lunes, 11 de agosto de 2014

Los vascos ya realizan telemáticamente el 40 por ciento de los trámites ante las administraciones públicas

El 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos.
 
Revista de prensa. E:P. 11.8.2014. Dos de cada cinco trámites administrativos que se realizan ante las administración vasca se pueden ejecutar íntegramente por Internet, según los datos del Índice de Sofisticación Electrónica de 2013, una estadística gestionada por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco.
 
Este índice mide la evolución y principales características de la administración electrónica desde la perspectiva de la oferta en el conjunto de las administraciones y empresas públicas vascas.
 
 En función de esta estadística, el 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos, el 15,6% a las diputaciones forales, el 13% al Gobierno vasco, mientras que el 12,7% restante corresponde a otras entidades públicas como organismos autónomos, Universidad o sociedades públicas.
 
En conjunto, la administración electrónica ha aumentado entre 2012 y 2013 su Índice de Sofisticación en 4,3 puntos porcentuales, de manera que se ha pasado a ofertar el 39,4% de las gestiones administrativas completamente on-line.
 
En función de este estudio, dos de cada cinco trámites se pueden realizar de manera íntegra por Internet, el 37,1% permiten descargar los formularios precisos o también cumplimentarlos y enviarlos electrónicamente. En el 23,6% restante se ofrece información.
 
El Gobierno vasco y los organismos autónomos son las entidades más dinámicas en administración electrónica en la comparativa entre 2012 y 2013, con un aumento de 7,3 puntos el Índice de Sofisticación y de 7,2 puntos, respectivamente.
 
 Las sociedades públicas aumentan 5,8 puntos porcentuales, seguidas de ayuntamientos con 4,5. La Universidad pública y las diputaciones los entes que menos crecen, con 2,1 y 2,3 puntos, respectivamente.
 
Guipúzcoa a la cabeza
Las administraciones públicas guipuzcoanas permiten tramitar por Internet de forma completa el 43,4% del total de procedimientos y trámites ofertados. Le sigue Bizkaia, con un 37,6%, y finalmente Álava, con un 25,3%.
 
  Según ha explicado el Ejecutivo vasco, Álava, el territorio "más retrasado" en facilitar a sus empresas y ciudadanía las gestiones con las administraciones, es el que más crece en el último año, gracias a la evolución de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 
De este modo, el crecimiento en el Índice de Sofisticación alcanza en Álava los 6,9 puntos porcentuales, Bizkaia 5,2 y 2,4 puntos Gipuzkoa.
 
La Diputación de Gipuzkoa dobla en 2013 su nivel de sofisticación electrónica con respecto a las otras dos, ya que el 63,1% de sus trámites y procedimientos ofertados se pueden tramitar completamente on-line, si bien sufre un retroceso de 8,6 puntos con respecto a 2012.
 
El Índice de Sofisticación es del 34,2% en el caso de la Diputación de Álava, tras un incremento de 10,8 puntos, y el 33,6% en la de Bizkaia, que crece en 3,7 puntos en un año.
 
 El Ayuntamiento de Bilbao sigue encabezando el listado de las capitales con mayor nivel de digitalización, aunque San Sebastián y Vitoria-Gasteiz crecieron más el último año.
 
 En concreto, el Ayuntamiento donostiarra experimenta un aumento de 13,8 puntos, hasta alcanzar un Índice de Sofisticación del 48,7%. El de Vitoria-Gasteiz crece 11,4 puntos porcentuales (con un nivel del 33,5%) mientras que el de Bilbao, pese a que es el que más aumenta entre 2010 y 2013, pierde 3,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 50,7%.
 
Dos de cada tres trámites asociados a impuestos y tasas pueden gestionarse de forma completamente electrónica (66,4%), con un crecimiento de 5,8 puntos porcentuales con respecto a 2012. Las gestiones para solicitar servicios ocupa el segundo puesto en 2013, con un 61% y un crecimiento de 3,2 puntos. Los trámites asociados a sanciones alcanzan el 58,7% con una ligera bajada de 3,2 puntos.
 
Los procedimientos incluidos en el apartado de autorizaciones, obtención de carnés y tarjetas consiguen el mayor crecimiento con 8 puntos porcentuales, alcanzando un 26,6% de Índice de Sofisticación. Certificados y visados también superan la media de crecimiento con 5,8 puntos porcentuales y un Índice del 41,3%.
 
