lunes, 25 de agosto de 2014

Radiografía de la función pública española

El 40% de los empleados públicos españoles supera los 50 años
 
Revista de prensa. El Confidencial. Mujer, maestra y mayor de 40 años. Ese es el perfil tipo del empleado público en España de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal. El Confidencial ha analizado la estructura de la mayor plantilla del país por detrás de la 'multinacional del desempleo'–, que, tras dos años de pitadas, viernes de luto y mareas negras, se encuentra hoy envejecida y afectada por el lifting al que la han sometido los dos últimos gobiernos.
 
Los recortes se hacen notar. El tijeretazo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenido –y aumentado– a lo largo de la legislatura de Mariano Rajoy, ha conseguido que este año el empleo público se iguale al que hubo en los últimos años de la burbuja inmobiliaria. En el tercer año de la crisis se alcanzó el pico máximo de plantilla. Y a partir de ese momento, el número de trabajadores en la 'cosa pública' no ha dejado de bajar, hasta el punto de haber desaparecido 192.977 puestos de trabajo –universidades no incluidas– en la Administración.
 
Adelgazados pero viejos
Sin embargo, no todos los sectores han adelgazado por igual. Según el Boletín Estadístico difundido desde el Ministerio de Hacienda, la peor parte se la han llevado los ayuntamientos y las comunidades autónomas (sobre ellas recae el grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de 140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han 'librado' del recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.) Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF, denuncia que "muchos de los puestos de trabajo que se han destruido han sido de personal interino de Sanidad y Educación, personal que es necesario, y eso ha provocado una merma evidente en la calidad del servicio".
 
Cerca de un 40% del empleo público en España está actualmente ocupado por personas que superan la barrera de los 50 años. Y por comunidades autónomas, la cantidad de empleados públicos con respecto a la población ocupada es bien distinta. Mientras que en Extremadura y Castilla y León la concentración es alta (uno de cada cuatro trabajadores lo hace para la Administración), en Baleares y Cataluña el porcentaje se encuentra por debajo del 13% (uno de cada ocho).
 
El pasado 21 de julio el diario El País publicó un documento interno elaborado por Hacienda en el que se recogían 255 medidas "de racionalización y mejora del gasto público". El escrito compilaba todas las iniciativas que las comunidades autónomas habían sugerido, por voluntad propia, llevar a cabo para reducir sus cifras de déficit, como la "eliminación de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas", la "contención de ofertas de empleo público y no reposición de efectivos" o la "limitación a la incorporación de personal interino", entre otras.
 
Tal y como se observa en el interactivo superior, si tomamos una muestra aleatoria de 100 trabajadores públicos, la mayoría de ellos, 40, serían maestros y sanitarios. A este grueso le seguirían 20 personas empleadas en un ayuntamiento, 8 en una consejería autonómica y 5 en un ministerio. El resto se repartiría, de mayor a menor, en trabajadores de universidad (6), militares (5), guardias civiles (3), policía nacional (3), trabajadores de empresas públicas (2), diputaciones (2) juzgados (2), prisiones (1), Seguridad Social (1), Agencia Tributaria (1) y policías autonómicas (1).
 
El portavoz sindical considera que la percepción ciudadana tiende a confundir los funcionarios de carrera con los puestos de libre designación, y opina que lo que de verdad sobran en España son empresas públicas y asesores. “Por ejemplo, la empresa extremeña PAEXPO-92 S.A. sigue abierta veinte años después del evento de Sevilla, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado porque funciona, ahora que tenemos seis millones de parados, con menos plantilla que cuando en España había dos millones de desempleados. No tiene sentido”.
 
¿Sobran o faltan?
Si bien es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público, contextualizando los datos a nivel europeo obtenemos una tasa de funcionarios por habitante menor que la de la Europa de los 15. Resulta difícil encontrar una estadística fiable que compare el porcentaje de masa funcionarial de cada país. Existe, por ejemplo, un estudio elaborado por la empresa británica DTZ en el que se compara el número de funcionarios de cada región europea con el número de empleos "de oficina" de esa misma región. Así, según ese estudio, regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la misma franja que Grecia y Polonia, donde más de la mitad de los puestos "de oficina" son desempeñados por funcionarios.
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, dispone de una base de datos con información relativa al empleo público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado público por cada 15 habitantes mientras que en países escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia la relación desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países como Portugal y Chipre.
 
