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lunes, 2 de diciembre de 2019

Rafael Jiménez Asensio: Caciquismo digital

"El caciquismo, en la política, no es una enfermedad determinada, sino una predisposición a tenerla” (Conde de Romanones, Breviario de política experimental, Madrid, 1974, p. 101)

Por Rafael Jiménez Asensio. Hay Derecho blog.- España es un país avanzado. Mucho antes de que la revolución digital emergiera, aquí el dedo político tenía una centralidad innegable. Mientras que en otros lugares la política, como decía Weber, se hacía con la cabeza y no con otras partes del cuerpo, entre nosotros mandaba el dedo índice que dirigía su destino hacia la persona elegida. Digital viene de dedo. Un nombramiento a dedo es una designación discrecional, en la que quien designa decide sobre la persona en la que recae ese nombramiento, independientemente de requisitos tan obtusos y antiguos como la capacidad, el mérito o la profesionalidad, por no hablar de la integridad, que no hacen sino complicar las cosas.

Tales requisitos, todo lo más, se pueden valorar o no, pero tal valoración se hace, cuando se hace que apenas nunca se hace,  siempre a criterio e interés exclusivo de quien mueve el dedo y designa el destino que debe ocupar la persona señalada. Nombro a quien quiero, pues mi “dedo es democrático”, alegaba torpemente un Alcalde hace años, como recogió Francisco Longo en un sugerente artículo. Pues trasládenlo a los miles de nombramientos políticos que tienen lugar en este país. Y déjense de tonterías como las que hacen esos bárbaros del Norte que no saben de nuestros expeditivos métodos y recurren a concursos abiertos y competitivos o a medios objetivos de contrastar las cualidades y trayectoria personal (hearingsefectivos y no nominales, como los que por aquí se hacen) de aquellas personas que serán designadas.

Tráfico de influencias
Nunca tuvimos consciencia de lo avanzados que éramos. Nos adelantamos en siglos a la revolución digital. Moviendo el dedo político no hay quien nos supere. Nuestros mayores progresos siempre han sido en temas físicos o deportivos. No se conoce país en Europa occidental o en las democracias avanzadas del mundo que alcance nuestras cotas de nombramientos políticos “digitales”. Y ahora que pega fuerte la revolución tecnológica, los  “dedos democráticos” cogen más brío. Se multiplican.  Lo cubren todo, no solo los cargos políticos por excelencia (parlamentarios, ministros, consejeros, alcaldes, concejales, etc.), sino también los niveles directivos de cualquier estructura de gobierno (Estado, CCAA, gobiernos insulares, forales, locales), del denso y extenso sector público institucional (con miles de entidades, muchas de ellas autenticas cuevas de Alí Babá), así como los innumerables órganos constitucionales o estatutarios, “administraciones independientes”, organismos reguladores, órganos de control, etc. Y cuando eso se acaba, giramos la puerta y les abrimos de par en par la entrada en el sector privado que, sorpresas que da la vida, les acoge con los brazos abiertos. ¿Por qué será si con nada, salvo con sus “influencias”, pueden traficar? Adivinen ustedes mismos.

Quien reparte esas sinecuras y coloca a cada cual en su respectivo pesebre son los partidos gobernantes. Como las canteras de los partidos políticos no suelen dar mucho de sí, plagadas como están hoy en día, salvo excepciones cada día más singulares, de una mediocridad alarmante, cuando no de mera ignorancia supina o de palmeros y aduladores sin criterio, si hay que designar “digitalmente” por la política a alguien para tales menesteres públicos o de “responsabilidad”, siempre que no haya un militante con medias luces al que situar de “alto cargo” o de cargo público se busca en los aledaños del patio contiguo a la política; esto es, familiares, compañeros de pupitre, amigos políticos o “simpatizantes”, cuando no académicos, intelectuales, periodistas, jueces o funcionarios en busca enfermiza todos ellos de algo de púrpura que dé sentido a su pobre existencia personal y profesional. Son legión, así que no hay problema de cantera. La política siempre ha sido un atajo para llenar el morral y fortalecer vanidades castradas. Así que las vocaciones para “mandar”o para ocupar cargos públicos son innumerables por estos pagos. Este es un país de personal con largos currículos, verdaderos o inventados, que tanto da. Todo el mundo sirve para todo, aunque nada tenga que ver para lo que ha sido designado o vaya a serlo. La capacidad ha sido aquí siempre subjetiva.

