El 51% de los ingresos del sector público local procedía en 2011 de tributos y el 41% de transferencias del Estado

Según consta en el informe  del Tribunal de Cuentas sobre el sector público local relativo al ejercicio de 2011. Ver informe pdf (362 págs.)

 

Revista de prensa. EP. 14.12.2013. El coste medio por habitante de los servicios públicos básicos que presta el ayuntamiento de Madrid ascendía en 2011 a 690,87 euros y en el caso de Barcelona, de 761,7. La media nacional se quedó en 413,75 euros por habitante al año, con los ayuntamientos de mil a cinco mil vecinos como aquellos con los costes más bajos: 311,55 euros.

Empresa Municipal del Agua de Gijón.

 Así consta en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre el sector público local relativo al ejercicio de 2011, al que ha tenido acceso Europa Press. Los datos proceden sólo de aquellos ayuntamientos que presentaron sus cuentas a tiempo, que fueron 6.316 de los más de 8.100 que existen.

 

 Los servicios que se analizan son los considerados básicos: los relativos a seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Incluyen asuntos como el agua, los cementerios, los residuos o el alumbrado.

 

 En el documento se precisa que los ayuntamientos mayores prestan más servicios que los menores. Al margen de Barcelona y Madrid, los ayuntamientos con costes medios más elevados son los de menos de mil habitantes: 472,13 euros. Después, los municipios con más de 50.000 habitantes registran un coste de 403,84 euros, los de 20.000 a 50.000, un coste medio de 381,53 y los de 5.000 a 20.000, de 358,07 euros anuales.

 

El Gobierno acaba de reformar la ley de bases de régimen local con varios propósitos, uno de ellos, colaborar a que se reduzcan estos costes en los servicios básicos que prestan los municipios. La norma entraré en vigor el 1 de enero y dará a las diputaciones un papel preponderante precisamente en la prestación de estos servicios para lograr costes menores.

 

Coste del agua potable

El coste medio del servicio de agua potable fue en 2011 de 46,83 euros, siendo más caro en Canarias y el País Vasco, siempre de media, y más barato en Madrid, Islas Baleares y Galicia. El 48 por ciento de los municipios tenía la gestión directa de este servicio ese año y el resto optó por subcontratarlo.

 

 Otro de los servicios analizados es el alumbrado público, cuyo coste medio nacional fue de 32,19 euros por habitante. Los costes superiores se registraron en La Rioja, Cantabria y Aragón y los menores, en Murcia y Navarra. El 82 por ciento de los municipios ofrecía este servicio directamente y otro 15 por ciento, a través de una contrata.

 

 En cuanto a la limpieza viaria, el 80 por ciento de los ayuntamientos mantenía en 2011 la gestión directa de este servicio. El coste medio por habitante fue de 18,01 euros, pero Madrid, Cantabria, País Vasco y Murcia se situaron por encima de la media y Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, por debajo.

 

 También figura en este informe el análisis del coste de gestionar los residuos sólidos urbanos: 48,76 euros por habitante al año. La forma de gestión más utilizada fue a través de consorcios y mancomunidades (49%); otro 22 por ciento optó por la concesión administrativa y solo el 14 por ciento por la gestión directa.

 

Por comunidades, las que tuvieron un coste especialmente por encima de la media, según el informe, Cantabria, Cataluña, Baleares, la Rioja y Murcia y, sobre todo, las Islas Baleares. Los menores correspondieron a Extremadura y Andalucía.

 

 El sector público local obtuvo sus ingresos en 2011 de tributos (51%), de transferencias y subvenciones del Estado y de las CCAA (41%), de deuda (4%) y de ingresos patrimoniales y ventas (3%). El 60% del gasto se dedicó a pagar personal, gastos corrientes y servicios; otro 21 por ciento se invirtió y otro 17%, a subvenciones.

 

 Además, la carga financiera global fue del 8 por ciento. El endeudamiento general representaba en 2011 el 32 por ciento del total del pasivo; por tipo de entidad, las diputaciones eran las que presentaban un mayor ratio, con un 50% del pasivo, 20 puntos por encima que la media de los ayuntamientos.

 

  Cabe añadir que en el informe se vuelve a poner de manifiesto el retraso de las entidades locales en presentar sus cuentas ante este Tribunal. Este asunto acaba también de reforzarse en la reforma de la administración local, de manera que la obligación de entregar la información a tiempo será imprescindible incluso, en algunos casos, para la subsistencia de la entidad.

