Derecho a la información de los concejales

 Por Francisco Sosa Wagner.  espúblico blog.- Derecho a la información de los concejales.  (Sentencia del TS 167/2022 de 10 de febrero de 2022. Ponente, Fonseca-Herrero Raimundo)

Una buena y contundente sentencia esta la del Tribunal Supremo que viene a desbaratar las que procedían del Juzgado y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

En el Ayuntamiento de C. un concejal solicita información acerca de facturas por obras y limpieza en el Pabellón Deportivo, asfaltado de un barrio, contrato de un técnico, así como el extracto de una cuenta bancaria.

El alcalde se opone a ofrecerla con el argumento de que el derecho fundamental al acceso a expedientes y documentos – artículos 23 CE, 77 de la Ley Básica de Régimen Local y  14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento- está condicionado «a que se trate de asuntos a debatir por el Pleno municipal».

Interpuesto recurso por el desairado concejal contra la inactividad del Ayuntamiento a la hora de cumplir las peticiones de información, y en el marco del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, tanto el Juzgado inicialmente conocedor del mismo como la Sala en el recurso de apelación, respaldan a la autoridad municipal dando por bueno que, en efecto, el ejercicio de tal derecho se halla limitado a aquellos asuntos que han de ser considerados en una sesión plenaria.

En la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo las cosas se suceden de manera bien distinta. Para empezar, el Ministerio público se opuso, en su escrito, a la línea argumental del juez y de los magistrados de Cantabria sosteniendo en consecuencia la procedencia de estimar el recurso cuyo interés casacional objetivo había sido admitido en el correspondiente Auto (20 de mayo de 2021).

Está en juego – razonan los magistrados del Alto Tribunal- un derecho fundamental reconocido y amparado por la Constitución: el de participación política contenido en su artículo 23. Referido al ejercicio del cargo de concejal, «está integrado por el derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función». Y hacerlo con eficacia para «satisfacer la confianza legítimamente otorgada por los ciudadanos».

Como el asunto no es nuevo, sino que ha sido ya resuelto en ocasiones anteriores, la Sala recuerda su propia jurisprudencia. Expresiva en tal sentido, entre otras muchas, es la  303/1989 de 19 de julio donde se sostiene que «el núcleo sustancial del derecho  … supone una facultad de acceder a la documentación e información existente, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin añadir ningún otro complemento que exceda del fin de poder estar plenamente informado de todo lo que conste en los diversos servicios municipales» (el subrayado es lógicamente mío).

Este es el busilis de la cuestión. El alcalde se “inventó” un requisito para el ejercicio del derecho a la información de un corporativo que carece de soporte legal. Un atrevimiento que, para desgracia del tal corporativo, fue respaldado – como estamos viendo- tanto por el Juzgado como por la Sala de Cantabria.

Para el Tribunal Supremo no existen dudas y por eso concluye que «a los efectos del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE, el derecho de acceso a expedientes y documentos que materialmente reconocen los artículos 77 de la Ley Básica de Régimen Local y y 14 del ROF, no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos a debatir por el Pleno municipal». Y menos aún «los que vayan a celebrarse en un determinado mes», invento sobre invento al que la sentencia apelada del Tribunal cántabro había otorgado su bendición.

Creo que el Tribunal Supremo establece la doctrina correcta. La función del concejal de la oposición está balizada por las dificultades que el grupo o grupos políticos en el poder van dispersando – a veces con malicia- con ocasión del tratamiento de los asuntos y la resolución de los expedientes.

No la compliquemos artificialmente y, si lo hacen alcaldes a quienes gusta “gobernar como un gerifalte”, como se dice en el Quijote, al menos que no encuentren el amparo de los Tribunales de justicia.

Gestión Pública, la gran asignatura pendiente de la política

 “Los estadistas exitosos se comportan como artesanos que comprenden su medio”. (Isaiah Berlin, El poder de las ideas. Ensayos escogidos, Página indómita, 2017, p. 253)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.-

El desinterés por la gestión de una política cada vez más cosmética

Lo que aquí pretendo exponer es una epidérmica reflexión sobre dos cuestiones que me preocupan desde hace tiempo. La primera tiene que ver con la importancia de la gestión a la hora de hacer política, pero particularmente sobre la necesidad de que, para que una gestión política sea mínimamente exitosa, requiere basarse sobre una buena gestión pública. Y ello, aparte de asentarse en unas condiciones específicas de liderazgo político, solo puede descansar sobre una Administración profesional, efectiva e íntegra. Lejos estamos de ese ideal.

Es cierto que puede haber construcciones de liderazgos políticos más o menos sólidos alejados de los problemas terrenales; pero más temprano que tarde se derrumban como una pirámide de bolas de billar. Una buena política no puede entenderse si no viene acompañada de una gestión pública correctamente alineada y con fuertes capacidades ejecutivas que la hagan operativa. Aun así, erre que erre, la política actual vive inmersa en el ensimismamiento absoluto de la comunicación como eje que (ingenuamente se piensa) todo lo cubre, abandonando casi totalmente la gestión como sustrato nuclear de esa buena política. La burbuja de la comunicación política está bastardeando esa digna actividad hasta límites insospechados y convirtiendo a los partidos y, sobre todo, a sus actores (políticos) en títeres absurdos, papagayos y hasta personajes patéticos, a quienes la ciudadanía inteligente abandona (incluso ya desprecia) a la primera de cambio, sobre todo cuando repiten una y otra vez sin salirse del guion los eslóganes o el “argumentario” político del día cocinado apresuradamente por comunicadores embozados en gabinetes en la sombra que analizan cotidianamente el contexto político-institucional como si fuera un mapa de guerra, cuyo objetivo es exterminar al enemigo y ganar la pírrica batalla cotidiana de la opinión para invertir (o pretender hacerlo) las volátiles encuestas de opinión. Todo lo más, empujados por sus asesores, ven únicamente la gestión como medio de ponerse medallas. Los políticos si adoptan el lenguaje de la gestión es para emitir anuncios a la galería. Error infantil y cansino.

Siempre echo mano de Isaiah Berlin cuando trato de explicar qué es un buen político. A mi modo de ver, su enfoque del problema es insuperable. En uno de sus múltiples estudios (“El juicio político”), el autor letón destaca que una de las capacidades más importantes que ha de tener el político de éxito es el saber práctico. A quienes carecen de esa cualidad, los tacha de ineptos. No vale con ser culto, listo, atractivo, amable o genial, pues es insuficiente, hay que saber traducir la política en acción, pues como recordara Hanna Arendt la acción está en el corazón de la actividad política. Aun así, esa acción debe encuadrarse en los principios y en la ejecución de una buena gestión pública, que con tanta frecuencia se olvida.

