UE. Inexistencia de derecho del funcionario interino a percibir indemnización cuando se extinga la relación de servicio. Notas a la sentencia del TJUE de 22 de enero de 2020 (asunto C- 177/18).

Por El blog de  Eduardo Rojo Torrecilla.- 1.- Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 22 de enero (asunto C-177/18),  como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, por el Juzgado contencioso- administrativo núm. 14 de Madrid,por auto de 16 de febrero de 2018. 

El asunto versa, una vez más, sobre la problemática del trabajo de duración determinada en España, y más exactamente sobre el derecho de una funcionaria interina a percibir una indemnización a la finalización de la prestación de sus servicios.  Nuevamente se suscitan las cuestiones relativas a la igualdad de trato entre el personal funcionario interino y el de carrera, por una parte, y el personal funcionario interino y el contratado laboral por otra, con la posible aplicación de la cláusula 4 del acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre la contratación de duración determinada. Comprobaremos más adelante que la sentencia sigue la misma línea iniciada porlas sentencias de 5 de junio de 2018, asuntos C-677/16 y C-574/16, objeto de atención detallada en una entrada anterior del blog y a la que me permito remitir a las personas interesadas. 

El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Cláusula 5 — Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos resultantes de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada — Indemnización en el supuesto de extinción de la relación laboral — Artículos 151 TFUE y 153 TFUE — Artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicabilidad — Diferencia de trato basada en la naturaleza administrativa o laboral, en el sentido del Derecho nacional, de la normativa que regula la relación de servicio”.

El 19 de octubre publiqué una entrada en el blog, dedicada al análisis de las conclusiones del abogado general  Maciej Szpunar  en el caso ahora resuelto por la sentencia del TJUE. Remito igualmente a todas las personas interesadas a su atenta lectura, dado que la mayor parte de su argumentación ha sido acogida por el TJUE. Dichas conclusiones tambien fueron objeto de un riguroso análisis, de muy recomendable lectura, por parte del profesor Ignasi Beltrán de Heredia en una entrada publicada en su blog el 18 de octubre.

En efecto, el abogado general propuso que el TJUE se pronunciara en los siguientes términos: “La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores empleados mediante nombramientos de duración determinada efectuados para cubrir una plaza vacante hasta que se provea con un funcionario de carrera al vencer el término por el que se hayan realizado, como el nombramiento de funcionaria interina controvertido en el asunto principal, mientras que se concede una indemnización a los trabajadores que prestan servicios como personal laboral fijo debido a la extinción de su contrato de trabajo por concurrir una causa objetiva”.

2.- El litigio encuentra su origen en sede judicial cuando la persona afectada presenta una demanda contra la denegación de su petición, en sede administrativa, de abono de indemnización por finalización de sus servicios. Estamos en presencia de  una trabajadora que fue nombrada funcionaria interina del Ayuntamiento de Madrid el 24 de noviembre de 2005, con la categoría de oficial de jardinería, al objeto de cubrir una plaza vacante hasta su ocupación por un funcionario de carrera con derecho a reserva del puesto de trabajo, si bien en el nombramiento también se hacía constar que la extinción de la relación temporal podría igualmente producirse “cuando la Administración considerara que hubieran dejado de existir las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina”. Siete años y medio más tarde, (¿duración inusualmente larga? me pregunto) el 15 de abril de 2013, se comunicó a la trabajadora su cese, como consecuencia de la ocupación de la plaza por un funcionario de carrera.

Siempre según los datos disponibles, tanto en el auto del JCA como en la sentencia del TJUE, deberemos esperar casi cuatro años, hasta el 20 de febrero de 2017 (supongo que la fecha no es casual y guarda relación con las sentencias dictadas el 14 de septiembre de 2016 por el TJUE y el reconocimiento del derecho a indemnización para los trabajadores interinos a la finalización de su relación con la Administración y en idénticas condiciones que los trabajadores con contrato indefinido) para saber que la trabajadora solicitó al Ayuntamiento madrileño el abono de una indemnización de 20 días por año de servicio, es decir aquella que percibe un trabajador con contrato indefinido que ve extinguido su contrato por causas objetivas al amparo de los arts. 52 y 53 de la Ley del Estatuto de los trabajadores. Conocemos también que el fundamento de su petición eran las cláusulas 4 y 5 del acuerdo marco, los arts. 20 y 21.1 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, y el art. 4.3 del TUE (“Conforme al principio  de  cooperación  leal,  la  Unión  y  los  Estados  miembros  se  respetarán  y  asistirán  mutuamente  en  el  cumplimiento  de  las  misiones  derivadas  de  los  Tratados. Los Estados miembros adoptarán  todas  las  medidas  generales  o  particulares  apropiadas  para  asegurar  el   cumplimiento   de   las   obligaciones   derivadas   de   los   Tratados   o   resultantes   de   los   actos   de   las   instituciones  de  la  Unión. Los Estados  miembros  ayudarán  a  la  Unión  en  el  cumplimiento  de  su  misión  y  se  abstendrán  de  toda  medida  que  pueda  poner  en  peligro  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  Unión”). 

La corporación municipal desestimó la petición formulada, con alegación de que el nombramiento interino se había debido en su momento a una situación de urgente e inaplazable necesidad de cobertura de la plaza, y que una vez cubierta por funcionario de carrera debía procederse al cese de la trabajadora interina. Más importante a efectos jurídicos fue, así me lo parece, el argumento de la inexistencia de comparación posible entre un funcionario interino y otro de carrera respecto a la indemnización por finalización de sus servicios, y por consiguiente inexistencia de discriminación alguna, por cuanto no está prevista ninguna indemnización para el funcionario de carrera a la finalización de su vínculo funcionarial con la Administración.

En el auto del JCA tenemos conocimiento de que durante la prestación de sus servicios, la funcionaria interina prestó su actividad en el mismo puesto de trabajo, y que sus funciones eran idénticas a las de los funcionarios de carrera pertenecientes a la misma categoría profesional. Según el juzgador “… el Ayuntamiento de Madrid no aportó prueba de que, durante dicho período, se organizara una convocatoria para la provisión de puestos de trabajo o se aprobara una oferta pública de empleo”, y de los datos disponibles se desconocía si la plaza que ocupaba la interesada había sido cubierta por medio de promoción interna, concurso, oposición u otro proceso de selección. Más relevante a efectos jurídicos me parece el argumento del juzgador de que la Corporación Local no había acreditado la “inaplazable necesidad” de nombrar a la funcionaria interina en la plaza ocupada, a la par que también se desconocía la razón por la que estaba vacante la plaza.

Reconoce el juzgador que no hay indemnización por finalización de servicio de un funcionario de carrera, y de ahí que no sería de aplicación la cláusula 4 (principio de no discriminación) del acuerdo marco, y que tampoco sería comparable la situación de la funcionaria interina con la de una trabajadora laboral temporal que sí perciba, hipotéticamente, una indemnización, ya que la comparación entre dos situaciones de temporalidad está excluida del ámbito de aplicación del Acuerdo Marco.

