lunes, 19 de abril de 2021

10 principios para la atención a la ciudadanía en Redes Sociales

Las RRSS acercan a la ciudadanía a las AAPP, pero una mala gestión abunda en los problemas habituales.

Por Sergio Jiménez.- Analítica Pública blog.-  Una de las novedades novedosas del Real Decreto de eAdministración es que se reconocen las Redes Sociales como un medio de atención ciudadana. Esto ya venía siendo una realidad desde hace tiempo a raíz de Whatsapp, Twitter, Telegram u otros espacios que puedan ser de interés con un éxito irregular. Lo cierto es que uno, que suele meter la pata a intervalos irregulares en twitter, ha tenido experiencias de todo tipo en los servicios de atención por redes, pero, generalmente, las AAPP han ido algo peor que el sector privado (salvo MediaMarkt que tiene la traca de todo lo peor). La cosa es que realizar esta visión (tener un canal efectivo más en las RRSS) requiere algunos cambios y planteamientos y, aquí os cuento cuales.

En este post podrás ver:

-Las Redes Sociales como un canal ganado.

-Las RRSS y la asistencia en las AAPP

-¿Qué podemos hacer para que las RRSS sean un buen canal de atención ciudadana?

-En resumen

Las Redes Sociales como un canal ganado.

Ciudadano planteando a Santa Rita cuándo tendrá la actualización de los datos censales cumplimentados en el formulario 030 hace dos meses. Fuente

Si recordáis, hace un tiempo os hablé de la composición de canales digitales de las AAPP, hablando de propios y ajenos. Estos últimos son canales en los que un agente está, pero no puede definir ni las reglas ni las condiciones en las que crea y se publica su contenido. Este es el caso de las RRSS: para poner algo en twitter, tú decides lo que pone, pero dentro de las reglas de la red del pajarito (incluso cuando no las tiene muy claras) y no decides quién los ve ni cuando (está ahí el algoritmo y sus reglas y eso).

Adicionalmente, hay una complejidad más. Cuando un canal no sólo es ajeno, sino que es lógicamente compartido, las reglas las acaban definiendo otros actores. Esto quiere decir, que cuando uno llega a establecer, por ejemplo, un sistema de contar cosas en twitter, en realidad la práctica de miles de usuarios establece lo que es admisible (como por ejemplo, los hilos).

En el caso de la atención al usuario las reglas están más o menos claras: los principales actores suelen tratar de hacerla personalizada, de manera privada y, en la medida de lo posible de extremo a extremo. Es decir, si te quejas en Twitter de algo (de manera más o menos razonada y constructiva) con una marca ciertamente grande y con este servicio, el CM generalmente te invita a enviar un privado y te atiende en la medida de lo posible. Esta experiencia no la he tenido con el sector público (no quiere decir que no lo haya, simplemente no me he encontrado con esta experiencia… ¿si vosotros sí, podéis comentármelo, por favor?

Las RRSS y la asistencia en las AAPP

Las redes sociales tiene una importante capacidad de impacto y de atención. Hoy en día twitter o youtube generan más titulares que casi cualquier medio oficial. Sin embargo, tradicionalmente la capacidad de prestar atención efectiva a la hora de resolver problemas es relativamente limitada, como dijimos aquí. Es decir, dentro de los problemas que solemos encontrar con las AAPP, sobre todo en el canal electrónico, tienen cierta complejidad. Tenemos por un lado los problemas de índole más técnica, que muchas veces requiere mirar equipos, configuraciones, preferencias, etc. y que se resuelven de manera más óptima (aunque no siempre más cómoda) en un CAU. Por otro lado, tenemos dudas legales o normativas que generalmente hay que tratarlas con empleados públicos que tienen que tener un conocimiento más específico de nuestro caso.

En todo caso, parte de estas gestiones en el mundo privado son posibles. Por ejemplo, yo he podido solicitar (y lograr) una rectificación de una factura de móvil por twitter. Sin embargo, en el sector público por cuestiones procesales esto no es viable. Imaginemos que una persona pueda conseguir actualizar el padrón por twitter porque se tenga el numero de dni y la fecha de nacimiento (que muy fácilmente es lo que te pide un operador).

En todo caso, lo cierto es que, sin llegar a ofrecer procedimientos, las RRSS pueden servir para:

-Aclarar dudas de ciudadanía sobre servicios y trámites

-Consultar situaciones de procedimientos

-Facilitar información pública

-Resolver dudas de carácter técnico

-Redirigir dudas más específicas y concretas a otros canales más apropiados.

 ¿Qué podemos hacer para que las RRSS sean un buen canal de atención ciudadana?

Tenemos claro qué se debe hacer y hasta dónde podemos llegar. Ahora nos falta saber cómo podemos hacerlo. Yo lo dejaría en 10 cosas (podrían ser más o menos, pero los decálogos gustan en los blogs.. un post llamado los 10xxx para xxx es un post que hace feliz al público y al SEO). Diría:

Infografía de los 10 principios de atención a la ciudadanía en Redes sociales.

-Tener actitud.
Como decían en aquel anuncio fashion is attitude, pues bien, el servicio es actitud. Es decir, puede (y debe) haber guías de procedimiento, normas y reglas de atención, pero eso nunca va a cubrir todos los casos, ni lo va a hacer de manera satisfactoria. Cuando alguien te ayuda “por obligación” se nota y molesta. Hay que tener actitud para ayudar a la gente

-Atender personalmente. Un problema que tienen parte de los perfiles de las redes que conozco tienden a responder directamente en público y, en muchos casos, con mensajes muy genéricos. Esto hace que, por un lado la información que se preste sea por definición pobre (¿qué clase de información te pueden dar en una red social para que vea todo el mundo? nada personalizado) y que te de la sensación de que han tirado del excel de turno, que quizá (y sólo quizá) no se ajuste a tu caso.

-Tratar de entender lo que se dice. Normalmente la ciudadanía no tiene fácil hablar administrativeño medio y los servicios de atención ciudadana, paradójicamente, no hablan bien ciudadanés básico. Esto hace que haya pérdidas en la traducción. El problema es que quién está necesitado, preocupado y frustrado es el ciudadano, así que ya sabéis quién sufre más (y tiene las de perder).

-Entender la frustración. Cuando alguien se queja en una red social está frustrado, así que es normal que reaccione mal: viene de una mala experiencia. Mantener la calma y responder de manera empática es la manera básica de estar al lado de la ciudadanía y no estar de parte de todas las complicaciones que encuentra.

-Dedicar tiempo. Muchas veces la atención puede estar saturada. A veces esto hace que el personal tras estas redes sociales tenga que estar gestionando varias incidencias a la vez sin poder dedicarle toda la atención posible. Esto es lógico, pero el problema de cada persona es un problema quizá vital. Sentirse atendido a medias, o despachado con una respuesta prefijada y que no se adapta al caso es algo que pesa mucho cuando estamos hablando de cosas como una ayuda a la dependencia o pagar impuestos, por poner dos ejemplos.