Los políticos –se queja Borra– acaban por transmitir el mensaje de que hay muchos empleados públicos. Y pese a que "se llegó al acuerdo para que se nos hiciese una evaluación de productividad", afirma el presidente del CSIF, "han pasado siete años, dos gobiernos de dos colores distintos, y nadie ha hecho nada. Necesitamos un auténtico plan de recursos humanos, pero es que ningún gobernante se ha planteado nunca modernizar la administración pública como una cuestión principal".

sábado, 23 de agosto de 2014

Ley electoral: la reforma municipal equivocada

"El gobierno no sólo estaría apelando a un populismo mayoritarista como solución mágica (y completamente inútil) para males reales, sino que además lo hace para regalarse a sí mismo un buen puñado de alcaldías"
 
Blog Politikon:  Dos de los temas recurrentes en Politikon en general (y en “La Urna Rota” en particular) son los problemas de corrupción en los gobiernos municipales en España, y que las reformas electorales no son soluciones mágicas.
 
Los ayuntamientos en los años de la burbuja fueron una de las principales fuentes de casos de corrupción en nuestro país: los pelotazos urbanísticos, amiguismos y politización de muchas corporaciones locales se repitieron con deprimente frecuencia, señal de un diseño institucional deficiente.
 
El gobierno de Rajoy, en un extraño ataque de reformismo democrático, ha decidido que era hora de mejorar la gobernanza del sistema municipal español, y ha decidido hacerlo con una reforma de la ley electoral. La idea, según ellos, es promover la rendición de cuentas democrática en los ayuntamientos haciendo que los ciudadanos escojan directamente a los alcaldes, haciendo el sistema más transparente y evitando el bochornoso espectáculo de coaliciones, transfuguismos y sonadas deserciones de concejales bajo la promesa de una recalificación o dos.
 
Me gustaría criticar la substancia de la ley, hablando sobre el mecanismo específico que nuestros líderes han decidido para introducir este cambio. De forma bastante lamentable esto no va a ser posible, ya que el PP es de la opinión que uno puede cambiar las reglas del juego en unos comicios democráticos meses antes de las elecciones sin hacer público el contenido de la reforma hasta el último momento. Están barajando una variedad de fórmulas de implementación, están dispuestas a enseñarlas al resto de grupos parlamentarios cuando hayan acabado por decidir algo, y están dispuestos a aprobarlo ellos solitos, sin el más mínimo debate, para que entre en vigor justo antes de las elecciones.
 
Calidad de gobierno
Si la idea es mejorar la calidad de gobierno de nuestros municipios haciendo que los votantes puedan tener un control más directo sobre quién es el alcalde, me temo que el PP anda bastante confundido. Como hemos comentado por aquí repetidamente (y discutimos en detalle en “La Urna Rota“) las leyes electorales son importantes, para muchas cosas, pero tienen una influencia muy limitada en la calidad de los gobiernos que salen de ellas. Las reglas con la que traducimos votos en representación política pueden afectar la competición electoral, la cantidad de partidos con representación o la organización interna de los partidos, pero tienen un peso muy limitado en qué hacen los políticos una vez llegan al poder.
 
El motivo es que los votantes, en general, son bastante torpes castigando a los políticos corruptos en las urnas, especialmente a nivel municipal.  La literatura es bastante clara en este aspecto (aquí tenéis un artículo de Jorge recogiendo multitud de estudios al respecto, que discutimos en detalle en nuestra tertulia), así que confiar en la rendición de cuentas tienen escasas posibilidades de solucionar el problema. Aunque el temor de los políticos a perder el cargo en las urnas es algo saludable, la calidad del gobierno, sobre todo a nivel municipal, depende mucho más de los incentivos a los que se enfrenta en político y a los corsés y límites institucionales que limitan su capacidad de maniobra.
 