Sin embargo, el juzgador tiene dudas de la adecuación de la normativa española a la comunitaria, y se pregunta si la funcionaria interina tendría derecho a la indemnización “por analogía con el personal laboral temporal o por aplicación vertical directa del Derecho primario de la Unión”. Así, el juzgador remitente, tal como puede leerse en el apartado 35, “considera que la sanción que consiste en transformar la relación de servicio de duración determinada en una relación de servicio estable es la única que permite cumplir con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70. Sin embargo, a su juicio, esta Directiva no se ha transpuesto en Derecho español en lo que atañe al sector público. De este modo, se pregunta si, sobre la base de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puede abonarse una indemnización en concepto de sanción”.

Toda la anterior argumentación, que tiene como punto de referencia básico, a mi parecer, que la única forma de garantizar el cumplimiento de la cláusula 5 del Acuerdo marco sería que el trabajador interino pasara a adquirir firmeza en su relación con la Administración empleadora, le lleva a formular tres preguntas en la cuestión prejudicial, que son las siguientes:

“1)   ¿Es correcta la interpretación que se hace de la cláusula 4.ª del Acuerdo Marco, al entender que una situación como la que se describe, en la que el funcionario interino realiza el mismo trabajo que el funcionario de carrera (funcionario de carrera que no goza de derecho de indemnización porque la situación de la que traería causa no existe en su régimen jurídico), no es encuadrable en la situación que en la misma se describe?

2)      ¿Es conforme con el Acuerdo Marco anexo a la Directiva [1999/70] la interpretación que se hace para así conseguir sus objetivos, al tratarse el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación de un principio general de la UE concretado en una Directiva (arts. 20 y 21 CDFUE), artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y considerarse derechos sociales fundamentales, artículo 151 y 153 del TFUE que el derecho a la indemnización del funcionario interino puede alcanzarse, ya sea desde la comparación [con el] trabajador laboral temporal, ya que su condición (funcionarial o laboral) solo depende del empleador público o bien mediante la aplicación directa vertical predicable [del] Derecho originario Europeo?

3)      Atendiendo, en su caso, a la existencia de abuso en la contratación temporal, dirigida a satisfacer necesidades permanentes, sin que exista causa objetiva, contratación ajena a la urgente y perentoria necesidad que la justifica, sin que exista sanción o límites efectivos en nuestro Derecho nacional, ¿sería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva [1999/70], como medida para prevenir el abuso y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el empleador no dé fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido improcedente, indemnización como sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria?”.

3.- El TJUE procede primeramente al repaso de la normativa europea y estatal española aplicable.

De la normativa europea son referenciados los arts. 1 y 2, párrafo primero, de la Directiva 1999/70, así como también las cláusulas 3 (definiciones), 4 (principio de no discriminación), y 5 (medidas destinadas a evitar la utilización abusiva) del Acuerdo marco anexo a la Directiva.

Del derecho español se menciona en primer lugar, la disposición adicional primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; a continuación, los arts. 8, 10 y 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; por fin, de la Ley del Estatuto de los trabajadores son mencionados los arts. 49, 52, 53.1 a), y 56.

4. Al responder a la primera pregunta formulada por el JCA El TJUE recuerda cuál es su doctrina ya consolidada sobre la interpretación de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco y se remite en concreto a su sentencia de 5 de junio de 2018 (asunto C-677/16), cual es “aplicar el principio de no discriminación a los trabajadores con contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de duración indefinida”.  

Más adelante expone, siguiendo también su consolidada jurisprudencia al respecto, que quien presta sus servicios como funcionaria interina está incluida, ex cláusula 3.1, en el concepto de “trabajador con contrato de duración determinada”, y que la indemnización por finalización de contrato, reclamada por la demandante en instancia, se incluye en el concepto de “condiciones de trabajo” ex cláusula 4.1.

Dicho sea incidentalmente,  la lectura de la sentencia me ha sido de mucha utilidad para tener conocimiento de un auto del TJUE de 12 de junio de 2019(asunto C-367/18),    dictado con ocasión de la cuestión deinconstitucional planteada por la Sala de lo C-A del TS mediante auto de 4 demayo de 2018, del que fue ponente el magistrado Nicolás A. Maurandi

El TS elevó al TJUE las tres cuestiones siguientes: “1.- ¿La cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa nacional española que en el artículo 12.3 del Texto refundido del Estatuto del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre), dispone el cese libre sin indemnización, y por el contrario, sí establece una indemnización en el artículo 49.1.c) del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) cuando se produce la extinción de un contrato de trabajo que obedece a determinadas causa(s) legalmente tasadas? 2.- Para el caso de ser negativa la respuesta a la cuestión primera, ¿se enmarca dentro del ámbito de la cláusula 5 del Acuerdo Marco una medida como la establecida por el legislador español, consistente en fijar una indemnización de 12 días por año trabajado, a percibir por el trabajador a la finalización de un contrato temporal aun cuando la contratación temporal se haya limitado a un único contrato? 3.- De ser positiva la respuesta a la cuestión segunda, ¿es contraria a la cláusula 5 del Acuerdo Marco una disposición legal que reconoce a los trabajadores de duración determinada una indemnización de 12 días por año trabajado a la finalización del contrato, pero excluye de la misma al personal eventual antes mencionado cuando se produce su cese libre?

Pues bien el TJUE falló sobre la primera cuestión que “La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna al personal eventual, que ejerce funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, con motivo del cese libre en sus funciones, mientras que se concede una indemnización al personal laboral fijo con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva”, y declaró inadmisibles la segunda y la tercera, por ser de naturaleza meramente hipotética.

5.- ¿Existe diferencia de trato entre el funcionario interino y el de carrera cuando se extingue su relación de servicios? No, porque en ningún caso se percibe la indemnización que reclama la demandante, por lo que el TS sienta ya una primera conclusión, cual es que la cláusula 4.1 no se opone a una normativa como la española que no prevé indemnización alguna cuando la relación funcionarial se extingue de forma “ordinaria”, ya se trate de personal interino o de carrera.

Ahora bien sentada esta regla general, la Sala se plantea si puede haber una diferencia de trato no justificada entre el supuesto ahora debatido y el de una extinción de un contrato de trabajo indefinido por causas objetivas al amparo del art. 52 LET, y lo hace tanto porque así se infiere del auto del JCA como porque en el trámite de las preguntas formuladas en la vista oral el TJUE dedujo (ver apartado 39) que “la plaza que ocupaba la interesada cuando prestaba servicios para el Ayuntamiento de Madrid como funcionaria interina “también podía ser ocupada por personal laboral fijo, y que un trabajador fijo prestaba servicios en dicho Ayuntamiento en un puesto idéntico durante el mismo período”. 

Remite la Sala al órgano jurisdiccional remitente, con cita nuevamente del auto de 12 de junio de 2019 (asunto C-367/18) a que compruebe tales datos y determine, en su caso, “si los funcionarios interinos, como la interesada, se encuentran en una situación comparable a la del personal laboral fijo contratado por el Ayuntamiento de Madrid durante el mismo período de tiempo”, pero inmediatamente marca las “reglas del juego” respecto a esa hipotética comparación, reiterando una vez más la doctrina sentada desde las sentencias de 5 de junio de 2018, asuntos C-574/16 y C-677/16, seguida después por el llamado caso Ana de Diego Porras II, la sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-619/17), y subrayando que debemos estar en presencia de dos situaciones “comparables”, entre una relación temporal y otra indefinida, para poder determinar si es aplicable la cláusula 4.1; o dicho con las propias palabras de la sentencia, “es necesario comprobar si existe una razón objetiva por la que la finalización de la relación de servicio de los funcionarios interinos no deba dar lugar al abono de indemnización alguna, mientras que los trabajadores fijos perciben una indemnización cuando son despedidos por alguna de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores”.

