La reutilización de datos públicos genera un negocio de 500 millones de euros y 4.500 puestos de trabajo

"Las compañías en reutilización de información pública orientan su actividad a la información geográfica (35%),  editorial (32%), la estudios de mercado (28%),  directorios (22%) y los análisis económico financieros (22%)".

Revista de prensa.- Techweek.- El sector infomediario, constituido por el conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y servicios de valor añadido destinados a terceros, a partir de la reutilización de información pública y privada, generó el pasado año un volumen de negocio en torno a los 1.000 millones de euros y cuenta con 4.500 empleos vinculados a estas actividades, según se desprende del informe “Caracterización del Sector Infomediario” . 

  

El informe "Caracterización del Sector Infomediario en España" estima que la actividad de reutilización de información pública genera un volumen de negocio anual de entre 450 y 500 millones de euros en España, aunque la cifra asciende hasta entre 1.000 y 1.200 millones de euros si se suma la información procedente de fuentes públicas y privadas. En relación a la edición anterior, la actividad global del sector ha crecido entre el 5 y el 6%. Asimismo, considera que 4.500 empleos están vinculados a la actividad infomediaria de reutilización de información pública, donde el 62% de las empresas ha contratado personal en el último año.

 

La tercera edición del estudio que realizan los Ministerios de Industria y de Hacienda a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) ha sido presentada por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo; el director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Domingo Molina; el director general de Red.es, César Miralles, y el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Miguel Ángel López.

 

En concreto, el sector infomediario aglutina al conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y servicios de valor añadido destinados a terceros, a partir de la reutilización de información pública y privada.

 

El estudio del ONTSI estima que el censo de empresas orientadas al negocio infomediario asciende a un total de 413, de las que 364 operan con información pública procedente de las instituciones y administraciones del país. Respecto a la actividad desarrollada, el 57% de la actividad infomediaria está basada en reutilización de información privada, mientras que el resto, un 43%, se fundamentaría en información pública.

El futuro en las Smart cities

En cuanto al futuro del sector, las empresas coinciden en destacar el desarrollo de servicios para las ciudades inteligentes, los proyectos relacionados con Big Data y la disponibilidad de datos en tiempo real como las grandes oportunidades de crecimiento y consolidación.

 

En la actualidad, las compañías vinculadas a la reutilización de información pública orientan su actividad a la información geográfica (35%), el universo editorial (32%), la realización de estudios de mercado (28%), la producción de directorios (22%) y los análisis económico financieros (22%).

 

En cuanto al origen de la información pública que se reutiliza, el 91% de las empresas utiliza datos procedentes de fuentes estatales, el 67% autonómicas, el 62% locales y el 32% universitarias. Las principales fuentes son el Instituto Nacional de Estadística, el Boletín Oficial del Estado, el Catastro, el Instituto Geográfico Nacional y los registros Mercantiles y el de la Propiedad. Además, el 48% de las empresas se nutre también de datos procedentes de instituciones públicas extranjeras (Unión Europea, organismos internacionales, universidades y administraciones de otros países).

 

Respecto a los clientes interesados en la reutilización de la información pública, el 85% de las empresas destina sus servicios a empresas y autónomos y el 68% son proveedores de las propias Administraciones Públicas, situándose en menor medida las Universidades (42%) y los ciudadanos (36%).

 

Esta edición del estudio incorpora por primera vez dos análisis adicionales: la reutilización de información privada por parte de empresas infomediarias y un análisis coste-beneficio piloto, sobre el valor que la reutilización de información pública tiene para las empresas privadas una vez la incorpora a sus procesos de negocio. En este último caso se analiza la reutilización de la información meteorológica, servida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por parte del sector eléctrico.

 

Datos.gob.es: el catálogo de información pública

El estudio “Caracterización del Sector Infomediario” forma parte de las políticas públicas de impulso del sector infomediario. Su principal apuesta es el portal datos.gob.es, que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública. Constituye, por tanto, la mayor base de datos públicos que el sector infomediario tiene a su disposición. Lo impulsan los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, en una clara apuesta por la reutilización de la información y su potencial como área de crecimiento económico.

Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España (marzo 2015)

El macho management y la nueva gestión pública

"La administración, en cambio, debería encontrar su finalidad en la capacidad para resolver los conflictos y responder a las demandas del entorno social"

Jesús Martínez. Blog Trabajo colaborativo.- Hay dos maneras de recoger los niños a la salida del colegio, la de los padres y la de las madres. En términos generales, los padres son muy eficientes, son unos expertos en recogida de niños: llegan, los cogen y los de devuelven a casa de forma meteórica. En cambio, las madres, se detienen con las otras madres, hablan, socializan, y establecen vínculos y redes entre ellas. No son tan eficientes en términos gerenciales. Pero, y está en la paradoja, aun no consiguiendo ese tipo de objetivos de forma optima, consiguen otro tipo de imponderables (de intangibles) que a la larga aportan más valor.
 

 Veamos: Las madres esperan la salida de sus hijos del colegio hablando las unas con las otras; relacionándose, comunicándose, construyendo red. Su actitud contrasta con la de muchos padres, grandes profesionales y expertos recogedores de niños. Los padres, no se distraen hablando con nadie sino que se concentran en realizar su tarea con la máxima eficiencia y rapidez. Cuando el niño aún no ha acabado de cruzar la puerta de salida, el padre ya lo ha recogido, han cruzado el patio y ya suben al coche. Hacia casa, como un rayo, satisfaciendo todos los indicadores de economía y eficiencia que pudiéramos tener. Esta profesionalidad, sin embargo, puede provocar que a la mañana siguiente todos vistan con ropa de deporte menos el nuestro: no nos enteramos que habían cambiado la clase de gimnasia. También nos obliga, cuando por alguna razón no podemos ir a buscar a nuestro hijo, a externalizar la tarea, a pagar a otro profesional para que realice el servicio. Mientras, las madres continúan hablando. Parece que no tienen prisa. A veces, cuando el niño sale del aula pasa un rato perdido, jugando con sus amigos mientras las madres continúan charlando como si tal cosa. Si algún padre acompaña a su mujer, se aprecia cómo pierde la paciencia y los nervios ante la ineficiencia de unas madres que pierden el tiempo, que se distraen y que no se concentran en su trabajo. Pero estas madres sí que están haciendo su trabajo, ¡y de qué manera! No son tan rápidas, es cierto, pero saben que al día siguiente necesitarán una cartulina, intercambian información sobre actividades extraescolares, comentan los problemas con sus hijos, se explican dónde comprar ropa a buen precio, y se ayudan las unas a las otras cuando lo necesitan. Quizá sean técnicamente peores, pero su servicio es infinitamente más rico, más sofisticado, más complejo, más completo… mucho mejor para los niños.
Autor: Quim Brugué

Hace unos días, el profesor Quim Brugué, mediante el relato anterior, nos hacía reflexionar sobre los límites de la eficiencia en la Administración Pública. Nos planteaba esta pregunta: en el caso hipotético de que la Administración fuese altamente eficiente, ¿la valoración de los ciudadanos y, por tanto, sus problemas estarían resueltos? Quim Brugué se mostraba muy escéptico. Él y otros expertos en gestión y políticas públicas, en los últimos años se manifiestan muy críticos con las aportaciones de la conocida como Nueva Gestión Pública (New Public Management). Esta teoría, recordamos, fue introducida en los años ochenta del pasado siglo, y se basaba en trasladar las técnicas y metodologías de la gestión de la empresa privada a la pública. Esta puede ser una buena definición: La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana (García Sanchez, 2007).

Para Brugué, la Nueva Gestión Pública, habría tenido dos tipos de manifestaciones: la versión dura hard (o macho management ) y la versión soft. Así las describe:

