sábado, 8 de junio de 2019

Las instituciones de control externo adoptan nuevas iniciativas de mejora de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales

Reunión en Alicante de la Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales del Tribunal de Cuentas y los OCEX

Tribunal de Cuentas.- Alicante, 7 de junio de 2019.-  La Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, en la que participan el Tribunal de Cuentas y la mayoría de los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas (OCEX), ha celebrado una reunión en Alicante, organizada por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y presidida por el Consejero del Departamento de Entidades Locales de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, en la que se han analizado las iniciativas que están en marcha y aquellas que se abordarán en el futuro para la mejora de la referida Plataforma de Rendición de Cuentas.

En el curso de la reunión se han presentado las principales actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses en la Plataforma, así como en el Portal de Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es), instrumento que proporciona a los ciudadanos una mayor transparencia de las cuentas y de la gestión de las entidades locales.

Entre las iniciativas en curso se encuentran las relativas a futuros desarrollos técnicos de la Plataforma, como la realización de notificaciones telemáticas, el uso de la firma electrónica y, en general, aquellos avances derivados de la implantación de la administración electrónica en España.

Plataforma de Rendición de Cuentas
También se ha abordado la futura implantación, en la Plataforma de Rendición de Cuentas, de un módulo específico en materia de control interno, que se adaptará a las novedades producidas en este ámbito, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local.

Entre ellas, destacan las relativas a la mayor información sobre la estructura del órgano de Intervención y el sistema de control interno de las entidades locales; los resultados derivados de sus actuaciones de control, tanto de fiscalización previa como de control financiero; y la comunicación al Tribunal de Cuentas de hechos constitutivos de presuntas responsabilidades contables.

Por último, se han analizado próximas mejoras en materia de rendición de cuentas, de remisión de la información obligatoria en materia de contratación de las entidades locales y de explotación de la información disponible en la Plataforma de Rendición de Cuentas.

viernes, 7 de junio de 2019

España a la cabeza en administración electrónica de la UE pero tiene que mejorar en zonas rurales y usabilidad

Revista de prensa. EP.- El Colegio  de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha presentado un informe sobre la administración electrónica en la Unión Europea que muestra que España está a la cabeza en esta materia, pero tiene que mejorar en pequeñas localidades y en usabilidad.

El economista y elaborador del estudio, José Moisés Martín, ha presentado el informe 'Retos de la Administración Electrónica en la Unión Europea: más allá de 2020' y ha afirmado que, aunque España sea un país "líder" en este ámbito, todavía tiene que hacer frente a cinco retos fundamentales.

En primer lugar, ha asegurado que hay que dar "un salto hacia adelante" para que la ciudadanía sea cocreadora de las políticas públicas y pasar de un gobierno electrónico a un gobierno abierto. "No basta solo con poner los datos, sino que hay que saber explicarlos, facilitar su uso y todo lo que tiene que ver con la transparencia", ha apuntado.

En este sentido, también ha destacado la necesidad de garantizar la inteoperabilidad de los sistemas que actualmente no está "garantizada" para que la ciudadanía pueda acceder a sus datos, alojados en diversas administraciones tan diversas como pueden ser la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, Educación o Tráfico para facilitar también su experiencia.

Además, Martín ha destacado que se debe mejorar también en ciberseguridad y en la consolidación de la identidad digital. En primer lugar, por los ciberataques, noticias falsas y el robo de datos, entre otros, que presentan un "auténtico desafío", ya que las administraciones públicas tienen la "custodia" de la información de los ciudadanos. En cuanto a la identidad digital, ha destacado la importancia de mejorar cómo los ciudadanos construyen su identidad de cara a la administración, para crear una identificación "única" en el contexto europeo.

Mejorar en usabilidad y en las pequeñas localidades
Junto a estas mejoras, también ha planteado la necesidad de trabajar en la usabilidad por parte de la sociedad, uno de los factores en los que España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea; y en movilidad, ya que actualmente la mayoría de la población accede a internet a través del móvil.

Asimismo, ha afirmado que la administración debe de hacer frente al cambio demográfico y al desarrollo tecnológico en las pequeñas localidades ya que el mundo rural representa "un reto importante" para el futuro y van "muy por detrás" en administración digital. Junto a ello, ha manifestado también que las pequeñas y medianas empresas todavía no tienen un desarrollo "eficiente" a través de las nuevas tecnologías, en un sector que representa el 95 por ciento del total de empresas.

