martes, 15 de abril de 2025

Mientras el Constitucional colombiano reconoce el derecho a la transparencia algorítmica, España trata de blindar su opacidad

Según la Corte Constitucional colombiana, el acceso al código fuente es una garantía fundamental para "evitar que estas tecnologías lleven a la vulneración de otros derechos fundamentales". En cambio, la Abogacía del Estado trata de blindar el secretismo frente al recurso de Civio ante el Tribunal Supremo.

Por Civio.es.- Cuando, en agosto de 2020, el abogado Juan Carlos Upegui Mejía solicitó conocer el código fuente de la aplicación CoronApp, probablemente no imaginaba el tortuoso camino que estaba a punto de empezar. Por aquel entonces, la Agencia Nacional Digital de su país, Colombia, había desarrollado esta herramienta para controlar los casos de COVID-19. Upegui Mejía tenía claro que el código fuente, es decir, las instrucciones escritas en lenguaje informático para que un ordenador ejecute un programa, era información pública. Sin embargo, la administración colombiana rechazó frontalmente su petición.

Así lo narra una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que marca un punto de inflexión en la transparencia algorítmica. Frente a los argumentos de la administración -que impedir el acceso al código fuente servía para garantizar la confidencialidad de los datos personales de millones de colombianos, mantener la seguridad y proteger la propiedad intelectual del Instituto Nacional de Salud, creador de la herramienta-, Upegui Mejía defendió que era esencial conocer al detalle cómo funcionaba. Y, para ello, el abogado defendió que el “código es público cuando se trata de una herramienta que materializa una política pública”, según acepta también la sentencia.

A más de 8.000 kilómetros de distancia, el Gobierno de España se sitúa en una posición diametralmente opuesta. Después de que Civio presentara el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para acceder al código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién tiene derecho al bono social, la Abogacía del Estado se ha opuesto de nuevo presentando una serie de alegaciones que tratan de blindar la opacidad sobre los algoritmos que nos gobiernan.

Para ello, el Gobierno defiende que el sistema BOSCO es “objeto de propiedad intelectual” y que el acceso al código fuente implicaría “riesgos reales, directos y sustanciales” que perjudicarían “el propio funcionamiento del programa”, comprometiendo “la actuación administrativa” y la seguridad de “los datos personales especialmente sensibles de los solicitantes”, como el nivel de renta, la situación familiar y laboral, el grado de discapacidad y la condición de víctima de violencia de género o terrorismo, sin desarrollar de forma realista cómo se producirían estos supuestos perjuicios. Además, su escrito de alegaciones también rechaza que se pueda acceder al código fuente de manera parcial, como contempla el artículo 16 de la Ley de Transparencia, ya que cualquier mínimo conocimiento afectaría “su integridad”.

Frente a estas consideraciones, que la Fundación Civio ya rechazó en las anteriores instancias judiciales por no existir evidencia sólida que lo confirme, el ejemplo de la Corte Constitucional de Colombia muestra hasta qué punto estos argumentos resultan peregrinos y, cuanto menos, contrarios al principio de transparencia y al derecho de participación pública de la ciudadanía. El tribunal descarta que la administración formulase “argumentos relacionados con la seguridad, la defensa nacional o las relaciones internacionales para justificar la reserva de la información” para bloquear el acceso al código fuente de CoronApp, hoy conocida como MinSalud Digital.

En paralelo, la Corte Constitucional destaca que “la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública”, de manera que “las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son usualmente aquellas que no se pueden justificar”. Tras el recurso de amparo de Upegui Mejía, el tribunal reconoce que “los algoritmos han pasado a definir buena parte de nuestras vidas”, por ejemplo, interviniendo, como ocurre con BOSCO en España, en las decisiones sobre quién tiene derecho a un determinado subsidio o ayuda pública.

La Corte Constitucional de Colombia describe al código fuente como “la columna vertebral del software o la aplicación”, de manera que cuenta con una “importancia crítica” en el “desarrollo y funcionamiento de cualquier programa informático”. Esto es, al contrario de lo que propugna la Abogacía del Estado en España: sin saber cómo está escrito el código fuente, es imposible determinar si existen más errores, como los que ya descubrió Civio en su día, o si es arbitrario. Mientras que en Colombia se reconoce el derecho a la transparencia algorítmica argumentando que “es una garantía fundamental para asegurar un empleo adecuado y razonable de los datos personales y evitar que el uso de sistemas algorítmicos para la toma de decisiones por parte de entidades públicas derive en decisiones arbitrarias o discriminatorias”, el Gobierno español apuesta por una posición radicalmente opuesta, la del secretismo como norma, la de la opacidad por bandera.

Esta postura contrasta con la sentencia colombiana, que destaca que “el derecho de los ciudadanos a acceder, en la medida de lo posible, a información sobre los sistemas algorítmicos que utiliza el Estado para la toma de decisiones, y el uso que se le da a los mismos, es una garantía fundamental para evitar que estas tecnologías lleven a la vulneración de otros derechos fundamentales”. Un planteamiento muy similar al que viene defendiendo Civio en sede judicial y que continuaremos manteniendo ahora ante el Tribunal Supremo pues “que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de Derecho”.

viernes, 11 de abril de 2025

La transparencia en la utilización de la inteligencia artificial por autoridades y entidades públicas

"La pregunta que nos planteamos en España es si sería posible acceder a este tipo de información con la vigente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)"

 Por mablanescliment blog-.- La inteligencia artificial (IA) es utilizada cada vez más por autoridades y entidades públicas para adoptar decisiones (por ejemplo, conceder ayudas, gestionar multas o impuestos, tramitar procedimientos administrativos, etc.) o para elaborar estudios, informes o análisis sobre cualquier materia o servicio público. Es un hecho imparable.

La IA es una poderosa herramienta que puede facilitar incrementar la eficacia de las actuaciones públicas. No obstante, hay un claro consenso en que la utilización de la IA no puede servir para vulnerar los derechos de las personas. Este límite es evidente.

Ahora bien, para poder controlar y comprobar que la IA respeta esos derechos, es necesario que el uso de la misma sea transparente. Dicho en otras palabras, en mi opinión, las autoridades y entidades públicas solo pueden utilizar una IA que sea transparente. Si no se puede garantizar dicha transparencia, la IA no debe ser utilizada. Vamos a explicarlo con 3 casos reales:

a) La obligación de publicar en el Portal de Transparencia los sistemas de inteligencia artificial que están siendo utilizados.

La Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, es la primera normal de rango legal en España que obliga a la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos vinculados o dependientes, a las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana, a las universidades públicas valencianas, y a los consorcios constituidos íntegramente por administraciones públicas territoriales, a publicar la siguiente información (artículo 16.1.l):

«La relación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de acuerdo con el reglamento de inteligencia artificial que desarrollen o implanten. Asimismo, se incluirá la relación de sistemas automatizados y sistemas de inteligencia artificial de uso general cuyo empleo impacte de manera significativa en los procedimientos administrativos o la prestación de los servicios públicos.

Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, y de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad, la información a facilitar incluirá la descripción, en un lenguaje claro y sencillo, del diseño, funcionamiento y lógica del sistema, su finalidad, su incidencia en las decisiones públicas, el nivel de riesgo que implica, la importancia y consecuencias previstas para la ciudadanía, el punto de contacto al que poder dirigirse, y en su caso, el órgano u órganos competentes a efectos de impugnación. Asimismo, se informará de los criterios generales de impacto y riesgo adoptados para delimitar los sistemas a los que se debe dar publicidad».

b) El acceso al código fuente de un programa informático

Gracias a la incansable lucha de la Fundación Civio, el Tribunal Supremo, mediante Auto de fecha 27/11/2024 (enlace), admitió a trámite un Recurso de Casación, todavía no resuelto, para determinar la procedencia -o no- de facilitar el código fuente de la aplicación, con la finalidad de comprobar si se cumplen los requisitos para ser beneficiario del bono social.

Según explica la Fundación Civio en su página web (enlace), en 2018, pidió el código fuente, las funcionalidades y los casos de prueba de BOSCO, el programa que decide quién accede al bono social eléctrico. La administración rechazó el acceso, pero gracias a la estimación parcial de la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), se permitió conocer las funcionalidades y los casos de prueba. Estos dos elementos fueron muy importantes para demostrar que BOSCO había sido diseñado con errores que dejaban fuera a personas con derecho a la ayuda.

Sin embargo, el CTBG negó el acceso al código fuente, donde se detallan todas las instrucciones del algoritmo, y con el que se hubiera podido confirmar o descartar la existencia de más errores.

Tras años de negativas y excusas basadas en la propiedad intelectual y la seguridad, el litigio está actualmente pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

En mi opinión, si no es posible acceder al código fuente de un programa informático por razones de propiedad intelectual o de seguridad, dicha aplicación informática no debe ser utilizada por la Administración, ya que resulta imposible comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo (si tiene errores, sesgos, etc.) y, por ende, de las decisiones públicas adoptadas con apoyo en el mismo.

c) La utilización de inteligencia artificial generativa para tomar decisiones públicas: Mistral (europea), ChatGPT (norteamericana) y DeepSeek (china).

Hace un par de semanas, se generó en LinkedIn un interesante debate en torno a la siguiente pregunta planteada por Jorge Morell Ramos (enlace): «¿Y si usamos la Ley de Transparencia para conocer los «prompts» utilizados por un político que empleó inteligencia artificial para tomar una decisión?».

El secretario de tecnología del Reino Unido, quien públicamente se confesó como un gran usuario de ChatGPT, se ha convertido recientemente en el primer político cuyos «prompts» han sido publicados usando la Ley de Libertad de Información (FOI) (enlace).

Un periodista solicitó qué tipo de interacciones estaba teniendo con la herramienta. Inicialmente, la solicitud fue rechazada con la excusa de que las indicaciones y respuestas se realizaron tanto a título personal como oficial. Por ello, limitó la solicitud respecto a los «prompts» y respuestas realizadas a título oficial. Y gracias a la Ley de Libertad de Información inglesa, se han facilitado y se ha podido acceder a la siguiente información pública:

– La autoridad política le pidió a ChatGPT que explicara por qué las PYMES del Reino Unido habían tardado tanto en adoptar la IA. ChatGPT devolvió una lista de 10 puntos de problemas que obstaculizan la adopción, incluidas las secciones sobre «Conciencia y comprensión limitadas», «Preocupaciones regulatorias y éticas» y «Falta de apoyo gubernamental o institucional».

– El político inglés también usó ChatGPT para buscar ideas con la finalidad de incrementar su presencia en los medios, con la siguiente pregunta: «Soy Secretario de Estado para la ciencia, la innovación y la tecnología en el Reino Unido. ¿Cuáles serían los mejores podcasts en los que aparecer para llegar a una amplia audiencia que sea apropiada para mis responsabilidades ministeriales?».

La pregunta que nos planteamos en España es si sería posible acceder a este tipo de información con la vigente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). En mi opinión, sí que sería posible, por las siguientes razones.

En primer lugar, es importante aclarar qué son los «prompts»: son las peticiones, preguntas o solicitudes que hacemos a la inteligencia artificial generativa para obtener las correspondientes respuestas. Acabamos de ver los dos «prompts» que hizo el político inglés y que se han conocido gracias a la aplicación de la Ley de Libertad de Información.

Hecha esta aclaración, vamos a analizar brevemente cuál es la situación actual en España.

El Tribunal Supremo está defendiendo que el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional de primer orden y que los límites y las causas de inadmisión deben ser interpretadas de forma restrictiva, entre ellas, la causa de inadmisión consiste en información auxiliar o de apoyo (borradores, notas, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas).

Asimismo, el artículo 13 de la LTAIBG describe un concepto amplio de información pública, «cualquiera que sea su formato o soporte». Entre estos formatos o soportes se podría entender comprendidos los correos electrónicos (emails), los mensajes de telefonía móvil (whatsapp, telegram, etc.) y los «prompts» y las respuestas obtenidas con IA.

Es importante recordar que resulta fraudulento utilizar estas aplicaciones, por parte de autoridades o empleados públicos, desde dispositivos privados o particulares para tratar asuntos públicos con el objetivo de impedir el posterior acceso a dicha información pública con la excusa de la naturaleza privada de dichos dispositivos y la necesidad de proteger la privacidad e intimidad.

Por otra parte, salvo que la información pública contenida en dichos formatos o soportes pueda ser considera como «auxiliar o de apoyo», no por su denominación, sino por su contenido, el acceso a dicha información debería ser posible, en la medida en que contiene información que puede haber sido relevante o puede haber condicionado la decisión pública finalmente adoptadaNótese que, mediante la utilización de IA generativa (ChatGPT, Mistral, Deepseek, etc.), se pueden elaborar estudios, análisis o informes sobre cualquier materia, cuyo conocimiento puede resultar necesario para conocer la justificación o fundamentación de la decisión pública adoptada.

