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miércoles, 22 de marzo de 2017

¿Para cuándo la nueva Ley de Contratos?

Revista de prensa. El Confidencial.-  La Ley de Contratos Públicos,  nuevo campo de minas para Rajoy en el Congreso.


De las 1.080 enmiendas presentadas, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea realiza 186 al articulado y una a la totalidad de devolución del proyecto de ley al considerar que «su articulado no responde a una adecuada transposición al ordenamiento jurídico español de los objetivos de las Directivas correspondientes» ni incorpora «regulaciones específicas que afecten al régimen jurídico de contratación del sector público, a la simplificación de los procedimientos de contratación, a la lucha contra la corrupción o al apoyo a las PYMES para facilitar su participación, entre otras cuestiones». El grupo parlamentario basa su enmienda, entre otros argumentos, en la falta de garantía de eliminación de la corrupción, la no simplificación de los procedimientos de adjudicación de los contratos, la habilitación al sector público vinculado a las Administraciones Públicas para contratar con un régimen singular sin controles y la falta de aseguramiento de la materialización de la contratación electrónica. Esta enmienda a la totalidad fue rechazada por el Pleno del Congreso el pasado mes de febrero, debido, en gran medida, a la necesidad de no dilatar más el proceso de trasposición de las directivas, que ya acumula un retraso considerable.

Muchas enmiendas
Múltiples enmiendas al articulado del Proyecto han presentado también Esquerra Republicana (125), Ciudadanos (103) y, especialmente, el Grupo Parlamentario Socialista (377).


Queda por delante un arduo trabajo por realizar pues son muchas las enmiendas a discutir y el plazo otorgado para la transposición de las Directivas europeas, 18 de abril de 2016, es ya un punto lejano en el horizonte. La pregunta es: ¿para cuándo la nueva Ley de Contratos?

sábado, 11 de febrero de 2017

TI-España presenta 11 enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos públicos



Transparencia Internacional España.- Como una continuación pormenorizada de las medidas propuestas anteriormente para la mejora del Proyecto de Ley de Contratos de Sector Público, Transparencia Internacional España propone un conjunto de quince enmiendas específicas para mejorar el citado Proyecto de Ley, actualmente en tramitación parlamentaria, cuyo texto actual supone un paso atrás desde el punto de vista de prevención de la corrupción, y es por tanto manifiestamente mejorable en un buen número de artículos.

TI-España ha enviado a los Partidos políticos y a los Grupos Parlamentarios estas enmiendas de cara a que las puedan tomar en consideración y así mejorar el texto del citado Proyecto de ley.

Las enmiendas han sido formuladas por la Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción en Licitaciones y Contratos públicos, formada en el seno de TI-España y coordinada por José María Gimeno, la cual reúne a una veintena de representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas con la contratación pública.


viernes, 8 de noviembre de 2013

Gobierno y oposición tienen hasta el 20-N para enmendar la reforma local en el trámite definitivo del Senado

Se amplía hasta  el 31 de diciembre de 2015 el plazo para trasladar   la titularidad de los Servicios sociales a las comunidades autónomas 

Texto en pdf de la reforma local tras su por el Congreso. BOCG 7.11.2013
 Penúltimas modificaciones (Post de Rafael J- Asensio. estudiconultoria).
 
Revista de Prensa. El País. 8.11.2013. Las competencias municipales en el ámbito de los servicios sociales -la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos- ya tiene fecha de caducidad.
 
La última versión del proyecto de ley de la reforma de la Administración Local señala el 31 de diciembre de 2015 como límite para que se haya producido el traslado de la titularidad a las comunidades autónomas de las tareas que ejercían los municipios.
 
En estos momentos, el proyecto de ley ha finalizado su tránsito por el Congreso de los Diputados y ha incorporado las enmiendas aprobadas en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas con los votos del PP y el grupo nacionalista vasco. La norma seguirá su trámite en el Senado y está previsto que se apruebe antes de final de año. Por ello, el plazo para el tránsito de titularidad será de dos años.
 
Desde la década de 1980 los servicios sociales municipales han asumido las principales responsabilidades en los cuidados a las personas en situación de dificultad. La nueva ley plantea retirar estas competencias y trasladarlas a las comunidades. Solo permite que los los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ofrezcan una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o de exclusión social”. Es decir, un pequeño servicio de primer contacto y derivación.
 