En el caso español, nuestro gran problema es la enorme discrecionalidad que tiene un alcalde para tomar decisiones, y la extraordinaria politización del sistema de toma de decisiones. Hemos enlazado este artículo de Victor Lapuente unas doscientas veces, pero es más relevante que nunca en este debate. Si queremos que los ayuntamientos estén mejor gobernados, más que cambiar cómo escogemos en el alcalde, es profesionalizar la gestión municipal y quitarle de en medio para decisiones de carácter técnico. Cambiar la ley electoral para mejorar la calidad de los gobiernos locales es como utilizar un martillo para apagar un incendio: algo podrás hacer, pero no es la herramienta adecuada para arreglar el problema.
 
Por supuesto, todo esto sería concediendo el beneficio de la duda a Rajoy y creyendo que sus pretensiones reformistas son completamente sinceras. Como comentaba Pablo el otro día, es perfectamente aceptable querer echar adelante una reforma electoral. Hay otros países europeos que utilizan sistemas en teoría parecidos a la reforma que se supone quiere impulsar Rajoy, aunque no sean demasiado habituales. Como comentaba también Pablo, lo que es bastante más extraño y mucho menos aceptable es acometer un cambio tan fundamental de las reglas del juego con estas prisas e improvisación, y más impulsando una reforma que favorece al partido que está impulsándola de forma exagerada. La reforma se encamina a intentar dificultar un tipo de gobierno perfectamente democrático y funcional, las coaliciones, que son la base de la inmensa mayoría de sistemas parlamentarios con representación proporcional. Las prisas, secretismos y la voluntad de echar todo el proceso adelante sin ningún debate ni consenso debería dejar claro que la intención no es mejorar la gobernanza a nivel local, sino manipular las reglas descaradamente para autofavorecerse.
 
La reforma de Rajoy sería, en este caso, no sólo inútil, sino casi irresponsable. El gobierno no sólo estaría apelando a un populismo mayoritarista como solución mágica (y completamente inútil) para males reales, sino que además lo hace para regalarse a sí mismo un buen puñado de alcaldías.
 
¿Pucherazo?
El procedimiento seguido por el PP para manipular el juego a su favor sería completamente legal, pero en esta clase de reformas la legalidad no es lo único que importa. Uno de los principios básicos de cualquier régimen democrático es que todo el mundo pueda participar bajo las mismas reglas y con la misma probabilidad de victoria. Cuando un partido intenta utilizar una mayoría puntual, una victoria electoral conseguida en un determinado momento para autootorgarse una ventaja legislativa a largo plazo lo que está haciendo es utilizar la voluntad de los votantes de ayer para restringir la capacidad de decisión de votantes futuros. Está rompiendo as reglas del juego.
 
Sea cual sea el contenido de la reforma, el PP no debería ni siquiera plantearse aprobarla en solitario, y desde luego, no debería entrar en vigor hasta pasadas estas elecciones municipales. Ahora mismo no podemos decir que sea un pucherazo, pero está peligrosamente cerca.
     

jueves, 21 de agosto de 2014

Novedad editorial: Reforma del Régimen Local

Domingo Zaballos: “¿Qué sucederá con las leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la nueva regulación básica estatal?”

Blog espublico. Francisco Sosa Wagner : Decía Francisco Umbral, en una de sus agudas reseñas bibliográficas, que “hay libros que pesan más de lo que enseñan”, una forma bien literaria de descalificar la obra de un autor. Pues bien la que ha coordinado ese infatigable entusiasta de la Administración local que es el magistrado Manuel J. Domingo Zaballos referida a la reforma del régimen local (en Thomson Reuters Aranzadi, 2014) es justamente de las que enseñan más de lo que pesan. Y pesa bastante por el tipo de papel que utiliza la editorial.

Las leyes de Administración local, tanto las que produce el Estado como las que salen de los parlamentos regionales, son un filón para los estudiosos que bucean en ellas como entomólogos a la búsqueda de nuevos insectos o el microbiólogo que toma el microscopio para anunciar al mundo el descubrimiento de algún microbio relevante y de prestigio. Se advierte en esas obras sobre Administración local cómo se reiteran asuntos ya sabidos, de puro sobados, pero   también cómo se alumbran nuevas perspectivas y se avanzan nuevas soluciones a viejos problemas.