-No prometer más de lo que puedes dar. La gente es razonable. Si dices que está para atender dudas, aceptará que solo le puedas resolver dudas. Sin embargo si dices que haces “asistencia técnica” y lo único que haces es mandar enlaces a la web principal, te puedes ir a paseo… harás que una persona se alegre de que va a resolver su problema y encuentra un enlace a un sitio que quizá ya ha visto y ya no entendía de antes.

-Responder de manera consistente. Responde a la misma pregunta siempre lo mismo en todos los canales. Puede pasar que alguien se queje de que la respuesta que le han dado en otro canal (un teléfono) no acaba de funcionar.. y llega el de twiter y te dice que eso no es así. Te puedes suponer la confusión de esa pobre persona que lleva media mañana peleándose con el formulario 030, para que luego el de twitter diga que no hace falta porque (ay) no ha dedicado tiempo a leer los 140 caracteres del tuit al que responde. Esto hace, a veces, que tardes más rato en responder, pero creedme si os digo eso de “mejor hecho que perfecto” parte de la base de que lo hecho esté bien hecho. No quieras responder rápido sin saber seguro la respuesta, porque puedes confundir a alguien que lo está pasando mal.

-No dejarlo hasta encontrar una respuesta. Otra cosa que puede pasar en las RRSS es que un tuit sin respuesta puede interpretarse como el cierre de la conversación. Es necesario asegurarse de que ha terminado todo el diálogo. Esto puede ser porque hay una respuesta, o porque se dice que no la hay, o porque se deriva. No se puede cerrar un diálogo hasta que no se llega de manera explícita a uno de estos tres puntos.

-Apuntar lo ocurrido. Documentar los problemas y dudas de la gente es una manera fundamental de mejorar. Apunta todo: dudas, términos, reacciones, temas, horas, etc. Esto es básico para incorporarlo en revisiones de mejoras a futuro en el sistema de atención.

-Pregunta qué tal ha ido. Lo último es saber qué le parece a quien has ayudado lo que has hecho. Pregunta y espera respuestas. Espera las buenas y sobre todo, escucha y analiza las malas. A veces es difícil apreciar que alguien se va enfadado y repetimos errores. Redirigir a una encuesta o hacer un botón para valorar bien o mal es un buen principio. Claro que responderán pocos y muchos muy enfadados… pero peor es no preguntar.

En resumen

Es maravilloso tener oportunidades, pero es mejor aprovecharlas. Las RRSS acercan a la ciudadanía a las AAPP, pero una mala gestión abunda en los problemas habituales. A la hora de dar el salto es necesario plantearse si podemos estar a la altura de esto. Si no es así, es mejor ser honesto y rebajar las expectativas antes que defraudar.

Así que, antes de abrir un canal de atención en RRSS, plantéate si puedes cumplir estos principios. Si es así, aunque sea despacio (fijaros que no he dicho nada de prisa), adelante. Si no es así, mejor piensa de qué manera puedes estructurar tu servicio para hacerlo, y, cuando puedas, ve a por ello. De lo contrario, generas frustración e invalidas un canal que tiene un potencial interesante de resolución de problemas.

domingo, 18 de abril de 2021

Barcelona React: La ciudad frente al estado ineficiente

El Nowak Metro Finance Lab de la Universidad de Drexel es un  laboratorio ayuda a las ciudades a desarrollar estrategias para conseguir un crecimiento que no fomente la desigualdad.

Revista de prensa.- Por  Miguel Molina. La Vanguardia.- El futuro de las sociedades urbanas se debate menos en las capitales que en las ciudades que no lo son. Es poco habitual que en Madrid, París, Roma o Washington se discuta en torno al propio modelo de ciudad, mientras que Barcelona, Lyon, Milán o Filadelfia se entregan hasta con frenesí a ese ejercicio de autoevaluación y autoafirmación. La proximidad de las capitales a los gobiernos centrales favorece en algunos casos un solapamiento de intereses que es en sí mismo un modelo de desarrollo urbano. 

Eso explicaría esa menor predisposición al debate. Mientras, las no capitales se ven a menudo obligadas a decidir por su cuenta lo que quieren ser en la vida. 

En Filadelfia precisamente tiene sede el Nowak Metro Finance Lab de la Universidad de Drexel. Este laboratorio ayuda a las ciudades a desarrollar estrategias para conseguir un crecimiento que no fomente la desigualdad. Su director fundador, Bruce J. Katz, ha participado esta semana por videoconferencia en las jornadas Barcelona React, impulsadas por el teniente de alcalde Jaume Collboni con el apoyo entre bambalinas de los técnicos Lluís Gómez y Bàrbara Pons.

En los últimos años, Katz ha popularizado el concepto de nuevo localismo, en el que se basa su libro The new localism (Brookings), coescrito con Jeremy Nowak. Se refiere al mayor poder de las ciudades en detrimento de los estados y las regiones y al hecho de que las metrópolis sean hoy más eficaces que los gobiernos en la solución de los problemas de las sociedades urbanas.

Atiende a La Vanguardia también por videoconferencia. Sostiene Katz que las ciudades que avanzan más son las que funcionan como eficaces redes horizontales en las que participan el gobierno local, la iniciativa privada, la comunidad educativa, los hospitales o las entidades sociales, con una visión interdisciplinar y holística de los problemas de la metrópolis.

–¿Y los gobiernos?

–Los gobiernos federales o estatales tienen una estructura del siglo XX. Se componen de organismos superespecializados, como son los ministerios, que actúan en vertical mediante silos de competencias que no están interconectados. Por eso son menos eficientes que las ciudades que saben tender esa red horizontal para buscar soluciones.

–¿Este trasvase de poder a las ciudades, ese nuevo localismo se ha intensificado durante la pandemia?

–La pandemia, de alguna manera, ha elevado al estado nacional como garante de la sanidad o impulsor de la economía. Y, sin embargo, se ha reforzado el papel crucial de las ciudades. ¡En Estados Unidos están liderando la salida de la crisis! El gobierno federal actúa como inversor, pero las ciudades no se conforman con distribuir ese dinero, sino que están diseñando los programas y las estrategias para solucionar los problemas de la gente. Problemas como la regeneración del centro o la ayuda a los pequeños negocios o, en concreto, a los negocios de personas no blancas.

En opinión de este arquitecto, durante la calamitosa presidencia de Donald Trump se produjo un vacío de gobierno que obligó a las ciudades a asumir competencias que no eran la suyas. Ahora, en cambio, cree que están desarrollando políticas estructurales muy válidas.

–En este contexto parece fundamental la colaboración público-privada...

–Por supuesto, es esencial. En las ciudades americanas, la recuperación del downtown o la estabilización de los pequeños negocios es posible porque el capital privado puede aportar el dinero de forma más rápida y ágil que el Gobierno, aunque va a ser necesaria mucha innovación en los productos financieros privados para adaptarse a la situación.

