Hay Derecho: Los de la dependencia jerárquica

"El principio de dependencia jerárquica existe exclusivamente para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional, siendo necesario para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley"

Por Escarlata Gutierrez. Hay Derecho blog.- El principio de dependencia jerárquica al que estamos sometidos los Fiscales es un tema que genera mucho interés y confusión, tanto entre los ciudadanos, como entre los propios juristas y por desgracia en algunos políticos. Con este artículo me gustaría contribuir a aclarar algunos conceptos.

En primer lugar, conviene recordar que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF).

¿Qué significa que el Ministerio Fiscal está “integrado con autonomía funcional en el poder judicial”? A diferencia de otros países como Italia o Francia, donde rige el principio de unidad del sistema judicial, que está integrado por la Judicatura y la Fiscalía, no ocurre lo mismo en nuestro país. En Italia, el órgano de gobierno de Jueces y Fiscales es único, el denominado Consejo Superior de la Magistratura, y es independiente del poder ejecutivo en todos los sentidos, orgánico y presupuestario. Los Jueces y Fiscales tienen un estatuto muy similar y se rigen por los mismos principios, entre los que no se encuentra el principio de jerarquía, que sí aparece como principio característico del resto de Fiscalías.

En España, al igual que en otros países como Alemania o Portugal, Fiscalía y Judicatura son entes diferenciados, en los que los Jueces cuentan con una mayor independencia organizativa y funcional, mientras que las Fiscalías dependen orgánica y presupuestariamente, del Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Del mismo modo, aunque Jueces y Fiscales superamos la misma prueba de acceso, nuestra formación inicial y continúa depende del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, mientras que la de los Jueces se realiza en la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (*).

Sin perjuicio que sería necesario que el Ministerio Fiscal contase con autonomía presupuestaria y organizativa, no puede entenderse, ni mucho menos afirmar, que se integra en el Ministerio de Justicia como una Dirección General más.

¿Qué principios rigen nuestra actuación? Los principios a los que se somete nuestra actuación son los de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

a. Dependencia jerárquica y unidad de actuación

Centrándonos primero en el principio que da título a este artículo, es importante tener presente dos ideas esenciales:

1-La dependencia jerárquica termina en el Fiscal General del Estado, no existe dependencia jerárquica respecto del Ministro de Justicia, ni por supuesto del Presidente del Gobierno. Éstos tampoco pueden emitir órdenes al Fiscal General del Estado. 

2-El principio de dependencia jerárquica existe exclusivamente para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional, siendo necesario para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

1) No existe dependencia jerárquica respecto del Gobierno. Aunque el Fiscal General del Estado sea nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno (artículo 124.4 de la Constitución), y el artículo 8 del EOMF establezca que “El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”, ni el Presidente del Gobierno, ni el Ministro de Justicia pueden dar órdenes o instrucciones de obligado cumplimiento al Fiscal General del Estado, ni a ningún miembro del Ministerio Fiscal. 

En orden a esta misma idea establece el artículo 55 EOMF: “Ningún miembro del Ministerio Fiscal podrá ser obligado a comparecer personalmente por razón de su cargo o función, ante las autoridades administrativas, sin perjuicio de los deberes de auxilio o asistencia entre autoridades. Tampoco podrá recibir ningún miembro del Ministerio Fiscal órdenes o indicaciones relativas al modo de cumplir sus funciones más que de sus superiores jerárquicos”, y esta “jerarquía” acaba en el Fiscal General del Estado.

Mayoría cualificada del Congreso

Tradicionalmente, se ha criticado que debido a que el Gobierno propone al Fiscal General del Estado, siempre va a elegir a alguien con quien tenga afinidad política y que en el supuesto de ser necesario le guarde lealtad. No seré yo quien niegue que existe una sospecha más que fundada de que eso se produzca, por eso las tradicionales reivindicaciones de las asociaciones de fiscales y de toda la Carrera para que se reforme el sistema de nombramiento del Fiscal General. Esta crítica se funda mucho más en la sospecha de parcialidad que se proyecta sobre la cabeza de nuestra institución, que en la efectiva vinculación que pueda tener con el Gobierno de turno. En cualquier caso, sería deseable que la elección se tuviese que realizar por una mayoría cualificada en el Congreso y que su mandato durase al menos 5 años, para que no coincidiese exactamente con los 4 que (en principio) dura el Gobierno que le hubiese nombrado.

Tan importante como el modo de elección del Fiscal General, que viene previsto en la Constitución, son las causas de cese, previstas en el artículo 31 EOMF, entre las que se encuentran: el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y del cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. Éstas últimas se regulan en una Ley Ordinaria (el EOMF), que a diferencia de la forma de nombramiento, puede reformarse mediante mayoría simple en el Congreso. Resulta curioso que, por ejemplo, en mayo de 2017 distintos grupos parlamentarios que representaban una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados “reprobasen” al entonces Fiscal General del Estado aduciendo, entre otros motivos, su falta de independencia del Ejecutivo y, teniendo esos mismos grupos la mayoría suficiente para reformar nuestro Estatuto Orgánico reforzando la independencia del Fiscal General del Estado no lo hiciesen. Se perdió una oportunidad, como en tantas otras ocasiones, de reforzar nuestra apariencia de independencia.

En el mismo sentido, si se modifican las causas de cese suprimiendo la que le vincula al Gobierno que le nombró, se fortalece la apariencia de independencia de esta figura, debido a que en el supuesto de ser elegido por afinidad o previsible lealtad, durante todo el desempeño de su función puede desenvolverse con completa independencia. Además, en períodos de inestabilidad política supone una garantía de continuidad en el cargo. En los 7 años y medio que llevo formando parte de la Carrera Fiscal hemos tenido 5 Fiscales Generales, con los perjuicios que ello supone a la hora de poder desarrollar sus proyectos.

2) La dependencia jerárquica existe únicamente para coordinar nuestra unidad de actuación en todo el territorio nacional, garantizando en definitiva la igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la ley. No tendría ningún sentido que por unos mismos hechos en Tarragona el Fiscal pidiese un año de prisión, en Madrid 6 meses y en Sevilla el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Es más, si no existieran estos principios, podría producirse esta situación dentro de una misma Fiscalía Provincial en función del Fiscal que llevase cada asunto.

