viernes, 19 de marzo de 2021

Transparency International España presenta un vídeo explicativo sobre su plataforma Integrity Watch Spain

IW Spain ha procedido a recopilar, armonizar y poner a disposición de todos los ciudadanos el contenido de las declaraciones de bienes y rentas de los 350 Diputados y 264 Senadores de la decimocuarta Legislatura en la plataforma www.integritywatch.es

Nota de prensa.- TI. Transparency International España presenta un vídeo explicativo sobre su plataforma Integrity Watch Spain La plataforma IW-Spain (un dataset interactivo online) es uno de los hitos principales del proyecto que promueve la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad parlamentaria en España. 


Transparency International España, en el marco de sus actividades dirigidas a impulsar la transparencia de las instituciones públicas, presenta un vídeo explicativo sobre la plataforma del proyecto Integrity Watch Spain, el cual forma parte de la iniciativa europea Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe1 .

Tal como explicamos en la jornada de presentación online “Avances y retos en transparencia e integridad en el Congreso de los Diputados y el Senado de España”, realizada el pasado 15 de febrero, Integrity Watch Spain tiene como principal objetivo fortalecer la integridad y transparencia del Congreso de los Diputados y el Senado de España, con el fin de contribuir al acceso de datos públicos. En este contexto, el estudio se ha centrado en las declaraciones de bienes y rentas de los Diputados y Senadores de la Legislatura XIV.

 Información pública al alcance de todos

 El proyecto descansa en dos hitos principales: por un lado, la elaboración de un Informe Nacional y, por otro lado, el desarrollo de una plataforma online que busca contribuir a la mejora del acceso de datos públicos, que a menudo se encuentran dispersos y resultan de difícil acceso.

Con el fin de optimizar el acceso a la información, el equipo responsable de IW Spain ha procedido a recopilar, armonizar y poner a disposición de todos los ciudadanos el contenido de las declaraciones de bienes y rentas de los 350 Diputados y 264 Senadores de la decimocuarta Legislatura en la plataforma www.integritywatch.es. El funcionamiento de dicha plataforma es explicado en un breve vídeo que detalla, por medio de una animación, el contenido y funcionalidades de la plataforma por pestañas y secciones. De esta forma, TI España pone a disposición un recurso adicional para hacer más accesible el funcionamiento y contenido de la plataforma IW Spain para el público general. El vídeo se encuentra disponible en el canal de YouTube de TI España, así como en el resto de sus redes sociales.

 ¿Qué funciones nos permite realizar la plataforma IW-Spain?

• Los gráficos muestran la información declarada por los parlamentarios en sus declaraciones de bienes y rentas, dividiendo la información por categorías y umbrales de cantidad. Además, añaden resultados agregados de las diferentes categorías del formulario de la declaración.

• Permite filtrar por provincia, grupo parlamentario y género, así como por cada categoría del formulario.

• La plataforma cuenta con un apartado de búsqueda rápida donde tiene la posibilidad de buscar, por nombre y apellido, a cualquier parlamentario de manera individual.

 • Al pinchar en el nombre de uno de los parlamentarios, aparecerá una ventana emergente con información básica del parlamentario (foto, circunscripción, enlace a su ficha personal y cantidad pagada en IRPF, así como la información declarada en las diferentes categorías de la declaración).

• En el apartado Biografía, se puede acceder al perfil alojado en la página oficial del Congreso de los Diputados o del Senado del parlamentario que se haya seleccionado.

 • En la pestaña otras versiones, podrá acceder a las plataformas Integrity Watch de otros países.

• Finalmente, se puede descargar la base de datos completa de la plataforma, así como compartir la plataforma en redes sociales al pinchar en los botones de Twitter y Facebook. Los principales hallazgos de la investigación Una de las fuentes de información de transparencia parlamentaria más importante es la Declaración de Bienes y Rentas de Diputados y Senadores, a la que se presta gran atención al inicio de cada legislatura. Sin embargo, se ha podido constatar que este mecanismo de control presenta numerosas deficiencias: insuficiente información y especial dificultad para la accesibilidad, la interoperabilidad, la investigación y la monitorización de la información por parte de la ciudadanía.

 La dificultad para acceder a esta información tiene su origen en diversas causas: (I) las limitaciones del modelo actual del formulario de declaración; (II) el escaso cumplimiento de las instrucciones que contiene el propio formulario para su correcta cumplimentación; (III) la falta de directrices detalladas que tienen los parlamentarios para rellenar el formulario, lo cual genera heterogeneidad de las declaraciones y, a su vez, discrepancia de la información brindada y (IV) la no disponibilidad de las declaraciones en formatos reutilizables.

 A partir del diagnóstico de la situación, del análisis de los datos e información recabada, TI-España ha elaborado una serie de recomendaciones de lege ferenda, lege lata y para la actualización del formulario de cara a la mejora del actual sistema. Aquí podemos resaltar el top 5 de las recomendaciones:

• Modificar el formato de publicidad de las declaraciones por formatos de datos abiertos y reutilizables.

• Crear una autoridad independiente de control, seguimiento y monitoreo de las declaraciones de bienes y rentas de los parlamentarios, con el objetivo de verificar: (i) que el formulario fue completado de la manera correcta, (ii) la veracidad de la información, y (iii) cruzar la información con los registros oficiales para poder detectar posibles conflictos de interés y enriquecimiento ilícito.

 • Actualizar el marco normativo y regulatorio en materia de transparencia parlamentaria.

• Mejorar y actualizar el formulario con categorías claras, completas y detalladas y elaborar y publicar una guía detallada con directrices concretas para cumplimentar adecuadamente el modelo de declaración.

• Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la plena implementación del Código de Conducta de las Cortes Generales que se podrán recoger en un Plan Integral de Implementación para lograr un efectivo cumplimiento a lo establecido en el informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de España GRECO. Puedes conocer todos los resultados de la investigación del proyecto Integrity Watch Spain y recomendaciones de TI-España en el Informe Nacional sobre los resultados del proyecto y recomendaciones finales de Transparency International España.

