Ejecución de sentencias en libertad vigilada: ni más ni menos, ni cosa distinta de lo fallado

"Hemos de recordar que procesalmente, los autos judiciales dictados en ejecución de la sentencia, serán contrarios al ordenamiento jurídico, si resuelven cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla"

Por José R. Chaves. delaJustica.com .-  La voracidad de la Administración es conocida. Cuando una sentencia estimatoria anula una actuación pública, la Administración suele intentar salvar el máximo del naufragio y rescatar lo que pueda en ejecución de sentencia. E incluso puede que juegue el mayor órdago para conjurar frontalmente la sentencia firme estimatoria, que es promover el incidente de inejecución por imposibilidad jurídica de ejecución.

En ese juego del gato vencido y el ratón que se aferra a la sentencia estimatoria, puede que el gato se defienda panza arriba, pero la mala noticia para el felino es que cuando existe una sentencia estimatoria la misma debe ejecutarse en sus términos y no puede considerarse la administración habilitada para ir más allá, revisar lo que no estaba anulado o si la sentencia comporta la retroacción del procedimiento, aprovecharlo para recargar la escopeta y dispara a discreción.

En este punto, hemos de recordar que procesalmente, los autos judiciales dictados en ejecución de la sentencia, serán contrarios al ordenamiento jurídico, si resuelven cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla, pues  además, contradicen los términos del fallo que se ejecuta.

Con esos mimbres jurídicos, dos recientes sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo, valientes y razonadas, han precisado el margen de ejecución de la administración en sus justos términos, fijando doctrina que tiene alcance general y que no debe perder de vista la administración (para contenerse al ejecutar una sentencia) ni el particular. vencedor (para luchar por la recta ejecución de la sentencia). Veamos las aportaciones de tan importante jurisprudencia, que refleja una cabal lectura del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de ejecución de sentencias.

Dichas sentencias se dictaron al hilo de la anulación de la ponencia de valores que determinaba el valor catastral de los bienes. La Administración aprobó una nueva ponencia y se aferró al art.393 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) para aplicar el nuevo criterio de forma retroactiva a los afectados. Recordemos que el art.39.2 LPAC dispone literalmente: «3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas».

La Sala tercera en la reciente sentencia de 2 de junio de 2026 (rec. 4380/2024), seguida fielmente por la sentencia de 8 de junio de 2026 (rec. 2833/2024) vierte hermosas perlas sobre el limitado alcance de la ejecución de sentencias, que coloca a la Administración en una suerte de “libertad vigilada”:

Primero, recuerda que el fallo debe ejecutarse en lo que dice, y no presumir que habilita a la administración para lo que no dice:

En otras palabras, ante el silencio del fallo, no cabe concluir otra cosa que la de que el acto de la Administración aprobatorio de la nueva ponencia de valores se extralimitó de lo ordenado en el fallo, obrando de forma exclusiva, por su cuenta y en perjuicio de la parte demandante…

Segundo, coloca a la Administración que va más allá del fallo en una suerte de “via de hecho”, sin título competencial para actuar así: "… lo que, además, permite considerar que, en lugar de actuar la Administración foral en su limitado papel de cumplidor delegado o mandatario del Tribunal de instancia (vid art. 118 CE, en relación con los arts. 104 y concordantes de la LJCA), en realidad actuó en ejercicio de un supuesta potestad propia, sin habilitación de la sentencia,…”

Tercero, recuerda que el art. 39.3 LPAC es un precepto regulador del procedimiento administrativo y no un precepto procesal ni que extienda su “longa manu” hacia cómo debe ejecutarse una sentencia, y así la actuación de la administración: "solo encontraba un posible y precario anclaje lejos del contenido del fallo, en preceptos positivos habilitantes de una potestad administrativa, como lo es el art. 39.3 LPAC, que es precepto inidóneo para decidir si la Administración ha cumplido o no la sentencia, esto es, en palabras del art. 104.1 LJCA, si se ha llevado «a puro y debido efecto y practicado lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo».

Pero es más, aunque fuese llamado a aplicarse ese art. 39.3 LPAC, el mismo es sumamente restrictivo en su proyección apliacativa, pues:

Al margen de que fuera o no aplicable ese precepto desde un punto de vista sustantivo, esto es, con independencia de que se haya otorgado por la Administración rebasando el acotado ámbito de la ejecución, lo cierto es que se trata de una norma excepcional y, así:

-Debe ser de necesaria aplicación restrictiva.

-Debe someterse a un especial rigor en la motivación, que aquí faltó por completo, a fin de esclarecer cual es la excepcionalidad concurrente al caso.

 -Además, el artículo 39.3 LPAC no es una disposición de naturaleza tributaria, sino general. Sin embargo, la regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, salvo en lo favorable (art. 10 LGT),  y

Cuarto, añade un argumento ingenioso pero convincente en buena técnica procesal: «A la hora de precisar el alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la ejecución de la sentencia favorable en sus propios términos (art. 24 CE), puede advertirse además que, con el proceder que hemos examinado, la parte recurrente en casación se ha podido ver perjudicada en el trato dispensado por la Administración ejecutante -y por los Tribunales que avalan ese exceso-, si se pone en relación el contenido explícito del fallo realmente dictado con otro en el que se hubiera podido declarar, de manera expresa, la autorización a la Administración para dotar de eficacia retroactiva a la nueva ponencia de valores que esta debía elaborar, de suerte que esta quedara autorizada al efecto. En tal caso, a diferencia de lo aquí sucedido, la parte recurrente podía haber conocido perfectamente, con la lectura del fallo, el alcance de éste -de ser así, probablemente, su sentido habría sido solo parcialmente estimatorio- y, lo fundamental, podría haberse impugnado la sentencia en relación con esta decisión.»

Finalmente, establece la siguiente jurisprudencia:

1) Las sentencias judiciales deben cumplirse en sus propios términos (arts. 118 CE y 103 y concordantes LJCA), de suerte que la Administración no puede, con ocasión de su ejecución, introducir decisiones, cargas u obligaciones al vencedor del proceso para el que no hubiera sido habilitada expresamente en el fallo y que empeoren la situación jurídica del favorecido por él.

2) Anulada en sentencia judicial firme la ponencia de valores de un BICE -en este caso, el Puerto de Bilbao- y los valores individualizados notificados en su aplicación, la Administración carece de facultad propia y, por tanto, no puede, en modo alguno, en ejecución de dicha sentencia y con sustento en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aprobar una nueva ponencia y notificar nuevos valores individualizados otorgándoles efectos retroactivos desde la fecha de aprobación de la ponencia inicial anulada.