Cuarenta años después de aprobada la Constitución vigente, España tiene un sistema democrático puramente aparente hipotecado por un caciquismo digital que lo representan orgánicamente los partidos políticos, con el que nutren a sus clientelas próximas o mediatas. Una vez nombrado, si eres militante debes obedecer a la jerarquía del partido y si no plegarte a los designios del partido que te nombró o duras menos en el cargo que un cigarro de hachís a la puerta de un colegio. La multiplicación de partidos ha hecho que la demanda de poltronas se dispare. Y los dedos “democráticos” se vuelven inquietos, buscando a quién señalar. Miran y remiran, cuchichean, piden consejo de quien nada sabe del asunto y señalan finalmente a su títere objetivo. Muchos son los que se ponen a tiro. Pocos los elegidos. Los menos, quienes huyen o se ausentan de tal trasiego indecente y obsceno; aunque empiezan a aparecer aquellos que reniegan a participar en tan burdo y siniestro juego, que da bastante menos lustre del que aparenta y que ya es un oficio maldito condenado por la opinión pública. Empeño se ha puesto para lograr esa “reputación”.

Además, los gobiernos de coalición multiplican, sin excepción, los cargos a repartir y las propias demandas: quien no aspira a un ministerio o consejería, lo hace a una dirección general o puesto de asesor. Quien en política no cogepoltrona en la que asentar sus reales,está condenado a vivir en el patio trasero de la política o a calentar escaño. La política se ha convertido en un corral, con muchos gallos de pelea y un botín que, para tranquilidad de todos, no para de crecer. Sin tocar poder, los partidos pierden su esencia de máquinas repartidoras de cargos y carguillos. Y no les queda nada, porque de creencias ideológicas andan todos muy justitos. El partido sin poder no tienen atractivo, tampoco para sindicatos o “empresarios” (aquellos del capitalismo clientelar o de amiguetes, que también abundan), que viven a la sombra de los frutos que la política gubernamental arbitrariamente les reparta.

Los partidos, además, son cada vez más oligárquicos y cesaristas. Si Michels levantara la cabeza se aterraría de lo acertadas que fueron sus previsiones. La ley del pequeño número, de la que hablara Weber(lo que nosotros llamaríamos “la camarilla”), es la que domina y controla la cúpula de cualquier estructura de partido. En algún caso se queda en mesa camilla de familia y añadidos. Lo demás no existe, es coreografía para llenar forzadamente los espacios cada vez más reducidos de los mítines electorales. La democracia de los partidos se ha convertido en democracia de aclamación, o en pura mentira. Lo de las votaciones a la búlgara se ha quedado obsoleto; ahora priman los resultados de consultas a los militantes “a la española (o catalana)”. Es la novedad universal. La vida política interna de los partidos es, por lo común, inexistente. De una pobreza deliberativa que raya la insignificancia. A pesar de su debilidad interna endémica, los partidos gobernantes siguen siendo los dueños y señores de la máquina caciquil en la que han transformado al Estado en todos sus niveles de gobierno. De sus redes de clientelismo no escapa nadie. Quien controla el poder, sean partidos nacionales, regionales, nacionalistas o independentistas, de izquierdas o derechas, reparte las prebendas entre los suyos y sus amigos políticos, con el criterio exclusivo del nombramiento “digital”. Siempre tan moderno. A la última.