Además, ha hecho énfasis en la necesidad de trabajar en la inclusión digital, ya que una gran cantidad de población hace un uso "muy ligero o poco desarrollado" de Internet, sobre todo en relación a las personas mayores o con menos formación.

Por último, ha señalado que se debe garantizar la actualización permanente de estos sistemas para facilitar su uso y mejorar la comprensión por parte del ciudadano, ya que si se mejora la administración electrónica "ganamos eficacia y eficiencia".

Sin embargo, ha apuntado que se corre el riesgo de que la tecnología se convierta en un "elemento de barrera", por lo que es importante la tarea que pueden realizar los gestores administrativos para "no perder de vista esa capacidad de humanización".

En este sentido, el presidente del ICOGAM, Fernando Santiago, ha afirmado que España está "mucho mejor de lo que pensamos" y que se encuentra en la cuarta posición de Europa en administración digital, por delante de países como Francia, Italia o Alemania, y como un país "pionero" en todo el mundo.

Aun así, ha afirmado que la perfección "no es absoluta" y que queda mucho "por hacer y avanzar". "Los gestores tenemos mucho que ofrecer en nombre de los ciudadanos que representamos", ha apuntado, a lo que ha añadido que el Estado "ha hecho muy bien los deberes". (Ver Nota del ICOGAM)

jueves, 6 de junio de 2019

La AIReF detecta una clara falta de vinculación entre las políticas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de las subvenciones

Nota AIReF.-  Primer Estudio del Spending Review: Estrategia y procedimiento en la concesión de Subvenciones 

• La AIReF propone crear un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria con indicadores de resultados, dentro de un proceso de fomento activo de una cultura de evaluación de políticas públicas y el incremento de la transparencia para favorecer la rendición de cuentas 

• La institución considera necesario impulsar las Conferencias Sectoriales como una red de órganos especializados donde compartir y evaluar iniciativas

 • Sugiere modificar la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar su ámbito de aplicación, simplificar las cargas administrativas, aumentar la transparencia de las subvenciones directas y resolver las deficiencias de procedimiento detectadas 

• En cuanto a los sistemas de información, se inclina por mejorar la información y capacidad de explotación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el primer Estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. 

Este primer proyecto se ha centrado en la evaluación de la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de subvenciones públicas y sirve de marco de referencia para los otros 6 de la primera fase. 

Tres ejes
El Estudio se ha estructurado en tres ejes: planificación estratégica, mecanismos de coordinación y análisis de procedimiento. 

El primer eje trata de responder a la pregunta de si existe una planificación estratégica de las subvenciones y, en caso afirmativo, si es pertinente, coherente y consistente. En este sentido, el análisis de la AIReF detecta una clara falta de vinculación entre políticas públicas, planes sectoriales, programación presupuestaria y planificación estratégica de subvenciones. Esta desconexión viene motivada porque la estrategia, que tendría que ser el hilo conductor desde el diseño de la política pública hasta su aplicación, cualquiera que sea el instrumento utilizado, solo entra al final del proceso. 

De ahí que la institución proponga la creación de un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria. Además, sugiere la creación de un sistema integrado de información e indicadores que permita la evaluación de resultados, el fomento activo de una cultura de evaluación de políticas públicas y el incremento de la transparencia para favorecer la rendición de cuentas.

El segundo eje del Estudio aborda el análisis de los mecanismos de coordinación interadministrativa, valorando su eficacia a la hora de cumplir sus funciones de coordinación y su relevancia respecto a la definición de las políticas públicas. En este sentido, el análisis de la AIReF concluye que las Conferencias Sectoriales, principal mecanismo de coordinación entre administraciones, presentan unas características muy heterogéneas: suman un número muy elevado pero, sin embargo, se reúnen pocas veces. En general, tienen un enfoque centralista y una visión parcial de las políticas públicas que, en muchos casos, se limita al reparto de fondos de la Administración Central a las comunidades autónomas. 

Para mejorar los mecanismos de coordinación, la AIReF propone posicionar al sistema de Conferencias Sectoriales como una red de órganos especializados donde compartir y evaluar iniciativas; crear un secretariado técnico para cada Conferencia Sectorial formado por funcionarios estatales y autonómicos y definir criterios de reparto según indicadores objetivos y susceptibles de revisión según la evidencia de los resultados. 

