La "formación inicial" en la Función Pública

"La duda es si el  volumen de medios para la formación tiene efectos reales sobre unas Administraciones Públicas que siguen aún ancladas en pautas de funcionamiento poco o escasamente innovadoras en la mayor parte de los casos"

“La formation des fonctionnaires se heurte à deux dilemmes; faut-il des spécialistes ou de géneralistes? Doit-on privilégier la formation initiale ou la formation en cours de carrière?

(Luc Rouban, La fonction publique, La Découverte, 1995)

La Mirada Institucional. Rafael Jiménez Asensio.- La cita que abre esta entrada tiene ya más de veinte años. Y la tensión sobre cómo formar a los funcionarios sigue en pie. Partiendo de la distinción clásica de la OCDE, la disyuntiva en este terreno siempre se ha planteado entre formación y estructura de la función pública; esto es, sobre cómo articular esa formación en un “sistema de carrera” (cuerpos o escalas) o en otro de “empleo” (puestos de trabajo).

El primero (sistema de “carrera”) siempre ha procurado mimar la formación inicial y en algunos casos inclusive se ha hecho patrón de la polivalencia (el modelo más acabado es la ENA francesa, institución singular donde las haya), puesto que a partir de esos mimbres se articulaba el ingreso en determinados cuerpos o la progresión profesional en los distintos escalones de la Administración Pública. Mientras que el segundo (sistema de empleo) olvidaba o situaba en un plano secundario por lo común esa formación de acceso, puesto que no se ingresaba a un haz de empleos, sino solo a un puesto de trabajo. Acreditadas las competencias para ejercer ese puesto de trabajo (generalmente singular) la formación inicial perdía buena parte de su sentido, salvo que la administración (como así se hace a veces en otros países) estructurara una formación de acogida para encuadrar al empleado en un contexto y en una cultura específica de la organización.

El problema radica en aquellos sistemas de función pública, como el nuestro, en los que sinceramente con el paso del tiempo “nos hemos ido haciendo un lío”; pues tenemos algunos elementos del sistema de carrera (cada vez menos) y hemos conocido un empuje sustantivo y desordenado de influencias de los sistemas de empleo, que se han ido apropiando de amplios ámbitos de la organización pública. Es lo que académicamente se denominan –con no poca complacencia- “sistemas mixtos”, que combinan elementos de ambos modelos. No son precisamente paradigmas de buen funcionamiento, tampoco en lo que a formación se refiere.

Es verdad que el campo de la formación de empleados públicos ha tenido en los últimos tiempos un vigor evidente tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativamente. La formación continua, en efecto, ha conocido una gran expansión. Desde un punto de vista cualitativo se están llevando a cabo experiencias metodológicas importantes que cuestionan muchos de los formatos tradicionales, mejoran las herramientas o los procesos, innovan o ponen en marcha nuevos modelos de aprendizaje, invierten en la transferencia de conocimiento, así como alinean correctamente formación con gestión. Son ejemplos que habrá que seguir de cerca. Algunas instituciones públicas y un colectivo de buenos profesionales funcionarios o del campo de la consultoría ya son vanguardia en esa línea. Pero hasta que no se resuelva el correcto encaje de la formación continua con la estructura de función pública y también con la carrera profesional, así como con la evaluación del desempeño, esas iniciativas no pasarán de ser buenas propuestas con algunos efectos positivos (buenas prácticas), pero sin impactos estructurales sobre el funcionamiento de nuestras organizaciones públicas en su conjunto.

El retorno de la formación

Cuantitativamente hablando, la formación continua mueve (todavía hoy, con todas las restricciones derivadas de la crisis y de su mejorable gestión) un buen número de recursos de recursos, aunque se hayan visto reducidos en los últimos años. La duda es si tal volumen de medios tiene efectos reales sobre unas Administraciones Públicas que siguen aún ancladas en pautas de funcionamiento poco o escasamente innovadoras en la mayor parte de los casos. Esfuerzos se están haciendo para cambiar las cosas. Pero la lentitud en los resultados es la regla.

Frente a ese “esplendor” (al menos aparente) de la formación continua, la formación inicial, o incluso la formación de acogida en la función pública, es la eterna olvidada. En muchos sitios ni existe. Entrar a trabajar al sector público se asemeja a veces con hacerlo a un supermercado (aunque en muchas de esas empresas la formación de acogida es bastante más intensa y extensa que la existente en el ámbito público). Tal vez piensen que ello se debe a que, hoy por hoy, apenas hay ingresos en la función pública. Pero eso, aun siendo eso cierto en parte, no excusa ese radical abandono o ese carácter residual en el que se ha convertido tal tipo de formación. En verdad, la formación inicial en los útlimos treinta años ha sido la gran olvidada. La crisis, además, ha congelado plantillas. Pero más pronto que tarde, ante el envejecimiento gradual del empleo público, habrá que hacer frente a nuevas incorporaciones. Y esa “savia nueva” no puede alimentarse como antaño de interinidades o temporalidades “aplantilladas” sin que nada de lo anterior cambie y dando solución de continuidad a lo que tradicionalmente se venía haciendo. ¿Para qué formar a esos interinos y temporales “si ya saben lo que deben hacer”? Si este es el enfoque, mal vamos.