Salvando todas las distancias, un ejemplo de esa actitud proactiva de la ciudad que teje una red de complicidades para mejorar su futuro sería este foro Barcelona React. Durante tres días, políticos locales y representantes empresariales y sociales han puesto en común ideas para la reactivación. Además de este ciclo, hay otros en marcha impulsados desde la iniciativa privada. Este intercambio transversal de experiencias se parece bastante a la red virtuosa de la que habla Katz.

–¿Cómo ve hoy a Barcelona en el contexto de las ciudades globales?

–Es una ciudad eléctrica, aunque a veces cuesta definirla... Como Tel Aviv, es una ciudad que emana innovación. En los últimos veinticinco años dio un par de pasos que la situaron en el primer nivel de las ciudades globales, y ahora puede volver a darlos. Es una de las ciudades europeas que entienden la necesidad del momentum y de la aspiración. Tiene el ADN para salir de esto rápido, aunque otras ciudades también lo tienen. Además, tiene problemas políticos que solucionar. Como siempre decimos, ha de habituarse a pedir perdón antes que a pedir permiso.

Sobre el incierto futuro de los distritos centrales de las ciudades, ahora desiertos, Katz destila cierto optimismo. Cree que estos centros sufrirán una transformación radical durante los próximos años, con la llegada masiva de emprendedores de sectores innovadores y de instituciones educativas.

Pero es más pesimista cuando se le pregunta en concreto por la salida de la crisis en Europa.

–Las grandes ciudades europeas iniciarán la reactivación en desventaja respecto a las de Estados Unidos o Asia por culpa del lento proceso de vacunación. ¿Está de acuerdo?

–Me ha dejado de piedra esa lentitud. En EE.UU., donde aún hay mucha división, ha cambiado el ánimo de todo el país en solo un mes gracias a la vacunación masiva. El problema de Europa es que no es lo mismo hablar de un mes que de tres o de seis. La temporada turística peligra y eso es grave para la economía. Los estadounidenses podrán viajar pero no vendrán este verano a Europa. Podrían venir por el hecho de estar vacunados, pero por culpa de las restricciones a los viajes no lo harán.

viernes, 16 de abril de 2021

Transparencia en la gestión de los fondos del NGEU

Otro Post  relacionado: Un plan (aún) en estado gaseoso. (Primeras reflexiones en torno al proyecto de Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia), por Rafael Jiménez Asensio. la Mirada Institucional blog

Por Alfonso Novales. Agenda Pública blog.- En un momento de reconocida gravedad, en el que la economía y la sociedad españolas han sufrido un profundo daño, la posibilidad de poner en práctica un plan de reconstrucción o recuperación social y económica es una oportunidad única, que por su magnitud se plantea en contadas ocasiones. Es crucial que los ciudadanos puedan percibir que tal actuación se ofrece como una tarea colectiva y para toda la sociedad, con el objetivo de tratar de recuperar el máximo posible de los efectivos que han quedado descolgados, pero, sobre todo, para sembrar la semilla de un sostenido progreso social y económico en las décadas siguientes.

Por eso, es muy decepcionante la falta de transparencia con la que se está llevando el diseño de las actuaciones que puedan llevarse a cabo utilizando la financiación acordada en la Unión Europea. Sabemos, porque se ha hecho público repetidamente, que representantes ministeriales han estado manteniendo reuniones cada 10 días con las patronales CEOE y Cepyme, así como con los sindicatos CC.OO. y UGT; sin embargo, una parte importante del tejido empresarial español (incluyendo, por supuesto, a los autónomos) y de los trabajadores no está representada por estas organizaciones. Pero si no es posible llegar a todos ellos, es difícilmente justificable no difundir la información vertida en dichas reuniones, en la que cabe imaginar que se ha hablado de los posibles procedimientos de solicitud de financiación; pues ¿de qué se ha hablado si no es de estos temas?

Al día de hoy, no hay todavía información oficial acerca del procedimiento que se habrá de seguir para proponer programas a financiar con cargo a esos fondos, más allá de que se abriría un periodo de presentación de propuestas en marzo y cabe esperar (pero no se sabe) que sea breve. El decreto ley 36/2020 de 30 de diciembre de 2020 mencionaba la creación de “un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) como instrumento capaz de centralizar toda la información sobre el mismo”, pero dicho portal web todavía no existe, ni hay información en el sitio de ningún ministerio acerca del calendario o del procedimiento.

Que la CEOE haya creado con la consultora PwC una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos, “para el asesoramiento de los miembros de CEOE en la preparación de propuestas”, puede sugerir que cuentan con información suficiente como para esperar trámites administrativos complejos. Si su dificultad hace necesario el asesoramiento de consultoras y despachos jurídicos, es probable que la mayor parte de las medianas y pequeñas empresas que configuran el 99,4% del tejido empresarial español quede fuera del procedimiento, salvo como meros colaboradores en algún programa de una gran empresa. Estos indicios son preocupantes.

La información que se recibe (siempre a través de los medios) sugiere que las grandes empresas, especialmente del sector energético, cuentan con recibir una parte importante de los fondos. Con un plazo breve de ejecución de los mismos, y dadas las dificultades que hemos tenido en el pasado para ejecutar ayudas europeas mucho más modestas, el Gobierno puede caer en la tentación de conceder cantidades importantes a unas pocas empresas grandes, que son más sencillas de gestionar, que cantidades mucho más modestas a un número mayor de empresas de menor tamaño. Y, por supuesto, surge la gran duda acerca de si no acabaremos financiando políticas que se hubieran desarrollado en todo caso, tan sólo porque han podido vestirse fácilmente del ropaje de los seis pilares fijados por la Comisión Europea (CE).

En otro nivel, también es conocido que ha habido contactos frecuentes entre Gobierno y CE, sin que hayan trascendido a los ciudadanos los contenidos de dichos contactos, salvo a través de comentarios de prensa. Se han llevado a Bruselas borradores de programas de actuación, y es de suponer que se ha hablado de los criterios que puedan exigirse para la aprobación de proyectos por parte de la CE: o del grado en que las recomendaciones del Semestre Europeo (SE) vayan a imponer realmente una condicionalidad para la concesión final de los fondos asignados a un país. Si, como parece evidente, se ha hablado de estos temas, la información debería ser pública, pues afecta a todos los ciudadanos, más allá del interés que tenga para las empresas que piensan preparar alguna propuesta.

Desde el verano, los medios de comunicación han estado difundiendo aspectos del contenido de documentos de diversas instancias gubernamentales, en relación con la estrategia de ejecución de los fondos europeos, o con los programas que el Gobierno pudiera proponer a Bruselas, con la referencia “en un documento al que este medio ha tenido acceso…”. Pero dichos documentos nunca se han distribuido ni han aparecido en las páginas web ministeriales; alguno ha terminado cristalizando en el PRTR, aspectos del cual aparecieron en prensa unos días antes como puntos que el Ejecutivo había consultado con Bruselas. Su difusión pudiera haber suscitado un debate muy útil y haber estimulado sugerencias de la sociedad civil; que pudiera tratarse de borradores no definitivos, o el hecho de que estuvieran en proceso de negociación no debiera ser excusa.