1-Hard management:…se trata, de expulsar la irresponsabilidad burocrática y de sustituirla por la obligación de rendir cuentas que impone el mercado y la competencia…, el principal defecto se encuentra en la incapacidad para imponer premios y castigos, en la imposibilidad de lograr que las actuaciones -mejores o peores- generen consecuencias… para revertir esta situación y recuperar el estilo “machote” que caracteriza al mercado, la NGP propone un conjunto de medidas modernizadoras: la externalización de servicios, la división de roles, la gerencialización, la dirección por objetivos, los contratos programa, los quasi-mercados, etc.
2-Soft management: El problema de la Administración burocrática ya no es la irresponsabilidad sino la segmentación. La principal perversión de la burocracia se encuentra en su alma racionalizadora y profesionalizadora; un alma que nos encierra en la jaula de hierro weberiana y que nos impide la comunicación y la coordinación. Una administración de reinos de taifas es una administración rígida y cerrada sobre sí misma, sin capacidad de respuesta, sin flexibilidad y sin creatividad. Para promocionar estas virtudes, la NGP nos propone poner en marcha programas de calidad, reformas en la gestión de los recursos humanos, equipos de mejora, cartas de servicio, círculos de calidad, planes estratégicos, modelos participativos de dirección, procesos de descentralización administrativa, etc.

Pues bien, ni en la versión hard, ni tampoco en la versión soft, los problemas de los ciudadanos quedarían resueltos. En los últimos años , además, y producto de la gran complejidad de nuestras sociedades, se nos plantean nuevos retos que no admiten soluciones fáciles. Estos problemas ponen de nuevo a prueba el management que incorpora la Nueva Gestión Pública. Son conocidos como problemas malditos, y cada vez se dan con más frecuencia. Con lo cual, la pregunta que se plantea, ahora que empezamos a domesticar y resolver algunos problemas por la vía de ser más eficientes es la siguiente: ¿hemos de renunciar a estas técnicas y metodologías que nos ayudaban a ser más eficientes?.

 

Seguramente no. Quizás únicamente nos quede recurrir al sentido común. Encuadrarnos en parámetros de governanza abierta y apostar por fórmulas de gestión más complejas: por ejemplo, lo que Quim Brugué llama Administración

  Pública Deliberativa: una etiqueta que utilizamos para destacar que el principal objetivo de una eventual modernización administrativa no debería ser la eficiencia sino el diálogo. La administración debe ser eficiente, pero éste no es su objetivo último. La administración, en cambio, debería encontrar su finalidad en la capacidad para resolver los conflictos y responder a las demandas del entorno social. De este modo, en un mundo cada vez más complejo y fragmentado, una administración deliberativa se caracterizaría por utilizar el diálogo como herramienta para el equilibrio y la creatividad.

 
En cambio, otros prefieren el término administración inteligente. Antonio Díaz y Óscar Cortés, en su obra reciente Gestión Inteligente de las redes sociales en la Administración Pública, la definen así:

El problema actual es que los cambios que se avecinan, y que ya están en marcha, son de tal magnitud que en muchos casos pueden requerir innovaciones prácticas y disruptivas, o más aún, que la naturaleza profunda de estos cambios cuestione el propio sentido o existencia de algunos organismos tal y como hoy están concebidos. Es por ello que necesitamos administraciones inteligentes que sean capaces de entender lo que está ocurriendo, transformarse anticipadamente e incluso liderar, restando incertidumbre, los propios procesos de cambio….

Y afirman más adelante:…
la cuestión está en encontrar nuevas formas de cooperación entre Administraciones, con la sociedad civil, el mercado y los ciudadanos, cada vez más “prosumidores” de servicios en todos los sentidos; profundizar en fórmulas de trabajo en red, en un mundo y una sociedad que funcionan permanentemente en una dinámica de redes. Esto tiene implicaciones profundas en el modelo de dirección pública y de liderazgo, cada vez más distribuido en los diferentes nodos de la red.

 El trabajo transversal, que rompe las barreras departamentales y encuentra la cooperación entre profesionales innovadores, será cada vez más frecuente. Habrá que seguir mejorando los procesos de servicio, claro, pero será necesario trabajar simultáneamente en proyectos rupturistas, sin miedo a la desaparición de algunos de los programas existentes para crear otros nuevos.

Aprendizaje continuo

En cualquiera de los dos casos anteriores, no nos equivocaremos mucho si decimos que, sea cual sea la opción preponderante en el futuro, la base consistirá, como hoy, en profesionales preparados, en aprendizaje continuo, que conforman organizaciones que aprenden, las cuales son capaces de afrontar los nuevos retos con renovado afán de ofrecer el mejor servicio público posible.

