Cambios de gobierno y cesantías en la Administración

 Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional Blog :  CAMBIOS DE GOBIERNO Y CESANTÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN (POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN EN LA ESPAÑA DE GALDÓS, V) GALDÓS

“Bueno es que se muden las tornas y cambien las aguas, para que lo seco se moje y lo mojado se seque; bueno será que se limpien muchos comederos, y se llenen otros que ha tiempo están vacíos …” (Benito Pérez Galdós, Los duendes de la camarilla)

Introducción. La cuarta serie de los episodios nacionales abarca desde 1848 a 1868, de una revolución sin cuerpo a otra que lo tomó, aunque finalmente se quedara en nada. Los militares entonces ya ejercían un poder inmenso en la política española, consecuencia sin duda de la primera guerra carlista; por tanto, los espadones hicieron acto de presencia mucho antes en la gobernación del país, pero lo cierto es que en esos veinte años por los que transcurre el relato galdosiano son los de la plétora militar: vemos aparecer de nuevo con fuerza a Narváez, despuntar a O’Donnell, mostrar tímidamente de nuevo a Espartero, y consolidar gradualmente la imagen de Prim, la esperanza blanca del progresismo liberal. Lo expone, así,  Galdós: “Fue O’Donnell una época, como lo fueron antes y después Espartero y Prim”; y, añado, como también lo fue, cual Guadiana político, el propio Narváez. Ciertamente, mal le tenía que ir a un país para que los asuntos de su gobierno los depositaba en espadones. Narváez, O’Donnell y Prim, son otras tantos tres episodios de esta serie.

Según Yolanda Arencibia, en su magnífico libro Galdós. Una biografía (Tusquets, 2020), “está entusiasmado el autor con la nueva serie”. Desde el punto de vista literario, son, en efecto, diez libros extraordinarios. En lo que aquí nos ocupa, destacan en estos episodios por los perfiles políticos que el autor dibuja (espadones la mayoría, pero también entreverando civiles), y por el goteo persistente y cansino de las cesantías en la Administración Pública.  

La relativa quietud moderada de este largo período, con sobresaltos reiterados, el bienio revolucionario (1854-56), la pretendida e imposible contrarrevolución “moderada” ulterior, la gobernación de un centro liberal durante un período notable y, finalmente, la descomposición del régimen isabelino, ofrecen un escenario histórico sin hitos tan sobresaliente como las series precedentes, lo que conduce al autor a recrearse más en la novela histórica que en los propios acontecimientos. Aun así, las debilidades de una política caciquil, los caprichos de la Reina en la formación y desguace de los gobiernos, el ostracismo del progreso que condujo a su retraimiento más duro, y una administración que resultaba ser el comedero al que todo el que podía o le dejaban se apuntaba, consolidaron ya entonces la imagen persistente de una política impotente y una administración de favores que nos acompañará hasta nuestros días.  

Política y Administración durante el período 1848-1868

El conductor novelado de esta serie, García Fajardo, luego marqués de Beramendi, pronto encuentra acomodo en la siempre socorrida Administración Pública. Destinado inicialmente en la Gaceta (nuestro actual BOE), recibe en su bautismo burocrático los primeros consejos: “No tendrás nada que hacer en la Gaceta, y te recomendará(n) al director para que te perdone la asistencia a la oficina los más de los días”. Unas palabras de su querida madre ante el destino regalado, no tienen desperdicio: “Te recomiendo, hijo mío, que no trabajes demasiado. Ya estoy viendo que muchos de tus compañeros se aliviarán de su faena recargando la tuya”. Al leerla, me vinieron a la memoria las famosas leyes de bronce de los funcionarios, que escribiera en su día el maestro Alejandro Nieto.

El primer episodio tiene como telón de fondo “las noticias de Francia (que) son cada día más interesantes y en ellas palpita el drama político”: la Revolución de 1848. Galdós pone en boca de Sofía la necesidad “de poner una aduana de ideas en la frontera para que no pase acá la dolencia revolucionaria, ni se nos cuelen en España esas malditas utopías”. El autor saca a colación a un personaje real, Martín Merino (“soy riojano, y no gasto en cumplidos (…) Arnedo es mi pueblo”), sobre el que, según la biógrafa del autor, se documentó muchísimo. El clérigo que ensayó el regicidio, afrontó con serena determinación su condena a muerte. El autor lo recuerda: “No estaba arrepentido; no tenía cómplices, ni recibía inspiraciones más que su propia inquina, del aborrecimiento de toda injusticia y del mal gobierno de la Nación” (La revolución de julio). Pero, en aquel año de los acontecimientos galos, el país estaba muy lejos aún de parecerse a Francia, a la que siempre miraba de reojo y emulaba tiempo después. Y Las tormentas del 48, se quedaron en eso:  en truenos de verano. “Narváez era inflexible (…) ¿Qué sería de un país sin Orden Público? ¿Y cómo se asegura el Orden Público, sino desprendiendo y arrojando fuera todos los miembros o partes corruptas de la enferma nación?”. Muy propio del granadino.

El personaje de Narváez, ya tratado en sus perfiles centrales en episodios anteriores, es objeto del segundo libro de esta cuarta serie. Son años “buenos” del espadón de Loja, que goza (por temporadas) de la confianza de Palacio.  Narváez significaba, a ojos del moderantismo dominante, el valladar que impediría la contaminación ideológica del país: “Las tempestades europeas no se correrán a España, porque aquí tenemos la Providencia de un Narváez, que con el ten con ten de su fiereza y gracias andaluzas, tigre cuando se ofrece, gato zalamero si es menester, maneja, gobierna y conduce a este díscolo reino”.

La figura de Bravo Murillo aparece en la escena galdosiana también en este episodio, con una primera descripción amable: “La persona de don Juan no puede ser más extremeña: como político es compacto, duro, consistente; como orador, macizo, aplastante, pesado, de una claridad pasmosa en los asuntos de la ley escrita (…) Menos austero de lo que parece, goza, no obstante, de fama de honrado, y lo es”. En episodios posteriores vuelve sobre la figura política del extremeño, que coqueteó con el autoritarismo, si bien impulsó,  no regatea Galdós alabanzas a sus reformas (entre ellas, la Administración y función pública)

La referencia a las verdades del parlamentario Joaquín Compani, hombre de una franqueza sublime, son buen reflejo del estado de descomposición del país y de su Administración Pública: “Sólo hay en España dos elementos de gobierno, el cansancio de los pueblos y la empleomanía”. El cierre de su argumentación es muy gráfico a la hora de defender la empleomanía: “Escaseando en España los medios de vivir, hay que reconocer a los españoles el derecho al presupuesto”. Qué bien se agarran una amplia nómina de personas a ese hispano derecho “universal”, nunca declarado, salvo por estos pagos.

