La Navaja Suiza de la Gestión Pública: Elogio de la polivalencia estratégica

"En un mundo turbulento, la especialización extrema es fragilidad (si cambia el contexto, tu especialidad no sirve). La polivalencia es robustez"

Por Carles Ramió –esPúblicoblog.- Si observamos el organigrama de cualquier administración pública, veremos una herencia del siglo XIX: divisiones verticales, estancas y especializadas. Aquí está Economía, allí está Medio Ambiente, y más allá Asuntos Sociales. Cuando surge un problema, lo clasificamos en una de estas cajas y aplicamos una solución «monocromática». Si el problema es de desempleo, aplicamos un subsidio (solución económica). Si el problema es de contaminación, aplicamos una multa (solución ambiental).

Pero la realidad, obstinada y rebelde, no entiende de organigramas. Los problemas públicos contemporáneos suelen ser híbridos. La polivalencia estratégica es la respuesta a esta complejidad: la capacidad de diseñar herramientas de gestión que, como una navaja suiza, sirvan para apretar un tornillo económico, cortar un nudo social y limar una aspereza ambiental, todo al mismo tiempo. La polivalencia estratégica nos invita a superar la miopía disciplinar. En un entorno de turbulencia, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar recursos lanzando una política pública que solo sirva para una cosa. Hay, por tanto, que diseñar respuestas que integren perspectivas diversas desde el minuto cero. No se trata de que el departamento de Economía lance un plan y luego Medio Ambiente le ponga pegas. Se trata de que la medida se conciba para maximizar el valor en ambas dimensiones simultáneamente.

Imaginemos un plan de ayudas ante una crisis. Enfoque tradicional: Repartir dinero para reactivar el consumo. Enfoque polivalente: Repartir dinero condicionado a la rehabilitación energética de viviendas. Con el segundo enfoque, atendemos la urgencia económica (corto plazo), mejoramos la eficiencia energética (medio ambiente) y reducimos la factura de la luz de las familias vulnerables (social). Hemos convertido un gasto en una inversión triple.

Esta estrategia tiene también una dimensión temporal fascinante que conecta la táctica (lo urgente) con la estrategia (lo importante). A menudo, la Administración apaga fuegos (táctica) y olvida investigar quién los provocó (estrategia). La polivalencia estratégica exige que la respuesta inmediata sirva para construir el futuro. Otro ejemplo: si atendemos a ciudadanos en una crisis económica, estamos generando una mina de oro de datos. Si diseñamos el proceso con polivalencia, esos datos no morirán en un expediente de «prestación concedida». Esos datos servirán para trazar el mapa de la vulnerabilidad en el territorio, para diseñar futuras políticas educativas o sanitarias. Es la eficiencia llevada al extremo: el mismo acto administrativo cura la herida hoy y previene la enfermedad mañana.

Por otra parte, tradicionalmente, pensamos que para coordinarnos necesitamos «consenso explícito»: todos debemos pensar igual y querer lo mismo. La polivalencia estratégica nos dice que no. Podemos diseñar una política que sea interpretada de forma distinta por diferentes audiencias, y que aun así funcione: una misma partitura que suena bien tanto para el inversor capitalista como para el activista ecológico. El inversor apoya la medida porque reduce riesgos y asegura rentabilidad a largo plazo. El activista la apoya porque protege el planeta. El gestor público la apoya porque garantiza paz social. No necesitan estar de acuerdo en los «motivos» últimos; solo necesitan estar de acuerdo en la «acción» concreta. La polivalencia estratégica permite construir coaliciones improbables, uniendo a actores que normalmente no se hablarían, bajo el paraguas de una solución que satisface sus diferentes lógicas.

La polivalencia estratégica nos exige un nuevo perfil de directivo público. Ya no buscamos al especialista ultra-focalizado que sabe todo sobre nada. Buscamos al gestor «políglota», capaz de hablar el idioma de la eficiencia económica, el de la justicia social y el de la sostenibilidad ambiental, y traducirlos en una única política pública. En un mundo turbulento, la especialización extrema es fragilidad (si cambia el contexto, tu especialidad no sirve). La polivalencia es robustez. Es la capacidad de tener siempre una herramienta a mano que, aunque diseñada para otra cosa, nos sirva para sobrevivir al nuevo reto que acaba de aparecer en el horizonte.

Prohibición de contratar con la Administración impuesta como sanción por incumplimientos de la legislación de defensa de competencia

Por Carlos Padrós. esPúblico blog.- - La LCSP prevé en su art.71.1 una notable panoplia de supuestos en los que se puede imponer a un operador económico la penalidad de la prohibición de contratar con la Administración pública.  En nuestro caso, resulta de interés la dicción de la letra b) de dicho precepto legal que la contempla para empresas sobre las que se haya impuesto sanción firme por «infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia (…)».   La apreciación de la prohibición de contratar corresponde al propio órgano de contratación en los términos (alcance y duración) que haya previsto la sentencia o resolución administrativa.

Esta previsión proviene directamente de los considerandos de la Directiva europea sobre contratación pública (Dir. 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), cuya trasposición al ordenamiento español efectúa precisamente la LCSP y que relaciona la exclusión con la falta de fiabilidad e integridad en asuntos varios como la normativa ambiental, la social, la de propiedad intelectual o la propia de la defensa de la libre competencia y el mercado.  La integridad del mercado es un bien público que merece protección y su vulneración convierte al licitador en no apto para ser adjudicatario de un contrato público.