En efecto, donde mejor se manifiesta ese saber práctico del político es en el ámbito de la traducción de sus políticas en hechos tangibles y efectivos, que comporten transformaciones y, sobre todo, mejoren la vida de la gente a quienes pretendidamente gobiernan. Lo demás es coreografía y fuegos artificiales, que una vez terminados no queda de ellos más que una capa de humo y cohetes quemados por los suelos. 

Además de ese saber práctico, un estadista (o un político con responsabilidades elevadas) requiere disponer, como también exponía Berlín, de un especial sentido de la realidad, no disfrazarla constantemente ni embozarse en un discurso altisonante lleno, según se esté en el gobierno o en la oposición, de mentiras piadosas o de vaticinios apocalípticos. Y aquí juega un papel esencial la intuición, pues como exponía este autor el oficio de estadista consiste en “el arte de gobernar y de transformar las sociedades”, y el político genial –concluía, a diferencia de quienes son expertos académicos en tales materias- “no pueden enseñar un conjunto específico de reglas”, ya que la “experiencia política es más comprensión que conocimiento”, pues en esa actividad tan volátil y de contornos tan difusos “existe un elemento de improvisación, de tocar de oído, de ser capaz de valorar la situación, de saber cuándo saltar y cuándo quedarse quieto” (El sentido de la realidad, Taurus, 2017). Nada de esto se enseña en ningún sitio, salvo en la arena política y en la práctica política inteligente.

La política se ensalza (y los grandes líderes de la historia así lo acreditan) por los hechos o evidencias concretas que hacen progresar a un país y, en especial, a sus gentes, buscando siempre hacerlas –como decía Pepe Mujica- más felices. Y para lograr tales metas quien piense que se pueden alcanzar sin una auténtica capacidad ejecutiva o de gestión de las estructuras y personas que deben poner en marcha semejantes retos, no ha entendido nada y probablemente nunca lo entenderá. Hará, en este caso política circular para ganar la silla y, una vez perdida, volver de nuevo al mismo juego: cómo recuperarla. Los liderazgos y los gobiernos no solo fracasan por malas políticas, sino también por mala gestión o pésima comprensión de lo que la gestión implica para la propia política.

No basta con vender paraísos terrenales que ninguno de nosotros alcanzará a tocar con los dedos (como decía A. Herzen, “un objetivo que es infinitamente remoto no es un objetivo, es sencillamente un engaño”), tampoco es suficiente –según reconocía Berlin- con pretender como talismán mágico buscar siempre la suerte, también es arriesgadísimo jugar la partida a los fallos del adversario político (aunque en ocasiones puedan tener un papel importante de desenlaces electorales. Los comunicadores políticos y expertos en “asuntos públicos” que abundan por doquier siempre tendrán a mano su catálogo de soluciones contextuales para disfrazar la tozuda realidad de quienes realmente nos gobiernan. Tal vez ganen elecciones, aunque a veces ni siquiera eso, pero lo que realmente nunca consiguen es mejorar la vida de los pueblos y sus gentes. Son especialistas consagrados en vender humo (político) para ensalzar liderazgos no pocas veces artificiales e inconsistentes. Y ejemplos de ellos tenemos por doquier; no es menester recordarlos. La política actual está preñada de mediocridad, a veces alarmante.

Una política burocratizada y endogámica

Y de aquí viene la segunda reflexión: en nuestro contexto político la política se ha burocratizado hasta límites insospechados. La política se ha convertido en un trasiego circular cerrado de cargos públicos sin apenas entrada alguna de talento externo. Todos creen servir para todo, lo cual es falso. Además, la política actual es aburridamente previsible. Inclusive, a quienes nos apasiona esa actividad, nos resulta hoy en día insufrible. Falta frescura, hay carencia absoluta de discurso inteligente y propio, todo se reduce a cacarear consignas y a una batalla por el poder estar (las poltronas) o cómo seguir enchufado al Presupuesto. Se trata de una política cada vez más alejada de los problemas reales, con una concepción endogámica, autista y desgajada de su aparato ejecutivo (Administración Pública), con el que no sabe qué hacer realmente, aparte de invadir groseramente un espacio que no le compete, y anular su (cada vez más escasa) efectividad y capacidad de ejecución. Necesita una urgente refundación, y nadie sabe (e intuyo que tampoco se quiere) cómo hacerla.

Quien piense que un estado, un país, un territorio, una ciudad, saldrán adelante solo con políticos que venden imagen, emociones vanas, palabras huecas o que toda su ambición es colonizar espacios institucionales, tiene mucho de ignorante o, lo que es peor, de temerario o de caimán de una política, de quien todo lo ve desde la atalaya sectaria de la victoria absoluta de su líder (o partido) y el arrumbamiento del contrario. Una política que promueve la impotencia de las estructuras gubernamentales y burocráticas profesionales, termina echándose abiertamente en brazos del mercado para que pretendidamente le resuelva lo que ella no sabe cómo ejecutar (porque no sabe cómo dirigir ni reformar sus propias estructuras de gestión), y probablemente el mercado tampoco (lo cual ya es entrar en un bucle de ineficiencia y hasta incluso a veces de corrupción). El gobierno estatal o los territoriales simulan que gobiernan, pero no lo hacen realmente. Han llegado a un punto que ya no saben cómo gestionar, que es tanto como no saber nada de lo que es la política. Y esto es lo que está pasando, y pasará mucho más en los próximos años si nadie lo remedia: la política, con fuertes dosis cruzadas de cosmética y de endogamia autista aderezada de populismo, lleva tiempo burocratizándose y vaciándose de sentido de la realidad; y, por si fuera poco, está conduciendo, además, irresponsablemente a una descapitalización y desprofesionalización de la Administración Pública que se manifiesta también impetuosamente en una ocupación cada vez más grosera de las instituciones y de los niveles directivos o de la alta burocracia por personas inanes sin formación ni competencias efectivas para el liderazgo ejecutivo o (en el mejor de los casos, si es que algo tienen de esto último) sin margen de maniobra para hacer nada, ya que han sido incorporadas (y serán cesadas) por criterios de confianza (política) o de lealtad mal entendida, proceso que viene acompañado por una concepción cada vez más vicarial y adjetiva de una descapitalizada función pública profesional y un arrumbamiento extendidísimo y letal del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, que también pretende indirectamente de paso beneficiar a los amigos políticos y sindicales incorporados en su momento por el poder de turno. Los efectos inmediatos, pero sobre todo mediatos, si no se atenúa rápidamente esta grave deriva de vaciamiento de las capacidades ejecutivas del Estado en su conjunto, serán irreparables. Y no habrá que esperar mucho para notarlos.