Ello determina que el recurso deba ser estimado, y los autos dictados en ejecución de sentencia, hayan de ser correlativamente casados y anulados, porque la ejecución del fallo no ha respetado los términos de este, por la Administración foral recurrida, y así debió declararlo la Sala de instancia (art. 87.1.c) LJCA).

Así que, ojo con las sentencias estimatorias, pues deben saber las partes que eso marca el territorio de ejecución, por lo que bien estará promover el incidente de aclaración y/o complemento de sentencia, para precisar al máximo su alcance, pues en el incidente de ejecución puede ser tarde.

Jordi Ferrer: Algunas propuestas para la mejora de la justicia penal en España

 Jordi Ferrer, director del Máster de Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, propone diez medidas para reforzar el sistema judicial en España. En un momento de marcada polarización y con la justicia desempeñando un papel clave en el ámbito político, plantea reformas que van desde "suprimir" la Audiencia Nacional o la acusación popular hasta exigir "una evaluación positiva previa por parte de una comisión de expertos" en los nombramientos judiciales.

Por Jordi Ferrer Beltrán. Agenda Pública blog.-  Nuestro sistema de justicia penal está sometido en los últimos tiempos a una prueba de estrés que socava la confianza social en su calidad, imparcialidad y hasta en su probidad. Desde luego, la mala práctica de politizar la justicia y judicializar la política tiene mucho que ver en ello. Pero también inciden, y no poco, muchas decisiones judiciales incomprensibles para la ciudadanía, instrucciones a distintas velocidades, investigaciones conducidas de modo sesgado o afirmaciones en resoluciones muy preliminares del proceso que más parecen sentencias anticipadas que otra cosa.

El cóctel es, sin duda, explosivo y alimenta las portadas de la prensa, ya sea para dañar al rival político o para criticar las decisiones judiciales sin siquiera leerlas. Tanto una cosa como la otra nos deberían preocupar, porque con ellas sufren la calidad democrática del país y la confianza en una de sus instituciones centrales: la Administración de Justicia.

Sin embargo, la calidad de la Administración de Justicia no ha sido nunca objeto de interés por parte de los sucesivos gobiernos de estos ya cincuenta años de democracia. No ha sido, desde luego, prioridad a la hora de invertir recursos (basta recordar que el promedio de jueces por cada cien mil habitantes de los países de la OCDE es de diecisiete, que Alemania tiene veintidós y España solo once, por poner un ejemplo). No obstante, tampoco ha sido prioridad abordar reformas imprescindibles que lastran la calidad del sistema.

Frente a decisiones judiciales difícilmente explicables, incluidas algunas que producen más bien sonrojo, estamos viendo ahora cómo los partidos políticos que sostienen al Gobierno tienden a rasgarse las vestiduras, a hablar de lawfare o incluso de prevaricaciones. Evidentemente, todo ello puede ocurrir, pero más allá de las decisiones individuales, me resultan mucho más preocupantes las causas de funcionamientos sistémicos inadecuados, que afectan también y principalmente al normal ciudadano.

Esas disfunciones sistémicas exigen reformas que no han sido abordadas, tampoco por este Gobierno. Las hay tan urgentes como difíciles, incluidas algunas que seguramente no contarían con el apoyo de la mayoría de la propia judicatura. Pero quizás el precio a pagar hubiera sido bajo para un Gobierno que ha visto cómo la judicatura, sin abordar esas reformas pendientes, le ha organizado huelgas y hasta parones con toga en las puertas de los tribunales. Permítanme que mencione diez de ellas que, en mi opinión, son reformas pendientes, urgentes y necesarias para la mejora de nuestra justicia, en general, y penal, en particular. Las expondré de las más generales a las más específicas:

1) Detener la proliferación de universidades privadas sin exigencias de calidad y repensar y reforzar la formación de los graduados en derecho en las universidades existentes. Un proceso judicial de calidad y con todas las garantías no puede hacerse sin asegurarnos de que todos los intervinientes, también la abogacía, tengan la debida formación. Los programas de estudio, las metodologías de enseñanza y de evaluación son hoy caducos y la calidad de la formación de los alumnos en el ingreso y en el egreso es francamente mejorable. Todo ello era ya así desde hace tiempo, pero mayor debe ser el esfuerzo en el mundo de la inteligencia artificial. La preocupación no debe ser si se usa o no ese instrumento, sino si los futuros profesionales tienen la formación adecuada para trabajar con él.

2) Reformar en profundidad el sistema de acceso a la judicatura (y a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y otros altos cuerpos del Estado): el actual sistema es fundamentalmente memorístico, propio de un derecho y una sociedad que ya no existen. Exige años de estudio para memorizar un temario que también debería ser profundamente revisado. Más allá de la dificultad para afrontar ese reto por parte de quien no tiene recursos para mantenerse durante esos años y pagar preparadores (aspectos paliados ahora por un sistema de becas y una academia pública de formación), el sistema sirve para seleccionar a los futuros jueces sobre la base de una competencia poco útil para el desarrollo de su función: la memoria. A su favor se alega normalmente que se trata de un sistema de selección objetivo y no politizado, pero también lo sería si seleccionáramos a los futuros jueces sobre la base de su altura. Deberíamos ser capaces de diseñar un sistema que reúna al mismo tiempo la máxima objetividad posible con la evaluación de las competencias que debe tener una persona juzgadora en el mundo actual.

3) Poner en marcha un nuevo sistema de formación continuada, con verdaderos incentivos y exigencias para que las personas juzgadoras actualicen sus conocimientos a lo largo de su carrera profesional. Eso debería incluir, por supuesto, un sistema real de licencias de estudios, una oferta moderna de formación ofrecida por el propio Poder Judicial, en colaboración con las universidades, y el cómputo de esa formación en la promoción de los jueces y juezas. El actual Poder Judicial español es tremendamente cerrado en su formación: los opositores pagan (muchas veces de forma opaca al fisco) a preparadores que son jueces y la mayoría de los cursos de formación continuada son impartidos también por jueces y magistrados. De este modo se garantiza la transmisión de una cierta ideología corporativa, pero es muy difícil que los juzgadores se nutran de nuevos conocimientos no jurídicos, de nuevas teorías jurídicas y que renueven lo que aprendieron memorísticamente a veces veinte o treinta años antes.