1.- Proyecto “Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe / IW Europe” cofinanciado por el European Union's Internal Security Fund — Police. IW Europe es coordinado por Transparency International E.V. (TI-S) y desarrollado, desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2021, conjuntamente por Transparency International Italia (TI-Italy), Transparency International Liaison Office to the European Union AISBL (TI-EU), Transparency International Lietuvos Skyrius (TI-Lithuania), Association Transparence-International France (TI-France), Transparency International Nederland (TI-Netherlands), Sabiedriba Par Atklatibu Delna (TI-Latvia), Transparency International Slovenia – Drustvo Integriteteta (TI-Slovenia), Diethnis Diafaneia Ellas Association (TI-Greece) y Transparency International España (TI-España). (Grant Agreement number: 823842 -IW Europe- ISFP-2017-AGCORRUPT): https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fundpolice/union-actions/docs/isfp-list-proposals-selected-for-funding-during-2018_en.pdf.

jueves, 18 de marzo de 2021

El Gobierno se compromete en Bruselas a reducir la temporalidad en el sector público antes de 2022

 El Ejecutivo prevé cambios legislativos que reduzcan los abusos de las Administraciones

Revista de prensa. Por Claudi Pérez y Gorka Pérez. El País.- La temporalidad es el talón de Aquiles de la economía española: por ahí se pierde competitividad, sobrerreacciona el paro en tiempos de crisis y cojean el tejido empresarial y la estructura socioeconómica de un país cada vez más desigual. Pero no es solo un problema de las empresas: Bruselas exige a España reducir también los abusos en el sector público. El Ejecutivo se ha comprometido ante la Comisión Europea, en el marco de las reformas asociadas a los fondos europeos, a acometer una reforma del Estatuto de la Función Pública antes de fin de año, según fuentes gubernamentales, para reducir el número de interinos.

La tasa de temporalidad del sector privado roza el 25%, pero las Administraciones Públicas abusan aún más de los contratos temporales. Tres de cada 10 funcionarios son interinos, y los dos grandes pilares del Estado del bienestar, la sanidad y la educación, presentan cifras muy altas: tasas de temporalidad del 41,9% y 29,1%, respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Profesores, médicos y personal sanitario acumulan un contrato tras otro sin que su situación se regularice, en parte porque la Oferta Pública de Empleo sigue siendo el único método para terminar con esa lacra, y continúa sin ofrecer las plazas necesarias para cubrir las vacantes acumuladas en los últimos años. “Esas cifras no son aceptables”, aseguraba hace unas semanas el ministro José Luis Escrivá. “Hay que resolverlo en uno, dos, tres años; no más”, decía el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, recientemente en una entrevista en este diario.

La Comisión Europea ha sido meridianamente clara en su negociación sobre las reformas asociadas a los fondos europeos. España ya sabe exactamente lo que quiere el Ejecutivo comunitario: “España tiene un porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de reducir ese porcentaje al objetivo del 8%? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos temporales en una reforma general de la Administración Pública, incluidas las contrataciones?”, apunta Bruselas en su respuesta al plan español para gastar los fondos europeos, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que España se ha comprometido ya a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público “a corto plazo, en unos seis meses; en todo caso, antes de fin de año”. Las mismas fuentes apuntan que ese no es solo un problema español: la temporalidad del sector pública ronda el 16% en Alemania. España, eso sí, no tiene previsto fijarse plazos para llevar la interinidad al objetivo del 8%: “Hay que hacerlo de forma escalonada”, añaden las fuentes consultadas. Política Territorial abordará esa reforma junto con el Ministerio de Hacienda y de la mano de las comunidades autónomas: la Administración central cumple ya el objetivo fijado en Bruselas del 8% de interinos, pero esa tasa asciende al 37,9% en el caso de las autonomías, con picos estratosféricos. El 56% de los empleados de Sanidad en Canarias son temporales, y más del 45% de los trabajadores del sector educativo en Cantabria son interinos.

Desaparición de las tasas de reposición

En España hay unos cuatro millones de personas con contrato temporal; en las Administraciones Públicas la cifra roza los 600.000, en gran parte como oscura herencia de la Gran Recesión. A partir del rescate a España de 2012 y el duro ajuste posterior -pese a que el entonces ministro Luis de Guindos bautizó el rescate como “un préstamo en condiciones muy ventajosas”- la temporalidad se elevó, con efectos sobre la inestabilidad laboral y la calidad de los servicios públicos, admiten las fuentes consultadas. La pandemia y la congestión del sistema público de salud son solo un recordatorio de ese problema. Entre 2012 y 2015 las tasas de reposición (de los funcionarios jubilados) eran del 0%: “A pesar del mito que contribuyó a difundir el ministro Cristóbal Montoro de que el Gobierno no aumentaba las plantillas en el sector público, lo cierto es que las necesidades se cubrieron con funcionarios interinos. Como consecuencia, el repunte de la tasa de temporalidad se disparó a partir de 2017”, señalan las mismas fuentes.

El Ejecutivo pretende acometer un cambio legislativo para reducir los incentivos perversos de las Administraciones sobre el abuso de la de la interinidad, con un modelo que permita tasas de temporalidad “allí donde las necesidades del servicio las aconsejen”, y que a su vez “convierta en fijos los contratos que son temporales sin justificación”, según las fuentes consultadas. En 2017 y 2018, el Gobierno del PP puso en marcha un plan —que no se ha completado— para reducir hasta 190.000 el número de interinos. Política Territorial y Hacienda buscan acuerdos tanto con los sindicatos como con las autonomías y en el Congreso para modificar el artículo 10 del Estatuto de la Función Pública. “Se trata de una reforma muy limitada que va a afectar a más de medio millón de familias”, apuntan fuentes del Ejecutivo. España ha anunciado esa intención en Bruselas, aunque la respuesta definitiva se enviará por escrito antes de fin de mes, junto con el resto del plan español.