Uno de los problemas sustantivos de las administraciones públicas es que han articulado el reclutamiento de sus empleados a partir del sistema educativo existente y, más concretamente, de las titulaciones universitarias. Un tema complejo, que no podemos tratar aquí. Pero en estos momentos, tras el desarrollo (caótico y mentiroso, por cierto) del sistema europeo de educación superior, construir los puntos de entrada al sector público solo a través de la diáspora de las titulaciones de grado y postgrado del sistema universitario es condenar a la administración pública a la más absoluta inoperancia. Convendría pensar en cómo cohonestar una formación universitaria que se asienta en determinadas competencias alejadas (al menos en teoría) de la memorización con las exigencias de entrada a no pocos cuerpos de la administración pública en los que la memoria es el recurso más valorado, por no decir que sería necesario repensar si lo que hoy en día se aprende en las universidades o lo que se exige en las oposiciones sirve realmente para algo en relación con lo que hace la administración pública en nuestros días o lo que hará en un futuro más o menos inmediato. Todo parece barruntar que poco o nada.

Gestión de la sucesión

La distancia existente entre la formación universitaria y las necesidades actuales y futuras de las administraciones públicas hace necesario un cambio radical de estrategia. Siendo la formación continua una necesidad objetiva e inexcusable como medio de adaptación a una sociedad en constante cambio, no lo es menos que la formación inicial al menos en términos estratégicos y de impacto debería ser objeto de atención central en estos momentos (por no hablar de “la formación de relevo” que supla en conocimiento que en los próximos años perderá el sector público por la jubilación masiva de cuadros superiores; sobre este punto el importante “Plan de Empleo” aprobado recientemente por el Gobierno Vasco: http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/29789-gobierno-vasco-aprueba-primer-plan-empleo-para-atajar-envejecimiento-desigualdad-interinidad-del-personal-que-trabaja-administracion-general-euskadi).

Las administraciones públicas requieren cada vez más personas polivalentes o con fácil capacidad de adaptación y esa formación solo la pueden impartir las propias organizaciones públicas. La Administración Pública necesita cada vez más construir espacios (al igual que han hecho algunas grandes empresas) de “Universidades o Escuelas de Formación corporativas del sector público”, donde su profesorado sea en gran medida propio de tales entidades y se enseñe lo que realmente necesita la Administración ahora y en los años venideros (práctica efectiva y herramientas nuevas, así como se aborden los retos a los que la organización pública se enfrenta). Asimismo, la formación en valores y en ética pública o en integridad, así como en transparencia, gobierno abierto, participación ciudadana o administración electrónica y simplificación administrativa, son ámbitos necesarios para un buen ejercicio de las actividades profesionales en un entorno público del siglo XXI. Los empleados públicos que accedan a las respectivas instituciones deben saber desde el primer día que su función principal es la de servir a la ciudadanía y la de emplear los recursos públicos de forma sobria, eficaz y eficiente. Todo esto alguien se lo debe enseñar. Y no debe ser “de fuera”, sino principalmente “de dentro”. Hay que crear conocimiento interno y apotar por la creació estratégica de redes de formadores del sector público en los diferentes niveles de gobierno y entidades públicas.

Llama la atención que, salvo en algunos cuerpos de funcionarios que tiene un ciclo de formación inicial (normalmente devaluado y que sirve las más de las veces como período de “descomprensión” tras un duro proceso de “oposiciones”; por ejemplo, en la judicatura, cuerpos de policía, funcionarios con habilitación de carácter nacional, etc.), en la generalidad del empleo público español, especialmente en el ámbito autonómico y local, la formación inicial brille por su ausencia.

Nadie ha medido las letales consecuencias que ha tenido ese déficit para la falta de construcción de una institucionalidad fuerte en la función pública. Nadie parece haber evaluado qué resultados está produciendo esa ausencia de formación inicial o de acogida, a ser posible de carácter selectivo también. Los costes de esa anomia formativa no computan. Las personas acceden a las administraciones públicas y “se sientan” en una silla o se ubican en un despacho sin que nadie les haya explicado dónde están, qué van a hacer, cómo ejercer las funciones y tareas, ni menos aún cuál es el sentido y finalidad de su oficio, que presumiblemente ejercerán “de por vida”. Así las cosas, que nadie se extrañe de la escasa vinculación con las organizaciones públicas (o de ese mal o deficiente desempeño contextual) que una y otra vez se da por desgracia en las entidades públicas. Algo habrá que hacer para remediarlo.

Opinión: ¿ Qué función pública queremos ?