El PRTR no es el documento riguroso que cabría esperar para difundir el ámbito de actuaciones a desarrollar en la búsqueda de décadas de un progreso robusto, inclusivo y sostenible. Hay mucho talento en universidades, centros de investigación y think tanks en España a los que podría haberse recurrido para la identificación de fortalezas, la selección de programas de actuación y su concreción en actuaciones específicas. Se percibe a los grupos de trabajo en estas instituciones como potenciales asesores de entidades solicitantes de fondos, pero no como colaboradores en el diseño, seguimiento y evaluación de programas y políticas.

Tampoco se cuenta con el sistema nacional de ciencia e investigación, que cuenta con un notable prestigio internacional, para colaborar en la evaluación, en un periodo de tiempo que parece que será reducido, de las muchas propuestas que puedan recibirse; a pesar de que la evaluación es una parte esencial de su funcionamiento, en la que acumula enorme experiencia ¿Para qué tanto esfuerzo en hablar de la irrenunciable apuesta por la ciencia cuando, en el momento de mayor necesidad, se ignora su existencia? Hoy más que nunca es preciso consultar con los expertos de cada área, escuchar sus sugerencias y opiniones; hay que aprovechar el talento existente y aproximarlo a la gestión pública.

Ello requiere romper el distanciamiento existente entre la gestión pública y el sistema de ciencia, al que parece que se acude únicamente para revestir de prestigio el anuncio de alguna actuación gubernamental, pero no para que desempeñe un papel relevante en el diseño o evaluación de políticas. Los gobiernos gustan de anunciar con gran bombo el encargo de informes elaborados por comisiones de sabios, pero dichos informes terminan durmiendo el sueño de los justos en los cajones ministeriales: Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética: Análisis y propuestas para la descarbonización, de marzo de 2018; Informe la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, de febrero de 2017, o el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, de febrero de 2014. La existencia de este último no es obstáculo para que la actual ministra de Hacienda haya anunciado que convocará en breve a una comisión de expertos para que estudien una “reforma fiscal integral”, anuncio al que también se hace referencia en el PRTR (pág. 54).

Llamativo es también que puedan ignorarse las propias tareas parlamentarias realizadas con anterioridad. La Comisión del Congreso de Diputados para la Reconstrucción Social y Económica mantuvo sesiones de trabajo entre mayo y julio de 2020, recibiendo a un alto número de comparecientes invitados ¿Qué aprendimos de aquellas sesiones? Como cabría exigir, el PRTR declara que “El presente Plan ha tenido en cuenta las conclusiones de dicha Comisión y sus recomendaciones de futuro”, pero no queda claro cuáles son las conclusiones que han sido incorporadas, cuáles no lo han sido y las razones que explican uno y otro caso.

La sociedad espera que sus representantes políticos definan una estrategia eficaz de progreso social y económico, pero no necesariamente que tengan la capacidad de identificar los mejores programas de actuación posibles. Por eso, cabe pedirles dos cosas: que, una vez establecidos los objetivos de largo plazo que se pretenden alcanzar, sepan acudir a los expertos para recabar sus opiniones y sugerencias, así como su colaboración en la definición de programas y políticas concretas; y que demuestren su capacidad para entenderse con otras fuerzas políticas, respetando las diferencias que puedan tener sobre el tipo de sociedad al que aspiran, para acordar las líneas directrices de las actuaciones que han de llevarse a cabo en la actual situación. El mejor indicador de calidad democrática de una sociedad es, seguramente, la capacidad de sus representantes políticos para ejercer su función manteniendo en todo momento el bienestar de todos los ciudadanos en el centro de su atención. Son los ciudadanos quienes deben ser los protagonistas de la acción pública, no los políticos; aparte de ser obligado, ésta sería la mejor manera de que desaparecieran los partidos políticos y la política de las primeras posiciones en la relación de sus preocupaciones de los ciudadanos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La información que recibe un Gobierno, así como la que genera en el ejercicio de sus responsabilidades, es propiedad de todos los ciudadanos. Tanto la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que España es miembro desde su creación en 2011, y el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 aprobado el pasado mes de octubre, como la ley de Transparencia parece que debieran exigir su difusión. No es fácilmente comprensible cómo puede diseñarse una operación del calibre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se va a llevar a cabo en España completamente a espaldas de la sociedad, que es la que ha sufrido los graves daños de la pandemia, pero que no va a ejercer ningún papel ni en el diseño, ni en la evaluación ni en el seguimiento del plan.

(Éste es el tercero y último de los artículos que hemos publicado a partir del documento ‘La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, riesgos y reforma’)

jueves, 15 de abril de 2021

El teletrabajo en la administración local: un camino por recorrer

"La negociación colectiva debe ser el espacio natural para regular esta materia porque es donde hay un mayor conocimiento de la organización y de las necesidades del personal"

Por  Alfonso Esteban Miguel. IDL-UAM.  -  El teletrabajo en la administración local había dado tímidos avances en los últimos años. Sin embargo, ha sido en la empresa privada donde se había apostado más fuerte por esta forma de trabajo, aunque tampoco su implantación se hizo de forma global. Los mayores progresos se habían producido en las grandes empresas y en sectores concretos como la banca, los seguros o las telecomunicaciones.

La estructura de la Administración no había permitido hasta el momento un cambio en la forma de trabajar que sí permitía la revolución de las nuevas tecnologías. Alguna administración de manera aislada había comenzado a dar pasos en este sentido, pero con un horizonte a medio o largo plazo. Sin embargo, todo esto cambió con la pandemia provocada por la COVID-19. Las medidas impuestas para limitar la circulación de personas con el objetivo de frenar la expansión del virus obligaron a que una gran parte de los empleados públicos y de los trabajadores en general tuvieran que prestar sus servicios a distancia sin acudir de manera presencial a su puesto de trabajo. Se evidenció muy pronto que era necesaria una mayor regulación de un fenómeno que se ha producido de manera brusca, pero a la vez se ha convertido en una forma de trabajar que se irá consolidando incluso cuando se recupere la normalidad.

Así, el interés por el teletrabajo se ha intensificado en el último año en la Administración y se han producido avances en su normativa. En concreto, la regulación específica del teletrabajo como forma de trabajo se ha llevado a cabo en septiembre de 2020 a través del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que introduce un nuevo artículo 47.bis al Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP). Dentro del capítulo V “Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones” y seguido del art. 47 que regula la jornada de los funcionarios públicos, se regula el teletrabajo. Se define el teletrabajo como “aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación”. Para esta modalidad de trabajo se requiere autorización expresa y tendrá carácter voluntario y reversible. Además, se establece que la Administración tendrá que proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. Como se puede apreciar, es una regulación de mínimos que deja margen a la aprobación de normas de desarrollo, que deberán ser objeto de negociación colectiva.

Es necesario apuntar que en el apartado 5 del artículo 47.bis se establece que “el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo”. Con esta previsión se evitan posibles confusiones por la diferente naturaleza jurídica del empleado público y la dualidad de regímenes jurídicos. En cambio, todo el personal que preste servicios en entidades públicas o privadas que pertenezcan al sector público pero que no tengan la consideración de Administraciones Públicas se regirá por la regulación recogida en el Estatuto de los Trabajadores.