Podría argumentarse que no existe problema en que cada Fiscal mantenga una postura distinta pues en definitiva son los Jueces o Tribunales quienes dictan las correspondientes resoluciones. Aunque esto es cierto, es importante tener en cuenta el principio acusatorio que rige en nuestro ordenamiento penal. No existiendo acusación particular, si el Fiscal pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, el Juez debe acordarlo. Igualmente, los Jueces y Tribunales de enjuiciamiento no pueden imponer una pena más grave que la pedida por la acusación, aunque estuviese dentro de los límites de pena previstos en la ley para ese delito. Por ello, la relevancia de que el Ministerio Fiscal tenga una actuación unificada en todo el territorio es vital.

Y, ¿cómo se puede garantizar esta actuación unificada sin articular una dependencia jerárquica? Sería muy complicado. Si bien, deben también preverse mecanismos y cauces legales para poder discrepar de una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo se estime improcedente. Dicha posibilidad aparece expresamente regulada en el famoso artículo 27 de nuestro EOMF, del que se ha hecho uso en diversas ocasiones, algunas de las cuales de gran trascendencia mediática. Este artículo permite en caso de discrepancia con la orden del superior, ponerlo en su conocimiento mediante informe razonado. En caso de querer persistir el superior con dicha orden se debe plantear y debatir la cuestión en la Junta de Fiscales (formada por todos los de la plantilla de una Fiscalía) y una vez ésta se manifieste, quien ha emitido la orden la ratifica o modifica. Además, señala expresamente el precepto: “Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera.”

Los Fiscales debemos utilizar estos mecanismos sin complejos, entendiendo que es parte del funcionamiento normal de nuestra institución. El debate y la discrepancia siempre enriquecen.

Pero, es que además de coordinar nuestra actuación unificada, desde mi experiencia profesional puedo afirmar que la dependencia jerárquica ofrece otras ventajas. La posibilidad de consultar los asuntos con tu Fiscal Jefe o con el Fiscal Delegado de alguna de las especialidades, te facilita mucho el trabajo y te ayuda adquirir conocimientos prácticos sobre las distintas materias, mejorando en definitiva la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos. 

En ningún caso que estemos sujetos a este principio supone que formemos una estructura completamente jerarquizada, como la del Ejército. Únicamente es una herramienta para permitir nuestra actuación unificada en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

b. Legalidad e imparcialidad

Estamos sometidos en todo caso, y por encima de cualquier otro principio, a los de legalidad e imparcialidad. 

El principio de legalidad, que viene recogido en el artículo 6 de nuestro EOMF, supone que actuamos con sujeción exclusiva a la Constitución y a las leyes y no basándonos en criterios de oportunidad política, económica o de otra índole. Somos aplicadores del Derecho, con independencia de la opinión personal o profesional que nos merezcan las leyes, cuya aprobación y modificación compete al legislador. Esto es una garantía esencial de la separación de poderes, base de cualquier sistema democrático.

Respecto del principio de imparcialidad, establece el artículo 7 que el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.

Curiosamente cuando se habla de nuestros principios de actuación, se habla mucho más de la dependencia jerárquica (además, mal entendida) que de nuestra imparcialidad. Es decir, de la plena objetividad e independencia que tenemos en todas nuestras actuaciones. Por lo que se refiere a nuestro ámbito principal de actuación, la jurisdicción penal, tenemos el mismo interés en que se condene al culpable que en que absuelva al inocente, no cobramos más por acusar o por lograr sentencias condenatorias. Somos un operador jurídico imparcial.

Esta imparcialidad no se compromete por la existencia de una actuación coordinada en todo el territorio nacional, articulada a través de la dependencia jerárquica. Nunca se ha dudado de la independencia e imparcialidad de Jueces y Magistrados, por el mero hecho de que los Tribunales instancias superiores puedan revocar sus decisiones cuando se interpone un recurso. El sistema de recursos, entre otras cosas, es una garantía para los ciudadanos que dota de seguridad jurídica a nuestro sistema.

Conclusiones

En resumen, los Fiscales actuamos conforme a los principios de imparcialidad y legalidad. El único criterio que guía nuestro proceder es garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, no tenemos ningún “cliente”, y ni siquiera representamos al Estado, pues esta tarea compete a la Abogacía del Estado. 

Estos principios no se ven empañados por el de dependencia jerárquica ya que juegan en planos distintos. Este último tiene por finalidad garantizar nuestra unidad de actuación en favor siempre de los ciudadanos y del Estado de Derecho. Las órdenes o instrucciones que en su caso se impartan deben basarse en criterios jurídicos y no de otra índole. En el supuesto de que una orden o instrucción fuese contraria a la ley, o por cualquier otro motivo se considerase improcedente, tenemos mecanismos para combatirla.

Sin duda, sería más que deseable que se reforzase nuestra autonomía presupuestaria y organizativa y que se modificase el sistema de elección y las causas de cese del Fiscal General, en particular para reforzar su apariencia de independencia, sin que pueda parecer que su elección pueda utilizarse como moneda de cambio entre partidos políticos. Sin embargo, que eso no se produzca no significa que actuemos como una institución jerarquizada en la que el Fiscal General nos esté dando continuamente órdenes e instrucciones de acuerdo con el Gobierno que le ha nombrado. Yo puedo decir por mi propia experiencia que no es así, pero además se ha visto recientemente en un juicio de gran relevancia como es el denominado juicio del “Procés”.

Es triste e injusto que se utilice la dependencia jerárquica, y además mal entendida, para descalificar a una institución que es pieza esencial del Estado de Derecho. Una institución formada por profesionales con gran formación jurídica y que están sometidos al imperio de la ley, siendo imparciales en todas sus actuaciones, y que tienen por misión promover la defensa de la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos, en particular los más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad.

 “Los de la dependencia jerárquica” somos, y seguiremos siendo, objetivos e independientes en la defensa de los intereses que tenemos encomendados, aunque se empeñen en decir lo contrario y le pese a quien le pese.

(*)   Datos del informe de la Fundación Hay Derecho sobre “La Fiscalía: propuestas de mejora desde una perspectiva europea comparada” https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2018/11/FHD_ComparativaFiscaliasVFINAL.pdf

Carles Ramió: Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadano

"Diferentes administraciones públicas han generado manuales de estilo que son de gran ayuda para los funcionarios públicos en el momento de redactar todo tipo de documentos públicos"

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.-  Los principios de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos no suponen ninguna novedad legislativa (están presentes, por ejemplo,  en el artículo 3.1.e) de la LOFAGE) y desde un punto de vista interpretativo se trata de principios poco complejos, salvo el de proximidad, que puede dar motivo a diferentes consideraciones e, incluso, incongruencias.

