viernes, 21 de julio de 2023

Un caso de burocracia privada, divertido si no fuese real

 Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- Cuando se critica la burocracia se está criticando a los empleados públicos, considerando que por el hecho de serlo son torpes, retardatarios o maliciosos. Una leyenda negra, porque existe lo que podría llamarse “burocracia privada”, que vuela bajo el radar de las críticas. Lo ilustraré con lo que me sucedió ayer, y que refleja que no es un problema de ser o no funcionario, sino de ser idiota o no serlo.

Veamos ese sucedido. Lo expondré en tono lúdico aunque con hechos totalmente reales. Hace tres días me telefonearon de la empresa de transportes Nacex, y con amabilidad un empleado me indicó que no habían encontrado a nadie en mi domicilio para recoger un paquete a mi nombre y que, si no me importaba, lo dejarían en un establecimiento cercano que actúa de centro suyo de recogida. Me personé ayer en el local, que era un cruce de locutorio y bazar chino, y paso a relatar fielmente lo sucedido:

– Buenos días. Vengo a retirar un paquete depositado a mi nombre por la empresa Nacex.

Un individuo de unos cuarenta años, con aspecto físico de Torrente, el de las películas, me respondió desde el interior de un mostrador, donde estaba sentado en una silla frente a un ordenador:

– Sí, este es el punto de recogida de Nacex.

En ese preciso momento, vi a sus espaldas un paquete con el formato de mi envío (una revista de El Consultor), así que le digo sonriendo:

-Creo que es ese que tiene usted a sus espaldas. Lo reconozco.

El individuo se volteó, tomó el paquete y lo miró con atención de desactivador de explosivos, para proclamar:

– José Ramón Chaves García.

-Ese soy yo. – Asentí con la cabeza.-

Torrente puso el paquete a su lado, miró el ordenador y dijo:

– Pues no puedo dárselo. No está en mi lista.

– No sé de qué lista se trata— Repuse sonriendo—, pero es mi paquete y vengo a recogerlo identificándome con el DNI, así que puede dármelo.

– No – me miró como si le hubiese apuntado con una pistola- No puedo dárselo porque su nombre no figura en la lista de los que tienen listos sus paquetes para recogerlo. No es posible.

– Oiga – Mi voz se elevaba. – La empresa NACEX me telefonea y me envía un SMS en que me indica que puedo recoger aquí mi paquete ( levanté mi móvil para enseñárselo); el paquete va a mi nombre, no suyo ni del vecino; y estoy identificado. ¿Qué problema hay?

– No puedo dárselo. No está en mi lista, y cruzó los brazos.

Sin duda ese mequetrefe no estaba en la lista de los listos. Ni que su lista fuese el censo electoral para poder votar.

– ¿Por qué? Dígame una razón.

– Porque no está en mi lista y si se lo doy, y más adelante está en mi lista, y vuelve a buscar su paquete, yo no podré dárselo y me buscaré problemas.

– Pero, ¡óigame! – intenté buscar la sutura de la lobotomía de su cerebro– ¿Tengo aspecto de ir pidiendo paquetes que ya he recibido a la misma persona que me lo ha dado?,¿Quiere que le firme una declaración jurada?…

-Lo siento. No está en mi lista.

Me debatí entre las lágrimas y el impulso homicida. Aunque ningún juez me condenaría, me contuve. Estuve a punto de decirle que él estaba en la lista de los imbéciles, en lugar destacado, pero le dije:

-¿Puede usted llamar a Nacex y aclarar la situación?

– No – Tiene que ser usted el que los llame y que ellos lo incluyan en mi lista, caballero.

Acertó en lo de “caballero”, porque las máquinas de coca-cola si no funcionan las zarandeas o golpeas como desahogo, y en cambio opté por considerar que la inescrutable justicia divina me estaba haciendo pagar por algún error del pasado. Así que Apoyado en el mostrador y mirándole airado, llamé a NACEX. Tras hablar con una computadora (Pulse 1, si desea información, etcétera; al no decirme la voz pregrabada qué número debía pulsar para alertar a la empresa de que habían contratado a un capullo, Pulsé “Cualquier otra incidencia”).

Por fin, una voz humana me escuchó el caso y me dijo: ”Basta con que usted se identifique con el DNI y se lo tiene que dar”. Le repliqué:

-Le acabó de explicar a este guardián de listas que estoy identificado y se niega.¿Por qué no habla usted con él?

El empleado de NACEX al otro lado del teléfono me dijo: “Aguarde, que voy a pasarle con un compañero”.

 ¡ Y me ponen una musiquita interminable! Mientras Torrente parecía afanarse en unos papeles (tengo fundadas razones para pensar que los barajaba pues ya tenía también razones para pensar que no sabía leer, visto lo visto).

Transcurridos quince segundos estallé:

– ¡ A tomar viento…! (Los italianos tienen una expresión muy bonita: e poi vaffanculo).

Y me fui.

Suelo ser muy tolerante, pero se ve que soy tan imperfecto que pierdo los estribos ante los imbéciles. Sacan lo peor de mí. Eso me hizo pensar en lo bonito que es mi país que tolera inútiles asumiendo responsabilidades que les quedan grandes, pero también pensé en la fortuna de que el tal Torrente no fuese funcionario, porque poco favor haría a la cosa pública. No quiero imaginarle en la sanidad pública e informando al paciente de que “aunque traiga los dientes en su mano rota, no pueden atenderle porque no está en la lista”.