 

 Aunque ha mejorado el dato con respecto a 2010, el 60 por ciento de los ayuntamientos, el 53 por ciento de las diputaciones y el 31 por ciento de las comarcas no llegaron a tiempo. Sin embargo, seis meses después de finalizar el plazo, lo hicieron el 80 por ciento del total de las entidades locales. En 2009, eran solo el 55%.

Noticia relacionada. Municipios insumisos al Tribunal de Cuentas. El Confidencial

Los informáticos de ASTIC entregaron sus premios anuales, que cumplieron su XIX edición.

El premio ASTIC 2013 al Profesional o medio de comunicación por su aportación al fomento y uso de las TIC en las AAPP fue entregado a Ana Gamazo, Redactora Jefa de Economía de la Agencia EFE.

ASTIC. La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado (ASTIC)  entregó el pasado día 10 en Madrid  sus Premios anuales, que cumplieron  su XIX edición.

El acto fue presentado por la Vicepresidenta de ASTIC, Ana Bajo y por el periodista Antonio Lorenzo, Premio ASTIC de periodismo en 2009.

 Emilio García, Presidente de ASTIC, abrió el evento recordando que este año que acabamos “se ha iniciado la reforma de la Administración”. Si bien ha celebrado que “del documento de propuestas elaborado por ASTIC para la CORA, apartados como la creación de la figura del CIO o el reconocimiento y mantenimiento de las unidades TIC departamentales, entre otras, han sido incorporados en el texto de la Reforma”. Sin embargo,  aspectos como el  proceso de elaboración de las medidas de CORA “ha sido opaco y dando pocos espacios a la participación abierta que lo hubiera enriquecido”. ¡La reforma de la Administración no debería continuar por esa vía!, acentuó.

 Premios 2013

El Premio ASTIC 2013 a la institución u organismo  por su apuesta estratégica por las TIC ha recaído en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Su  Director, Manuel Tuero, y José Manuel Ruiz Ramos, Director de Tecnologías de la Información de Agencia recogieron el galardón de la mano de Yolanda López (INDRA).

 El Premio ASTIC 2013 al funcionario TIC del año ha recaído en Aitor Cubo, Subdirector General de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica, en el MHAP. Recibió el galardón de manos deJavier Sánchez, de EMC.

 El Premio ASTIC 2013 a la carrera profesional ha sido para Ignacio Baquedano, jubilado recientemente desde el puesto de Subdirector de Comunicaciones de Informática del Ayto. de Madrid. Le entregó el galardón Miguel Salgado, de ORACLE.

 El proyecto “Movilidad en el puesto de trabajo”, implementado por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social ha obtenido el Premio ASTIC 2013 al Proyecto TIC para la Innovación en la Administración. Jorge Rincón, Gerente de Informática de la Seguridad Social recibió el galardón de manos de Javier Bustillo, de ORACLE.

 El Premio ASTIC 2013 al Proyecto TIC con difusión Internacional ha recaído en SIRAJ: Interconexión con registros europeos de penados ECRIS del Ministerio de Justicia. Entregó el galardón a Angelines Turón, Subdirectora General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, a Carlos Uranga, Subdirector General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial y  a sus equipos Joaquín Potel, de EMC.

 El premio ASTIC 2013 al Profesional o medio de comunicación por su aportación al fomento y uso de las TIC en las AAPP lo ha recogido Ana Gamazo, Redactora Jefa de Economía de la Agencia EFE de manos de César Deza, de VODAFONE.

 El Equipo de Podcast de la Fundación ASTIC fue galardonado con el  premio ASTIC 2013 al Funcionario TIC por su aportación a la difusión TIC en las redes sociales. Miguel Ángel Rodríguez Ramos, funcionario TIC de la Administración General del Estado, Javier Morales Puerta, funcionario TIC de la Seguridad Social destinado en la Administración General del Estado y Honorio Enrique Crespo Diaz-Alejo, funcionario TIC destinado en el Ayuntamiento de Madrid recogieron el galardón de manos de Viriato Merino, del Grupo Avalon

 El premio ASTIC 2013 al Proyecto TIC  más difundido  y valorado entre ciudadanos o  empresas se otorgó a la Carpeta del Ciudadano en la sede electrónica desarrollado por la Gerencia de informática del Ayto de Madrid. José Antonio Martín recogió el galardón de manos de Mariano Galán, de VODAFONE

