El Gobierno licitó hace dos días un macrocontrato que prevé la transformación digital de la AGE para mejorar la productividad de los empleados públicos y llevarla al siglo XXI. El teletrabajo será voluntario
Revista de prensa. Por Enrique Morales. lainformación.com. El Gobierno está dispuesto a dar el impulso necesario para implantar el teletrabajo y la movilidad en la Administración General del Estado (AGE) con el objetivo de incrementar la productividad y situar el sector público estatal en el siglo XXI. Para ello, la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital licitó el pasado día 4 un macrocontrato, valorado en 52 millones de euros, que será financiado con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dividido en tres lotes, tiene como objeto transformar e integrar los procesos de los organismos en el proyecto de puesto de trabajo digital inteligente de la AGE. El contrato, con un precio de licitación de 28 millones sin IVA, incluye posibles prórrogas y finalizará como máximo el 15 de diciembre de 2025, por lo que tendrá un plazo máximo de duración de 39,5 meses.
Casi en paralelo, el Ejecutivo dará luz verde en las próximas semanas -previsiblemente en octubre- al Real Decreto que permitirá y regulará el trabajo a distancia en la AGE, tras el acuerdo suscrito en abril del año pasado entre los sindicatos mayoritarios de los funcionarios y los responsables del Ministerio de Función Pública, un departamento capitaneado en esa fecha por Miquel Iceta y ahora integrado en el de Hacienda. La norma contemplará poder teletrabajar hasta tres días a la semana desde el domicilio con el fin de facilitar el ahorro y la eficiencia energética. Hasta ahora solo estaba regulado un día y uno de los grandes inconvenientes es que los sistemas y los equipos de la Administración están obsoletos.
Tras el pacto, el entonces ministro Iceta aseguraba que la intención del Gobierno era fomentar la presencia de la Administración del Estado en todo el territorio, especialmente en zonas de declive demográfico, y reconocer como una modalidad más el teletrabajo. Esta opción será voluntaria y reversible, su utilización estará supeditada a que se garantice la prestación de los servicios y cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo, con identificación de objetivos, evaluación del cumplimiento, plan de seguimiento y evaluación. La normativa tendrá como bases el medio centenar de aportaciones realizadas al texto en la audiencia pública, de las que el 84% proviene de la ciudadanía, el 12% de asociaciones profesionales y el 4% de organizaciones sindicales.
La Covid puso de relieve la necesidad de contar con soluciones de movilidad de los empleados públicos y de adoptar puestos de trabajo de nueva generación
El ambicioso proyecto forma parte del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que desarrolla la estrategia del Gobierno de España en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales, que se financiará en buena medida con fondos de la Unión Europea. Según recoge el pliego técnico, se busca un nuevo modelo gestionado extremo a extremo para dotar de calidad, eficiencia, ahorro y flexibilidad a los puestos de trabajo públicos, dar la mejor respuesta a los ciudadanos e "independizar los recursos puestos a disposición del trabajador del puesto de trabajo físico", entre otros objetivos, que supondrá un cambio radical para los funcionarios en cuanto a la forma de desarrollar sus labores.
El pliego recuerda que la crisis sanitaria provocada de la Covid-19, que obligó a paralizar prácticamente los servicios de la Administración, puso de relieve la necesidad de contar con soluciones colaborativas y de movilidad en los puestos de trabajo de los empleados públicos y mostró la necesidad de implantar el puesto de trabajo de nueva generación, que requerirá dotar de capacidades informáticas y tecnológicas a los empleados públicos y la transformación digital. La fórmula de teletrabajo, pese a todo, no llegará a todos los empleados públicos.
El Real Decreto regulará la puesta en marcha para los empleados de la Administración General de Estado, que da empleo a 226.500, pero de estos no podrán incorporarse los empleados que cuya labor se desarrolle de cara al público, Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y Seguridad Social, fundamentalmente. También está excluido el sector público autonómico y local, que integra 2,2 millones de efectivos. Del proyecto de teletrabajo también quedan los policías y militares, los docentes, el sector sanitario autonómico y el personal de la Administración de Justicia.
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