Como he adelantado, la regulación del EBEP permite un gran margen para la negociación de las bases del teletrabajo en las distintas administraciones y organismos. La negociación colectiva debe ser el espacio natural para regular esta materia porque es donde hay un mayor conocimiento de la organización y de las necesidades del personal.

En este sentido, ya se están viendo los primeros avances de frutos negociales. Así, el pasado lunes 12 de abril se anunció la ratificación de un acuerdo en la Mesa General de Negociación de la AGE donde se dan los primeros pasos para implantar las bases de la regulación del teletrabajo.

También se han producido acuerdos en el ámbito local, incluso anteriores a la publicación de la modificación del EBEP. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, el 22 de septiembre de 2020, se publicó en el BOAM el Acuerdo de 17 de septiembre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo de 8 de septiembre de 2020 de la Mesa General de negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos Autónomos de criterios para la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en el Ayuntamiento de Madrid.

Sin duda, el teletrabajo aporta numerosos beneficios tanto a la organización, como al personal. Flexibilidad, dinamismo, reducir costes de desplazamiento y con ello beneficios medioambientales son algunos de ellos. Sin embargo, como todo, el teletrabajo también tiene dos caras de la misma moneda. Es necesario realizar una gran inversión en tecnología, modificar ciertos procedimientos y sobre todo formar al personal. Hay que recordar que la estructura de personal de los entes locales está envejecida y ello puede ser un problema a la hora de implantar ciertas modificaciones. Habrá que tener en cuenta estas y otras cuestiones que puedan generar disfunciones en el sistema de teletrabajo a la hora de diseñar su implantación, y también proponer procedimientos de evaluación y revisión si fueran necesarios.

Otra de las cuestiones problemáticas que trae consigo el teletrabajo es la introducción de este sistema en municipios de tamaño mediano o pequeño, con una menor capacidad de inversión. Por ello, es necesario crear estrategias que impidan la evolución del teletrabajo en la administración local en dos o, incluso tres velocidades.

En síntesis, hay todavía mucho por hacer para que el teletrabajo sea una realidad en todas las administraciones locales, como forma de trabajo que genere beneficios para todas las partes implicadas. Es necesario implantar estrategias globales y potenciar las inversiones que lleven a una administración local moderna y sostenible en su conjunto. En este sentido, el teletrabajo tiene que ir unido necesariamente a la digitalización de la administración local. Este es uno de los objetivos del plan “España digital 2025” anunciado por el Gobierno donde se integran reformas estructurales y una gran inversión, en buena parte financiada por el Plan de Recuperación Next Generation EU.

martes, 13 de abril de 2021

Carles Ramió: La política no puede ser religión

"El problema es que en la actualidad los cajones de la espiritualidad y de la política se mezclan de manera muy dañina y muchos ciudadanos buscan en la política un sentido de la identidad tanto espiritual como patriótica"

 Por Carles Ramió. EsPúblico blog.-- Hace algo más de cinco años que inicié esta aventura de publicar en esta prestigiosa plataforma de espublico. Para mi todo un privilegio. Mi primer artículo fue una recensión y reflexiones a raíz del libro de Víctor Lapuente “El retorno de los chamanes”. Desde entonces no he vuelto a hacer ninguna otra recensión ni ningún artículo centrado en un solo texto. Hoy vuelvo a hacerlo con otro libro del catedrático de la Universidad de Gotemburgo Lapuente. Víctor fue alumno mío y no hay nada que genere más orgullo y satisfacción a un profesor que constatar que sus ex pupilos progresan, desarrollan carreras profesionales potentes y tienen la capacidad de hacer aportaciones relevantes en nuestra disciplina.

El profesor Lapuente es ahora una de las voces más autorizadas a nivel nacional e internacional sobre instituciones públicas. Sus trabajos empíricos y sus análisis, de carácter comparado e internacional, son de lectura obligada para todos los interesados en la situación actual y sobre el futuro de nuestras administraciones públicas. Coincido académicamente casi al cien por cien con las aportaciones de este profesor, en mi caso desde una mirada más nacional e internacional vinculada a la región iberoamericana.

El muy reciente libro de Lapuente “Decálogo para un buen ciudadano” (Ed. Península, 2021) es un libro realmente excepcional ya que es un texto de autoayuda a nivel cívico, político y social escrito por alguien que odia los libros de autoayuda (otra posición con la que coincido con el autor). Es una obra de una enorme madurez intelectual cuya ambición está al alcance de muy pocos y sorprende que el autor lo haya podido elaborar siendo tan joven.  El catalizador de este libro se vincula a vivencias recientes del autor a nivel personal que le han estimulado a escribir un libro casi de carácter testamentario a una edad muy temprana. Es imposible que este libro nos deje indiferentes ya que transita por praderas, como dice el mismo autor (jardines como diría un castizo) muy procelosas. Es un libro valiente, muy ameno y divulgativo mediante una utilización magistral de anécdotas, experiencias históricas y apelaciones a los filósofos y pensadores políticos clásicos y contemporáneos (políticos, economistas, sociólogos, antropólogos y filósofos). Es por tanto, un libro de filosofía política para consumo de los ciudadanos con conciencia cívica.

Religión y patriotismo

Sus tesis remueven e incomodan nuestra intelectualidad. Su argumento es conceptualmente explosivo: defiende la religión y el patriotismo como ingredientes básicos, durante la historia de la humanidad, para el desarrollo social, económico, institucional y político. Para alguien como yo, ateo y apátrida, sus argumentos me han generado un considerable estrés intelectual. Pero sus análisis conceptuales son tan sólidos y de desarrollo tan amable y suave que no queda más remedio que aceptarlos. No hay ninguna duda que los seres humanos a nivel personal y social poseemos dos dimensiones: una política y otra mística. La política apela a nuestro modelo de organización social, política e institucional como sistemas de colaboración entre los seres humanos (los humanos y buena parte de las distintas especies animales somos esencialmente sociales) para lograr el máximo desarrollo y confort. Pero esto no es suficiente ya que los humanos somos los únicos animales con capacidad de hacernos preguntas complejas, incómodas y trascendentales (¿de dónde venimos? ¿ qué sentido tiene nuestra vida?  y muchas más preguntas existenciales ante la gran tragedia humana: todos sabemos que moriremos y que nuestro paso por este mundo es efímero). Para colmar esta necesidad humana de carácter espiritual hemos ido edificando religiones que han ido madurando desde el politeísmo (algo caótico y promiscuo entre divinidades y gobernantes divinos) al monoteísmo (mucho mas ordenado, con un Dios dominante y jerárquico totalmente emancipado de nuestros líderes y sistemas de gobierno). Es crucial que estas dos dimensiones: la política y la social frente a la divina no se confundan (a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César). Los humanos y el cuerpo social de las sociedades desarrolladas poseen dos cajones complementarios pero diáfanamente separados: el político y el espiritual y esta arquitectura dual ha aportado a la humanidad el sosiego necesario para avanzar, desarrollarse y refinarse. Es obvio que durante muchos momentos históricos ambos cajones se han mezclado y han generado graves externalidades negativas (siempre hay patologías en los sistemas complejos).