En fin, quede lo dicho, para que pensemos en la gran lotería para que te atienda alguien sensato en el ámbito privado o público. Y para que pensemos en la legión de empleados públicos que calladamente, con discreción y eficacia nos atienden cada día, como reflejé en mi ensayo titulado “Ser funcionario en tiempos difíciles. Motivos de orgullo y claves de supervivencia” (Wolters Kluwer,2019). Creo que una lectura amena, cargada de citas y anécdotas… y actualidad. Pero lo auténticamente bueno, es haberme desahogado aquí de mi mala experiencia, y haber comprendido lo dicho por Einstein: «Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro».

martes, 18 de julio de 2023

El gobierno retira medallas del mérito en el trabajo a Franco y otros altos cargos

Se aprueba, siguiendo el mandato del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, 70 años después de que se concediera.

EVA BELMONTE. Fundación Civio.- El BOE del 18 de julio recoge nueve decretos que retiran medallas del mérito en el trabajo concedidas a miembros de la dictadura franquista. La más relevante es la concedida al propio dictador, Francisco Franco. En su caso recibió una condecoración especial, creada en su honor: la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo, que hoy se le retira. Fue el 18 de julio de 1953. Hoy, mismo día pero 70 años después, llega al BOE su revocación.

También se anulan las que recibieron otros ocho altos cargos de la dictadura: Enrique Pla i Deniel, José León de Carranza y Gómez-Pablos, José Luis de Arrese Magra, José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, José Solís Ruiz, Juan Yagüe Blanco, Jesús Romeo Gorría y José Antonio Girón de Velasco.

Esta retirada de medallas se aprueba siguiendo el mandato del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, que establece que “las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión”.

lunes, 10 de julio de 2023

LA JUVENTUD ATRACADA (O EL FRACASO DEL PACTO INTERGENERACIONAL)

 "Al final, detrás de este populismo fiscal, se esconde la realidad, que no es otra que el atraco fiscal a los jóvenes (…) Los déficits recurrentes (…) unido al aumento de los gastos asociados a la edad, constituyen un atraco perfecto a los jóvenes” (Conde-Ruíz/Conde Gasca, p. 115)

“La generación de mayor edad (…) tendrá que sostener a la generación más numerosa de personas de edad avanzada que jamás haya existido” (Minouche Shafik, p. 215).

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- En mi visita solidaria (aún haré más) a la Librería LAGUN, de la que era (aún soy) cliente habitual, antes de su inminente cierre como consecuencia continuada del descenso implacable de las ventas, un espacio cultural que desaparece de una ciudad que en tales cosas (y en otras tantas), dentro de su aparente éxito y glamour, declina a ojos de quien esto escribe, adquirí –entre otros- el libro recientemente aparecido en el mercado editorial La juventud atracada. Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes (Península, junio, 2023). Sus autores son José Ignacio Conde-Ruiz, reconocido economista, y su hija Carlotta Conde Gasta, estudiante de Físicas. Como es obvio, el peso principal de la primera redacción corrió a cargo del padre y la adaptación (relativa, como cuando se escribe sobre un tema tan prosaico como es la economía) fue obra de la inteligente mano correctora de su hija para hacerlo legible por las personas de su edad, que también redactó el capítulo relativo a “¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros jóvenes”, un tema trascendental del que se ha ocupado incisivamente el historiador Philipp Blom en sus dos últimas obras traducidas en España (Lo que está en juego y El gran teatro del mundo), siguiendo las tesis y predicciones sobre el Apocalipsis climático expuestas en su día por el maestro Bruno Latour (¿Dónde aterrizar?).

La juventud atracada es un libro que desde su dedicatoria a sus constantes llamadas en el texto va dirigido a los jóvenes, a los que cabe recomendar encarecidamente se sumerjan en sus interesantísimas páginas, pues a partir de ellas podrán conocer cabalmente cómo a su generación (ya sea a los millennials más jóvenes o a los de la generación Z) se les está hurtando su presente y futuro existencial. Aunque, en verdad, tendrían que leerlo también los mayores o viejos, llámesenos como se quiera, así como todos aquellos que se aproximan o se acercan a la jubilación, pues este trabajo pone de relieve el fracaso más absoluto en España a la hora de establecer un pacto intergeneracional, cuyas causas son innumerables, pero que los autores sitúan principalmente en lo que denomina “la demografía política”, cuyo datos actuales y los que vendrán son sencillamente letales para los jóvenes, pues las capacidades de imponer su agenda sobre las de los mayores o viejos es, hoy por hoy, imposible.

Una política cada vez más populista (siempre me ha gustado por su acierto la expresión del profesor Conde-Ruiz de populismo fiscal, que rememora las expresiones galdosianas de “la olla presupuestaria” o del “presupuesto como restaurante nacional”) sabe donde tiene sus nichos electorales, y el más importante cuantitativamente hablando es el de los jubilados, que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Tampoco cabe olvidar al nicho de los empleados públicos que también se computa por millones (aunque menos), si bien este no se aborda en el libro, aunque condiciona una parte importante del gasto público con no pocas medidas (algunas muy recientes también) de populismo fiscal. El peso de los votantes mayores de 65 años, en efecto, irá creciendo desde el 25 por ciento actual (frente al 21 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años), hasta situarse en el 37 por ciento en 2050, con lo cual nuestra tradicional política arrugada y “menuda” (concepto también galdosiano) seguirá haciendo esos juegos malabares con la pretendida reforma del sistema de pensiones para seguir haciendo esas reformas que tanto nos gustan propias de “El gatopardo: cambiar todo para que no cambie nada”.