Sí existe para el TJUE dicha razón objetiva desde las citadas sentencias de 5 de junio que modificaron la doctrina fijada en la sentencia de  14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14) conocida como caso Ana de Diego Porras I, cual es que el objeto específico de la indemnización regulada en el art. 53.1 a) LET “al igual que el contexto particular en el que se abona, constituyen una razón objetiva que justifica una diferencia de trato como la mencionada en el apartado anterior”, dado que la finalización de una relación laboral de duración determinada “se produce en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista tanto fáctico como jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 LET”. La llamada “cláusula de conocimiento de no fijeza” de la relación, contractual o funcionarial existente, es la que lleva a la diferenciación jurídica entre la extinción de una de duración determinada y otra con carácter indefinido. 

Ya marcadas claramente las reglas del juego, el TJUE parece darle nuevamente cancha al juzgador de instancia, ya que puede realizar “las comprobaciones oportunas”, pero se la corta inmediatamente ya que partiendo de los datos fácticos, cuales son que la demandante finalizó su relación de servicios  “al producirse el acontecimiento previsto a estos efectos, a saber, que la plaza que ocupaba temporalmente pasó a ser ocupada de forma permanente mediante el nombramiento de un funcionario de carrera”, concluye, en segunda respuesta que reitera y confirma la primera, que la cláusula 4. 1 del Acuerdo Marco “debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna por cese a los funcionarios interinos, mientras que prevé el pago de una indemnización al personal laboral fijo cuando se extingue el contrato de trabajo por concurrir una causa objetiva”.

6.- Pasa a continuación el TJUE a examinar la segunda cuestión planteada, en concreto la posible entrada en juego del dos preceptos del TFUE, arts. 151 y 153, dos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, art. 20 y 21, y nuevamente el apartado 4.1 del Acuerdo Marco, ya que podrían interpretarse, tal es el parece del JCA y ahora lo pregunta al TJUE, en el sentido de oponerse a una normativa como la española que no prevé indemnización alguna cuando cesa un funcionario interino, ya que no la prevé el EBEP, mientras que sí la prevé la LET cuando se extingue un contrato de duración determinada de obra o servicio, o por necesidades de la producción.

Recordatorio obligado, en primer lugar, por parte del TJUE: la cláusula 4.1 se refiere a diferencias de trato entre trabajadores con contratos temporales y otros con contratos indefinidos. No incluye las diferencias de trato que puedan darse entre dos supuestos de prestación  de servicios de duración determinada como son una relación funcionarial interina y una contratación laboral de duración determinada, pero no en el ámbito público por razón de la duración de la relación de servicio sino, trayendo a colación la doctrina reflejada en la sentencia de 14 de septiembre de 2016, (asunto 16/15), por basarse dicha diferencia de trato en la naturaleza, funcionarial o laboral, de cada relación. Es decir, la cláusula 4.1 no se opone a la existencia de un marco normativo como el antes descrito, 

Rechazará la Sala la interpretación propuesta por el JCA de los artículos citados del TFUE, dado que solo fijan objetivos y medidas generales de política social de la Unión, y de la CDFUE tras un amplio recordatorio de su ámbito de aplicación, que presupone “la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de la Unión y la medida nacional de que se trate de un grado superior a la proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra (sentencia de 6 de octubre de 2016, Paoletti y otros, C-218/15, EU:C:2016:748, apartado 14 y jurisprudencia citada)”.

Enfrentadas las tesis de la parte demandante, que alega que el art. 49.1 c) LET tiene por finalidad aplicar la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco, y rechazada de plano esta tesis por el gobierno español, el TJUE acudirá a su sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-619/17, caso Ana de Diego Porras II), para recordarnos que la indemnización de 12 días reguladas en ese precepto no está incluida en ese precepto, por no permitir alcanzar el objetivo perseguido por la cláusula, cual es "la prevención de los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”, por cuanto esta indemnización se concede tanto en supuestos de contratación conforme a derecho o cuando no lo sea (y siempre que finalice sin que se impugne el cese ante la jurisdicción social, en cuyo caso la indemnización sería la del despido improcedente si la sentencia declarara su improcedencia), por lo que no entra dentro de las medidas que podrían calificarse de “eficaces y disuasorias” para garantizar “una medida suficientemente eficaz y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas de conformidad con el Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras”.

En definitiva no hay interpretación posible del art. 49.1 c) LET como medida de aplicación de la cláusula 5.1, y por tanto tampoco puede entrar en juego la CDFUE por no tratarse de una “aplicación del Derecho de la Unión”. Por consiguiente, y descartada la aplicación de la CDFUE, el TJUE fallará declarando que tanto los arts. 151 y 153 del TFUE como la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco “no se oponen a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna por cese a los funcionarios interinos, mientras que al personal laboral temporal se le concede una indemnización al finalizar el contrato de trabajo”.

7.- Finalmente, la Sala procede a examinar la tercera cuestión, que declarará inadmisible, y por tanto no entrará a conocer de ellas, por llegar a la conclusión de que es meramente hipotética. Probablemente la cuestión planteada fuera la que más interés había levantado en punto a dar una respuesta eficaz y adecuada a actuaciones contrarias a derecho por parte de la Administración en materia de contratación de duración determinada o de relación funcionarial interina, ya que planteaba si sería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70, “como medida para prevenir el abuso y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el empleador no dé fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido improcedente, indemnización como sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria?”.

El TJUE acogerá, pues, la tesis del gobierno español de considerar inadmisible esta cuestión, por cuanto en el litigio en juego no podría aplicarse la cláusula 5.1 dado que solo existió una relación y no se produjo ningún abuso ya que esta finalizó cuando se cubrió la plaza por un funcionario de carrera. La Sala parte de los datos fácticos del caso, aportados, no se olvide, por el auto, y también de las observaciones expuesta en la vista oral, y del primero concluye que el juzgado remitente no ha proporcionado “

No parece pues, que los datos aportados en el auto y las tesis defendidas en este hayan contribuido al éxito de la pretensión sino más bien todo lo contrario, ya que sólo ha habido una prestación de servicios en la misma plaza “de forma constante y continuada”, primera y única que ha vinculado a la parte empresarial y trabajadora, sin que este caso se haya discutido el impacto de una duración “inusualmente larga” de la interinidad y sus posibles efectos.

8.- Concluyo. Primera de las sentencias “esperadas” con indudable interés por parte de las cada vez más numerosas asociaciones de personal interino en el ámbito público, existentes tanto en ámbito estatal como autonómicos y locales, y que no creo, con toda sinceridad, que les haya satisfecho. Toca ahora esperar a la considerada más importante, la que se dictará, aún sin fecha prevista, en los asuntos C-103/18y C-429/18, acumulados,  por las consecuencias que puedan tener sobre la consecución, tan deseada, de la estabilidad en su empleo, o dicho de otra forma el conseguir la “fijeza” tan deseada por quien lleva varios años en la incertidumbre (para él o ella, no para el TJUE si hemos de hacer caso a su jurisprudencia desde las sentencias de 5 de junio de 2018, casos Lucia Montero Mateos y Grupo Norte Facility) de cuánto tiempo mantendrá su vínculo con la Administración, incertidumbre que es mayor cuando no se ha convocado la OEP o bien cuando aun habiéndose convocado no se está llevando a cabo.