La (eterna) receta: resituar la política supone reforzarla y exige profesionalizar la gestión.   

En consecuencia, no hay otra solución cabal que reforzar la gestión y la profesionalización de la Administración Pública para hacer buena política, lo que comporta (tarea hercúlea) resituar a la política en su esfera natural propia y en el ejercicio de sus verdaderas y transcendentales funciones en el marco de un Estado social y democrático de Derecho que, a diferencia de las democracias  más avanzadas, en España nunca hemos sabido construir de modo efectivo a lo largo de la historia de este país. Todo se ha quedado en formas vacuas. El desnivel que ofrece España en este punto, frente a las democracias avanzadas, es desgarrador. Muy superior ya al que Julián Marías situaba en una generación. Estamos anclados en patologías decimonónicas.

De no hacerse así, las consecuencias –como decía- serán visibles a corto plazo: el proceso de recuperación y transformación del país, puede sufrir un fiasco gravísimo, pues se habrá perdido un tren que nunca más volverá. Habrá algunos recursos para hoy, y hambre para mañana. La política se mostrará (ya lo está haciendo) cada vez más impotente y la Administración Pública menos efectiva, hasta resultar decorativa formalmente la primera y (casi) prescindible la segunda, salvo para pagar nóminas, contratar intensiva y externamente sus servicios y evitar que la tasa de desempleados se dispare más. Y la pretendida resiliencia se convertirá en un queso gruyere. Más aún con el letal escenario geoestratégico, económico, social y sobre todo humanitario que la invasión/guerra de Ucrania por parte de la Rusia del despiadado Putin está provocando, cuyos reales efectos están aún por manifestarse, pero que serán muy graves.

Si nada de esto les hace reaccionar,  se constataría finalmente que nuestros políticos ni tienen saber práctico, ni sentido de realidad, pero tampoco intuición, amén de que se han convertido, apenas sin advertirlo o darse cuenta, en meros burócratas de la política a quienes solo les interesa subjetivamente mantener su zona de confort y objetivamente el poder sectario de su partido o tribu y cómo distribuir prebendas a su clientela, con indiferencia casi absoluta a lo que pase con este país y con sus gentes. Con estos mimbres, fiar la recuperación en los años de crisis que ya se avecinan a la suerte es una auténtica frivolidad, por ser suave en el juicio.

Riba-roja será en el primer municipio valenciano en tener una cátedra de contratación pública

El ayuntamiento valenciano ha firmado un convenio de 70.000 euros con la UDIMA y la cátedra será dirigida por Jaime Pintos  

Revista de prensa.- Valencia Plaza .El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha firmado un convenio con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) para crear la Cátedra de Contratación Pública PYMEL, con el objetivo de formar a sus trabajadores y trabajadoras en esta materia. Como ha indicado el consistorio, Riba-roja se convierte así en el primer municipio valenciano en disponer de una cátedra especializada en este ámbito.

El acuerdo, en el que la administración local invertirá 70.000 euros, tiene una duración de dos años, que se podrá prorrogar por periodos anuales si la universidad y el ayuntamiento así lo deciden. Para su buen funcionamiento, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las entidades que colaboran en el acuerdo.

El alcalde del municipio, Robert Raga, ha destacado la importancia de esta cátedra que "es pionera en el ámbito de la contratación pública, en favor de la transparencia, la innovación en los procedimientos y la eficiencia de los contratos públicos, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas locales y a la economía local".

Según ha manifestado el ayuntamiento, entre las actividades de la cátedra destacan las de formación, en las que se buscará la profesionalización y la especialización; el diseño e impartición de titulaciones propias y de postgrado donde se refleje la realidad de la contratación pública PYMEL; las actividades de difusión y transferencia del conocimiento para acercar la contratación pública a las pymes locales y la concesión de becas predoctorales y postdoctorales.

Asimismo, se dará apoyo a la realización de trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales; se crearán premios, concursos y ayudas para la realización de trabajos de investigación, de divulgación y de proyectos ejecutados; así como conferencias, eventos, charlas, seminarios, congresos, jornadas, exposiciones; publicaciones y artículos y promoción de líneas de desarrollo en el ámbito de conocimiento de la cátedra, como por ejemplo la compra pública de innovación, entre otros.

Esta cátedra está dirigida por Jaime Pintos y se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo de Investigación Contratación Pública e-stratégica i-ntegral de la UDIMA. Por su parte, la universidad aportará un aula virtual para las actividades relacionadas con comunicaciones, publicaciones de eventos y anuncios y un aula física para impartir la formación.

La historia se acelera, ¿Qué debemos aprender … y temer?

 "Nadie elige el tiempo en el que le toca nacer. A nosotros nos tocó este, con sus luces y sus sombras"

Por Manuel Pimentel –EsPublico Blog.- 1.- La historia jamás se detiene. Los imperios, a lo largo de la historia, han surgido y desaparecido. Continuarán haciéndolo en el futuro. Los que hoy son grandes, desaparecerán con el tiempo; los que ni siquiera hoy conocemos o sospechamos, emergerán para crecer hasta el asombro. Sabemos que esto ocurrirá, lo que la historia no nos concede es el don de saber el quiénes ni, muchos menos aún, el cuándo. En nuestra generación hemos visto, por ejemplo, nacer la UE o implosionar Yugoeslavia y la URSS, entre otros muchos otros cambios de frontera. ¿Qué sorpresas por venir aún nos aguardan?

2.- Occidente, forjado por la épica de sus ejércitos, el empuje de su ciencia y el aroma de su pensamiento, valores y política, hace tiempo que abandonó la épica para transmutar lentamente, imperceptiblemente, hacia la lírica. La sociedad rechaza la conquista, la fuerza. Amamos los derechos, la justicia, la igualdad, lo sostenible. Es algo justo y hermoso, pero, para la observadora madre historia, un síntoma inevitable de decadencia y de pérdida de vigor. Los pueblos emergentes crecen en la épica, en el deseo de conquista, de mejora. A largo plazo, siempre terminan dominando al antaño poderoso, hoy decadente. Ya lo dijo el sabio Ibn Jaldún en el siglo XIV, los bárbaros de hoy terminarán siendo los poderosos del mañana para comenzar entonces su decadencia. La rueda de la historia gira y gira sin cesar. Nosotros ya optamos por la lírica, conocemos por tanto nuestro destino a medio o largo plazo. ¿Podemos cambiar las dinámicas históricas? Poder, se podría, pero resulta muy difícil sociológicamente luchar contra las grandes corrientes de la historia.