El argumento central de los viejos está bien recogido en las primeras páginas del libro: “Ahora también somos muchos votantes. ¿Qué político de turno va a proponer algo que nos incomode? Estamos tranquilos: ya pueden llegar nuevos partidos políticos que aquel al que se le ocurra cambiar las cosas para perjudicar al estrato más numeroso no saldrá elegido”. Y esta es, en efecto, una de las claves del problema tratado. No la única ni mucho menos, pues el libro es muy rico al abordar aquellos temas que hipotecan a los jóvenes y condicionan su existencia futura en este país llamado España. Así, el dato ya citado de la letal demografía política, con un índice actual de fecundidad de 1,13 hijos, de las más bajas del mundo (lo que conllevará que en 2050 haya tres personas trabajando para sostener, algo imposible, a dos pensionistas), pasando por un capítulo como es el relativo a cómo se reparte el gasto público, o poniendo el foco en el gasto en pensiones que hipoteca (e hipotecará, de no corregirse) el margen fiscal para invertir en políticas palanca de inversión (educación, crisis climática, vivienda, etc.), absolutamente desatendidas o con una dedicación fiscal infinitamente más baja que no equilibra ni de lejos el brutal crecimiento del gasto en pensiones.

No cabe duda que frente a los cantos de sirena de la necesaria reconfiguración de un nuevo pacto social que tome como uno de sus ejes el pacto intergeneracional (tal como describió magistralmente Minnouche Shafik, en su imprescindible obra Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social, Paidós, 2021: ), en España la justicia intergeneracional la estamos olvidando por completo ahogada –como señalan los autores- en un “egoísmo generacional” y en un populismo fiscal (por unos y por otros) de vía estrecha incapaz de ir más allá de sus narices, endosando a las generaciones de jóvenes y a las venideras el relativo bienestar presente de los actuales ciudadanos, mayores o viejos (y de los funcionarios), por el que los actuales jóvenes deberán pagar una elevada factura, que se añadirá a la que hoy ya pagan por la baja inversión en educación y en vivienda, lo que hace materialmente imposible en muchos casos su emancipación y los condena a la precariedad existencial, sin apenas empleos fijos (de verdad) y cobrando menos que sus familiares jubilados.

El libro está plagado de interesantes reflexiones, muchas de ellas ya recogidas en las innumerables contribuciones académicas del profesor Conde-Ruiz. Entre ellas cabe destacar, un tanto aleatoriamente, las siguientes: “El estado del bienestar es una gran familia: si los jóvenes no están bien preparados y además no son suficientes, no van a poder hacerse cargo de pagar las pensiones de todos los mayores” (…); “La emisión de deuda debería usarse para momentos de recesión o para afrontar situaciones excepcionales, y no para pagar los gastos corrientes que las generaciones actuales no quieren pagar” (…); “Los jóvenes no se están beneficiando de este gasto que van a tener que pagar en el futuro, pues el déficit actual se explica porque los mayores no quieren pagar los impuestos necesarios para hacer frente a los gastos que demandan del Estado” (…); “En estos momentos, casi el 50 por ciento del gasto total se destina a programas que favorecen a los mayores y, si nos centramos en la protección social, el 82 por ciento de las transferencias va a la edad o a los mayores; “Sabemos que la gerontocracia es creciente y cada vez tendrá más peso en las elecciones: o bien conseguimos que miren más allá de su ombligo, o acabarán por extraer todo el margen fiscal disponible a través de un gasto en pensiones cada vez mayor (en el año 2023, el gasto social ha aumentado 26.000 millones, de los cuales más de 20.000 constituyen un incremento en la partida de pensiones)”. Y cierro esta serie con esta sensata reflexión sobre una sociedad aclimatada al Carpe diem e ignorante del futuro: “Si no parece importarnos el bienestar de los jóvenes actuales, que al fin y al cabo son nuestros hijos o nietos, ¿cómo nos va a preocupar el de las generaciones que aún no han nacido?”

El libro concluye con una batería de soluciones (“Cómo podemos ayudar a los jóvenes”) entre las que cabe destacar la propuesta de aumentar el altavoz político de los jóvenes, la introducción de reglas fiscales a favor de la equidad intergeneracional y potenciar que el plan europeo Next Generation EU no se termine convirtiendo (el riesgo es evidente) en un Old Generation, pues de no adoptarse medidas inmediatas y efectivas los jóvenes (con mayor talento, que son muchos) terminarán “votando con los pies”, y marchándose a otros países, para que mientras tanto esta pobre España y su inútil política intente resolver vanamente sus problemas (en verdad, seculares) de su imposibilidad de reformar absolutamente nada, y donde (casi) nadie mira al largo plazo y la vulgar política que nos invade menos.

En fin, lean este libro que, aun siendo formalmente de divulgación, es una excelente puerta de entrada a los problemas económico-financieros de España y sobre todo cómo tales (malas) decisiones políticas y fiscales salpican en la cara de nuestros jóvenes, a los que los gobiernos, la sociedad, y la legislación, los están maltratando y, peor aún, ofreciéndoles un futuro encadenado a pagar la fiesta que sin ningún pudor ahora nos estamos dando a cuenta suya.