El episodio intermedio de esta serie gira sobre la figura de O’Donnell. Triunfada esa revolución encogida en Vicálvaro, el libro está plagado de reflexiones sin par sobre los políticos del momento y las cesantías como decorado. Tras diez años de década moderada, se despertaron los apetitos de los arrinconados progresistas. Era el momento de volver a probar las mieles del presupuesto: “Daba gusto de ver la Gaceta de aquellos días, como risueña matrona, alta de pechos, exuberante de sangre y leche, repartiendo mercedes, destinos y recompensas, que eran el pan, la honra y la alegría para todos los españoles, o para una  parte de tan gran familia (…) enseñando las longanizas con las que debían ser atados los perros en los años futuros (…) Era de ver en aquella temporadita el súbito nacimiento de innumerables personas a la vida elegante o del bien vestir. (…) El cesante soltaba sus andrajos (…) Y a su vez, pasaban otros de empleados a cesante por la ley de turno revolucionario, que no pacífico. Alguna vez había de tocar el ayuno a orgullosos moderados, aunque fuera menester arrancarles de las mesas con cuchillo, como a las lapas de la roca”. En una España pobre, y con pocas expectativas de trabajo, “el ser empleado creaba posición: los favorecidos por aquel comunismo en forma burocrática, eran, en su mayoría, personas bien educadas que, por espíritu de clase y por tradicional costumbre, vestían bien, gozaban de general estimación, y alternaban con los ricos por su casa”.

En el bienio progresista (1854-1856) se inicia y consagra la carrera política de O’Donnell, que continuará intermitente durante el resto del período isabelino, hasta su fallecimiento en 1867. La formación de la Unión Liberal fue un ensayo finalmente frustrado en el tiempo, de suavizar las aristas de la polarización política entre el moderantismo y el progresismo mediante la creación de esa tercera fuerza política intermedia. Galdós, a través Mariano Centurión, progresista y cesante de largos períodos de gobiernos moderados, describía con particular destreza las dificultades que siempre ha habido en España para implantar partidos de centro: “Hasta los ciegos ven ya las intenciones de O’Donnell … ¿Qué creerán que ha inventado el tío para dar al traste con el progreso? Pues esa gaita del justo medio y de que se vaya formando un nuevo partido con gente de la libertad y con gente de la reacción … o lo que es lo mismo, que seamos progresistas retrógrados, o despóticos avanzados … ¡Vaya un pisto, señores!”

El perfil del general Serrano, Duque de la Torre, a la sazón capitán general de Madrid, se desliza también por esas páginas, pues de él se decía que tenía lo que en Andalucía llaman ángel: “Más que a su guapeza, por la que obtuvo de real boca el apodo de general Bonito, debía los éxitos a su afabilidad, ciertamente compatible, en el caso suyo, con el valor militar temerario, en ocasiones heroico (…) En él se marcaban con gran relieve los caracteres de la generación política y militar a que le tocó pertenecer. Todos en aquella familia zoológica eran lo mismo: los militares muy valientes, los paisanos muy retóricos”.

El retorno de Narváez al poder, por otro capricho de la Reina, dio paso de nuevo a lo que Galdós denominada “el desmoche oficinesco” propio del mangoneo político y administrativo, que se plasmó en “la matanza de los empleados de la situación caída, para resucitar a los de la imperante, que venía muerta desde el 54. Todo el elemento progresista fue arrojado a la calle con menosprecio, y entraron a comer los pobrecitos que no lo habían catado en todo el bienio (…) ¡Comer, comer! De eso se trataba, y toda nuestra vida política no era más que la conjugación de ese sustancial verbo. El nacional hospicio no podía mantener a tan grande número de asilados, sino por tandas …”. En verdad, con unas connotaciones más estrechas, como recogeré al final, la situación en la España política actual no ha cambiado un ápice en esas pautas patológicas de hacer política: unos están en el poder (comiendo y dando de comer a sus numerosas huestes de clientela partidista) y otros esperan o desesperan en la oposición (con ánimo de sentarse, más temprano que tarde, en la mesa del banquete presupuestario).

El retorno de la mano de Narváez del moderantismo duro se encontró, sin embargo, con un nuevo escenario: tres eran las fuerzas políticas en disputa. Sin embargo, para comerse “los buenos platos guisados del presupuesto”, no todos estuvieron llamados a la mesa: “ni una plaza dejaron para los infelices del progreso y la unión”. En boca de nuevo de Mariano Centurión, el autor incide en la penosa situación del cesante, y en si no era mejor juntarlos a todos y fusilarlos directamente, así “todas las penas se acababan de una vez”.

La dureza del gobierno Narváez-Nocedal incluso asustó a Palacio, que buscó una forma más templada. Entró así en ese gobierno una nueva figura del mundo civil: “Por fin, un hombre agudo y de cuidado, don José Posada Herrera, astur, largo de cuerpo y de entendederas, puso fin a todo aquel marasmo y atonía de voluntades”.  La subida al poder de la Unión Liberal en 1958 (“una mixtura de sistemas gastronómicos”, o lo que Centurión denominó como “pisto”), rehizo las nóminas publicas, dando incluso acogida a algunos progresistas (Centurión se desdecía así de sus amargas críticas a don Leopoldo O’Donnell). Luego llegaron otras soluciones políticas, para finalmente echarse de nuevo Isabel II en las garras de Narváez y de González Brabo, firmando así su sentencia de muerte. Eran los momentos finales de ese infausto reinado de Isabel II. Cuando falleció O’Donnell, poco antes que Narváez, la Reina, al parecer, pronunció esta lapidaria frase: “Se empeñó en no volver a ser ministro conmigo, y se ha salido con la suya”. Las últimas palabras de Nárvaez, según Galdós, fueron premonitorias: “Esto se acabó, dejo a España entre dos Juanes”. La libertad y la reacción volvían a asomarse al campo de batalla. Frente al  moderantismo, el progreso ganó la partida de nuevo; pero no la guerra. Como expone Galdós: “Prim no era un partido, pero sí una incógnita sugestiva, una bella efigie, cuya postura majestuosa y mirar profundo anunciaba poder, fuerza, dominio” (Prim). La formación del Gobierno Serrano-Prim y la huida de la Reina al país vecino, abrían el tiempo del llamado sexenio revolucionario: “La inmensa grey desheredada del Progreso y la Democracia aprestábase a invadir los nacionales comederos". Tiempo veloz de acontecimientos, pero reiterativo en actitudes.