Es urgente articular un sistema de ayudas para la preparación de oposiciones que rompa la barrera de entrada al funcionariado y asegure la representatividad social de la administración
 

Post relacionado sobre novedad editorial: “La Función Pública durante el Franquismo”
 

Eduardo Fernández Palomares y Clara Mapelli Marchena. Opinión de El País. 4.2.2016.- La sociedad española ha soportado con extraordinaria entereza y madurez democrática más de un lustro de durísima crisis económica. Y los empleados públicos hemos tratado de atender los servicios públicos necesarios para paliar los efectos de la crisis, en un contexto de intensas restricciones presupuestarias.

Este esfuerzo se ha visto reconocido por nuestros conciudadanos, como pone de manifiesto el último de los estudios sobre la calidad de los servicios públicos elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. El 67 % de los encuestados señalaba en 2014 que los empleados públicos merecemos mucha o bastante confianza, frente al 52% de 2010.

 

España está afrontando un escenario postelectoral en el que las capacidades de negociación y pacto van a resultar esenciales para resolver los problemas de la vida pública. Y, leyendo los programas electorales que los principales partidos políticos presentaron para las elecciones del 20-D, parece que el debate sobre nuestra función pública comienza a formar parte de la agenda de buen gobierno.

 
Imparciales y objetivos

Como punto de partida es preciso subrayar que los funcionarios debemos ser, tal y como establece nuestra Constitución, imparciales y objetivos. Es precisamente esta posición la que nos permite asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y servir los intereses generales. Por esta razón existe la garantía de inamovilidad, que es la que en ocasiones nos permite decir, retomando aquella célebre serie británica: "No, ministro". Somos, además, un colectivo comprometido con los valores de ética y servicio público. Compartimos muchas de las críticas que se hacen a nuestras administraciones y sabemos que no hay pócimas mágicas: solo reflexión y trabajo para trazar el camino hacia un servicio público de calidad, ajeno al partidismo, de élite, pero no elitista.

 

Por eso pensamos que ha llegado el momento de abrir un debate entre las fuerzas políticas y sociales sobre el modelo de función pública que queremos construir entre todos. Y nos gustaría aportar desde dentro una visión para que la función pública siga sirviendo a los ciudadanos, a la agenda de regeneración democrática, a las reformas estructurales y a la modernización del país. Un grupo de funcionarios llevamos un tiempo trabajando en un documento de propuestas que queremos que sea abierto, no partidista, y que nutra el debate. Pretendemos alejarnos de la idea de que somos un lobby con intereses particulares con intención de influir en los políticos para seguir manteniendo unos supuestos privilegios.

 

El funcionario ha de garantizar la imparcialidad y evitar la descapitalización, de manera que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz.

 

Nuestra propuesta gira en torno a tres ejes: el método de selección, la carrera administrativa y el papel del directivo público.Comenzando con la selección, los cuerpos y escalas de funcionarios siguen siendo la noción clave para entender nuestra administración tal y como se ha configurado históricamente. Han permitido una especialización, independencia y profesionalización considerables de la función pública española. Asimismo, la existencia de una función pública estatal consolidada ha servido de dique de contención frente a la corrupción: en aquellos ámbitos en los que se ha debilitado, se han dejado sentir negativamente las consecuencias. Pero el método de acceso, esencial para reflejar la diversidad social y promover la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, se enfrenta a importantes retos.

 

En el actual contexto de restricciones presupuestarias, el Tribunal de Cuentas ha denunciado cómo los principios constitucionales de acceso al empleo público (igualdad, mérito y capacidad) se están poniendo en riesgo por la cobertura anómala de los servicios. Por eso debemos planificar de forma efectiva nuestras necesidades en materia de recursos humanos en el medio y largo plazo, como ha señalado reiteradamente la OCDE. Pensamos, en este sentido, que articular un catálogo completo y coherente de profesiones del Estado podría ser un primer paso.

 

Por otra parte, las conocidas oposiciones, que permiten seleccionar de forma objetiva, pública y competitiva a quienes acreditan los conocimientos necesarios, no pueden suponer una barrera para quienes no cuentan con recursos económicos y sí con un enorme potencial como servidores públicos. En un proceso de transformación gradual del sistema de acceso, creemos que resulta inaplazable articular un sistema de ayudas para la preparación de oposiciones que rompa esta barrera y asegure la representatividad social del servicio público. Es, además, ineludible adaptarse a los nuevos tiempos del espacio europeo de educación superior. Los actuales cursos selectivos que se imparten en las escuelas de administración pública a quienes han superado la fase de oposición deberían transformarse en másteres universitarios que completen los conocimientos y aptitudes valorados en las pruebas selectivas con la evaluación de competencias y habilidades profesionales imprescindibles para desarrollar nuestras funciones.