 El Jurado de los PREMIOS ASTIC 2013 estuvo compuesto por Miguel Pérez, Presidente de la Asociación de usuarios de Internet; Arturo Ribagorda, Catedrático de Universidad de la Universidad Carlos III; Concha Hortigüela, Directora de Seguridad, Innovación y Comunicación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social;  Antonio Alcolea, Vocal Asesor de la SET y para la Sociedad de la Información; Ana Bajo Prieto, Vcpta. de Astic; Álvaro Manso, CT en el Ministerio de Economía y Competitividad; David Martín, CT en la Gerencia de Informática del Ayto. de Madrid; José Antonio García, Subdirector General Adjunto de Gestión y RRII. del MHAP y Andrés Pastor, de la Oficina del CIO del M. de la Presidencia. 

La fiscalía de la Comunidad Valenciana encuentra relación entre la proliferación de cargos de confianza y la corrupción

Entre otros muchos cargos públicos valencianos, están imputados ocho antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat.

Revista de prensa. El País. Valencia. 12.12.2013. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana advirtió este miércoles sobre las condiciones que han propiciado en los últimos años una avalancha de casos de corrupción, en los que han sido imputados más de una decena de diputados de las Cortes Valencianas, ocho antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, dos presidentes y un vicepresidente de diputaciones provinciales, un alto número de alcaldes y otro aún mayor de cargos intermedios de la Administración autonómica.

 

La fiscalía considera que la “proliferación de funcionarios eventuales o cargos de confianza con fidelidades personales o partidistas facilitan la suma discrecionalidad o arbitrariedad”, alimentando las “conductas desviadas”.

El debilitamiento de la Administración, mediante el relevo de funcionarios por personal designado a dedo, que ha sido común en numerosas consejerías, empresas y entidades de la Generalitat desde hace años, y su efecto en la facilitación de la corrupción también fue advertida en diciembre pasado por José Ceres, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga el caso Gürtel. En el auto que cerró la instrucción sobre las adjudicaciones de la feria turística Fitur, con las que la red se embolsó cinco millones de euros, el juez subrayó la escasez de funcionarios en la Agencia Valenciana de Turismo, donde se aprobaron las adjudicaciones. Y la menor capacidad de resistencia ante órdenes ilegales que ello podía implicar.

 

La fiscalía, que ayer presentaba su memoria anual en las Cortes Valencianas, apuntó en la misma línea hacia la “falta de controles previos administrativos (la previa intervención) y de controles en contratos administrativos” que se ha venido produciendo como contexto favorecedor de la corrupción.

 

Esta, advirtió el ministerio público, ha alcanzado en la comunidad autónoma “al mundo empresarial y al negocial”, como demuestran las investigaciones abiertas en “las cajas de ahorros CAM y Bancaja o el Banco de Valencia, con el abuso de sus directivos y el favorecimiento de amigos y políticos que han concluido con el fin de tales entidades financieras”. La fiscalía no lo menciona, pero el Banco de Valencia estaba integrado en el Grupo Bancaja que a su vez, igual que la CAM, estuvo indirectamente controlada por la Generalitat desde finales de los años noventa hasta prácticamente su desaparición.

Informe

El informe de la fiscalía contiene una propuesta de reforma legislativa para que los aforados autonómicos (fundamentalmente diputados de las Cortes y miembros del Consell) puedan ser investigados por jueces ordinarios, y no solo por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, compuesta por cinco magistrados y sobrepasada en esta etapa por el alto número de asuntos que tiene que investigar y enjuiciar.

 

Al ser solo cinco magistrados, los jueces que celebran los juicios han resuelto previamente recursos de esa misma causa en la fase de instrucción. Y ello “supone la posibilidad o mejor probabilidad alta de que la sala se contamine por el conocimiento previo de la causa que luego debe enjuiciar, lo que determinaría la sustitución de todos los magistrados así afectados por otros magistrados de otras salas del mismo Tribunal Superior”, añade el fiscal, que concluye: “Tendríamos de nuevo la pérdida de la finalidad por la que se creó esta sala especial”.