 En el último año, el Gobierno vasco ha centrado sus esfuerzos "más en trámites registrales", con un incremento de su Índice de Sofisticación de 17,6 puntos, que en ayudas y subvenciones, con 8 puntos más.
  
Por su parte, las diputaciones forales los concentran en la tramitación electrónica de impuestos y tasas, que aumentan 5,1 puntos, mientras que los ayuntamientos realizan un desarrollo mayor en reclamaciones y denuncias (9,2 puntos más), en certificados y visados (9,1 más) y en autorizaciones, carnés y tarjetas (8,1 puntos más).

domingo, 10 de agosto de 2014

Lecturas de verano sobre el regenaracionismo

Post relacionado. Lecturas de Verano en Politikon
Post relacionado: Rafael Jiménez Asensio: El Ensayo como lectura estival: algunas propuestas

Por Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano. Nuestra normalmente apática sociedad civil se moviliza periódicamente para exigir cambios institucionales que nos acerquen más a Europa (no hablamos aquí de los que buscan imitar a nuestros arruinados primos venezolanos). Desgraciadamente, estos momentos suelen acabar mal: el primero de ellos, articulado alrededor de los ilustrados y la Constitución de Cádiz, sufrió el exilio tras el regreso de Fernando VII. El segundo, el regeneracionismo de Costa y Ortega, murió con la Guerra Civil.
 
Una de las pocas cosas buenas de la brutal crisis económica ha sido el renacimiento de estos anhelos en un nuevo regeneracionismo. Los miembros de este movimiento, cada uno con sus propios matices, comparten una idea común: regenerar nuestra nación para construir una España más democrática, más moderna, más próspera y más justa. A diferencia de los movimientos anteriores, los nuevos regeneracionistas disfrutan de una novedosa herramienta, Internet, que les permite llegar a muchos españoles y aspirar a no terminar como sus antecesores. Por ejemplo, varios grupos se han reunido alrededor de blogs colectivos que analizan nuestra realidad con independencia y claridad.
 
Quizá sea el verano de 2014, ante la eclosión del populismo demagógico, del enconamiento del rupturismo en Cataluña y del desconcierto del partido en el Gobierno (imaginen, ¡hasta el presidente del Gobierno habla de regeneración democrática!), un buen momento para repasar esas ideas y ofrecer una guía de lectura del nuevo regeneracionismo.
 
Empezamos por los más sorprendentes miembros de este movimiento. El blog Hay derecho y el libro del mismo nombre (Ediciones Península, 2014), firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco, analizan el profundísimo deterioro del Estado de derecho en España que subyace a todos nuestros problemas. La sorpresa viene por ser los autores del libro notarios y abogados del Estado. ¿Qué hace un grupo de altos funcionarios en la vanguardia reformista? Parece difícil de creer que autores que podrían vivir tranquilamente ganando mucho dinero puedan tener el valor y la independencia para decir lo que saben a riesgo de perjudicar su carrera profesional. Y, sin embargo, lo hacen. El libro es extremadamente valiente e informado, con brutalmente claros análisis de las causas y consecuencias de la impunidad de nuestros altos cargos y ejecutivos. No leerán ustedes análisis más profundos, por ejemplo, de la escandalosa prescripción del delito de César Alierta, de la corrupción de nuestras instituciones y de la importancia del derecho para tratar de enderezar las cosas. A nosotros, que vemos los toros desde la barrera que concede trabajar en universidades anglosajonas, nos impresiona el valor de los autores que escriben cosas que, desgraciadamente, en España no se pueden decir.
 
 Porque una de las características de España es cuánto de lo que todo el mundo sabe (es decir, los cenáculos de Madrid) no se cuenta en ningún sitio en alto, sobre Gowex, sobre Bankia o sobre la financiación de los partidos. El arma secreta del éxito de Occidente durante ya varios siglos ha sido el imperio de la ley, la invención más importante de nuestra civilización. Los autores de Hay derecho explican mejor que nadie cómo este imperio de la ley se ha disuelto en España y cómo debemos de traer nuestro Estado del derecho del exilio en el que vive.
 