 

Una vez dentro del servicio público, es imprescindible una carrera motivadora, incentivadora de la innovación, pero exigente y que evalúe el rendimiento. Es un derecho y un deber del funcionario, además de un instrumento organizativo flexible. Ha de garantizar la imparcialidad y evitar la descapitalización, de manera que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz. Para ello, la remuneración debería estar vinculada a una evaluación, pero complementada con una planificación estratégica profesional. Ya hay experiencias en esa línea y, sin duda, ese debería ser el camino. Los ciudadanos reclaman una Administración responsable y unos funcionarios comprometidos: la evaluación del desempeño y la carrera administrativa pueden ser la levadura de este cambio.

 
Directivos públicos

Por último, la figura del directivo público requiere más atención mediática y política de la que a día de hoy ha recibido. Es la verdadera bisagra entre la esfera política y la administrativa. La sociedad debe contar con los mejores directivos públicos, con aquellos que sean capaces de liderar proyectos transformadores y vinculados a los ejes de la acción de Gobierno. En este punto se abren varias opciones, que necesariamente deben quedar para el debate, aunque no faltan referencias en otros países: sin ir más lejos, el modelo portugués constituiría un buen punto de partida. En éste, un órgano independiente recluta, evalúa y propone una terna al Gobierno, en atención a los méritos y capacidades de los candidatos. La clave es la transparencia y la obligación de motivar los nombramientos. Esta obligación conllevará una mayor profesionalización, a la vez que mantiene cierto margen de confianza o discrecionalidad, necesaria en los puestos directivos.

 

En definitiva, y teniendo bien presente que no existen «bálsamos de fierabrás», creemos que debemos reflexionar entre todos sobre las reformas necesarias en materia de función pública. En la era 2.0, de la trasparencia y de la regeneración democrática, sería una imprudencia arrinconar al servicio público. En una Europa que mira al horizonte 2020 con enormes retos sociales, políticos y económicos, quizá la función pública constituya un inestimable elemento vertebrador. Sirva este texto como muestra de su vocación de servicio para que nuestros gobernantes puedan dirigir el país hacia el futuro.

 

Eduardo Fernández Palomares y Clara Mapelli Marchena son administradores civiles del Estado. Firman también este artículo Xose Areses Vidal, Carmen Blanco Gaztañaga, Pedro Colmenares Soto, Ana Gallego Torres, Gonzalo Gómez de Villalobos, Sancho Íñiguez Hernández, Mª Luz Labrada Tellado, Israel Pastor Sainz-Pardo y Jorge Souto Alonso, también administradores civiles del Estado.

Mutxamell (Alicante), Tiana, Sant Just Desvern (Barcelona), Benaguacil (Valencia) y Noaín (Navarra), premiadas por su gestión medioambiental

Estos premios de periodicidad anual se otorgan a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que presenten evidencias de la existencia de un compromiso político con el desarrollo sostenible

 

Revista de prensa. EP.- El Ayuntamiento de Mutxamell (Alicante) ha sido el municipio galardonado en la categoría de Ciudad Sostenible en la XIII edición de los Premios Ciudad Sostenible, que concede anualmente la Fundación Fórum Ambiental con el apoyo de Fira de Barcelona, como reconocimiento al esfuerzo de los municipios al desarrollo sostenible.

 

En Noaín, Navarra, el Parque de los Sentidos
incluye huertos urbanos

El acto de entrega de premios se ha celebrado este miércoles 3 de febrero en la sede del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y ha estado presidido por la ministra en funciones, Isabel García Tejerina.

 

Estos premios de periodicidad anual se otorgan a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes y Entes Locales Supramunicipales de España en los que se hayan ejecutado satisfactoriamente actuaciones dirigidas a la sostenibilidad en un período de dos años de duración, y que presenten evidencias de la existencia de un compromiso político con el desarrollo sostenible.

Agenda 2030

Mutxamell es un municipio de Alicante que se adhirió a la agenda 2030 de la ONU para desarrollar planes de acción para el medio ambiente. Algunas de las iniciativas por las que ha sido reconocido con el premio a Ciudad Sostenible han sido el acondicionamiento de senderos, la recuperación de jardines del municipio o la formación en agricultura sostenible, entre otros.

 

Por otro lado, en la categoría de Residuos, el premio ha recaído en el Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) por su sistema de recogida de residuos, consistente en una bolsa que contiene un chip y que es entregada a los ciudadanos para que reciclen en sus casas. El finalista en esta categoría ha sido el Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el proyecto 'Tropa Verde'.

 

Respecto a Gestión del Agua, el galardón ha sido para el Ayuntamiento de Benaguacil (Valencia), por 'Aquaval', un proyecto que consiste en la instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. El finalista en este apartado ha sido el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante).

 
Educación Ambiental

En Educación Ambiental, el jurado ha concedido el premio al Ayuntamiento de Noáin, Valle de Elorz (Navarra) por la construcción del 'Parque de los sentidos'. En esta categoría ha habido dos finalistas: el Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) por 'Un paso más' y el de Puente Genil (Córdoba) por 'El bosque de los niños'.