Un pesado legado institucional. Vigencia del análisis galdosiano

La vigencia del análisis político-administrativo galdosiano es incontestable. Está el autor muy influenciado, cuando estos episodios escribe, por su alejamiento del progresismo de Sagasta, su cercanía inicial a la visión de Joaquín Costa, y por  vinculación al republicanismo. Pero, su análisis de las relaciones partidos-administración llega hasta nuestros días. Peter Mair, lo expresaba en términos similares hace pocos años: “En política, los partidos o están en el gobierno o esperando gobernar. Ahora todos ocupan cargos” (Gobernando el vacío, 2013, p. 99). En efecto, la política española actual, “profesionalizada” al máximo, exige a los partidos disponer de innumerables comederos (en terminología galdosiana), que los hay o los crean, para mantener a sus huestes y sus apetitos (“y no dejar a nadie atrás”); situación muy diferente a la España en que regían los viejos partidos de notables, donde el reparto era más corto en la política y con mayor recorrido en una Administración marcada por los favores personales y el caciquismo político. Sin embargo, todo ello supuso un pesado legado institucional.

En la España decimonónica la rueda de las cesantías-nombramientos-cesantías, se agitaba especialmente cuando llegaban al poder sensibilidades ideológicas distintas, pero también cuando cambiaban los titulares de los ministerios (¿nos recuerda esto a algo?). Si había gobiernos largos (no muy frecuentes en aquellos años por las interferencias caprichosas de Isabel II y de su camarilla), la apariencia de normalidad institucional parecía instalarse, pero era una imagen falsa. El poder y la administración estaban siempre a merced de los vientos de la política. Quien no tocaba poder o a quien no se le abrían las puertas de la Administración, estaba condenado a llevar una vida plagada, por lo común, de privaciones y empréstitos. ¿En qué ha cambiado la situación en nuestros días? En lo que a la política respecta, el cambio ha sido inexistente: las pulsiones políticas (manifestadas en la polarización exacerbada) siguen siendo las mismas, la profesionalización actual de los políticos les hace buscar en todo momento un trozo del presupuesto al que agarrarse para continuar su vida de confort (que, en muchos casos, sería imposible desarrollando actividades privadas). Su espera fuera del poder, sobre todo si es larga, cubre de desesperanza sus expectativas, aunque siempre se endulzan con un escaño o una concejalía (canonjías abundantes en nuestro panorama político) que, como decía Mair, les permite aguantar con la dignidad requerida en espera de la hora del mayor reparto. En la Administración, sin embargo, la profesionalización ha tomado otros derroteros, puesto que, una vez ingresados en ella (sea por oposición, concurso-oposición o por la puerta del servicio) los funcionarios y empleados públicos ya tienen garantizada de por vida participar en ese comedero comunitario (descrito magistralmente por Galdós como “comunismo burocrático”), en el que algunos se ganarán honradamente su plato presupuestario (incluso con compromisos profesionales y personales encomiables), otros muchos trabajarán a reglamento (lo justo, sin regalar nada) y, en fin, también los habrá que comerán del cuento. No obstante, la herencia de las patologías de la Administración decimonónica se hallan, hoy en día, en lo que se puede situar topográficamente como la Alta Administración. Allí, la rueda de las cesantías y nombramiento sigue funcionando como una auténtica noria, en función de los vientos políticos, si son huracanados (cambios de gobierno) o de menor intensidad (remodelaciones), pero también de los caprichos presidenciales, ministeriales o de cualquier consejero o alcalde. En estos supuestos, la cultura del favor, el amiguismo o nepotismo, el patronazgo o el caciquismo revestido en clientelismo partidista,  siguen plenamente vigentes. El comedero se ha hecho más grande, y  la nómina de quienes quieren participar en sus manjares sigue siendo estratosférica. Ninguna democracia occidental europea ofrece tal números de asientos de nombramiento político o discrecionalidad gubernamental en la mesa de sus respectivos presupuestos públicos. España es así. Desde siempre. Aunque no sea un mal incurable, nadie en política quiere ponerle remedio. Sería como tirar piedras contra su propio tejado, que no el nuestro.

Newtral: Así es la transparencia en los municipios más pequeños de España

A pesar de que la ley obliga a la transparencia, los municipios de menos de 5.000 habitantes que incluyen en sus portales datos abiertos son todavía una excepción debido a la falta de recursos económicos y de voluntad política

Por Carla Pina García.- Newtral.es.- Concretar cómo se gestionan los contratos públicos, dar a conocer el sueldo del alcalde o informaciones tan básicas como el organigrama municipal o los presupuestos anuales son solo algunos de los datos que todos los ayuntamientos, incluidos los de menos de 5.000 habitantes, están obligados a publicar en su página web desde que entró en vigor la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en todas la Comunidades españolas en el año 2015.

Sin embargo, este tipo de información pública, que es un indicador fundamental para la transparencia del municipio, no siempre aparece en sus portales por diferentes razones. Entre ellas, los consistorios más pequeños se escudan en la falta de recursos.

Pero, este hecho obedece también a otras cuestiones. Al final, la transparencia es el primer paso para la rendición de cuentas, no puede haber control sin información. “Publicar lo que haces puede indicar que no eres un buen gestor o que no cumples con los objetivos prometidos”, puntualiza Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León.

6.820 municipios obligados a cumplir con la ley de transparencia

Según los últimos datos oficiales que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisados a fecha 1 de enero de 2021, en España hay 6.820 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Todos ellos están obligados a cumplir la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno desde el 10 de diciembre de 2015, dos años después de la aprobación de la norma y un año después de que la Administración central tuviera que aplicarla. 

A juicio de Access Info, una organización que promueve la transparencia en las instituciones, el nivel de cumplimiento es bastante bajo.

Meseguer también aclara que “es cierto que en la norma no se especifica en ningún punto que los municipios tengan que desarrollar un portal de transparencia como tal, pero sí que deben publicar la información relevante que haga posible el control de la gestión pública”.

No obstante, hay algunos que con más o menos datos, sí tienen un portal de transparencia propio, pero su información no siempre está actualizada o completa, y a veces los campos a rellenar están vacíos, como es el caso de Valdelosa (Castilla y León). Otros han optado por alojar el portal en la página web de las diputaciones. Por ejemplo, Setenil de las Bodegas (Cádiz). La mayoría no tienen un portal de transparencia como tal, pero publican los datos en la página web. Así lo tiene el ayuntamiento de  Aínsa (Huesca). 

Los menos, como Bordón (Teruel), no cuentan con  web, el lugar donde debería publicarse no solo la información a cuya publicidad obliga la ley sino toda aquella que sea importante para la opinión pública o que haya sido solicitada de forma reiterada.

Mucho ruido y pocos datos

Detrás de este elenco de posibilidades está la realidad rural, que es muy desigual. En general, la mayoría de estas entidades locales disponen de pocos recursos personales, económicos y tecnológicos (ordenadores, banda ancha…).