Finalmente, la utilización de la IA en la adopción de decisiones públicas no puede servir de excusa para evitar la aplicación de la Ley de Transparencia y eludir su finalidad (exposición de motivos): «conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones».

martes, 8 de abril de 2025

Precisiones del Tribunal Supremo sobre los Contratos de alta dirección en las Administraciones públicas

Por José Ramón Chaves.-delaJusticia.com . Los contratos de alta dirección en el ámbito de las Administraciones públicas son un caballo de Troya por dos razones.

La primera, porque se desnaturalizan al moverse fuera del ámbito de la empresa, pública o privada, para moverse en un entorno donde  imperan fuertes límites a la capacidad de decisión directiva, tanto por actuar sometido a órganos de gobierno multilaterales, como a la intensa normativa pública que no permite ocurrencias, estrategias de riesgo ni decisiones elásticas sobre el personal funcionario.

La segunda, porque el directivo así contratado en una administración pública es un paracaidista con alto rango en un entorno cuajado por arriba de autoridades públicas que quieren «dirigir» y de empleados públicos que quieren «ser dirigidos», por uno de los suyos, y en todo caso, con la visión institucional pública y no empresarial.

Así y todo, se ha consolidado su admisión con su amparo normativo privado (el célebre contrato de alta dirección del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, regulador de la relación laboral especial del personal de alta dirección) y con el respaldo normativo del art.13 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que dispone:

"Artículo 13. Personal directivo profesional.
El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección».

Esta parca y voluntarista regulación no ha ido acompañada del desarrollo reglamentario estatal aunque sí de algunas arriesgadas pinceladas autonómicas (no olvidemos que la barrera de la legislación laboral reservada al Estado impone sus condiciones). Además, la  sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2019 (rec.2145/2017 ), zanjó que los entes locales carecen de competencia para desarrollar directa y reglamentariamente el art.13 EBEP, ni pretextando su potestad de organización (lo que ya comentamos anteriormente).

Y así, desde el EBEP, las tensiones de esta figura han abundado en varios frentes:

En servir de pasarela para el desembarco de directivos, en que el eufemismo de la «idoneidad» permite desplazar los también aplicables «mérito y capacidad», bastando un hábil diseño de méritos al gusto y a poder ser, a medida del candidato discretamente invitado a ocuparla.

En provocar situaciones enojosas cuando el directivo desconoce el mundo administrativo y tropieza con los muebles normativos, con los funcionarios y derechos de ciudadanos, provocando desaguisados auténticos, hasta el punto de que todos los que le rodean solo desean que «no estorbe».

En plantear problemas a la Administración cuando cae en desgracia la autoridad que «lo nombró» (o apadrinó), o si cambia el color político del gobierno de turno, momento en que el directivo se convierte en un «jarrón chino» que estorba y hay que quitar.

En plantear problemas jurisdiccionales, pues quien ocupaba pacíficamente la plaza de directivo en la Administración, al ser cesado, «recuerda o se percata» de que realmente era un «humilde trabajador», escenario en que planteará demandas judiciales ante la jurisdicción social, que posiblemente por aquello de tutelar al débil, declarará al entonces directivo como trabajador fijo de la Administración. La historia se ha repetido demasiada veces para ignorarla, pues no siempre tiene final feliz para la Administración y sus arcas.

Esta visión rápida y fresca, viene al caso por la reciente sentencia de  la sala tercera de 24 de marzo de 2025 (rec.5431/2022) que sienta doctrina casacional interesantísima sobre esta figura en el ámbito de las Administraciones Públicas. El caso abordado fue el enjuiciamiento de las bases aprobadas por un organismo público para provisión del cargo de Coordinador/a en materia de igualdad, prevención y lucha contra la violencia de género, mediante el sistema de libre designación bajo el contrato laboral de alta dirección.

Por una parte, la Sala aborda la cuestión relativa a

» (i) determinar si deben ser objeto de negociación colectiva las condiciones de trabajo del personal directivo público profesional del artículo 13 TREBEP cuando estos puestos de trabajo figuran en las correspondientes RPTs;» (ii) en el caso de respuesta negativa, determinar si las funciones asignadas a tales puestos de trabajo en la RPT pueden ser alteradas mediante la convocatoria del procedimiento para la provisión del puesto de trabajo.

Como la Sala es consciente de que expresamente el art.13.4 EBEP excluye las condiciones de empleo del personal directivo de la negociación, efectúa una interesante precisión:

Y en este punto es pertinente diferenciar «condiciones de empleo» -a las que se refiere la primera cuestión de interés casacional- de «funciones» del puesto de alta dirección -a las que se refiere la segunda-. Las primeras pueden hacer referencia, por ejemplo, a forma de provisión, retribución, duración del nombramiento, titulación, categoría exigible o tipo de empleado público que puede desempeñar el puesto, o si está abierta su cobertura por personas ajenas el empleo público. Y «funciones» más bien al cometido que se desempeña en el puesto de alta dirección, las competencias exigidas para su desempeño, todo lo cual que está en la base y justificación de su creación.

Y advierte que tales contratos deben estar previstos necesariamente en las Relaciones de Puestos de Trabajo, con sus condiciones mínimas, pues didácticamente expone :

la Ley 30/1984, ya citada, estableció un sistema de ordenación del empleo público que pivota en el puesto de trabajo, no en cuerpos o escalas que es como se venía estructurando con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (cfr. artículo 53 en su redacción original); especial reflejo del cambio de paradigma es la «adscripción indistinta» como regla general y como excepción la adscripción a un concreto cuerpo o escala (cfr. artículo 15.1 y 2 de la Ley 30/1984).En coherencia con ese paradigma, en la normativa básica ( artículos 15 y 16 de la Ley 30/1984 , 74 del EBEP y 90 de la LRBRL), las RPT o instrumentos equivalentes, necesariamente deben incluir la denominación de los puestos, grupo o grupos de clasificación profesional a los que se adscriben, los cuerpos o escalas a que estén adscritos, sistemas deprovisión, requisitos para su desempeño, nivel de complemento de destino y, en su caso, específico cuando hayan de ser desempeñados por funcionarios, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral, y qué puestos puede desempeñar el personal eventual.

A continuación alcanza la conclusión y fija doctrina:

1º Que, a diferencia de las condiciones de trabajo o empleo, si la descripción de las funciones o cometido del puesto de alta dirección se integra en la RPT u otro instrumento análogo, sólo cabe alterarlas mediante su expresa y directa modificación.

2º La funciones o cometido del puesto de alta dirección serán, obvio, coherentes con la competencia del órgano en el que se crea o figura el puesto, luego tanto la creación del puesto de alta dirección como la descripción de la función o cometido asignado participa del ejercicio por la Administración de su libre potestad de autoorganización, que está excluida de la negociación [cfr. artículo 37.2.a) del EBEP ].