Por otra parte, en el ámbito político y social el pegamento que ha fomentado mayor desarrollo estimulando las lógicas de cooperación entre las personas ha sido el patriotismo. Otro mejunje difícil de tragar para muchos intelectuales y ciudadanos cosmopolitas. Defender la religiosidad y el patriotismo como ingredientes básicos de la cohesión y el desarrollo social es casi un anatema para muchos librepensadores (entre los que milito). De tal manera que el autor presenta como la cultura política y social norteamericana es la que históricamente ha articulado mejor estos dos ingredientes o pegamentos sociales. Los padres fundadores de la patria americana estimularon un modelo político esencialmente patriótico y religioso (ambos ingredientes y su relevancia simbólica en este país siempre nos ha incomodado a muchos de nosotros). Pero es bien cierto que los americanos dominaban el arte de la alquimia ya que separaron claramente la dimensión política del patriotismo de la dimensión religiosa (de nuevo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios) y fueron capaces de implantar un modelo político radicalmente democrático y ajeno a interferencias religiosas (una diferencia muy remarcable entre la revolución americana y la revolución francesa es que esta última atacaba a la religión edificando una nueva religiosidad de carácter laico, tendencia de la que se libera la revolución americana paradójicamente al aceptar la dimensión religiosa como una faceta esencial de la naturaleza humana).

¿Cuál es el problema en nuestra realidad contemporánea? La respuesta es que amplios sectores de nuestras sociedades rechazamos las religiones y abrazamos el ateísmo o el agnosticismo y también  objetamos de manera radical el patriotismo. Este doble rechazo puede ser entendido como una muestra de madurez social, mística y política. Ya no nos hacen falta ídolos religiosos ni nos hace falta patriotismo para desarrollarnos y crecer social y políticamente. Pero todo indica que nuestra madurez espiritual y política no es tan sólida como pensábamos. Tenemos toda clase de indicios sobre esta falta de madurez: porque como dice Lapuente “el sentimiento religioso no se crea ni se destruye sino que se transforma”. Ya no abrazamos las religiones pero ante el vacío que nos deja esta ausencia transitamos como pollos sin cabeza abrazando libros de autoayuda personal, la persa medicina alternativa, talleres de yoga o de relajación, la cultura selficéntrica en las redes sociales, etc. que no dejan de ser manifestaciones de carácter espiritual pero de una calidad y de un rendimiento más bien espurio y escasamente satisfactorio para alimentar nuestras necesidades espirituales tanto a nivel personal como social.

El problema es que en la actualidad los cajones de la espiritualidad y de la política se mezclan de manera muy dañina y muchos ciudadanos buscan en la política un sentido de la identidad tanto espiritual como patriótica. Entonces la política se convierte en dogma (izquierdas versus derechas o unionistas versus independentistas) y en una arena peligrosamente demagógica que fracciona de manera irremediable al cuerpo social. La política y los políticos se endiosan y los políticos más exitosos son los que poseen ingredientes de telepredicadores y la militancia política se trivializa y alcanza una consistencia (o inconsistencia) perversamente sectaria. La política ocupa el espacio de la religión y todo se complica. Ya no existe el bien común ni el interés general sino una arena de lucha entre unos y otros. Cada uno va a la suya con sus componentes de carácter individualista (de nuevo la cultura selficéntrica narcisista) buscando compensaciones inmediatas sin capacidad de mirar más allá de sus respectivas narices y sin ningún proyecto social que nos cohesione y nos aliente a contribuir en el bien común. Y cuando nos asociamos social y políticamente lo hacemos con una predisposición espiritual que nos lleva a mancomunarnos de manera sectaria y ser carnaza de lideres políticos y sociales facciosos y beligerantes que nos presentan una falsa realidad binaria entre nosotros y los otros. Ya no existen pagamentos espirituales o patriotas de carácter político y social que nos cohesionen de manera transversal y nos den un sentido para cooperar y avanzar como humanidad.

Las propuestas de Lapuente pueden resultarnos insatisfactorias: recuperar la filosofía estoica y plantar cara a nuestros miedos para atemperarlos y racionalizarlos. Un escaso baje para afrontar tantos abismos y peligros como los que nos acecha el mundo contemporáneo. Me atrevo a proponer transformar el patriotismo de carácter nacional per un patriotismo global y de defensa del bienestar planetario. Ahora que vivimos en un mundo global y con retos planetarios (el mundo y la naturaleza están en peligro de muerte por nuestro perverso modelo de desarrollo económico y social) hay suficientes incentivos para transformarnos en unos patriotas del mundo y del bienestar mundial. Es un reto de tal envergadura que también requiere un refuerzo de carácter espiritual pero quizás sea insuficiente para colmar nuestras ansias y deseos de carácter místico. Por mi es suficiente pero dudo que genere suficiente energía íntima para la mayoría. La lucha por la sostenibilidad y el bienestar del planeta puede ser excesivamente pragmático y aristotélico y quizás insuficientemente platónico. Como afirma el autor todos nos movemos por la practicidad aristotélica y por la mística platónica. Con estas últimas propuestas Platón quizás nos queda un poco cojo. Pero ya no hay vuelta atrás para los ateos y agnósticos de la religión y de la patria y debemos buscar nuevas praderas, positivas socialmente, que colmen nuestras ansias espirituales.           

lunes, 12 de abril de 2021

Madrid no ha cobrado ni una de las sanciones impuestas en el vigente estado de alarma

La Consejería de Sanidad madrileña privatiza por la vía de emergencia la gestión de las más de 50.000 denuncias no ejecutadas por el consistorio en el actual estado de alarma

Revista de prensa. Por Javier Casqueiro. El País.- Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han logrado cobrar aún una sola multa de las más de 50.000 impuestas por irregularidades y comportamientos no permitidos en la capital de España, como fiestas ilegales, botellones o incumplimientos de los toques de queda, durante esta segunda fase del estado de alarma decretado por la covid-19 el pasado 25 de octubre. Y apenas ha ingresado 2.000 de una cifra total similar de la primera etapa. Ante el aluvión, el Ayuntamiento ha delegado esa gestión en la Comunidad, que la acaba de privatizar.

Más de un año después de decretado el primer estado de alarma como consecuencia de la covid-19, Madrid sigue instalada en los peores puestos de afección de la pandemia, pero con un ambiente en sus calles más libérrimo que desde la oposición política se ha calificado como “efecto desmadre”. En este año se han firmado alrededor de 100.000 sanciones en la capital por la covid-19 y se han cobrado realmente unas 2.000, el 2%.

Desde las instituciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento y la Comunidad, se recurre a la evidencia de la alta densidad de población y a su gran movilidad para justificar esos datos. Y se ha abierto una estrategia de confrontación con el Gobierno central para rechazar la imposición de nuevas restricciones, con horarios comerciales y de hostelería más flexibles que en ninguna otra región, con el argumento de que los balances estadísticos de la pandemia no son mucho peores en Madrid que en otras zonas con actuaciones más contundentes.