 

Ese ha sido el argumento utilizado por varios imputados en la pieza de Fitur, del caso Gürtel, para recusar a los tres magistrados que deberían enjuiciarlos en el segundo trimestre del año que viene. Una petición que tiene pocas posibilidades de éxito, según opinan fuentes jurídicas, dado que esa línea convertiría en inoperantes a todos los tribunales superiores de España.

 

El fiscal también advierte de que la escasez de magistrados hace que al final todos resuelvan recursos contra las resoluciones de quienes actúan como instructores “lo que puede influir en la resolución de los recursos por respeto o camaradería hacia lo resuelto por magistrados compañeros instructores”. La reforma legislativa, que se propone aplicar igualmente al Tribunal Supremo, lleva la firma del anterior fiscal superior, Ricard Cabedo, aunque fue presentada ayer con el resto del informe por su sucesor, Antonio Montabes.

Post relacionado. Corrupción, control del poder y códigos éticos (II). Estudiconsultoria. R. Jimenez Asensio.

Hoy día 12 del 12, a las 12 horas: Concentraciones en toda España en contra de la reforma local

Se concentrarán delante de los Ayuntamientos bajo el lema "Defiende tu ayuntamiento el 12 del 12, a las 12. Contra la reforma local".

 

Revista de prensa. EP. 11.12.2013.- Alcaldes del PSOE, IU, CiU, ICV, Coalición Canaria (CC), Compromís, Chunta Aragonesista (CHA) e independientes y la Federación Española de Entidades Locales Menores han convocado concentraciones para este jueves junto a los ayuntamientos de toda España para expresar su rechazo a la reforma local por las consecuencias "nefastas" que, a su juicio, tendrá para los municipios.

 

 Bajo el lema "Defiende tu ayuntamiento el 12 del 12, a las 12. Contra la reforma local", la Comisión de Alcaldes quiere reunir a ciudadanos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil contrarios al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se votará en el Pleno del Senado previsiblemente el 16 de diciembre y luego se aprobará definitivamente en el Congreso.

 

Ayuntamiento de Rivasvaciamadrid

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, dijo el lunes pasado en una rueda de prensa que el proyecto de ley es "nefasto" y "tiñe de luto los municipios españoles" por establecer una "recentralización" y un "retroceso sin precedentes" para el municipalismo y para la democracia en general.

 

 Caballero denunció que el Gobierno ha sacado adelante esta reforma "en solitario, sin ningún acuerdo y sin ningún apoyo social ni de ninguna fuerza política sustantiva", a lo que se suma "el silencio de los propios alcaldes del Partido Popular", que, según afirmó, "no comparten" el proyecto de ley.

 

Déficit democrático

  A su juicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere "volar ese primer puente de la democracia" que son las entidades locales para los ciudadanos porque la reforma supondrá que "miles de ayuntamientos" -los de municipios con menos de 20.000 habitantes-"perderán su capacidad de actuación" en favor de las diputaciones provinciales. Esto producirá "un grave déficit democrático", advirtió.

 

   Para el alcalde de Langares (Zaragoza), Miguel Jaime (de CHA), el proyecto de ley "atenta contra la autonomía local" porque tiene como consecuencia la "pérdida de servicios" y el "vaciado de competencias". En el mismo sentido se expresó el alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Jordi San José (de ICV-EUiA), que opina que también se pretende "suprimir el papel de los gobiernos de las comunidades autónomas".

 

 Además, rechazó el argumento del Gobierno de que el objetivo es que entidades locales contribuyan al saneamiento de las cuentas públicas, habida cuenta de que "la inmensa mayoría" de ellas tienen superávit, y lamentó que los ayuntamientos vayan a tener "una espada de Damocles permanente" al poder ver "cercenada" su capacidad de actuación por tener solamente "un euro de déficit".

 

En esta línea, el presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), Antonio Martín, acusó al Ejecutivo de intentar "engañar a los ciudadanos", porque los ayuntamientos solo son responsables de una pequeña parte de la deuda pública, y defendió su labor en el "afianzamiento de la población rural" mediante la gestión de los servicios "de la forma más barata".

 

 Respecto a los cambios que se puedan introducir en el proyecto de ley hasta que sea aprobado definitivamente, el alcalde de Vigo dijo que "no hay nada que esperar para bien" porque hasta ahora, con cada paso que se ha dado en la tramitación parlamentaria, "el PP lo ha endurecido".