Finalmente, el tercer eje se centra en los procedimientos mediante la evaluación del entorno institucional, el ordenamiento jurídico aplicable y los sistemas de información. En este caso, el análisis de la AIReF concluye que la normativa vigente es insuficiente en su cobertura y está desactualizada, generando en algunas ocasiones cargas administrativas excesivas para gestores y beneficiarios. Asimismo, los controles están únicamente centrados en el control de legalidad, dejando de lado la evaluación de eficacia y eficiencia que también contempla la normativa vigente. Por último, se aprecia margen para mejorar la transparencia en el proceso subvencional y para aprovechar todo el potencial que ofrece una base nacional de subvenciones. 

Las medidas propuestas por la AIReF para la mejora de los procedimientos se centran en clarificar y ampliar del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones, desarrollar el contenido y alcance de los principios rectores del establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas, mejorar la regulación de las subvenciones de concesión directa, simplificar los procedimientos de gestión de las subvenciones y corregir las deficiencias de los procedimientos de control, reintegro y sancionador. En cuanto a los sistemas de información, las propuestas se centran en la mejora de la información y capacidad de explotación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

El Spending Review
 Este primer Estudio sirve de marco de referencia parar los otros seis de la primera fase, que analizan en detalle determinadas políticas de gasto: 

- Gasto en medicamentos dispensados con receta médica 
- Las políticas activas de empleo - 
- Las becas universitarias
 -Las ayudas a la investigación 
- El apoyo al sector industrial 
- El servicio postal universal que presta Correos

 Los resultados se irán poniendo a disposición de todos los ciudadanos a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de compartir los principales hallazgos y propuestas que, a la vista de la evidencia empírica, permitirían mejorar el impacto de las políticas analizadas.

Documentos relacionados:

miércoles, 5 de junio de 2019

Rafael Jiménez Asensio: Gestión Municipal

"Un gobierno que ejecuta mal, sea lo que fuere, en la práctica tiene que resultar un mal gobierno” (Hamilton)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog- Tras el empacho de política que nos hemos dado, más temprano que tarde llegará la hora de la gestión. Por mucho que a veces una mirada miope confunda, la esencia de la política no es ganar elecciones, sino gobernar. Algo que habitualmente se olvida, cuando no se subordina lo segundo (gobernar) a lo primero (ganar elecciones). Una vez cubierto el período de gobierno, viene la rendición de cuentas: el proceso electoral. Como reconociera Karl Popper, la democracia consiste “en idear instituciones capaces de impedir que malos gobernantes hagan demasiado daño”. Y el mecanismo de protección democrática por excelencia son las elecciones periódicas: quien gestiona mal, lo paga con la pérdida de confianza o de apoyo electoral.

Bien es cierto que, con más frecuencia de la deseable, la acción de gobierno se hipoteca por sus efectos electorales. Cuando la política resulta miedosa (lo que hoy en día es una auténtica epidemia), el cálculo electoral preña las decisiones más nimias. Afortunadamente, cuanto más distantes están en el tiempo la llamada a las urnas las posibilidades de llevar a cabo políticas audaces (reformas verdaderas) se incrementan. Sin embargo, conforme se aproxima la cita electoral, las medidas populistas florecen y los proyectos de cambio que exigen cotes de transacción elevados siempre se aplazan. Está todo inventado.

Aun con todo este envenenado contexto, quien pretenda obtener buenos resultados en términos electorales tendrá que acreditar con mayor o menor intensidad que ha alcanzado sus objetivos, así como mejorado la ciudad y los servicios a la ciudadanía, para lo cual se requiere una razonable capacidad de gestión. No puede haber buena política con mala gestión. Es a todas luces excepcional la existencia de políticos que, atendiendo a su carisma y liderazgo, resisten o incrementan su fuerza electoral en un contexto de mala gestión. La tendencia habitual es que una gestión deficiente se pague en las urnas.