"Un proceso judicial de calidad y con todas las garantías no puede hacerse sin asegurarnos de que todos los intervinientes, también la abogacía, tengan la debida formación"

4) Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo genuinos criterios de mérito y capacidad para los nombramientos para cargos de gobierno o para el acceso a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo. Vemos desde hace años cómo los partidos políticos luchan por el control del Consejo General del Poder Judicial, especialmente porque ello les permite introducir subrepticiamente criterios políticos para el nombramiento de los magistrados de esos tribunales. Nada impediría que se regule por ley un sistema de nombramientos que requiera una evaluación positiva previa por parte de una comisión de expertos. Esos expertos podrían ser elegidos por y entre profesores de derecho de universidades públicas, colegios de abogados, la propia judicatura y la fiscalía, etc. Una elección diversificada por colectivos haría muy difícil el control político; y un sistema de nombramientos que no dependiera de las meras mayorías del Consejo General del Poder Judicial reduciría en gran medida el interés político por controlar ese órgano.

5) Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La vigente data de 1882 y ha sufrido innumerables reformas. El resultado es un texto legal desfasado y en muchos aspectos inconsistente. Es imprescindible que la instrucción penal recaiga en la Fiscalía y no en los internacionalmente anómalos jueces de instrucción. En ese modelo, las decisiones fiscales deberían ser controladas y, en algunos casos, autorizadas por un juez de garantías, figura ahora inexistente. En contraste, los actuales jueces de instrucción tienen un poder enorme, porque dirigen la investigación sin apenas control efectivo por parte de ningún otro órgano y ellos mismos deciden si y cuándo las pruebas son suficientes para abrir juicio. Ello debe ir acompañado, por supuesto, por una reforma integral del Estatuto de la Fiscalía, que le otorgue una verdadera independencia política y regule adecuadamente esa función instructora hasta ahora inexistente. Y, por supuesto, debe ir acompañado también de las acciones en materia de formación que mencioné en el punto anterior, ahora dedicadas a quienes integran el Ministerio Público.

 "Vemos desde hace años cómo los partidos políticos luchan por el control del CGPJ, especialmente porque ello les permite introducir subrepticiamente criterios políticos"

6) La instrucción penal a cargo de la Fiscalía y bajo su dirección debe permitir también revisar en profundidad la función de la policía judicial y, en particular, de ciertas unidades especializadas que deben limitarse a recabar las pruebas y no a su valoración. Demasiadas veces hemos visto cómo los informes de esas unidades se presentan de un modo que prácticamente sustituye la función judicial, que incluyen inferencias apresuradas o sesgadas y que son tomados inadecuadamente como informes periciales "de inteligencia". Se requiere una mayor formación y una mejor integración de esas unidades, con más y mejores expertos en distintas disciplinas; la elaboración de guías y protocolos de investigación que garanticen que se consideren e investiguen las distintas hipótesis sobre los hechos y que su actividad sea auditada con garantías de forma interna.

7) Suprimir la acusación popular, que es una de las instituciones que más toxicidad ha introducido en nuestro sistema penal, siendo demasiadas veces la puerta de entrada al sistema de justicia de actuaciones espurias de los partidos políticos o asociaciones privadas políticamente marcadas. Se trata de una institución que no existe en el derecho comparado y que ha introducido mucho más ruido que utilidad en los casos judiciales. Centrar la acusación en la Fiscalía y en la acusación particular, vinculada a la víctima, parece claramente un mejor modelo.

8) El sistema penal español camina, como muchos de clara influencia estadounidense, hacia la desaparición del juicio oral. Se promueve, en nombre de la eficiencia, la aceptación del delito por parte del acusado mediante premios en forma de rebaja de la pena, que se aplican mediante una condena sin juicio. Esto introduce gravísimas distorsiones, que van desde peticiones de pena iniciales cada vez más elevadas (que atemorizan a los acusados e incentivan la aceptación del delito para rebajar la pena) hasta condenas llamativamente bajas para delitos graves. Si unimos un sistema que incentiva la aceptación con la mala práctica de dictar resoluciones judiciales durante la investigación con un lenguaje más propio de la condena, con atribución explícita de la comisión de delitos cuando la investigación apenas se inicia, no debe sorprendernos que a muchas personas les parezca que les conviene aceptar el delito que no han cometido. Si el sistema tiene la consecuencia de aumentar la condena de inocentes, mal se puede decir que así se persigue la eficiencia. Por ello, es urgente revertir la tendencia al aumento de las condenas sin juicio, regulando adecuadamente las rebajas de pena, el control de la suficiencia probatoria al margen de la mera aceptación de la comisión del delito y el momento procesal en que se puede hacer lugar a la conformidad, que debería ser siempre, como mínimo, al inicio del juicio oral, una vez cerrada la instrucción.

"Si el sistema tiene la consecuencia de aumentar la condena de inocentes, mal se puede decir que así se persigue la eficiencia"

9) Conviene también repensar seriamente la planta judicial, es decir, el mapa de órganos judiciales. No puede continuarse profundizando en una supuesta especialización de juzgados y tribunales, cuya formación especializada es más que discutible, que pone en jaque el derecho a ser juzgado por el juez natural y que en muchos casos supone que un mismo juzgador adopte decisiones sobre casos y personas sobre las que ya decidió anteriormente. ¿Es, por ejemplo, razonable que la sala especializada de una Audiencia Provincial que debe decidir sobre la apelación de una sentencia condenatoria haya decidido ya anteriormente sobre la apelación de la prisión preventiva del mismo sujeto? La psicología nos enseña cuánto pueden incidir los sesgos en ese tipo de decisiones y solo un diseño de mecanismos preventivos que evite esas duplicaciones puede ser efectivo.

10) Y ya para terminar esta lista apresurada, debería suprimirse la Audiencia Nacional. La razón no es solo ni principalmente su origen no democrático como Tribunal de Orden Público, sino que se trata de un tribunal de jurisdicción nacional sin razón de ser, que concentra investigaciones de casos complejos generando una gran saturación y, lo que es peor, una relación continuada de sus jueces, las unidades policiales especializadas y la Fiscalía que es difícilmente compatible con su respectiva independencia y que genera sesgos a veces muy evidentes.