El Gobierno presentó a finales de diciembre ante la Comisión Europea la gran mayoría de los 30 componentes del plan para empezar a gastar cuando antes los 140.000 millones de euros del Next Generation Fund. Y en enero envió los más controvertidos: la reforma laboral y de pensiones. La acogida en Bruselas ha sido favorable: España está avanzada con respecto al resto de socios, y se ha comprometido a acometer un total de 170 reformas asociadas. Bruselas se quejaba del “flojo” plan italiano, pero eso ha cambiado con la llegada de Mario Draghi. También Francia ha mejorado el suyo, y ha trascendido que países como Alemania apenas incluyen reformas en sus planes y pretenden que el 75% de los fondos recibidos (22.000 millones) se gasten en planes que ya estaban presupuestados antes de que Bruselas alumbrara el Fondo de Recuperación y Resiliencia.

miércoles, 17 de marzo de 2021

Rafael J. Asensio: La (peor) clase política

“Sabiduría práctica, razón práctica, un sentido de lo que funcionará y de lo que no (…). Los que carecen de ello, son considerados como ineptos políticos” (Isaiah Berlin, “El juicio político”, El sentido de la realidad, Taurus, 2017, p. 88)

Por Rafael Jiménez Asensio. Hay Derecho blog.- Enmarcando esta reflexión. Hace aproximadamente diez meses escribí un artículo que titulé de esa manera. Dado el contexto de una pandemia que comenzaba a atizar con una dureza desconocida hasta entonces, preferí ser prudente y dejarlo dormir en el disco duro del ordenador. Quería creer que, conforme la triple y brutal crisis sanitaria/humanitaria, económica y social que entonces se estaba incubando mostrara sus peores garras, la clase política cambiaría ese modo hasta entonces escasamente edificante de ejercer lo que es una digna actividad pública y absolutamente necesaria para que la ciudadanía y nuestro propio país y sociedad tengan una vida razonable. Pensé ingenuamente que esa clase política, nueva, vieja o entreverada, se embarcaría en un cambio de actitudes en la forma de hacer política, para poder afrontar con mínimas garantías un presente incómodo y un futuro terriblemente incierto, con más sombras que luces.

Nada de eso ha sucedido. La crisis cada vez más seria ha alcanzado de lleno a la práctica totalidad de las instituciones públicas. Y ya sin remedio ha golpeado al corazón de la política, no solo a los extremos derecho e izquierdo o periféricos, que ya estaban bien nutridos de ruidosos voceros y sectarios seguidores, sino en estos últimos tiempos ha terminado alcanzado a la centralidad del sistema de partidos, a quienes hasta ahora se calificaban (ellos mismos) de partidos garantes de la institucionalidad constitucional que aquellos otros detestan. El daño producido es incalculable.

Con la única excepción de algunos líderes políticos puntuales, los partidos “nacionales” del centro del espectro político (centro izquierda y centro derecha o centro puro, como así se denominan cuando hay elecciones) agitados por un enloquecido afán estúpido de poder instantáneo o de borrachera de poder han entrado en una espiral de locura política y de exterminio recíproco. Todos sin excepción han jugado mal sus cartas. Unos más y otros menos. Unos de forma diáfana y zafia, y otros entre bastidores. La imagen que han dado es deleznable.

Todos ellos, sin embargo, se consideran “cargados de razones”, que sus propios aparatos de comunicación les fabrican y nos trasladan con una contundencia y persistencia abominables como si fuéramos receptores necios de repetitivos y lamentables mensajes. Lo vivido esta última semana es sencillamente bochornoso y, según parece, no ha terminado. No se busque aquí una crónica política de lo acaecido y de lo que pueda pasar, que no se hallará. En fin, expuesto el nudo del problema, viene ahora el desenlace: Aquí va.

Lo escrito hace diez meses, oportunamente actualizado: La (peor) clase política

Ciertamente, es muy injusto generalizar. Hay, en efecto, algunos responsables públicos que, con las limitaciones obvias de la obediencia debida a sus respectivos “jefes de tribu”, están haciendo una gestión razonable, práctica y digna. Algunos alcaldes y presidentes de Comunidad Autónoma, por ejemplo. También algún responsable ministerial, curiosamente mujeres. Y justo es reconocerlo. En realidad, cuando el páramo cubre el hábitat político-institucional, cualquier responsable público con un gramo de sensatez y cordura, sobresale sobre la inanidad política imperante. No pondré nombres. Todos sabemos quiénes son. Hay de (casi) todos los colores. Pero, desgraciadamente, son pocos. Y siguen siendo los que eran, con alguna incorporación añadida y algún descuelgue.

Esta mayúscula crisis cuadrangular en la que estamos inmersos (sanitaria, económica, social y política-institucional) nos ha pillado con el sistema inmunológico público por los suelos. Con toda franqueza, el problema hoy por hoy no es otro que, en términos de Gaetano Mosca, la clase política; tanto la que nos gobierna como la que se opone sobreviviendo sin gobernar, por parafrasear el libro de Giuseppe Di Palma. Y por clase política -es importante- hay que identificar a quienes viven de la política, no quienes hacen política como vocación o compromiso.

Por azares de la vida, tal vez tengamos la clase política más deficiente (o poco faltará) de la historia de la España liberal democrática (absolutismo y dictaduras al margen).

No es un problema ya de vieja o nueva política; este es, hoy en día, un debate caduco, absurdo y sin sentido. Los políticos actuales, en general, son de otra época. Ya lo eran antes, pero en este largo período de pandemia, se han avejentado a marchas forzadas.

Mal político es quien muestra incapacidad de pactar. El pacto (y no el engaño) es una de las esencias de la buena política. Quienes nutren esa clase política a la que me refiero son, al margen de su ideología, conservadores. La profesionalización de la política (es decir, convertirla en su único medio de vida), les ha hecho particularmente miedosos a perder lo que tienen. Su única misión es sobrevivir en sus respectivos nichos políticos. Cuando pactan, unos y otros, es para perpetuarse, repartirse prebendas o capturar a quienes les pueden controlar.

Como escribió sabiamente Martin Rees, los políticos (y se refería a todos, no sólo a los españoles) están cada vez más cómodos en su “zona de confort”. Apenas aportan visión estratégica, cuando es más necesaria que nunca. Esa política caduca no arriesga, carece de coraje. Le importa el hoy, nunca el mañana. La táctica más burda, no la estrategia. Golpes de efecto. Tampoco practica la previsión de riesgos. Ni la eficacia en la gestión. Y así nos va con la pandemia. No se vive de buenas palabras o de jugar a la oca, y menos de performances.