3º Esa exclusión se acentúa tratándose de un puesto de alta dirección, pues sus condiciones de empleo no son objeto de negociación colectiva [cfr. artículos 13 en relación con el 37.2 del EBEP ].

Para que la autoridad que quiere nombrar el directivo no se crea con licencia para nombrar como le plazca, advierte la sentencia que hay límites pues  «Cosa distinta es que, bien en la creación del puesto de alta dirección o bien en la atribución de funciones o, en fin, por la forma de provisión u otra razón, se incurra en algún motivo de legalidad».

En suma, una sentencia salomónica que deja a la normativa pública y a las Relaciones de Puestos de Trabajo el ámbito de definición del régimen jurídico y «condiciones de trabajo» , y deja a la autoridad pública o administración contratante la decisión de las «funciones» con amplitud de criterio. Eso sí, en este caso el Salomón supremo o Supremo Salomón hábilmente ha barrido para lo público, para frenar indirectamente los excesos, aunque hay que leer entre líneas y aplicar lo que sugiere. Debe tomarse buena nota de esta sentencia por parte de las autoridades de entes públicos y organismos autónomos, donde campa esta figura, así como por los letrados públicos y responsables de recursos humanos.

Claro que tampoco debe ignorarse que el enjuiciamiento de los conflictos entre el directivo y la Administración corresponden a la jurisdicción social y ésta puede tener sus propios criterios sobre la figura y consecuencias. Pero esto es otra «historia» que podría hacer las delicias de Herodoto, pero no de quien suscribe, en que trabajo y familia no le permiten dar más de sí.

viernes, 4 de abril de 2025

Empresas y entidades públicas tienen un año de plazo para aceptar que te identifiques con el DNI en el móvil

Para activarlo es necesario registrarse (en persona o con un lector de DNI) y descargar la aplicación oficial. No servirá, por el momento, para trámites online ni para viajar.

Por Eva Belmonte. Fundación Civio.- El BOE de hoy recoge un decreto que modifica el funcionamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI). La principal novedad es que desde hoy ya es factible usar su versión electrónica, en el teléfono móvil, para identificarse de forma presencial en cualquier trámite público o privado. Eso sí, la norma da un año a las administraciones públicas y las empresas para que se adapten a este nuevo sistema, por lo que es muy probable que durante este tiempo, aunque sea legal utilizarlo, algunas entidades no lo acepten (y no están obligadas a ello, al menos hasta abril de 2026).

En esta primera etapa el DNI electrónico solo servirá para identificarse en trámites presenciales, como comprobar la edad para acceder a una discoteca, registrarse en un hotel, ir al notario, acudir a una oficina de empleo o a la Seguridad Social… Pero no será válido, por el momento, para viajar o para acreditar la identidad en trámites online. Eso sí, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, prometió ayer que este último será el siguiente paso y que, en 2026, podremos identificarnos de forma digital también con este nuevo sistema.

Para conseguirlo, es necesario registrarse en una comisaría de policía o a través de la web midni.gob.es, pero en este último caso solo si tienes lector de DNI. Además, hay que descargar la aplicación oficial MiDNI, que también está enlazada en esa página. El proceso está en marcha desde hoy mismo, 2 de abril, fecha de la entrada en vigor del decreto, aunque a primera hora la web está teniendo problemas de carga.

Una vez en funcionamiento, permitirá usarlo para identificarse en tres niveles, según cada necesidad: el DNI edad, que solo mostrará la foto, nombre y fecha de nacimiento; el DNI simple, que añadirá sexo y validez; y el DNI completo, con todos los datos que incluye la versión original en papel.

Final del formulario

Además de incluir la nueva versión móvil del documento, el decreto modifica y desarrolla algunas otras reglas del DNI. Por un lado, incluye de forma específica algo que ya está en marcha: que puedas renovarlo en los 180 días anteriores a que caduque. Por otro, establece que los certificados digitales asociados pasan de cinco a dos años de validez. Y, además, cambia la validez de los DNI de personas mayores de 70 años: hasta ahora eran permanentes, sin caducidad. Ahora tendrán una validez de más de diez años, sí, pero se consignará una fecha de caducidad específica.

Nota: Déjanos decirte algo…

En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.

Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay 1997 personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.

miércoles, 2 de abril de 2025

La ministra de Sanidad recibe el Premio CNIS 2025 al mejor proyecto financiado con fondos europeos

El Premio al Mejor Proyecto de Ciudad Inteligente y Sostenible y Nueva Agenda Urbana: “[HSI] Horizonte Sevilla Inteligente” correspondió al Ayuntamiento de Sevilla. +info del desarrollo del XV Congreso del CNIS 2025

Por CNIS.- La XV edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS) ha culminado el jueves 27 de marzo con la entrega de los Premios CNIS 2025, que reconocen a las administraciones, profesionales y entidades que están liderando el cambio hacia una administración más abierta, eficiente y centrada en la ciudadanía.

La gala, celebrada en La Nave (Madrid), fue conducida por Silvia Segovia, especialista en comunicación pública y dinamización de eventos, que puso en el centro a las personas y los proyectos que están transformando lo público.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la entrega del Premio CNIS 2025 al Mejor Proyecto Financiado con Fondos Europeos, que recayó en el Plan INVEAT del Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García Gómez fue la encargada de recoger el galardón, que pone en valor el impacto del proyecto en la modernización del Sistema Nacional de Salud gracias al impulso de los fondos europeos.

Durante su intervención, la ministra destacó que este reconocimiento es fruto de un esfuerzo colectivo: “Recibo este premio como el último eslabón de una gran cadena de trabajo que ha permitido que los fondos europeos lleguen a la alta tecnología de nuestro Sistema Nacional de Salud. Este galardón no es solo del Ministerio actual, sino también de los equipos que me han precedido y, especialmente, de las comunidades autónomas, que han hecho un esfuerzo enorme para renovar sus equipos tecnológicos y mejorar la atención a la ciudadanía”.