No pocos alcaldes y alcaldesas del pasado mandato se habrán dado cuenta de esa obviedad cuando se vean desalojados del poder en los próximos días. Y se preguntarán ingenuamente: ¿Qué he hecho mal? La respuesta es muy simple y tal vez un tanto dura: es la mala gestión lo que explica su fracaso. Está plagado el panorama electoral municipal de costosas facturas por mala gestión. Y no verlo es de ciegos, aunque algunos persistan en la falsa idea de que renovar la confianza de la ciudadanía exige solo buena política. Sin una gestión efectiva, innovadora y eficiente, la política se transforma en retórica vacua. Pura charlatanería. O, peor aún, demagogia barata.

Mandato 2019-2023
A punto de iniciar el mandato 2019-2023, es momento de recordar estas cosas tan evidentes. Quienes ejerzan a partir de ahora las funciones de Alcaldía deberán conformar sus respectivos equipos de gobierno y distribuir responsabilidades. Esta importante decisión, aunque muy condicionada por la conformación previa de las listas que hacen los aparatos de los partidos, se adopta comúnmente con enormes dosis de frivolidad, siendo, sin embargo, una decisión trascendental, pues marcará el futuro de los próximos cuatro años, así como el riesgo o fracaso de la acción de gobierno. Lo decía hace años Giuliani (a la sazón alcalde de Nueva York): “Mi gran secreto ha sido escoger bien a la gente”.

La distribución de responsabilidades se transforma en mero reparto cuando se configuran precipitadamente gobiernos de coalición, lo que a veces es un anticipo de una descoordinación futura y de magros resultados venideros en la gestión política. Si bien las mayorías absolutas permiten, lo que no es poco, aprobar los presupuestos y sancionar cómodamente acuerdos plenarios. Pero no son patente de corso para hacer buena gestión. En efecto, la estabilidad de gobierno ayuda a los escenarios de buena gestión, pero no es presupuesto inexcusable de ella: puede hacerse mala gestión con mayorías aplastantes y, sin embargo, cabe hacer buena gestión con mayorías frágiles. Hay que saber leer combinadamente las partituras de la política y de la gestión. En todo caso, las equivocaciones iniciales (por ejemplo, atribuir responsabilidades ejecutivas a personas sin competencias acreditadas sobre tales ámbitos) se pagan muy caras. Eso sí, con factura aplazada. Lo afirmaba Leo Blum, entonces Presidente de la República francesa: “Una competencia general basta para gobernar, pero no una competencia somera y apresurada”. Y de esta última, me temo, hay demasiada.

Los primeros pasos en la conformación de un gobierno municipal son determinantes. El líder municipal que se rodee mal, está cavando su propia fosa. Uno de los grandes triunfos de Lincoln fue integrar en su gobierno a todos sus enemigos políticos. Pero además de un buen equipo político, se requiere una sólida y coherente hoja de ruta. Sin carta de navegación, el timonel nunca llegará a puerto, perdiéndose en las tempestades propias del océano de la política. Traducir el programa electoral en un consistente plan de gobierno es una de las cuestiones capitales de los primeros pasos de cualquier gobierno. Y para ello el político necesita inevitablemente retroalimentarse de la estructura directiva o técnica del respectivo Ayuntamiento. Si esta es profesional, la traducción del programa político en un proyecto estratégico de mandato, será más fácil. Si no lo es o los puestos directivos se ocupan con exclusivos criterios políticos (de confianza), el cuarteamiento política-gestión está servido y nada bueno se augura de tal planteamiento dicotómico.
REPORT THIS AD
Si se quieren obtener resultados óptimos en las distintas políticas municipales sectoriales o transversales en los próximos cuatro años, no solo hace falta entusiasmo y liderazgo político, sino se requiere además disponer de un arsenal de instrumentos menos vistosos, pero igualmente necesarios, que se deben afinar bien. Y, sobre todo, se requiere firmeza política en su ejecución. Sin ideas y proyectos claros en estos temas, el gobierno municipal hará cosas, sin duda, el problema es con qué resultados, en qué plazos y a qué coste.

Política estratégica de RRHH
En suma, si se quiere gobernar razonablemente un Ayuntamiento, bien harían los alcaldes y alcaldesas en impulsar una serie de medidas que siempre se aplazan y rara vez se abordan por una política demasiadas veces miope o cortoplacista:

-Alinear correctamente Política y Gestión
-Invertir en Organización (mejorar y simplificar estructuras, procedimientos, sistemas de gestión, desarrollar plenamente la administración digital, etc.)
-Y, en fin, el paso más difícil: afrontar con decisión y coraje el rediseño de una política estratégica de recursos humanos que abogue por captar talento y fortalecer los valores públicos.

