“La corrupción no supone solo un problema de criminalidad,
sino especialmente de construcción política estatal, regulación imparcial de
los organismos públicos y diseño eficiente de las instituciones” (Joaquim
Bosch, p. 436)
Reseña Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog al libro "LA PATRIA EN LA CARTERA”: CORRUPCIÓN ‘VERSUS‘ INTEGRIDAD EN ESPAÑA. Pasado y presenta de la corrupción en España, por Joaquín Bosch (Ariel)
Preliminar: un libro necesario y oportuno
La corrupción es un martillo que no cesa de golpear a la
sociedad española. Se disfraza de mil maneras, como en carnaval. La intensidad
de sus golpes adquiere en ocasiones una dureza inusual, alcanzando las más altas
magistraturas y llegando, siquiera sea de refilón, hasta las entrañas de las
Administraciones Públicas o, más aún, impactando con fuerza en esas cajas
opacas que son los partidos políticos, y en sus aledaños. Hace un daño
terrible.
En este duro contexto de caída libre de lo público, cobra
especial importancia la reciente publicación del libro de Joaquim Bosch, La
patria en la cartera. Pasado, presente y futuro de la corrupción en
España (Ariel, 2022). No podía ser más oportuna esta obra, ahora que la
gestión de los fondos europeos puede provocar un incremento desmesurado de
prácticas irregulares o incluso de corrupción delictiva, cuando no de múltiples
conflictos de intereses. Una tendencia que barreras de pergamino, como los
planes de medidas antifraude, apenas podrán parar. Menos aún si no se toman en
serio, como todo apunta.
Por tanto, nada más adecuado en estos momentos que invitar a
una reflexión sobre el pasado y presente de la corrupción en España (como
así se subtitula la obra), al menos para intentar evitar que no se convierta
también en una lacerante lacra del futuro. Esta es una importante contribución
bibliográfica sobre el doloroso fenómeno de la corrupción en nuestro país; y es
una obra bien escrita, muy documentada de principio a fin, de la cual se
aprende mucho. Dispone de una correcta sistemática y enfoque, ya que aborda
primero la multiplicación de casos de corrupción (los “hechos”) durante la
etapa franquista, la transición política y la fase democrático-constitucional
hasta llegar (casi) hasta nuestros días, para analizar de inmediato (en la segunda
parte) “los problemas” que han servido de caldo de cultivo para que esa
corrupción se instale entre nosotros con una comodidad que resulta intolerable.
El libro concluye con una idea fuerza: solo la calidad institucional, bien
entendida y mejor practicada, será capaz de sacar a este país de las garras de
la corrupción.
La imparable presencia de la corrupción en España
Los hechos son minuciosamente tratados con el bisturí
argumental propio de un magistrado sensible y bien informado ante tal patología
y sus letales efectos. Una de las tesis centrales del libro aparece de
inmediato y se reitera a lo largo de las páginas: la dictadura de Franco fue
terreno abonado para la corrupción, que sin solución de continuidad se trasladó
luego a la transición política y encontró acomodo paradójicamente en un régimen
constitucional de 1978 que no supo “remediar” tales lacras. El autor
documenta adecuadamente tanto la corrupción de la dictadura como su traslado al
período de la transición, así como su continuidad ulterior. El repaso por los
hechos es sencillamente escalofriante. Durante la dictadura franquista, como
bien indica, “todo el país aceptó que el fraude era la forma de comportamiento
normal y que el abuso de poder era el sistema de gobierno”. Los daños de la
corrupción de aquel período aún son tangibles (medioambientales, urbanísticos,
etc.), pero sobre todo intangibles, en cuanto al pesado legado y las
innumerables hipotecas que se han trasladado hasta nuestros días en los
comportamientos y actitudes de la política, del empresariado, de la propia
Administración y del sistema judicial, por no hablar de la ciudadanía. Como no
podía ser de otro modo, la dictadura fue un período de corrupción (¿Qué régimen
dictatorial no lo es?), agravado eso sí por los casi cuarenta años de su eterna
existencia. Pensar que aquello no dejaría profundas huellas, es una ingenuidad.