Automatización, el cambio profundo de la administración pública

Más automatización implica perfiles más altos, también en el sector público. La innovación obliga a redefinir la función pública. En España, el momento coincide con una oleada de jubilaciones en la próxima década.

Revista de prensa. Por Pablo G. Bejerano.-Retina.- A su paso por Mondoñedo, la autovía A8 queda envuelta en una niebla densa cuando hace mal tiempo. La niebla se resiste a abandonar ese largo camino artificial esculpido por maquinaria de obra. Cuando esto ocurre son frecuentes los accidentes de circulación y las autoridades se ven obligadas a cerrar el tramo afectado. La solución está en camino y se ha buscado por cauces poco tradicionales.

El proyecto que pretende poner fin a estos cortes de carretera y garantizar la seguridad vial se ha seleccionado a través de un proceso de compra pública innovadora. Una fórmula que se caracteriza por plantear el problema abiertamente, para escuchar diferentes propuestas, en lugar de pedir una solución concreta de antemano. En el caso de la A8 se va a optar por una iniciativa de la que aún no se ha revelado información, aunque se sabe que está orientada a modificar las condiciones ambientales para reducir la niebla.

No es una solución convencional, reconoce Teresa Riesgo, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: “Todo lo que tiene que ver con un proceso de innovación implica un cierto riesgo. Pero el beneficio potencial es muy grande. La Administración Pública puede conseguir una solución mucho mejor que lo que hay en el mercado, mientras que por otro lado se moviliza a un determinado sector, para incentivar la innovación entre las empresas”.

La compra pública innovadora es una punta de lanza en la transformación digital de la Administración. “Se ha puesto mucha atención en la transparencia de los procesos de compra. Antes eran muy largos y no siempre se obtenía el mejor servicio. Ahora hay software para ayudar a que sea más sencillo y transparente”, explica Brian Chidester, jefe del área de sector público en la compañía OpenText, especializada en transformación digital.

A la zaga, pero no fuera

“Ya no necesitas llevar a los inspectores a la fábrica. Con un algoritmo puedes detectar que ciertos contratos, seguramente, son irregulares”.

“Tradicionalmente los gobiernos han tenido un retraso grave respecto a las empresas”, apunta Chidester. “Pero en los últimos años esta brecha ha disminuido. Siempre van a estar a la zaga. Pero ya no están fuera de juego”. El Ayuntamiento de Madrid utiliza el software de su empresa para la gestión de documentos internos y de servicio al ciudadano, como pagar impuestos, multas o realizar consultas desde diferentes dispositivos.

Teresa Riesgo resalta otro ejemplo de transformación: “La inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, especialmente para leer documentos ricos en texto y extraer la información”, comenta en referencia a algoritmos que pueden interpretar textos de carácter técnico y científico. “Muchos procesos de la Administración tienen posibilidades de mejora haciendo inversiones adecuadas y esto está en la agenda”, asegura.

“El sector privado empuja gran parte de la innovación. Este impulso deja a los gobiernos en un lugar donde no pueden quedarse parados”, señala Chidester. Las empresas han fabricado smartphones y han acostumbrado a los ciudadanos a tener todo al alcance de su mano. Son hábitos ante los que la Administración Pública tiene que responder.

Las gestiones telemáticas suponen un ahorro de cargas administrativas. Aumentan la eficiencia, con lo que se ahorra tiempo. Así los empleados públicos tienen más disponibilidad para realizar funciones con mayor valor añadido o que antes se aplazaban. Los costes también disminuyen y se necesita menos personal. Pero la automatización de funciones tiene un efecto en el empleo que se debate con fuerza en el sector privado y aún con cautela en la esfera pública.

Impacto en el empleo público

Las administraciones públicas no son ajenas a la sustitución de personas por máquinas. “En el impuesto sobre la renta antes había 2.000 grabadores introduciendo datos a mano. Todos esos puestos han desaparecido”, apunta Fernando de Pablo, secretario general de Administración Digital, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Aquellos grabadores de datos dejaron esa tarea para ocuparse de otros quehaceres. Muchos de ellos pasaron a encargarse de comprobar la calidad de la información que se introduce en los sistemas. “Manejar información no es manejar datos que no tienen calidad. Si no hay calidad no se puede gestionar”, incide De Pablo, quien añade que ahora hace falta mucha más gente con formación digital en la Administración.

El objetivo en el horizonte es transformar a mejor la forma de prestar servicios.

Ha ocurrido igual con los operadores de voz y las citas previas por internet para, por ejemplo, renovar el DNI o pedir hora con el médico. “Antes los expedientes venían en papel. Alguien tenía que recibirlos y ordenarlos. Ahora entran por internet y se clasifican automáticamente”, señala De Pablo.

Empleos más cualificados

“Muchos trabajos cambiarán pero no desaparecerán”, comenta Sarah Doyle, directora de investigación en el Brookfield Institute, un think tank económico canadiense centrado en innovación. “Lo interesante es mirar al nivel de tarea, más que al de empleo. Gran parte de las funciones que se hacen ahora pueden ser teóricamente automatizadas, pero estas tareas están distribuidas a lo largo de diferentes tipos de trabajos y hay otras partes de estos trabajos que no pueden ser automatizadas”.

Doyle reconoce que hay pocas estimaciones sobre el impacto directo en el sector público. Pese a todo, los datos del estudio de Frey and Osborne (The Future of Employment) aventura que en Reino Unido se reemplazarán 250.000 trabajadores públicos para 2030. En referencia a España, Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y directora de un proyecto de investigación sobre tecnología y trabajo, afirma que no existen prospecciones al respecto. Pero tiene claro en qué áreas tendrán mayor incidencia las tecnologías de automatización.

“La función puramente administrativa tiene un riesgo de automatización muy alto. Por ejemplo, cotejo de requisitos para que te den una subvención, responder el teléfono, hacer escritos”, enumera. Se trata del trabajo administrativo más clásico, aunque no en exclusiva. Rodríguez explica que para los jueces revisar las sentencias dictadas sobre un tema era un trabajo de búsqueda tedioso, mientras que ahora un algoritmo es capaz de mostrar toda la jurisprudencia al instante.

“Estamos viendo un cambio desde el trabajo de valor bajo al de valor alto. Nuestras herramientas pueden automatizar procesos que se consideran de bajo valor, como la introducción de información en los sistemas o el envío de documentos”, expone Chidester. “Esto permite que los trabajadores se centren en tareas de alto valor. Hace cinco años, la inteligencia artificial se veía como algo malo porque llegaba para quitar puestos de trabajo. Creo que ahora los empleados públicos quieren inteligencia artificial, porque facilita el trabajo y los libera de tareas pesadas”.

La inteligencia artificial se emplea ya en España para agilizar algunos procesos dentro de la Administración. El organismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con algoritmos para detectar contratos temporales irregulares. “Ya no necesitas llevar a los inspectores de trabajo a la fábrica para comprobar allí cuántos trabajadores temporales tienen. Con un algoritmo puedes detectar que ciertos contratos seguramente son irregulares, porque sobrepasan el tiempo estipulado”, remarca Rodríguez.