Por lo que respecta al concepto de simplicidad, hace referencia al hecho de que las administraciones públicas deben utilizar técnicas y métodos que permitan la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos innecesarios y la disminución de los tiempos de espera. Con este principio se hace una llamada a favor de la descarga burocrática y de la agilización procedimental. Así como deben evitarse los gastos innecesarios, prescindibles o excesivos, lo mismo debe hacerse con los procedimientos o trámites superfluos, recurriendo a técnicas y métodos que permitan hacerlo (entre los que destaca la Administración electrónica que es una materia prolija en las LRJSP y la LPAC).

En cuanto a la claridad o principio de comprensión, éste guarda relación con la máxima que las normas y los procedimientos administrativos han de ser claros y comprensibles para los ciudadanos. Además, los medios públicos de información de los servicios han de usar un lenguaje accesible. Comprensión significa accesibilidad e inteligibilidad de los mensajes y documentos administrativos, superando el farragoso lenguaje administrativo, que ha llegado a requerir incluso manuales explicativos. Toda comunicación dirigida por la Administración a las personas debe ser clara y comprensible.

Lenguaje administrativo

Durante muchos años se criticó a la administración por su opacidad, no sólo en los procedimientos de toma de decisiones sino también en el lenguaje que empleaba con los ciudadanos, poco claro, ambiguo y que impedía que un principio tan importante como la gratuidad y libre acceso de los ciudadanos al procedimiento administrativo fuera real. Para no quedarse indefenso, el ciudadano tenía que buscar un abogado especialista en Derecho Administrativo o un gestor administrativo que le ayudara a interpretar el contenido de los documentos que recibía de la Administración. Esta situación no ha desaparecido, pero desde la Unión Europea, desde hace tiempo, se insiste en este principio como uno de los derechos que tiene el ciudadano en sus relaciones con las administraciones públicas. Diferentes administraciones públicas han generado manuales de estilo que son de gran ayuda para los funcionarios públicos en el momento de redactar todo tipo de documentos públicos, tanto de lectura externa (muy en especial) como interna (por ejemplo, UE, 2015 o una compilación de este tipo de documentos generados por especialistas en lenguaje administrativo: Novagob, 2016). Sirva como ejemplo un decálogo propuesto por un grupo de trabajo de Novagob (2016): 1) Adapta el lenguaje administrativo al perfil de ciudadano al que va dirigido; 2) Sustituye párrafos largos por frases claras, cortas y concisas; 3) Evita los arcaísmos, muletillas y frases hechas; 4) Evita el abuso del estilo nominal; 5) Evita la solemnidad del tratamiento a partir de ciertos cargos; 6) Sustituye la ambigüedad de los escritos administrativos por precisión; 7) Siempre que sea posible, personaliza; 8) Evita el tono imperativo, a menos que sea necesario, y suaviza las formas; 9) Utiliza palabras y locuciones sencillas que puedan ser comprendidas por todos. El décimo consejo tiene un carácter meramente introductorio y conceptual.

Proximidad

Finalmente, el principio de proximidad es el más proceloso de los que agrupa este apartado. Por proximidad hay que entender la cercanía de las administraciones públicas a los ciudadanos, y esto hace referencia a múltiples variables, como el grado de descentralización, el nivel de desconcentración, las ventanillas únicas, la utilización de mecanismos electrónicos vía TIC, etc. Además, el principio de proximidad ha sido muy ponderado y puesto a la práctica por la UE mediante el principio de subsidiariedad. En todo caso, se parte del principio de que a más proximidad en la prestación de servicios y en las diversas formas de interacción de las administraciones públicas con los ciudadanos mayor legitimidad social y más elevado nivel de eficacia se consigue.

A nivel macro, España cumple sobradamente con el principio de proximidad tanto en la prestación de los servicios como en los procesos de toma de decisiones y de gestión lo más cercana posible a los ciudadanos. España es un país descentralizado, y materialmente equiparable a los modelos federales. Sirva de ejemplo que la Administración General del Estado solo maneja el 50% de todo el gasto público y posee únicamente el 22% de los empleados públicos. El resto de recursos económicos y de personal lo manejan las administraciones territoriales o subestatales. Estos indicadores demuestran un elevado nivel de descentralización si se tiene presente que el Estado retiene la caja única de la Seguridad Social y que posee unas competencias muy extensivas en materia de recursos humanos (fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, empleados de correos, etc.), que además operan de manera muy desconcentrada en el territorio. Las políticas y servicios públicos que más inciden en la calidad de vida de los ciudadanos (sanidad, educación y servicios sociales) están totalmente descentralizados no solo en el ámbito de la prestación sino también en la gestión y capacidad de decisión.

A un nivel más concreto, la utilización de las ventanillas únicas (las más conocidas tienen que ver con la actividad empresarial y todas ellas han explosionado gracias a la administración digital) y como operan estas ventanillas únicas como oficinas de registro de carácter interadministrativo tanto a nivel electrónico como presencial (aspectos regulados en la LPAC). Además, la Administración electrónica ha cambiado de manera radical el paradigma de la proximidad.

El tema proceloso es la relación poco pacífica entre el principio de proximidad y principio de eficiencia. Ambos principios tienen que convivir de forma lógica y razonable evitando interferencias negativas entre ellas. Hay que tener presente que los ciudadanos podrían exigir de forma poco razonable el principio de proximidad. Por ejemplo, todos los ciudadanos desean tener un hospital de primer nivel o una universidad cerca de sus domicilios. Pero es obvio que esta exigencia es poco razonable ante el principio de la eficiencia. Ahora, por ejemplo, hay un debate en algunas comunidades autónomas que desean una mayor centralización territorial de los juzgados. Los actuales términos y capitales judiciales poseen una organización territorial que responde a necesidades decimonónicas. El principio era que cualquier ciudadano tuviera una sede judicial a un día de distancia entre el viaje de ida y vuelta en carromato. Es obvio que ahora, con las modernas infraestructuras y medios transportes, se pueden fusionar muchos partidos judiciales y cerrar sedes judiciales y los ciudadanos seguirán teniendo una sede judicial a escasamente un par de horas de viaje. Los ciudadanos van a protestar por estas fusiones y cierres pero es evidente que no atentan en absoluto al principio de proximidad y, en cambio, atienden mucho mejor al principio de la eficiencia. 