¿Nueva función publica local?
El libro que lleva la firma general de Domingo Zaballos acoge las de muchos autores de forma que se combina el trabajo académico de catedráticos bien conocidos con el de profesionales de la Administración local que también tienen bien instalados sus apellidos en la nómina de las personas a las que es preciso leer cuando de achaques locales se trata. Y quien quiera un análisis completo de la ¿nueva? función pública local ahí tiene las aportaciones precisamente de Domingo (páginas 637 a 729) para saciar cumplidamente su curiosidad.

En otro de los capítulos del libro, el propio Domingo analiza el problema de “¿qué sucederá con las leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la nueva regulación básica estatal?”.

El art. 149.3
La respuesta debería ser simple por aplicación de la cláusula de prevalencia contenida en el articulo 149. 3 de la Constitución. Pero resulta que está redactada de forma confusa, al contrario de lo que ocurre con análogo precepto en la Ley Fundamental alemana cuyo artículo 31 no deja lugar a las dudas: “el derecho federal quiebra el derecho de los Länder”. Quiebra o rompe, no simplemente “prevalece”, verbo que el constituyente alemán expresamente descartó como sabemos los estudiosos del derecho público de aquél país.

En España, el asunto fue históricamente discutido, durante la II República, con ocasión del magno pleito de la ley catalana de cultivos ante el Tribunal de garantías constitucionales. La Constitución había establecido en su artículo 21 que “el derecho del Estado prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos”.


Nuestro actual artículo 149.3 señala hoy que las normas del Estado “prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de éstas”. Se trata de una norma de colisión que presupone que las dos normas en concurso están actuando de acuerdo con su propia esfera de atribuciones. Ahora bien, preciso es admitir -y lamentar- que el Tribunal Constitucional haya sido remiso a la hora de invocar esta regla de la prevalencia y se haya refugiado, de acuerdo con el lenguaje serpenteante que a veces cultiva, en expresiones ambiguas como “título prevalente” (sentencias 56 y 57/1983) u otras un poco indefinidas y en esta actitud ha permanecido hasta cuando ha emitido su juicio sobre el Estatuto de Cataluña (sentencia 31/2010). Podríamos decir que la regla de la prevalencia no ha sido vista con buenos ojos por la mayoría de los magistrados constitucionales pues, como ha dicho uno de ellos “ni siquiera ha sido deconstruida en el sentido derridiano del término, sino que simplemente ha sido olvidada en nuestra jurisprudencia” (Rodriguez-Zapata, voto particular a la sentencia 247/2007).

Una adversidad -la respaldada por la jurisprudencia constitucional española- que gravita sobre un sistema como el nuestro, necesitado, por la fragmentación que padece, del ponderado manejo de los mecanismos garantizadores de la unidad.
Por eso, los conflictos en este espacio local están servidos. Para gozo de cuantos gustan del enredo jurídico.

Reforma del Régimen Local.           La Ley de racionalización y sostenibilidad de las administración local: veintitrés estudios. Varios autores. Coordinado por Manuel J. Domingo Zaballos

Reseña: La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por LO 9/2013, de 20 de diciembre).
Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva «LOAPA», sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas.


Esta nueva ley plantea serios problemas en su puesta en práctica tanto para municipios como diputaciones. No pocos en materia del estatuto de los cargos electivos y del personal –secretarios e interventores, personal eventual, personal directivo–. Se refuerza el papel de la Administración del Estado sobre el régimen jurídico de los primeros y se establecen límites sobre la dedicación exclusiva y retribución de los cargos electivos, así como del número de personal eventual (asesores).

La ley afecta al régimen de los consorcios locales, de las mancomunidades, de las entidades locales menores, así como de las empresas públicas y en aspectos tan importantes como el patrimonio municipal del suelo o el órgano competente para la aprobación de los presupuestos en determinados casos.

El detalle de todas estas innovaciones normativas aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente tratado en la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales.

miércoles, 20 de agosto de 2014

El 70% de litigios entre Estado y CCAA acaban en acuerdo antes de llegar a Tribunal Constitucional

 Según declaró J. Ignacio Romero en el curso titulado: "La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión".
 
Revista de Prensa. EFE. Santander, 19 ago.- El director general de de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Juan Ignacio Romero, ha afirmado que el 70 % de la litigiosidad entre Estado y comunidades autónomas por cuestiones competenciales acaban en acuerdo previo antes de llegar al Tribunal Constitucional.