Nota: esta entrada se publicó originalmente en el Butlletí Compartim 31

El Consejo de Ministros aprueba la OEP para 2015 con 7.416 nuevas plazas para funcionarios

En la Oferta Pública de Empleo para 2015 se reforzará Justicia con 1.430 nuevos funcionarios.

Revista de prensa.- Expansión. Además, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado también que hay 3.834 de promoción interna.

Cristóbal Montoro, Ministro de HAP

Montoro ha detallado que de las 7.416 nuevas plazas, 6.692 son de carácter ordinario y las 724 restante de carácter extraordinario. Concretamente, se han sacado 2.868 puestos para la Administración General del Estado -consulte aquí toda la oferta de plazas para el Estado-(+190 extra), 230 de la AEAT (+254), 1.350 de Justicia (+80), 50 de locales (+200), 1.374 de policía y 820 de Guardia Civil.

 

Es decir, la tasa de reposición sube del 10% al 50% en los colectivos que se dedican a la lucha contra el fraude.

 

El número de reposiciones de las bajas en la Administración central es cada vez mayor, un guiño a los empleados públicos, que han sufrido un ajuste de cerca de 12.000 millones de euros desde que comenzó la legislatura.

 

Los sindicatos piden más

 Sin embargo, los sindicatos de la función pública no están satisfechos. CSIF considera que la oferta de empleo del último año de la legislatura es "claramente insuficiente para las necesidades reales que tiene la AGE y la Administración de Justicia". Destacan que en los últimos años se han recortado 15.000 plazas anuales. Desde UGT cifran la pérdida de empleo público desde 2012 en 2.400 puestos, 489 en 2014.

 

La Agencia Tributaria será uno de los organismos que más se refuerza. Se crearán 20 nuevas plazas para inspectores de Hacienda y se ofertarán 50 para promoción interna, a la que sólo podrán acceder funcionarios que decidan subir en el escalafón. Más numerosa será la convocatoria para acceder al cuerpo de técnicos de Hacienda: habrá 300 plazas de promoción interna y 129 nuevas, según las cifras que manejan los sindicatos.

 

Impulso a Justicia

 Otra de las novedades del Decreto que ha aprobado hoy el Gabinete es que se dará un fuerte impulso a la Administración de Justicia. Se convocarán 1.430 nuevas plazas, un fuerte crecimiento en comparación con los puestos ofertados en 2014, que básicamente se limitaron a aumentar el número de secretarios judiciales pero apenas se convocaron plazas de jueces y fiscales.

 

El listado completo de plazas que el Gobierno pondrá sobre la mesa (ver cuadro adjunto) desvela que, por ejemplo, más de la mitad de las plazas que ha convocado el Gobierno irá destinada a reforzar cuerpos de élite y no a reforzar la plantilla que está destinada a atender al público, como administrativos. Por ejemplo, en 2015 habrá 17 nuevos diplomáticos, 25 nuevos abogados del Estado, 12 inspectores de trabajo y Seguridad Social más, 21 plazas para técnicos comerciales y economistas del Estado y 12 diplomáticos del Estado.

El gobierno incluirá 2.952 plazas en la OEP de 2015

Según CC.OO, en 2014 se han producido 5.904 bajas .

 

Revista de prensa.- Cinco Días- El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, hoy  la oferta de empleo público para 2015. Está previsto la reposición de 2.952 plazas, cifra que se sitúa en línea con la registrada un año antes (2.899) y un 152% superior a la de 2013 (1.171 plazas). De las 2.899 plazas ofertadas en 2014, 1.211 supusieron nuevas plazas de empleo público y 1.688 corresponden a promoción interna. 

 

La oferta general se condensó en un real decreto, al que se sumó otro decreto ley con una oferta de empleo público “extraordinaria y adicional” en dos temas: la lucha contra el fraude fiscal y para la aplicación de la ley de racionalidad y sostenibilidad local. Además, se aprobó un tercer real decreto con la oferta de empleo para el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.