“Las funciones de transparencia suelen recaer en la secretaría del ayuntamiento, y en municipios muy pequeños ni siquiera tienen un secretario en exclusiva, sino que puede trabajar en dos o tres pueblos, con poco tiempo para cada uno y una carga de trabajo considerable”, dice Rafael Camacho, editor del canal de Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por eso, aunque a priori se piense que no quieren ser transparentes, es posible que, simplemente, no puedan. “También es cierto que, si bien las obligaciones son las mismas, la carga de trabajo no lo es. No es lo mismo la cantidad de información que hay que publicar en el portal de transparencia de un pueblo pequeño que de una capital de provincia”, matiza Camacho. 

Así, la información que debe aparecer se clasifica en dos grandes ejes: institucional (funciones, normativa aplicable y estructura organizativa) y presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales y retribuciones).

Otro aspecto que dificulta la transparencia administrativa es que no existe un registro único al que los ciudadanos puedan acudir para encontrar los datos abiertos de todos los municipios ni un ranking con el número de visitas a los portales de transparencia por municipio. 

Tampoco hay un mapa donde se evalúe la transparencia de cada localidad, aunque en los últimos meses la Universidad Autónoma de Barcelona lo empieza a vislumbrar y ha desarrollado una herramienta para ello. Este y otros proyectos similares son muy necesarios, ya que animan y presionan a las corporaciones a que compartan sus datos.

Las diputaciones, al rescate

Cuando los municipios no cuentan con medios propios, las diputaciones pueden prestar a estas entidades asistencia tanto técnica como económica en forma de subvenciones o de manera gratuita. La Diputación de Cádiz es uno de los organismos que ofrece este servicio a los pequeños municipios. Isabel Gallardo, responsable de la delegación de Innovación, Municipios inteligentes y Transformación digital, recorre los pueblos de la provincia para ofrecerles la posibilidad de que alojen el portal de transparencia en el espacio que la diputación ha habilitado para ello.

“Nosotros les damos una formación de cómo gestionar el portal para que puedan trabajar de forma autónoma y después les tutelamos y resolvemos las dudas”, explica. Al igual que en Cádiz, la Diputación de Barcelona también ofrece este servicio. Esta última es artífice del portal de Vilanova de Sau, un pueblo de 312 vecinos. Allí, Jordi Gros trabaja como secretario interventor. Entre sus funciones está la de mantener el portal de transparencia del municipio.

Como un reloj, cada tres meses actualiza los datos. “Es un tema de organización y de voluntad de servicio público”, opina Gros. También un principio de igualdad. “Sin estos portales, el nivel de transparencia de las localidades pequeñas sería muy inferior a las grandes, y eso se traduce en el desequilibrio del derecho a la información”, dice Gallardo.

Castilla y León, líder en transparencia local

En una comunidad autónoma donde el 97% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes, como sucede en Castilla y León, la presencia de estas administraciones es muy fuerte. Por eso, incluir a las entidades locales en la Ley de Transparencia es fundamental. Como la norma de 2015 no incluía el papel de estas entidades, se han puesto manos a la obra para confeccionar una nueva que se ajuste a la realidad del territorio.

Entre las novedades de esta futura ley, que actualmente se encuentra a punto de enviarse al Parlamento autonómico, destaca que los municipios más pequeños podrán decidir cada legislatura qué información van a publicar, además de la que ya se viene publicando y de la que marca la ley estatal, tras una consulta popular, una decisión que puede tomarse en algo tan simple como una reunión de vecinos. Serán, por tanto, los ciudadanos los que tendrán la última palabra.

 “También contempla una actualización semestral en vez de trimestral y una formación al personal que lo gestiona”, señala Meseguer.

Este proyecto incluye otros cambios más culturales que normativos, están trabajando en  mejorar la comunicación con el ciudadano. “No podemos limitarnos a volcar en una web expedientes incomprensibles y no debemos olvidar que los formatos deben ser reutilizables. Tenemos que traducir la información administrativa a un lenguaje que todo el mundo entienda: frases cortas, estructuras sencillas y palabras menos técnicas”, dice este experto.

A pesar de que la aprobación de esta normativa fue un auténtico hito, los ciudadanos todavía no son conscientes de ese derecho. Lo ilustra el porcentaje de visitas del portal de Vilanova de Sau, “menos del 10% de los vecinos”, concreta Gros. Tampoco las entidades locales han asumido todavía que es un derecho y que, por tanto, hay que cumplir la obligación de satisfacerlo, aunque tenga, en ocasiones, un coste en descrédito por la información que se desvela. 

“Convertir una reivindicación social en ley es un paso fundamental, ahora queda que los responsables políticos y los ciudadanos se lo acaben creyendo”, explica el catedrático de Derecho Administrativo Emilio Guichot.

Pero, tal y como evidencian los testimonios, queda camino por recorrer. “La ley tiene fallas fácilmente corregibles”, denuncian desde Access Info, empezando por dar a conocer la propia ley tanto entre los funcionarios como entre los vecinos. Desde esta asociación también se muestran escépticos con las sanciones. 

Guichot también añade que “la Ley estatal solo incorporó sanciones a empleados públicos por incumplimientos reiterados de la obligación de publicar en portales, pero el listado de conductas sancionables debería ser más amplio como también el de posibles infractores. Las leyes autonómicas han ido, muchas de ellas, por ese camino, siguiendo la estela que marcara la andaluza. 

Pero tanto a nivel estatal como autonómico y local, las sanciones permanecen inéditas, porque es ilusorio pensar que el obligado por la ley va a autosancionarse por su incumplimiento”, señala. 

No obstante, los expertos son optimistas. “Con el tiempo la presión social aumentará, lo que obligará a las entidades a ser más transparentes”, confía Isabel Gallardo, de la Diputación de Cádiz.

Fuentes:

-Datos INE sobre el número de municipios de menos de 5.000 habitantes en España

-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

-Diputación de Cádiz

-Ayuntamiento de Valdelosa

-Ayuntamiento de Vilanova de Sau

-Ayuntamiento de Aínsa

-Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas

-Access Info Europe

-Rafael Camacho, editor del canal la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

-Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Director del Instituto Universitario de Investigación García Oviedo

-Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León

-Isabel Gallardo, responsable de la delegación de Innovación, Municipios inteligentes y Transformación digital de la Diputación de Cádiz

Las “inventadas” causas para inadmitir solicitudes de acceso a la información pública: las regulaciones especiales.

" ¿Qué sentido tiene aprobar una Ley de transparencia en 2013 e inadmitir todas las solicitudes y reclamaciones referidas a materias que tengan una legislación específica?"