Estas reformas no son, desde luego, las únicas necesarias, pero sí contribuirían a la mejora de la Administración de Justicia, en general, y de la penal, en particular. Más allá del debate encendido respecto de unas u otras decisiones judiciales específicas, de su justificación o de la falta de ella, creo que conviene alzar la mirada hacia las causas sistémicas de un modelo que tiene demasiadas piezas chirriantes, focos de ineficiencia y puntos negros. Si nos preocupa como sociedad y como responsables políticos la calidad de la justicia (y de la democracia), no basta con criticar esta o aquella decisión, sino que deben afrontarse con seriedad los problemas de base y ofrecer soluciones a los mismos.

INDICADORES DE JUSTICIA EN LA UE: La justicia española en Europa: tecnología puntera, sentencias tardías

 España se sitúa entre los países más avanzados de la UE en digitalización de la justicia, pero continúa en el vagón de cola en jueces por habitante, independencia percibida y tiempos de resolución. La Comisión Europea vuelve a señalar que la sospecha de interferencias políticas sigue pesando sobre el sistema, mientras que el caso Plus Ultra vuelve a poner la regulación de los 'lobbies 'sobre la mesa.

Reivata de prensa. Agenda Pública.- España es uno de los países de la UE que más invierte en justicia y se encuentra entre los más avanzados en la aplicación a ese servicio público de las últimas tecnologías de la información y la comunicación. Así lo refleja la nueva edición del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE que cada año edita la Comisión Europea. Ese enorme esfuerzo económico y de modernización, como en años anteriores, no se traduce, sin embargo, en un aumento significativo de la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados. Tampoco resuelve el sempiterno atasco judicial ni los tiempos de respuesta del sistema, que permanecen prácticamente estancados.

España es el noveno país de la Unión que más invierte en justicia en relación con su PIB. Entre las grandes economías de la eurozona, solo Alemania la supera, aunque con datos muy similares. El gasto público en juzgados y tribunales desembolsado por el Estado y las comunidades autónomas —sus principales proveedores— supera al de Italia y, a todavía más distancia, al de Francia, Países Bajos, Austria o Bélgica. Si la inversión en este servicio público se relaciona con la población total, España desciende a mitad de tabla en gasto por habitante, lejos de Alemania, pero en el mismo rango que Italia, Francia o Bélgica.

Gran parte de los fondos dedicados a la administración de justicia han ido a la mejora tecnológica del sistema, lo que ha convertido a España en uno de los Estados mejor situados en todos los indicadores relativos a la digitalización. Nuestro sistema judicial está en el grupo de cabeza en valores como la accesibilidad de información en línea sobre el sistema judicial, la disponibilidad de tecnologías digitales en juzgados y tribunales, el uso de herramientas como la inteligencia artificial, la videoconferencia, el teletrabajo o el expediente digital, o la posibilidad de que ciudadanos y profesionales interactúen con los órganos judiciales y la Fiscalía a través de herramientas y aplicaciones informáticas.

"El creciente flujo de recursos materiales y humanos no ha conseguido aumentar significativamente la confianza de los españoles en la independencia de su sistema judicial"

Pese a los esfuerzos del Gobierno, que ha anunciado para este año la creación de quinientas nuevas plazas judiciales y se propone crear quinientas más en 2027, el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE sigue situando a España a la cola en número de jueces por habitante, solo por delante de Malta, Dinamarca e Irlanda. El Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya han lanzado la convocatoria que permitirá cubrir las nuevas vacantes con opositores y expertos juristas que accedan a la carrera a través del llamado "cuarto turno". Este aumento sin precedentes de la planta judicial se complementará con otras doscientas nuevas plazas para fiscales. Los cálculos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes indican que, gracias a estas medidas, la presencia de jueces en la sociedad se acercará a la media europea, aunque habrá que esperar a los próximos informes para comprobarlo.

El creciente flujo de recursos materiales y humanos, sin embargo, no ha conseguido aumentar significativamente la confianza de los españoles en la independencia de su sistema judicial. España vuelve a suspender, quedándose en el puesto vigesimosegundo y dejando por detrás únicamente a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. La principal razón de esa mala nota, como en ediciones anteriores, es la supuesta interferencia del Gobierno o los partidos, seguida por las presiones económicas.

El porcentaje de entrevistados que consideran que la independencia es buena o muy buena apenas alcanza el 40%. Alrededor de un 35% la considera mala, mientras que otro 10% la califica de muy mala. La visión positiva gana apenas un par de puntos respecto a 2025. Se trata de una visión muy similar a la de la edición anterior.

La confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, según el documento de la Comisión, entre las empresas, aunque tampoco en este valor nuestra justicia sale del vagón de cola. El crecimiento de cinco puntos en las percepciones de la independencia como buena o muy buena entre las compañías nos deja en el decimonoveno lugar de los Veintisiete. Los motivos son los mismos: la apreciación de influencias políticas y económicas.

En ambos casos -ciudadanos y empresas- los datos son algo mejores respecto a ediciones anteriores del informe, aunque el ligero crecimiento nos vuelve a dejar muy lejos de las grandes economías de la UE. Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia e Italia obtienen en este punto una evaluación mucho mejor.

"La UE aprecia un estancamiento tanto en los tiempos de resolución como en la pendencia de asuntos y la tasa de resolución"

Los datos son malos también en lo que respecta al atasco secular de los juzgados y tribunales. La UE aprecia un estancamiento tanto en los tiempos de resolución -en los que somos cuartos por la cola-como en la pendencia de asuntos y la tasa de resolución -antepenúltimo puesto-. El sistema judicial español solo mejora en la duración de las causas relacionadas con el derecho europeo, como las relacionadas con la competencia o las telecomunicaciones.

Por último, España sí sale bien parada en la promoción del acceso a métodos alternativos de resolución de litigios, como la mediación, la conciliación o la negociación. El dato puede deberse a la entrada en vigor, en abril de 2025, de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que estableció como obligatorio el recurso a estos sistemas antes de presentar la demanda ante los tribunales del orden civil.

En pleno estallido del caso Plus Ultra, en el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias al mediar presuntamente con el Ejecutivo para que esa aerolínea consiguiera un rescate de 53 millones en plena pandemia, el documento vuelve a colocar a España entre los siete países europeos que todavía carecen de registro de grupos de interés (lobbies). Otros países como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia tampoco lo tienen.

"La representación de intereses que busca influir legítimamente en la toma de decisiones de los poderes públicos que no implique un intercambio indebido de ventajas es una actividad perfectamente legítima", dice la Comisión, que pide transparencia para que esos contactos "no se conviertan en puertas a la corrupción".