Sin estas tres importantes piezas, cualquier gobierno municipal solo construirá políticas efímeras, con elevado coste y baja eficiencia, pero no abordará la clave del buen funcionamiento de un gobierno local, que al fin y a la postre no es otra cosa que la fluida relación entre las estructuras políticas y las máquinas administrativas, alimentada por una política de Buena Gobernanza Municipal (a la que ya hicimos referencia en entradas anteriores).

A esos tres importantes (y abandonados) ámbitos de la gestión municipal trasversal dedicaré las próximas entradas de este Blog. Sin una solución cabal a esas tres cuestiones, olvídese la política (en este caso la municipal) de alcanzar resultados de éxito desde un punto de vista estructural, pues la gestión vendrá castrada de raíz precisamente por lo que deben ser sus palancas de transformación o cambio. En fin, parafraseando a Mario Cuomo, ha llegado el momento de abandonar la poesía (la campaña electoral) y dedicarse a la prosa (gobernar). Un reto apasionante, si bien nunca fácil.

martes, 4 de junio de 2019

Los interinos de la Administración deben recibir comunicación personal y justificada del cese

La Administración ha sido condenada a readmitir o en su caso indemnizar a una trabajadora interina, que recibirá casi 24.000 euros por despido improcedente. Estuvo trabajando 12 años para una Consejería autonómica y fue cesada tras la cobertura de la plaza. Sin embargo, no se le notificó la carta de despido personalmente con los requisitos legales exigidos.

Por Isabel Desviat.-El Consultor de los Ayuntamientos.- 1-6-2019 | Wolters Kluwer.- Cuando se cubre o amortiza la plaza y el contrato se extingue, la emisión de una correcta carta de comunicación del cese y su justificación es necesaria. No puede ser sustituida por la publicación del acto en los boletines o diarios oficiales. La notificación debe ser personal incluso en el ámbito del Derecho Administrativo.

Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencia dictada el pasado 6 de mayo de 2019 (LA LEY 60816/2019) (que no es firme pues cabe recurso de casación), donde declara improcedente el despido de la empleada que estuvo prestando servicios para la Consejería de Familia e Igualdad de la Comunidad Autónoma.

Justifica su decisión en la incorrecta notificación realizada a la trabajadora de la extinción de su contrato. En éste, firmado en 2006, se establecía que el puesto a cubrir sería sustituir a trabajadores con reserva de puesto de trabajo. Su contrato finalizaría, bien con la reincorporación del titular, bien con la cobertura definitiva o amortización de la plaza.

Doce años más tarde en 2018, la plaza de la trabajadora fue cubierta en concurso, notificándose la extinción del vínculo contractual, sin abono de indemnización alguna. Interpuesta demanda por despido, el Juzgado de lo social estima parcialmente la demanda, pero no en los términos deseados por la empleada, que recurre en suplicación.

La omisión de carta de despido puede justificarse en determinados supuestos
La Sala cita la sentencia dictada por la misma Sala el 1 de octubre de 2018 (Rec. 969/2018) (LA LEY 154928/2018), que en un caso de cese de un trabajador indefinido no fijo llega a la conclusión de que la extinción de los contratos de estos trabajadores exigen notificación escrita previa con expresión de la causa extintiva.

Y ello porque es necesario proteger al trabajador ante extinciones por causas no especificadas o imprecisas, evitando su indefensión procesal. La causa extintiva por cobertura de plaza debe sujetarse a los mismos requisitos formales que se exigirían para cualquier causa objetiva.

Y es que, según se indica, hay que tener en cuenta la sentencia dictada por el TJUE 13 de marzo de 2014 (LA LEY 17246/2014), que consideró a los trabajadores indefinidos no fijos de las Administraciones como temporales a efectos de la protección de la Directiva 1999/70/CE (LA LEY 7675/1999), lo que implica la necesidad de expresar la causa de extinción por escrito y de manera suficiente.

Pero también cita la STJUE de 5 de junio de 2018, en el asunto C-677/16 (LA LEY 53022/2018) que señala que la diferencia de trato puede estar justificada cuando "las partes de un contrato de trabajo temporal conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término". Es decir, que siendo previsible la duración de la relación laboral y cuándo termina, puede justificarse la ausencia de carta de despido, puesto que las precisiones necesarias ya están especificadas.