3.- La historia se ha acelerado impulsada por la fuerza de la transformación digital. Las relaciones entre personas, empresas, organizaciones y estados han cambiado para siempre. La forma de crear estados de opinión, también. Nos adentramos a una época de profundos cambios que afectarán desde nuestro espacio íntimo hasta la geopolítica mundial. Será algo excitante para el observador, inquietante para quién lo viva desde el temor.  Debemos ser conscientes y aceptar el que nos tocará navegar por aguas bravas y prepararnos mentalmente para no caer en la ansiedad y el desasosiego permanente. Un consejo, no posponga su felicidad al momento futuro en el que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso, no ocurrirá. Aprenda a ser feliz en la travesía que cada día nos depare. Marque rumbo y, en lo posible, procure seguirlo, sabedor de que, probablemente, tendrá que ir adaptándolo según las circunstancias. No renuncie a la sociedad tecnológica que conformamos, súbase a ella, sin perder el sentido crítico y la clarividencia ante sus excesos.

4.- El Estado de Derecho que estudiamos –y que aún se estudia– en las facultades ha desaparecido, víctima de las pulsiones ciclotímicas de una sociedad hiperconectada, en la que los estados de ánimo son fácilmente manipulados y exacerbados. Tres ejemplos, entre otros muchos otros posibles. Primero cayó la presunción de inocencia, para virar en muchos ámbitos hacia la presunción de culpabilidad. Después, como hemos visto por los muy cuestionables pasaportes sanitarios, nos saltamos el principio de no discriminación, sacrosanto en nuestra constitución. Del principio de seguridad jurídica ni hablamos, como hemos podido comprobar en medidas gubernamentales con carácter retroactivo o la actual incautación de bienes a ciudadanos libres y en principio honrados por el simple hecho de poseer una nacionalidad determinada. También podríamos evidenciar la pérdida de libertad de expresión o de otros valores fundamentales. Los jueces, aunque a veces se resisten, terminan cediendo al espíritu de los tiempos, que las mayorías claman y exigen. Mucho nos tememos que iremos perdiendo derechos fundamentales ante el jolgorio de las masas exaltadas y atemorizadas, fácilmente manipulables que, ante el dilema clásico de seguridad frente a libertad, siempre terminan sacrificando la segunda.

5.- El proceso conocido como globalización ha finalizado. Las tasas aduaneras, vetos y aranceles complicarán mucho el comercio internacional, lo que sumado a las vicisitudes geopolíticas y energéticas, convertirán en un sudoku la gestión empresarial. Aunque en conjunto perderemos durante este próximo año, la fiesta irá por barrios. Habrá sectores que sufrirán mucho y otros que se beneficiarán de manera inusitada. Cada uno, desde dónde se encuentre, debe realizar una reflexión estratégica en la medida de sus posibilidades, para tratar de anticipar las repercusiones – positivas o negativas – de lo que le viene encima.

6.- Nadie elige el tiempo en el que le toca nacer. A nosotros nos tocó este, con sus luces y sus sombras. No puede paralizarnos el temor al futuro que tendremos que habitar. Levantemos la cara para sentir los vientos de la historia que el caprichoso destino quiso que protagonizáramos. Si miramos hacia atrás, comprobamos que la estabilidad que vivimos desde la posguerra mundial hasta principios del XXI fue un simple espejismo. Las crisis y las convulsiones fueron desde siempre el motor de la historia y a nosotros ya nos tocó la nuestra. Pues a navegarla con prudencia, pero sin miedo. Y, repito el único consejo que me atrevo a darle, no posponga su felicidad a un futuro improbable, la vida es hermosa pese a todo.

El papel del Tercer Sector Social en la contratación pública local

"Del análisis empírico realizado se infiere que una regulación amplia y teórica de la ley no conduce siempre y en todo caso a un aumento de la participación de estas entidades en la contratación"

Por  Sara Martínez Méndez. Instituto de Derecho Local. IDL-UAM.  Con la llegada de las Directivas europeas de Contratación Pública y, en consecuencia, la entrada en vigor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) se produce un giro estratégico hacia una contratación pública social. Este cambio implica el paso de una contratación pública preocupada únicamente por los aspectos estrictamente económicos y financieros a una contratación preocupada por los aspectos sociales y medioambientales.

 En este sentido, el artículo 1.3 de la LCSP permite, por un lado, la posibilidad de incorporar criterios de contenido social y medioambiental en los contratos públicos, siempre que estos guarden una vinculación con el objeto del contrato, a través de las conocidas cláusulas sociales. Por otro lado, el propio precepto añade que entre los objetivos perseguidos con la inclusión de estos criterios sociales se encuentran el poder facilitar el acceso a la contratación pública tanto a las PYMES como a las entidades encuadradas en la economía social y el Tercer Sector. Por lo tanto, a priori y de forma teórica, la vigente LCSP permite fomentar la participación de organizaciones del Tercer Sector con el fin de reducir las dificultades que pueden experimentar estas entidades a la hora de competir con otros operadores económicos con ánimo de lucro en un proceso de contratación pública.

Sin embargo, la duda que surge es si realmente una regulación, a priori, favorecedora de los aspectos sociales en la contratación está fomentando o no actualmente una mayor participación del Tercer Sector Social en la práctica. Para responder a este interrogante, vamos a analizar los datos de la contratación de servicios de cuatro grandes ayuntamientos españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Todos ellos cuentan con características poblacionales comunes, pues sus índices de población son superiores a los tres millones de habitantes. El orden del análisis se establece por porcentaje de mayor a menor población centrando el objeto de estudio en dos franjas temporales, concretamente los años 2015 y 2020, ya que se pretende comparar la contratación pública local de los ayuntamientos durante el año 2020 con la ya vigente LCSP y además con la variable de la pandemia generada por la COVID-19, con el año 2015 cuando todavía se encontraba en vigor el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pues bien, en primer lugar, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, los datos relativos a la contratación pública de servicios en el año 2015 ponen de manifiesto que las entidades del Tercer Sector Social representaron un 1% de los contratos de servicios formalizados por el Ayuntamiento, esto supone un porcentaje prácticamente inexistente. En cambio, la tendencia ha sido un aumento progresivo, comenzando en el año 2017 con un 7%, un 10% en el año 2018, un 12% en el 2019, hasta llegar al 18% en el año 2020.  Por lo tanto, en este caso se observa como la regulación de la LCSP ha podido constituir un condicionante empírico relevante en tanto que los datos comienzan a mejorar de forma progresiva con su entrada en vigor. Además, también ha podido tener un peso relevante la variable de la pandemia de la COVID-19, presentando datos aún más positivos en el año 2020, dada la importancia de la contratación de servicios durante ese año.