Odón Elorza: La improbable victoria de un barrio frente al urbanismo especulativo

 El exalcalde de San Sebastián Odón Elorza lamenta que "las ciudades pierden identidad, patrimonio local y memoria". Contra la "la homogeneización de las urbes", explica el éxito de la Plataforma Ciudadana San Bartolomé que, tras más de una década de movilización vecinal, ha logrado que el ayuntamiento de la ciudad rechace un polémico proyecto para construir un centro comercial.

Por Odón Elorza. Agenda Pública blog.- Tenemos tendencia a pensar que solo los grandes proyectos son útiles e innovadores para las ciudades que quieran ser atractivas, competitivas y ambiciosas con la calidad de vida que ofrecen a sus habitantes. Pero no es cierto. También se pueden desarrollar intervenciones como un pequeño parque y un jardín vertical natural, que ponen en valor un espacio público y suponen mejoras emblemáticas para un barrio y el medioambiente. De eso quiero hablar.

Vivimos una época marcada por la especulación inmobiliaria, los intereses de los fondos de inversión, la privatización progresiva del espacio público, el efecto gentrificador del turismo y la homogeneización de las urbes. En demasiados casos, las ciudades pierden identidad, patrimonio local y memoria. Mientras, aumentan los precios de la vivienda y disminuyen los espacios públicos. Ante ello, crece también una demanda de que la ciudadanía vuelva a sentirse protagonista de la ciudad en la que vive.

La solidez democrática de una sociedad no puede medirse únicamente por sus instituciones, sino también por la existencia de vías reales de participación y consulta en las decisiones. Especialmente cuando están en juego el patrimonio urbano protegido, el medioambiente o los espacios destinados al encuentro y la convivencia.

"Las instituciones democráticas se fortalecen cuando escuchan, dialogan y fomentan la participación de la sociedad"

La experiencia que estamos desarrollando en San Sebastián, pasando de la teorización a la práctica, nos demuestra que activar lobbies cívicos y organizarse como inteligencia colectiva permite influir en las decisiones urbanísticas cuando se actúa con perseverancia, creatividad y propuestas constructivas. También demuestra que las instituciones democráticas se fortalecen cuando escuchan, dialogan y fomentan la participación de la sociedad. En un contexto general de desafección política, estas iniciativas representan una forma de reconstruir la confianza entre ciudadanía e instituciones y ayudan a que las decisiones institucionales adquieran más legitimidad.

Ese es, precisamente, el papel que juega la Plataforma Ciudadana San Bartolomé en San Sebastián. Frente al proyecto de un gran artefacto comercial (con más de lo mismo) y su aparcamiento en zona de bajas emisiones, aprobados en 2015 en la ladera verde del cerro que albergó el monasterio de San Bartolomé, lidera la defensa de un parque público y de un jardín vertical natural en un muro contiguo de piedra de 1914, con 30 metros de altura y 125 de longitud, ambos en pleno centro de la ciudad.

Partíamos de considerarla como una operación urbanística especulativa, amparada en una modificación ilegal del Plan General para ese territorio porque no cumplía con el estándar legal de dotación de espacios libres y zonas verdes en aquel territorio. Eso nos llevó a interponer una demanda en el juzgado y a recurrir la licencia.

Nuestra metodología de trabajo ha consistido en la presentación conjunta de denuncias y propuestas alternativas en el registro municipal, ante el alcalde, el gobierno local, los grupos municipales y los medios de comunicación; contactos con líderes locales de opinión y entidades de la ciudad; la redacción de numerosos artículos enviados a los medios; la celebración de reuniones técnicas de trabajo con profesionales colaboradores y de asambleas con los vecinos asociados a la Plataforma.

En casi cuatro años tuvimos que elevar recursos ante el Ayuntamiento y los tribunales; presentar siete quejas ante el Defensor del Pueblo Vasco (el Ararteko) por falta de transparencia de la Alcaldía al no facilitar el acceso a los expedientes ni a datos sobre ingresos obtenidos por el Ayuntamiento en la operación global de regeneración urbana de San Bartolomé; convocar múltiples ruedas de prensa, dentro y fuera del Ayuntamiento; registrar ante el Ayuntamiento nueve peticiones con base en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición (sin obtener respuesta); nos hemos reunido con todos los partidos y con el alcalde, y hemos hecho aportaciones de dinero como activistas para cubrir los gastos de las acciones de una asociación que reúne a quinientas personas.

"Después de doce años en los que consideraba imprescindible esa operación, hemos logrado que el Ayuntamiento renuncie a su ejecución y se comprometa con nuestras propuestas"

Por tanto, podemos afirmar que la Plataforma es una referencia de buenas prácticas de participación democrática. Somos un movimiento cívico sectorial, plural y apartidista, registrado como asociación que actúa con una estrategia creativa e innovadora en defensa de la participación ciudadana y la transparencia en el ámbito del urbanismo y el medioambiente. La lucha, incomprendida y descalificada desde el Ayuntamiento, ha hecho que el urbanismo, en este caso, no atienda los intereses económicos del Ayuntamiento de San Sebastián, del sector inmobiliario y de un fondo de inversión. Y ha logrado que prevalezcan el interés general, la sostenibilidad y el derecho a la ciudad. Algo que parecía imposible de lograr.

En resumen, después de doce años en los que consideraba imprescindible esa operación, hemos logrado que el Ayuntamiento renuncie a su ejecución y se comprometa con las propuestas que veníamos reclamando por distintas vías: apertura del gobierno local al diálogo y la consulta ciudadana; declaración de caducidad de la licencia de obras del edificio comercial y el aparcamiento; inicio de la modificación puntual del Plan General de Urbanismo para que la ladera de San Bartolomé vuelva a calificarse como zona verde, con apertura de un proceso de participación ciudadana para definir los criterios del parque público, y un estudio para la conversión del muro de piedra de San Bartolomé en un jardín vertical que contribuya a frenar el cambio climático y a fomentar la biodiversidad.

"Hemos utilizado de forma creativa las herramientas que ofrece la tecnología de la comunicación"

Es importante destacar que, en la estrategia para movilizar a la opinión pública, hemos utilizado de forma creativa las herramientas que ofrece la tecnología de la comunicación: una página web, plataformasanbartolome.com, actualizada y con la que interactuamos; envío de correos informativos de la Plataforma; presencia del debate en las redes sociales; el uso de herramientas de IA para generar imágenes; una exposición permanente en la web sobre nuestras propuestas, y una exposición presencial, en preparación, para difundir las propuestas en la galería de exposiciones de la Fundación Medioambiental Parque de Cristina Enea, y, por último, un archivo en línea de noticias e imágenes sobre la polémica operación del centro comercial.