Empleos en el aire
Los trabajadores sociales han advertido que el proceso de transferencia de competencias dejará en el aire más de 70.000 empleos; 2,6 millones de beneficiarios o 30 plazas residenciales; ya que se abre las puertas a la privatización o extinción de las prestaciones que ofrecían los ayuntamientos. De hecho la norma plantea que desde la fecha límite fijada, las autonomías “podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”.
 
El proyecto de ley insiste en que en la fecha señalada “y previa elaboración de un plan para la evaluación, restructuración e implantación de los servicios, las Comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación”.
 
Frente al plazo de cinco años que la ley concede al traslado de titularidad en las parcelas de sanidad y educación, la norma, en su versión original, solo concedía un año en el caso de los servicios sociales a partir de su aprobación.
 
Distintas voces, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales o comunidades autónomas como la Junta de Castilla y León, además de oponerse a la medida, reclamaron un mínimo de cinco años para este proceso también en los servicios sociales.
 
Sin embargo, a falta del periodo de tramitación de la ley que queda pendiente, de momento, se ha extendido el plazo en un año más hasta diciembre de 2015.
 
Noticia relacionada: La reforma local llega la Senado. Diario.es

jueves, 31 de octubre de 2013

PP y PNV sacan adelante la Reforma Local en el Congreso de los Diputados y la envían al Senado

Cadenas humanas "abrazan" varios Ayuntamientos   contra la reforma local Diario.es
 
Revista de Prensa. ecodiario. 30 oct (EFE).- La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha aprobado hoy el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocido como reforma local, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

Concentración vecinal contra la reforma local. diario.es
Además del PP ha votado a favor del texto, al que han sido añadidas una decena de enmiendas, el grupo nacionalista vasco. Por el contrario el PSOE, el grupo mixto, CiU, Izquierda Plural y UPyD han votado en contra.
El Gobierno considera que la reforma clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal.
La mayoría de las enmiendas de la oposición pretendían la supresión de parte del articulado al considerar que la reforma vulnera la autonomía local, privatiza la gestión de los servicios sociales o los recorta, prima las fusiones de municipios y da más poder a las diputaciones.
 
PP y PNV
El PP ha incluido su propuesta de que las juntas de gobierno de los ayuntamientos puedan aprobar sus presupuestos sin que los haya apoyado la mayoría del pleno de la corporación y que puedan sacar adelante sin necesidad de ese voto medidas como planes económico-financieros o de saneamiento.
El PNV ha pactado con el PP que la coordinación y decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos es una labor ligada desde siempre a las potestades de las diputaciones forales.
El portavoz popular, Martín Toledano, en su intervención ha cargado contra el PSOE y se ha mostrado sorprendido por la "dureza" de la intervención del portavoz de CiU, Carles Paramo, pero ha tendido la mano a un posible acuerdo.
Gaspar Zarrías, del PSOE, ha insistido en que su grupo está "frontalmente en contra" y ha sostenido que se ha malogrado una oportunidad histórica para reformar la administración local, ya que es un modelo intervencionista, que no planifica ni simplifica las competencias, ni evita duplicidades y sí abre la puerta a la privatización de los servicios básicos.
Tras reiterar que interpondrán recurso de inconstitucionalidad a la ley, ha subrayado que el ahorro previsto de 8.000 millones por su aplicación saldrá del desmantelamiento de los servicios sociales y del recorte de personal.
Zarrías ha señalado que si se amplían los plazos hasta diciembre de 2015 es porque no quieren que se ponga en marcha antes de las elecciones municipales, que se celebrarán ese año.
Carles Páramo, de CiU, se ha mostrado "absolutamente contrario" a la reforma, que ignora el Estatuto de Cataluña y supone un "atentado a la autonomía local", aunque su grupo está abierto a llegar a acuerdos de última hora si se respeta la autonomía de su comunidad.
Se ha referido a las casi 500 enmiendas presentadas al proyecto que "muestran la escasa sensibilidad y el desconocimiento de la realidad" local por parte del Gobierno.
El portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban ha dicho que se han producido avances en las especificidades de la comunidad autónoma vasca.
Además ha considerado muy importante la enmienda que "cierra el círculo foral vasco" en la reforma y ha solicitado al presidente un pequeño receso antes de la votación para poder llegar a acuerdos con el PP.
La portavoz de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, que ha destacado que en la ponencia del proyecto de ley "no se ha aceptado ninguna enmienda de la oposición", ha indicado que con la reforma se va a "desmantelar" la administración más cercana al ciudadano por "ansias recentralizadoras" del Gobierno.
Tras asegurar que no respeta diversas cartas europeas, ni Estatutos de autonomía, se ha referido a las concentraciones de hoy ante los ayuntamientos para pedir la retirada de la ley y ha insistido en que su puesta en marcha supondrá el cierre o la privatización de numerosos centros sociales municipales.
UPyD lamenta la falta de consenso
Rosa Díez, de UPyD, que ha lamentado "el trámite parlamentario" de la reforma, en referencia a su debate en Comisión sin que tenga que volver al Pleno del Congreso, ha asegurado que el PP no ha tratado de ampliar el consenso.
En su opinión, no resuelve los problemas de la Administración local: ni de financiación, ni la distribución competencial, ni las duplicidades.
La diputada de ERC, incluida en el Grupo Mixto, Teresa Jordá, ha indicado que el proyecto obvia la singularidad catalana e impone a la administración local ser "un apéndice del Estado centralista, además de no contemplar 'las veguerías', "la realidad territorial de Cataluña".
Onitza Enbeitia, de Amaiur, también del Grupo Mixto, se ha referido al "peso histórico" de los municipios en el País Vasco y ha dicho que la reforma es un "ataque a la democracia participativa" y que no se aplique en Euskadi.
Fernández Davila, de BNG, ha comentado que el texto lo que propone es reforzar las diputaciones para el futuro.