ADENDA. ELOGIO A LAS LIBRERÍAS: Y eso sí, cuando lo compren, si lo hacen en formato de papel (y no en e-book), acudan a las librerías más próximas para adquirirlo. Es la única forma de salvar esa destrucción aparentemente intangible de los espacios de cultura ciudadana que son las librerías y sus libreros. Nada como interactuar con ellos y ver con nuestros propios ojos, amén de tocarlos, los propios libros; abrirlos, acariciarlos, hojear sus contenidos … Cuando tales librerías desaparezcan de verdad, los ciudadanos seremos más estúpidos y menos cultos, más ensimismados y con menor capacidad de comprensión, por mucha digitalización que tengamos “tan a mano”.

En palabras de Dante, recogidas por Roberto Casati (Elogio del papel. Contra el colonialismo digital, Ariel, 2015, p.110): “No fuisteis creados para vivir dispersos”.

domingo, 9 de julio de 2023

Elisa de la Nuez: Pactos posibles y pactos necesarios

"Parece que por una especie de maldición bíblica estamos condenados a un bibloquismo estéril, del que nacen inevitablemente gobiernos débiles, rehenes de sus respectivos extremos ideológicos" 

Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Hay Derecho blog.- El pequeño revuelo organizado en torno a las declaraciones de Felipe González sobre la conveniencia de los pactos entre los grandes partidos en la presentación del muy interesante monográfico sobre pactos de la Nueva Revista pone de relieve, una vez más, la enorme distancia que media entre las reflexiones de expertos, ex políticos y ciudadanos de a pie sobre la necesidad  o incluso la urgencia de pactos transversales sobre lo que podríamos llamar “cuestiones de Estado” o más modestamente reformas estructurales y la realidad del debate político actual, y más en tiempos de campaña electoral.

Efectivamente, parece que por una especie de maldición bíblica estamos condenados a un bibloquismo estéril, del que nacen inevitablemente gobiernos débiles, rehenes de sus respectivos extremos ideológicos -incluidos los partidos que impugnan directamente el consenso constitucional- y que tienden al ruido incesante y a una gestión ideologizada y profundamente inoperante particularmente en torno a las banderas de las guerras culturales o identitarias. Esto no sólo lo hemos vivido en esta última legislatura en el gobierno de coalición, con ejemplos clamorosos de incompetencia técnica e ideologización extrema en el Ministerio de Igualdad, sino que ha sido y es la tónica en los gobiernos independentistas catalanes. Y también ha hecho su aparición también en otros gobiernos autonómicos de la mano de Vox. Es la amenaza que se cierne ahora mismo sobre varios gobiernos regionales tras las elecciones del 28M a la vista de la imposibilidad de pactos más transversales no ya sólo formar Gobierno sino, sencillamente, para abordar temas complejos puntualmente.

Por último, es el marco casi por defecto de los debates políticos en nuestros medios de comunicación, hasta el punto que decir algo tan obvio como que otro tipo de pactos son mucho más necesarios y más deseables para salir de la inercia y del estancamiento y abordar las reformas estructurales pendientes en España desde ya más de dos décadas parece una excentricidad.  Algo que parece de un elemental sentido común cuando todos los indicadores apuntan a un estancamiento (cuando no a un empeoramiento) en muchos ámbitos, desde el económico hasta el institucional, pasando por la educación o la sanidad.

Efectivamente, en productividad y renta per cápita no hemos mejorado absolutamente nada desde finales del siglo pasado. En calidad institucional y lucha contra la corrupción empeoramos empeorando lentamente año tras año, como constatan los estudios internacionales. Lo mismo ocurre con la desigualdad. Nos estamos alejando de los países más prósperos y avanzados de Europa e incluso nos superan países que se han incorporado mucho más tarde a la Unión Europea, como los países bálticos y algunos del este de Europa. Los indicadores de Portugal mejoran, los nuestros no. Como ya dijo Carlos Sebastián hace muchos años en su libro del mismo título, España se encuentra estancada. O, puesto en palabras del reciente estudio de Funcas dirigido por Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez después de un primer impulso la sociedad civil española ha entrado en una larga pausa o, si se prefiere, en una relativa decadencia.

Miremos donde miremos es fácil ver los síntomas, ya hablemos de educación, de sanidad, o de unas Administraciones Públicas que empiezan a hacer aguas, acumulando problemas de gestión y de capacidad muy evidentes que empiezan a impactar en la ciudadanía de manera muy directa, ya se trate de tramitar las pensiones, el ingreso mínimo vital, la simple homologación un título, o cualquier otra gestión relativamente sencilla y vital para un ciudadano, por no hablar de la imposición de una cita previa abiertamente para realizar muchos de estos trámites que es abiertamente ilegal. Por lo demás, es un secreto a voces que los empleados públicos no han vuelto a los niveles de actividad previos a la pandemia, por decirlo elegantemente. También hay que recordar las plantillas están muy envejecidas y que no dispone de muchos perfiles que serían críticos para prestar servicios con eficiencia, como los analistas de datos. A cambio, eso sí, seguimos reclutando auxiliares administrativos como en 1980.