La Plataforma trabaja ahora en la culminación de una propuesta para la recuperación de la ladera y la creación de un parque público, así como para la conversión del muro en un jardín vertical. Lo hace mediante asambleas de sus socios, diálogo con las instituciones y gracias a la colaboración de organizaciones medioambientales, expertos jardineros-paisajistas, ingenieros, arquitectos, fotógrafos, documentalistas y abogados, todos en su condición de vecinos.

El País: Juan Carlos, el funcionario de Mérida expedientado por atender sin cita previa

El caso de este trabajador de la oficina de empleo de Extremadura ha llegado hasta el Defensor del Pueblo y tiene una investigación abierta por otros motivos por el Ministerio de Trabajo

Revista de prensa.- Por Juan Carlos Nieto El Pais.es.-  es de esos funcionarios que, en 2019, cuando trabajaba en la oficina que canaliza ayudas sociales de la Junta de Extremadura, dirigió un escrito a la dirección provincial de Badajoz al ver que mucha gente vulnerable quedaba fuera de las ayudas porque no llegaban a tiempo las citaciones. Él, que antes había trabajado en Correos, sabía que esas cartas no suelen llegar porque los domicilios de estos ciudadanos están en lugares apartados, mal señalizados o conflictivos. Su carta logró revertir la situación.

Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el viernes en Mérida (Badajoz) Jorge Armestar

Es el tipo de gente que un día se encontró en la puerta de su oficina a dos niñas muy pequeñas esperando solas a su madre en la calle. Eran los tiempos postpandemia y la norma indicaba que solo se podía entrar de uno en uno a la oficina. Entonces envió dos cartas pidiendo la flexibilización de la norma. Una a su superior y la otra a la sección de Cartas al Director del HOY, el periódico local, que terminó empujando cambios en el reglamento en caso de necesidad.

Esta vez la ha vuelto a liar. Tanto que su caso ha llegado hasta el Defensor del Pueblo. Actualmente Juan Carlos Nieto, de 57 años, casado y con un hijo, es funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM, en Mérida (Badajoz). Su trabajo consiste en facilitar certificados de prestaciones para tramitar una ayuda social, un bono o un apoyo de Cáritas o Cruz Roja. Sin embargo, durante años ha atendido a gente que no había solicitado cita previa cuando la oficina estaba vacía, había cancelaciones o aparecía un hueco en la agenda.

Por esta razón, la dirección del SEPE ha abierto un procedimiento disciplinario contra él por una supuesta falta grave derivada de la atención a usuarios sin cita previa y por la expedición de certificados de prestaciones necesarios para tramitar ayudas sociales. Nieto se expone a una sanción de seis meses de empleo y sueldo por una falta grave por desobediencia a superiores y una falta leve por descuido o negligencia. “Las citas están programadas cada 15 minutos y muchas gestiones se resuelven antes. Además, existe un porcentaje significativo de ausencias. Hay momentos durante la jornada en los que la oficina está vacía o semivacía y es entonces cuando ayudamos a quien lo necesita”, explica sobre una situación que describe de “surrealista”.

“Yo soy funcionario por las mañanas, pero el resto del día soy un ciudadano normal que tiene que hacer trámites en Hacienda, en el banco, en los servicios de salud… Así que como trabajo de este lado también sé lo que supone enfrentarte a la administración", explica.

Cuando describe su jornada de trabajo, Nieto explica que a una oficina como la suya puede llegar “un empleado despedido de Telefónica, un maestro interino, un camarero eventual o un jornalero”. Pero también llega “gente mayor que no sabe hacer un trámite así en internet o migrantes que no dominan el idioma”, y que dependen de esa ayuda para comer. Y pone un ejemplo: “Si alguien llega hoy, su solicitud se procesa el 19 de junio, pero se formaliza el 3 de julio y el ingreso le llegará el 10 de agosto. En muchos casos es gente que vive al día y necesita ese dinero para vivir y, si no se atienden esos casos, lo estarán pasando muy mal hasta septiembre. No puedo mandarlos a casa cuando no hay nadie en la oficina”.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan a EL PAÍS que el expediente abierto no se limita “a la cuestión planteada”, es decir, a la atención sin cita previa. “Concurren múltiples motivos que, por razones de confidencialidad y respeto a todas las garantías del procedimiento, no se pueden hacer públicos”, asegura.

Sin embargo, en el expediente sancionador consultado por este periódico no hay referencia alguna a otras cuestiones y se centra en denunciar que el trabajador “omite las indicaciones” de su superiora, “compromete a las compañeras” y es “discriminatorio” hacia quienes sí han solicitado cita previa.

“No es cierto que haya otros asuntos”, insiste Juan Carlos vía telefónica desde Mérida, abrumado por la respuesta social, pero también asustado con la posibilidad de pasar seis meses sin cobrar y con un hijo adolescente. El asunto incluso ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha pedido explicaciones al Ministerio de Trabajo mientras recordaba “que en los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Nieto entiende que es “lógico y normal” que exista la cita previa para ordenar la atención y evitar esperas. Sin embargo, cerca de un 30% de las personas no acude a la cita y, en otros casos, el trámite se resuelve en pocos minutos. “Por lo que hay muchos momentos en los que no hay nadie en la oficina y yo no puedo mandar a casa a alguien porque el sistema no le ha dado hora”.

Desde luego, el funcionario rebelde no se ha convertido en la persona más querida de la oficina al ver cómo exige eficientar el trabajo con mejoras tan sencillas como que “las máquinas que distribuyen los turnos se adapten también a la gente que no tiene cita cuando hay huecos libres”.

Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el viernes en Mérida (Badajoz) jorge armestar

El caso de Nieto tiene similitudes con el camino emprendido por anónimos testarudos que lograron importantes cambios en el día a día de mucha gente. Como Carlos San Juan, un médico jubilado de Valencia que puso en marcha la campaña “Soy mayor, no idiota”, con la que obligó a los bancos a no cobrar comisiones por atender en ventanilla a los mayores de 65 años. O Anna González, que después del atropello de su marido cuando iba en bicicleta logró una reforma en el Código Penal que agrava la pena en caso de abandono del lugar del accidente. O Cristina Arce, la madre que logró reunir miles de firmas y endurecer la Ley de Espectáculos en Madrid tras el fallecimiento de su hija. En esta ocasión, una semilla surge en una oficina pública extremeña para facilitar la vida a los ciudadanos.