 

 Por todo ello, el alcalde de Tarrasa (Barcelona), Jordi Ballart (del PSC), pidió a los ciudadanos que "se movilicen de forma masiva" este jueves contra la reforma local, la cual, ha indicado, "no evita duplicidades, ni simplifica estructuras, ni clarifica competencias" y tampoco supone un ahorro de 8.000 millones de euros, como mantiene el Gobierno.

 

IU

 El alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa (IU), rechazó la reforma por "regresiva", por "injusta" y por no tener "ningún consenso, ni político ni social". Este jueves, "hagamos una gran concentración que suponga un clamor", manifestó.

 

 Durante el acto, en el que estuvo presente el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, Caballero señaló que el principal partido de la oposición mantiene su intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional y de sumar para ello el apoyo de otros partidos, aunque añadió que primero quieren ver la versión final del texto

¡¡Por fin: Ya tenemos Ley de Transparencia¡¡ BOE 10.12.2013

Texto de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y Buen Gobierno- Ley 19/2013 de 9 de Dic.- publicada en el BOE del 10.12.2013

 

Tras meses de intensa actividad parlamentaria, el gobierno ha sacado adelante la esperada Ley de Transparencia pero con menos apoyos parlamentarios de los que serían deseables para una norma que debería ser aceptada por la mayoría de los partidos representados en las Cortes para garantizar unas reglas de juego democrático.
 

 Noticia: Los cargos públicos no podrán recibir regalos de Navidad. Europa Press

Blog Politikon. Jorge Galindo: De transparencia, buen gobierno e incentivos en la Administración

Ayer (10.12.2013) se  publicó en el BOE el texto íntegro de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El texto y el esfuerzo legislativo en general se me antoja un ejemplo más de esa dinámica en la que nos hemos encerrado de intentar solucionar problemas a base de añadir legislación en lugar de revisar los incentivos que da el actual marco regulatorio, sin apenas modificarlo.

 

Un botón de muestra. Supuestamente, esta nueva medida intenta forzar a los órganos públicos a que pongan a disposición de los ciudadanos la información que éstos requieran. Sin embargo, el propio texto de la medida se asegura de que la decisión última sobre proporcionar o no dicha información dependa de estos mismos entes. Atención a los artículos 14.1 y 15.3  del Título I (gracias a Antonio Delgado por la pista): Leer+

Blog Contencioso.es. Sevach. 15 decepciones
Blog BOE nuestro de cada día: Entrada en vigor
Blog Guzmán Garmendia.es: Mapa ProTransparencia en España
Noticia relacionada. La efectividad de ley de transparencia, en manos de las administraciones  La Vanguardia

Todos los grupos catalanes, salvo el PP y C´s, en contra del informe CORA sobre duplicidades elaborado por el gobierno

Medidas de la subcomisión de duplicidades Informe CORA. Acceso al documento completo (pdf 727 páginas)
 

Revista de Prensa. La Vanguardia, (EFE) 9.12.2013.- Todos los grupos del Parlament, salvo PPC y Ciutadans (C's), han apoyado hoy al Govern en su rechazo al informe de duplicidades del Gobierno que contempla suprimir entes de la Generalitat, aunque el gobierno catalán dará prioridad a la vía del diálogo que ha abierto con el Ejecutivo central.

Diputados de CiU, ERC, ICV-EUiA, PSC, PPC, C's y CUP se han reunido hoy durante una hora con la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, quien les ha informado del contenido del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA) del Gobierno, que contempla supresión de entes de la Generalitat como una forma de evitar duplicidades y ahorrar costes.
 

Según el dirigente de CiU Lluís Corominas, la vicepresidenta catalana ha transmitido a los grupos que ha abierto una línea de diálogo con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para discutir este informe que incluye medidas de carácter voluntario pero que el Govern teme que pueda acabar traduciéndose en leyes.
 

ICV-EUiA, ERC y CUP han coincidido con la tesis del Govern de que el informe es un "ataque" al autogobierno y han apostado por desacatarlo, mientras que el PSC ha abogado más por el diálogo y ha urgido a la celebración de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

Por contra, el diputado del PPC Pere Calbó ha lamentado que el Govern convoque una reunión con los grupos con "la única finalidad de hacer un frente común" y no, ha agregado, "para ver cómo simplificamos la administración de la Generalitat".