Palacio de la Magdalena, sede de la UIMP en Santander
En concreto, ha reconocido que a pesar de la "muy alta" conflictividad registrada en esta legislatura por la difícil situación económica, las Comisiones Bilaterales de Cooperación son eficaces.
 
"Soy partidario de evitar el conflicto en todo lo posible", ha resaltado Romero y ha añadido que "el principio de lealtad institucional existe y está funcionando bien desde un punto de vista técnico".
 
En este sentido, ha defendido el "trabajo técnico" de los funcionarios nacionales y autonómicos para la preparación de las conferencias sectoriales que sirven de órganos de para los consejeros y los ministros de cada ramo.
 
Estas declaraciones las ha realizado durante su participación en el seminario "La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión", que se está desarrollando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
 
"Toda  reforma de las AAPP  se reduce al final a una política de personal"
 
Romero ha centrado el resto de su intervención en la labor realizada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), y ha afirmado que "toda gran reforma de la Administración Pública se reduce al final a una política de personal".
 
En esta línea, ha recordado que ya se ha procedido a un "proceso de simplificación" que ha afectado más de cincuenta organismos y entes públicos.
Romero ha destacado otras futuras actuaciones como el proyecto de reforma de la Ley sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas para la "unificación" de las personalidades jurídicas de las diferentes administraciones pública.
 
Además, ha añadido también que se está preparando una nueva regulación para las fundaciones del sector público que vaya más allá de la actual normativa.

lunes, 18 de agosto de 2014

Los regalos institucionales de los ministerios sortean la crisis

El obsequio más caro son los 21 bastones de mando grande regalados por Interior y por los que pagó un total de 3.479,4 euros.

 Revista de prensa. EP. 17.8.2014.- Cinco ministerios llevan repartidos más de 15.000 regalos institucionales desde el comienzo del Gobierno de Mariano Rajoy, entre los que destacan botellas de aceite de oliva, bolígrafos con el anagrama oficial y relojes. Los obsequios más caros son los bastones de mando grande otorgados por Interior y por cada uno se pagó 165 euros.
 
En las respuestas parlamentarias recogidas por Europa Press, el Gobierno no ofrece datos de todos los ministerios y solamente están desglosados los gastos relacionados con los regalos institucionales de Agricultura, Empleo, Interior, Economía y Presidencia, mientras que Hacienda precisa que "hasta la fecha" no ha adquirido ninguno.
 En las contestaciones al diputado socialista José Zaragoza, el importe de los regalos institucionales de estos ministerios asciende a 72.607,39 euros, aunque Interior y Empleo sólo ofrecen datos del año 2014 y no de toda la legislatura. Según señala el Ejecutivo, los diferentes regalos institucionales se imputan a las partidas y conceptos relativos a actos institucionales y atenciones protocolarias y representativas del Gobierno de España.

Aceite de oliva
 El Ministerio de Agricultura es el que más ha gastado en regalos oficiales con una cuantía de 42.853,64 euros. Este importe es el resultado de las 10.816 botellas de aceite --cuyo precio por unidad está entre los 2,5 y los 5 euros, dependiendo del tamaño del envase-- que este departamento compró a las cuatro empresas ganadoras del Premio alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra en la última campaña 2012/2013.
De este modo, Agricultura representa más de la mitad de la cuantía global gastada por el Gobierno en este sentido al mismo tiempo que ha adquirido el mayor número de regalos institucionales. Todo ello, a sabiendas de que todavía no están contabilizadas las botellas del aceite galardonado en la campaña 2013-2014 que el Gobierno tiene pensado comprar para "promocionar" al secto
 Además de estas botellas de aceite, destacan los 3.000 bolígrafos con el anagrama institucional adquiridos por Presidencia --a un precio medio de menos de un euro-- por los que pagó 2.910 euros en total, y los 50 relojes de entre 134 y 140 euros que ha regalado el departamento que encabeza Soraya Sáenz de Santamaría en estos años para premiar a trabajadores recién jubilados y a empleados con más de 25 años de antigüedad en el Boletín Oficial del Estado.
 En total, el Ministerio de Presidencia ha gastado 11.067 euros desde 2012, donde también se han cargado 80 láminas por un precio global de 521 euros, 10 corbatas y 10 pañuelos de señora por una suma de 583 euros, y una encomienda de la Orden del Mérito al Trabajo por la que pagó 183 euros.
 El obsequio más caro son los 21 bastones de mando grande regalados por Interior y por los que pagó un total de 3.479,4 euros, lo que supone un coste por unidad de 165 euros. También compró 21 bastones pequeños por un total de 1.278 euros, a un precio unitario de 60,88 euros.
 