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Barcelona formalizó en el año 2015 un 7% de los contratos de servicios con entidades del Tercer Sector. Si se analiza, de forma sucinta, los datos desde el año 2017 hasta el año 2020, no son tan optimistas como ocurría en el caso del Ayuntamiento de Madrid, ya que se observa un 7% en el 2017, un 6% en el año 2018, un 8% en el 2019, hasta llegar al sorprendente y escaso 4% en el año 2020.  Pues bien, los datos en este caso sorprenden negativamente, ya que del 7% de contratos formalizados con el Tercer Sector en el año 2015, se desciende al 4% en el año 2020. Además, en los años intermedios entre el 2017 y 2020 no se observa un incremento paulatino de esos datos sino, por el contrario, un descenso. Ello permite concluir que no ha habido una influencia de la regulación recogida en la LCSP para las entidades del Tercer Sector en la contratación pública y, por ende, no ha contribuido a una mejora de los datos. Además, en este sentido, no solo la pandemia de la COVID-19 no ha incentivado que el Ayuntamiento de Barcelona haya recurrido a las entidades del Tercer Sector en los contratos de servicios con más asiduidad, sino que ha provocado un descenso de su participación en la contratación.

En tercer lugar, el Ayuntamiento de Valencia formalizó en el 2015 un 15% de los contratos de servicios con entidades del Tercer Sector Social. Los datos intermedios desde el 2015 al 2020 muestran una tendencia progresiva al alza con un 15% en el año 2017, un 16% en el año 2018, un 18% en el 2019, repitiendo el 18% en el 2020. En este caso, es destacable el paulatino incremento de la participación de las entidades del Tercer Sector en la contratación pública local a partir de la entrada en vigor de la actual LCSP, pues los datos comienzan a mejorar, aunque lentamente, a partir del año 2017 hasta el año 2020. Ello permite concluir que la regulación de la LCSP en relación con las entidades del Tercer Sector en la contratación ha podido contribuir a conseguir un ligero incremento de la participación de este tipo de entidades sin ánimo de lucro en el Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, no puede concluirse que la variable de la COVID-19 haya podido tener influencia en este caso, pues los datos del 2020 son idénticos a los del año 2019.

En último lugar, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, durante el año 2015 se formalizaron un 13% de los contratos de servicios con entidades del Tercer Sector. A partir de entonces se observa una tendencia al alza bastante significativa presentando un 15% en el 2017, un 18% en el año 2018, un 20% en el 2019 hasta el 24% en el 2020. Con estos datos, es notorio el progresivo incremento de la participación de las entidades del Tercer Sector en la contratación pública local en el Ayuntamiento de Sevilla a partir de la entrada en vigor de la actual LCSP, puesto que los datos comienzan a mejorar a partir del año 2017 hasta el año 2020. Además, también se observa una posible influencia de la pandemia de la COVID-19, ya que los datos desde el año 2019 al 2020 muestran un aumento de un 4% en los contratos formalizados con el Tercer Sector.

Contratos de servicios formalizados con el Tercer Sector Social (2015 y 2017-2020) [En porcentaje]

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las memorias de contratación pública de cada Ayuntamiento analizado.

Con base en los datos aportados podemos extraer las siguientes conclusiones:

-En primer lugar, el Ayuntamiento de Sevilla es el que mejor dato presenta en relación con el estudio del Tercer Sector en los últimos informes publicados por los ayuntamientos en el año 2020, ya que ostenta el porcentaje más alto de contratos formalizados con este tipo de entidades (24%), seguido del Ayuntamiento de Madrid y de Valencia que presentan el mismo porcentaje (18%). Los tres municipios comparten algunas similitudes en tanto que no solo se produce una mejoría de los datos de los contratos formalizados con entidades sin ánimo de lucro desde el año 2015, sino que la mejora en sus datos es progresiva y se acentúa en el año 2017, siendo algo más pronunciada en el último año analizado, el 2020. Si bien es cierto que en el caso del Ayuntamiento de Valencia el incremento es algo menos notorio que en el Ayuntamiento de Madrid donde se produce un aumento de un 17% desde el 2015 al 2020. Asimismo, la diferencia entre los datos de años previos en comparación con el 2020, año marcado por la pandemia de la COVID-19, de nuevo es más acentuado en Madrid y en Sevilla que en el caso de Valencia que repite el mismo porcentaje que en el 2019 (18%). Por lo tanto, a la luz de estos datos podemos concluir que un factor como la COVID-19 pudo influir con más fuerza en los Ayuntamientos de Madrid y de Sevilla, puesto que aumentaron, de forma más destacada, el número de contratos formalizados con entidades del Tercer Sector en comparación con el año 2019, concretamente un 6% en el primer caso y un 4% en el segundo. Ello no ocurre en el Ayuntamiento de Valencia, ya que las entidades del Tercer Sector representaron el mismo porcentaje tanto en el 2019 como en el 2020 en la contratación local.

-En segundo lugar, en el lado opuesto a los anteriores se sitúa el Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, el porcentaje de partida del año 2015 no era excesivamente bajo, en comparación con el de otros casos como el de Madrid, sin embargo, la tendencia no es alza. No solo no se produce una mejoría de los datos, sino que, a sensu contrario, los porcentajes disminuyen de forma pronunciada entre el año 2019 y 2020. En este sentido, llama la atención que los resultados más negativos los presente precisamente Barcelona, ya que teóricamente, ha sido de las Entidades Locales más comprometidas con la contratación pública social, a través de la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos y la defensa de la importancia de fomentar el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito de la Administración en términos generales y, más concretamente, en la contratación pública.

Por lo tanto, aunque la LCSP regula de forma aparentemente exhaustiva la inclusión de consideraciones sociales y la participación de organizaciones de la economía social en los contratos públicos, del análisis empírico realizado se infiere que una regulación amplia y teórica de la ley no conduce siempre y en todo caso a un aumento de la participación de estas entidades en la contratación. Es cierto que habrá que esperar a los datos de contratación del año 2021 para conocer si se ha producido una mejoría en algunos Ayuntamientos como el de Barcelona, donde aún no se ha producido, pero sí se puede concluir que, hasta el momento, se cuenta con una regulación exhaustiva en el plano teórico, pero no efectiva íntegramente en la práctica.

