miércoles, 27 de noviembre de 2013

Varias comuniades autónomas entienden que la reforma local invade sus competencias y anuncian futuros recursos

Los populares piden una nueva y mejor financiación  local y autonómica
 
Revista de Prensa. EP. 26.11.2013.- El PP se ha quedado solo en el Senado al aprobar un informe que refrenda que la reforma de la administración local respeta la autonomía de las comunidades, contra el criterio del resto de grupos de la Cámara Alta, que han insistido en que la norma vulnera el reparto competencial, y contra el criterio de varias autonomías, que han advertido que recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba tal cual está. El PNV ha optado por la abstención.
 
 
Las pancartas contra la reforma
local proliferan en C-León
 El debate se ha producido en la Comisión General de Comunidades del Senado, en la que se ha discutido esta vertiente de la reforma local en una larga sesión en la que han participado los grupos parlamentarios, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y los consejeros de catorce autonomías: por el PP, Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y Extremadura, así como Asturias (PSOE), Canarias (CC-PSOE), Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU).
 
   Los consejeros 'populares' han defendido la ley, pero le han pedido al ministro que la nueva financiación autonómica les conceda nuevos recursos para poderla aplicar, ya que les transfiere competencias que hasta ahora ejercían los ayuntamientos, en sanidad, educación y servicios sociales. También han pedido plazos más flexibles para aplicarla.
 

   El resto de consejeros han rechazado de plano la ley, porque a su juicio no respeta el reparto competencial que la Constitución señala entre el Estado y las Comunidades, por lo que varios de ellos han anunciado recurso de inconstitucionalidad.
 
   El debate del proyecto de ley en sí se producirá en los próximos días en la Comisión de Entidades Locales del Senado para debatir los vetos y enmiendas que presenten los grupos. Se prevé que la votación final tenga lugar en el Pleno del 9 al 13 de diciembre.
 
Enmiendas
  En su réplica, Cristóbal Montoro ha agradecido "la calidad de las intervenciones" y ha insistido en que hay tiempo en el Senado para "perfeccionar la propuesta" y buscar nuevos acuerdos para cambiar determinados aspectos, sin necesidad de llegar a la unanimidad sobre el contenido de la ley.
 
   "España es un país plural, ideológicamente, culturalmente, en su geografía, eso ha quedado de relieve. Este proyecto no puede aunar todas las voluntades, la política también son diferencias que enriquecen, pero quiero insistir en que la voluntad del Gobierno es constructiva", les ha dicho el ministro a los consejeros.
  
 Además, Montoro ha asegurado que la ley se pondrá en marcha en enero para todos y que el Gobierno afronta ese momento "con humildad". "La intención última es que las instituciones funcionen, sean operativas. Si hace falta ir corrigiendo y modulando lo vamos a hacer", ha asegurado.
 
Financiación
   Por último, el responsable de Hacienda ha defendido el papel del Senado en las reformas y leyes previstas para el año que viene, en concreto, la nueva financiación autonómica y local, ligada a la reforma fiscal. "La plataforma ideal para hacer ese trabajo es el Senado de España. Entre todos tenemos que hacer que el Senado cobre relieve cuando afrontamos reformas de esta envergadura", ha dicho.
 
   Frente a la defensa del texto realizada por Montoro, el senador del PSOE José María Becana ha aseverado durante su intervención, que ha tenido lugar después de que el ministro ya hubiera abandonado la Comisión, que no debería haberse ido "sin haber retirado el proyecto de ley" porque la está sacando adelante "sin consenso, sin respeto a la Constitución y sin respeto a los estatutos de autonomía".
 
   "No podemos decir que a costa del sudor de los alcaldes y concejales, España se va a ahorrar 9.000 millones de euros porque es una tremenda mentira", ha señalado, para añadir que la reforma tampoco va a suponer una ahorro en la prestación de los servicios públicos, sino su recorte.
 
   Por su parte, el senador del PSOE por Castilla y León Ibán García ha lamentado que la intervención del consejero de su Comunidad no ha sido suficientemente crítica, teniendo en cuenta lo "beligerante" que ha sido el Gobierno de la región desde el principio, y ha pedido a la Junta que, de aprobarse la reforma en los términos actuales, la recura al Constitucional.

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