La función social

Estos avances comportan mayor eficiencia en los resultados y también menor necesidad de personal. Pero el debate del empleo en el sector público no se reduce únicamente a la eficiencia económica, como ocurre generalmente en el privado. “El contexto de la Administración es distinto, porque nuestro retorno de la inversión no es meramente económico, también es social. La administración pública no se puede plantear cerrar una oficina solo por una cuestión económica”, subraya De Pablo.

El secretario general de Administración Digital recalca que en el sector público no se han eliminado puestos de trabajo. Los empleados liberados se reconvierten con programas de formación a otras funciones, especialmente las que implican capacidades digitales.

La transformación digital y la automatización de servicios en España han prosperado con el aliento de un aliado imprevisto. Descontando Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Defensa, la plantilla de la Administración General del Estado ascendía a 242.000 personas en 2010. Ahora el número de funcionarios es de 197.000. La crisis económica congeló muchas oposiciones y parte de los empleados públicos se ha jubilado sin que hubiera un reemplazo. “Para nosotros la automatización no ha supuesto un riesgo para los puestos de trabajo”, reflexiona De Pablo. “Todo lo contrario. Nos ha permitido mantener los servicios públicos e incluso mejorarlos con menos personal pero más especializado”. Y hay puestos que no son automatizables, como un médico o un inspector.

Redefinir la función pública

Ahora se avecina una oleada de nuevas jubilaciones —la edad media de un empleado público es de 52 años, en comparación con los 42 años del sector privado— y la automatización jugará un papel importante. “La entrada de la tecnología en los procesos administrativos coincide con un reto demográfico”, indica la profesora Rodríguez. “Toda la función pública que se generó a partir de la creación del Estado democrático está a punto de entrar en jubilación”. Según De Pablo, dentro de diez años podría jubilarse la mitad del funcionariado. Y esto abre la puerta a actuar como se hizo durante la crisis: incrementando la automatización. Las ofertas de empleo público priorizan los puestos que no pueden realizar máquinas.

Ante la coyuntura, Rodríguez opina que antes de nada hay que definir el modelo de función pública que se busca: “A partir de ahí tenemos una ventana de oportunidad para actuar. Habrá que ver en qué casos se necesita atención directa y qué tareas las puede desempeñar la IA”. El objetivo en el horizonte es transformar a mejor la forma de prestar servicios. Pero sobre todo evitar que se queden funciones públicas sin cumplir.

La transición energética en el mundo local

Otra noticia de interés. El Confidencial. Las 145 ciudades que tendrán que aplicar su "Madrid Central" 

Revista de prensa.- Por Joan Herrera*. La Vanguardia.- Los municipios y las ciudades no pueden estar de espaldas ni al reto del cambio climático, ni a la transición energética. Se dice, se repite y es cierto que hoy son el principal espacio en la generación de emisiones.

A su vez, hemos avanzado mucho para que la ciudad desarrolle el autoconsumo con fuentes renovables. Los reales decretos 15/2018 y 244/2019 abrían la puerta no sólo al autoconsumo sino al autoconsumo compartido, y permiten que este se produzca entre aquellos que comparten línea de baja tensión (pudiendo por tanto hacer que la generación renovable sea compartida y no esté en tu mismo edificio).

Pero lo cierto es que hoy, la obligada trasposición de las diferentes directivas comunitarias en materia energética abre la puerta al desarrollo de una agenda de transformación del ámbito urbano, no sólo en autogeneración, sino a la hora de compartir consumos, generación de demanda y estrategias de transformación de la ciudad.

El marco europeo favorece la participación directa en la producción, consumo o reparto de energía

Si yo dijese que la energía comunitaria ofrece a todos los consumidores un lugar incluyente de participación directa en la producción, consumo o reparto de energía, o que las iniciativas de energía comunitaria se centran principalmente en proporcionar a sus miembros o socios energía asequible de un determinado tipo, como las energías renovables, en vez de dar prioridad a la obtención de beneficios como una empresa eléctrica tradicional, entenderían los lectores que ésta es la visión –una más- de alguien comprometido con el debate energético de una forma crítica.

Pero lo dicho emana del marco normativo comunitario.

Comunidad Local de Energía

La directiva relativa al mercado interior de la electricidad define la Comunidad Local de Energía (CLE) como “una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local…”.

También se define la Comunidad Ciudadana de Energía “como una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que esté efectivamente controlada por los accionistas o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, que su objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o en la localidad en la que se desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”.

Así, la Comunidad Ciudadana de Energía (CCE), puede participar en la generación, incluida la energía procedente de fuentes renovables, la distribución, lo suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética, la prestación de servicios de recarga por vehículos eléctricos por los miembros de esta comunidad (artículo 2.11).

Marco jurídico

El artículo 16 de la citada directiva establece que los estados miembros ofrecerán un marco jurídico que garantice que “el gestor de la red de distribución correspondiente coopere, a cambio de una compensación justa evaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades ciudadanas de energía para facilitar transferencias de electricidad entre estas”; garantizando por lo tanto la cooperación de la distribuidora.

También se abre la posibilidad que las CLE “tengan derecho a poseer, establecer, adquirir o alquilar redes de distribución y gestionarles autónomamente según las condiciones establecidas…”.

Se garantiza que estas “puedan acceder a todos los mercados organizados o mediante agregación de forma no discriminatoria” (arte.3.b) y “respecto al consumo de electricidad autogenerada, serán tratados como clientes (arte 3 c).

Autoconsumo compartido

A ello se suma la necesidad y el mandato (de acuerdo con el RD 244/2019) de establecer, en este caso mediante orden ministerial, un modelo de reparto dinámico, que permita hacer el reparto del autoconsumo de forma que se adapte a los diferentes momentos y curvas de consumo de los miembros que compartan autoconsumo, haciendo crecer exponencialmente el autoconsumo compartido.

Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que hoy ya es norma (la directiva citada está aprobada en junio de este año) y que debe ser traspuesta antes de finalizar el año.

Dichos conceptos, que ya han sido trasladados a diversas legislaciones europeas como la portuguesa, permiten crear el marco para que las ciudades, y particularmente sus vecinas y vecinos y el tejido productivo local se articulen en torno a la energía. Y no sólo en torno a la generación, sino alrededor de un consumo más eficiente y menos “energívoro”.

El nuevo momento político crea las condiciones para entrar en una nueva etapa para la transformación energética

El compromiso de nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene sin lugar a dudas muchos retos enfrente.

Pero la excelente noticia que una de las vicepresidencias del nuevo Gobierno sea la transición ecológica sumada al reto demográfico, y lo haga de la mano de alguien que suma competencia y compromiso como Teresa Ribera, ofrece la posibilidad de abrir una nueva etapa para la transformación energética de lo urbano.

Instrumento de transformación

Las Comunidades locales o ciudadanas de energía son un instrumento para articular la ciudadanía en torno a la transformación energética, permitiendo que la administración local lidere de la mano de la implicación ciudadana. Y es aquí, donde la transposición de las directivas, simplemente cumpliendo los plazos, y asumiendo a su vez las partes más ambiciosas de este texto, son las que pueden permitir que la agenda de transición energética del nuevo gobierno cuente con una agenda de transformación urbana con implicación de actores locales y ciudadanía, que debe contar con el marco normativo que permita su desarrollo.