 

Por último, en la categoría de Eficiencia Energética, se ha otorgado el premio al Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona) por su plan de acción de energía sostenible. El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha sido finalista por su proyecto de concienciación 'Corre o camina contra la pobreza energética'.

 

Al acto también han asistido el presidente de Fundación Forum Ambiental, Ramón Roca; el director general de Ecoembes, Óscar Martín; y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. La ministra, que ha clausurado el acto felicitando a los ganadores de los premios, ha señalado que España va "en buena dirección" con respecto a la consecución de modelos de desarrollo sostenible y que "la sostenibilidad es básico para un desarrollo que sea sólido, global y a largo plazo".

 

Tejerina ha insistido en la necesidad del papel de los municipios y las ciudades para el desarrollo sostenible, al ser estos un "escenario importante" y ha recalcado que las grandes ciudades deben estar "en primera línea" a la hora de cumplir los objetivos globales, pues son "instrumentos clave" en materia de gestión medioambiental. La ministra ha concluido que los municipios y ciudades españolas ofrecen, con estos modelos sostenibles, una "oportunidad" para la creación de empleo y para la mejora de la economía local de sus ciudadanos.

Tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos

Una mayoría de las instituciones públicas analizadas por Transparencia Internacional España no cumple la obligación legal de publicar los contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

 

OCP.- En un detallado análisis realizado por Transparencia Internacional España, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, de los 110 grandes Ayuntamientos españoles, las 17 Comunidades Autónomas y los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) se pone de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

 

Tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro Parlamentos (26% de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo dos Comunidades Autónomas de las 17 totales (el 12%) las que cumplen con el mencionado mandato legal. Resulta significativo en este contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal.

 

Transparencia

Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un necesario aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.

 

En el documento adjunto se recogen las tablas que muestran, de forma individualizada, el nivel de cumplimiento en la publicación de contratos y licitaciones en la PCSP por parte de las instituciones analizadas.

CONTRATACIÓN PÚBLICA. GUÍA PRÁCTICA.  

Esta guía, editada por La Comisión Europea el 29 de octubre de 2015, está destinada principalmente a los responsables de licitaciones de los poderes adjudicadores encargados de planificar y gestionar adquisiciones públicas de obras, suministros o servicios. Descargar aquí la Guía.

 

La guía se estructura en torno a las seis fases de un proceso de contratación pública: 1. Preparación y planificación 2. Publicación 3. Presentación de ofertas y selección de licitadores 4. Evaluación de las ofertas 5. Adjudicación del contrato 6. Ejecución del contrato. Aunque no proporciona una interpretación jurídica de las directivas de la UE, constituye un instrumento útil porque recorre los ámbitos en que se producen errores con mayor frecuencia, dando consejos prácticos sobre cómo evitarlos y cómo tratar cada situación. Este documento también enumera una serie de buenas prácticas, ejemplos reales, explicaciones sobre temas específicos, estudios de casos y plantillas. Por último, su presentación, que incluye alertas y elementos interactivos con enlaces a los textos legislativos pertinentes y otros documentos útiles, tiene por objeto facilitar la utilización del manual.  

El club de los 210.000 euros o los mejor pagados del sector público estatal

Un informe de la Fundación ¿Hay Derecho? repasa el top 20 de los sueldos de empresas públicas

Inés Calderón.- Sueldos Públicos.- El investigador de la Fundación ¿Hay Derecho?, Jaime Castellano, ha hecho un notable esfuerzo por conocer quiénes son los mejor pagados del sector público estatal. Y ha indicado que tres son los responsables de empresas públicas que cobran el máximo previsto en la ley: 210.000 euros. Son los máximos responsables de la SEPI, CESCE y ENUSA.

SEPI. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

 

CESCE. Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Es una sociedad cuyo objeto social es asegurar a las empresas de los riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios. 

ENUSA. Empresa Nacional de Uranio S.A. en 1972. Ahora es ENUSA Industrias Avanzadas S.A.

Aunque estos tres dirigentes cobren el máximo legal, hay otro ejecutivo que supera su retribución. Se trata del vicepresidente de la SEPI, Federico Ferrer, que recibe, 211.790 euros dado que le corresponden 13 trienios por su actividad anterior. Es decir, aunque su salario asignado es de 204.242 euros, cobra 1.000 euros más que su jefe, Ramón Aguirre.

 

Estas retribuciones están fijadas en el Real Decreto 451/2012, que establece que la retribución básica (que constituye la retribución mínima obligatoria) no podrá exceder como tope de 105.000 euros. 

 

Sin embargo, según explica Jaime Castellano, los máximos responsables del sector público empresarial y otros entes tienen un complemento de sueldo y un complemento variable con el que pueden llegar a ganar justo el doble de lo establecido en el Real Decreto. Estos complementos se establecen en diferentes órdenes ministeriales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según el tipo de organismo. De hecho, el tope real de retribución fija + variable en el sector público estatal son 210.000 euros (beneficios sociales aparte, que no están regulados y no se publican). Todavía estamos esperando a los datos de 2015 en el Portal de Transparencia del Gobierno. Lo publicado corresponde a 2014.