Caciquismo partidista
Pero lo más llamativo y grave es que ese nuevo caciquismo en su versión partidista anega el sistema institucional en su conjunto, y ciega cualquier esperanza por lejana que sea de construir un sistema de separación de poderes basado efectivamente en el principio delchecksand balances. Y si el poder carece de frenos, o estos no actúan de forma adecuada, la democracia como sistema institucional padece muchos enteros hasta el punto de convertirse en puramente formal o de fachada. Se produce así una llamada constante y permanente al electorado para que valide mayorías gubernamentales que, una vez formadas, harán del “dedo” una de sus políticas centrales (¿se habla de algo que no sea reparto de cargos últimamente?). Quien es colocado en tales instituciones de control o supervisión, procura no incomodar al poder gubernamental (hoy por mi y mañana por ti). Los controles se vuelven laxos o se aplazan sine die, y aquí no pasa nada o se aparenta que nada pasa. Solo lo más grave, muchas veces por accidente casual, sale a la luz. Siempre que haya una denuncia circunstancial y la justicia (la baja o media) se mueva, pues por las alturas el proceso de designación está también preñado por la política, siquiera sea mediada por ese desgraciado órgano en su diseño institucional que es el CGPJ.

Mientras tanto la vida sigue en este país en donde el mérito y la competencia o profesionalidad cedió hace siglos el paso al amiguismo de clientela, antes gestionado por los viejos caciques y hoy en día por los partidos. Y en ello seguimos doscientos años después. Pero siempre tan ingeniosos, hemos revestido al viejo caciquismo. Lo hemos actualizado, en plena era de digitalización. Como decía Byung-Chul Han, “la cultura digital hace que el hombre se atrofie”. Pues bien, la patología política de los nombramientos a dedo producen el mismo efecto querido, pero esta vez sobre las instituciones. Las convierte en cáscaras sin vida, que apenas nada producen a favor de la sociedad (o, en todo caso, mucho menos de lo que podrían dar), pero que siguen dando frutos a quienes de ellas viven. Siempre tan modernos.

Otro post de interés. Por Sergio Jiménez. Analítica Pública web: Los 4 tipos de servicios públicos proactivos

viernes, 9 de noviembre de 2018

Más de 50 funcionarios jefes del Ayuntamiento de A Coruña se nombraron a dedo, y la mitad tendrán que ser cesados

El actual gobierno local designó a 39, y otros 15 venían de mandatos previos y se les mantuvo

Revista de prensa. la Voz de Galicia.- Un total de 54 jefes de servicio, departamento, sección y unidad del Ayuntamiento fueron nombrados en comisión de servicio, un mecanismo que permite a los responsables políticos total discrecionalidad en el nombramiento, por lo que la normativa legal restringe su uso a casos de urgente e inaplazable necesidad y por un plazo máximo de dos años.

Pero en María Pita las comisiones de servicio no son en absoluto excepcionales. Se han empleado de forma habitual, y se ha ignorado el plazo máximo de dos años casi con la misma asiduidad.

Esas irregularidades dieron pie a un recurso judicial del sindicato CIG que fue estimado en su totalidad. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña el pasado 5 de noviembre, ordena al Ayuntamiento el «cese inmediato» de todos lo funcionarios en comisión de servicio que hayan superado el plazo de dos años en esa situación.

De los más de 200 funcionarios en comisión de servicio, el dictamen judicial afecta a 161, según el sindicato CIG, aunque un informe municipal reduce la cifra a 156. Entre ellos estarían la mitad de los 54 funcionarios jefes, que desempeñan puestos de responsabilidad. La mayor parte de ellos, 39, fueron nombrados en este mandato, y otros 15 proceden de gobiernos anteriores.

Las comisiones de servicio tienen una duración máxima de dos años, por lo que esos 15 tendrían que haber sido cesados por el actual gobierno local en algún momento de este mandato, ya que lleva tres años y siete meses al frente del Ayuntamiento.

En la parte más alta del escalafón de funcionarios están los jefes de servicio. Hay diez de ellos en comisión de servicio. Todos fueron nombrados por el actual gobierno local y seis superan el plazo máximo de dos años. 