Hay algunos políticos (aún pocos) que comienzan a ser conscientes de que esa forma de hacer política se acaba; que ese modo sectario, teñido de clientelismo y arrogancia de púrpura desteñida, o de exterminio del contrario, ha tocado a su fin. También los hay que perciben con claridad el hartazgo de la ciudadanía. Pero son minoría. Y están silentes, atenazados. Sin fuerza ni voz, aunque alguno ya lo ha dejado muy claro y hay que agradecérselo. Los respectivos aparatos aplastan sus quejas. Proliferan, más en los escalones altos del poder, los políticos anclados en la táctica nimia, en la bronca o en el juego de ajedrez, como si España o la política fuera un tablero y los españoles ciudadanos peones a los que se puede sacrificar sin piedad alguna.

Los partidos están dominados por aficionados de la política que, con escasa experiencia, pocas lecturas y menos ética, hacen juegos malabares para obtener o mantener el poder desnudo: el que no pretende otra cosa que entronizar al líder y gobernar el vacío. Deben pensar que los ciudadanos somos necios, cuando en realidad lo son quienes así nos creen. Los medios de comunicación, con muy escasas excepciones, viven encadenados a esa política mediocre, de la que son meros comentaristas de la contingencia y el espectáculo en columnas, vídeos y “mesas de análisis”. Corifeos de unos u otros, blanquean a los suyos y demonizan al contrario.

Observo con especial desasosiego cómo el populismo se impone en la agenda política española. Y conforme pasan los días o las horas esta idea toma más fuerza. No sólo se polariza la política, sino que también se viste, por un lado y por otro, de populismo barato. Ya nadie está a salvo. Si esto sigue así, se multiplicará como los panes y los peces: tanto el populismo “hispano puro” como el periférico independentista. Las crisis multiplican las salidas populistas. Y en esta crisis nos hallamos en el aperitivo. Pierre Rosanvallon lo ha advertido en su último libro: hay que tomarse al populismo en serio. Más en este país. Pero o nadie se da por aludido o, incluso, irresponsablemente se alimenta y engorda.

El Estado hace aguas por muchos lados, mostrando que se ha convertido en estos últimos meses en un cascarón vacío e impotente; aunque, eso sí, cuenta con un Gobierno elefantiásico, creado para otro contexto absolutamente distinto y que no ha sabido adaptarse un ápice, ni siquiera para gestionar la pandemia o los fondos europeos NGEU. La falta de coordinación ha sido palpable en esta pandemia. El Gobierno se pone de perfil y los gobiernos autonómicos achican agua con lo que pueden.

Y la oposición (también la que está “dentro” del Gobierno, al menos hasta ahora) a zumbar todo lo posible. Nunca las visiones políticas habían estado tan alejadas entre sí. Nadie tiende puentes, pues lo que se lleva es destruirlos. La política actual se ha convertido en una jauría de hienas, que buscan carnaza por cualquier lado. Sin importarle el qué ni el cómo.

La economía, mientras tanto, tiritando o, en algunos casos, devastada. El tractor de la Administración Pública está varado. Hay un enorme problema de falta de state capacity, como recordó en su día el profesor Fernando Jiménez Sánchez. A una política marcada por la ineptitud, se le suma un aparato de gestión ineficiente. No recuerdo un funcionamiento peor de las Administraciones Públicas en mi ya larga vida, y si de algo sé, aunque sea muy poco, es de eso. Y en ese reino de la entropía nadie en política piensa de verdad en reformas o transformaciones de un sector público que se cae a pedazos.

Los ensayistas hablan de sistemas políticos inteligentes (Innerarity, Marina) y de liderazgos trasformadores. Pero llevamos ya de pandemia más de un año y esta absurda política no nos ha sacado del pozo, sino que se empeña en meternos más a fondo. A su pretendida salvación vienen los (bajos) fondos europeos, que antes de llegar ya se están repartiendo arbitraria o discrecionalmente, según los casos. No hay reglas para ello ni criterios objetivos, pues siempre son molestos. Todo lo fiamos a Europa, a sus ayudas y préstamos, pues aquí, al parecer, ya no queda un gramo de crédito para salvarnos por nosotros mismos.

La buena política ha desaparecido o está arrinconada. La (mala) política ha seguido viviendo su particular endogamia durante este terrible año, como si nada sucediera, cerrada a sí misma. Siguen haciendo lo mismo, cobrando lo mismo y afectada simuladamente con lo que le pasa a una sociedad cada vez más empobrecida. A la (mala) política no le llega el daño, solo los clamores del dolor. La política vigente cree que, pasado este bache, todo seguirá más o menos igual. Está esperando que la recuperación llegue. Sin embargo, los daños en los pilares básicos del edificio son inmensos. Y también a ella le golpeará, más temprano que tarde.

La práctica totalidad de los políticos (alguna excepción he visto) quieren seguir viviendo de la política, como diría Weber; pues fuera hace mucho frío, solo atenuado en parte con ese maná europeo que resolverá una pequeña parte de nuestros problemas. Mientras tanto, la deuda pública crece hasta límites desconocidos en el último siglo y, aunque necesaria en estos momentos, la tendrán que pagar nuestros hijos y nietos.

Este país, un año después, aún no ha hecho su particular duelo, pues lo realizado es impostura. Estamos rodeados, aunque no se quiera ver, de muertos, desempleados, arruinados, desahuciados o de millones y millones de damnificados por esta crisis. Y la clase política como si nada pasara. Incólume. Jugando a la
política sucia, a la demagogia o al relato banal. De elección en elección, como si detener en seco la máquina gubernamental o cambiarla de capataces en este crucial momento no fuera altamente suicida. A esta (mala) política sólo le importa ganar elecciones. Gobernar es adjetivo. Lo sustantivo, lograr el poder y sus prebendas, muchas de ellas personales, otras intangibles.

Algún día, cuando la normalidad de verdad retorne, la actual clase política tal vez advierta el cambio brutal del paisaje. Hay quienes ya perciben el hartazgo ciudadano. No les elegimos para estar o vivir de eso, sino para hacer, y en muchos casos lo único que saben es deshacer o, en el mejor de los casos, no hacer nada. Buena parte de esos ineptos políticos (género marcado), en el sentido que le diera I. Berlin, deberían ir buscando la puerta de salida. Su continuidad nada nos va a resolver. Cuando necesitamos los mejores líderes, más ayunos estamos de ellos. Habrá que reivindicar con energía ciudadana una mejor política y también mejores políticos: con la mejor cabeza (competencias) y el mejor corazón (integridad), que diría Adam Smith.