En este sentido, el punto álgido de la polémica ha surgido a raíz de la  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) por la medida que se refiere a los principios que identifican al ámbito municipal. Se sustituye el principio de «máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos» por el de «principio de proximidad», que junto a los de «eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», delimitan el ámbito de actuación municipal. La explicación se encuentra en el papel alternativo en la prestación de servicios municipales que la reforma encomienda  a las entidades locales supramunicipales. Pues bien, esta medida, más allá de otro tipo de polémicas políticas y controversias jurídicas, no podría decirse, a mi entender, que atenta en absoluto con el principio de proximidad aunque algunos autores no lo contemplan de esta manera: “no estamos ante una cuestión de «economías de escala», sino de prestación efectiva y adecuada de los servicios públicos”  (Mellado, 2014).

Eduardo Rojo: Nuevo gobierno. La redistribución de competencias en materia social

Las funciones y competencias del extinguido Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social se redistribuyen entre 8 ministerios

Por El blog de Eduardo Rojo.- Nuevo gobierno. La redistribución de competencias en materia social

1.- El BOE publica (13.1.2020) el Real Decreto 2/2020 de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y también el RD 3/2020 sobre las cuatro vicepresidencias, ambos con inmediata entrada en vigor.

El contenido de la segunda norma remite la fijación de las funciones de cada vicepresidencia a las que les encomiende el Presidente del Gobierno, así como también la presidencia de una comisión delegada del gobierno que está pendiente de concretar, a excepción del mandato conferido únicamente a la vicepresidencia primera de asunción de la presidencia de la comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios.

A la espera de la concreción organizativa de cada Departamento, cabe decir que las funciones y competencias del hoy extinguido Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social se redistribuyen entre varios Ministerios. Apunto a continuación cuáles son los ámbitos de especial seguimiento para todas las personas interesadas en las políticas sociales.

2.-Las políticas sociales europeas, con un papel relevante, además de las autoridades laborales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado para la UE.

Las políticas educativas con impacto indudable sobre el empleo, a cargo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que asume justamente la propuesta y ejecución de la política gubernamental “en materia educativa y de formación profesional y para el empleo”.

Las políticas laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, habiéndose desgajado las anteriores en materia de migraciones y Seguridad Social. Sin duda asumirá un papel relevante la Secretaría de Estado de ambas materias, ya que justamente el Ministerio será responsable de la ejecución de la política gubernamental en ambos campos, así como también en el de la responsabilidad social de las empresas.

Las políticas demográficas y de transición ecológica, con indudable impacto sobre el empleo y la protección social, son asumidas por el nuevo Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, asumiendo la política gubernamental que ha de poner en marcha “la transición hacia un modelo productivo y social más ecológico”, y también su política de respuesta “al reto demográfico y el despoblamiento territorial”.    

Las políticas digitales (¿quién duda de su relevante impacto en el mundo laboral?) son asumidas por el Ministerio de asuntos económicos y transformación digital, que incluye el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial, para lo que se crea la Secretaría de Estado de digitalización e inteligencia artificial.

3.-  No menos importante ni mucho menos, sino todo lo contrario, y con una perspectiva transversal, son las competencias atribuidas al nuevo Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con dos Secretarías de Estado dedicadas a cada uno de los ámbitos referenciados. Repárese la transversalidad y amplitud de competencias asumidas, en cuanto que ejecutará la política gubernamental “en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de juventud, así como de protección de los animales”.

Tampoco debe minusvalorarse en absoluto la importancia del Ministerio de Igualdad, que deberá trabajar en estrecha relación con la mayor parte de los restantes, ya que asume las competencias en materia de igualdad y de las políticas que tiendan a hacerla efectiva entre mujeres y hombres, con erradicación de todo forma de discriminación.

Por último, y como he dicho antes, las competencias en materia de migración y Seguridad Social se separan de las políticas laborales en sentido estricto, siendo asumidas por el nuevo Ministerio de inclusión, Seguridad Social y migraciones, con dos Secretarias de Estado responsables de las políticas migratorias y de seguridad social y pensiones, respectivamente. Dicho sea incidentalmente, supongo que la mención específica a las pensiones es para resaltar su importancia dentro de la nueva estructura ministerial, ya que no creo que nadie dude de que forman parte, y muy importante, de la Seguridad Social.

Ahora toca esperar al desarrollo organizativo de los nuevos Ministerios. Habrá que estar muy atentos a ello. Mientras tanto, buena lectura.  

Los mapas de empatía para el diseño de los servicios públicos

Los mapas de empatía son una herramienta analítica usada especialmente en el design thinking para explicitar el conocimiento sobre aspectos operativos del público de un servicio. 

Por Sergio Jiménez. Analítica Pública.- Una de las cosas más difíciles y antinaturales para la visión tradicional de la administración pública es la personalización. El modelo weberiano parte, por muy buenas razones, de un trato despersonalizado de la acción pública. Sin embargo esta necesaria “despersonalización” que evita la parcialidad en la acción pública, ha hecho que la Administración no trate a su ciudadanía como personas, lo que es distinto. En los modelos tradicionales de servicios públicos esto se suavizaba por la interacción humana: un profesor aplica un programa, pero puede explicar y modular sus acciones con el alumnado. Una empleada pública puede explicar por qué un procedimiento tiene ciertos requisitos y adaptarse a las reacciones del público. Eso, en el mundo digital, no lo tenemos: lo más que nos queda es pegar voces a la pantalla y protestar en twitter enérgicamente. De ahí la importancia de la empatía para hacer buenos servicios públicos digitales y para ello traemos aquí esta herramienta: los mapas de empatía.

En este post podrás ver:

1.-¿Qué son los mapas de empatía?

2.- ¿De qué se compone un mapa de empatía?

2.1.- De quién se hace el mapa de empatía

2.2.-¿Qué quiere hacer?

2.3.- ¿Qué oye?

2.4.- ¿Qué ve?

2.5.- ¿Qué dicen?

2.6.-¿Qué hace?

2.7.- Lo que piensa ¿Qué le motiva? …

2.8.- … y lo que le molesta

3.-¿Cómo hacer el mapa de empatía?