Legislaturas por delante

Hoy, los tiempos de la legislatura estatal son casi los tiempos de la legislatura municipal.

Tres años y medio de aquí a las próximas elecciones municipales, cuatro años para las próximas elecciones generales. Tiempos políticos que permiten alinear las políticas estatales con aquella agenda, la local, que es la que tiene mayor capacidad de transformación de lo concreto.

Hacer realidad lo que plantea la directiva, para que los municipios y la ciudadanía empiecen a hacer realidad la transición energética en las ciudades, es un reto materializable

Todas y todos sabemos que lo más determinante está en lo que se planifica el primer año, para que sea realidad en el segundo y el tercer año de legislatura.

Pues bien, hacer realidad, en el marco normativo, aquello que plantea la directiva, para que los municipios y la ciudadanía empiecen a hacer realidad la transición energética en las ciudades, es de los retos más inmediatos, materializables y concretos que podría tener la agenda energética del nuevo gobierno.

*Joan Herrera fue Director General del IDAE. Actualmente es director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat

Hacienda frena la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero por falta de presupuesto

Se estima que precisaría reclutar a 200-250 técnicos, en su mayor parte de alta cualificación y con conocimientos legales

Revista de prensa. Expansión.- El ministerio de Hacienda ha frenado la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero que el departamento de Nadia Calviño incluyó entre sus proyectos estrella para 2019 por dificultades presupuestarias, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Nadia Calvió -vicepresidente y ministra de Economía- con María Jesús Montero
ministra de Hacienda y portavoz del gobierno. Fotos Expansión

El proyecto viene de lejos, ya que el Gobierno del PSOE lo heredó como inacabado del Ejecutivo del PP y Nadia Calviño asumió su puesta en marcha como empeño personal para desjudicializar los conflictos por productos y servicios financieros. Su intención declarada era lanzarlo antes de concluir 2019 como hizo con la nueva autoridad macroprudencial.

Sin embargo, su deseo se ha tropezado con la cuadratura de las cuentas dada la alta factura que la fundación desde cero comprometería un organismo así. Se estima que precisaría reclutar a 200-250 técnicos, en su mayor parte de alta cualificación y con conocimientos legales, además de montar la necesaria estructura física y dotación de recursos técnicos.

Dicha estimación podría quedarse además pequeña. Y es que se espera que sólo por echar a andar se dispare el número de quejas de clientes que llegan a la ventanilla porque será una suerte de árbitro para cualquier conflicto financiero entre entidades y ahorradores o inversores, siendo vinculantes sus decisiones.

Se trata de un compromiso clave ya que los actuales servicios de reclamaciones que asumirá el nuevo organismo (del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones) no pueden imponer sus dictámenes, con lo que resulta más habitual de lo deseable que las empresas desoigan sus resoluciones y el conflicto llegue a los tribunales.

Precisamente el propósito último es acabar con el embotellamiento judicial que las reclamaciones financieras han venido provocando en los últimos años por casos como las cláusulas suelo, las participaciones preferentes o los swaps hipotecarios; con elevado coste para ahorradores e inversores y desgaste reputacional para la banca.

'Ombusman' 

Su puesta en marcha era un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy que, con una ley de 2017, se comprometía a tener su proyecto listo antes de julio 2018 y lo incumplió. La idea se inspiraba en una suerte de 'Ombusman' británico, con poder para mediar, imponer e inspirar cómo resolver las disputas sin que lleguen a su ventanilla, que Calviño pretendía reforzar con mayor autoridad.

En el Ministerio de Hacienda niegan haber parado su constitución. Las fuentes oficiales consultadas explican que en febrero de 2019 hubo una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en la que está presente también el Ministerio de Economía, para analizarlo, pero sostienen que la llegada de las elecciones generales de abril, quedando el Ejecutivo en funciones, han imposibilitado avanzar.

Otras fuentes involucran al ministerio de Política Territorial y Función Pública en la ecuación de su futura constitución y sugieren una potencial creación sobre los activos ya existentes en los organismos supervisores como fórmula para aliviar la factura. Sin embargo, el traspaso de personal reviste gran dificultad y podría ser más complicado que montarlo desde cero.

De los tres departamentos de reclamaciones existentes, el mayor es el del Banco de España, ya que recibe casi siete de cada 10 reclamaciones vinculadas a productos y servicios financieros. En el punto álgido de la avalancha de quejas por las cláusulas suelo hipotecarias durante el año 2014 este organismo tuvo, incluso, que buscar soporte y contratar a una firma externa que le ayudase a resolver los expedientes.

La necesidad se originó de la imposibilidad para el departamento de Reclamaciones de tramitarlas en los cuatro meses tope permitidos en la Orden Ministerial 2502/2012 del Gobierno. Y es que, con los topes hipotecarios, las reclamaciones se duplicaron y alcanzaron un máximo histórico en 40.176, que en el año 2018 -últimos datos publicados- descendió a 19.695.

El departamento análogo de la CNMV tramitó y resolvió 697 reclamaciones y quejas durante el mismo ejercicio 2018, cifra un 5,1% superior al año previo; y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones inició 10.383 expedientes, de los que 3.280 fueron inadmitidos por distintas razones y los más de 6.000 restantes gestionados.

Carles Ramió: La fortuna de los directivos según Maquiavelo

Otro post de interés: Gestionar la complejidad en formación y aprendizaje, por Jesús Martínez. Trabajo Colaborativo blog 

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- La fortuna es una de las obsesiones de Maquiavelo. A ella le consagra un capítulo (XXV) de El Príncipe y aparece referenciada en esta obra en 31 ocasiones. Además, le dedica el primero de sus poemas alegóricos en su obra denominada Capitoli. Al inicio de este capítulo monográfico sobre la fortuna comenta «No me es ajeno que muchos han creído y creen que las cosas del mundo son gobernadas por la fortuna y por Dios, que los hombres con prudencia no pueden corregirlas y, por lo tanto, no tienen remedio alguno; y podrían inferir de esto que no vale la pena fatigarse mucho en estas cosas, sino dejarse gobernar por la suerte» (Capítulo XXV de El Príncipe).

 Buscando la suerte
La fortuna (en su acepción de suerte o de mala suerte) incomoda a Maquiavelo ya que escapa de toda lógica y no guarda relación con la calidad o la insolvencia de las estrategias, tácticas ni de las capacidades competencias que atesore un líder. En el poema de los Capitoli que dedica a la fortuna Maquiavelo muestra impotencia y desesperación. Así la describe: «Su natural poder domina todo, siempre es violento su total imperio […] Y muchos la llaman omnipotente, porque cualquier humano en esta vida tarde o temprano su poder siente […] Esta inconstante e inestable diosa a menudo al indigno sienta en el trono donde jamás permite a quien merece […] Ella dispone el tiempo a su manera; ella te sube al cielo o bien te entierra sin piedad o sin leyes ni razones» (De la fortuna en Capitoli). 