La sanción de la Inspección de Servicios a Juan Carlos Nieto tendrá que ser ratificada por la Subdirección General de Recursos y Organización, el órgano encargado de estudiar las presuntas irregularidades.

En cuanto a la calidad del servicio, Trabajo asegura que en su oficina no hay retraso en las citas y tampoco a la hora de reconocer las prestaciones. “En caso de que puntualmente hubiera demoras, la simple solicitud de la cita sirve como justificante de que la persona usuaria ha iniciado la tramitación de la prestación y, por tanto, no computaría a efectos de plazos”, señalan fuentes del ministerio.

Sin embargo, la sanción a Nieto es un runrún que se mueve por Mérida y ha activado a sus vecinos. El miércoles, alrededor de un centenar de personas se concentraron ante la oficina del SEPE de Mérida. Aquel día Nieto salió durante su media hora de descanso y les agradeció el apoyo: “No pido caridad ni compasión. Es, simplemente, hacer el trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros también pagáis con vuestros impuestos. Mi obligación era atender a quien tenía delante cuando había tiempo para hacerlo”, les dijo.

Pilar Ortega (COSITAL): "La reforma de los habilitados nacionales pone en riesgo la garantía contra el caciquismo y la corrupción municipal"

"Romper el carácter nacional de secretarios, habilitados y tesoreros de la Administración Local vulnera la igualdad de los ciudadanos 

"El traspaso de competencias a Cataluña no es una vuelta al origen, es 'revolver' para desestabilizar a los entes locales"

"El precedente vasco supuso cinco años de parálisis total y cero nombramientos tras ceder las competencias de selección"

Revista de prensa. El Economista.es El pasado martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Real Decreto-ley que modificará la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para "devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y procesos de selección de los habilitados nacionales".

Con esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes.

Se trata de una competencia traspasada a Euskadi en el año 2022 y que todas las Comunidades Autónomas tuvieron entre 2007 y 2013, pero que hubo de revertirse al desincentivar el atractivo para los posibles aspirantes a secretarios, interventores y tesoreros de municipios y diputaciones.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) se opone a la cesión de las competencias sobre los habilitados nacionales a la Generalitat de Cataluña.

Hablamos con Pilar Ortega, presidenta del COSITAL

¿Qué consecuencias pueden derivarse de esta reforma en el futuro?

La selección autonómica de funcionarios con habilitación ya se ha realizado y no va a suponer una mejora en la preparación técnica ni en la cobertura de plazas. Al contrario, la regulación conjunta y los concursos a nivel estatal hacen la escala más atractiva; fragmentarla reduce el número de aspirantes y la competencia, lo que previsiblemente resultaría en una reducción del número de aprobados, que además podrían ir a otros territorios a desempeñar sus funciones. Si la solución aprobada no da el resultado esperado, el siguiente paso podría ser la eliminación de la habilitación nacional en Cataluña, con cambio radical en su programa de estudios. Esto convertiría a los funcionarios, secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos y diputaciones en una subescala autonómica, rompiendo su régimen jurídico único y haciendo desaparecer el carácter nacional de la escala. Es importante tener en cuenta que la selección estatal de estos funcionarios no responde a un principio de centralismo político, sino de igualdad jurídica. La lógica es que, si existe un cuerpo básico de normas y derechos que debe aplicarse en todos los entes locales, es necesario un cuerpo de funcionarios con un temario, preparación y procedimiento selectivo común para garantizar esa aplicación homogénea.

¿Qué funciones son las que desempeñan los habilitados nacionales?

Las funciones reservadas a los Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional (FALHN) son una pieza esencial para el funcionamiento de los entes locales y abarcan áreas críticas de legalidad y economía. Sus tareas no son meramente administrativas, sino que actúan como garantía de legalidad y eficiencia económica. Estas funciones van desde la Fe Pública, que supone la certificación de los actos y acuerdos de los órganos municipales. También, la garantía de que las decisiones que se adoptan en esta instituciones se ajustan a la normativa vigente. Y no menos importante, es el control de la gestión económico-financiera, la contabilidad y el manejo de los fondos públicos y recaudación.

¿Cuál es la razón de que exista una habilitación nacional si se trabaja para municipios y diputaciones?

Estas funciones se establecieron originalmente en el Estatuto Municipal de 1924 para sustraer la gestión local del caciquismo y la corrupción y del vendaval político, buscando la depuración de la burocracia municipal. La reforma de los habilitados nacionales pone en riesgo la garantía contra el caciquismo y la corrupción municipal establecida en 1924. Además, al ser desempeñadas estas funciones por funcionarios con una habilitación única estatal, se asegura que los servicios públicos locales tengan la misma calidad y que la ley se aplique igual en cualquier municipio, independientemente del lugar de residencia del ciudadano. Recientemente, las funciones se han adaptado para garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigidas por la Unión Europea. Asimismo, el perfil técnico de estos funcionarios es clave para la tramitación y ejecución de financiación externa, como los fondos Next Generation.

¿Cómo afecta la función local a la igualdad ciudadana?

la función desempeñada por los Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional (FALHN) no es un mero trámite burocrático, sino el mecanismo esencial que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, independientemente de su lugar de residencia. La presencia de estos funcionarios asegura que la normativa se aplique de la misma manera en cualquier municipio de España. Esto incluye tanto las reglas para la adopción de acuerdos políticos como las que regulan las condiciones de los servicios. Al existir un cuerpo de funcionarios con formación y selección común, se garantiza que los ciudadanos reciban igual trato administrativo, evitando que la interpretación de la ley varíe arbitrariamente según el territorio. Las funciones de control y fe pública están vinculadas directamente al buen funcionamiento de los servicios públicos locales. La Ley de Bases estableció un conjunto de servicios mínimos obligatorios para todos los entes locales. Estos funcionarios son los encargados de asegurar que esos servicios se presten, haciendo realidad el mandato del artículo 14 de la Constitución Española, sobre la igualdad ante la ley sin discriminación por lugar de nacimiento o residencia. Gracias a esta labor, los servicios locales obtienen mejores valoraciones de calidad por parte de los ciudadanos que los estatales o autonómicos.

¿Existe una gran necesidad de cubrir puestos vacantes en municipios y diputaciones?