 

Desde CC OO señalan de la oferta de 2015 supone una "nueva pérdida de empleo" ya que en 2014 se han producido 5.904 bajas en los sectores prioritarios, según declaraciones recogidas por Efe. Asimismo, el sindicato considera un “gesto electoralista” que el Gobierno pase del 10% al 50% en la tasa de reposición de efectivos en algunos colectivos y sostiene que es un intento de vender como incremento neto lo que es sólo reducción de empleo, “si bien menor que en años anteriores”.

 

Reforma de la formación profesional

El Gobierno tiene previsto aprobar en los “próximos días” la reforma de la formación profesional para el empleo, que persigue dar mayor “transparencia frente al fraude y una mayor calidad a la formación” de los trabajadores y los desempleados, dijo hoy la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

 

La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones tras visitar en Sevilla la empresa de telemercadotecnia Konecta, acompañada de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y ambas han puesto como ejemplo a esta compañía en formación del capital humano, que es “clave para el éxito de las empresas”.

 

Según Báñez, ésta es la apuesta del Gobierno con la próxima reforma del modelo de formación profesional para el empleo, que lleva negociando con los interlocutores sociales desde hace más de seis meses y que el Ejecutivo planteará en el “próximo Consejo de Ministros”.

 

El objetivo de esta reforma, añadió, es impulsar un modelo de calidad, que apueste por mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ayude a las empresas a competir en un mercado global y sobre todo que sea “transparente y tenga una evaluación permanente para ser capaces de casar oferta y demanda del tejido productivo”.

Administración en funciones durante el periodo electoral

"Los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada"

Blog EsPúblico.es- Fernando Castro. Conforme se acercan las próximas elecciones locales muchos Ayuntamientos entran en una actividad frenética, para ultimar su trabajo, cuando no para tratar de hacer los deberes que no se hicieron a tiempo. Ello lleva a que muchas de las tareas emprendidas no puedan ser culminadas antes de la fecha de cese de los miembros de la Corporación.

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Valencia

Los artículos 194.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y 39.2, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, prevén que una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada.

Concluir expedientes 

De la conjunción de los dos factores descritos en los párrafos anteriores nace la situación no deseable de concluir a machamartillo un sinfín de expedientes que no se quieren dejar para el día después de las votaciones. Como es lógico, ningún responsable político que tenga un resto de vergüenza torera desea verse acusado de haber resuelto ilegítimamente un asunto en el período de administración en funciones. Es más, en esta etapa transitoria los cesantes que no han renovado la confianza de los electores suelen ser exquisitos al máximo a la hora de resolver, hasta el punto de considerar fuera de su competencia decisiones que deberían adoptar sin más.
 

El problema se origina por el hecho de que el ejercicio en funciones del cargo para la administración ordinaria es un concepto jurídico intedeterminado. Por un lado tenemos claro que se excluye, por expresa previsión legal, la adopción de acuerdos que requieren una mayoría cualificada. Pero no todo lo que pueda aprobarse por mayoría simple es administración ordinaria.

 

Para establecer cuando una actuación es administración y cuando no, el mejor método de comprobación es el del sentido común. Aunque todos sabemos que éste es el menos común de los sentidos, lo cierto es que en la práctica, por sorprendente que parezca, en esta concreta cuestión viene funcionando. Prueba de ello es la práctica ausencia de pronunciamientos jurisprudenciales que hayan tenido que dirimir controversias al respecto. Pero como ello no es garantía de que en el futuro no se vayan a dar litigios, trataremos de dar algunas sugerencias que puedan servir de ayuda futura, pues tan malo es resolver indebidamente una cuestión ajena a la administración ordinaria en el periodo de funciones, como dilatar sin motivo lo que sí deba incluirse en tal categoría.

 

La primera regla de oro para identificar una cuestión que no se deba dejar de solventar es la que haya de resolverse necesariamente en un determinado sentido (materia reglada) o la que no admita demora sin originar perjuicios (vencimientos de plazo, por ejemplo).