Sin embargo, en mi modesta opinión (dado que no soy experto
en temas de corrupción) la dictadura franquista representó una explosión de
conductas y hábitos que ya estaban incubados en la política y en la sociedad
española, y que tenían, por tanto, raíces mucho más profundas. Tanto Primo de
Rivera como Franco prohibieron cínicamente “las recomendaciones”, lo que ya era
un síntoma de su desorbitado arraigo. Esa herencia, procedente de los primeros
y desviados pasos de construcción del Estado Liberal en España, se manifestó
inicialmente con fuerza durante el sistema político isabelino y el sexenio
revolucionario, para ir generando una eclosión durante el sistema político de
la Restauración, manifestarse también con sonados casos en la dictadura Primo
de Rivera y en la II República, y siguió tomando cuerpo, hasta desarrollarse de
modo exponencial en el primer y durísimo ciclo totalitario del régimen
franquista, transformándose luego en una corrupción más “moderna” (y selectiva)
a partir del Plan de estabilización de 1959. Dicho de otro modo, es el legado
político-institucional decimonónico el que alimenta la continuidad del fenómeno
clientelar y la futura emergencia de la corrupción como fenómeno estructural de
la enferma democracia española hasta nuestros días. En una visión personal, que
en nada enmienda la tesis del autor, pues Joaquim Bosch ya cita esos
precedentes, si bien pone el foco central del problema en la dictadura
franquista y en las hipotecas de la transición. Es lógico que así sea, puesto
que la corrupción como fenómeno político crece conforme el Estado adquiere más
peso. Si bien, creo que puede haber más fondo. Y, en su día, lo intentaré
argumentar con más elementos.
El tránsito de la corrupción hasta nuestros días a través de
los más de cuarenta años de vida democrático-formal, está muy bien tratado en
la obra, donde se seleccionan los escándalos de corrupción más relevantes, cuyo
documentado recorrido pone los pelos de punta. La “transversalidad” ideológica
de la corrupción es evidente; por mucho que los últimos escándalos más
recientes descansen bajo los hombros de la derecha política (aunque también
tienen otros colores políticos), la izquierda y los nacionalismos periféricos
no salen ni mucho menos indemnes. Los dos grandes partidos se han ido
repartiendo, según períodos, el liderazgo vergonzante de la corrupción. Y eso
no debe tranquilizar a nadie, por mucho que nos repita una y otra vez que son cosas
del pasado y «de otros» que ya no están. La geografía de la corrupción es
también sintomática. Sin tratarse de un relato exhaustivo en la obra, sí que es
lo suficientemente concreto para alarmar a cualquier lector bienintencionado.
Los tentáculos de la corrupción se extienden por doquier, incluso por lugares
en los que la probidad pretende ser un sello de identidad. El arco mediterráneo
fue particularmente azotado por ese fenómeno.
Un sistema político-institucional sin frenos; desarmado de
controles efectivos
No obstante, siendo muy importantes el relato de los hechos,
más lo es -bajo mi punto de vista- la segunda parte del libro, que trata de
“los problemas”. El arranque es, a mi juicio, impecable: la respuesta penal
ante la corrupción, siendo necesaria, se produce “cuando el daño a la sociedad
ya se ha materializado”. Aunque el Derecho penal juegue como importante
elemento de disuasión, lo que hace falta es invertir en algo que ni sabemos ni
queremos hacer (aunque ahora nos venga impuesto por la UE en la gestión de los
fondos europeos): “La prevención de los abusos de poder resulta fundamental”. Y
ello por una razón muy elemental que el autor cita reiteradamente: “La
corrupción que llega a los juzgados es la punta del iceberg”. Y efectivamente
así es. Lo que parece desmentir esa percepción siempre repetida entre nosotros
de que la corrupción no es sistémica en España. A mi juicio, es algo que no
sabemos. También solemos decir que la corrupción se circunscribe sobre todo a
la clase política, y que no se hace extensiva a “los cuerpos de la
Administración ni tampoco a los jueces y a los policías”. No diré que ello no
sea así, pero tampoco diré lo contrario. A mi modo de ver no se entiende muy
bien cómo ha funcionado una corrupción tan elevada en determinados momentos y
ámbitos (donde ha realmente aflorado) sin que nadie ni en la propia
Administración ni en los órganos de control, al parecer, se enterara de nada.