El segundo colectivo importante es el formado por un grupo de jóvenes investigadores y profesionales agrupados en el blog Politikon y que han publicado La urna rota: La crisis política e institucional del modelo español (Debate, 2014). La mayoría de los miembros de Politikon son científicos sociales con intereses en política y sociología. Como tales, escriben un libro analítico y basado en la evidencia empírica, pero ameno y entretenido. Su argumento principal (similar al que nosotros hemos apuntado en otras ocasiones) es que nuestra crisis es el producto de una combinación de malas instituciones y una burbuja inmobiliaria que lo permitió todo. Las malas instituciones vienen de unos partidos cerrados y monolíticos, un sistema electoral que impide el control interno (los miembros de los partidos no quieren perder su puesto en las listas) o externo (el sistema electoral tiene un sesgo mayoritario), una Administración pública muy politizada y de la ausencia de cuerpos intermedios (prensa, asociaciones privadas, etcétera) que sirvan de contrapeso a los partidos. La burbuja trajo crédito fácil que dejó a los políticos hacer y deshacer con total olvido del futuro y sin consecuencias en el corto plazo. Lo que diferencia a Politikon y a La urna rota de muchos otros autores es la claridad en presentar reformas posibles sin caer ni en la tentación de prometer milagros ni en la desesperanza, como le gusta decir a uno de los autores, de culparlo todo a que “España esta llena de españoles”. Los miembros de Politikon entienden muy bien que todo sistema político y electoral encara problemas y contradicciones, pero que existen alternativas a nuestras instituciones que, cuidadosamente diseñadas, traerían mejoras marginales.
 
El tercer libro del buen regeneracionista, Qué hacer con España (Destino, 2013), es de César Molinas, el pionero del nuevo regeneracionismo. Su artículo del 10 de febrero de 2009 en Expansión presentando una agenda de reformas para España y su influyente artículo en EL PAÍS del 9 de septiembre de 2012 desarrollando una teoría de la clase política española han sido trabajos clave en la gestación del movimiento. El libro es una lúcida exposición de las causas últimas de nuestra aparente incapacidad para crear instituciones modernas al servicio de los ciudadanos. El problema, según Molinas, es la falta de voluntad de nuestras élites. Estas élites, que disfrutan de jugosas rentas extraídas del resto de la sociedad, se resisten a poner en marcha cambios hacia la democracia y la transparencia que limitarían su capacidad de exprimir nuestro capitalismo castizo.

Cuarto libro
El cuarto libro, quizás el de objetivos más concretos, pero no por ello menos importantes, es ¿Hacienda somos todos?: Impuestos y fraude en España, de Francisco de la Torre (Debate, 2014), un brillante joven inspector de Hacienda que entiende como pocos los entresijos de nuestras cuentas públicas. De la Torre repasa nuestro sistema fiscal, los mitos y leyendas que existen con respecto al mismo, los problemas de recaudación y fraude que sufrimos, y propugna una reforma fiscal que vaya mucho más lejos que el maquillaje de las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.
 
Terminamos con una mención breve a nuestro trabajo, pues nos consideramos miembros de este nuevo regeneracionismo. Juntos contribuimos regularmente al blog económico NadaEsGratis, inicialmente bajo el paraguas de FEDEA y ahora gestionado de manera independiente por la asociación Nada es Gratis, cuyos autores somos economistas académicos. Nuestras reflexiones sobre la crisis económica y las reformas necesarias están reflejadas en el libro Nada es gratis (Destino, 2011), bajo el seudónimo colectivo Jorge Juan. Uno de nosotros ha escrito recientemente un libro, El dilema de España (Península, 2014), que refleja en muchos casos ideas que hemos desarrollado conjuntamente y con otros autores del blog, y que presenta una agenda regeneracionista concreta de reformas económicas, políticas y educativas necesarias para hacer de España un país comparable a las sociedades más avanzadas de la Europa del Norte.

 Esperamos que esta lista de seis libros sirva a los españoles, incluidos a los más ilustrados de nuestros políticos (que en nuestra experiencia existen en todos los partidos), para plantear una ambiciosa agenda de reformas que transforme a España en la nación que todos soñamos.

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 Lecturas de Verano en Politikon
 

viernes, 8 de agosto de 2014

Justicia duda que tenga que devolver la paga extra de 2012

Según el Ministerio de Gallardón en su respuesta a UPyD, las sentencias "No se puede aplicar de una manera generalizada".
 