Pero lo que estamos viendo estos últimos días, y lo que parece que se asoma, no es un escenario de racionalidad, sino de polarización demagógica y absurda. Llevar a la ciudadanía a los extremos. En fin, una parte de esa clase política, de forma diáfana o embozada, está alimentando la entronización de liderazgos populistas que nos harán más infelices aún y destruirán o lastimarán nuestra ya precaria existencia. A tiempo estamos de evitarlo. Aunque, tras lo visto en estos últimos días, comienzo a temer que quizás ya sea demasiado tarde.

Adenda

Cuando este artículo ya estaba remitido, leo con agrado la siempre interesante columna dominical de José Luís Zubizarreta (“Juegos malabares”), publicada en “El Correo” y “El Diario Vasco” (14 de marzo de 2021), cuyo diagnóstico coincide (afinidades electivas) con el que aquí se ha expuesto. Entre otras muchas cosas, dice lo siguiente en relación con la actitud de los políticos ante los verdaderos problemas que aquejan a este país, con lo que cierro este texto:

“Si esto es lo que quiere ocultar tanto aficionado metido a político, quizás debería pararse a pensar si no va a ser al final ese abuso de tacticismo el tiro por la culata que desbarate sus planes y desenmascare su ineptitud. Nada se perdería. Dejarían hueco que puedan ocupar políticos de verdad como los que en tiempos no tan lejanos pudimos conocer en este país”.

martes, 16 de marzo de 2021

Evaluar políticas públicas no sólo en tiempo de crisis

"La evaluación de las políticas públicas es un ejercicio complejo, y no sólo se refiere a los resultados obtenidos o a la gestión eficiente del gasto público"

Juan Manuel Andrés Jovani. Agenda Pública.- El interés por la calidad de las políticas públicas no es una cuestión reciente, aunque parece reavivarse en periodos de crisis en las que se disparan los déficits públicos. La revisión del gasto suele plantearse, desde posiciones contrarias a cualquier subida fiscal, como una opción anterior a las medidas recaudatorias. Más allá de este debate, en un contexto como el que plantea la pandemia una asignación de los fondos públicos lo más eficiente posible resulta especialmente relevante para el cumplimiento de los objetivos de las medidas sanitarias, económicas y sociales, lo que no es posible sin una adecuada evaluación de las mismas.

La Unión Europea ha puesto especial énfasis en que los proyectos que se incluyan en los planes de recuperación de los estados miembros para la asignación de las subvenciones y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluyan objetivos, indicadores y plazos de cumplimiento precisos que posibiliten su evaluación, condicionando a ello la liberación de los fondos. Y contempla incluso un eventual reembolso de los mismos si, durante la ejecución de los planes, se constata que no se cumplen los objetivos planteados.

Sin embargo, remitirse a circunstancias tan particulares puede desviar la atención respecto a la necesidad de una evaluación sistemática de las políticas públicas. Desde hace décadas, organismos económicos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, e instituciones como la Comisión Europea, vienen realizando estudios comparados y fomentando la implantación de buenas prácticas de evaluación. Está comprobado que la cultura de la evaluación contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones públicas y, lo que es más importante, a mejorar la calidad democrática a través de la rendición de cuentas.

La evaluación de las políticas públicas es un ejercicio complejo, y no sólo se refiere a los resultados obtenidos o a la gestión eficiente del gasto público. Tiene que ver con aspectos tan variados como la planificación de las políticas, la adecuación de los objetivos, la calidad de las leyes, los análisis de impacto económico, social y medioambiental, los procedimientos de gestión, la simplificación administrativa o la coordinación entre administraciones. Y requiere de medios suficientes (la evaluación tiene un coste) que deben verse compensados por las ganancias de eficiencia; siempre que las conclusiones de la evaluación se reflejen de manera efectiva en mejoras en la gestión, en la reasignación del gasto entre los programas presupuestarios o en reformas estructurales de mayor calado.

España no es en absoluto ajena a esta tendencia. La cultura de la evaluación de las políticas públicas se encuentra arraigada en las administraciones públicas. Existen multitud de investigaciones al respecto en el mundo académico y empresarial, en los centros de estudios y en la sociedad civil. Organismos como el Instituto Nacional de la Administración Pública (Inap) o el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) vienen formando a los empleados y directivos públicos en una cultura de la evaluación e investigando sobre metodologías para mejorar la calidad del propio ejercicio de evaluar. El Tribunal de Cuentas lleva a cabo análisis de la calidad de la gestión en sus auditorías públicas. También las comunidades autónomas han ido creando organismos y promoviendo investigaciones para la evaluación de sus políticas.

A pesar de todos estos esfuerzos y avances, aún prevalece la opinión de que falta en nuestro país una sólida cultura de la evaluación bajo criterios y metodologías rigurosos, transparentes, objetivos e imparciales, que tenga un verdadero reflejo en una rendición de cuentas de los poderes públicos, más allá del debate partidista. Sin embargo, lo que falta más bien es un sistema integrado, coherente e institucionalizado de evaluación de las políticas públicas. En muchas ocasiones, las iniciativas, innovaciones y esfuerzos en este campo quedan en valiosos documentos teóricos sin una traslación real a la mejora de la gestión pública, o carecen de continuidad por la ausencia de apoyo desde la esfera política. En otras, la transparencia no es contemplada en su sentido más amplio. Así, el ciclo presupuestario no debería considerarse cerrado una vez ejecutado el gasto y liquidado el ejercicio, sino una vez evaluados los resultados de los programas presupuestarios, de modo que se pudiera conocer no sólo en qué, sino también cómo se han gastado los recursos públicos.

A nivel institucional, se ha dado también una discontinuidad en los organismos evaluadores, y éstos no han gozado de la relevancia que su función requería. Los informes anuales de actividad que, por ley, debía remitir a las Cortes Generales la desaparecida Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (disuelta en 2017) pasaron siempre desapercibidos. El actual Instituto de Evaluación de las Políticas Públicas (Iepp) se ha integrado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con rango de Subdirección General, y no tiene la obligación legal de remitir sus evaluaciones al Parlamento.