Algo falla en ese razonamiento, más cuando la corrupción se asienta en ámbitos
de riesgo que están plenamente identificados. En efecto, es algo que hemos
visto constante y recientemente en la contratación pública, en las
(siempre opacas) subvenciones o ayudas, en el pozo sin fin del urbanismo, en la
cueva de Alí Baba del sector público empresarial, en la más ordenada (pero
eminentemente formal y burocrática) gestión económico financiera o en la
eclosión de personal interino y temporal en las Administraciones Públicas que
en las últimas décadas ha llegado a la escalofriante cifra de casi un millón de
personas (no pocas de ellas ingresadas de la mano de prácticas de corrupción
clientelar, que ahora se aplantillarán de “por vida” y sin acreditar
conocimientos de (casi) nada por la mano política benefactora, una
manifestación indecente de corrupción legislativa populista (que
nadie denuncia). Donde no hay función pública profesional e imparcial la
corrupción anida con facilidad pasmosa. La corrupción siempre se está
reinventando para conseguir los mismos fines: priorizar los intereses privados,
políticos, empresariales o sindicales, por encima de ese sacrosanto interés
general, que hoy en día ya no pasa de ser más que una mentira piadosa o una
locución vacía.
La segunda parte del libro transita ordenadamente por los
problemas que se han enquistado en el oxidado sistema político-institucional
español, y que convierten en tarea hercúlea no ya eliminar, sino siquiera
reducir, la carga de corrupción (visible e invisible) que es capaz de soportar
este país llamado España. Ya se han expuesto algunos de ellos. La apuesta del
autor por la integridad, transparencia, participación y rendición de cuentas,
tropieza con una política que abraza sin pudor una comunicación
autocomplaciente y hasta cierto punto falseada (solo portadora de aparentes
“buenas noticias”). También con la carga de cinismo que supone gobernar como
siempre se ha hecho en este país: sin trabas ni frenos. Pues hay algo que el
autor trata que condiciona todo: los partidos políticos. Carecen -como bien
señala- de democracia interna y se han convertido en estructuras endogámicas
adosadas al poder, y además solo se representan a sí mismos: sus intereses se
limitan en gran medida a satisfacer sus propias clientelas. Su proceso
degenerativo, de no remediarlo un giro copernicano, parece imparable: son
partidos de cargos públicos, como los he calificado en otro lugar, alejados
casi totalmente de las necesidades de la ciudadanía (Piero Ignazi).
Muy esclarecedor y de gran interés es el capítulo dedicado
al despilfarro (que también es corrupción), al clientelismo y a las puertas
giratorias. Que frente al enorme despilfarro y la multiplicación de casos de
corrupción que han existido en España ningún alto funcionario ni órgano de
control haya dicho prácticamente nada, es -como antes se señalaba- llamativo.
Más aún lo es que, como bien informa el autor, haya tenido que ser el Tribunal
de Cuentas europeo quien lo haya puesto de relieve. Tener un denso y extenso
sistema institucional de órganos de control y de regulación, capturados
indecentemente por los propios partidos y que apenas funcionan en su sentido
existencial (controlar al poder), es también corrupción institucional,
aunque a muchos les parezca exagerado el término. El clientelismo tiene raíces
profundas, algunas de las cuales trata magistralmente el autor, y las puertas
giratorias -como denuncia- son un escándalo reiterado que tampoco nadie quiere
resolver. Pero no solo en la política, también en la alta función pública y en
la judicatura, ámbitos en los que se transita con increíble facilidad desde lo
público a lo privado y viceversa. Una alta función pública dominada en sus
puestos de responsabilidad por las hipotecas de la designación política o de la
libre designación es pasto de corruptelas ulteriores: quien debe su puesto a la
política nunca se opondrá, cuando sea necesario, a sus a veces espurios
propósitos. La imparcialidad es un principio cuyo sentido existencial se
desconoce en España. Y quienes son formalmente imparciales es porque poco o
casi nada pintan. La (mala) política los atropella.