Revista de prensa. EP. 6.8.2014. El Ministerio de Justicia ha defendido que las sentencias que obligan a devolver la paga 'extra' de Navidad de 2012 no se pueden aplicar "de manera generalizada" a todos los funcionarios y solo tendrán efectos para aquellos que obtengan ese reconocimiento en los tribunales.
 
 
Cristóbal Montoro y Alberto Ruiz Gallardón
Así ha respondido a una pregunta parlamentaria de la líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, cuestionando por qué el Gobierno considera que el efecto de estas sentencias no es extensible al resto de funcionarios de la Administración de Justicia y secretarios judiciales que se encuentran en la misma situación.
 
 En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón afirma que las sentencias relacionadas con la paga extraordinaria "no producen, en sí mismas, extensión de efectos". "No se puede aplicar de una manera generalizada", añade.
 
 "El hecho de dictar una sentencia que reconoce un derecho individual no significa la supresión de la legislación vigente para el conjunto de funcionarios", expone el Gobierno, que precisa que la decisión de reintegrar parcial o totalmente esa paga vulneraría el real decreto 20/2012 del 13 de julio.
 
 En este sentido, advierte de que la ley no está derogada y "no se puede revocar" para todos los empleados públicos el contenido de ese real decreto que suprimía la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 14 de julio de aquel año.
 
 La formación magenta aludía a la sentencia de un juzgado de Sevilla que obligó en noviembre de 2013 a devolver la 'extra' a un funcionario de Justicia.
 
   UPyD indicaba que la supresión en este ámbito se llevó a cabo a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 29 de diciembre de 2012, pero los funcionarios ya habían devengado ese salario desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2012.

jueves, 7 de agosto de 2014

El Estado financia un tercio de la administración local

Las entidades locales se financian "fundamentalmente" gracias a las transferencias corrientes del Estado (32%) y a los ingresos tributarios (48%), un tercio de los cuales corresponden al IBI. Un 14% de la financiación proviene del endeudamiento.
 
Revista de prensa. EP. 4.8.14.- El Tribunal de Cuentas cree que hacen falta reformas legales para que la rendición de cuentas fuera un "requisito indispensable" para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presentan sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.
Ayuntamiento de Toro (Zamora)
Así lo recomienda en el 'Informe de fiscalización del sector público local' del ejercicio 2012, que recoge Europa Press, en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza las cuentas generales de 13.740 ayuntamientos, entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares, áreas metropolitanas, comarcas y agrupaciones de municipios.
 
Sólo el 65% de las entidades locales rindieron la cuenta de 2012
Según el documento, sólo el 65% de las entidades locales rindieron la cuenta de 2012 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje superior al del año anterior pero que aún "debe continuar avanzando" hasta cumplir plenamente la norma. Por ello, el Tribunal cree que un buen incentivo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones.
 
En este punto, se precisa que el menor grado de rendición correspondió a entidades locales de Andalucía (49%), seguido por Castilla-La Mancha (70%). Por contra, en Baleares y Cantabria el porcentaje de cumplimiento fue cercano al 100% y en Aragón, Galicia y La Rioja se superó el 90%.
 
También ha mejorado el retraso medio en la presentación de las cuentas de las entidades locales, que en 2012 se situó en los 47 días. En este punto, el organismo fiscalizador apunta que las normativas de la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y León establecen plazos diferentes a la normativa nacional, por lo que el Tribunal recomienda "regular plazos generales más breves" y homogéneos para todo el país.
 
Retraso de tres meses días de media
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas alerta de que hasta el 87% de las entidades locales prorrogaron sus presupuestos durante al menos parte del ejercicio 2012, con un retraso medio de 87 días en la aprobación de las cuentas, un plazo que se incrementa según disminuye el tamaño de la población. "La utilización de la prórroga presupuestaria de manera continuada durante cada ejercicio evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica", critica.
 
Además, los presupuestos se modificaron en un 25% a lo largo del ejercicio, y en concreto los ingresos apenas alcanzaron el 83% de lo previsto, lo que provocó que se tuvieran que aprobar modificaciones de crédito financiadas con recursos no obtenidos efectivamente, lo que "incide negativamente en la solvencia de las entidades locales".
 
 En estas circunstancias, el organismo fiscalizador reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, previsiones de ingresos "carentes de posibilidades reales de ser realizados", modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión a las "posibilidades financieras reales de la entidad", porque acaba generando déficit y deuda.
 