En este caso la causa extintiva no era suficientemente precisa
Tomando como base la citada jurisprudencia, indica que cuando la causa de la extinción del contrato no es suficientemente precisa, el trabajador debe ser informado y ello para que pueda tomar las decisiones que le incumben y articular su defensa si está en desacuerdo.

En este caso, aunque el proceso de cobertura de la plaza había sido publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León según se indicó, esto no es suficiente, pues es necesaria comunicación personal al trabajador. Y esto es una exigencia incluso dentro del ámbito del Derecho Administrativo, pues la comunicación personal no puede ser sustituida por la publicación en el boletín oficial correspondiente.

En consecuencia la Sala declara la improcedencia del despido, condenando a la Administración a optar entre la readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o en abonarle una indemnización de 23.958,22 euros.

lunes, 3 de junio de 2019

Andrés Morey: Los funcionarios de carrera


Por AndrésMorey. Tu blog de la Administación Pública.- Oigo a un comunicador radiofónico alabar la eficacia y rapidez de la administración de la coalición que gobierna la Comunidad Andaluza y lo hace fijando la atención en la reducción de las listas de espera en la sanidad; pero lo que me interesa es resaltar que dijo que para ello había bastado con apoyarse en los funcionarios de carrera. Por ello, parece oportuno referirse a ellos, en cuanto que la situación de interinos y contratados temporales o no, preside principalmente las cuestiones jurídicas. Los funcionarios de carrera constituyen, se puede decir, la estructura permanente de la Administración y por esta misma razón son formalmente el factor humano más importante.

La naturaleza del funcionario de carrera y su legitimidad parte, primero de que a dicha condición puede acceder cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de una convocatoria pública de pruebas selectivas de ingreso; las cuales conllevan un programa previo que ha de ser conocido y demostrar que es así y de unas pruebas para ello y en las que se parte de los contenidos del programa que obedece al tipo de funciones y competencias que se han de desarrollar en los puestos a desempeñar. Estas pruebas y su superación son las que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley, legitiman al funcionario de carrera y le otorgan la permanencia en el puesto, ya que ella es necesaria para que cumpla su función pública y la garantías que ella implica. Y es así porque ha de ser, pese a las críticas y envidias que suscite; sin perjuicio de que como cualquiera, al funcionario, al distinguir entre el bien el mal o, en este caso, entre lo legal y lo ilegal o lo eficaz y lo ineficaz, se le haga responsable de sus acciones. Si no tiene capacidad de elegir, si es un mandado, no será responsable y si no lo es no hay garantía alguna para los ciudadanos ni el interés general.

Oposiciones
Así, por esta razón, las oposiciones han sido siempre el primer y principal tipo de pruebas para el ingreso en la función pública, sobre todo en aquellos puestos en los que la función exige del conocimiento de los saberes inherentes al administrar público y que no son propios de la actividad privada y no se adquieren por tanto en el mercado. La valoración de las pruebas, el nivel exigible en ellas parte de que esos contenidos propios generales a toda la Administración se hayan demostrado. Diríamos que este es el nivel mínimo que supone o marca el programa y que el tribunal o comisión selectiva ha de tener en cuenta y que no puede ignorar; pero el valor no depende sólo de estos juzgadores, sino del nivel que demuestran los aspirantes en las pruebas, de modo que no basta conocer sino ser mejor que los demás, pues los aspirantes se oponen unos a otros. La obtención de una plaza es más cara o más fácil según cual sea ese nivel de los opositores, siempre que se cumplan los mínimos. Por eso no se debe de decir que una oposición se aprueba sino que se supera.

En principio, pues, el que obtiene un puesto o ingresa en la Administración pública a través de unas pruebas selectivas en competencia y concurrencia con otros, ha demostrado que sabe y vale y que puede mejorar según su trabajo y el conocimiento que adquiera en el mismo.

Pero conviene decir que me estoy refiriendo, pues, a una formación previa exigible que se demuestra en la prueba selectiva, pero que hay algo más que una preparación de oposiciones y su superación no otorgan. No sé cómo referir ese algo, pero me atrevo a decir que son los valores morales o éticos que la función pública implica y que describe el artículo 103.1 de la Constitución: servicio objetivo a los intereses generales, aplicar los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Y para que quede claro que todo lo dicho implica un respeto al principio de legalidad, el punto 1 citado acaba con el conocido con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Y, por supuesto, los contenidos propios de la Ciencia de la Administración pública.