Por Miguel Ángel Blanes blog.- MABLANESCLIMENT.- La Administración General del Estado está inadmitiendo, en mi opinión, indebidamente, las solicitudes de acceso a la información pública cuya materia está regulada por una legislación específica, concretamente, las formuladas por los interesados en un procedimiento administrativo en tramitación y las que tienen una regulación sectorial especial, por ejemplo, las solicitudes presentadas con los concejales y diputados, las que se refieren a temas ambientales, de contratación pública, tributos, etc.

Y este ilegal proceder está siendo convalidado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como se puede comprobar en el Informe de evaluación sobre la gestión del derecho de acceso a la información pública del año 2020 (página 2).

Las causas por las que se puede inadmitir una solicitud de acceso a la información pública son tasadas, es decir, cerradas, y están expresamente previstas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de manera que no se pueden aplicar otras causas de inadmisión distintas.

Entre las causas de inadmisión previstas legalmente no se encuentra la relativa a que la materia respecto a la que se solicita la información pública esté regulada en una ley sectorial especial o específica.

Además, el Tribunal Supremo, desde su Sentencia 1547/2017, de 16 de octubre, recuerda insistentemente que los límites al derecho de acceso a la información pública y las causas de inadmisión, deben ser interpretadas de forma restrictiva.

Por otra parte, la Disposición Adicional Primera de la citada Ley 19/2013, dedicada a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, establece lo siguiente:

1.- La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.

2.- Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.

Es evidente que lo que está diciendo esta disposición adicional primera es la legislación que deberá ser tenida en cuenta o aplicada respecto al fondo del asunto, es decir, en cuanto al derecho de acceso a la información pública. Dicho en otras palabras, se tendrá acceso a la información pública o no, en función de lo que diga, en primer lugar, la legislación sectorial específica y, de forma supletoria, en lo no previsto en la misma, la Ley 19/2013, de transparencia.

Sin embargo, en mi opinión, esta disposición adicional primera no permite inadmitir de plano la solicitud de acceso a la información pública por varias razones:

a) Si esa hubiera sido la voluntad del legislador, se debería de haber incluido expresamente como causa de inadmisión en el artículo 18 de la citada Ley 19/2013, donde se encuentran todas las demás.

b) La inadmisión de la solicitud por existencia de una regulación especial supone una interpretación amplia de las causas de inadmisión, lo que ha sido censurado por el Tribunal Supremo.

c) Este injusto proceder de la Administración General del Estado, avalado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, impide presentar la reclamación en materia de transparencia en una gran cantidad de asuntos, tratando de de peor condición, por ejemplo, a una persona que tiene la condición de interesada en un procedimiento administrativo en tramitación, a una persona que solicita información en materia ambiental o a un concejal o diputado local que tiene el derecho fundamental a solicitar información pública, que a un ciudadano de a pie. Esto es inadmisible.

d) Afortunadamente, otras autoridades y organismos autonómicos de control en materia de transparencia no inadmiten las solicitudes de acceso a la información presentadas por los interesados en un procedimiento administrativo en tramitación ni tampoco las solicitudes formuladas en materias que tengan una regulación sectorial específica.

Así, por ejemplo, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública o el Consejo Valenciano de Transparencia, admiten a trámite las solicitudes presentadas por los interesados en un procedimiento administrativo en tramitación y también las formuladas en materia ambiental, contratación pública, tributos, régimen local (concejales y diputados locales), etc.

Esta importante diferencia interpretativa ya fue objeto de otro comentario titulado “Las interpretaciones divergentes de los Consejos de Transparencia sobre las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública“.

En definitiva, en mi opinión, los interesados en un procedimiento administrativo en tramitación y las personas que solicitan información pública cuyo acceso está regulado en una ley específica, tienen el derecho a que la solicitud sea tramitada y resuelta, y a presentar la reclamación ante la autoridad o institución de control de la transparencia, sin perjuicio de que deban considerarse las peculiaridades o limitaciones que pueda contener dicha legislación específica en cuanto al acceso a la información.

Lo que no es de recibo es rechazar de plano dichas solicitudes y no tramitarlas, puesto que no existe esta causa de inadmisión.

La postura interpretativa de la Administración General del Estado y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no se sostiene porque conduce a resultados tan absurdos como tratar peor a un interesado en un procedimiento administrativo en tramitación, cuya decisión le va a afectar personalmente, o a un concejal o diputado local, quienes, según el Tribunal Constitucional, tienen un “derecho fundamental” a acceder a la información pública, que a un ciudadano cualquiera.

El interesado y el concejal ven como su solicitud de información ni siquiera es tramitada ni resuelta, y no pueden presentar la reclamación ante una autoridad independiente porque se le inadmite injustamente y, por el contrario, cualquier persona sí que puede presentar la solicitud y la reclamación por la insignificante diferencia de que la materia sobre la que ha pedido acceder a la información no tiene una regulación especial.

¿Qué sentido tiene aprobar una Ley de transparencia en 2013 e inadmitir todas las solicitudes y reclamaciones referidas a materias que tengan una legislación específica? ¿No se trata de un gran retroceso? ¿No será que el Legislador quiso conciliar la nueva Ley de transparencia con las regulaciones ya existentes sobre el derecho de acceso, permitiendo la tramitación y resolución de las solicitudes y la reclamación ante las autoridades de control, garantizando, al mismo tiempo, la aplicación de la legislación sectorial específica respecto al fondo del asunto?

Algunos legisladores autonómicos como el de la Comunidad Foral de Navarra, ya han modificado su Ley de Transparencia para aclarar esta importante cuestión, permitiendo la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra (disposición adicional séptima de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

¿Por qué se ponen tantos palos para evitar que avance la rueda de la transparencia?

El Tribunal de Cuentas protege la Hacienda Local

"Estamos acostumbrados -y también algunos algo cansados- a que se subraye el notable atractivo de liberar algunas actuaciones y servicios locales del rígido corset de los trámites y controles administrativos"

Por Mercedes Fuertes López. EsPublico blog.- El exquisito cuidado que hay que tener con los dineros públicos se pone de manifiesto con los rigurosos controles que realizan funcionarios especializados, como son los interventores, así como también con la fiscalización y el enjuiciamiento que con posterioridad puede realizar el Tribunal de Cuentas. Este singular órgano constitucional tiene la potestad de exigir responsabilidad y consiguiente reintegro cuando se ha causado un perjuicio a la hacienda local al distraer de manera indebida algunos recursos. En este sentido, me parece interesante conocer dos sentencias dictadas este año.

Por un lado, la que tiene como referencia 2/2021, de 21 de abril, que desestimó el recurso de apelación presentado por quien había sido gerente de una fundación local y confirmó, en consecuencia, la exigencia de que reintegrara al Ayuntamiento alrededor de unos treinta mil euros.