Condecoraciones
 La partida total de este Ministerio alcanza los 15.635,45 euros, ya que incluye los 950 estuches de condecoraciones para las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004, por un coste total de 9.770 euros, entre otros objetos.

Desde Economía y Competitividad, se indica que una cesta de flores costó 150 euros mientras que 20 láminas, cuyo importe medio es de 54 euros, supusieron un gasto total de 1.080 euros. Todo esto, sumado a otros objetos como botellas de aceite y de vino más los 55 libros que Economía regaló en el periodo 2012-2013, resulta una cifra de 2.455,76 euros desembolsados por este departamento.
 
Por último, con los datos aportados por el Gobierno, el Ministerio de Empleo es el que menor gasto registra por regalos institucionales, con tan sólo 595 euros en total tras adquirir 17 bandejas grabadas a un precio unitario de 35 euros.

viernes, 15 de agosto de 2014

12 recomendaciones a tener en cuenta por los países en el desarrollo de sus Estrategias de Administración Digital

El 15 de Julio de 2014 el Consejo de la OCDE las aprobó formalmente 
 
El documento contiene 12 pautas a tener en cuenta en el desarrollo de Estrategias de Administración Digital por parte de los países. Su objetivo es que las Administraciones se acerquen a sus ciudadanos y empresas haciendo uso de las nuevas tecnologías, ampliamente arraigadas en la Sociedad.

El 15 de Julio de 2014 el Consejo de la OCDE adoptó formalmente el documento de Recomendaciones para el desarrollo de Estrategias Administración Digital, con el objetivo de conseguir acercar a las Administraciones a sus ciudadanos y empresas. El documento fue desarrollado por el Grupo de Administración Electrónica de la OCDE, dependiente del Comité de Gobernanza Pública. 
En él se separan los conceptos de Administración Electrónica y Administración Digital. Así, señala el documento, la Administración Electrónica se refiere al uso de las TIC para mejorar el funcionamiento de la Administración, mientras que la Administración Digital hace uso de las tecnologías digitales en un sentido más amplio (tecnologías móviles, dispositivos, análisis de datos, etc.) con el fin de que la Administración aporte valor a la sociedad. La Administración Digital ha de integrarse en las estrategias de modernización de las Administraciones.

El documento contiene las siguientes 12 recomendaciones a tener en cuenta por los países en el desarrollo de sus Estrategias de Administración Digital:
 
1.- Incluir una mayor transparencia, apertura e inclusión de los procesos y operaciones de la Administración.

2.- Impulsar el compromiso y la participación de colaboradores públicos, privados y el conjunto de la sociedad civil en el desarrollo de políticas y en el diseño y provisión de servicios públicos.

3.-Arraigar en el sector público una cultura basada en los datos.
4.- Establecer un marco de gestión de riesgos para garantizar la seguridad digital y la preservación de la privacidad, así como adoptar medidas de seguridad efectivas.

5.- Atraer el apoyo y compromiso político para el desarrollo de las Estrategias de Administración Digital.

6.-Asegurar el uso coherente de tecnologías digitales en las distintas áreas políticas y en los diferentes niveles de Administración

7.-Establecer marcos efectivos de organización y gobernanza para coordinar la implementación de las Estrategias de Administración Digital en los distintos niveles de Administración

8.-Fortalecer la cooperación internacional con otras Administraciones.

9.-Disponer de modelos de negocio claros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones en la implementación de la Estrategia de Administración Digital

10.-Reforzar las capacidades institucionales para gestionar y monitorizar de manera sistemática la implementación de los proyectos a abordar.

11.-Contratar tecnología de manera innovadora, adecuada al nuevo uso que se hace de ella.