4.- ¿Cómo usar el mapa de empatía?

1.-¿Qué son los mapas de empatía?

Los mapas de empatía son una herramienta analítica usada especialmente en el design thinking para explicitar el conocimiento sobre aspectos operativos del público de un servicio. Esta herramienta desarrollada por la empresa Xplane pretende detallar el conocimiento del cliente de un servicio para poder diseñar productos y servicios adecuados a su contexto.

Normalmente el mapa articula una serie de preguntas sobre un cliente (7 preguntas), aunque yo prefiero usar una versión con 8 que incluyen el objetivo del público y algunos detalles adicionales. Esto ya es una cuestión de preferencia personal. En todo caso, os animo a usarlo, sea para proyectos de design thinking o no, porque siempre es útil tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de crear un servicio, sea cual sea la metodología

2.-¿De qué se compone un mapa de empatía?

Como decía, el mapa más común incluye 6 aspectos, aunque yo uso una versión ampliada con dos adicionales. Yo las suelo hacer en este orden.

2.1- De quién se hace el mapa de empatía

En primer lugar está, lógicamente, la persona a la que retratamos en el mapa de empatía. Cuanto más específico podamos ser a la hora de manejar esta información, más afinadas van a ser nuestras consideraciones. Es decir, tenemos que ir más allá de los aspectos demográficos habituales (edad, género, situación socioeconómica, etc) hacia aspectos individuales (preferencias, tipo de personalidad, etc). Esto es algo que nos aportan las personas (del persona marketing, quiero decir). De este público necesitamos saber:

-Quién es (con datos específicos).

-Qué situación o contexto tiene cuando entra en contacto con la organización (está contento, triste, presionado, etc).

-Qué rol o relación tiene con el servicio. ¿Es un cliente ocasional? ¿Se trata de un socio habitual? ¿Es alguien que influye en otras personas que usan el servicio?

Claro, ahora os preguntaréis que de dónde sacamos toda esta información. Pues normalmente, si tienes medios y tiempo puedes hacer una investigación de mercado con entrevistas, pero si no lo tienes, junta a personas que atienden al público en diversos niveles (información, gestión, teléfono, etc), que tienen una visión más próxima (aunque puede estar sesgada).

2.2.- ¿Qué quiere hacer?

Lo siguiente es saber qué es lo que quieren. Esto es más allá de un simple “gestionar el pago de un impuesto”, sino que precisa una visión completa del contexto. Normalmente debemos tener una idea de:

-Lo que quiere lograr. Es la primera cuestión: saber qué es lo que quiere, lo que no siempre es sencillo, porque muchas veces es abstracto.

-Para qué lo quiere. Esto es importante porque, como sabemos, en la administración hay múltiples servicios que simplemente abren la puerta a lo que se quiere (la gran mayoría de los trámites). Esta situación influye en otros aspectos, como ya hablamos en este artículo.

-Cómo sabe que lo ha logrado. Lo último es si tenemos una idea de cómo ha terminado. A mi me pasaba mucho cuando iba a hacer un recado en una tienda, que tenía que volverme porque no sabía todo lo que me tenían que dar y mi madre me decía que no estaba todo. Esto, en versión administrativa, se plasma en cuando te dan un papel con la información necesaria para acceder a un trámite o servicio. En las webs lo vemos cuando no hay un mensaje de gracias, o de su solicitud se gestiona, etc.

2.3.- ¿Qué oye?

En algunos casos se suele dejar para más adelante, pero yo suelo usarlo aquí, porque normalmente uno acude a un servicio con unas expectativas generadas por otras personas. Es decir, es un punto importante para entender qué condicionamientos y expectativas tiene a la hora de ir al servicio. Esto nos permite preparar el diseño del servicio reforzando esímulos positivos y tratando de descartar prejuicios negativos. Aquí respondemos:

-Qué se dice del servicio o de la organización. Cuando alguien va a la administración electrónica puede esperarse que o va a ser complicado o que no va a funcionar.

-Lo que le cuentan sus personas próximas. Por encima de la impresión general está también la que cuentan las personas que conocen a esa persona. Si, por ejemplo, sabemos que la imagen habitual de la administración es negativa, pero quienes van al ayuntamiento consideran que el servicio es bueno y rápido, es posible que eso condicione al público que está en el servicio. Esto lo podemos diferenciar por esferas personales o profesionales (lo que dicen amigos o colegas).

2.4.- ¿Qué ve?

Lo que ve la persona no es sólo lo que se ve en el lugar de acceso al servicio, sino el resultado de la comunicación directa y propia de la organización. Si lo que se oye es lo que hablan otros, lo que se ve es lo que dice la organización. Lo pongo después porque, normalmente, la gente cree menos lo que dicen las organizaciones de si mismas que lo que dicen sus amigos u otras personas (de ahí la importancia de los influencers). En todo caso, también deja huella en su conjunto en las expectativas y comportamientos del público.

Qué se ve y se oye en la comunicación de la organización y del servicio. Aspectos como horarios, condiciones, slogans, diseños, etc. Esto incluye desde las instrucciones a promesas como “nadie esperará más de 15 días para operarse”. Es decir, hay una gran variedad de estímulos.

Qué ven en el sitio. Cuando llega al sitio, esto genera una serie de instrucciones espcíficas que pueden cumplirse o no y estéticas concretas. Por ejemplo, si te dicen que vayas a hacer un trámite seguro y luego el navegador te da un mensaje de alerta de seguridad, esto influye en tu acción.

Lo que ve que hacen otras personas. Un tercer eje es lo que ven que hacen otras personas. Es como cuando alguien hace cola y ve que un grupo de personas pasan por delante. Puede esperar, intentar ir por esa cola, o protestar enérgicamente.

2.5.-¿Qué dicen?

Aquí ya tenemos una interacción específica y concreta. El público dice cosas sobre el servicio, tanto positivas como negativas. Aquí podemos usar las encuestas, pero también, y de ahí es muy importante, lo que ve la gente que tiene trato con el público bien sea presencial, bien sea digital (los Community Managers pueden aportar bastantes pistas). Aquí tenemos:

-Lo que dicen sobre el servicio o la organización. Esto es explícito y podemos asignarlo a aspectos concretos, tanto lo positivo como lo negativo.