Estamos acostumbrados -y también algunos algo cansados- a que se subraye el notable atractivo de liberar algunas actuaciones y servicios locales del rígido corset de los trámites y controles administrativos. Entre otros ejemplos, se presenta la fundación como una de las personificaciones privadas con mayor aliciente. Además de señalar su desenvolvimiento preferente entre las páginas de los códigos privados, sabemos que gran parte de su régimen jurídico se puede dibujar por el fundador. Pues bien, la resolución a la que aludo atiende a una fundación que se constituyó para favorecer a sus vecinos. El tiempo mostró su inutilidad, lo que condujo a su extinción y, sobre todo, reveló la pérdida del patrimonio aportado. Las investigaciones realizadas primero en el Ayuntamiento y, con posterioridad, en el seno del Tribunal de Cuentas confirmaron la negligente actuación de la gerente que no llevaba una ordenada contabilidad con los donativos recibidos, con el pago de nóminas y facturas, con la disposición de fondos. Olvidado el corsé de los procedimientos y controles administrativos se puede llegar a olvidar la atención con los dineros y la adopción de unas mínimas cautelas.

Esta sentencia, con adecuada argumentación, contesta todas las alegaciones que se reproducen en el recurso de apelación para descartar la indefensión de la gerente, así como la legitimación del Ayuntamiento o la inexistencia de prescripción.

El segundo pronunciamiento del que me hago eco es la sentencia 3/2021, de 26 de mayo, que resuelve otro recurso de apelación. Su origen parte de una denuncia a raíz de las obras que el Ayuntamiento hizo, acogiéndose a un programa de ayudas para el empleo, y que permitió acondicionar unas parcelas que carecían de uso alguno y que se encontraban en un penoso estado de abandono. La Corporación preparó el proyecto para su desbroce y limpieza, así como para su conversión en zona peatonal con un pequeño parque infantil y un entorno ajardinado. Ello permitió, además, conectar dos zonas ya urbanizadas de la localidad. 

Pues bien, el conflicto surge porque una denuncia afirmaba que se había pagado el acondicionamiento de una zona que no era municipal, que era propiedad privada y que, en consecuencia, existía un perjuicio para las arcas municipales, un alcance de fondos públicos.  Ciertamente, según se deduce de la lectura de esta sentencia, varios datos permitían dudar de la titularidad de esos terrenos: no contaban con ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad; el Catastro los asignaba desde hacía más de veinte años a unos herederos desconocidos existiendo, en consecuencia, una deuda tributaria, pues nadie se había interesado por esas fincas; y como ya he avanzado, esa parcela se mantenía en un estado de abandono, lo que fue una de las razones para que el Ayuntamiento pensara en su acondicionamiento.

Sin embargo, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas subrayó que no se había acreditado el daño efectivo a los fondos públicos para generar una responsabilidad contable, como establece el artículo 59 de la Ley de funcionamiento de ese órgano constitucional. Por un lado, las obras habían beneficiado a los vecinos. También a cualquier ciudadano que visitara la localidad. Y lo podemos imaginar: se habían acondicionado unas parcelas abandonadas facilitando la integración de otras zonas que hasta entonces contaban con más dificultades de tránsito por los desniveles existentes; se habían hermoseado con el ajardinamiento y, sobre todo, alojado juegos infantiles.

Por otro lado, no se podía acreditar que tales terrenos fueran propiedad privada. El Tribunal no podía pronunciarse sobre la titularidad pero, en todo caso, manifestó su extrañeza porque el Ayuntamiento no hubiera realizado alguna actuación de investigación para comprobar la titularidad o acreditar que había adquirido por herencia abintestato o, incluso, por prescripción adquisitiva, pues habían pasado muchos más de veinte años desde que el terreno estaba abandonado. ¿Se habrían superado los treinta? Nada más se precisa sobre los tiempos en esta sentencia pero otra consideración también se recoge: la perplejidad de que el Ayuntamiento, al conocer el conflicto, cerrara el parque. La situación jurídica sobre la titularidad no cambiaba y lo procedente sería, no cerrar el parque impidiendo su uso, sino realizar las actuaciones administrativas para aclarar la titularidad pública de los bienes.

En conclusión, dos ejemplos de cómo el Tribunal de Cuentas exige responsabilidad y reintegro a quien no ha cuidado con diligencia los fondos municipales y cómo también cuando se gastan dineros que benefician a los ciudadanos insta al Ayuntamiento a completar sus actuaciones sin exigir responsabilidad mientras los daños al erario municipal no sean ciertos, reales y efectivos.

Teletrabajo e igualdad. La corresponsabilidad empieza por nosotras mismas

"Las mujeres tenemos que ser conscientes de que nos autoexigimos mucho, quizá demasiado"

 Por Lucía Quiroga Rey.- Mujeresenelsectorpublico.blog.-Sigue siendo difícil hablar de teletrabajo, o de trabajo a distancia, o de trabajo flexible, o como queramos llamar a esa otra forma de trabajar que huye del solo presentismo, del fichar de ocho a tres y decir que ya hemos cumplido. Sigue siendo muy difícil, entre otras cosas porque aún hoy, cada vez que oímos la palabra “teletrabajo”, lamentablemente nuestras mentes nos llevan a eso que tuvimos que hacer, y que muy bien hicimos, por cierto, en plena pandemia, cuando el maldito COVID-19 nos llevó al confinamiento en mayor o menor medida, según iban avanzando los días.

Ríos de tinta han corrido hablando de las ventajas y desventajas del teletrabajo; miles de webinar dándonos recetas mágicas entonces y, aún después de los momentos más críticos de la pandemia. Muchos y muchas gurús anunciando que esto venía para quedarse, que, ya que había pasado algo tan malo en nuestras vidas, en nuestra salud, algo deberíamos aprender y sacar lo mejor, por ejemplo, para trabajar en nuestras organizaciones, públicas y privadas, pensando, por ejemplo, en la eficacia y en la eficiencia de verdad, en el cumplimiento de objetivos, en la evaluación real del desempeño de cada una de las personas cuando hacen las tareas que tienen y deben hacer… Mucha teoría sí, pero ¿en la práctica? ¿Qué nos queda ahora? ¿Por qué no se acaba de legislar de manera clara y transparente, de normalizar, de dejar de demonizar solo lo terrible de esta nueva forma de trabajar que, además, permite conciliar nuestras vidas personales, profesionales y familiares?

Cambio cultural

Muchas son las respuestas que podrían darse a todas estas preguntas, pero hoy me voy a centrar, una vez más, en el necesario cambio cultural que necesitamos a la hora de afrontar nuestras vidas profesionales, empezando por las propias organizaciones, sí, pero también teniendo en cuenta que las personas tenemos mucho que cambiar también en esa mirada. No saber poner el foco en lo importante, a veces, nos lleva a seguir contribuyendo a que ese necesario cambio cultural global no se produzca.