Este retorno de la institución evaluadora al seno de la Administración puede aproximar la evaluación a los propios gestores públicos, para orientar de un modo más inmediato la toma de decisiones y mejorar la gestión pública. Sin embargo, la creación de una agencia o autoridad más autónoma e independiente, dotada de medios suficientes, que coordinara e integrara los esfuerzos hoy dispersos (AIReF, Inap, IEF, Tribunal de Cuentas) y contara con planes de evaluación transparentes (sobre los que pudieran influir los parlamentos nacional y autonómicos) daría una muestra de compromiso político con una evaluación objetiva e imparcial, que implicara una verdadera rendición de cuentas de los poderes públicos más allá de los vaivenes políticos.

En esta línea de institucionalización y sistematización de la evaluación de las políticas públicas se inscriben los últimos estudios y recomendaciones de la OCDE. A nivel nacional, el reciente plan estratégico adoptado por la AIReF para los próximos años plantea hacer de la evaluación una función permanente y central del organismo, que atesora ya la experiencia de las revisiones de gasto (spending reviews) llevadas a cabo desde 2018. Algunas de ellas, como la relativa a las subvenciones, abarcaban diversos niveles de gobierno. Otras, como la de los beneficios fiscales, partieron de una iniciativa parlamentaria. Algunas comunidades autónomas se están dirigiendo a la AIReF para solicitar evaluaciones sobre determinadas políticas o planes autonómicos.

Esta estrategia puede marcar el camino para un refuerzo institucional de la evaluación en España que mejore la calidad del gasto y la transparencia de las políticas públicas, además de favorecer una rendición de cuentas regular y periódica de los poderes públicos ante los parlamentos y la sociedad, no sólo circunscrita a momentos de crisis o como condición para la recepción de los fondos europeos. 

domingo, 14 de marzo de 2021

El 30% del gasto municipal se dedica a funciones de gobierno

Según la OCDE, al menos 100 de las 169 metas en las que se desglosan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin el compromiso y la coordinación con los gobiernos locales y regionales.

Revista de prensa. El Economista. Juan Ferrari. De los de 8.131 municipios en España, el 84% (6.808) tienen menos de 5.000 habitantes y en esta tipología de municipios los gastos en actuaciones de carácter general (órganos de gobierno, servicios de carácter general, administración financiera y tributaria, y transferencias a otras Administraciones Públicas) constituyen la primera partida de gastos, alrededor de un 30), ligeramente por encima incluso de los destinados a servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente).

Fachada del ayuntamiento madrileño de Tres Cantos (48.260 habitantes),
que el próximo 21de marzo cumple su XXX aniversario como municipio
 independiente tras segregarse del de Colmenar Viejo en 1991.


Estos datos se recogen en un informe elaborado por el Consejo General de Economista (CGE) presentado este jueves.         Durante la presentación, los economistas abogaron por la cooperación intermunicipal para la gestión y prestación de servicios, más aún si se tienen en cuenta las medidas que los ayuntamientos han ido tomando -y que tendrán que seguir tomando- para adaptarse a la situación provocada por el Covid y dar un mejor servicio a los ciudadanos.

A ello hay que sumarle también otros retos a los que habrán de enfrentarse los ayuntamientos, ya que, según la OCDE, al menos 100 de las 169 metas en las que se desglosan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin el compromiso y la coordinación con los gobiernos locales y regionales.

6.808 municipios, que suponen el 85% del total de los existentes en España, no llegan a los 5.000 habitantes

El estudio realiza un breve recorrido por algunos aspectos clave de la situación actual de las haciendas locales, comenzando por unas primeras consideraciones en torno a la dimensión óptima de las jurisdicciones locales, siguiendo con un análisis detallado de la evolución del gasto no obligatorio de los municipios, haciendo una especial referencia a los gastos derivados de la singularidad de algunos municipios, como son los municipios turísticos.

En cuanto a la racionalización del gasto de los municipios, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que "a través de las Fichas Socieconómicas -herramienta desarrollada por el CGE que permite analizar cualquier variable socioeconómica de cualquier municipio- hemos detectado que de los 6.808 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, 3.585 disponen de piscinas cubiertas o al aire libre de uso colectivo", algo que -según Pich- "si en algún momento pudo tener sentido, hoy no lo tiene, no solo por lo gravoso que resulta el mantenimiento sino, sobre todo, por una cuestión medioambiental". "¿No sería más razonable establecer sistemas de transporte no contaminantes entre pueblos próximos?", se preguntó Pich.

Luis Caramés autor del estudio junto a Amelia Díaz señaló que "muchos de los éxitos en la fusión de municipios vienen de la mano de colaboraciones intermunicipales preexistentes; de ahí lo relevante de una etapa intermedia de cooperación".

sábado, 13 de marzo de 2021

Ahora es el momento de la gran transformación. Algo está a punto de suceder en la administración

Ver también este post de Borja Colón:  Ahora es el momento del gran transformación. A río revuelto ganancia de servidores públicos.

 Por Carles Ramió - EsPúblico blog.- Siempre suelo comentar que considero que tengo el mejor trabajo del mundo. Cada día es una sucesión reuniones de trabajo (sigo acumulando años como gestor público), de impartir cursos o conferencias, de hacer lecturas y de escribir un poco. Todo aderezado con algunas llamadas de teléfono y muchísimos mails. 

Cada día interacciono con un variado elenco de personajes interesantes que cuentan cosas intelectualmente fascinantes: profesionales de variadas especialidades y profesores de distintas disciplinas. Con la clase política tengo escasos contactos pero es inevitable que algunos de ellos se introduzcan por sorpresa en mis reuniones, aulas y correspondencia digital. Nadie me lo ha dicho de manera explícita pero detecto un aroma a cambio en la actitud política ante los problemas de la Administración. No puedo dejar de tener la intuición (que es la magia de los profesionales) que algo está a punto de suceder. Por primera vez en unos treinta años de carrera profesional noto en el ambiente aires de cambio en materia de gestión pública. Hay un extraño ambiente de calma que es el preludio de una tormenta. De la tormenta eternamente esperada: la reforma de la Administración pública.