-Lo que creemos que dice. Podemos tener la sensación de que alguien se vaya más o menos disgustado, pero no ha dejado claro que el servicio le parece lo peor. Esto va a influir en otros mapas de empatía.

2.6.- ¿Qué hace?

Este es el siguiente punto en el que analizamos lo que hace la persona cuando accede al servicio o a la organización. No se trata solo de lo que hace en el momento justo del servicio, sino en los antecedentes. Miraremos:

-Qué hace. Los pasos que siguen para conseguir (o no) lo que quiere. Esto son datos observados que abarcan desde cómo rellenan el formulario a cómo han buscado el servicio en la web,

-Lo que creemos (o suponemos que ha hecho). Hay aspectos que no podemos saber, pero que si podemos suponer, desde a quién le han preguntado, dónde estaba cuando accedía al servicio o de dónde venía.

Aquí las herramientas de analítica digital aportan información crítica para saber qué se ha hecho y qué puntos de fricción y satisfacción hay.

2.7.-Lo que piensa ¿Qué le motiva? …

Entramos en el campo más íntimo y complicado, pero dónde podemos conseguir los mejores aportes. La motivación, lo que le satisfaría, la sensación que le haría feliz. La cosa es que esto puede ser muy mundano y pequeño (acabar pronto), pero otras veces puede ser enorme (no sentirse abandonado por los poderes públicos). A esto se suma que muchas veces la gente no especifica exactamente lo que quiere, lo que es un problema añadido. Es una parte que dejamos para el final porque realmente solo podemos meternos en la cabeza de la gente sin entender bien por lo que ha pasado.

Lo mejor es limitarse a una sola frase. En torno a esa frase podemos articular las propuestas de valor y la tracción del servicio.

2.8.-… y lo que le molesta

El último punto es lo que le molesta, lo que le frustra, genera ansiedad o dolor. Este punto es algo más sencillo de observar porque la gente lo suele decir, pero agruparlo y encontrar las causas concretas es algo que suele requerir dos cuestiones que no son sencillas: autocrítica y síntesis. No podemos encontrar los problemas serios sin entender que las protestas de otros tienen cierta justificación y no seremos efectivos si no los agrupamos por sus causas.

Igual que en el caso anterior lo mejor era ser sintéticos, aqui hay que apuntar todo lo que genera fricción, pero de manera organizada y buscando causas comunes.

Mapa de empatía. Fuente Xplane 

3.- ¿Cómo hacer el mapa de empatía?

Como decía, lo normal es hacer este trabajo contando con personas que conocen el servicio (sea digital o presencial, aunque hoy en día raros son los que no tienen ambas dimensiones) y personas que tienen contacto con el público, sea en oficinas públicas, sea en teléfonos o redes sociales.

En términos generales, lo ideal es tener prediseñadas personas, o hacer unas de “guerrilla” para trabajar. Yo suelo trabajar con 3 tipos de público inicialmente y una persona por tipo de público. Es decir, si tenemos un usuario de perfil profesional, usamos su persona para hacer el mapa. Sobre esa persona un grupo de los participantes hacen su propuesta de mapa y luego la presentan y defienden. El resto de participantes la comentan y comparten, y una vez hay consenso, ese mapa es el que se aplica.

4.- ¿Cómo usar el mapa de empatía?

Normalmente se suele aplicar el mapa de empatía antes del Canvas para hacerlo con una mayor certeza. Yo, aunque sigo este orden, suelo hacer un poco las cosas en paralelo, o, mejor dicho, tengo presente tanto la idea general del canvas en la preparación del mapa, como luego la repercusión del mapa en el canvas.

Es decir, por un lado, hacer un mapa de empatía sin tener una idea del servicio que quieres crear me resulta enormemente complicado o improductivo, dado que ubicar al equipo en el servicio concreto requiere una cierta especificidad. Por el otro, lado, en el Canvas se incluyen los públicos, así que ya es un aspecto trabajado.Por otro lado, las ganancias, problemas, y necesidades del público influyen lógicamente en todo lo que es el canvas final.

Un último punto a tener en cuenta es que los servicios públicos tienen, como hemos visto impacto en el conjunto de la sociedad. Es decir, la empatía tiene que estar acotada por el interés general y los impactos y desequilibrios que generan. A veces esto puede convivir (por ejemplo, no es la misma situación la de un usuario de servicios digitales experto con un casual, pero podemos hacer itinerarios alternativos), pero en otros casos esto no es posible (la lista de espera en urgencias existe porque por definición es difícil prever la llegada de emergencias graves. En ese sentido, tenemos que entender que el mapa de empatía es algo que está vivo. Si cambiamos lo que decimos y cómo ofrecemos el servicio, los elementos circunstanciales (lo que ve, oye, dice y hace) cambia, alejándose más o menos del dolor y la ganancia.

El gobierno vasco publica la Guía Local 2019 (gratuita)

En una edición bilingüe de castellano y euskera, el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) permite la descarga gratuita de una Guía de gestión local actualizada. Acceso a La Guía Local en pdf 

La renovación de las Corporaciones Locales -la última en junio de 2019- es una ocasión propicia para actualizar o elaborar guías prácticas de ayuda a los alcaldes y concejales que acceden por primera vez a la gestión de sus respectivos ayuntamientos.

Aparte de otras iniciativas editoriales de ámbito estatal, el IVAP ha acudido fiel a su cita y ha presentado recientemente la Guía Local 2019 que puede adquirirse en formato de papel por 52 euros o bien descargarse gratuitamente en pdf.

Esta Guía Local ha sido elaborada por un grupo de expertos, conocedores de realidad de las distintas áreas de la gestión  local y por tanto sirve de ayuda tanto a esos cargos electos que aterrizan por primera vez en los ayuntamientos como a otros más experimentados que requieren datos y documentación actualizada de sus respectivas áreas o bien de otras que directa o indirectamente les afectan. 

El documento sirve de ayuda práctica a miles de empleados públicos de las distintas administraciones locales que quieran consultar aspectos legales  o procedimentales de las distintas áreas de gestión, desde la planificación hasta el protocolo. 

Oferta de empleo público. Carácter esencial del plazo de tres años para su ejecución

Post relacionado. Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com.- Reconocida la indemnización por incumplimiento del plazo de Oferta de empleo

Por Eduardo Rojo Blog.- Oferta de empleo público. Carácter esencial del plazo de tres años para su ejecución. Fijación de indemnización (20.000 €) para la funcionaria interina afectada. Una nota a la sentencia del TS (C-A) de 12 de diciembre de 2019.