Proyectos premiados por categoría:

Además del galardón al Plan INVEAT, el jurado de los Premios CNIS 2025 ha reconocido a un total de trece iniciativas en diferentes categorías, valorando su impacto transformador, su enfoque innovador y su capacidad para mejorar los servicios públicos. Estos son los proyectos y entidades premiados:

Mejor Proyecto Consolidado de Innovación Pública:
“Innovación en la gestión y control del gasto” – Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mejor Modelo de Digitalización:
“Plan de transformación tecnológica de la AECID” – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Mejor Proyecto con Inteligencia Artificial:
“RECAN ANALÍTICA” – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Mejor Proyecto de Incorporación de Tecnologías Emergentes:
“Centro de Automatización Robótica” – Comunidad de Madrid

Mejor Estrategia Integral de Datos:
“Zaintza Datu Gunea” – Diputación Foral de Gipuzkoa

Mejor Sede Electrónica Integral:
“Sede electrónica de Las Rozas de Madrid” – Ayuntamiento de Las Rozas

Mejor Proyecto de Servicios Digitales para la Asistencia a la Ciudadanía:
“EMPLÉATE” – Ayuntamiento de Brunete

Mejor Estrategia de Igualdad Digital Sostenible:
“ENMA” – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Mejor Proyecto Financiado con Fondos Europeos:
“Plan INVEAT” – Ministerio de Sanidad

Mejor Proyecto de Ciudad Inteligente y Sostenible y Nueva Agenda Urbana:
“[HSI] Horizonte Sevilla Inteligente” – Ayuntamiento de Sevilla

Mejor Iniciativa para la Transformación Cultural:
“Transforma 365” – Ayuntamiento de Alcobendas

Premio Talento Joven:
“Más allá del papel” – Ajuntament de Calvià

Mejor Proyecto GovTech:
“GuardedBox” – GUARDEDBOX SL

Premios especiales CNIS 2025

Premio a la Trayectoria Profesional:
Joaquín Meseguer Yebra – Ayuntamiento de Madrid

Premio Club de Innovador@s Públicos al Innovador/a Más Destacado/a:
Magda Lorente Martínez – Diputación de Barcelona

Reconocimiento Especial CNIS 2024:
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) – Junta de Andalucía

martes, 1 de abril de 2025

Medios de comunicación frívolos y alarmistas con las administraciones

"A excepción de los cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos. Esta desautorización y desprecio institucional se traslada inevitablemente a todos los profesionales que laboran en las administraciones públicas"

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- Los medios de comunicación nunca han respetado a las instituciones públicas. Su agresividad y falta de sutileza profesional ha fomentado que se confundan determinadas malas prácticas individuales y colectivas con debilidades y deficientes capacidades institucionales. Se trata de la práctica habitual de elevar una anécdota a categoría e incluso de agarrar el rábano por las hojas.

 De esta manera, todas las instituciones públicas del país están desprestigiadas socialmente salvo la excepción de los cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos. Esta desautorización y desprecio institucional se traslada inevitablemente a todos los profesionales que laboran en las administraciones públicas. El desprestigio social hacia los empleados públicos es injusto y un ingrediente crucial de desmotivación de este colectivo. Es un problema estructural con el que los profesionales del sector público hemos aprendido a la fuerza a convivir.

Pero la novedad ahora es que los medios de comunicación tradicionales están muy debilitados económica y profesionalmente y, además, compiten con las redes sociales en generar injustas (e incluso disparatadas) alarmas sociales. Han mudado de una crítica general y de trazo grueso a un amplio abanico de escrutinios muy focalizados, casi quirúrgicos, pero armados con imprecisos cuchillos de caza. Desgraciadamente la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación tradicionales son precarios proletarios de la información y su única forma de sobrevivir es extorsionando la realidad sin capacidad profesional ni tiempo vara verificar los hechos. Cuando más llamativa sea la noticia más posibilidades tiene que sea publicada sin que medie ningún control de calidad y, mucho menos, de carácter deontológico. El cambio profundo reside que antes solo unos pocos estaban bajo el foco de los medios de comunicación: los cargos políticos más destacados a nivel institucional y de manera muy excepcional algún directivo público que les llamaba la atención, pero ahora cualquier directivo público puede ser objeto de escrutinio de los medios de comunicación. Una vez se han agotado, por reiteración cansina, los grandes escándalos políticos e institucionales se enfoca como objetivo los micro escándalos vinculados a unidades administrativas muy concretas. Se ha pasado de un escrutinio de las administraciones con telescopio a un análisis con microscopio sin que este cambio vaya acompañado de un mayor refinamiento con la gestión de la información. Por tanto, de manera aleatoria ahora cualquier unidad administrativa (organismo autónomo, dirección general, subdirección general o servicio) puede aparecer en forma de escándalo en un medio de comunicación convencional. El resultado es que en la actualidad todos los directivos públicos pueden ser objeto de escarnio por parte de los medios de comunicación y, posteriormente, por las redes sociales. Los problemas y las disfunciones internas, usuales e inevitables en la gestión pública, no solo pueden generar ataques endógenos auspiciados por un MeToo expansivo y, en ocasiones frívolo, sino que estas fricciones de carácter internos derivadas de celos o agravios pueden escalar hasta los medios de comunicación. Los directivos públicos ocupan puestos estratégicos, pero no muy visibles y hasta ahora se sentían «cola de León» y no les solía afectar directamente el escrutinio de los medios de comunicación, pero ahora son (o somos) «cabeza de ratón» en un momento que los medios de comunicación adoptan comportamientos gatunos. Esto no sería ningún problema sino justo lo contrario un avance si los medios de comunicación de manera seria y verificara afloraran prácticas corruptas y una evidente pésima gestión. Pero no suele ser el caso, sino que de manera interesada buscan voces críticas de profesionales intramuros de las administraciones públicas y por el simple hecho de ser críticas las consideran veraces y las hacen públicas. El ejemplo es que aparecen en los medios de comunicación sin ningún tipo de filtro acusaciones de acoso laboral o sexual cuando en algunos casos son denuncias infundadas y que responden a luchas de poder de carácter interno y a lógicas de resistencia al cambio. El daño reputacional a la institución, al denunciado y al directivo público que está por medio puede ser enorme.