El porcentaje de vacantes del colectivo de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional (FALHN) se sitúa en torno al 50%, lo que implica que aproximadamente la otra mitad de los puestos, mayoritariamente en entornos rurales de reducida dimensión, se encuentran vacantes. Esta situación es el reto cuantitativo más preocupante en este momento, ya que incide negativamente en el funcionamiento ordinario de los entes locales y en la prestación de servicios a los ciudadanos.

¿Qué conclusiones se pueden sacar el precedente del País Vasco?

La modificación normativa en el País Vasco abrió una espita de recursos judiciales que ha conseguido la paralización total y absoluta de la oferta de empleo público en esa comunidad. Casi cinco años después del traspaso, y tras múltiples recursos y sentencias, no se ha producido ningún nombramiento de nuevos funcionarios en ejercicio de esas competencias, ni siquiera se ha podido crear una bolsa de empleo temporal. Ahora, se prevé que la nueva reforma aprobada por Real Decreto Ley siga el mismo camino de impugnación judicial por parte del Consejo de Colegios profesionales (COSITAL), lo que augura un escenario de litigios y bloqueo similar.

¿Consideran que empeorará la cobertura de vacantes?

Resulta paradójico que la reforma, cuyo objetivo teórico es cubrir vacantes, empeorará la situación tanto en Cataluña como en el resto del territorio nacional. Durante el periodo en el que las Comunidades tuvieron la competencia para la selección de habilitados, ofertaron muchas menos plazas que el Estado en plazos similares, un total de 956 frente a las más de 4.000 del Estado en los años siguientes a la recuperación de la competencia. También, se disolvieron los grupos de opositores al desaparecer la periodicidad y unidad de los temarios, lo que provocó que los aspirantes perdieran interés. Específicamente en Cataluña, durante esos años no solo no se atendieron las necesidades, sino que se incrementaron las vacantes. De las plazas que convocó Cataluña, solo cubrió el 63,13%, y un tercio de los aprobados finalmente no ejercieron allí.

¿Hay riesgos de que estas medidas vulneren la Constitución?

La reforma podría vulnerar la Constitución. El Tribunal Constitucional considera regulación básica la existencia de una Escala de funcionarios con habilitación nacional. Si la selección y provisión se fragmentan y regionalizan, y los requisitos de acceso no guardan identidad, la norma vulneraría ese carácter básico y no encontraría amparo en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

¿Funciona el sistema público de prevención del blanqueo de capitales?

"El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno la conveniencia de establecer las vías necesarias para comunicar los resultados alcanzados en materia de prevención de blanqueo a las Cortes Generales y al SEPBLAC aumentar el conocimiento y aplicación del enfoque de riesgo en todas las categorías de sujetos obligados"

 Por Antonio Arias.- Fiscalizacíón.es blog.-  El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es el proceso mediante el cual los delincuentes ocultan el origen ilícito de activos financieros para que parezcan provenir de fuentes legítimas. Permite a las organizaciones criminales integrar «dinero negro» en la economía legal sin levantar sospechas.

Durante las últimas semanas hemos conocido tal cúmulo de noticias y diligencias policiales o judiciales que se ha vuelto a poner de actualidad el término, pues afectan a altos cargos del Partido Socialista, así como a empresarios vinculados así como el escándalo del rescate a la compañía aérea Plus Ultra, que facilitó la entrada en Europa y EEUU de capital limpio, lo que ocasionó la intervención de las fiscalías anticorrupción de España, de Francia, Suiza o EEUU. Un asunto que, hasta ahora, era exclusivo de algunos estados latinoamericanos, y que hizo saltar todas las alarmas.

La debilidad legislativa o presupuestaria que enfrenta el Gobierno de la Nación no es una simple cuestión estética, pues España se desliza por el camino de las multas de la Comisión Europea al no transponer aun la nueva directiva europea contra el blanqueo de capitales. Algún medio añade al escenario la tensión interna entre el Banco de España, y el ministerio de Economía por el control del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Además, estos días conocíamos la preocupación de los notarios por el anteproyecto de Ley de Integridad Pública que impulsa el ministro de Justicia que permitirá sustituir la escritura pública ante notario por un documento privado electrónico con firma digital para inscribirse en el Registro Mercantil con efectos constitutivos. Sin embargo, el documento privado con firma electrónica no aporta seguridad, ni siquiera la de la identidad del firmante. Así avisa el fedatario barcelonés, Pedro Rincón: “El sistema permitiría que un hijo pudiera usar el certificado de firma electrónica de la madre, por ejemplo, y vender sus participaciones. Es obvio que no es una buena idea y la normativa europea no ampara estos disparates”. En fin, éramos pocos y pario la güela. La sociedad civil española debe debe tomarse en serio este importante debate.

Así parece entenderlo el Tribunal de Cuentas de España, que acaba de aprobar el informe de fiscalización de la implementación de la política de prevención de blanqueo de capitales derivada de la normativa de la Unión Europea, realizado de forma paralela junto a las entidades fiscalizadoras superiores de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre. 

La fiscalización analiza el funcionamiento entre 2020 y 2024 del sistema español de prevención del blanqueo de capitales en relación con la actuación de los actores públicos responsables de la supervisión, coordinación e inteligencia financiera. 

El Tribunal concluye que España ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, la valoración global señala que “no se ha definido una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo” que incluya objetivos específicos e indicadores para valorar la eficacia de las medidas adoptadas y la contribución de los distintos operadores del sistema. 

Para los muy cafeteros, recomendamos la lectura de las conclusiones donde se advierte de que “existe una dificultad real en la valoración del impacto del esquema preventivo” porque no se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida”. Por ello, la fiscalización recomienda desarrollar un sistema propio de medición de resultados.

El Tribunal de Cuentas destaca el papel altamente especializado del SEPBLAC como autoridad de supervisión y de unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, el informe señala que el actual sistema de provisión de recursos al SEPBLAC no da una respuesta ágil y recomienda reforzar los medios humanos, tecnológicos y financieros del organismo para afrontar los retos estratégicos del sistema preventivo. 

Además, el sistema español de prevención del blanqueo de capitales se apoya en la colaboración de más de 27.000 sujetos obligados del ámbito privado, entre ellos entidades financieras, proveedores de servicios de cripto, abogados, notarios, inmobiliarias y joyerías que deben vigilar, comunicar y abstenerse de participar en operaciones sospechosas. 

El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno la conveniencia de establecer las vías necesarias para comunicar los resultados alcanzados en materia de prevención de blanqueo a las Cortes Generales y al SEPBLAC aumentar el conocimiento y aplicación del enfoque de riesgo en todas las categorías de sujetos obligados.