Desde 2015, uno de cada cuatro ex altos cargos de la AGE declararon actividades privadas en los dos años posteriores a su cese, entre las que destacan incorporaciones a consultoras, bufetes y asesorías.
Por MIGUEL ÁNGEL GAVILANES y ANTONIO HERNÁNDEZ. Fundación Civio.- Encontrarte con un ex en Madrid será difícil; encontrar un ex alto cargo público en una empresa privada, no tanto. Carmen Calvo y Pablo Iglesias, por ejemplo, pasaron de compartir consejo de ministros a compartir tertulia en la radio. Pero, además de las colaboraciones con medios de comunicación, hay más vida laboral después de la política. Y no solo hablamos de exministros, sino de exsecretarios de Estado, exconsejeros de la CNMV, ex directores generales, entre otros. En los destinos más frecuentes aparecen consultoras como Llorente y Cuenca, PricewaterhouseCoopers o Kreab; despachos de abogados como Gómez-Acebo & Pombo, Cuatrecasas, Uría Menéndez o Cremades & Calvo Sotelo; energéticas como Iberdrola o Enagas, bancos y entidades financieras como Santander, BBVA o Altamar Capital Partners, entre otros.
Los informes que cada semestre elabora la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) dan cuenta, desde 2015, de 1.712 personas que han sido o son altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). A 30 de junio de 2021, fecha de cierre del último informe disponible, había 740 personas en activo. Las que abandonaron sus puestos, por ley, no pueden trabajar para una empresa que haya sido beneficiada o afectada por sus decisiones. Al menos, durante los dos años siguientes a su cese y, en este tiempo, deben tener el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses para realizar cualquier actividad.
Cuando decimos que cualquier actividad debe ser autorizada por la Oficina de Conflictos de Intereses nos referimos a toda actividad. Hasta un cameo en La Casa de Papel del expresidente de la Agencia EFE, Fernando Garea. El actual director de El Periódico de España comunicó esta colaboración con Vancouver Media, la productora de la serie, y recibió la luz verde de la OCI en septiembre de 2020.
Casi la mitad de los exministros y ex secretarios de Estado –la mayoría del PP puesto que estuvieron al frente del Gobierno hasta mediados de 2018–, han acabado en el sector privado solo durante este periodo de enfriamiento. Por su parte, los primeros exministros de Sánchez continúan en política y con posiciones destacadas, como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, o María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio, ambas presidentas de comisiones en la Cámara Baja. Otros siguieron de alguna manera vinculados a lo público. Máximo Huerta, titular por seis días de Cultura y Deportes, que dimitió por verse envuelto en un fraude fiscal, presentó durante dos temporadas un magacín en TVE. Y Carmen Montón, exministra de Sanidad, tras un breve paso por la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed), organización formada por, entre otros, empresas del sector sanitario y farmacéutico, regresó como Embajadora Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos tras el archivo del caso máster, sobre el plagio de su tesis de final de máster, que le costó el puesto.
La última renovación del Ejecutivo, la del pasado mes de julio, aún no figura en los informes de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así, Carmen Calvo, la exvicepresidenta, e Iván Redondo, el ex jefe de Gabinete de Sánchez, cesados el 10 y el 13 de julio, por poner dos ejemplos, figuran como activos ya que cerraron este listado días antes de su salida. Sin embargo, gracias a la información disponible en el Portal de Transparencia, sabemos que Calvo cuenta con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para colaborar con la SER. Y Redondo, quien afirmó en La Sexta que sería columnista para La Vanguardia, aún no habría recibido el visto bueno a fecha de publicación de este artículo.
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