De manera, justa o injusta, los cargos políticos son conscientes que pueden ser objeto en cualquier momento de un linchamiento mediático y social. Por este motivo los partidos políticos han visto reducidos de manera drástica sus caladeros para encontrar buenos candidatos a ocupar cargos institucionales. Los candidatos con una dilatada carrera profesional y con prestigio suelen declinar estas ofertas ya que sienten temor a perder su único patrimonio que es el prestigio profesional. Esta tendencia es estructural, pero durante los últimos años es mucho más aguda y crítica. Si esta malévola situación y tendencia se expande a los puestos de dirección pública profesional el daño institucional puede ser enorme ya que va a ser, también difícil, que los profesionales con mayor prestigio acepten a ocupar estos cargos directivos.

lunes, 31 de marzo de 2025

Llamamiento a Europa: por una fuerza militar disuasoria común

La UE tiene que reforzar y unir sus ejércitos para seguir siendo un actor con peso político en el escenario global. Pero esto solo se puede defender si se da un paso adelante en la integración europea

Revista de prensa. Por Jürgen Habermas. El País opinión.-  No es que los principales responsables políticos nacionales de Occidente —y, en un sentido más amplio, de los países del G-7— hayan estado siempre en perfecta sintonía en sus perspectivas políticas; pero siempre compartieron ese común entendimiento de fondo respecto a su pertenencia “al” Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos. Este pilar político se ha desmoronado con la reciente llegada al poder de Donald Trump y el consiguiente cambio de sistema en EE UU, aun cuando formalmente el destino de la OTAN de momento siga siendo una incógnita. Desde una perspectiva europea, esta ruptura de época tiene consecuencias de gran calado, tanto para el desarrollo y posible final de la guerra en Ucrania como para la necesidad, la disposición y la capacidad de la Unión Europea de encontrar una respuesta que nos salve ante esta nueva situación. De lo contrario, Europa también se verá arrastrada por la vorágine producida por la superpotencia en declive.

La triste relación entre estos dos preocupantes temas se debe a la incomprensible miopía de la política europea. Es difícil entender por qué los líderes políticos europeos, especialmente los de la República Federal de Alemania, no vieron venir o, al menos, por qué se hicieron los ciegos ante una conmoción del sistema democrático que ya se venía gestando en Estados Unidos desde hacía tiempo. Después de que el Gobierno estadounidense no hiciera ningún intento de evitar mediante negociaciones el ataque ruso, que se había visto venir con el despliegue de tropas, se hizo necesaria la ayuda militar para preservar la existencia del Estado de Ucrania. Pero lo que resultó incomprensible fue que los europeos, en la engañosa suposición de que la alianza con Estados Unidos estaba intacta, se pusieran completamente en manos del Gobierno ucranio, es decir, que sin sentar objetivos propios y sin orientación propia se prestaran a apoyar incondicionalmente la estrategia bélica ucrania.

Un error político tanto o más imperdonable todavía fue que la República Federal de Alemania, confiando ciegamente en la “unidad de Occidente”, eludiera una y otra vez el desafío, ya evidente desde hacía tiempo, de reforzar la capacidad de acción internacional de la Unión Europea. Por eso resulta angustiante la limitada perspectiva desde la que se debate el inusual esfuerzo en curso por rearmar al ejército alemán en un clima de acalorada crispación contra Rusia. Esto reaviva viejos prejuicios. Porque con este rearme, planificado a largo plazo, de lo que se trata no es directamente del destino de Ucrania, que en este momento es particularmente incierto y que causa una preocupación más que justificada, ni tampoco de un posible o imaginario peligro actual para los países de la OTAN proveniente de Rusia. El objetivo general de este rearme es más bien la autoafirmación existencial de una Unión Europea a la que Estados Unidos posiblemente va a dejar de proteger en una situación geopolítica que se ha vuelto impredecible.

La extravagante actuación y el desconcertante discurso del reelegido presidente Donald Trump durante la toma de posesión de su cargo fueron un golpe de efecto que hizo añicos las últimas falsas ilusiones sobre la estabilidad de la potencia líder que es Estados Unidos, incluso en países como Alemania o en la vecina Polonia. Mientras que al menos Michelle Obama fue lo suficientemente inteligente como para no exponerse al espectáculo de este evento fantasmagórico, los expresidentes asistentes tuvieron que soportar impávidos los insultos. La evocación fantasiosa de una nueva edad de oro y los ademanes narcisistas del orador causaban en un telespectador desprevenido, acostumbrado a las ceremonias de investidura de anteriores jefes de Gobierno, la impresión de estar asistiendo a la exposición clínica de un caso psicopatológico. Pero el estruendoso aplauso de la sala y el asentimiento expectante de Musk y los demás magnates de Silicon Valley no dejaron lugar a dudas sobre la determinación del círculo interno de Trump de llevar a cabo la remodelación institucional del Estado según el plan de acción de la Heritage Foundation, conocido desde hacía tiempo. Como siempre, una cosa son los objetivos políticos y otra su realización. Los ejemplos europeos, como la Hungría de Orbán o el régimen de Kaczyński en Polonia, ahora depuesto, solo se parecen a los planes de Trump en lo que respecta a la restricción estatista del ordenamiento jurídico.

Las primeras medidas del nuevo presidente se han centrado en la electoralmente efectiva deportación de inmigrantes ilegales que, en muchos casos, llevaban décadas viviendo en el país. A esto le siguió el cierre, problemático desde una perspectiva jurídica, de importantes programas de ayuda internacional. No es casualidad que estas primeras intervenciones en el aparato administrativo federal, en gran medida ilegales, estén dirigidas por Elon Musk, nombrado comisario “de eficiencia”, quien, tras adquirir Twitter, ya había “saneado” esta organización con un estilo similar. Estas medidas iniciales evidencian el objetivo político de mayor alcance, consistente en un desmantelamiento radical de la Administración estatal, y apuntan a una política económica libertaria. Pero esta caracterización se queda corta, ya que es de esperar que el adelgazamiento del Estado, a largo plazo, siga seguramente de la mano de un cambio a una tecnocracia gestionada digitalmente.

En Silicon Valley llevan tiempo con este sueño libertario de abolición de la política: esta debe ser reconducida a un modo de gestión empresarial dirigida por nuevas tecnologías. Aún no está nada claro cómo estas ideas de largo alcance van a poder ser compaginadas con el estilo de actuación de Trump, con una política de decisiones arbitrarias sorprendentes y desvinculada de las normas establecidas. No solo resulta desconcertante el estilo del dealmaker, de carácter imprevisible, que actúa por interés nacional a corto plazo. Como en el caso de la fantasía obscena de agente inmobiliario sobre la reconstrucción de la desolada Franja de Gaza, es la irracionalidad de esta persona, cuya imprevisibilidad probablemente sea intencionada, la que podría chocar con los planes a largo plazo del vicepresidente o de sus nuevos amigos tecnócratas.