Frente común

La diputada de Ciutadans Carina Mejías ha señalado, por su parte, que su formación no participará en "ningún frente común" contra el Gobierno español por un informe que tiene "aspectos positivos y otros mejorables", pero que en todo caso cree que no supone ninguna "involución autonómica" ni ningún "ataque" a la Generalitat.

La vicepresidenta Ortega se ha reunido en la sede del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales con los diputados Lluís Maria Corominas (CiU), Sergi Sabrià (ERC), Núria Parlón (PSC), Pere Calbó (PPC), Jaume Bosch (ICV-EUiA), Carina Mejías (Ciutadans) e Isabel Vallet (CUP).

Tras la reunión, que ha servido para analizar el informe de 700 paginas de la CORA con centenares de medidas de simplificación de la administración y que aboga por suprimir organismos como el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Cuenras, sólo los representantes de los grupos -no del Govern- han comparecido ante los medios.

Corominas ha explicado que Ortega ha abierto una línea de diálogo con la vicepresidenta del Gobierno, pero ha advertido de que no se cederá ante eventuales violaciones de competencias catalanas, al tiempo que ha advertido de que existen "experiencias recientes" de medidas en un principio voluntarias emprendidas por el Ejecutivo central que acaban siendo leyes que afectan a la Generalitat.

El diputado de CiU ha evitado hablar de "desacato", a diferencia del parlamentario de ERC Sergi Sabrià, quien cree que el informe es "un nuevo ataque al país, y además de incumplir el Estatut, también se salta la Constitución", y ha considerado que las medidas del documento "no deben ser acatadas".

Sabrià ha avisado de que hay un intento de "limitar aún más el autogobierno", por lo que su partido ha pedido "firmeza y todas las vías necesarias para que no se de ni un paso atrás".

Desde el PSC, Parlón ha indicado que el informe de la CORA "no es ninguna novedad, porque el PP ya tiene reformas en marcha que buscan la recentralización, como la de gobiernos locales", y que con la excusa de racionalizar, lo que hace en privatizar".

La socialista se ha mostrado conforme, en este sentido, en que los partidos catalanes lo rechacen "y más cuando se habla de suprimir organismos estatutarios", pero el PSC lo que reclama en primer lugar es que se reúna la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, un organismo que no se convoca desde 2011.

Jaume Bosch, de ICV-EUiA, ha criticado que, "en nombre de la eficiencia y el ahorro el informe se quiera cargar el autogobierno": "Si el PP quiere suprimir instituciones que están previstas en el Estatut tendrá que ser convocando un referéndum, una palabra que después de escucharla, quizá reconsidere sus intenciones", ha dicho.

Isabel Vallet, de la CUP, ha advertido que el informe explicita "un total desprecio hacia las CCAA", además de "ser un bodrio jurídico que no hay por donde cogerlo", por lo que el Govern "solo tiene una salida, que es la desobediencia" y "tirarlo a la papelera".

En cambio, para el popular Pere Calbó, el enfoque del debate no es de competencias autonómicas sino cómo mejorar el servicio público y evitar duplicidades, pero ante esto, ha denunciado, la Generalitat se sitúa en el "inmovilismo" y sin ninguna voluntad de renunciar a nada para que prospere el diálogo con el Gobierno central.

La diputada de C's Carina Mejías ha manifestado estar "sorprendida de que no se vea el anclaje constitucional en esto y sí en una consulta ilegal" y ha considerado que existen entes de la Generalitat, como el Centro de Estudios de Opinión, que deberían eliminarse.

Opinión: ¿Purgas en Hacienda?. Retrato de la España canibal

Carlos Sánchez. El Confidencial. 7.12.2013.- Sostiene Galdós en Miau, la novela que mejor retrata las miserias de la Administración durante la España de la Restauración, que ’un Estado ingrato, indiferente al mérito, es un Estado salvaje’.

Y la reciente purga de altos cargos en la Agencia Tributaria -Montoro ha dicho que la cúpula de Hacienda estaba llena de “socialistas” (querría decir rojos), forma parte de esa España caníbal que tritura a la otra España simplemente porque piensa diferente.

No es, desde luego, ninguna novedad. La otra España que ahora se rasga cínicamente las vestiduras sin pudor alguno porque el nuevo director general ha destituido a algunos altos cargos  -Rubalcaba habla de forma desvergonzada de ‘caza de brujas’- es exactamente la misma que limpió en su día la Administración de todo lo que oliera a funcionarios que colaboraron con el Gobierno inmediatamente anterior (sin duda porque eran unos fachas).
 