El futuro del trabajo de las mujeres importa hoy y empezó ayer

"En el mercado de trabajo, se mantienen los sectores feminizados, con condiciones de trabajo que responden a estándares inferiores a los sectores masculinizados"

 María Gema Quintero Lima*. Mujeres en el sector Público blog.- Cada 8 de marzo, como si fuera una realidad puntual, ese día en la sociedad nos paramos a reflexionar sobre el Trabajo de las Mujeres. Como si las mujeres no trabajáramos 365 días al año (o 366 si es bisiesto) como si el resto de días todo estuviera ya en orden y no hubiera disfunciones sociales aún pendientes de resolver.

Y cada 8 de marzo recuerdo una anécdota. Hace más de veinte años, en una conversación colectiva que manteníamos en un hilo de mensajes electrónicos, un grupo de profesores y profesoras, al hilo del día de la mujer trabajadora, se me ocurrió decir algo que sentía profundamente entonces, que estaba en contra de la celebración de un día especial para reivindicar los derechos sociales de las mujeres, porque eso significaba reconocer la debilidad de nuestra posición.  Me llamaron reaccionaria, y no lo entendí mucho. En mi imaginario muy naif, me parecían innecesarias las reivindicaciones sobre un objetivo que me parecía incuestionable, “pues claro de las mujeres no debemos ser discriminadas y debemos disfrutar idénticos derechos laborales y sociales que los hombres; faltaría más, porque no pertenecemos a una categoría diferente por ser mujeres” …

Ese yo más joven que asumía como imperativo categórico el de la igualdad efectiva ignoraba demasiado la realidad. Que desgraciadamente poco ha cambiado (aunque algo sí…). Hoy, desgraciadamente, llego al convencimiento de que por supuesto que seguimos necesitando tener un Día Internacional en el que es preciso visibilizar el Trabajo (en todas sus formas) de las Mujeres y la existencia de desigualdades multiformes. En el Mercado de Trabajo, pero en el Sector Público también. 

Ya poco se cuestiona la existencia de desigualdad en el ámbito jurídico-laboral entre trabajadores asalariados y trabajadoras asalariadas. 

En el mercado de trabajo, se mantienen los sectores feminizados, con condiciones de trabajo que responden a estándares inferiores a los sectores masculinizados (en términos de remuneración, pero no sólo). Las brechas salariales son preocupantes, especialmente porque son la parte visible de brechas más profundas (formativas, eminentemente), de carreras laborales desiguales (marcadas por la intermitencia y las reducciones de jornada) y de distorsiones sobre el valor del trabajo y el trabajo de igual valor.

Decía que poco ha cambiado el panorama, pero en verdad es una afirmación muy simplista. Porque en el ámbito jurídico-laboral, sí ha habido cambios importantes, y el contexto legislativo, siempre perfectible, ya va presentando novedades sistémicas, de la que es un ejemplo el elenco de normas dirigidas a la eliminación de las brechas salariales, la promoción de la igualdad salarial, y la corresponsabilidad familiar. Los planes de igualdad se erigen como herramientas potentes de diagnóstico, de prospección y evaluación. Allí donde sean obligatorias, claro. Lo que se traduce en que en un país de pequeñas empresas hay una zona franca no desdeñable.

Pero en el ámbito del trabajo autónomo tampoco sucede nada distinto. Y las mujeres emprendedoras (trabajadoras autónomas) siguen estando invisibilizadas, a pesar de que la normativa sí ha adoptado una perspectiva renovada de género para promocionar y proteger el autoempleo femenino.

Un mantra cuestionable “En el sector público no hay desigualdad, el mérito y capacidad son una garantía”.

A pesar de los principios básicos de acceso a la Función pública (amplo sensu, por carrera funcionarial o por la vía de la contratación laboral al servicio de las Administraciones Públicas) de mérito y capacidad, como garantes de neutralidad, sin embargo, no puede considerarse erradicada la desigualdad por género en este ámbito. Obviamente no tanto en el acceso, sino en el desempeño ulterior. 

Solo algunos datos rápidos, para contextualizarnos. España cuenta con 2.728.749 empleados y empleadas públicas, de los que un 1.571.339 son mujeres y 1.157.410 son hombres. Parecería que ese mantra funciona a la perfección. Pero: 

A) La distribución territorial y por tipología de administraciones no es homogénea.   

B) La edad y la cualificación profesional de base son condicionantes importantes del tipo de estatuto, y de las adscripciones (tipo de Administración Pública, Ministerio, Consejería, Organismo), y de las retribuciones. 

C) Los puestos de libre designación son de libre designación, y no hay redundancia, sino una relajación de los principios de mérito y capacidad.

D) La promoción es plausible que sufra las mismas vicisitudes que sufren las promociones en las empresas.

Sí, son todas intuiciones con relativo sostén cuantitativo. Pero no tengo intención de presentar el análisis fidedigno del status quo de la presencia femenina en la Administración…Solo me parece importante llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de Pensar, de seguir pensando, en el Futuro del Trabajo de las Mujeres.  Que parte de un Hoy, de una realidad heredada del Pasado de las Mujeres trabajadoras en el Sector Privado y en el Sector Público.

El Futuro del Trabajo de las Mujeres empezó Ayer

La intensidad de presencia, los lugares de presencia, de las Mujeres son función aún de consideraciones metajurídicas, socioculturales.  Por eso, para hablar del Futuro del Trabajo de las mujeres hemos de resolver las cuitas del pasado. Aquellas en las que la endoculturización ha empujado a seguir asumiendo atribuir ciertos roles sociales a las mujeres, lo que ha condicionado el modo en el que han podido trabajar. Hace décadas se nos reservaba el Trabajo Reproductivo (el doméstico y de cuidado) y, solo puntual (a falta de cargas familiares) y excepcionalmente (en sectores muy puntuales), cabía nuestra presencia como productoras (Trabajo Productivo). 

Cincuenta años después, curiosamente, siguen presentes inercias de aquello. Por eso hay sectores feminizados, infravalorados; por eso los perfiles formativos de las mujeres no son equiparables a los de los varones, por eso se mantienen brechas multiformes ligadas a los cuidados.  Y digo que es curioso que una Constitución como la española con un art. 14 ultra potente, junto con un Derecho Social Comunitario e Internacional con un principio de no discriminación hiperactivo, que han inspirado nuestro ordenamiento jurídico actual, no hayan podido alternar los férreos esquemas sociales estereotipados. Es curioso que la legislación contenga un canon de igualdad completo, pero que no está permeado de facto en la sociedad, donde sobreviven idearios colectivos sin corregir. Por eso siguen chirriando los discursos feministas, que provocan manifestaciones extremas de posturas negacionistas de la discriminación.  Por eso se mantienen los distintos machismos.