No obstante, el Tribunal también reconoce que no todos los desequilibrios financieros de las entidades locales son su responsabilidad, sino que sería necesario establecer "medidas estructurales" para garantizar su "suficiencia financiera", de modo que se eviten "desequilibrios permanentes" que resulten en deuda.
 
 Y es que según el informe las entidades locales sólo tuvieron ingresos para cubrir el 73% de sus competencias, un porcentaje que se reduce apenas al 58% en los municipios de menos de mil habitantes, y que en el caso de las comarcas, mancomunidades y áreas metropolitanas apenas supuso el 17%, 32% y 57% de autonomía, respectivamente.
 
El Estado aporta el 32% del sector local y el IBI el 16%
 No en balde, estas entidades se financian "fundamentalmente" gracias a las transferencias corrientes del Estado (32%) y a los ingresos tributarios (48%), un tercio de los cuales corresponden al IBI. Así, un 14% adicional de la financiación proviene del endeudamiento, que en 2012 superó el 88% de las previsiones presupuestadas, en gran medida por la aplicación del plan de pago a proveedores.
 
En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas reconoce que el número de entidades locales permaneció entre 2010 y 2012 "sin variaciones significativas", si bien existen mancomunidades, consorcios y entidades inferiores al municipio que no tenían actividad y cuya existencia "no se encuentra justificada".
 
 Lo mismo sucede con algunas de las entidades dependientes del sector público local, aunque en 2012 se eliminaron 59 entidades públicas empresariales y 22 sociedades mercantiles de participación local íntegra. Además, en ese ejercicio existieron al menos 20 empresas públicas locales en disolución y 18 sociedades mercantiles sin actividad, y casi la mitad de todas las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales tuvieron pérdidas.
 
 Por ello, el organismo recomienda reestructurar y, en su caso, incluso disolver las mancomunidades, consorcios, entidades inferiores al municipio, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales locales que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio" y garantizar que la creación, actuación y permanencia de este tipo de entes respondan a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
 
 Asimismo, sugiere ampliar el contenido de la cuenta general de las entidades locales para que recoja también información de los organismos y sociedades mercantiles con una participación mayoritaria, de las fundaciones, y de las sociedades mercantiles locales en las que la participación de varias entidades locales supere el 50% pero que no estén controladas mayoritariamente por ninguna entidad en concreto, ya que estos organismos "en la actualidad se encuentran en la práctica fuera" de la fiscalización.
 
Pago a 92 días y gasto de mil euros por vecin@. El 61% gasto corriente
 El Tribunal de Cuentas también fija en 92 días de media el periodo medio de pago de las entidades locales durante el año 2012, 52 días superior al plazo legalmente permitido. El periodo medio de cobro, por su parte, fue de 63 días, si bien varía mucho entre los diferentes tipos de entidades locales. En cuanto a los derechos dudosos de cobro, ascendieron a 5.751 millones, el 30% de los créditos pendientes de cobro.
 
 Por otra parte, señala que el gasto total por habitante ejecutado ascendió a 962 euros, aunque en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se superaron los mil euros por ciudadano. El 61% del gasto se destinó a gastos corrientes y personal, mientras que en la deuda se concentró el 10% del total, lo mismo que en inversiones. De hecho, con un gasto un 7% inferior al del año anterior, la amortización de la deuda fue la única partida que aumentó en 2012 (+34%).
 
 Los servicios que más fondos consiguieron fueron las políticas de bienestar (saneamiento, aguas, basuras, limpieza, alumbrado, etc.), con un 42% del total; seguido por la seguridad y la movilidad, con un 23%; y la política de vivienda y urbanismo, con el 21%. Al medio ambiente se destinó el 9% del gasto mientras que a la sanidad, educación, cultura y deporte se fue el 14%, si bien éstas son competencias eminentemente autonómicas. A la protección y promoción social (empleo, pensiones, etc) se fue el 11% del gasto, y otro 8% acabó en actividades económicas, comercio o turismo.
 
Finalmente, el informe de fiscalización defiende la Plataforma de Rendición de Cuentas, que a su entender "contribuye a mejorar la calidad de las cuentas" y a reducir el número de incidencias, tras el incremento del primer ejercicio de implantación

martes, 5 de agosto de 2014

Publicado el Programa Preliminar del IV Congreso Internacional GIGAPP- IUIOG 2014


IV  Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas públicas. Lugar:  Sede del INAP. C/Atocha, 106.  Madrid, España. Fecha: 29, 30 septiembre y 01 octubre 2014.
 