Si, además, nos centramos en nosotras, las mujeres, cuando hablamos de uno de los grandes temores que tenemos ante esa otra nueva forma de trabajar, en la distancia, desde casa, por ejemplo, nos referimos siempre a la corresponsabilidad como uno de los grandes retos a afrontar para que el teletrabajo nos sea favorable. Y, por supuesto, la sociedad en la que vivimos tampoco ayuda con tantos comentarios sobre que, al final, todas las cargas domésticas y familiares acaban cayendo en las mujeres. Pero, me planteo si, muchas, muchísimas veces, no somos nosotras mismas las que tanto nos exigimos, tanto nos autorresponsabilizamos, que no ayudamos nada, nada, a que la corresponsabilidad se haga real, a que las otras personas que viven y conviven con nosotras bajo el mismo techo tengan la oportunidad de hacer aquellas cosas que nosotras mismas nos decimos y les decimos que “las hacemos más rápido y mejor”.

Hace un par de meses terminé un curso sobre “Integración de la perspectiva de género en la gestión pública”, del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía, fantásticamente coordinado e impartido por Francisca Trujillo, compañera en la Junta de Andalucía. En uno de los foros nos animó a compartir opiniones sobre los pros y contras del teletrabajo y, aunque más abajo os mostraré la DAFO que he realizado con todas las aportaciones, ahora quiero traer aquí, lo que más se repitió en este foro, que fue todo lo relacionado con teletrabajo y corresponsablidad. Destaco las ideas más potentes relacionados con los aspectos menos positivos para avanzar en el teletrabajo, desde el punto de vista de la corresponsabilidad:

Autorresponsabilidad y autoimposición de las mujeres a llevar todas las tareas domésticas y de cuidados. Las mujeres tenemos que ser conscientes de que nos autoexigimos mucho, quizá demasiado.

Nosotras mismas nos creemos que “cuidamos” mejor que los hombres.

Si para avanzar en el teletrabajo solo se atiende a la mejora en la conciliación, entendida ésta como algo casi exclusiva de las mujeres, mal encaminadas vamos.

Se puede entender de manera equivocada la conciliación y la corresponsabilidad y, por tanto, que todo el peso recaiga en las mujeres: “mujer, ya que estás tú en casa…”.

Incremento de las cargas familiares a simultanear con la vida profesional.

No existen medidas concretas para minimizar el riesgo del habitual reparto de tareas domésticas y familiares, a pesar de que puedan estar previstas en los planes de igualdad de las organizaciones.

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

Y aquí os muestro la DAFO con todos los comentarios aportados, algunos exclusivamente aplicables a favorecer o no la igualdad fefectiva entre mujeres y hombres, y otros más generales sobre el teletrabajo:

Debilidades

– Autorresponsabilidad y autoimposición de las mujeres a llevar todas las tareas domésticas y de cuidados.

– Nosotras mismas nos creemos que “cuidamos” mejor que los hombres.

– Atender solo a la clave “conciliación”.

– Falta de formación de las mujeres para el teletrabajo.

– No saber adaptar y/o delimitar los espacios de trabajo en casa.

– Ausencia de planificación por parte de la organización.

– No saber planificar la agenda para lograr el equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar.

– No saber aplicar la flexibilidad ni establecer límites.

– Desconocimiento de técnicas de gestión eficaz del tiempo.

– No se aplica a todos los niveles de los  puestos de trabajo.

– Inexistencia de una base jurídica firme.

– Puede afectar a la promoción profesional.

– Las relaciones con los equipos pueden deteriorarse.

– Ausencia de relaciones informales: no hay “pasilleo”

Amenazas

– Entender de manera equivocada la conciliación y la corresponsabilidad y, por tanto, que todo el peso recaiga en las mujeres.

– Incremento de las cargas familiares a simultanear con la vida profesional.

– Riesgos psicosociales.

– Aislamiento social.

– Aumento del estrés.

– Monotonía.

– Falta de control ante la “desconexión digital”.

– Falta de experiencias anteriores de implantación del teletrabajo.

– Ausencia de datos de la modalidad de teletrabajo en general y desagregados por sexo, en particular.

Fortalezas

– Flexibilidad para conciliar la vida personal, profesional y familiar.

– Adaptar el tiempo a nosotras y no al revés: felxibilidad horaria.

– Menor tiempo en desplazamientos: menor estrés, menos consumo de combustible y emisión de gases.

– Aumento de la motivación.

– Aumento de la productividad.

– Las mujeres pueden demostrar su valía profesional trabajen desde el lugar que trabajen.

– Posibilidad de evaluación por resultados que favorecerían la demostración objetiva del trabajo de las mujeres.

Oportunidades

– Mejorar la conciliación personal, profesional y familiar.

– Mejorar la corresponsabilidad en el ámbito familiar, favoreciendo así la distribución y reparto de tareas y, por tanto, la igualdad.

– Visibilizar la desigualdad.

– Contribución a eliminar el “síndrome de la impostora”.

– Cambiar el paradigma de productividad hacia el trabajo por objetivos y evaluación de resultados en claves de eficacia y eficiencia.

– Acabar con el “presentismo”.

– Modificar hábitos de trabajo.

– Asumir el concepto de trabajo en equipo.

– Mejorar la comunicación con las personas que dirigen.

– Aumentar el compromiso de las personas trabajadoras.

– Avanzar en infraestructuras y teccnologías.

– Nueva formación que impulse el uso de tecnologías.

– “Llenar la España vaciada”.

Tras tantos meses ya desde que empezó esa pesadilla llamada COVID-19, deberíamos haber aprendido mucho más, pero las personas somos demasiado resistentes a los cambios. No puedo entender que ni siquiera un maldito virus nos haga, aunque sea a la fuerza, cambiar para avanzar, tanto en la igualdad, como en la corresponsabilidad, como en esas nuevas formas de trabajar que pueden ser muy efectivas y ayudarnos a vivir mucho mejor y, sobre todo, más felices, si nos paramos un poco a planificar y a aprender de los errores cometidos, pero, eso sí, a no detenernos en los “típicos tópicos” que parecen repetirse una y otra vez porque, al fin y al cabo, nos parecen ser siempre más cómodos. Ahora bien, empecemos por nosotras mismas, digámonos la verdad y dejemos de creernos que nosotras hacemos las cosas de casa “mejor y más rápido”.