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 12 de diciembre, de la que fue ponente la magistrada María del Pilar Teso.

La resolución judicial estima el recurso de casación interpuesto por la parte trabajadora, una funcionaria interina del Ayuntamiento de Carmona, contra la sentencia dictada por la SalaC-A del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) el 22 defebrero de 2017,    de la que fue ponente el magistrado Roberto Iriarte, que había desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado C-A núm. 2 de Sevilla el 3 de diciembre de 2015.

El interés de la resolución judicial, que reitera la jurisprudencia de la Sala plasmada en dos sentencias anteriores, de 10 de diciembre de 2018 y de 24 de mayo de 2019, radica básicamente en la fijación de una indemnización de 20.000 euros a la recurrente que se vio afectada por las actuaciones del Ayuntamiento en el que prestaba sus servicios y que llevarían a que el TS declarara la nulidad de una de las OEP, en concreto del año 2008, por haber transcurrido el plazo de tres años previsto en el art. 70.1 de la Ley del Estatuto Básico de Empleo Público para su ejecución cuando se aprobaron las bases del proceso selectivo el 31 de octubre de 2012.

2.- El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de recurso c-a. Este iba dirigido en primer lugar contra la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la decisión adoptada por la Junta de Gobierno local, en la citada fecha de 31 de octubre de 2012, de aprobación de las bases del proceso selectivo para la cobertura en propiedad de dos plazas de Técnico de Administración General vacantes en la plantilla de personal funcionario e incluidas en la OEP de los años 2008 y 2010. El recurso se amplió con posterioridad al acuerdo de 4 de febrero de 2015 que desestimó el recurso de alzada promovido por la funcionaria interina contra el acuerdo sobre calificaciones otorgadas y elevación de relación de aspirantes seleccionados por el Tribunal Calificador en el mencionado proceso selectivo.

El Juzgado c-a desestimó el recurso, y contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que correrá la misma suerte. Consta en la sentencia del TSJ que la juzgadora de instancia basó su sentencia en la doctrina sentada por la del TSJ (sede Granada)el 15 de diciembre de 2014,   que consideró no esencial el plazo de tres años fijado en el art. 70.1 del EBEP para la ejecución de la OEP, de la que fue ponente el magistrado Pedro M. Rodríguez.

La sentencia citada del TSJ hizo suya la doctrina de la Sala C-A de la Audiencia Nacional de 24 de noviembre de 2011 (que a su vez se remite a una anterior de 3 de noviembre de 2009) y de la que por su interés para el caso ahora analizado en el apartado concreto de reconocimiento del derecho a indemnización reproduzco ahora un párrafo: “Lo anterior no significa, sin embargo, que la fijación de un término o plazo carezca de toda relevancia. Los Reales Decretos que han aprobado las Ofertas Públicas de Empleo de los últimos años han venido fijando un límite temporal para los procesos selectivos -el 31 de diciembre de cada año- y el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público también lo hace en su art. 70 -un plazo máximo de tres años-, por lo que estos términos y plazos constituyen indicaciones claras, incluso mandatos dirigidos a la Administración para evitar la dilación excesiva de los procesos selectivos de su personal y, aunque no determinen la anulación de dichos procesos, pueden determinar como ya dijimos la existencia de responsabilidad de la Administración por un funcionamiento anormal siempre y cuando se hayan causado daños a los particulares con tales dilaciones. Pero la determinación de esta responsabilidad no es objeto de este pleito”. 

Pues bien, la sentencia del TSJ de 22 de febrero de 2017 rechaza la tesis de la recurrente según la cual la OEP hubiera debido ejecutarse en el plazo máximo de tres años y su caducidad que viciaría de nulidad todo el proceso selectivo ejecutado desde la aprobación de las bases el 31 de octubre de 2012. La Sala pone de manifiesto que han existido pronunciamientos judiciales de distinto signo respecto al carácter esencial o no del plazo de tres años del art. 70.1 del EBEP para la ejecución de una OEP, y se alinea con la misma tesis defendida en instancia, haciendo suya la doctrina sentada en sentencia de la misma Sala de 19 de mayo de 2016,  de la fue ponente el magistrado José G. del Pino, que manifestó lo siguiente: “La sentencia de instancia debe ser confirmada pues responde al criterio de esta Sala (S. 17 de julio de 2013 , sede de Granada y S. 11 de febrero de 2011 , sede de Sevilla), que se puede sintetizar en los siguientes puntos: a) No nos hallamos ante un plazo de caducidad, sino una obligación o mandato impuesto a la Administración para concluir el proceso selectivo dentro de dicho plazo a fin de evitar la excesiva dilatación del proceso. 

b) El transcurso del indicado plazo de tres años, no determina la anulabilidad del acto pues conforme a lo dispuesto en el art. 63.3 de la Ley 30/1992 "La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo podrá implicar la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", circunstancia que no resulta del art. 70.1 EBEP. 

c) El art. 70.1 EBEP contiene la obligación de desarrollar la ejecución de la OEP en el plazo de tres años, pero no una obligación de resultado, que sería el de ejecutar los procedimientos selectivos en dicho plazo. Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación”.

La aplicación de dicha tesis al litigio enjuiciado se acompañó de dos argumentos adicionales: el primero, que no se recogió en las OEP citadas que la superación del plazo máximo de dos años previstos en las mismas para su celebración conllevara su nulidad en el supuesto de vulneración; la segunda, la rectificación de la OEP del año 2010 para su ampliación posterior con otras plazas y la fijación de un nuevo plazo para la celebración de la convocatoria y la fijación de un límite máximo de tres años.

Pendiente de casación

3.- Contra la sentencia dictada en apelación se interpuso recurso de casación que, como he indicado, será estimado parcialmente al anularse la convocatoria de la OEP del año 2008 y acordarse una indemnización a la recurrente por importe de 20.000 €.