Así, entonces, aún tiene sentido que cada 8 de marzo, sea un día en el que, siguiendo la estela del año precedente, se haya de marcar un Punto Cero de una nueva fase de avance en igualdad, más allá del anterior, para llegar al convencimiento de que siguen siendo necesarias acciones positivas, de un lado, y acciones de exigencia del cumplimiento de la normativa vigente por otro. 

En 2022, volviendo la vista atrás, hemos de reflexionar sobre la necesidad de que en 2023 hayan podido desaparecer algunas situaciones indeseables que se perpetúan (las diferencias salariales, las distintas tasas de actividad y de desempleo femenino, los porcentajes de profesionales STEAM, las tasas de incidencia de la violencia contra las mujeres…). Porque Hoy, como consecuencia de la interacción de las disfunciones anteriores y la pandemia, hay un diagnóstico claro de retroceso en igualdad. No es España solo, en el mundo (https://news.un.org/es/story/2021/07/1494512).

La perspectiva de género está ya infiltrándose en el diseño normativo (e incluso en la actividad judicial) lenta, pero firmemente. Pero sigue faltando que en la Neurolingüística social permita sembrar la idea de que las mujeres somos personas, como los hombres. Que tenemos talentos variados que pueden, a lo que nos interesa, ponerse al servicio de la Sociedad. Desde el Sector Público, pero más allá.

Porque nuestro principal talento no es solo cuidar, que también. En consecuencia, hace falta, sin embargo, avanzar en la idea de invertir en un nuevo sistema de cuidados, que permita desdibujar la asignación actual de roles asignados a las mujeres, para que esas responsabilidades se diluyan y se asuman socialmente, también por los hombres y por los poderes públicos, en un nuevo esquema de Políticas públicas con financiación suficiente.

Y esto es especialmente importante porque están en marcha las transiciones Verde y Digital. En las que las mujeres tendrían mucho que aportar, en las que han de ser incluidas. Si pudiéramos prestarle mucha atención, veríamos que en los distintos Programas de Recuperación y de Resiliencia, es capital una visión desde y para las Mujeres y su trabajo. y especialmente desde el Sector Público, que junto con el sector empresarial será el creador de nuevas sinergias.

Hace falta remarcar la idea de que el Trabajo de las Mujeres puede ser el mismo que el Trabajo de los Hombres, y viceversa. Y pueden tener igual valor, y, por lo tanto, deber ser remunerados de igual modo.  El Futuro del Trabajo de las Mujeres está condicionado, entonces, ya no solo por normativas con sesgo machista (de las que apenas quedan ejemplos), , sino por la ausencia de una consideración filantrópica de la Sociedad. Y, en este sentido, es muy paradójico, que se mantenga una aplicación mecánica del principio de igualdad formal. Esa automaticidad es la que esa perspectiva de género ultramoderna pretende suavizar. Porque el ser Humano sí tiene género, y si tiene que ser tenido en cuenta en una concepción sensible de la diversidad (por eso, por ejemplo, la salud laboral de las Mujeres y de los hombres no puede construirse a partir de tratamientos homogéneos). Pero el Trabajo no debiera tener género en el sentido que hoy lo tiene. Y, en realidad, el Futuro del Trabajo de las Mujeres pasa por la Transformación Humana y Social de la igualdad Efectiva.

 *María Gema Quintero Lima es Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid. Subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de Género ( UC3M).

La factura de la injusticia, de Juan Mora-Sanguinetti

"La reforma de la justicia, como la de la educación, es importante y urgente, con independencia de que no sea un desastre"

Antonio Cabrales. Nada es Gratis blog.-  ¿Es horrible la justicia en España? Si uno se fía de los titulares de prensa (aquí, aquí, o aquí), probablemente sí, y es algo curioso porque sucede en portavoces de diferentes corrientes (aunque si miran las fechas verán patrones interesantes). Y estas cosas calan. Mi mujer, por ejemplo, lleva años diciendo que ella votaría sin mirar a quien solucionara “el lío de la justicia” en España. 

Hoy les vengo a contar evidencia de un interesante libro reciente de Juan Mora-Sanguinetti que dice que probablemente no es correcto presentar la justicia en España en términos apocalípticos. Nuestro sistema judicial no es el peor del mundo. Es mediocre. Pero eso no es motivo para acomodarse. Mejorarlo puede ser una importante palanca de crecimiento, y crecimiento es precisamente lo que necesitamos. Es muy difícil redistribuir si no se crece. Curiosamente, es lo mismo que he dicho muchos años sobre educación.

El libro es muy útil porque hace fácil para los no juristas digerir complicados detalles técnicos, y para los no economistas, por similares motivos. Yo creo que se merece una recomendación “para todos los públicos.” Esto es en buena parte mérito del autor. Juan Mora-Sanguinetti es uno de esos casos en los que los dobles grados se hacen por verdadero interés intelectual, y no por señalización poco rentable socialmente como denunciaba por aquí Jesús Fernández Villaverde. Y los resultados están a la vista, además de una brillante licenciatura doble, un doctorado en el área de análisis económico del derecho, y un buen número de trabajos de investigación que se pueden ver en su CV. Y como buen académico que quiere estudiar el problema, la primera dificultad a la que se enfrenta el autor es encontrar alguna buena medida sobre la calidad de la justicia. Realmente hay muchas variables que serían útiles aquí. Quizá la mejor sería tener opiniones de los “usuarios” o de “expertos” sobre si las resoluciones (un fallo judicial) han sido “justas”. Pero los usuarios probablemente tienen un interés, y un fallo contrario suele ser mal recibido (“no nos pronunciamos sobre fallos judiciales, pero...”). Y los expertos pueden tener sus propios sesgos.

El autor finalmente se decanta por utilizar sobre todo el tiempo que se tarda en tomar decisiones. Me parece razonable. Como él mismo señala, los sistemas lentos son por lo general más caros, y además la confianza en la institución (medida por ejemplo con datos del World Values Survey) está muy correlacionada con esta medida. Y como ven en los titulares de prensa que les citaba al principio, la discusión pública también se centra mucho en este indicador.