En mi opinión lo más importante, aunque quizás es menos vistoso, es la incapacidad creciente por parte de cualquier gobierno de gestionar con una mínima competencia y de afrontar políticas públicas transformadoras que, inevitablemente, exigen amplios consensos, capacidad suficiente y plazos más o menos largos para dar frutos. Ya hablemos de sostenibilidad de pensiones, de cambio de modelo productivo, cambio climático, reforma de las Administraciones Públicas, de justicia, de educación, de brecha generacional, de la España vacía, de igualdad -o de lo que cada lector prefiera- ninguno de estos grandes problemas estructurales se puede abordar con unas mínimas garantías de éxito por un solo partido, o por un solo bloque ni a golpe de legislación improvisada y con falta de calidad técnica. Es imprescindible el consenso, el manejo sosegado de los tiempos -esto no va de una legislatura–y la voluntad de aunar todo el talento disponible. Desgraciadamente, no parece que ni nuestra clase política ni nuestros medios de comunicación estén en esa pantalla, como se dice ahora.

Precisamente lo que vemos es todo lo contrario; griterío, frivolidad, incompetencia y un debate público profundamente viciado. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a la situación que no nos damos cuenta de que no es normal que la campaña electoral (y ya todo es campaña electoral) se desenvuelva en torno a comparecencias del presidente del Gobierno en medios que él mismo califica de “hostiles” (suponemos que los demás serán “afines”) para reivindicar no ya su gestión sino su persona. O que el líder de la oposición rehúya los debates electorales o sobre políticas públicas. Tampoco que las entrevistas a uno y otro se hagan en programas de entretenimiento con un formato muy poco adecuado para el discurso político serio. No podemos sorprendernos, por tanto, que la conversación pública gire en torno al último tuit ocurrente o disparatado lanzado muchas veces por los propios partidos. La democracia sentimental (por usar la terminología de Arias Maldonado) consiste, al parecer, en impedir la existencia de un debate público debate mínimamente racional e informado sobre las cosas que de verdad importan.

En ese sentido, el debate electoral se parece más a una especie de combate existencial, donde sólo hay blancos y negros, sin matices. El adversario político es el enemigo a batir o incluso a veces el Mal (así con mayúsculas) con el que hay que acabar como sea, dado que su posible victoria se percibe agónicamente como una amenaza ontológica. De ahí que se actúe en consecuencia: todo vale cuando la propia supervivencia (política, se entiende) está en juego, incluida la instrumentalización de las instituciones de todas puestas descaradamente al servicio de intereses de partido. Proliferan los discursos reduccionistas y profundamente irracionales, fundados en el miedo, una de las emociones más primarias y más destructivas de los seres humanos. La polarización afectiva es un terreno abonado para las guerras culturales y dificulta los pactos y acuerdos transversales, que pueden verse como “traiciones” por parte de un electorado convenientemente enfervorizado.

No obstante, conviene advertir que la polarización en España es un fenómeno “top-down”, es decir, viene de arriba abajo y es una estrategia esencialmente partidista, que ha sido frecuente épocas electorales pero que ahora se ha enquistado. La realidad es muy diferente: en España existen grandes consensos sociales, por ejemplo, sobre el Estado del bienestar, la necesidad de hacer frente al cambio climático, la conveniencia de mejorar la sanidad y la educación públicas, la igualdad de género, etc, etc. En este sentido, los datos que pone de relieve Juan José Toharía en el ejemplar de la Nueva Revista dedicado a los pactos al que me he referido al principio son muy impactantes. No sólo el 84% de los ciudadanos consideran que los actuales políticos y los partidos son un problema, sino que la mayoría son muy favorables a los acuerdos y pactos entre partidos, poniéndose de manifiesto una más que notable discrepancia entre lo que la clase política cree que piensan sus electores y lo que éstos realmente piensan y desean.

En ese sentido, según los datos que ofrece su empresa Metroscopia, la ciudadanía considera que la propensión a dialogar y negociar debe ser permanente y generalizada, no circunstancial y puntual. El 65% piensa, además, que es un signo de madurez política y de responsabilidad. Dicho de otra forma, la ciudadanía no comparte la actitud profundamente antidemocrática de sus representantes de estigmatizar al adversario político como enemigo con el que no se puede llegar a acuerdo alguno. La sociedad está por los pactos, los políticos no. La conclusión, ante unas elecciones generales, es bastante sencilla: nos corresponde a los ciudadanos hacer ver que los pactos transversales sobre cuestiones sobre las que existe un amplio consenso, no sólo son necesarios, sino que deben de ser posibles.

jueves, 6 de julio de 2023

Aviso para navegantes inminentes Altos Cargos: el caso del director general que no miró bajo la alfombra

ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ, Fiscalización.es blog EN EL CASO DE..., TRIBUNAL DE CUENTAS

Hoy comentamos la última Sentencia publicada por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de España. Me la señala Julio García Muñoz, director profesional del Master On line en Auditoría del Sector Público de la Universidad de Castilla La Mancha, quien anda preparando el próximo curso académico que tanta demanda tiene entre funcionarios del mundo del control (en periodo de preinscripcion) y donde solemos comentar este tipo de resoluciones con los profesores invitados, empleados también del propio Tribunal. Vamos a ello.

Se trata de la Sentencia 6/2023 dictada por Departamento Tercero de Enjuiciamiento, donde se condena a un director general por falta de diligencia en la prescripción de un reintegro de subvención.