 

Casuísticamente también podemos definir las que ya hay jurisprudencia que se ha pronunciado:

• «El acto aprobatorio de un Proyecto de Reparcelación – para el que, no se requiere mayoría cualificada -, en cuanto instrumento de equidistribución de beneficios y cargas es un mero acto de gestión de las determinaciones del planeamiento urbanístico pudiendo por ello ser considerado un acto de gestión ordinaria» (SSTSJ de Valencia número 299 y 479/2.013 de 13 de marzo y 10 de mayo de 2013).
• «La Resolución de un recurso de reposición en un expediente de gestión tributaria es un acto de “administración ordinaria” que no requiere mayoría cualificada, por lo que podía ser dictado por el Alcalde en funciones» (STSJ de Cantabria número 223/2.014 de 30 de mayo de 2014).
• «Ninguno de los preceptos que invoca la recurrente como infringidos impiden que el Alcalde en funciones, en su calidad de Presidente de la Corporación municipal, suscriba contratos laborales para atender de forma temporal servicios públicos necesarios de carácter permanente, como sin duda lo son los de limpieza de las dependencias municipales, tratándose ,por el contrario, de un acto de administración ordinaria» (STSJ de Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla, número 951/2005 de 10 de marzo de 2005).

Actuar de buena fe
Por otra parte, si se quiere actuar de buena fe, basta con pensar antes de adoptar cualquier resolución con pensar como creemos que debería actuarse por el rival político en caso de estar las posiciones invertidas.

 

Y finalmente, aunque no sea en absoluto un argumento jurídico dar la receta mágica que en la práctica viene funcionando y que además es la manera más elegante de actuar: consúltese a quien presumiblemente vaya a ser el próximo Alcalde que posición desea que se adopte. Siempre actuando con la máxima

Otro post de interés: Francisco Longo, blog Galaxia Oública.  Ágoras de escalera. (Publicado en Expansión, 18.03.2015)

Con el Plan 2015, se pretende que los ciudadanos dispongan de los medios para acceder a la Justicia a cualquier hora

El ministro Rafael Catalá presenta el Plan 2015 de entornos digitales que incluye el registro telemático de los nacimientos y defunciones

Revista de prensa. EP. 17.3.2015 .- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado este martes en la sede del Ministerio el Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales con el que se quiere conseguir "una Justicia de calidad, ágil y al alcance de todos a lo largo de este ejercicio". El objetivo, según ha explicado el ministro, es que los ciudadanos dispongan de los medios que les permitan acceder a la Justicia a cualquier hora para informarse y realizar determinados trámites.

Así, a partir de la segunda mitad de 2015, los nacimientos y las defunciones dejarán de notificarse en persona en el Registro Civil y será el personal sanitario quien lo haga de forma telemática. Catalá ha puesto de manifiesto que esto permitirá ahorrar más de 64 millones de euros al año, al eliminarse 850.000 trámites presenciales.

El plan del Ministerio implica establecer una nueva relación con la sociedad "en el entorno digital", haciendo de la Justicia una actividad más próxima, accesible y transparente. Incluye la conocida como 'Justicia móvil' que permitirá introducir el uso de SMS a finales de este año para, por ejemplo, avisar a las personas inmersas en un proceso judicial de la fecha en que se ha fijado su juicio o de su suspensión.

Para después del verano se espera, además, disponer de una primera versión de la aplicación para móviles de la plataforma de intercambio seguro de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos --Lexnet-- que el año pasado permitió ahorrar 94 millones de euros gracias a los 46 millones de notificaciones que se realizaron a través de ella.

24 horas al día

En otoño se pondrá en marcha la nueva sede judicial electrónica, a través de la que cualquier persona inmersa en un proceso judicial podrá tener conocimiento de cómo van sus trámites con la Justicia 24 horas al día durante los siete días de la semana.

Con este plan, para el que el Ministerio cuenta con una dotación presupuestaria de 56 millones de euros, el Gobierno persigue que la Justicia digital sea una realidad que se concrete en dos ideas: Justicia sin papel y Justicia en Red.

Plantea conseguir para mediados de año, que la comunicación de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se haga mediante correo electrónico, tal y como se realiza ya en 72 juzgados de Madrid.

Durante este ejercicio continuará la implantación del expediente digital en la Audiencia Nacional, que se extenderá al resto del territorio Ministerio comenzando en los juzgados de Cuenca a mediados de año. A principios de 2016 será obligatoria la comunicación electrónica entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales.