Por primera vez detecto interés político en poner el cascabel al gato del leviatán público. Es un interés tímido y sosegado y, precisamente por ello, me parece que serio y profundo. Durante muchos años he recibido periódicas llamadas de responsables políticos para definir estrategias para modernizar la gestión pública. Siempre los he atendido con respeto pero con un inevitable escepticismo. Lo más curioso es que después de tantas décadas de letargo institucional y político siempre había mucha prisa en colmar estos requerimientos para abordar una reforma parcial o general de una determinada Administración pública. Nos poníamos, los profesionales interpelados, inmediatamente manos a la obra: arrancada de caballo y parada de burro. Estas iniciativas o bien eran iniciativas ingenuas (los promotores políticos no tenían suficiente capacidad de liderazgo e influencia para superar las inevitables resistencias) o bien eran iniciativas cínicas promovidas por descarados impostores (removerlo todo en teoría pero no cambiar nada en la práctica). Con el tiempo he llegado a detectar con una cierta facilidad si el político que interactuaba conmigo por qué deseaba pilotar una reforma era ingenuo o cínico. A pesar de tener este diagnóstico previo tan desalentador siempre he decidido participar en el juego que me proponían. Nunca se sabe, me decía a mi mismo, si uno no compra nunca un número de la lotería es imposible que se lleve el premio. Y de tanto apostar en este incierto juego tengo que reconocer que alguna vez me ha tocado alguna pedrea y algo se ha logrado mejorar pero jamás me he logrado agenciarme con un premio importante.   

Desde la covid 19 todo es diferente. Ya no se acercan ni detecto a políticos que van en plan machote o con el lirio en la mano de cabeza a una reforma administrativa. Siempre acompañados con un ambiente festivo y dispuestos a lanzar tracas a diestro y siniestro con pólvora mojada. Ahora los políticos se acercan con inquietudes y preguntas más indirectas, con un talante muy serio, con reflexiones más pausadas y profundas. Con muchas más preguntas que respuestas. Parece que una parte importante de nuestros dirigentes políticos institucionales se están macerando como paso previo a decidir impulsar un auténtico portafolio de reformas administrativas.

Estos blogs los suelen leer algunos miles de empleados públicos de estirpe inconformista e innovador. Hay que ser realistas: no somos muchísimos pero si los suficientes para ejercer, cada uno en sus dominios competenciales, de palancas de cambio. Hasta ahora hemos sido capaces de diseñar e implantar mejoras bien interesantes pero siempre se nos ha cerrado la puerta a participar en reformas administrativas de alta intensidad. Es posible que esta puerta se abra durante los próximos meses. Por tanto, debemos prepararnos para aprovechar esta ocasión y coger con contundencia el inédito pájaro que pase volando por nuestras oficinas y plataformas. Mi consejo es que todos los amigos y compañeros reformistas e innovadores tengamos en nuestro disco duro un relato de reforma (qué mejorar en nuestros respectivos campos de dominio profesional) y, en especial, tengamos definida una estrategia (cómo implantar estos cambios de manera realista). Y todos nuestro relatos propuestas y estrategias deberían definirse en un contexto holístico para que nuestras contribuciones puedan adaptarse fácilmente entre ellas y que todas coincidan en la necesidad ineludible de transformar e implantar las grandes reformas perennemente pendientes: dirección pública profesional, ordenación, sencillez y flexibilidad del modelo de gestión de recursos humanos (iniciándolo con profundos cambios en el modelo de selección) y flexibilizar de nuestro modelo de organización para que sea más contingente y transversal. Todo ello aderezado por la urgencia en el incremento de las capacidades institucionales para una buena gobernanza de datos, como paso ineludible para una gestión más eficaz y eficiente y como catalizador de la anhelada incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública.

jueves, 11 de marzo de 2021

El SEPE y la vulnerabilidad del teletrabajo

Los concursos públicos del SEPE fueron algunos, que en 2016, comenzó a investigar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sospechar que las empresas adjudicatarias se habían repartido el mercado entre 2005 y 2015.

Revista de prensa. Por David Bollero. diario Público - El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) era víctima ayer de un ataque informático que tumbaba sus sistemas, dejando al organismo diezmado en sus 710 oficinas presenciales y las 52 telemáticas con que cuenta. La última versión del ransomware Ryuk –detectado por primera vez en agosto 2018- se encontraba detrás del ciberataque, si bien hasta donde se ha sabido, no se ha solicitado rescate alguno para la recuperación de los sistemas. Según fuentes del propio SEPE, no se habría producido el robo de la información, algo especialmente crítico dada la extraordinaria cantidad de información sensible de carácter personal que maneja este organismo.

Si finalmente se trata de Ryuk, la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) alertaba recientemente de su capacidad para propagarse de una máquina a otra sin ninguna interacción humana, dada su capacidad de replicación tipo gusano. La ANSSI revela en su informe que, aunque Ryuk no es oficialmente un RaaS, como describíamos en este espacio hace unas semanas, sí que es evidente que en sus cadenas de infección están involucrados diferentes grupos criminales.

Mientras la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamentaba la obsolescencia de los equipos informáticos del SEPE con una media de 30 años de antigüedad –recientemente denunciábamos idéntica situación en el Congreso-, atribuyendo a ello la vulnerabilidad, su director general, Gerardo Gutiérrez rechazaba tal extremo, aunque no negaba tal antigüedad del parque informático.

Infraestructura heterogénea

El SEPE sus servicios centrales en infraestructura de mainframe de IBM zSeries, complementado con equipos de almacenamiento de EMC, así como el tándem Fujitsu-Oracle (con Solaris), que participa tanto en el centro de proceso de datos (CPD) primario como en el de respaldo. A ello hay que sumar los servidores x86, que se reparten entre Fujitsu (diversos modelos Primergy) y HP (de la gama ProLiant). Los servidores virtualizados corren tanto Windows como Linux, contando además con el servidor de aplicaciones IBM WebSphere (unos 80 servidores con planes de saltar a 132), bases de datos tanto de Oracle como IBM DB2 y el gestor documental EMC Documentum.