Los presidentes de Loterías y Tragsa cobran más de 190.000 euros al año

Por encima de los 190.000 euros hay otros dos ejecutivos, el presidente de SELAE (la empresa administradora de Loterías y Apuestas del Estado) y el de Tragsa. Los directivos de Correos y Navantia les siguen en la clasificación, con más de 180.000 euros brutos al año de salario. Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores y ex esposa de Rodrigo Rato, es la siguiente mejor pagada, con más de 175.000 euros, a pesar de la delicada situación económica por la que pasa la compañía.

 

Hay otros cinco por encima de los 160.000 euros brutos al año: los máximos responsables de ISDEFE, la Corporación de RTVE, Mercasa, ENSA y Enresa. El presidente de EFE se queda al borde de esta cantidad, con 159.114 euros brutos al año. Los directivos de las empresas del Grupo Fomento cobran en torno a 150.000 euros al año: 158.754 es el salario del de Adif, 158.579 para el de Aena y otros 157.792 euros al año para el presidente de Renfe-Operadora.

 

Jaime Castellano, autor del informe, se lamenta de las dificultades encontradas para recabar esta información. Aunque hay 409 entes, solo una parte de ellos está en el Portal de Transparencia del Gobierno de España, por lo que para ver la retribución de los máximos responsables de muchos entes hay que ir navegando por las páginas webs de esos organismos, buscar la sección de transparencia, descargar un fichero y con suerte llegar a la retribución fija + variable (todo junto, sin dar el desglose salvo excepciones) del máximo responsable de la entidad (del equipo directivo no se ofrece la retribución).

 

 

Rafael J. Asensio: Saturación (de falsa) política

"Los grandes retos con los que se enfrenta este país no se pueden resolver con políticos de escasa altura y algunos periodistas que alimentan el desconcierto y que cultivan el desgobierno"

 

“Hay muchos más manuales acerca de cómo hacerse con el poder que libros acerca de qué hacer con él” (Daniel Innerarity, La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, 2015, p. 334).

 

“Mientras los chamanes europeos trabajaban con palabras (…), los socialdemócratas nórdicos se enfrascaban en el barro de las políticas, tratando de sacar lo mejor de la materia disponible” (Víctor Lapuente, El retorno de los chamanes. Los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos, Península, 2015, p. 252).

 

Blog La Mirada Institucional. Rafael Jiménez Asensio.- El año 2015 ha sido “prolífico” en procesos electorales. Tras las elecciones del 24-M se constituyeron los gobiernos locales, forales, insulares y autonómicos. También el gobierno andaluz, después de no pocas peripecias. E incluso el gobierno catalán en el último suspiro (ya en 2016) y de forma algo esperpéntica. La mayor parte de esas estructuras gubernamentales, con alguna excepción digna de ser resaltada, funciona con una precariedad notable. Y eso tiene fuertes impactos sobre la gobernabilidad. Y sobre los resultados o ausencia de estos.

 

Aún falta mucho tiempo para que los partidos políticos adquieran cultura de pacto o de coalición. Mientras tanto, a sufrir. Aprobar leyes, presupuestos o políticas ambiciosas comienza a ser una penitencia o, peor aún, un sueño inalcanzable. La parálisis se ha adueñado de buena parte de las estructuras gubernamentales. El resultado es obvio: el país se estanca, la innovación y el cambio no entran en la escena político-institucional, las reformas se congelan en el tiempo, mientras que la burocrática y desvencijada maquinaria administrativa sigue funcionando por pura inercia. Hemos pasado de las “apisonadoras” de las mayorías absolutas a la fragmentación desordenada que alimenta desencuentros con una retórica que nada ayuda al acuerdo. Sin término medio. La anomia de políticas de nuevo cuño comienza a ser alarmante. Los gobiernos se conforman con gestionar la cotidianeidad, sin añadir valor alguno. Pocas excepciones somn dignas de citar. Algún día habrá que hablar de aquellos gobiernos que al menos gobiernan y que, de momento, se sitúan en su mayor parte en el norte. El mundo se mueve a velocidad de vértigo y nuestras instituciones permanecen ancladas en el inmovilismo.

 

Endiablado 20-D

Por su parte, las elecciones legislativas del 20 de diciembre han dado un resultado endiablado. Es lo que ha querido el pueblo, aunque en cierta medida también el sistema electoral. Y la impotencia de los partidos políticos para resolver semejante sudoku empieza a ser alarmante. El gobierno en funciones todo apunta que puede extenderse un largo tiempo. Mientras tanto, nada se mueve. Todo sigue igual. El tiempo pasa, la economía puede comenzar de un momento a otro a dar señales de agotamiento. Ya hay algún primer síntoma que anuncia tormenta. Y la vuelta a tiempos no tan lejanos puede ser una realidad, más pronto que tarde. La Comisión Europea ha formulado en las últimas semanas varias advertencias. Están jugando con fuego. Unos y otros. Ejercicio de irresponsabilidad supina.