Tras cada fin de semana, el Ayuntamiento de Madrid ofrece una pormenorizada estadística de cientos de actuaciones policiales y denuncias implantadas, para contrarrestar la sensación pública de que la capital se haya podido convertir en esta pandemia en “la taberna o la tasca” no solo del resto del país sino incluso de Europa, como han denunciado desde el PSOE, Más Madrid o Unidas Podemos. Tanto el alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida, como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han rechazado con malestar esa idea y han defendido que las imágenes de colapso en algunas zonas, sin cumplir las distancias de seguridad o las mascarillas, son “puntuales”.

EL PAÍS ha reclamado oficialmente durante dos semanas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid datos sobre sus actuaciones en materia de denuncias ejecutadas hasta el final y relacionadas por la covid-19 en la capital y se ha encontrado con una maraña de exculpaciones y muy poca precisión.

El Ayuntamiento no tiene una respuesta cuando se le pregunta por cuántas de esas más de 50.000 sanciones del segundo estado de alarma han llegado a término, se han ejecutado hasta el final y se han cobrado ya. El dato no ha podido ser facilitado porque el municipio las derivó a la Comunidad y el ejecutivo autonómico ha optado por privatizar ese servicio ante de empezar a desentrañarlo ante el aluvión que se le venía encima.

Fuentes oficiales del consistorio madrileño admiten que aún están tramitando multas impuestas en el primer estado de alarma, el vigilado por el Ejecutivo central desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 25 de octubre bajo el paraguas de la ley de Seguridad Ciudadana, y se remiten a que la normativa es “muy garantista y permite que tras la notificación se pueda recurrir, se abre un periodo de alegaciones, otro ejecutivo, se avise del embargo y se pueda llegar incluso a los tribunales”.

En el primer estado de alarma, el Ayuntamiento propuso 42.751 sanciones covid, ha tramitado 25.000 y notificado 20.140. Los técnicos municipales calculan que menos de un 10% de las notificadas han sido abonadas por los infractores voluntariamente para beneficiarse de descuentos por pronto pago unas 2.000. Por ese concepto se han ingresado 490.000 euros.

La explicación de que el proceso y recorrido de las multas se dilata en exceso es asumida también por fuentes oficiales de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno y todas las administraciones consultadas apuntan a que el plazo para cobrar realmente una multa covid se puede demorar entre seis meses y un año.

El Ayuntamiento, como las demás administraciones implicadas en este proceso, se ha visto desbordado por las miles de sanciones que ha impuesto y por su falta de recursos e inspectores. Esa fue la razón por la que el consistorio decidió, en el actual segundo estado de alarma, delegar esa competencia de tramitar las sanciones en la Comunidad, que tampoco estaba preparada para los procedimientos que le llovieron. La competencia sobre las sanciones contra la Salud Pública la tiene la Consejería de Sanidad, pero sus inspectores han estado este año más volcados en vigilar residencias, centros médicos y otras tareas relacionadas con la covid-19.

La Comunidad, además, no debe ocuparse solo del Ayuntamiento de Madrid, que es una institución en teoría con suficientes recursos, sino de otros 178 municipios, muchos de ellos rurales y sin servicios ni policía. Ha sido ahí donde la Consejería ha incoado durante estos meses de alarma un total de 1.329 expedientes sancionadores, de los que 1.014 se encuentran en fase de instrucción conforme a la normativa regional (apartado sexto de la Orden 668/2020, de 19 de junio) y 315 constan completamente finalizados. Es decir, el 23,7%. La mayoría de estos expedientes corresponden a multas impuestas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías municipales de pequeñas localidades. La Comunidad concede que en la capital apenas ha actuado hasta ahora.

La citada normativa autonómica en vigor especifica: “La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a la autoridad municipal o autonómica competente por razón de la actividad, establecimiento, local, instalación, recinto, espacio de uso público o vía pública en los que se cometa la infracción”.

Falta de recursos

El Ayuntamiento de la capital acepta que esa potestad está entre sus competencias, pero también que no tiene medios para llevarla a cabo. Ante el incremento y el desborde de denuncias enviadas desde ese consistorio, que se estima superior a las 50.000, la Consejería contrató este mes de marzo y por la vía de emergencia los servicios de una empresa externa especializada para dar apoyo y agilizar las tareas relacionadas con esa gestión. Esa empresa empezó a trabajar este 5 de abril con incentivos (16 euros más IVA fijos y 15% más IVA por cada expediente tramitado a tiempo).

La Generalitat valenciana, que hace algo más de un mes estaba entre las peores en cifras de contagios y tras fuertes restricciones se ha consolidado entre las mejores, ha cobrado menos del 1% de las multas apercibidas desde el 25 de julio (814 sobre las 94.000 impuestas). La Consejería de Justicia, que tenía solo cinco funcionarios para esa labor, los amplió a 21 y luego con 52 más, pero no fue suficiente y optó también por recurrir a una empresa externa a la que pagó 5,3 millones de euros.

Otros municipios madrileños importantes como Fuenlabrada, aunque no del tamaño de la capital, hicieron una consulta a la Delegación del Gobierno para saber cómo afrontar ese desafío y se les contestó que debían asumir esa gestión directamente y así lo hicieron. En este año covid la Policía local de Fuenlabrada ha pasado de administrar 1.500 sanciones a 6.500, pero solo ha iniciado la tramitación en 2.500 casos, notificado para que el sancionado pueda alegar 2.100 y cobrado 253. En Castilla-La Mancha, muy perjudicada por el contagio y la proximidad con Madrid, se han impuesto estos meses 82.659 denuncias de este tipo, se han tramitado 14.961 (18%), y se han recaudado por ese concepto 342.165 euros.

MILES DE DENUNCIAS QUE ESTÁN TODAVÍA POR TRAMITAR

El Ayuntamiento de Madrid sí lleva perfectamente registradas sus acciones en cuanto a las miles de sanciones impuestas en este vigente estado de alarma que comenzó el 25 de octubre. Hasta su última actualización, el 5 de abril, la Policía Municipal había interpuesto 11.326 denuncias por consumo de alcohol en vía pública para evitar los llamados botellones. Otra de las grandes ocupaciones aparentes de las autoridades en Madrid ha sido actuar contra las fiestas ilegales en los domicilios particulares. La policía madrileña ha duplicado hasta 200 agentes los que se dedican los fines de semana exclusivamente a esa función.