Maquiavelo reconoce lo obvio: que en el arte del gobierno tiene su protagonismo e impacto la suerte o la mala suerte. Lo inesperado, favorable o desfavorable, como una contingencia inevitable. Pero considera que es un disparate abandonarse a este aleatorio destino y propone combatirlo, aunque reconociendo su innegable influencia «No obstante, para no agotar nuestro libre albedrío, creo que puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero también nos deja controlar la otra mitad, o casi» (Capítulo XXV de El Príncipe). Y propone que los líderes sean conscientes de este fenómeno aleatorio, pero también que se preparen para evitar sus externalidades más negativas. «La fortuna demuestra su poder donde no se ha dispuesto la virtud para resistirla; y aquí dirige sus embates, hacia donde sabe que no se han hecho los diques ni las protecciones para detenerla» (Capítulo XXV de El Príncipe). En efecto, este condicionamiento no puede llevarnos a la impotencia ni al derrotismo, porque también contamos con la virtud (virtù), considerada como la capacidad subjetiva para aprovechar las oportunidades que se nos presentan o salir del paso de las circunstancias desfavorables. Por lo tanto, nada más ajeno que pensar en la virtud como la geometría de la compasión. La virtud es una acción. Un momento donde coincide el cálculo con la oportunidad. La virtud es la mezcla de habilidad, de talento, de coraje y entrega para cultivar la fortuna y, si se sabe encauzar adecuadamente, puede conducir al éxito del príncipe. Esto me recuerda una afirmación realizada por un prestigioso directivo contemporáneo «cuanto más trabajo, más suerte tengo». Como analista de las prácticas reales de liderazgo siempre me ha costado reconocer a líderes intrínsecamente afortunados. Es obvio que los hay con suerte, pero cuando los estudias con detalle detectas un trabajo oculto y silencioso para atraer y aprovechar estas oleadas de buena fortuna.  La suerte, normalmente, suele caer en el bando de quién más la ha buscado y trabajado con inteligencia. Maquiavelo lo dice de manera sutil «Es feliz el que concilia su manera de obrar con la índole de las circunstancias» (Capítulo XXV de El Príncipe).  En cambio, me produce desazón, al igual que a Maquiavelo y en sus lamentos de su Capitoli, que existan los líderes (y demás personas) que son desafortunados. Líderes a los que la mala suerte les persigue en los momentos más críticos a pesar de que no han hecho ningún demérito para fomentar este indeseable encuentro e, incluso, a pesar de que se han preparado para evitarla o para superarla.   

Un juez declara nulo el nombramiento de 30 interinos en los Servicios Sociales de Sevilla

Revista de prensa. ABC Sevilla.- La Justicia da la razón al gobierno del socialista Juan Espadas en la demanda interpuesta contra varias resoluciones de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento y declara nulos los nombramientos de 30 trabajadores interinos en los Servicios Sociales municipales, lo que supondrá su despido. En algunos de los casos cuentan con más de quince años de antigüedad.

Como ya adelantara este periódico en noviembre, los afectados pertenecen a un grupo de empleados interinos estatutarios por programas, en concreto, del Programa Concertado de Prestaciones Básicos que se desarrolla mediante financiación conjunta de Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía.

En 2014 se registraba un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público por el que se limita los nombramientos de estos empleados a tres años. Entonces, el interventor municipal elaboró un informe en el que expresaba su reparo a la duración de estos contratos, por lo que, en base al cambio del Estatuto Básico del Empleado Público, el Ayuntamiento firma un acuerdo que recoge el límite temporal de tres años. Quedó recogido en una resolución de la directora general de Hacienda y Recursos Humanos de febrero de 2015.

En diciembre de 2017, ya con Espadas como alcalde, se tenía que dar por extinguido el contrato de estos trabajadores. Si bien, entonces desde el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento se elaboró una resolución que anulaba el acuerdo anterior que recogía el límite temporal de los tres años. Esto se encontró con la oposición y los reparos del interventor, secretario y asesoría jurídica del Ayuntamiento.

En 2018, el gobierno local para acabar con estos contratos hizo lo que se denomina en Derecho Administrativo una declaración de lesividad para los intereses generales con el propósito de anular estos nombramientos. En concreto, el director municipal de Recursos Humanos incoó procedimiento de revisión de oficio, resuelto el mismo año por la Junta de Gobierno Local, declarando lesivas las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos de 2017 que elimina dicho límite temporal para estos interinos.

El despido no es fraude de ley

Además, en este tira y afloja en la política laboral municipal, surge la demanda de la administración local contra la resolución de 2017 que eliminaba dicho límite temporal y que entró en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número diez de Sevilla en octubre de 2018 y que de ser estimada supondría la nulidad de dichos nombramientos y, por tanto, el despido de estos 30 trabajadores de los Servicios Sociales municipales.

El pasado mes de noviembre, el equipo socialista trasladó a este periódico su apoyo a los trabajadores y apuntó que el origen de este litigio está en diciembre de 2014, con Juan Ignacio Zoido al frente de la Casa Consistorial.

En sentencia de 8 de enero y a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez estima la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Sevilla contra dichas resoluciones de 2017 por considerarlas lesivas para los intereses públicos y las anula.

El magistrado respalda la competencia del director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento para iniciar un procedimiento de revisión de oficio por lesividad y la de la Junta de Gobierno Local para resolver dicho procedimiento a pesar de las alegaciones de los 30 trabajadores demandados.

Entrando en el núcleo de la cuestión vista por el juez, es decir, si a los trabajadores demandados, como funcionarios interinos para la ejecución de un programa temporal, les es aplicable o no el límite de tres años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público o sí, como pretenden los trabajadores, es un fraude de ley.

Recurrirán el fallo

El magistrado explica que estas contrataciones son para un programa temporal para el que el Ayuntamiento recibe un dinero de la Junta para su aplicación. Una aportación económica anual. La continuidad del programa no depende de la administración local, sino de la Junta, que es quien paga, por lo que se descarta su carácter permanente y el posible fraude de ley.

Además, el magistrado expone que la lesividad en la infracción del artículo del Estatuto Básico del Empleado Público que señala la limitación de tres años afecta al derecho fundamental de terceras personas a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, ya que la permanencia ilimitada de estos trabajadores en el programa impedía a otras personas a acceder a las mismas.

Los trabajadores afectados por esta decisión judicial, según han trasladado a ABC fuentes del caso, anuncian que recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número diez de Sevilla.

Riesgo de paralización de los servicios por estos despidos

En la causa juzgada en el Contencioso-Administrativo número diez de Sevilla existe un informe de enero de 2018 de la directora general de Acción Social del Ayuntamiento en el que se advierte del riesgo para la prestación del servicio por el despido de esta treintena de trabajadores. «El cese del 28 por ciento de esta parte del servicio supondría una paralización y/o enorme ralentización de las citadas tareas y por tanto de las convocatorias de ayudas sociales para las personas y familias en riesgo o situación de exclusión social, en todos los servicios que se prestan de forma indirecta a través de la contratación administrativa, cuyos destinatarios son los mencionados colectivos; retraso y colapso en las justificación de subvenciones lo que redunda en la imposibilidad de cobro por parte de las entidades beneficiarias de las mismas, suponiendo una gran merma para dichas entidades con funciones sociales dirigida a los mismos colectivos anteriormente mencionados; ralentización en el ritmo de facturación de todas las entidades contratantes con los servicios sociales de este Ayuntamiento, etc.».

No obstante, el Ayuntamiento aseguró ayer a ABC que seguirá trabajando para garantizar la prestación del servicio y la continuidad del programa como hasta ahora, con los trabajadores necesarios. Por cierto, precisó que los interinos afectados por este fallo podrán continuar desempeñando sus funciones en Servicios Sociales mientras la sentencia no sea firme. Este colectivo de empleados ya ha anunciado que recurrirán, por lo que el conflicto judicial tiene visos de extenderse en el tiempo.