 
Cifras del Programa Preliminar 2014:
 
- 3 días con 58 sesiones
- 50 Grupos de Trabajo
- 346 propuestas aceptadas dentro del Programa
  (266 ponencias y 80 comunicaciones)
- 525 Autores(as) y coautores(as) no únicos de 18 países
  (43% de las cuales son mujeres)
 

Grupos de Trabajo del Área de  Administración Pública

A.01 GT Especial INAP Innovación en gestión local (pend.)A.02 El rol del control interno en la gestión públicaA.03 Evaluando políticas de gobierno abierto y planes OGPA.04 Gestión integral de los recursos humanosA.05 Gestión del talento en la Administración PúblicaA.06 Mejora continua de la gestión de las finanzas públicasA.07 Cambio e innovación tecnológica en gestión públicaA.08 Los retos de la Administración LocalA.09 Inteligencia colectiva y control socialA.10 Talento y organizaciones juveniles A.11 GT Especial CEPC Liderazgo del cambioA.12 Redes sociales para administraciones públicas abiertasA.13 Smart cities: Innovación abierta en la ciudadA.14 Co-creación e innovación de servicios públicosA.18 Modelos innovadores de evaluación de la calidadA.19 Planejamento, Gestão Pública e Participação SocialA.21 La buropatología en las administraciones públicasA.22 Visión prospectiva de gestión pública planes desarrolloA.23 Transparencia y open data en IberoaméricaA.24 Experiencias de mejora en la gestión pública

Grupos de trabajo del Área de Gobierno, Instituciones y comportamientos políticos

G.01 Democracia representativa en Instituciones de la UEG.02 Gobernanza para el Desarrollo (...)G.03 El impacto de los movimientos sociales en el S.XXIG.04 Política en espacio público a través del arteG.05 Redefiniendo la ciudadanía en la era de las migraciones G.07 Desconfianza política y representación clases mediasG.08 Comunicación política en un contexto de cambiosG.09 Descentralización y gobiernos subnacionalesG.11 Malestar y crisis de las democracias latinoamericanasG.14 Regímenes de bienestar en América LatinaG.15 Teoría y práctica de la descentralización en A.L.G.16 Gobernanza y ética para la buena administraciónG.17 El peligroso juego de desconfianzas mutuas
G.18 GT Especial Regulación transparencia lobby en España
G.19 Gobernanza y participación en IberoaméricaG.20 Talento, políticas universitarias y desarrollo económico

lunes, 4 de agosto de 2014

Recordatorio: La Administración no es un cortijo (Sobre la transparencia y el acceso a la información)

"Las Administraciones deben servir con objetividad y, dado que son un servicio público, deben someterse al escrutinio de la ciudadanía y de los demás poderes públicos"
 
Blog enocasionesveoreos. Juan Antonio Frago.  principios de julio tuve el honor de ser designado como uno de los ponentes para un curso que organizaba en el CEJ la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales a la cual pertenezco hace poco si bien es, con muchísima diferencia, la que tiene un interés real, y así lo está demostrando, en los problemas reales tanto de la carrera fiscal como de la justicia con carácter general.

Esos días tuve la doble oportunidad de escuchar a Elisa de la Nuez, Abogada del Estado y coeditora del blog multiautor ¿Hay Derecho?. La primera lo fue con ocasión de la entrega a su persona del premio Scevola en el Consejo General de la Abogacía Española. La segunda, con motivo de la conferencia que impartió en el mismo curso en el que yo intervenía y en la que tuvo una gran importancia el análisis de la reciente Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
 
Debo lamentar profundamente que en el CEJ no se graben las conferencias, pues es de las que me gustaría conservar e incluso compartir en este blog, ya que el conocimiento no debe quedar al aprovechamiento de los aproximadamente treinta que estuvimos allí, sino que sería extensible a todo aquel que pudiera tener interés en las materias tratadas.

En cualquier caso, dicha conferencia me llevó a pensar sobre un caso que se da bastante a menudo en las administraciones públicas, muy singularmente en los Ayuntamientos: los casos de ciudadanos que piden por registro datos sobre algún expediente administrativo y o les son negados con excusas peregrinas o, directamente, no se les contesta.
 