Con esta métrica, se puede ver de manera transparente la conclusión central del libro. En la figura 3.1. del libro, que les muestro abajo, cuya fuente es la OCDE, se ve de manera palpable que no somos particularmente malos, ni buenos en comparación con otros países de nuestro entorno. Peores que los escandinavos, Alemania o Suiza, parecidos a Reino Unido o Francia, y mucho mejores que Italia. Otras metodologías, como la de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), no da resultados muy diferentes.

Escasos avances

La evolución histórica no muestra tendencias muy llamativas. Alguna mejora en la duración durante la gran recesión y un empeoramiento en la recuperación (datos de CEPEJ). Otro indicador que se suele utilizar es el de la congestión, es decir, el número de asuntos que llegan a un juez en relación con los que puede solucionar en un período de tiempo. Este indicador (datos de la CEPEJ) muestra mucha correlación con la duración (no puede ser de otra manera a medio plazo, pensarán los lectores que saben de dinámica de flujos) y su evolución en el tiempo es también parecida a la duración.

Otra consideración interesante es si estas medidas varían por comunidades autónomas. La figura que les pongo más abajo (3.4. del libro) muestra diferencias bastante grandes. Me resultan muy curiosas por dos motivos. Dado que la justicia es un poder central del Estado, no es fácil atribuirlas tan directamente a las comunidades autónomas como con educación. Aunque también es verdad que casi todas las CCAA tienen asumidas competencias sobre la llamada “administración de la Administración de justicia”, lo que les permitiría de hecho completar o mejorar su financiación (detalles aquí y explicaciones aquí). Y, sin embargo, hay algunas correlaciones interesantes con los datos de educación, como que La Rioja, o Castilla León tienen buenos resultados y Andalucía, o Castilla la Mancha los tienen peores. No es exactamente el mismo ranking, pero hay una intrigante correlación. Es verdad que hay otras coincidencias curiosas, como la relación entre la España con más densidad de población y peores resultados. Así que desde aquí lanzo un guante a los investigadores jóvenes, que ya nos han dado respuestas muy interesantes para la educación (aquí, aquí, o aquí).

Pero no todo es duración. El proyecto Doing Business computa la cantidad del dinero demandado que se pierde mientras se dicta sentencia. El resultado (tabla 3.5 del libro) es que, de nuevo, España está ligeramente por debajo de la media (en este caso eso es bueno), parecida a Francia, peor que Alemania, y mejor que Italia o Reino Unido.

El autor mira otro indicador que relaciona con lo que él llama la “predictibilidad” del sistema. El número de casos que se recurren puede servir para medir esto, argumentando que, si el sistema es predecible, la decisión en segunda instancia será igual que en primera y no habrá recursos. Aunque hay otros factores que pueden ser importantes (el coste puede hacer difícil los recursos) y se puede argumentar que un sistema predecible también puede ser malísimo, no deja de ser un dato interesante. Y aquí, de nuevo, vemos que no hay grandes sorpresas. En nuestro sistema legal, estamos en la media.

Estos son los “outputs” del sistema. Pero el libro también mira los inputs. Una primera consideración tecnológica interesante es que en los países de sistema de “common law” (anglosajones) se gasta proporcionalmente más en tecnología. En los países el sistema “romano-francés” se gasta más en salarios (jueces, oficiales). En términos del gasto total, España está algo por encima de la media, parecido a Alemania, pero más que Francia, Italia y Reino Unido, tanto en gasto por habitante, como en porcentaje del PIB. En términos de inputs, una cuestión interesante es que mirando el número de jueces por CCAA (tabla 4.4.) se puede ver muy poca o ninguna relación con los resultados en términos de duración de los casos. Por otro lado, hay una cierta correlación (negativa) entre países entre el grado de automatización de procesos y la duración de estos. Aunque solamente es una correlación, yo sugeriría que es una idea a profundizar. Por cierto, una conclusión al leer esta sección que me transmitía mi editora al leer estas líneas: "si estamos por encima del gasto (inputs) y los resultados (outputs) están en la media (o un poco por debajo), sí que se puede decir que el sistema es poco eficiente, ¿no?". Tiene razón, ya esto nos indica que hace falta reformar el sistema, sin necesidad de decir que somos el peor país de Europa.

Otro aspecto interesante es la “demanda” de estos servicios. Durante la gran recesión España era un país muy litigioso a nivel internacional, pero esto probablemente se debió a las demandas contra las tropelías del sector financiero. Pasado este período, volvimos a la media. En cuanto a si esta litigiosidad se debe al “exceso” de abogados, es verdad que tenemos algo más que otros países europeos, y muchos más que Francia (de ahí el célebre, Madrid tiene más abogados que todo Francia), pero tampoco es un número disparatado.

Hay muchas más cosas (tasas judiciales, distribución de costas de los juicios, cantidad de normativa) pero no quiero cerrar sin la pregunta del millón. La misma que, por cierto, me hacía en educación. Y si estamos en la media, ¿vale la pena preocuparse? ¿No es ser demasiado exigentes? La respuesta es un muy rotundo (y mayúsculo) SI, como en educación. El libro lo argumenta con variedad de evidencia cuantitativa. Les dejo un par de ejemplos. Los retrasos judiciales estimulan la propiedad, en detrimento del alquiler. Un propietario que compra un piso como inversión para alquilar (digamos que para pagar gastos de dependencia en su ancianidad) quiere seguridad de que, si alguien deja de pagar, puede volver a alquilar con rapidez, por ejemplo. Hoy día los procesos de desahucio son largos y costosos, lo mismo si alquilas un local o una vivienda. Y vemos que esto tiene consecuencias. Un aumento de un punto en la congestión judicial aumenta la propiedad (reduce el alquiler) en 0,15 puntos porcentuales. Vamos, que en Madrid hay por cada punto extra de congestión 3400 viviendas menos, y en Barcelona 3100. Un ejemplo incluso más importante para el crecimiento económico es el del emprendimiento. La congestión judicial lo reduce significativamente. Si la provincia española con peores resultados judiciales se pusiera al nivel de la mejor, su número de emprendedores subiría entre un 5 y un 7 por ciento. También se observan mejoras de la inversión cuando mejora la congestión y en otros indicadores.

Creo que me he alargado mucho. Pero voy a terminar cuando comencé. Insistiendo en que la reforma de la justicia, como la de la educación, es importante y urgente, con independencia de que no sea un desastre. España necesita crecer más, tenemos un estado del bienestar deficiente, y la situación demográfica y de productividad es inquietante. Vamos a mejorar todos los márgenes que podamos. Este es uno de ellos.