El nuevo tipo autoritario de la era digital no tiene nada que ver con el fascismo histórico

Lo más difícil de predecir es la implementación política del cambio de régimen planeado y puesto en marcha, que, manteniendo a nivel formal una constitución de facto vaciada de contenido, ha de conducir a una nueva forma de dominación tecnocrática y autoritaria. Dado que los problemas que requieren regulación política son cada vez más complejos, un régimen de este tipo respondería a la creciente necesidad de una población despolitizada y aliviada de decisiones políticas trascendentales de disponer de un sistema que funcione por sí mismo. La ciencia política ya lleva tiempo reflejando esta tendencia en su terminología, al hablar de democracias “reguladoras” de forma eufemística. En estos casos, basta la mera celebración formal de elecciones democráticas, con independencia del grado de participación real de votantes informados en un proceso de formación de opinión. Este nuevo tipo de dominación no tiene ninguna similitud con el fascismo histórico. En Estados Unidos no se ven tropas uniformadas, sino una vida normal, salvo un reducido grupo de hordas alborotadoras como las que asaltaron el Capitolio hace cuatro años animadas por su presidente y que después sus miembros fueron indultados del delito de alta traición. Aún son criterios sociales y culturales más o menos inequívocos los que dividen a la población en dos bandos políticos prácticamente iguales. Los procesos judiciales por las flagrantes violaciones de la Constitución por parte del Gobierno todavía se encuentran en los tribunales de primera instancia. La prensa aún no está uniformada, aunque, en parte, se haya adaptado a las nuevas circunstancias. Se están gestando aún las primeras resistencias en las universidades y en otros ámbitos culturales. Pero no hay duda de que este Gobierno actúa con rapidez.

Este giro era previsible desde hacía tiempo. A principios de los años noventa, con el programa de George H. W. Bush, Estados Unidos se encontraba sin duda en el cénit de una superpotencia: era perfectamente plausible que Occidente pudiera entonces impulsar el régimen de los derechos humanos en todo el mundo. El fin de la Guerra Fría había hecho albergar esperanzas en el florecimiento duradero de una sociedad mundial pacificada. En aquella época surgieron nuevos sistemas democráticos en muchos lugares del mundo. Las intervenciones humanitarias eran un tema importante, aunque los intentos exitosos no llegaran a consolidar su éxito a largo plazo. En 1998 se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La guerra de Kosovo había desencadenado los debates que llevaron al reconocimiento de la “responsibility to protect” [la responsabilidad para proteger]. Pero esta perspectiva idealista cambió a principios del nuevo siglo con la investidura de Gobierno de George W. Bush, que había accedido al poder gracias a una dudosa sentencia del Tribunal Supremo contra Al Gore [sobre el recuento de los votos en Florida]. Y con los atentados terroristas del 11 de septiembre, la posterior declaración de la “guerra contra el terror”, con controvertidas restricciones de los derechos fundamentales y un aumento de los controles en todo el país, el clima político de Estados Unidos cambió radicalmente. Este tenso clima fue el telón de fondo de la agresiva toma de posición contra el “eje del mal” y de la invasión de Irak violando el derecho internacional, de la autorización de prácticas de tortura, del establecimiento de Guantánamo y, en general, del intento de una movilización agresiva de Occidente.

No, una vez destruidas, las instituciones no se pueden restaurar sin más

Después de que Bush fuera reelegido a pesar de todo, este primer mandato pudo percibirse como el punto de inflexión que más tarde resultó ser. Desde entonces, hay voces que hablan del declive de la superpotencia. La elección de Barack Obama, el primer presidente negro, aclamado a escala nacional e internacional, no supuso el cambio esperado. Durante su mandato se impuso también la práctica, cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, de ejecutar a personas consideradas “enemigas” en cualquier lugar del mundo mediante drones teledirigidos. Y, a más tardar, la victoria en 2016 de un tipo errático como Donald Trump, que en su momento todavía provocó protestas, tendría que haber puesto de manifiesto la fractura político-cultural del electorado, que obviamente tenía causas socioeconómicas más profundas.

Esta elección, a esas alturas, tendría que haber centrado la atención de los europeos en la convulsión de las instituciones políticas en Estados Unidos. Y es que la infiltración plebiscitaria del Partido Republicano, iniciada a finales de los años noventa, había acabado por hundir un sistema bipartidista estable. Hoy en día se ve que instituciones como esta, en largo proceso de descomposición, no pueden ser restauradas en el transcurso de una legislatura, incluso si la propuesta de Trump volviera a fracasar en las próximas elecciones. No menos alarmante es la politización del Tribunal Supremo, que, por ejemplo, absolvió a Trump, justo antes de su reelección, en un caso cometido durante su primer mandato, alegando que los presidentes no pueden ser procesados a posteriori por un delito cometido durante el ejercicio de su cargo. Este veredicto abre las puertas a la política sin consideraciones y errática de Trump en la actualidad.

Será necesario que pase el tiempo para que los historiadores puedan emitir un juicio sobre las interpretaciones encontradas de los antecedentes y de la posible evitabilidad de la invasión rusa de Ucrania. Sea cual sea el veredicto, la situación política después del 23 de febrero de 2022 era inequívoca: con la ayuda de EE UU, Europa tenía que acudir en ayuda de la Ucrania atacada con la suficiente rapidez para preservar su existencia como Estado. Pero en lugar de agitar banderas y gritar consignas de guerra y de aspirar a la victoria sobre una potencia nuclear como Rusia, habría sido más apropiado reflexionar de forma realista sobre los riesgos de una guerra prolongada. Faltó la consideración crítica del peligro de una ruptura con el sistema económico mundial existente y con una sociedad global hasta entonces más o menos equilibrada. También en interés propio, se debería haber intentado lo antes posible entablar negociaciones con esta potencia imperial irracional y desde hace mucho en declive que es Rusia para alcanzar un acuerdo aceptable para Ucrania, pero esta vez garantizado por Occidente. Ya el primer día de la invasión rusa, la consideración sobria de la fecha de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses debería haber convencido a los europeos de la fragilidad de la ya tambaleante Alianza Atlántica.

Para un individuo medianamente ilustrado de mi generación, el triunfalismo autocomplaciente sobre la unidad de Occidente y sobre el resurgimiento de la capacidad de actuación de la OTAN, ya dada por muerta, resultaba fantasmagórico. Igualmente desconcertante era la insensibilidad pública ante el estallido de violencia militar en Europa. Parecía haber desaparecido toda sensibilidad hacia la violencia disuasoria de las guerras y hacia el hecho de que las guerras surgen con facilidad, pero son difíciles de acabar.