La Junta de Andalucía había otorgado una subvención nominativa para sufragar los gastos de un proyecto de investigación de una asociación empresarial sin ánimo de lucro, por importe de 1.874.277,39 euros, en tres pagos, de 624.759,13 euros cada uno, durante los años 2008, 2009 y 2010.

La Orden que establecía las normas de justificación preveía que la documentación justificativa se debía presentar ante la Dirección General de Universidades, en un plazo máximo de treinta meses, a contar desde la materialización de cada uno de los pagos de la subvención.

El plazo de justificación concluyó el 14 de enero de 2013, presentándose la correspondiente documentación justificativa. En 2014, de la Secretaría General de Universidades solicita al beneficiario información adicional sobre el carácter de determinado personal vinculado al proyecto subvencionado.

En 2018, transcurridos más de 4 años desde la presentación de la justificación, se notificó a la entidad beneficiaria un requerimiento para que subsanara las incidencias detectadas en la documentación presentada. El escrito contestando al requerimiento de subsanación invocó la prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar un posible reintegro de la subvención. Pura economía procedimental pero el inicio de un calvario administrativo para quien era entonces el secretario general de Universidades.

En efecto, por resolución de la Secretaría General de Universidades, en 2020, se declaró la prescripción del derecho a reconocer el reintegro parcial de la subvención por el importe no justificado (26.523,30 euros), porque no constaban evidencias de que se hubieran interrumpido los plazos de prescripción entre el 28 de marzo de 2014 (fecha en la que el beneficiario realizó la última actuación fehaciente conducente a la liquidación de la subvención o del posible reintegro) y el 24 de abril de 2018 (fecha en la que se le solicitó la subsanación de las deficiencias detectadas).

El titular de la Secretaría General de Universidades tiene la competencia para la resolución de los procedimientos de concesión y reintegro de subvenciones de la Consejería.

De nada sirvió que el informe de la Secretaría General de Universidades actual -en 2022- argumentara que la actividad subvencionada se ejecutó y se consiguieron los fines que constituían el objeto del proyecto subvencionado.

Para el Consejero del Tribunal de Cuentas “resulta obligado concluir que si la Secretaría General y, en concreto, su titular, hubiera revisado en tiempo y forma la información y documentación presentada, podría haber exigido a tiempo el reintegro de la subvención, pues no había quedado justificada en su totalidad por la entidad beneficiaria, incumpliendo la obligación de justificar el empleo de parte de los fondos públicos recibidos, contra lo establecido por el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvencione, cuyo apartado 8 especifica “El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro”.

Téngase en cuenta que el beneficiario en ningún momento cuestionó, ni puso de manifiesto que no procediera el reintegro de la subvención, sino que “había prescrito el derecho de la Administración a exigirlo”.

Aterriza como puedas

Un tema que incomoda a cualquier lector de la sentencia es que el demandado no desempeñaba el cargo durante el primer año y cuatro meses, cuando se inició el plazo de prescripción del derecho al reintegro y argumenta que tampoco fue advertido para que llevara a cabo la justificación de la subvención, ni tampoco de la prescripción del derecho de reintegro de la subvención concedida. Además, la Orden de 2015, que determinaba sus competencias, se refiere exclusivamente a la resolución de las subvenciones y no al control de su reintegro, sin que puede inferirse que tuviera la obligación de interrumpir la prescripción del derecho al reintegro.

El Consejero que sentencia no acoge esos argumentos, pues “resulta indudable que es el responsable del control de la justificación de la subvención y de haber realizado actuaciones que interrumpieran la prescripción del derecho a su reintegro”, concurriendo en él, en los términos acuñados por la Sala de Justicia del Tribunal, la condición de cuentadante que además dispuso de más de dos años para ejercer sus competencias en materia de subvenciones, durante los cuales los funcionarios de la unidad pudieron haber ordenado los expedientes, revisado la documentación y requerido, en su caso, la información adicional precisa para exigir la justificación o solicitar el reintegro de las cantidades concedidas en el supuesto de que se incumpliera aquélla. Era Secretario General cuando se produjo la prescripción del derecho a exigir el reintegro de la subvención: es decir, cuando se produjo el daño efectivo a los caudales públicos de la Junta de Andalucía. Interesante: el que está sentado en el sillón ese día paga el pato.

Tampoco acoge el Tribunal las deficiencias de personal y en los medios informáticos que se alegaron, que deberían haberle llevado a un ejercicio diligente de sus funciones, sustituyendo los sistemas de control informáticos inexistentes o deficientes por otros que hubieran suministrado la información necesaria para evitar la prescripción del derecho a exigir el reintegro parcial de la subvención.

Estas precarias circunstancias no han quedado desvirtuadas por la prueba testifical aportada al proceso. El traslado de la sede que exigió realizar cajas con toda la documentación física que integraba los muchos expedientes existentes por proyecto, que en muchos casos llegaron a la nueva sede desordenados. La escasez de personal de la Secretaría General y la falta de cualificación del mismo para el desarrollo de las actividades a desempeñar, que originó la contratación de asistencias técnicas y también, en momentos puntuales, la cesión de funcionarios de otras consejerías, si bien solamente en el ámbito del programa presupuestario por él gestionado. Las muchas competencias que tenía y que actualmente integran por si misma una Consejería.