Segunda, tercera y cuarta línea
La siguiente línea está compuesta por los jefes de departamento. Hay 21 en comisión de servicio, de los que 15 fueron nombrados en este mandato. Tres de ellos, y los seis heredados de mandatos previos, superan los dos años.

Justo por detrás están los jefes de sección. Entre ellos hay 11 nombrados en comisión de servicio, seis en este mandato. Uno de ellos lleva más de dos años en esa situación, igual que los cinco procedentes de gobiernos previos.

Finalmente, las comisiones fueron utilizadas para nombrar a 12 jefes de unidad. Ocho lo fueron en el actual mandato. Dos de ellos y los cuatro heredados deberían cesar, según la sentencia, al pasar de dos años en el puesto.

La comisión de servicio también se utilizó para nombrar al actual oficial mayor, fichado por el gobierno local en el Ayuntamiento de A Laracha el 16 de noviembre del 2016. La semana pasada resultó ganador del concurso para otorgar esa plaza por procedimiento de libre designación.

También está en comisión de servicio el director de la Banda Municipal de Música, aunque está dentro del plazo de dos años. 

El alcalde apela al orden
El actual gobierno local fue el que aprobó más comisiones de servicio, especialmente entre los funcionarios jefes. De hecho, la CIG ha criticado que la Marea «continuou promovendo máis comisións de servizo, algunhas mesmo disfrazadas de concursos nos que engadían restricións ou preferencias, mais só nos postos máis baixos» y, aunque señala que el ejecutivo de Xulio Ferreiro «non é o responsábel do inicio da totalidade dos postos denunciados», si sería «responsábel das sucesivas renovacións». Pese a ello, el alcalde insistió ayer en que el problema viene de años atrás y en que su equipo lo que pretende es devolver el «orden» a la plantilla del Ayuntamiento.

Pero la vía para lograrlo no pasa por ejecutar la sentencia judicial, que ordena el cese «inmediato» de los funcionarios. El gobierno local ya ha anunciado que la recurrirá, aunque según la sentencia en el juicio no articuló argumentos en su defensa, y mientras tanto tramitará un concurso de traslados para regularizar la situación de los funcionarios.

El propio juez rechaza esa solución al señalar que el citado concurso no invalida un «hecho cierto», la «ilegalidad» del mantenimiento de las comisiones que superan los dos años. De ahí que ordene el cese inmediato. La CIG ha invitado al equipo de Ferreiro a cumplir el «contundente» fallo judicial, y ha advertido que sería «temerario» no hacerlo, pero el recurso se da por seguro.

XOSÉ GAGO. MARCOS MÍGUEZ

Su discrecionalidad ha causado críticas, pero los partidos las justifican en privado por la necesidad de tener cargos fiables

Unos 200 funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña ocupan su puesto mediante una comisión de servicio. Se trata del 14 % de la plantilla municipal, un porcentaje que evidencia el abuso que se ha hecho en María Pita de esa figura, perfectamente legal, pero planteada para cubrir situaciones extraordinarias y de urgente necesidad en la Administración. 

¿Desde cuándo hay quejas por el abuso de las comisiones de servicio?
Desde siempre. El sindicato que acudió al juzgado por las irregularidades, la CIG, señala que ya se utilizaban mal en tiempos de Francisco Vázquez. Pero la central y el presidente de la junta de personal, Manuel Aceña, del CSIF, coinciden en que en este mandato han seguido aumentando. Las cifras que maneja la CIG indican que en el actual mandato se concedieron 77, a las que hay que sumar ocho del último mes, mientras que en todo el anterior mandato se otorgaron 72. El sindicato también critica que el actual gobierno local ha renovado las que recibió de sus predecesores, ya que a los dos años tendría que haberlas terminado, y por acción u omisión no lo hizo. 