La microinformática se nutre de ordenadores de APD y muy especialmente HP (Compaq, Elite, Prodesk…) y Tekno Service, mientras que en la conectividad, el proveedor de referencia es Cisco. La parte del nodo de internet y la seguridad perimetral, que se apoya mayoritariamente en servidores Dell PowerEdge, cuenta con diversos equipos de Cisco, Forcepoint, Fortinet, Palo Alto, Blucoat, McAfee, Symantec, Karpesky… Sólo en el capítulo de antivirus, se manejan licencias del antivirus McAfee para alrededor de 10.000 equipos.

 Precisamente mañana termina el plazo para presentar ofertas en el concurso público que licita los servicios de mantenimiento de sistemas y equipos informáticos (hardware y software) del SEPE. Un contrato que se divide en siete lotes con un presupuesto de licitación de más de 10,1 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años, sin posibilidad de prórroga.

La llegada del teletrabajo al SEPE

A la teoría de la obsolescenica y las vulnerabilidades derivadas de ésta, la puesta en marcha del teletrabajo también podría encontrarse en el origen de la falla de seguridad. La Administración Pública no ha sido una excepción a la hora de verse abocada a tener que recurrir al teletrabajo debido a la COVID-19 y, como ha sucedido en muchos casos en el ámbito empresarial, de manera improvisada. En el caso del SEPE, además, con el agravante de verse desbordado con los millones de ERTE a gestionar.

Raúl Martín García, subdirector general adjunto de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) del SEPE, admitía el año pasado que "como al resto de las administraciones, la crisis nos pilló por sorpresa en el SEPE", añadiendo que "no contábamos con ningún piloto previo de teletrabajo". Según relataba para la publicación de ASTIC (Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas), el primer paso que dieron fue identificar a los empleados críticos para mantener el servicio entonces, distribuyendo 128 portátiles con solución de movilidad para quienes no los tenían, ya fueran de los servicios centrales o de las direcciones provinciales.

A ello siguió la puesta en marcha del teletrabajo de buena parte de los funcionarios del SEPE, que trabajaron desde sus casas con sus propios ordenadores a través de escritorios virtuales, conocidos por sus siglas en inglés como VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Posteriormente, el SEPE adquiriría con urgencia 80 ordenadores portátiles y 150 teléfonos móviles. Para mediados de 2020, el SEPE contaba con alrededor de 4.400 personas teletrabajando.

Precisamente el proveedor de antivirus del SEPE, McAfee, en uno de sus informes de 2020 advertía de cómo muchos trabajadores se habían visto obligados a compaginar el ancho de banda doméstico habitual con las exigencias técnicas de sus trabajos, lo que les hacía "una presa fácil" para los ciberdelincuentes. En otro informe de McAfee específicamente dedicado a los riesgos del teletrabajo y la COVID-19, abunda en esta cuestión.

No ha trascendido cómo el SEPE securizó el acceso a sus sistemas por parte de los empleados que se conectaban a ellos mediante sus ordenadores personales, pero la propia McAfee alertaba de que, no sólo las infraestructuras VPN han tenido "dificultades para hacer frente a la gran oleada de teletrabajadores", sino que en muchos casos en los que las aplicaciones se encuentran en la nube, los empleados desactivan la VPN y acceden directamente a las aplicaciones.

Aunque es cierto que una estrategia de escritorio virtual (VDI) reduce la superficie de ataque de los ciberdelincuentes, un correo electrónico abierto que contenga un archivo malicioso o una descarga de malware por parte del empleado podría bastar para infectar el sistema operativo. La ventaja de VDI es que cuando se reinicia la máquina virtual se destruye todo el software, pero hasta que se produce esta desconexión el código malicioso puede hacer de las suyas.

¿Plan de contingencia?

El ataque informático no sólo ha dejado en evidencia la seguridad informática del SEPE, sino también su estrategia de respaldo y recuperación ante desastres, dado que un día después del ataque el servicio ha sido incapaz de restaurar su actividad. Y ello a pesar de contar con un Plan Global de Contingencias en su haber, así como con dos Centros Alternativos de RESpaldo (CARES) en una ubicación remota (a unos 40 kilómetros del CPD primario), en la que se replica el entorno de producción y los datos de todos los demás entornos existentes en el CPD primario.

Aquel proyecto CARES, cuya segunda fase se culminó hace más de una década, se levantaba sobre infraestructura de Fujitsu y su solución CentricStor, con la que se aseguraba contar con una unificación de la gestión del backup y una escalabilidad prácticamente ilimitada. Aquel proyecto, que ha ido evolucionando con los años y, de hecho, desde 2012 cuenta con un segundo centro de datos a 30 kilómetros del emplazamiento principal, debería haber permitido la recuperación total de los entornos productivos en tiempo récord, pero hasta el momento Ryuk lo ha impedido.

Borrones en adjudicaciones

Si echamos la vista atrás, los concursos públicos del SEPE fueron algunos, junto con otros relacionados con la Agencia Tributaria (AEAT), la Gerencia del Informática de la Seguridad Social (GISS) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que en 2016 comenzó a investigar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sospechar que las empresas adjudicatarias se habían repartido el mercado entre 2005 y 2015.

Finalmente, en 2018 la CNMC emitía una resolución en la que daba por "acreditada la existencia de una  infracción única y continuada de la que se considera responsables o instigadores" a Indra y a Software AG. Además de estas dos compañías, multadas con 13,5 millones de euros y unos 6 millones de euros, respectivamente, se sumaban otras empresas que habían participado de este reparto de contratos y también fueron sancionadas: Accenture (300.000 euros), IBM (940.000 euros), Atos (5 millones de euros), Babel (unos 634.000 euros), Cibernos (616.000 euros), Connectis (1,8 millones de euros), Everis (800.000 euros), Gesein (unos 321.000 euros) y Next (unos 46.700 euros).

En el caso concreto del SEPE, los contratos repartidos y objetos de infracción eran, precisamente, los referidos al mantenimiento de sus sistemas y aplicaciones informáticas. Fruto de la investigación de la CNMC salieron a la luz extractos de correos electrónicos internos en los que se evidenciaba tal reparto del mercado y reuniones con la Subdirección del INEM [antiguo SEPE] adelantando algunos datos sobre los nuevos concursos.