Libre designación
No voy a insistir en la distorsión de la libre designación en el sistema de objetividad y principio de legalidad. Pero sí en que valores sustanciales son la objetividad que conlleva la imparcialidad como base y ésta la no dependencia en la función. Dicho esto no hay más remedio que tener que abordar la relación entre el espacio político y el administrativo. Ya lo he hecho con cierta intensidad, pero hoy, por razones de brevedad, quiero señalar que la formación posterior a las oposiciones del funcionario, es esencial, por este orden: para la eficacia administrativa y política, para el ciudadano y para la legalidad y el Derecho.

Esta formación debe insuflar estos valores que recoge el artículo constitucional y ante todo, pues, la objetividad e imparcialidad. El funcionario de carrera y sobre todo el superior es no sólo uno que ejecuta o administra, siempre, de un modo u otro, asesora y su asesoramiento más propio es el informe y más aún el de carácter preceptivo y en el campo plenamente ejecutivo y jurídico la propuesta formal de resolución.

Si es cierto lo comentado de Andalucía, será porque el funcionario de carrera ha sido consultado, se ha implicado en el problema, ha asesorado, ha intervenido y se ha integrado en el objetivo político correspondiente. Así será garantía para el político (menos coaches y otras zarandajas) pues el funcionario es el primer experto, y si no lo es es porque no hay formación después de la selección, sino una fábrica de cursitos que sólo sirven para contratar amigos o subvencionar sindicatos o para que el funcionario acumule puntos para concursos, y que nada tienen que ver o no con la función a desarrollar. Será, también pues, sin duda, el funcionario garantía de eficacia y de legalidad y favorecerá al ciudadano y se evitarán estructuras caras e innecesarias.

Pero en estos momentos de predominio electoral y político, nadie nos habla de esto.

domingo, 2 de junio de 2019

El funcionario conectado (cursos de verano)

Otro post de interés. Jesús Martínez, de Trabajo Colaborativo blog:  Tiempo de calidad del directivo para el desarrollo propio y el de personas

Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog .- El 8 y 9 de julio en Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organiza un interesante encuentro titulado “Inteligencia Artificial: dilemas actuales alrededor de la seguridad, propiedad y explotación de datos” con José Ramón Chaves entre los ponentes para hablar de cuestiones jurídicas candentes de las tecnologías de la información  y alguna conferencia cuyo interesante contenido tomo prestado para encabezar esta entrada (“El empleado conectado” por Ignacio Artola, de Accenture). Pero hay más …

Del 8 al 12 de julio se celebrará en la ciudad autónoma de Melilla un curso sobre “reformas y modernización del sector público. Nuevas tendencias”. La actividad está dirigida por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López, y por Juan Antonio Marmolejo Martín, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Se tratan aspectos como sostenibilidad, transparencia, compras públicas o transformación digital de la Administración.

En la sede de Palma de Mallorca de la UNED, del 27 al 29 de junio se celebra el curso “Retos y nuevas perspectivas del sector público”, también con asistencia virtual. En la misma sede, del 22 al 24 de julio “El acceso al empleo público”. Asimismo, del 3 al 5 de julio se celebra en la sede de Plasencia (también virtual) el sugerente curso “Ciberdelincuencia, inteligencia artificial y proceso penal”.

Control interno local en Badajoz
Lo mejor para el final. Los días 3 y 4 de octubre, Badajoz será la sede de uno de los más importantes congresos sobre control interno local que se han celebrado durante los últimos años. La Diputación de Badajoz, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentan un programa que ha sido elaborado y coordinado con cuidado, como se puede ver en la foto de la reunión celebrada el mes pasado en la sede madrileña de la IGAE, con el Interventor General al frente. Habrá una decena paneles sobre todos los aspectos de nuestro modelo de control: Intervención plena-limitada, reparos, plan anual de control financiero, líneas futuras de desarrollo profesional, expectativas, control de ingresos, recepciones o rendición de cuentas. Todo un lujo con un extraordinario plantel de profesionales de la fiscalización de los fondos públicos que, sin duda, será el congreso del año. En un par de semanas divulgaremos aquí la referencia definitiva de la actividad, que ya podéis guardar la fecha.