Medios de comunicación frívolos y alarmistas con las administraciones

"A excepción de los cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos. Esta desautorización y desprecio institucional se traslada inevitablemente a todos los profesionales que laboran en las administraciones públicas"

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- Los medios de comunicación nunca han respetado a las instituciones públicas. Su agresividad y falta de sutileza profesional ha fomentado que se confundan determinadas malas prácticas individuales y colectivas con debilidades y deficientes capacidades institucionales. Se trata de la práctica habitual de elevar una anécdota a categoría e incluso de agarrar el rábano por las hojas.

 De esta manera, todas las instituciones públicas del país están desprestigiadas socialmente salvo la excepción de los cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos. Esta desautorización y desprecio institucional se traslada inevitablemente a todos los profesionales que laboran en las administraciones públicas. El desprestigio social hacia los empleados públicos es injusto y un ingrediente crucial de desmotivación de este colectivo. Es un problema estructural con el que los profesionales del sector público hemos aprendido a la fuerza a convivir.

Pero la novedad ahora es que los medios de comunicación tradicionales están muy debilitados económica y profesionalmente y, además, compiten con las redes sociales en generar injustas (e incluso disparatadas) alarmas sociales. Han mudado de una crítica general y de trazo grueso a un amplio abanico de escrutinios muy focalizados, casi quirúrgicos, pero armados con imprecisos cuchillos de caza. Desgraciadamente la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación tradicionales son precarios proletarios de la información y su única forma de sobrevivir es extorsionando la realidad sin capacidad profesional ni tiempo vara verificar los hechos. Cuando más llamativa sea la noticia más posibilidades tiene que sea publicada sin que medie ningún control de calidad y, mucho menos, de carácter deontológico. El cambio profundo reside que antes solo unos pocos estaban bajo el foco de los medios de comunicación: los cargos políticos más destacados a nivel institucional y de manera muy excepcional algún directivo público que les llamaba la atención, pero ahora cualquier directivo público puede ser objeto de escrutinio de los medios de comunicación. Una vez se han agotado, por reiteración cansina, los grandes escándalos políticos e institucionales se enfoca como objetivo los micro escándalos vinculados a unidades administrativas muy concretas. Se ha pasado de un escrutinio de las administraciones con telescopio a un análisis con microscopio sin que este cambio vaya acompañado de un mayor refinamiento con la gestión de la información. Por tanto, de manera aleatoria ahora cualquier unidad administrativa (organismo autónomo, dirección general, subdirección general o servicio) puede aparecer en forma de escándalo en un medio de comunicación convencional. El resultado es que en la actualidad todos los directivos públicos pueden ser objeto de escarnio por parte de los medios de comunicación y, posteriormente, por las redes sociales. Los problemas y las disfunciones internas, usuales e inevitables en la gestión pública, no solo pueden generar ataques endógenos auspiciados por un MeToo expansivo y, en ocasiones frívolo, sino que estas fricciones de carácter internos derivadas de celos o agravios pueden escalar hasta los medios de comunicación. Los directivos públicos ocupan puestos estratégicos, pero no muy visibles y hasta ahora se sentían «cola de León» y no les solía afectar directamente el escrutinio de los medios de comunicación, pero ahora son (o somos) «cabeza de ratón» en un momento que los medios de comunicación adoptan comportamientos gatunos. Esto no sería ningún problema sino justo lo contrario un avance si los medios de comunicación de manera seria y verificara afloraran prácticas corruptas y una evidente pésima gestión. Pero no suele ser el caso, sino que de manera interesada buscan voces críticas de profesionales intramuros de las administraciones públicas y por el simple hecho de ser críticas las consideran veraces y las hacen públicas. El ejemplo es que aparecen en los medios de comunicación sin ningún tipo de filtro acusaciones de acoso laboral o sexual cuando en algunos casos son denuncias infundadas y que responden a luchas de poder de carácter interno y a lógicas de resistencia al cambio. El daño reputacional a la institución, al denunciado y al directivo público que está por medio puede ser enorme.

De manera, justa o injusta, los cargos políticos son conscientes que pueden ser objeto en cualquier momento de un linchamiento mediático y social. Por este motivo los partidos políticos han visto reducidos de manera drástica sus caladeros para encontrar buenos candidatos a ocupar cargos institucionales. Los candidatos con una dilatada carrera profesional y con prestigio suelen declinar estas ofertas ya que sienten temor a perder su único patrimonio que es el prestigio profesional. Esta tendencia es estructural, pero durante los últimos años es mucho más aguda y crítica. Si esta malévola situación y tendencia se expande a los puestos de dirección pública profesional el daño institucional puede ser enorme ya que va a ser, también difícil, que los profesionales con mayor prestigio acepten a ocupar estos cargos directivos.