías –letrados, veterinarios, psicólogos o arquitectos, entre otras– y atienden desde el pasado 14 de febrero, de manera altruista, las numerosas consultas que se están planteando con el fin de compartir su experiencia personal. Solo en las primeras dos semanas, ya se han atendido 250 peticiones de información.

«Somos una muy primera aproximación al empleo público. Mucha gente no tiene conocimiento de las oposiciones y preguntan desde cuándo y dónde se convocan hasta en qué consisten los exámenes, cuántas horas, cómo se prepara... Como lo hemos pasado hace poco nuestra experiencia le interesa mucho al que pregunta», relata a este diario Salas, que desde 2019 es Técnico de la Administración General de la rama jurídica en la Agencia Tributaria de Madrid.

La vocación de servicio público que les empujó a adentrarse en la administración municipal es lo que les ha llevado ahora a «devolver» esa mano amiga que un día otros compañeros de promociones anteriores les prestaron. «Quienes nos consultan son bastante generosos con nosotros y nos agradecen el tiempo invertido a cada uno», reconoce, orgullo, Salas.

Renovación necesaria

La captación de talento no es solo una máxima en el consistorio de la capital, sino que ya se ha convertido en una necesidad. «Se jubila el 50% de los titulados universitarios en los próximos 10 años, los que ocupan los puestos de los cuerpos superiores A1 y A2. Estamos reponiendo ya un tercio de las plazas y tenemos en marcha ya más procesos selectivos, por eso no estamos enfocando en ir a las facultades, para que los universitarios sepan el trabajo que hay detrás», explica a ABC el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Sánchez Díaz.

Además de la atención personalizada a través de la web, los voluntarios asisten a un ciclo de charlas en las universidades. «Les contamos los concursos públicos que tienen que ver con la facultad a la que vamos. Por ejemplo, las obras de plaza de España les interesa a los arquitectos o el Bosque Metropolitano, a los ingenieros de montes», indica Sánchez. A todas ellas siempre va un funcionario experimentado que les habla de la carrera que pueden alcanzar en estos puestos;uno de los voluntarios de las últimas promociones, para responder las dudas sobre el proceso selectivo y otro compañero de Recursos Humanos les explica las condiciones generales de empleo. Así se les da la triple perspectiva.

Durante 2022, el Área de Hacienda y Personal, que dirige la edil Engracia Hidalgo (PP), tiene previsto convocarán un mínimo de 856 plazas de empleo púbico en el ayuntamiento. De ellas, 176 son de turno libre –de ellas, 9 son con discapacidad–, 660 son de promoción interna para personal funcionario y 20 de promoción interna para personal laboral fijo. Estas plazas vendrían a sumarse a las 2.945 plazas convocadas entre 2019 y 2021.

Del total de plazas 67 corresponden al grupo A1 (letrados consistoriales, técnicos de administración general de las ramas jurídica y económica, médicos especialistas, médicos de medicina general, psicólogos y farmacéuticos), 34 corresponden al grupo A2 (titulados medios de administración general, ingenieros técnicos agrícolas, técnicos medios en tecnologías de la información, maestros de educación infantil y fisioterapeutas). Una nueva oportunidad de sumar talento al servicio del ciudadano.

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