También muy relevante es el capítulo dedicado al sistema
institucional y a la persecución de los delitos. En este punto el autor
acredita su condición de miembro de la carrera judicial, lo que no le impide
lanzar argumentadas y justificadas críticas al estado de absoluto deterioro en
el que se encuentra tanto el (hoy en día desgraciado e inservible) órgano de
gobierno del poder judicial (CGPJ) como la propia administración de justicia,
sin duda el sector de la Administración Pública más retardatario en su proceso
de (al parecer imposible) transformación. Cabe compartir con Joaquim Bosch la
idea de que nadie ha querido ni quiere realmente reformar la Justicia. En
cuarenta años así ha sido. Lo cual es un ejemplo evidente de que el poder
político se siente a gusto con un sistema judicial inoperativo, mal dotado,
colonizado por la política en sus niveles más elevados y a todas luces
ineficiente, lo que multiplica las posibilidades de que la corrupción y la
impunidad campen a sus anchas. En fin, que sean las instituciones europeas o el
Consejo de Europa quienes una y otra vez nos emplacen a llevar a cabo reformas
que una clase política indolente y cínica se niega sistemáticamente a adoptar,
es una auténtica vergüenza. Y muestra, además, el verdadero carácter de una
aparente democracia formal en estado de ruina. El autor da en la clave, cuando
afirma que “las transformaciones centradas en políticas preventivas, en
fortalecer la separación de poderes y en mejorar nuestra calidad institucional,
dependen principalmente de la voluntad política”. Y ello es efectivamente así.
Ahí está el problema.
El dilema presente y futuro: Calidad Institucional ‘versus’
corrupción
El magistrado Joaquim Bosch ha escrito un ensayo dirigido al
gran público que será referencia en el ámbito de la corrupción en España. El
libro transita muy bien por los hechos y por los problemas. Además, quiere ser
propositivo. Busca las líneas de solución que sintetiza correctamente en el
Epílogo, donde apuesta encendidamente por superar la corrupción a través de la
calidad institucional. Efectivamente, esa es la vía correcta. Aporta, así, un
punto de optimismo, poniendo de relieve que si otros países lo han conseguido
por qué no lo podremos alcanzar nosotros. Su defensa de la integridad
institucional, no cabe sino compartirla. Y aplaudirla. El autor es un juez de
carrera a quien le quedan muchos años de desarrollo profesional y, por tanto,
es loable y plenamente justificado que pretenda vivir en una sociedad donde la
corrupción sea una anécdota y la integridad se convierta en la regla de
actuación de nuestros poderes públicos.
Mi percepción del problema es, sin embargo, más pesimista.
No advierto ningún síntoma de cambio o transformación en la dirección expuesta.
Es más, mi diagnóstico del sistema público-institucional es cada día que pasa
más negro. La corrupción (en sus formatos light y hard) sigue
campando silenciosa o ruidosamente a sus anchas y nos dará sustos sinfín en los
próximos años. Y ello se debe al pesado legado histórico de una pésima
concepción de lo público en España que nadie ha sabido ni querido eliminar.
Sigue anclada una concepción clientelar de la política que sacude por igual a
todas las formaciones políticas, sean viejas, nuevas o de próxima generación. Y
nadie quiere cambiarla realmente. Se adoptan medidas cosméticas de cara a la
galería. Porque un cambio de tales magnitudes comportaría desplegar un sentido
institucional efectivo que le diera prioridad frente al sentido lacayo de
pertenencia al partido, configurar un sistema real de contrapesos y de control
del poder despolitizando radicalmente las administraciones públicas y los
órganos de control y reguladores (algo que nadie en la política española va a
hacer), así como, entre otras muchas cosas, construir una sociedad con valores
que impregnen lo público, impulsar una transparencia y una rendición de cuentas
efectivas, así como mejorar los pobres canales de participación ciudadana hoy
en día existentes. Sabemos perfectamente cuáles son los problemas y
cuáles las soluciones. El eterno drama de este país es que quien debe desatar
el nudo, nunca lo hace realmente. Y no se advierte que lo vaya a hacer en un
futuro próximo, aunque el libro de Joaquim Bosch marca muy bien la hoja de
ruta. Si no lo han hecho aún, les recomiendo que lo lean. Al margen del duro
relato, su visión positiva del epílogo es la que se debe recuperar. Ojalá su
discurso cale y quien esto escribe esté radicalmente equivocado. Por el bien de
todos, menos de algunos.