Esta es la Justicia en la que el Ministerio está trabajando, ha dicho Rafael Catalá, que ha señalado la tecnología y la innovación como medios para transformar este servicio público y colocarlo a la altura de lo que demandan los ciudadanos.

Novedad editorial: El Empleo Público Local, de Javier Cuenca

No hay democracia local de calidad sin un sistema de mérito que garantice la disposición de un bien público esencial: una burocracia local que, además de eficaz, sea garante de la imparcialidad” (J. Javier Cuenca) 

J. Javier Cuenca

Rafael Jiménez Asensio.- Estudiconsuloría.com- El empleo público local es una institución frágil. Las claves de esa fragilidad están, sin duda, en su proceso de construcción y en los errores que se han ido acumulando en su diseño normativo-institucional. Analizada, por lo común, desde una perspectiva estrictamente jurídica, hacia falta un nuevo enfoque del problema que sin descuidar los aspectos normativos pusiera el punto de mira en la dimensión institucional.

Y eso es, en efecto, lo que lleva a cabo Javier Cuenca, probablemente el mejor experto en materia de empleo público local en España. La reciente publicación de su tesis doctoral, editada de forma impecable por la Fundación Democracia y Gobierno Local, confirma una tendencia que el profesor Cuenca inició hace muchos años y que tuvo uno de sus puntos más relevantes en la obra que en su día publicó el INAP titulada Manual de Dirección y Gestión de Recursos Humanos en los gobiernos locales (Madrid, 2010), libro de obligado estudio y consulta para todos aquellos que se dedican al empleo público local.

La monografía que ahora se reseña supera con creces, sin embargo, las contribuciones previas de este autor. Se trata de una obra de madurez, de lectura imprescindible para quienes deseen entender el nivel local de gobierno y pretendan comprender cabalmente la compleja y hasta cierto punto desvaída institución del empleo público local.
Corporativización y politización
Con un enfoque metodológico marcado por el sello institucional, digno de ser aplaudido, el profesor Cuenca identifica y desgrana los males que aquejan a esa frágil institución y que, como suele ser común, hunden sus raíces en su proceso de conformación histórica, en el legado normativo-institucional y en una cultura institucional plagada de patologías. Esa tardía y débil configuración de la institución del empleo público local impidió su articulación como freno, en primer plano, a la corporativización y, más adelante, a la politización de nuestras estructuras de gobierno local.

Directivos politizados
La corporativización fue, asimismo, débil y solo se plasmó en la estructuración de los Cuerpos Nacionales, más adelante reconvertidos en funcionarios con habilitación de carácter nacional.  Con momentos de asentamiento y otros de reflujo, dependiendo de las coyunturas políticas. Más intensa fue la tendencia a una marcada politización de las estructuras directivas y del empleo público local, sobre todo a partir de la década de los ochenta. Por otra parte, la función pública “propia” de las entidades locales, cerrada en su propio espacio institucional, tampoco pudo despegar como institución de contrapeso.

La dirección pública fue literalmente absorbida por la política a través de la figura del personal eventual, la libre designación adquirió carta de naturaleza en muchas administraciones locales y la contratación laboral temporal o el nombramiento de personal funcionario interino abrieron en muchos casos la puerta de la incorporación a la Administración Local o a sus entidades instrumentales a personas que no habían acreditado sus competencias profesionales en sistemas abiertos y competitivos.

El principio de mérito desfalleció en un buen número de gobiernos locales. Las presiones políticas o sindicales hicieron el resto. Clientelas, amigos, familiares de quienes mandaban coyunturalmente se incorporaron a las nóminas de la Administración Local. Luego se “aplantillaron”, mediante pruebas selectivas de discutible factura. Se quedaron “de por vida” insertos en sus estructuras. No siempre fue así, pero sí que fue de ese modo en muchos casos.

El empleo público local, en sus primeros pasos, optó por un sesgo claramente funcionarial. Pronto, sin embargo, se abrió un modelo dual, con una vinculación cada vez más numerosa de personal laboral a la Administración Local. La tensión funcionarios/laborales se decantó en muchos casos a favor de esta última opción. Sin embargo, la crisis reciente y la mayor vulnerabilidad del empleo público laboral han hecho volver los ojos hacia una funcionarización intensiva de los laborales. El paraguas de la función pública protege más que el del Derecho Laboral. Hay que guarnecerse de la tormenta presente o futura. La “huída del Derecho Laboral” se impone como meta. 