Tanto mayor es el espanto en la actualidad al ver cómo el congraciamiento sin principios de Trump con Putin divide a Occidente y pone en tela de juicio el fundamento normativo, invocado con razón, de la ayuda a Ucrania. Aunque los aliados, burlados, puedan seguir justificando su intervención con buenas razones de derecho internacional, ahora, abatidos, ven cómo su éxito depende de la cruda política de poder de Trump. Esto ya lo mostraron los pocos días que Estados Unidos interrumpió su apoyo logístico en el frente de Kursk. Así, Inglaterra y Francia tuvieron que abstenerse a regañadientes en el Consejo de Seguridad ante una moción sobre Ucrania que Estados Unidos había acordado conjuntamente con Rusia y China. Mientras Francia subraya la necesidad de que la Unión Europea solo puede independizarse de Estados Unidos en materia de política de seguridad con la ampliación de su paraguas nuclear a todos los Estados miembros, el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirma ante Ucrania la promesa de ayuda, que se ha vuelto más tímida, con una coalición de 30 Estados más o menos dispuestos a apoyar. Por cierto, parece que, cuando se habla de esta “coalición de voluntarios”, a nadie le molesta que se adopte un nombre que George W. Bush introdujo para su guerra al margen del derecho internacional. Resulta desconcertante que la Unión Europea no represente ningún papel político de peso en las negociaciones sobre un posible alto el fuego. Son Estados Unidos y Rusia y, en el mejor de los casos Inglaterra y Francia, los que están negociando sobre y con la propia Ucrania.

¿Sigue EE UU siendo un superpoder? Parece que Trump tiene sus dudas

En cualquier caso, el cambio de rumbo de Estados Unidos con respecto a Rusia, sea cual sea su resultado, no es más que un giro sorprendente en una nueva situación geopolítica que se venía gestando desde hace tiempo y que se ha agudizado con el conflicto de Ucrania. Con independencia del éxito que tenga, parece que, con su acercamiento a Putin, Trump admite que, a pesar de su superioridad económica, Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial y, en cualquier caso, ha renunciado a la pretensión política de ser una potencia hegemónica. La guerra de Ucrania no ha hecho más que acelerar la reconfiguración de las fuerzas geopolíticas: el innegable ascenso global de China y los éxitos a largo plazo del ambicioso proyecto de la Ruta de la Seda de un Gobierno chino con una estrategia inteligente, las ambiciosas pretensiones de la India, su rival, y, por último, las crecientes ambiciones políticas mundiales de potencias medianas como Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí y otros países. La región del Sudeste Asiático está experimentando cambios similares. No es casualidad que la publicación de obras sobre el reordenamiento de un mundo multipolar haya aumentado de manera notable en la última década. Este cambio en la situación geopolítica, solo agravado por la división de Occidente, sitúa el actual rearme de la República Federal de Alemania en una perspectiva muy diferente a la que sugieren las especulaciones sobre una amenaza actual de Rusia hacia la UE.

En mi opinión, el clima anímico en Alemania, impulsado también por una formación de opinión política unilateral, se ha dejado arrastrar al remolino de una hostilidad recíproca frente a la agresión. Por supuesto, la última resolución del Parlamento alemán cesante es también una señal inequívoca de determinación para no permitir que Ucrania sea víctima de un acuerdo adoptado sin su consentimiento. Pero el rearme alemán, planificado a más largo plazo, persigue sobre todo otro objetivo: los países miembros de la Unión Europea deben reforzar y unir sus fuerzas militares, porque de lo contrario dejarán de contar políticamente en un mundo en proceso de cambio geopolítico y en desintegración. Solo siendo una Unión con capacidad de actuación política autónoma los países europeos podrán hacer valer de forma efectiva su peso económico global común en defensa de sus convicciones normativas y de sus intereses.

Desde Merkel, Alemania ha castigado con ignorancia los esfuerzos de Francia

En este contexto, se plantea una cuestión de la que nadie ha hablado hasta ahora: ¿puede la UE ser percibida a escala global como un factor de poder militar independiente mientras que cada uno de sus Estados miembros pueda decidir soberanamente, en última instancia, sobre la estructura y el uso de sus fuerzas armadas? Solo con capacidad de acción colectiva, también en lo que respecta al uso de la fuerza militar, ganará independencia geopolítica. Esto, por supuesto, plantea una tarea del todo nueva para el Gobierno alemán. En efecto, tendrá que superar un umbral político de la integración europea que el Gobierno alemán bajo Schäuble y Merkel siempre insistió en evitar, por no hablar de la ignorancia y la pasividad del Gobierno de coalición tripartito en materia europea. ¡Y todo ello en el contexto de los esfuerzos que Francia, nuestro vecino, lleva realizando desde hace muchos años!

Por razones históricas comprensibles, los Estados miembros nuevos y no tan nuevos del este y noreste de la Unión Europea que más reclaman la fortaleza militar son precisamente los menos dispuestos a ello. Por lo tanto, en este caso también, la cooperación más estrecha que los tratados de la Unión permiten a las partes dispuestas de entre sus miembros tendrá que partir más bien de los países del núcleo histórico de la UE. Una enorme tarea en la que Friedrich Merz podría crecer de forma inesperada, precisamente porque la confianza de la población en su capacidad de liderazgo no es que sea abrumadora.

Pero la ola de rearme está provocando reacciones muy diferentes. Y no solo de los de siempre, que celebran el nacionalismo, ya superado históricamente, como si fuera una virtud atemporal, sino también de los políticos que quieren reanimar a una juventud, que con buenas razones ya es posheroica, recuperando el servicio militar obligatorio. Y esto en países que, por buenas razones, casi todos hace tiempo que abolieron o suspendieron el servicio militar obligatorio. En esta abolición del servicio militar obligatorio se refleja un proceso de aprendizaje con el trasfondo de la historia universal, a saber, la convicción, nacida en los campos de batalla y en los sótanos de la Segunda Guerra Mundial, de que ese ejercicio asesino de la violencia es inhumano, aunque, sin duda, esta solución última de los conflictos internacionales, desde el punto de vista político, sin duda solo pueda ser abolida paso a paso. Me asusta ver desde qué sectores, de manera irreflexiva o incluso expresamente con el objetivo de reavivar una mentalidad militar que se creía superada con razón, se está apoyando al Gobierno alemán, que ahora se dispone a llevar a cabo un rearme sin precedentes del país.

Las razones políticas que he mencionado para justificar el fortalecimiento de una fuerza militar disuasoria común de la Unión Europea solo las puedo defender bajo la reserva de que se dé un paso adelante en la integración europea. Para justificar esta reserva debería bastar la idea con la que se fundó y se construyó la antigua República Federal de Alemania: ¿qué sería de una Europa en cuyo centro el Estado más poblado y con mayor poder económico se convirtiera además en una potencia militar muy superior a todos sus vecinos, sin estar integrado de forma obligatoria por el derecho constitucional en una política exterior y de defensa europea común sujeta a decisiones mayoritarias?