El 84% de los funcionarios murcianos están a favor de poder denunciar la corrupción sin recibir represalias
Revista de prensa. La Opinión de Murcia.- La gran mayoría de empleados de la Administración pública
regional considera importante que la futura Ley de Buen Gobierno de la Región
de Murcia, que el Ejecutivo de Fernando López Miras pretende sacar adelante en
lo que queda de legislatura, contemple la regulación del régimen de denuncias
sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y otras
medidas de protección para los denunciantes.
Así se desprende al menos de la encuesta realizada a los
funcionarios realizada por la Consejería de Transparencia, Participación y
Portavoz, dentro del proceso de consulta pública, puesto en marcha por la
consejera Noelia Arroyo, para el diseño de las políticas que
llevará a cabo su departamento en estos dos años. En la consulta participaron
un total 612 trabajadores públicos, lo que supone un 7% del total de la
plantilla. Un dato con el que el Gobierno regional está contento, pues es el
más exitoso de los que se han realizado hasta el momento.
Según esta encuesta, un 84% de los encuestados, casi nueve
de cada diez, pedían la regulación de un régimen de protección para aquellos
funcionarios que, en el ejercicio de su trabajo, puedan apreciar algún delito
contra la corrupción sin temor a recibir represalias laborales por ello.
Puertas giratorias
Era uno de los aspectos que más preocupaban a los que
participaron en el proceso, según los datos que constan en el Portal de la
Transparencia de la Comunidad Autónoma, donde también dejaban patente la
necesidad de regular las llamadas 'puertas giratorias', con una clara
definición del régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses de
los altos cargos de la Administración autonómica. Esto preocupaba al 90% de
empleados públicos que participaron en el proceso de la Consejería de
Transparencia.
Asimismo, los funcionarios también son partidarios de que la
Ley de Buen Gobierno contemple mecanismos para que un cargo público no lo pueda
ocupar cualquiera. Un 89% de los encuestados consideraba importante o muy
importante que la futura normativa establezca unas condiciones de ideonidad que
debe reunir una persona antes de ser nombrado para un cargo político, que
además estará sometido por ley al cumplimiento de una serie de principios
éticos que ya definiría la norma autonómica.
En los resultados de la encuesta llama también la atención
comprobar que un 78% pide que en la Ley de Buen Gobierno quede perfectamente
definida la regulación del Ejecutivo en funciones, estableciendo las reglas de
la actuación en el caso de traspaso de poderes. Y es que los empleados públicos
de la Comunidad han trabajado ya con tres gabinetes distintos en los tres
últimos años, como consecuencia de la convulsión política vivida en la Región.
Muchos funcionarios se han visto movidos de una consejería a otra en función
del reparto de competencias que haya realizado el presidente de turno.
Asimismo, destaca el gran número de aportaciones libres
realizadas por los trabajadores de la Administración regional que han
completado la totalidad de la encuesta, que constaba de cuatro apartados
(Transparencia, Participación, Datos Abiertos y Buen Gobierno) y 33 preguntas.
En total, se han obtenido 460 aportaciones, entre las que sobresalen las realizadas
sobre Transparencia, con 191 (42% del total), seguidas de Participación, con
100 aportaciones (22 % del total), según fuentes de la Comunidad.