El recurso fue admitido a trámite por auto de 16 de abril de 2018, del que fue ponente la magistrada Celsa Picó. La parte recurrente invocó en su recurso que se había infringido el art. 70.1 EBEP, al considerar que el inciso final establece que, en todo caso, la ejecución de una oferta de empleo público o instrumento similar debe desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años, “de forma que la sentencia (de apelación) hace una interpretación errónea, al basar la desestimación en que tal plazo es un mandato a la Administración para concluir el proceso selectivo con el fin de efectuar la oferta pública y no para ejecución misma de la oferta”. Invocó el art. 88.3 a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Se presumirá que existe interés casacional objetivo: a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia”), por considerar que no existía jurisprudencia sobre la consideración de esencial (o no) del plazo de tres años para la ejecución de los procesos selectivos derivados de una OEP aprobada. Repárese, dicho sea incidentalmente, que la interposición del recurso es anterior a que el TS dictara la sentencia de 10 de diciembre de 2018 que acogió la tesis de la esencialidad, y de la que fue ponente el magistrado Pablo Lucas 

En el citado auto se precisó que la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia era “la cuestión atinente a si el plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene la consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable”, y se identificó como norma jurídica que, en principio, debía ser objeto de interpretación, “ el artículo 70.1, inciso final, de la ley 7/2007, de 12 de abril (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015)”.

4. Al resolver el recurso, la Sala recuerda que la cuestión casacional ha sido ya objeto de atención, y resolución, por las sentencias de 10 de diciembre de 2018 y 21 de mayo de 2019,  de la que fue ponente la magistrada Celsa Picó, por lo que dicha doctrina, que acoge el carácter esencial del plazo de tres años para la ejecución de una OEP, debe ser seguida “por elementales razones de seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE) y de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 de la CE”), si bien únicamente será válida para la OEP convocada el año 2008, ya que las bases para el proceso selectivo fueron publicadas transcurridos más de tres años desde su aprobación, lo que no ocurrió con la OEP de 2010, ya que cuando se produjo la convocatoria, el 3 de abril de  2013, no había transcurrido aún el plazo máximo de tres años, y de ahí que para este segundo supuesto se desestime el recurso de casación.

A continuación, la Sala transcribe un amplio fragmento de la sentencia de 21 de mayo de 2019 que reproduce a su vez la del 10 de diciembre de 2018 en estos términos:

“En cambio, sí es relevante tener presente que el límite de los tres años acompaña a la lógica de que se ejecuten las ofertas de empleo público aprobadas para un ejercicio determinado mientras permanezcan las necesidades en virtud de las cuales se elaboraron, necesidades que razonablemente pueden variar de manera significativa más allá de ese margen. En todo caso, llama la atención que la Comunidad de Madrid no haya explicado la razón a la que se debe la demora de nueve y siete años en efectuar las convocatorias.

Por último y en relación con lo que se acaba de decir, es menester señalar que la recurrente en casación no ha desvirtuado los argumentos con los que la sentencia justifica el carácter esencial del plazo de tres años para ejecutar las ofertas de empleo público establecido por el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Ante una prescripción legal que impone "la obligación de convocar procesos selectivos para las plazas comprometidas" y exige ejecutar la oferta de empleo público "en todo caso" dentro de ese margen temporal y luego añade que el plazo será "improrrogable", son precisas razones muy poderosas para no deducir de esa disposición el carácter invalidante del incumplimiento del plazo”.

5.- En el recurso de casación se solicitaba por la parte recurrente tanto la nulidad de la resolución impugnada como la de todo el proceso selectivo posterior, basándose en la caducidad de la OEP. Igualmente, y en este punto creo que radica el interés de la resolución judicial, solicitaba la restitución de los efectos de su nombramiento como funcionaria interina hasta que fuera convocada la plaza por el adecuado conducto reglamentario “tras su inclusión en una nueva Oferta de Empleo Público y posterior convocatoria que la ejecute conforme a derecho”.

La estimación sólo parcial del recurso se sustenta en la siguiente argumentación: si la OEP no se ha desarrollado “dentro del plazo improrrogable de tres años”, de acuerdo al art. 70.1 EBEP, estaremos en presencia de un acto administrativo anulable según dispone el art. 48.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone que “la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.

La anulabilidad no impide, recuerda el TS, que puedan conservarse los actos y trámites “cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción…”, ya que tal posibilidad está expresamente contemplada y permitida por el art. 51 de la Ley 39/2015 (“El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción”). Así ocurrirá en el presente litigio, ya que el procedimiento selectivo para la ocupación de la plaza de la OEP convocada en 2008, que es sobre la que centra su atención el TS, “se desarrolló sin que se atribuya vicio o tacha alguna, en su ejecución, determinante de su invalidez. Proceso selectivo al que, por cierto, se presentó la recurrente que no resultó seleccionada, al no superar las pruebas selectivas correspondientes. De manera que aunque solicita la nulidad de todo el proceso y los efectos de su nuevo nombramiento como interina desde 2014 hasta que se realice otra oferta de empleo público que se ejecute correctamente, lo cierto es que si hubiera superado el proceso de selección no estaríamos ante dicha petición”.

La Sala apunta asimismo que ha mantenido tradicionalmente, y no hay motivo para apartarse en esta ocasión, “el criterio de no alterar el resultado de la selección, respecto de los seleccionados, en los casos de impugnación de convocatorias o del resultado de procesos selectivos, sin perjuicio de determinar los efectos en cada caso”.

La desestimación parcial del recurso de acuerdo a lo explicado con anterioridad no obsta a que deban derivarse consecuencias jurídicas de una convocatoria cuya invalidez ha sido declarada y que deben ser concretadas en la indemnización que deba abonarse a la parte recurrente para lograr “el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada por el acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico”, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 71 de la LJCA, siendo al parecer de la Sala que la única medida posible para la reparación es la indemnización económica del perjuicio causado. Recordemos que el citado precepto dispone en su apartado d) que “Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia”. La Sala fija la indemnización en la cuantía de 20.000 euros tomando como criterios de referencia “el tipo de plaza que cubría la interina, su participación en el proceso selectivo, el tiempo del período de selección y el transcurrido, así como lo decidido en algún otro pronunciamiento de la Sala” que no se cita concretamente.

6.- Continuará, seguro, el debate jurídico sobre la problemática del empleo interino y de toda la litigiosidad existente a su alrededor, tanto en sede C-A como en la Social. Sería bueno que el nuevo gobierno adoptara medidas normativas que permitieran restringir al máximo dicha litigiosidad y proporcionara seguridad jurídica, en especial por lo que respecta al establecimiento de un período máximo de duración de la contratación de interinidad o del nombramiento como personal funcionario interino ¿no les parece?