El fin de semana que coincidió con el puente del 19 de marzo la policía local llegó a intervenir en 474 fiestas o reuniones ilegales en domicilio que no cumplían la normativa covid, con aforos superiores a lo permitido y sin usar mascarillas, y tres de ellas en apartamentos turísticos. En uno de esos pisos turísticos había 48 personas de 10 nacionalidades diferentes. En un local del centro con un aforo posible para 74 personas se encontraron dentro 117. En otro del distrito de Salamanca había en el interior, además, futbolines, billares y karaoke. En total, y en estos meses de estado de alarma, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido más de 7.740 fiestas o reuniones privadas en domicilios y locales de ocio. Ha propuesto sanciones a 21.193 ciudadanos por no usar mascarilla; ha denunciado a 12.500 por agruparse más de seis personas; ha cursado 835 sanciones a establecimientos por no cerrar en tiempo y forma; ha controlado en el conjunto de la ciudad a 251.623 ciudadanos y a 202.750 vehículos en las vías públicas; y ha firmado 35.316 denuncias por circular fuera del toque de queda nocturno, ampliado hasta las 23.00.

viernes, 9 de abril de 2021

Macron reemplaza la ENA, vivero de las élites francesas, por una nueva escuela para funcionarios

La Escuela Nacional de Administración desaparecerá y ocupará su lugar el Instituto del Servicio Público, más flexible, diverso y abierto 

Revista de prensa. El País.- MARC BASSETS.- Macron, durante una videoconferencia con maestros y alumnos de una escuela del sur de Francia, este martes en el Elíseo. Era una de las promesas, aplazada varias veces, que el presidente Emmanuel Macron formuló hace dos años para responder a la revuelta de los chalecos amarillos contra las élites: la supresión de la Escuela Nacional de Administración (ENA), el centro donde se forma a los altos funcionarios franceses. La ENA es un centro de excelencia para los mejores dirigentes, pero con la reputación de ser una institución rígida y elitista. Macron ha anunciado este jueves que la remplazará por un centro que se llamará Instituto del Servicio Público (ISP), teóricamente más flexible, diverso y abierto a la sociedad.

 El anuncio de Macron, en un discurso ante altos funcionarios franceses, cierra un capítulo de casi ocho décadas en las que la ENA ha fabricado primeros ministros, presidentes de la República y ejecutivos de multinacionales. La fundó, al final de la Segunda Guerra Mundial, el general Charles de Gaulle, convencido de que una de las causas del derrumbe de Francia ante la Alemania nazi en 1940 y los cuatro años siguientes de ocupación había sido la quiebra moral y organizativa de las élites francesas, y entre estas, la funcionarial.

 La idea en 1945 era que, para reconstruir el país, hacía falta un cuerpo de altos funcionarios seleccionados y formados con criterios meritocráticos y con los mayores niveles de competencia. Macron no renuncia a esta idea. Pero sí entierra la marca ENA, que goza aún de prestigio en el extranjero. En Francia, sin embargo, se había convertido con los años en el símbolo, quizá injusto pero arraigado, de una aristocracia arrogante y alejada de las realidades del francés de a pie, una élite marcada por una misma visión del mundo y una manera de actuar e incluso de razonar y de hablar.

“En nuestra función pública hay, en el fondo, dos enfermedades que debemos arreglar: el determinismo y el corporativismo”, ha dicho Macron, quien ha descrito la reforma que pretende hacer como una “revolución profunda”. “Debemos cambiar radicalmente la manera de reclutar, de formar, de seleccionar, de construir la trayectoria de nuestros altos funcionarios”, ha explicado el presidente, después de precisar que “en ningún caso se trata” de ceder a la moda del antielitismo “ni de lanzar el oprobio sobre esta escuela”.

 A partir de 2022, Francia ya no reclutará y educará a sus altos funcionarios en la ENA, sino en el ISP, que mantendrá la sede actual en Estrasburgo y el mismo método de selección por oposiciones. El simbolismo del cambio de nombre no es menor en un país cuya identidad es indisociable del Estado y en el que, tras cortar la cabeza al rey en 1792, sustituyó las bizantinas jerarquías de la corte por una auténtica aristocracia de la función pública. Su encarnación más reciente son los denominados enarcas. Macron, graduado en 2004, es uno de ellos.

Con la reforma, una vez salgan de la nueva ENA, los alumnos ya no se encaminarán hacia una administración determinada en función de sus resultados académicos, como hasta ahora. Lo que ocurría era que los mejores se dirigían a uno de los llamados grandes cuerpos del Estado (la élite de la élite: la Inspección de Finanzas, el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas) y podían pasarse ahí el resto de sus carreras, como una renta vitalicia. Esta práctica se acabó.

 A partir del año próximo, todos los graduados se incorporarán en un cuerpo único, el de los administradores del Estado, y antes de integrarse en uno de los grandes cuerpos deberán pasar años de trabajo sobre el terreno. La nueva ENA también incorporará reformas que se habían puesto en marcha en la antigua ENA, como la creación de una oposición específica para candidatos de barrios desfavorecidos. El anuncio en febrero, por parte de Macron, de esta y otras reformas dio a entender que la vieja institución podría sobrevivir; no ha sido así.

La escasa diversidad social y cultural de la ENA es un problema que se ha agravado con el tiempo. El sociólogo Pierre Bourdieu ya diagnosticó en los años 80 que instituciones como esta perpetuaban las desigualdades sociales, pese a su vocación meritocrática, o debido a ella, porque los hijos de enarcas, o de profesionales liberales, disponen para entrar en la ENA de las herramientas adecuadas y conocen los trucos, que los hijos de la clase trabajadora y de la inmigración desconocen.

 No es extraño que la reforma de la ENA empezara a fraguarse durante la revuelta de los chalecos amarillos, franceses de las periferias urbanas y de las pequeñas ciudades alejadas de los centros del poder. Macron lanzó la propuesta al final de la serie de debates con ciudadanos que organizó a principios de 2019. Y la concreta en un momento en la que la gestión de la pandemia ha puesto en duda la eficacia del poderoso Estado francés.

 La discusión ahora es si se trata de un cambio de nombre y algunos ajustes organizativos, o si la transformación va mucho allá. La Escuela Nacional de Administración desaparecerá y dejará de producir enarcas, pero Francia seguirá preparando a sus dirigentes con criterios de excelencia. El nombre cambia; la idea sobrevive.

Una reforma simbólica a un año de las elecciones

Con la sustitución de la Escuela Nacional de Administración (ENA) por otra escuela de la alta administración, el presidente francés, Emmanuel Macron, intenta retomar el ímpetu transformador con el que conquistó el poder en 2017 y que parecía marchitarse. Entonces prometía romper el estancamiento de las élites francesas de las que él era un alumno aventajado y rebelde. Lo consiguió con el sistema de partido, el duopolio de socialistas y conservadores de raíz neogaullista que se tambaleó con la irrupción del joven Macron. Pero la reforma de alta función pública, la maquinaria que hace funcionar al Estado francés, se aplazó repetidamente, como otras reformas. La más significativa es la del sistema de pensiones, en suspenso desde el inicio de la pandemia, que h ha trastocado toda la agenda del presidente de la República. El fin de la elitista ENA, barata desde el punto de financiera, con un simbolismo que todo el mundo entiende y nada polémica en una época de resentimiento hacia las élites, quiere ser una señal de que, a un año de las nuevas elecciones presidenciales, el presidente conserva la voluntad de romper códigos y reformar.