Con razón se preguntaba Galdós:

-‘¿Qué ha sucedido aquí? Lo natural, lo lógico en estas sociedades corrompidas por el favoritismo. ¿Qué ha pasado? Que al padre de familia , al hombre probo, al funcionario de mérito, envejecido en la Administración, al servidor leal del Estado que podría enseñar al ministro la manera de salvar la Hacienda, se le posterga;  mientras los osados, los ineptos, los que no tienen conciencia ni título alguno apandan la plaza en premio de su inutilidad’.
 

Cesantías

No hay por lo tanto que extrañarse de una vieja costumbre de la Administración española, que en sus años de mayor degradación llegó a regular la figura de los ‘haberes de cesantía’, una especie de pensión que se pagaba a quienes se retiraban a sus cuarteles de invierno a la espera de un nuevo Gobierno, y que estuvo increíblemente vigente hasta 1918. Aunque habría que esperar a 1954 para erradicar definitivamente el término cesantía del ordenamiento jurídico.

Carné e ideología

Esta ausencia del más mínimo decoro a la hora de hacer un Administración eficiente y basada en el mérito es lo que explica la naturalidad con que se hacen las destituciones. Desde luego, no sólo en la Agencia Tributaria para puestos de trabajo que deberían ser ocupados por funcionarios, sino en otros muchos departamentos ministeriales y empresas públicas en los que el carné y la ideología pesan más que la capacidad.

Lo que sí es sustantivo es que cuando el PSOE alcanza el poder y mueve Roma con Santiago para colocar a sus huestes, los cambios son coherentes con los resultados electorales, y ahí está el caso de RTVE, todo un insulto a la inteligencia y una desgracia continuada; pero cuando el PP hace exactamente lo mismo, estamos ante una especie de corrupción de Estado para favorecer a los ‘amiguetes’. Se llamen Cemex o el sursuncorda. Ya sucedió en 1997, cuando Jesús Bermejo y Pilar Valiente fueron acusados de llevarse expedientes comprometedores. Como se ve, nada nuevo bajo el sol.

El resultado, como no puede ser de otra manera, es una Agencia Tributaria ineficiente, como lo demuestran los bajos niveles de recaudación pese a los altos tipos impositivos.

Es verdad, sin embargo, que los problemas fiscales del Estado no tienen que ver sólo con el funcionamiento de la Agencia Tributaria, pero lo cierto es que sus unidades de élite (el departamento de inspección o las delegaciones de grandes contribuyentes) tienen un fuerte sesgo ideológico. Hasta el punto de que más de la mitad de los puestos de trabajo que ocupan los inspectores de Hacienda son de libre designación pese a que la legislación obliga a que esa figura -sin duda necesaria- se restringa a puestos de especial responsabilidad o especialización.

No ocurre así. Como recordaba hace una semanas Cinco Días,  el primer director de la Agencia Tributaria de la era Zapatero, Luis Pedroche, sustituyó  a 119 funcionarios.. Pero durante la etapa de Viana y Menéndez, ya con el PP en Moncloa, se ha reemplazado a 104 cargos de libre designación. Aunque lo más terrible, como admite la Agencia Tributaria, es que estos cambios  entran “dentro de la normalidad”.

El disparate es todavía mayor si se tiene en cuenta que el nombramiento sólo tiene sentido por razones profesionales para funciones de especial responsabilidad, como dice la ley, pero la destitución sólo puede estar justificada cuando se haya producido un desempeño inadecuado del puesto de trabajo. Ninguna de las dos cosas se acredita con argumentos fundados.

El fulanismo y el compadreo siguen instalados en buena parte de la Administración española, que además ha inventado una especie de variante moderna de los haberes de cesantía. Muchos altos cargos cuando son destituidos vuelven a sus puestos de trabajo, pero como cuentan con tanta información y capacidad de influencia sobre sus antiguos subordinados, sus nuevos jefes los ‘aparcan’ en alguna canonjía para que no den guerra. Y así es como los pasillos de algunos centros públicos se han llenado de ex a la espera de un cambio de Gobierno. Como en tiempo de la Restauración canovista. Y la Agencia Tributaria es un claro ejemplo de ello. Leer+