El empleo público local, como bien apunta Javier Cuenca, sufrió otra conmoción institucional de la que no ha podido aún recuperarse. La inacción normativa condujo a una presencia cada vez más intensa de un sistema de relaciones laborales altamente sindicalizado y compartimentado en cada instancia local. Las ventajas retributivas, de condiciones laborales o sociales, se multiplicaron durante los “treinta gloriosos años” que van desde 1980 a 2010. Un empleador (político) débil, así como escasamente responsable con lo público, y un cierto compadreo hicieron el resto. Un modelo insostenible, que aún algunos lo pretenden prolongar como si nada hubiera pasado. Hay quien no ha aprendido nada de la crisis, lo cual es grave.

Pero el problema más serio es, como antes señalaba, el del desfallecimiento del principio de mérito en el acceso al empleo público local y el descuido absoluto sobre su desarrollo profesional ulterior. Este cóctel produce como consecuencia un empleo público local escuálido, con escaso prestigio social y que no ha actuado como freno institucional para amortiguar o impedir algunos sonados casos de corrupción que han anegado el funcionamiento de algunos gobiernos locales. Sin burocracia profesional sólida la corrupción puede fácilmente instalarse en la Administración Pública o en sus aledaños. Siempre ha sido así. Y lo seguirá siendo.

No cabe duda que la política ha optado en estas últimas décadas por construir un empleo público local marcado por una frágil institucionalización. Solo una política miope no apuesta por el fortalecimiento profesional de su organización y de las personas que allí trabajan. Quien recluta un incompetente lo deja para toda la vida en la nómina municipal a costa de los ciudadanos. Nadie se ha tomado en serio la función pública local.

Por lo común, el responsable público local renunció a profesionalizar la dirección pública local, consintió y alentó el ninguneo del sistema de mérito y la expansión del favor en términos de botín o clientela, multiplicó entidades instrumentales en las que los sistemas de acceso eran, por lo común, por la puerta falsa. En fin, creó una institución que presta servicios, pero que ofrece escasa consistencia en términos de solidez institucional (dejemos de lado ahora espacios, que también los hay, donde la profesionalidad y el compromiso contextual son la regla).

¿Cómo fortalecer una institución que muestra tales debilidades? No es tarea sencilla. Y nunca se podrá hacer si la política no decide poner remedio a tales deficiencias. Los últimos vientos normativos nos retrotraen a tiempos pretéritos. Vuelve a triunfar la concepción dicotómica entre politización versus corporativización. De un lado nos vamos al otro, en este movimiento pendular que siempre nos invade en las reformas administrativas que emprendemos. Retorna con fuerza, por tanto, una apuesta decidida por la función pública entendida con un fuerte sello corporativo. Y, sin embargo, lo que se necesita es una reivindicación decidida y sostenible por la profesionalización de la dirección y del sistema de empleo público local. No hay atajos.
Tendencias en empleo local
Javier Cuenca recoge en un espléndido epílogo algunas de las tendencias que se vislumbran en ese incierto futuro para el empleo público de los gobiernos locales. Lo más descorazonador de todo este proceso es que, a pesar del tiempo transcurrido y de las experiencias vividas, hayamos aprendido tan poco. O, peor aún, que no hayamos querido aprender casi nada.

Un libro que, sin duda, marca un antes y un después en los estudios del empleo público local. Asistí como miembro del tribunal a la defensa de su tesis doctoral. Ya entonces me impresionó el trabajo hecho por el profesor Cuenca. Su relectura me ha gustado más aún. No es un libro académico al uso, tampoco una tesis doctoral convencional (por lo común, muy reducidas en su visión y trabajos “de juventud”, lo que no es el caso). Se trata de un ensayo de enorme calidad, maduro en su concepción, escrito con rigor y muy documentado. Bien harían los politólogos, juristas, sociólogos, economistas e historiadores, en leerlo. Pero sobre todo los políticos.