Reconoce la sentencia que el demandado ejercía sus funciones con total dedicación, disponibilidad, y ofreciendo siempre apoyo y confianza a todo el equipo. Sin embargo, en cuanto comenzó el enjuiciamiento contable desapareció el encanto y se diluyeron las responsabilidades, así que nadie era el personal encargado de realizar el requerimiento de las deficiencias de justificación, y de la invocación de la prescripción por la entidad perceptora de la subvención. Suele ocurrir, así que los tiros van hacia arriba. Lo narra en la Sentencia en base a los testimonios aportados, que coinciden en el compromiso profesional del demandado y en su condición de buen jefe:

La ausencia de documentación digitalizada y los cambios en el personal integrante de la plantilla de la D.G.U. hicieron que fuera una “odisea” la localización de los expedientes. El demandado era un jefe “trabajador”, “diligente”, “involucrado”, “se dejaba asesorar”, y “dialogante” en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, el Consejero que sentencia concluye, de acuerdo con la exigente jurisprudencia del Tribunal de Cuentas,  que hubo una conducta negligente, “puesto que es negligente el que no prevé pudiendo hacerlo o el que previendo no toma las medidas necesarias y adecuadas para evitar el daño (…) No consta en las actuaciones prueba que acredite que se hubiera realizado alguna actuación de comprobación de la justificación presentada sobre el último pago de la subvención hasta el 24 de abril de 2018, fecha en la que se produjo la prescripción del derecho a reclamar la justificación de la subvención. Concurre, por tanto, en la actuación del demandado el requisito subjetivo preciso para considerarle responsable contable directo”.

En atención a todo lo expuesto, declara la existencia de un alcance de 26.523,60 euros en los fondos públicos, del que se declara responsable contable al demandado, junto a los intereses y costas del procedimiento (que no es poco). 

martes, 4 de julio de 2023

Nueva oportunidad para que los interinos estabilicen su plaza sin necesidad de oposición

El Gobierno rectifica y autoriza a las CC AA a sacar a concurso de méritos una tasa adicional de puestos ocupados por temporales

Revista de prensa. Diario Sur.- Los interinos de larga duración, aquellos que lleven al menos tres años ininterrumpidos en su puesto, tendrán una segunda oportunidad para optar a estabilizar su plaza sin necesidad de superar una prueba de oposición, sino solo a través de un concurso de méritos. El Gobierno ha enmendado por la puerta de atrás la ley aprobada a finales de 2021 que permitió de forma extraordinaria pasar a ser funcionario sin necesidad de aprobar un examen. Su objetivo no es otro que reducir la elevada temporalidad que hay en la Administración Pública y que ha sido condenada desde Bruselas.

Sin previo aviso, el Ministerio de Hacienda y Función Pública modificó esta norma para dar este derecho también a aquellos interinos que hubieran suspendido procesos de estabilización convocados durante la tramitación de esta norma y al mismo tiempo abrir una puerta para convocar las plazas que quedaron vacantes en esas pruebas.

Se trata de un cambio que se incluyó en el Real Decreto Ley que se aprobó el pasado martes, pero ni el Gobierno ni el departamento dirigido por María Jesús Montero publicitaron esta revisión de la ley que los sindicatos se enteraron una vez fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma autoriza a las administraciones públicas a sacar a concurso una tasa adicional de plazas ocupadas por personal temporal, de manera previa al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado un proceso de estabilización distinto al contemplado en la ley, algo que varias comunidades autónomas habían solicitado previamente.

Se da la circunstancia de que cuando la Ley de Estabilización del empleo público se encontraba en trámite parlamentario, muchos gobiernos regionales ya tenían convocados procesos de estabilización y, por lo tanto, estos aspirantes no se beneficiaron de los supuestos contemplados en esta norma. Ahora, el Gobierno accede a que esos interinos que habían suspendido o los que ni siquiera lo intentaron puedan presentarse a otro concurso que previsiblemente será más ventajoso para ellos ya que no necesitan aprobar una oposición.

La nueva ley, que pretende reducir la temporalidad en la Administración del 30% al 8% a finales de 2024, establece que las plazas ocupadas ininterrumpidamente por interinos con anterioridad a 1 de enero de 2016 podrán ser convocadas por el sistema de concurso; es decir, sin oposición, por lo que no será necesario superar un examen y solo se valorarán los méritos de los candidatos. Desde Hacienda no saben cuántos interinos podrían beneficiarse de este cambio pero solo en Andalucía son ya 1.000.

Con carácter general, el sistema de selección será el de concurso-oposición, pudiendo alcanzar un 40% de la puntuación total la fase de concurso, en la que se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

Los sindicatos, en contra

Desde Hacienda resaltaron a este periódico que esta medida es «necesaria» para «garantizar ese derecho a quienes cumplían los requisitos» previos a la ley 20/2021 y por ser un compromiso del Plan de Recuperación y de la propia norma, que señala que los procesos de estabilización deben haber finalizado el 31 de diciembre de 2023. Gracias a esta ley se han ofertado más de 500.000 plazas y más de 125.000 personas han estabilizado su empleo en la administración, destaca el ministerio.

Pero a los sindicatos no les convence y advierten que estarán vigilantes de que se convocan esas plazas ya que las administraciones no están obligadas a convocarlas. Así, CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, cargó contra esta «nueva improvisación» del Gobierno que se ha hecho sin consultar con los sindicatos y sin ni siquiera informarles.