Carles Ramió: Organizaciones públicas transformadoras e innovadoras

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- Definir innovación es complejo ya que puede interpretarse desde diferentes perspectivas. «La innovación en la gestión pública puede definirse como el proceso de explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas institucional, organizativa y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las nuevas y tradicionales necesidades de los ciudadanos y de la sociedad» (artículo 2 de la Carta de Innovación en la gestión pública, CLAD, 2020). Aportar soluciones nuevas a nivel institucional, organizativo y en la interacción entre las administraciones y los diversos actores económicos y sociales ofrece un espectro muy variado de posibilidades.

Las administraciones públicas poseen unos ingredientes que fomentan la innovación: una presión social para incrementar y mejorar las carteras de servicios públicos, los liderazgos y cambios políticos que buscan diferenciarse para lograr apoyo político por los canales democráticos, profesionales altamente cualificados, los cambios de carácter tecnológico, unos ámbitos de trabajo multisectoriales que promueven el intercambio de experiencias, conceptos y buenas prácticas de un sector público hacia otro. Pero las administraciones públicas también poseen tensores reactivos que frenan la innovación: modelos organizativos muy fragmentados que impiden el diálogo y el trabajo colaborativo, lógicas procedimentales y normativas que reducen las potencialidades innovadoras, escasa estabilidad del pensamiento estratégico por los excesivos cambios por motivos políticos de los directivos profesionales, sistemas garantistas anticuados de gestión de recursos humanos que no logran fomentar y preservar el conocimiento y que suelen ser capturados por intereses corporativos con lógicas inmovilistas. Las administraciones públicas suelen trazar planes para fomentar la innovación que no suelen tener buenos resultados al no ser muy sostenibles en el tiempo debido a estos elementos reactivos. Otro error es vincular todos los esfuerzos innovadores exclusivamente en la tecnología. Estos planes suelen lograr, como mucho, una innovación de carácter incremental pero no una innovación profunda que permita un cambio de paradigma.  Se trata de una estrategia equivocada. Para lograr una auténtica Administración pública innovadora deberían diseñarse planes para minimizar los tensores reactivos que impiden la innovación. La estrategia correcta no es tanto fomentar la innovación sino suprimir las barreras que dificultan la creatividad y su traducción en planes concretos de mejora.

Por tanto, el enfoque adoptado consiste en dibujar unas administraciones públicas que logren absorber los avances contemporáneos más significativos a nivel tecnológico (administración digital, inteligencia artificial y robótica), conceptual (gestión del conocimiento, inteligencia colectiva y nuevas formas de organización de las administraciones) e instrumental contribuyendo a configurar unas instituciones inteligentes que operen de manera científica. Tenemos que aspirar a dotarnos de sistemas de gestión inteligentes y que operen de manera científica. Una Administración inteligente y científica no solo va a ser capaz de afrontar con más garantías los retos de la presente década (por ejemplo, los ODS) sino que también va a contribuir de manera decisiva a superar los déficits y problemas estructurales de las instituciones iberoamericanas (corrupción, clientelismo, debilidad institucional, confusión entre modelos de gestión, etc.). Los ingredientes básicos para lograr una administración innovadora inteligente son los siguientes:

Una Administración con un sofisticado sistema de gestión de la información: administración digital y mecanismos institucionales para la gobernanza de datos (para innovar hace falta información).

Una Administración que se edifique sobre los expertos: redes internas y externas de expertos (para innovar hace falta conocimiento experto).

Una Administración con arquitecturas organizativas que fomenten la gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva (para innovar hace falta saber interpretar la información y generar valor conceptual).

Una Administración que utilice de manera intensiva la inteligencia artificial y la robótica (automatización de tareas complejas y simples que ceda espacio a la innovación).

Una Administración científica e inteligente con un elevado valor público requiere actualizar e innovar sus estándares de valores y ética pública (definir una infraestructura de ética pública sobre los datos, los algoritmos y los sistemas de entrenamiento de los dispositivos de inteligencia artificial).

Una Administración que se adelante al futuro: esfuerzos en definir escenarios de prospectiva (innovar también reside en anticiparse a los problemas).

Sigue (y seguirá) el debate jurídico, y social, sobre el empleo público y el personal interino (funcionarial y laboral). Algunos apuntes a propósito del RDL 14/2021 y de recientes autos del TS (C-A).

Por Eduardo Rojo blog.-Se apagaron las luces del Congreso de los Diputados, o para decirlo más correctamente finalizaron las sesiones plenarias y de comisiones hasta el próximo mes de septiembre. Desde luego el reinicio de la actividad parlamentaria, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, se producirá con importantes proyectos normativos, alguno de los cuales, como es el caso del dedicado al empleo temporal en el ámbito público, tendrá modificaciones importantes con respecto al texto del Real Decreto-Ley recién convalidado.

Es justamente el Real Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,  aprobado por el Consejo de Ministros celebrado ese mismo día, publicado en el BOE del día 7 y con entrada en vigor el día 8, el punto de referencia para esta entrada.

Ya adelanto que en modo alguno es un análisis exhaustivo, algo que tendría poco sentido una vez conocido que habrá cambios relevantes en su redacción. Mi pretensión es más simple, apuntar algunas cuestiones que me ha sugerido su lectura, y siempre teniendo en consideración el marco normativo comunitario, la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco anexo, la numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dicha norma y muy en especial sobre las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo, la Constitución, la jurisprudencia reciente de la Sala Social del Tribunal Supremo desde su sentencia, dictada por el Pleno, de 28 de junio y a la que han seguido ya muchas otras en idéntico sentido (vid mi comentario en “Lasaga “personal interino laboral”. Modificación de la jurisprudencia del TS (y ala espera de la anunciada reforma del EBEP). Análisis de la sentencia de 28 dejunio de 2021” ) y recientes autos de la Sala Contencioso-Administrativa del alto tribunal que admiten a trámite recursos de casación por tener un contenido casacional que puede ayudar a matizar, aclarar, mantener, reinterpretar, la jurisprudencia sentada en las dos sentencias dictadas el 26 de septiembre de 2018 (vid mi comentario en “Funcionarios interinos y personal estatutario temporal. De la sentencia delTJUE de 14 de septiembre de 2016 a las del TS de 26 de septiembre de 2018,pasando por la del TSJ del País Vasco de 12 de diciembre de 2016”.  ); o por decirlo con las propias palabras de un auto de 1 de julio  “resulta aconsejable que el Tribunal Supremo siente doctrina acerca de las consecuencias de que la Administración Pública abuse de la contratación temporal, perfilando con ello la ya existente”.

Por cierto, la pasada semana también tuvo lugar la celebración del Pleno del Parlament de Catalunya en el que se debatió la “proposición de ley de estabilización de las trabajadoras y trabajadores del sector público”, presentada por la Candidatura d’Unitat Popular – Un nou cicle per Guanyar, ya presentada en la anterior legislatura y que no  pudo debatirse por la disolución del Parlament.