 

Y en el horizonte se vislumbran unas nuevas elecciones que nadie quiere, pero que nadie remedia. También unas elecciones gallegas y vascas  a medio plazo (en otoño), que se pueden contaminar a estos territorios de una enfermedad que ya es epidemia: la compleja gobernabilidad. Así sería si se repitieran los resultados de la última contienda electoral. No parece que ello suceda, pero la fragmentación política no hará fácil la estabilidad gubernamental futura, salvo coaliciones estables o mayorías que no se anuncian.

 

Con este panorama todo parece apuntar a que si 2015 fue un año perdido en lo que afecta a la acción de gobierno en múltiples instituciones, 2016 abundará en esa línea con un Estado “sin cabeza”, con lo que la parálisis institucional tiene visos de prolongarse durante un largo período. Un país enterrado en elecciones. El sueño de los comunicadores, equipos de campaña, politólogos y periodistas, al menos de los poco serios. Carnaza de noticias sinfín. Así las cosas, pretender impulsar reformas o cambios importantes en el funcionamiento de las instituciones, en la propia administración pública, en la economía o en los distintos sectores que la están pidiendo a gritos, se convertirá en una tarea inalcanzable. Las consecuencias de esta parálisis, que atenaza a la inmensa mayoría de las estructuras gubernamentales, son fáciles de prever: empeorarán sustancialmente nuestras condiciones de vida y nuestro futuro más inmediato (e inclusive mediato), castrando el crecimiento económico y la competitividad. Dicho en pocas palabras: iremos a peor. Si nadie lo remedia.

 

No deja de ser una curiosa paradoja que cuando más se habla de política, cuando la política lo invade todo, cuando asimismo proliferan por doquier quienes se autodenominan como analistas y politólogos con recetas para todos los gustos, charlatanes y embaucadores que pueblan esa política-espectáculo que algunos medios televisivos o radiofónicos y periodistas irresponsables se han encargado de alimentar, la política sea en verdad cada vez más impotente para resolver absolutamente nada. No cabe extrañarse, pues en este país se lee poco y, como me recordaba un colega recientemente, aunque suene muy duro, los políticos generalmente solo leen a los periodistas y estos, por lo común (excepciones las hay), a nadie.

 

Esa política que ahora todo lo puebla sigue olvidando una premisa sustancial de su existencia: la política y los políticos están para resolver problemas y mejorar la vida de la ciudadanía. Y eso se logra pactando, gobernando y legislando, así como tomando decisiones y priorizando políticas. Obviamente, cediendo. No llenando titulares de prensa y menos aún vociferando o manchando el tablero político de líneas rojas.

 

Se comienza a percibir un hastío colectivo, un agotamiento de política vacua, así como se palpa una auténtica saturación ciudadana hacia esa falsa política que nada resuelve, que se asienta más en la comunicación que en los resultados o en la eficiencia. La democracia española, sus propias instituciones y no digamos nada la propia salud financiera del país, se encuentran en una absoluta encrucijada con problemas existenciales, de diseño constitucional, económicos y sociales de una magnitud desconocía hasta fechas recientes. Se trata de un momento que requiere liderazgos innovadores y medidas efectivas. Los partidos tradicionales están dando, ambos, un lamentable espectáculo, jugando al “cainismo” o a trampear todo lo que pueden (alguno incluso manipulando, en un burdo juego táctico, la propia Constitución que tanto dicen defender). Los emergentes, por su parte, no aportan de momento absolutamente nada nuevo, salvo cambios cosméticos y caras nuevas (algunas ya no tanto). En el fondo, más de lo mismo pero con menos oficio y sobre todo con escaso sentido institucional. En algún caso incluso las ocurrencias disparatadas de algún líder están empeorando notablemente la imagen, ya de por sí deteriorada, de la política. La irrupción de estas “nuevas” fuerzas políticas, paradojas de la vida, está generando una peor política, sin efecto benefactor alguno hasta la fecha. A ver si aprenden pronto que la política es también responsabilidad institucional.

 

Los grandes retos con los que se enfrenta este país no se pueden resolver con políticos de escasa altura y algunos periodistas que alimentan el desconcierto y que cultivan el desgobierno. Uno de esos periodistas (“conductor” de un programa de máxima audiencia en el que nadie escucha a nadie y se rebaja la política a la condición de “telebasura”) recientemente llegó a decir, ante la situación de bloqueo político existente, que el escenario político se estaba poniendo “entretenido” (sic). Una necedad peligrosa que define al personaje. Siento ser tan áspero, pero es lo que hay. Entre unos y otros han alimentado este disparate. Ellos sabrán cómo sacarnos del laberinto. O tal vez lo tengamos que hacer nosotros desenchufando la “caja tonta”, silenciando las abominables y sectarias tertulias radiofónicas y televisivas, desenganchándonos de las redes sociales que aglutinan a los seguidores en bandas rivales, así como votando a partir de ahora de otra manera. Aunque algunos ni perdiendo elecciones o sufriendo sangrías evidentes de votos aprenden nada. Cruda realidad.