Esta organización considera que se trata de «un parche que volverá a generar situaciones de desigualdad ya que las diferentes administraciones no están obligadas a convocar estas plazas y cabe la posibilidad de que algunas no hagan uso de esta tasa adicional». Además, advirtió que esta nueva regulación plantea dificultades a la hora de cuantificar las plazas que deben ir a esa tasa adicional dado que muchas personas que las ocupaban ya han superado otro proceso selectivo. Por otra parte, al tratarse de procesos selectivos de libre concurrencia de personas procedentes de otras administraciones habrá personal interino que no consiga la fijeza.

sábado, 1 de julio de 2023

El gran reemplazo de funcionarios: España afronta una oferta masiva de empleo público tras años congelada

El 82% busca la estabilidad laboral que proporcionan el empleo público, frente al 10% que afirma opositar por vocación de servicio público y el 8% por el salario.

Revista de prensa. Xataka. La Administración pública española afronta una de las mayores renovaciones de su historia. Tras una sequía en las convocatorias de casi una década, las convocatorias para opositar se disparan en 2023 buscando un relevo generacional para un funcionariado envejecido. El perfil de los opositores ha cambiado en los últimos años y revela un cierto hartazgo por la precariedad en la contratación del sector privado.

Jubilaciones masivas inminentes. Uno de los daños colaterales que dejaron las políticas de austeridad que se aplicaron para atajar la crisis económica de 2010 a 2014 fue la congelación de la oferta pública de empleo, con convocatorias mínimas para nuevas incorporaciones, y teniendo como principal objetivo la promoción interna o para cubrir jubilaciones en puestos de relevancia.

Según los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2022, el Cuerpo de Funcionarios del Estado cuenta con 2.731.117 funcionarios. El 20% de ellos tiene más de 60 años y el porcentaje sube hasta el 64% si ponemos el umbral en los 50 años.

Entre los años 2021 y 2023 el cambio de paradigma en la convocatoria de empleo público ha sido total, dando respuesta a una clara necesidad de renovación generacional de unos funcionarios públicos que, en los próximos años, irán jubilándose a razón de 100.000 funcionarios al año.

Una renovación acelerada. El acelerado ritmo de jubilaciones que se cierne sobre las Administraciones del Estado hace que deban cubrirse de forma inmediata ante el riesgo de un déficit de personal en las plantillas que provocaría el colapso de las gestiones públicas.

Esa imperiosa necesidad de nuevos funcionarios públicos es lo que ha provocado que las últimas convocatorias de empleo estatal (OEP) busquen incorporar 31.371 plazas en 2021 y 44.787 en 2022. Se reforzará con la convocatoria de plazas para 2023 que se hará pública en las próximas semanas.

De las 44.787 plazas ofertadas en 2022 solo 22.009 plazas son de nuevo ingreso, mientras que 12.142 plazas serán de promoción interna y 10.637 puestos irán destinados a estabilizar personal interino. Es decir que, de seguir esa tendencia en los próximos años, se incorporarán poco más de 22.000 funcionarios para reemplazar las 100.000 jubilaciones al año que se esperan. El resto de plazas van destinadas a funcionarios que ya forman parte del cuerpo de funcionarios y solo cambian su posición interna.

Empleo estable que huye de la precariedad. Según un estudio de Opositatest, el perfil del opositor ha cambiando en los últimos años, y cada vez hay más candidatos con experiencia laboral en la empresa privada que busca la estabilidad laboral en la administración pública.

Según el estudio, el 78% de los opositores tiene más de 5 años de experiencia profesional, el 51% actualmente tiene un empleo a jornada completa y el 40% cobra entre 1.001 y 2.000 euros. El 82% busca la estabilidad laboral que proporcionan el empleo público, frente al 10% que afirma opositar por vocación de servicio público y el 8% por el salario.

Esta tendencia se ve reflejada en un sector público que viene de una temporalidad superior a la del sector privado. El Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto con una reforma publicada en el BOE bajo la Ley 20/2021 en la que se establece un límite del 8% en la temporalidad del conjunto de las Administraciones Públicas españolas.

Una oportunidad para librarse de la brecha de género. La Administración pública parece ser una buena oportunidad para evitar la brecha de género ofreciendo igualdad de oportunidades y salario independientemente del género. Eso ha hecho que el perfil más habitual entre los candidatos al empleo público sea un 81% de mujeres, con una edad de entre 38 y 50 años (56%) con estudios universitarios (44%) que vive de entornos urbanos (71%).

Cubrir la oposición por la mínima. Pese al aumento en la oferta de plazas públicas, la Administración se contagia de la falta de personal para cubrir determinados puestos especializados adscritos a las categorías A1 y A2.

Según datos de Opositatest, solo el 8% de los opositores que se presentarán en 2023 lo hacen para la categoría A1 que corresponden a puestos de inspector de trabajo y seguridad social, policía o jueces y fiscales. El 14% opositan a plazas para la categoría A2 (profesores, arquitectos locales, etc).

Las plazas con más concurrentes son las que corresponden a las categorías C1 con un 48% que exige bachillerato o un grado técnico superior, y C2 con un 27% para los que se únicamente se necesitan estudios secundarios o ciclos de formación profesional.