J.R. Chaves: Los entes locales no tienen quien escriba su régimen de directivos públicos

El Tribunal Supremo concluye fijando doctrina casacional en el sentido de que «el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público atribuye su desarrollo al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.»

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.-  El Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP) lanzó una apuesta arriesgada. Contemplar la creación de un banco -o banquillo- de Directivos públicos profesionales. Se deseaba profesionalizar la función directiva en la Administración pública, pero el legislador terminó en espantada pues no reguló la duración del ejercicio de sus funciones, ni las causas por las que cesarán, ni sus condiciones de empleo, derechos y deberes (salvo su evaluación periódica), ni régimen disciplinario.

Ante esta laguna normativa deliberada, el art.13 del propio EBEP optó por remitir el contenido a su desarrollo normativo, en los siguientes términos: «El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición».

Pues bien, numerosos entes locales se cansaron de esperar la regulación estatal o autonómica que ofreciese un paraguas normativo que les permitiese organizar sus directivos locales. Y dieron un paso al frente: si el Estado y la Comunidad Autónoma seguían la política del avestruz, sin regular esa figura del Directivo público, ellos mismos lo regularían. Al fin y al cabo la autonomía local tiene brillo propio y no puede esperar.

Es el caso de la Diputación de Cáceres que aprobó un reglamento de directivos propio, cuya legalidad acabó enjuiciada en el Tribunal Supremo por la STS de 17 de diciembre de 2019 (rec. 2145/2017), quien da respuesta a la siguiente cuestión de interés casacional, sustancialmente consistente en determinar «Si entra dentro de las competencias de los entes locales y, en particular, de las Diputaciones Provinciales la regulación de su personal directivo».

La respuesta la da Sentencia comentada:

Primero deja claro que el EBEP ni quiso congelar el rango normativo contemplando una reserva de ley para el régimen del directivo público, pero tampoco degradarlo para que cada ente local hiciese de su capa un sayo.

Afirma el Supremo reconociendo que existe un enorme vacío normativo:

-Es evidente que, fueran las que fueran las razones a las que se ha debido, no hay en este artículo una reserva de Ley del Estado ni de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, es igualmente, manifiesto que tampoco se encuentra en él ninguna atribución a los entes locales y sí al Estado, concretamente al Gobierno, y a las Comunidades Autónomas para regular el régimen jurídico específico de este personal directivo y los criterios para determinar su condición dentro del respeto a los principios enunciados por el propio precepto.

Además insiste en las razones para garantizar la necesaria homogeneidad del régimen, frente a la dispersión por cada uno de los más de 8000 ayuntamientos y 38 diputaciones provinciales:

-Por otro lado, la existencia en el Estatuto Básico de previsiones expresas sobre el personal directivo y esa habilitación normativa al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, ponen de relieve la importancia que el legislador estatal otorga a que ese régimen esté dotado de suficiente homogeneidad. De ahí que tenga su sentido que limite la atribución de dicha facultad al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. No sólo no es irrazonable esa decisión legislativa sino plenamente coherente con el objetivo de dotar a la regulación del personal directivo de las Administraciones Públicas, también del de las corporaciones locales, de la homogeneidad precisa a partir de los criterios sentados expresamente por el artículo 13.

E insiste en la necesaria vocación del EBEP de repartir la materia entre Estado y Comunidades Autónomas:

-Se comprende, pues, la importancia que tiene la habilitación del artículo 13 al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a fin de colmar los amplios espacios que el Estatuto no afronta, complementándolo con una ordenación coherente. Además, cabe decir que responde al planteamiento de este texto legal –establecer las bases de la legislación sobre el empleo público– que se encomiende esa ordenación al Estado y a las Comunidades Autónomas la integración del régimen jurídico del personal directivo, a fin de completar las determinaciones básicas.

Finalmente rechaza el esfuerzo local para reivindicar competencia sobre la materia:

-Por otro lado, hay que decir que la autonomía garantizada constitucionalmente, al igual que las potestades del artículo 4.1 a) –reglamentaria y de autoorganización– no son, por sí solas, título suficiente para ejercer cualquier tipo de competencia regulatoria, pues no pueden utilizarse en contra de previsiones legales específicas ya que la Ley delimita una y otra.

En definitiva, el Supremo concluye fijando doctrina casacional en el sentido de que «el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público atribuye su desarrollo al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.»

O lo que es lo mismo, que no existe una competencia implícita en los entes locales para regular la materia sin antes contar con el régimen estatal o autonómico.

Es preciso reseñar que existe dos interesantísimos votos particulares, de Maria del Pilar Teso Gamella y Jorge Rodriguez-Zapata Perez, los cuales se apoyan en la posición competencial de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en la autonomía local, tal y como ha sido definida su extensión por el Tribunal Constitucional y la Carta Europea de Autonomía Local, para desembocar en la afirmación de que “De manera que el discurso argumental que subyace en la sentencia y la conclusión que alcanza, en fin, se concreta en que para el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Diputación recurrente es necesario que previamente el Gobierno español o el Gobierno de las Comunidades Autónomas, dicten una norma, ya sea legal o reglamentaria, pudiera ser un real decreto o un decreto, que regule al personal directivo, y luego ya podrán las Entidades Locales reproducir su contenido, quizá introduciendo algún detalle. Creemos que tal conclusión resulta incompatible con una interpretación sistemática de los preceptos aludidos, con la posición específica de la LBRL en nuestro ordenamiento jurídico en la materia que abordamos, y con las existencias derivadas de la autonomía local”.

En fin, sentencia importante donde las haya. Sobre todo por afirmar la posición subordinada de las competencias locales. Lo curioso es que la previsión del EBEP relativa al Personal directivo profesional, no se ha desarrollado por quien estaba llamado a ser el buque insignia: la Administración del Estado, y ello porque solamente se ha avanzado dos pasitos tímidos y ridículos en esta materia mediante la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De ahí que se cuenta con regulaciones puntuales autonómicas (por ejemplo, se ocupa de la figura la Ley 2/2015, de 29 de abril del empleo público de Galicia, o el Decreto 215/2019, de 30 de julio, del estatuto de la dirección pública profesional de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), pero la tónica general dejará a muchos entes locales “esperando al Godot reglamentario”, ante la pasividad reguladora de los hermanos mayores, estatal y autonómico.

Lo triste es que tampoco tendrían éxito las acciones judiciales que ejerciesen los entes locales ante el gobierno central o autonómicos encaminadas a vencer su pasividad o resistencia a regularlo, pues el susodicho art.13 EBEP confía dicha regulación en términos potestativos y no imperativos (“podrán establecer”).

En fin que la figura del Directivo público, «ni está ni se la espera», y mientras la autonomía local «espera y se desespera«.

NOTA SOCIAL.– El jueves 16 de enero, tendré el honor de asistir con los otros galardonados a la entrega de los IX Premios Puñetas en Madrid, a las 13,00 horas en el salón de actos de la Asociación de la Prensa en Madrid, Claudio Coello, 98, otorgados por la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR).

Con los tiempos que corren bien está recibir parabienes, bien está reunir juristas y periodistas, y bien está que amanezca otro día… que no es poco.