El art. 35 de la genérica Ley 30/1992, aplicable a todas las administraciones públicas (arts. 1 y 2 de la misma Ley), contiene los siguientes apartados:
 
“a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
…
h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.”.
 
El art. 37 de la misma norma señala:
“Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.”.
 
Acudiendo a la reciente Ley 19/2013 de transparencia ya citada, son de especial aplicación, en lo que a este post se refiere, sus arts. 7 y 8, extensibles perfectamente a los casos de contratación pública. El art. 28 k) prevé como infracción muy grave: “El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento”.

Ahondando más en esta problemática, el Texto Refundido RD Legislativo 2/2008, en su art. 11, establece el deber de publicidad de los instrumentos de planeamiento urbanísticos. También y en ese mismo sentido, se repite en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, especialmente en sus arts. 36 y 37. También, en el aspecto medioambiental, ha de conocerse la Ley 27/2006, muy particularmente los arts. 3 y 5 y ss.
 
Silencio administrativo
Pues bien, el funcionario o autoridad que negase expresamente al ciudadano, o por silencio administrativo, la información a cuyo acceso tiene derecho, bien podría incurrir en el delito de prevaricación administrativa en la modalidad activa o en la de comisión por omisión, ex art. 11 Cp, tal y como ya se vio EN ESTE POST. Las Administraciones no están para recortar ese derecho de acceso, salvo en los concretos supuestos en los que por razón de protección de datos expresamente justificada (art. 7 de la LOPD, secretos militares o análogos) y menos para tener al ciudadano esperando respuestas. Las Administraciones deben servir con objetividad y, dado que son un servicio público, deben someterse al escrutinio de la ciudadanía y de los demás poderes públicos.

Nótese, finalmente, que el art. 293 del Código penal castiga, en el ámbito societario y entre otras cosas, al administrador de hecho o de derecho que sin causa legal negare o impidiere a un socio el ejercicio de los derechos de información.

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viernes, 1 de agosto de 2014

Los Secretarios judiciales se ofrecen al ministro Gallardón para gestionar gratis el Registro Civil

 También critican la "propia desidia" del Gobierno por dejar transcurrir casi tres años sin desjudicializar el Registro Civil

Revista de prensa. EP. 31.8.2014.- La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha emplazado al Ministerio de Justicia a replantearse su decisión de otorgar el Registro Civil a los registradores mercantiles y que se lo traslade a los secretarios judiciales dado su conocimiento de la legislación procesal, experiencia, vocación de servicio público y "alta" cualificación profesional y técnica. Esto se haría "sin incremento de plantillas" y con "coste cero" para el ciudadano.

  La Ejecutiva de la asociación ha remarcado que el real decreto ley del pasado 4 de julio supone una "decepción y un desconcierto profundo" para la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y ha generado además una "gran cantidad de dudas" en el colectivo.
  
Además de criticar la "propia desidia" del Gobierno por dejar transcurrir casi tres años sin desjudicializar el Registro Civil, pregunta qué intereses hay detrás de la encomienda de este servicio público a los registradores mercantiles.

Esperamos que la próxima brillante idea del señor Gallardón y su equipo, no sea que los Médicos Forenses, grandes profesionales en su ámbito, sean a partir de mañana, cirujanos cardiovasculares, puesto que evidentemente tantos los Médicos Forenses, como los cirujanos cardiovasculares, son  licenciados en Medicina", ironiza.

Dudas

La organización plantea el "problema" referente a la protección de datos ya que el Registro Civil tramita información íntima de los ciudadanos. "¿Cómo van a solventarlo con el personal laboral de los Registros dicha circunstancia?, es decir todos los trabajadores lo son excepto el Registrador, al respecto  hay diferente jurisprudencia que lo prohíbe", añade.

Pone de relieve que la anunciada gratuidad de este servicio, en el que trabajan más de 4.000 funcionarios, es "totalmente imposible" y que "los que menos se la creen son los registradores mercantiles que trabajan  por arancel".

 Destaca que la tramitación de todos los temas electrónicamente es "desconocer la realidad" del Registro Civil y concluye que "tampoco se entiende que no se utilice  a la Administración de Justicia, y a sus funcionarios, para cuestiones de contratación y gestión del Registro civil y se usen medios privados alternativos con un coste económico añadido para el Estado".