¿Por qué se critica ese mecanismo?
Los sindicatos no critican el sistema en sí, sino el uso que se hace de él. La principal crítica es que permite hacer los nombramientos de forma discrecional, sin necesidad de que el funcionario pase por prueba alguna de selección. Además, se puede emplear para fichar a funcionarios de otras Administraciones -normalmente para los puestos de más responsabilidad y mejor remunerados-, lo que suele provocar quejas entre los funcionarios «de la casa», que por una decisión política ven frustrada su oportunidad de hacer carrera. 

¿Por qué los políticos recurren a ese sistema?
Por supuesto, parte de las comisiones se otorgan de manera motivada con el fin para el que fueron planteadas: suplir necesidades urgentes de la Administración. El problema es que esas situaciones a veces se prolongan más de lo que permite la ley sin que se convoque un procedimiento reglado para otorgar las plazas. Esa podría ser la explicación de que haya cinco altos cargos de los centros sociales que están en comisión de servicio desde hace un decenio.

Pero la discrecionalidad de los nombramientos en comisión de servicio también ofrece a los responsables políticos la posibilidad de situar al funcionario que quieran en un puesto determinado.

Esa circunstancia suele relacionarse con el «enchufismo», pero en privado todos los partidos justifican hasta cierto punto la necesidad de contar con personas «de confianza» en los puestos claves de la Administración, como las jefaturas de servicio.

Claro que los funcionarios perjudicados son mucho menos comprensivos con esa necesidad, sobre todo desde que la ley autoriza el nombramiento de directores de área -el actual gobierno tiene nueve, uno más que el PP-. Esos cargos se nombran de forma totalmente discrecional, pueden proceder de otras Administraciones, y se sitúan un peldaño por encima -tanto en materia salarial como jerárquica- de los jefes de servicio. Por lo tanto, la mayoría de los funcionarios considera que la necesidad de un mando político dentro del propio aparato administrativo ya queda cubierta con esos cargos. 

¿Por qué aumentaron las comisiones durante los últimos mandatos?
Entre otras causas, la supuesta necesidad de contar con personal «de confianza» en puestos elevados ayuda a entender el aumento. En 28 años de gobiernos socialistas se formaron, inevitablemente, afinidades con parte de la plantilla. El siguiente gobierno del PP no contó con algunos, y movió la plantilla y la aderezó con funcionarios de otras Administraciones utilizando, entre otros sistemas, las comisiones de servicio.

Ese efecto se incrementó con la Marea, que no tenía afinidad ni con los nombrados por el PP ni por la mayor parte de los heredados del bipartito PSOE-BNG. Como consecuencia, aumentaron los desembarcos de personal externo y los bailes en la plantilla. 

¿Es coherente la postura de los partidos políticos?
No. Aunque en privado se muestren comprensivos con esas maniobras, en público todos proclaman su fe incondicional en los funcionarios. De hecho, uno de los ejes de la campaña de la Marea Atlántica fue su rechazo a los nombramientos «a dedo» del PP y su insistencia en que contarían para todo con la plantilla de María Pita. Pero hubo desembarco de personal de otras Administraciones -en ocasiones con cargo político- destinados a los puestos de más responsabilidad. 

La demanda de los funcionarios fue el colofón de un mandato marcado por la tensión
El mandato arrancó con elogios del gobierno local a los funcionarios de María Pita, pero los choques con la plantilla se han sucedido a un ritmo similar o incluso superior al de otros gobiernos.

Hubo polémica cuando el jefe de gabinete del alcalde llamó «orcos» a parte de la plantilla, o cuando el concejal de Rexeneración Urbana habló de funcionarios «permisivos» con los promotores en el área de Urbanismo.

Esos roces verbales dieron paso a movilizaciones en el caso de la Policía Local, en la que se han combinado las reivindicaciones laborales y el disgusto creado por el apoyo del gobierno local a los okupas de la Insumisa, para dar paso a un malestar que podría llegar hasta las elecciones.

El colofón fue la demanda de la CIG por las comisiones de servicio, que los más críticos de la plantilla ven como la ruptura total de las promesas electorales del gobierno, que se comprometió a regularizar la situación de la plantilla y contar con ella.