Paloma Biglino: En estas dos décadas el mundo ha cambiado radicalmente y entre los nuevos actores destacó el populismo
Por Antonio Arias. Fiscalización.es.- Se cumplen 20 años de la creación y el inicio de actividades de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Coincide esta fecha con la renovación de sus miembros por el Parlamento. En ese marco, la Junta General del Principado, con su presidente Juan Cofiño al frente, acogió una brillante conferencia de Paloma Biglino, catedrática de la Universidad de Valladolid y referente obligado de los aspectos parlamentarios del control externo de las cuentas públicas. Cada una de las afirmaciones de la ponente tiene detrás muchas horas de reflexión, como sabemos quienes la seguimos desde hace varios lustros.
Su exposición (ver vídeo) se tituló “El control de cuentas como freno al populismo” y compartió mesa con el Presidente del Gobierno Asturiano, Adrián Barbón y el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera. Asistieron los diputados así como miembros de otros órganos regionales o los anteriores síndicos asturianos.
Paloma Biglino inició su exposición haciendo un balance de la articulación del control de cuentas en el Estado de las Autonomías. Un diseño que entendió resultado de la evolución de nuestra organización territorial, que es compleja y puede dar lugar a disfunciones.
“Este tema es importante, no me parece tan urgente” pues, aunque “cabe dudar de la corrección lógica del modelo, hay que reconocer que está resultando funcional (..) me atrevo a decir que la coordinación y la cooperación están dando buen resultado, al menos en el ámbito del control económico-financiero”.
En estas dos décadas el mundo ha cambiado radicalmente y entre los nuevos actores destacó el populismo, un concepto que viene estudiando durante los últimos años:
“En principio, los países democráticos cuentan con normas e instituciones que son capaces de impedir el avance estos los movimientos autoritarios. Entre ellas están las instituciones que llevan a cabo el control económico-financiero”.
Insistió en resaltar el carácter necesario del control de cuentas para robustecer otros dos caracteres del Estado constitucional: la democracia y el Estado de Derecho que son los dos principios más cuestionados por el populismo.
Respecto al principio democrático, entendió era de sobra conocido que:
“las democracias contemporáneas son representativas, porque los parlamentos son las instituciones que expresan, de forma ordinaria, la soberanía popular (..) las cámaras son las que, entre otras funciones que tienen asignadas, dicen al gobierno cuándo, cuanto, y cómo puede gastar mediante la elaboración de la ley del presupuesto”.
Por eso, la primera contribución de los OCEx a la democracia radica en los informes que sobre esta materia remiten a las cámaras. A partir ahí, “los miembros de las asambleas, sobre todo si son de la oposición, cuentan con datos suficientes para ejercer otra de las funciones esenciales del ejecutivo que corresponde al parlamento en todo sistema democrático, esto es, el control político”.
Quiso resaltar otras dos contribuciones de los órganos de fiscalización al principio democrático que han sido objeto de menos análisis y que son fundamentales para asegurarlo frente a las tentaciones populistas. Por un lado, la fiscalización económico-financiera de las elecciones y por otro, la contribución de los órganos de control de cuentas a la hora de hacer efectivas las obligaciones que el principio de transparencia impone poderes públicos.
“En muchas ocasiones, los populistas ya no usan, como en el pasado, golpes de estado para alcanzar el poder, sino que lo hacen a través de los comicios. Para designar este hecho, desde hace algún tiempo se viene hablando de autoritarismo electoral. Vaya por delante que esta expresión es un eufemismo, porque las votaciones que dan la victoria a esos dirigentes suelen estar plagados de defectos (..) no suele haber, como sin embargo sucedía antaño, violencia a las puertas de los colegios electorales, compra de votos o ballot stuffing. Ahora, los fraudes electorales son mucho más sofisticados que antes y consisten, por ejemplo, en la manipulación de la opinión pública mediante fake news, las alteraciones del censo o la desigualdad en la financiación electoral”.
Aquí entiende que el control económico-financiero sobre la financiación de las elecciones y de los partidos políticos es fundamental para garantizar la igualdad de armas entre candidatos.
“En efecto, los órganos de control de cuentas son los que aseguran que los fondos se distribuyan de manera neutral y con plena obediencia a los requisitos y límites impuestos por el ordenamiento jurídico”.
Lo mismo ocurre, en su opinión, con la dación de cuentas. “La crisis de la representación que hemos vivido ha propiciado que los líderes de los ejecutivos se resistan a responder ante los parlamentos. Frente a ello, prefieren hacerlo directamente a los ciudadanos, invocando, a su favor, el principio de transparencia»
Aquí reconoció que los ciudadanos “ni estamos preparados ni disponemos de tiempo suficiente para consultar, procesar y evaluar los datos que directamente nos proporcionan los poderes públicos. Por eso, precisamos de los órganos de control de cuentas, que son nuestros principales intermediarios en estos asuntos”.
Los fotógrafos, fundamentales en las noticias
No eludió la habitual crítica sobre la naturaleza no electiva del poder judicial o de los órganos de control económico-financiero, que fundamenta su consideración como “una rémora” que pone freno a quien, realmente, expresa la voluntad popular, esto es, el titular poder ejecutivo. Su respuesta es tan sencilla como contundente: “la legitimidad democrática de estos órganos no está en su conexión directa con el electorado, sino en su función que consiste, precisamente, en aplicar la ley que nos hemos prescrito”.
Todo ello no le impidió terminar apuntando tres futuras líneas de reforma. Por un lado, dejar bien claro que los OCEx, aun siendo “esenciales para que las cámaras puedan cumplir su función, no son órganos que dependan de los parlamentos”. El ordenamiento nacional y autonómico debe asegurar la independencia. “La propia Constitución, las leyes que regulan al Tribunal de Cuentas o las que articulan a los OCEX tendrían que ser, o bien reformadas, o bien reinterpretadas”.
En segundo lugar, entendió necesario articular el control de las elecciones de manera más adecuada, pues desde el punto de vista financiero, “hay un problema, en mi opinión muy grave, que reside en las competencias que la LOREG atribuyen a las juntas electorales”. La financiación electoral se fiscaliza tras las elecciones para que se hagan efectivas las subvenciones “una vez que las irregularidades y la desigualdad ya se han producido”. Por eso debe de tener “carácter inmediato, para impedir que las irregularidades afecten al resultado de los comicios”.
Por último, animó a continuar la línea de comunicación con los ciudadanos, con presencia en la web y las redes sociales.
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