Los auditores públicos recomiendan la eliminación del sistema de caja de los ayuntamientos

"La caja es una fuente de quebraderos de cabeza para el control interno local"

 

Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- En el ámbito recaudatorio, la posibilidad de realizar cobros y pagos mediante el sistema de caja está expresamente admitida por la normativa presupuestaria local. Sin embargo, exige incrementar las medidas de control aplicables a tal actividad, porque también es superior su nivel de riesgo, al implicar el manejo físico de dinero. Algo que no existe cuando se utilizan los convenios de recaudación mediante entidades bancarias.

Por ello, la Cámara de Cuentas de Andalucía viene recomendando en sus informes la eliminación del sistema de caja de los ayuntamientos. Así lo ha hecho, desde el informe SL 03.2/2012 y, más recientemente con ocasión de su último trabajo publicado, el “Análisis de la gestión de los fondos líquidos de los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María y Estepona”, que analiza la administración de la tesorería en cuatro medianos ayuntamientos andaluces. En algún caso, han saltado las alarmas en los medios de comunicación.

 

En este caso, el epígrafe 298 critica la inadecuada organización interna implantada para esta área en dos de esos ayuntamientos cuyos mecanismos de control, para la Cámara, eran prácticamente inexistentes:

 

“Así, para la gestión de la caja no existía una mínima segregación de funciones, de forma que era una única persona quien disponía de la recaudación obtenida y anotaba las operaciones realizadas en el registro auxiliar de caja y en la contabilidad oficial (…) el acceso de los usuarios al programa de contabilidad no estaba limitado por áreas, lo que suponía que la persona responsable de la tesorería registraba asientos, pero también podía proceder a su rectificación o anulación sin ningún tipo de supervisión o autorización. 
Por lo tanto, dado que era una sola persona la que asumía la gestión recaudatoria por caja, conservaba la documentación soporte y registraba las operaciones, se puede concluir que no había establecido ningún mecanismo que permitiera controlar si lo efectivamente contabilizado se correspondía con la recaudación obtenida y se custodiaba en la caja municipal”.

 

En algún caso, no se aportó a los auditores la realización de ningún arqueo o recuento regular de existencias para verificar que el saldo contable y el efectivamente disponible en las cajas de tesorería fuesen coincidentes. Tampoco consta la realización de ninguna otra actuación de control por parte de los tesoreros.

 

Tesorería deficiente

Las investigaciones internas en los ayuntamientos de Dos Hermanas y Estepona concluyeron que faltaba numerario sin justificación, por operaciones realizadas en los periodos 2007-2011 y 2009-2011 respectivamente. Esto, para la Cámara, pone de manifiesto la inadecuada organización del servicio de tesorería y la ausencia de mecanismos eficaces de control sobre la función recaudatoria de determinados derechos y del manejo de fondos públicos por caja.

 

En otro reciente informe sobre determinadas áreas del ayuntamiento de Motril, la Cámara de Cuentas de Andalucía censuró severamente (epígrafe 112) que no se dejase constancia de la práctica efectiva de recuento físico alguno en la fecha del arqueo de Caja, ni se comparase tal importe con su saldo contable -pese a ser distintos- ni se registrase la diferencia resultante a conciliar, ni se identificase a los intervinientes en el arqueo al no estar firmados. Un caos que se agrava (epígrafe 113) porque la entidad local no cuenta con norma alguna que arbitre sobre la gestión de la caja y la administración de sus fondos públicos. Esto es, el volumen máximo permitido de efectivo en caja, frecuencia de su traslado a los bancos, controles a realizar por el tesorero sobre los cajeros, controles contables de la intervención local o posibles auditorías externas.

 

En definitiva, la caja es una fuente de quebraderos de cabeza para el control interno local, como ya se puso de manifiesto con  ocasión del caso de San Fernando. La propia Sindicatura de la Comunidad Valenciana deja claro en su Guía 871 de fiscalización del área de Tesorería de su útil manual de fiscalización que el empleado responsable de recibir el efectivo no debe tener acceso a registrar o autorizar operaciones en contabilidad, ni ser responsable de registrar las transacciones en metálico ni tampoco preparar las conciliaciones bancarias. Concluye, de manera menos drástica que nuestros colegas andaluces:

 

“Se deben implantar procedimientos para minimizar los cobros en efectivo. Si se realizan deben ser supervisados por persona distinta de quien los realiza”.