jueves, 12 de septiembre de 2013

Ley de Transparencia y Buen Gobierno : España ocupará la posición 72 de una lista de 96 países con esta norma

El Congreso debate hoy  jueves  la Ley de Transparencia. Access Info Europe vuelve a advertir que el actual texto de la Ley de Transparencia no está alineado con los estándares internacionales
 
Ultima Hora 12.9.2013. 20minutos.es. La ley se aprobó en el Congreso con la oposición de la izquierda y ahora pasa al Senado
Access Info. 10 de septiembre de 2013 – Ante la inminente aprobación de las enmiendas sobre la Ley de Transparencia el  jueves 12 de septiembre, Access Info Europe vuelve a advertir que el actual texto de la Ley de Transparencia no está en línea con los estándares internacionales y de ser aprobado como está acabaría ocupando la posición 72 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos
 
En el debate del jueves 12 de septiembre el Congreso de los Diputados va aprobar una serie de enmiendas adoptadas en la Comisión Constitucional el 31 de julio de 2013. Estas enmiendas han ampliado ligeramente el alcance de la ley pero mantienen las mismas deficiencias con las que fue presentada en 26 de marzo de 2012, que han sido criticadas por organizaciones internacionales como la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.
 
Entre las limitaciones que persisten encontramos que la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente.
 
Decepción
"Es muy decepcionante ver como después de tanto tiempo, España no va a alcanzar el mínimo exigido por el Convenio sobre Acceso a Documentos públicos del Consejo de Europa, a pesar de las promesas del gobierno de adoptar una ley vanguardista," comentó Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe, la ONG que lanzó la campaña por una ley de transparencia en España, en septiembre de 2006.
 
Entre los cambios que aportan las enmiendas que serán votadas el jueves 12 de Septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal, de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. El otro cambio relevante es la creación de un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.
 
"El organismo de revisión es un organismo no independiente y muy politizado. No se especifican qué poderes tendrá para conocer de las reclamaciones que reciba, no sabemos si tendrá poder vinculante y teniendo en cuenta que habrá una persona encargada de responder las reclamaciones (el presidente) es claramente insuficiente y augura que se hará mucho uso del silencio negativo doble, porque también hay silencio negativo cuando se reclama," comentaba Victoria Anderica, Coordinadora de Campañas de Access Info Europe.
 
El Senado tiene ahora la responsabilidad de proponer enmiendas para mejorar el actual texto de la Ley de Transparencia, que impone graves limitaciones al derecho de acceso a la información en España.
 
Puedes descargar el análisis completo aquí file_doc file_pdf
Tabla explicativa del alcance de la ley de transparencia file_doc file_pdf

Notas:
1. Access Info Europe ha realizado un análisis en profundidad sobre este proyecto de ley aplicando los indicadores del
Global Right to Information Rating. Estos indicadores, desarrollados por Access Info Europe y Center for Law and Democracy y revisados por los mayores expertos en la materia, revelan que de ser aprobado el proyecto de ley como está España obtendría 68 puntos sobre 150 y quedaría en la posición 72 de 95 países.
Este análisis además de destacar los problemas mencionados indica la pobreza del articulado español en cuanto a sistemas de sanciones y recursos, prácticamente inexistentes pero fundamentales para conseguir una implementación de la ley en España.