12.-Garantizar que los marcos de regulación, tanto aplicables a políticas sectoriales, como los transversales, tienen en cuenta las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.

Finalmente, se encomienda al Comité de Gobernanza Pública, en colaboración con el Comité de Políticas Económicas Digitales, el seguimiento y monitorización de la implementación de estas Recomendaciones en los Estados Miembro en un plazo máximo de 3 años.

miércoles, 13 de agosto de 2014

PODEMOS se plantea evaluar a los emplead@s públic@s

Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.
 
Revista de prensa. Vozpópuli. 12.8.2014.- Los simpatizantes del partido de Pablo Iglesias debaten sobre una reforma de la función pública. Reclaman pruebas de aptitud tras "cinco o siete años" en un mismo puesto. Abogan por cursos de formación y reciclaje para los que suspendan los test. Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.
Podemos Oviedo. Tomado de Voz Populi.
La tormenta de ideas (brainstorming) ciudadanas en que ha convertido Podemos la confección de su programa electoral para las próximas citas no amaina ni se toma un respiro por vacaciones. La red creada por el partido de Pablo Iglesias continúa poniendo sobre la mesa propuestas arriesgadas, ideas que las formaciones tradicionales no se atreven a sugerir, pero que están presentes en las conversaciones de una calle que pide cambios y regeneración democrática a gritos. Una de las últimas iniciativas que han generado más expectación, y a la vez opiniones cruzadas, entre los seguidores de Podemos es la de revisar la capacidad de los funcionarios "acomodados en su puesto de trabajo sin haber avanzado en sus conocimientos".
 
Evaluaciones periódicas
La postura más compartida por los militantes del partido del círculo es aquella que ve necesidad de realizar evaluaciones periódicas a los empleados públicos (hablan de someterse a ellas tras "cinco o siete años" en un mismo puesto) pero sin llegar a la expulsión o sanciones severas en caso de no superar dichas pruebas. En dichas situaciones, la mayoría se decanta por contrarrestar esa pérdida de aptitud con la realización de cursos de formación y otros planes de reciclaje. Una visión que resume esta afirmación de un simpatizante: "Las oposiciones que se pasan en la pública, se pasan diariamente en la privada. No estoy a favor de destruir empleo público para nada, pero sí que sea más dinámico mediante controles reales de mantenimiento de actitudes y aptitudes".
 
En cambio, hay quienes van más allá y dejan la puerta abierta a penalizaciones. En esta línea, un funcionario en excedencia que trabaja en un organismo europeo apuesta por "un sistema que permita premiar a los buenos (no a los que hacen su trabajo, sino a los que hacen más que lo que deberían o sus resultados son mejores de lo que se espera de él), y uno que degrade a los malos". Según comenta, en la institución europea donde está destinado hay una evaluación "transparente e independiente anual", que lleva aparejada una puntuación. Y tras varias evaluaciones positivas, añade, se puede ascender (horizontalmente), lo que equivale a mayor sueldo. Por contra, precisa, si los resultados son negativos ocurre lo contrario, "e incluso te pueden echar".
 
Degradar
En este contexto, otro seguidor de Podemos se muestra en contra de la expulsión, pero reclama una especie de sanción similar al "demérito" que ya aparece recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "No me perece ni conveniente ni prudente (la expulsión)", sostiene, pero sí cree que "un funcionario que ha perdido la cualificación para el desempeño de una actividad debe ser degradado hasta el cargo y situación donde ese funcionario pueda desempeñar su tarea". El artículo 96.1 del EBEP contempla como sanción por falta grave (la que prescribe a los dos años) la figura del demérito, que "consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria".
 
De otro lado, también surgen voces que rechazan estos planteamientos y muestran su indignación con todo lo que sea establecer un mayor control sobre los funcionarios. Aquí, un activista señala que el "haber 'aprobado un examen', en la inmensa mayoría de los casos (enchufados aparte), supone a los funcionarios meses, a veces años, de preparación, y por supuesto eso debe darles derecho a una estabilidad laboral". En este sentido, el mismo simpatizante lamenta que muchos ignoren que "ya existe un régimen sancionador y un catálogo de derechos y deberes de los funcionarios". "Sólo es necesario aplicarlo y punto", apostilla. Leer+