De este modo, aunque no directamente prevista en la ley especial (Ley 15/2007, de 3 de julio), la prohibición para contratar se erige como una medida sancionadora que puede imponerse por las autoridades administrativas de defensa de la competencia (CNMC en el caso del Estado o sus equivalentes de las CCAA).

El TS ya había tenido ocasión de respaldar esta sanción autónoma en su sentencia de 16 de diciembre de 2025 (recurso de casación 9091/2022) cuyo interés casacional se centraba en determinar la autoridad competente para fijar la misma. Según la doctrina TS: «En primer término, la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia no se configura en nuestro ordenamiento como una sanción accesoria integrada en el régimen sancionador de la Ley de Defensa de la Competencia, sino como una consecuencia legal propia del Derecho de la contratación pública, expresamente prevista en el artículo 71.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público. Es esta norma – y no la legislación sectorial de competencia- la que define el presupuesto habilitante de la prohibición, determina su duración máxima y regula el modo en que debe desplegar sus efectos. Desde esta perspectiva, la resolución sancionadora por falseamiento de la competencia constituye el presupuesto para la aplicación de una consecuencia jurídica que nace directamente de la ley.

Conviene precisar, en este punto, que la prohibición de contratar no nace de un acto constitutivo de la autoridad administrativa, sino que se produce ope legis, por ministerio del artículo 71.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público una vez concurre el presupuesto habilitante consistente en la imposición firme de una sanción por falseamiento de la competencia, siendo objeto de intervención administrativa únicamente la determinación de su alcance y duración en los términos previstos en el artículo 72 del mismo texto legal.

Precisamente por ello, la exigencia de cobertura legal que deriva del principio de legalidad, en cuanto acto que restringe legítimas expectativas, se satisface plenamente en la Ley de Contratos del Sector Público, sin que sea necesario reproducir la habilitación para concretar la prohibición en la normativa sectorial de defensa de la competencia. El principio de legalidad no exige que todas las consecuencias derivadas de una infracción se establezcan en la misma norma que tipifica la conducta. Por esta razón, el legislador puede regular otras consecuencias en disposiciones distintas, como sucede en este caso en el que se prevé la prohibición de contratar en la legislación específica que regula el ámbito material sobre el que dichas consecuencias se proyectan» (FJ 5º)

La sentencia reafirma la línea jurisprudencial consolidada de la Sala (SSTS 3366/2021, de 14 de septiembre (rec. 6372/2020) ECLI:ES:TS:2021:3366); 1146/2022, de 23 de marzo (rec. 7454/2020); ECLI:ES:TS:2022:1146) y 1259/2022, de 28 de marzo (rec. 1758/2020); ECLI:ES:TS:2022:1259) que afirma que la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público no constituye una sanción autónoma, sino una consecuencia legal anudada ex lege a la imposición firme de una sanción grave en materia de competencia. Por ello el artículo 72 LCSP articula un sistema en el que el alcance y la duración de la prohibición pueden quedar determinados en la propia resolución sancionadora, quedando reservado el procedimiento previsto en el artículo 72.3 para los supuestos en que tal pronunciamiento no exista.

En el expediente sancionador 102/2018 la Autoridad catalana de la competencia sancionó a un operador de transportes que había presentado una proposición de cobertura a un concurso público. Se trata de la licitación del servicio de transporte interurbano de pasajeros entre Barcelona y el Aeropuerto de El Prat. La resolución está disponible para su consulta en https://acco.gencat.cat/ca/actuacions/activitat_sancionadora/resolucions/

La cuestión es que la empresa primera investigada y después sancionada presentó una oferta de cobertura. Las ofertas de cobertura en el ámbito de la contratación pública son las presentadas por licitadores que previamente han concertado entre ellos los precios ofertados de manera que bajo la apariencia de competencia efectiva lo que en realidad se produce son ofertas más altas para favorecer al operador pactado como ganador. En otras palabras, se acuerdan presentar varias ofertas económicas y se acuerda que unas sean más altas para simular competencia.

La resolución de la autoridad catalana de la competencia constata estos hechos y se impone una sanción económica de 478.395 euros y una prohibición de contratar (en realidad de concursar) en las futuras licitaciones convocadas por el Área Metropolitana de Barcelona relativas al transporte de viajeros por carretera.  La prohibición impuesta tendrá una duración de 18 meses.

La empresa sancionada recurre ante la JCA la resolución administrativa y se dicta la STSJCat de 19 de diciembre de 2022 (rec. 169/2020. ECLI:TS:TSJCAT:2022:11622). Después del proceso, el Tribunal falla estimar parcialmente el recurso interpuesto y anular la resolución por no ser conforme a Derecho.  Se rebaja la sanción económica a la mitad (ahora 239.197 euros) y la duración de la prohibición para contratar de 18 a 6 meses.  Llama poderosamente la atención la escasa atención que se dedica a la cuestión de la prohibición de contratar que la sentencia ventila con un lacónico: «Por respeto al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta los criterios acogidos para imponer la sanción, el Tribunal entiende que debe rebajar la misma a 6 meses».

La resolución del TSJCat es objeto de recurso de casación por ambas partes y que concluye ahora con la STS de 18 de febrero de 2026 (Recurso 2042/2023. ECLI:ES:TS:2026:783).  La sentencia desestima la casación de la empresa sancionada, pero admite el de la Generalitat de Cataluña con el interés casacional de determinar si son aplicables a las prohibiciones de contratar ex lege los mismos criterios de graduación del derecho sancionador e incluso del art. 64 de la Ley de Defensa de la Competencia.

La sentencia del Tribunal Superior rebajó la sanción en un 50%. La duración temporal de la prohibición de contratar en más de dos tercios de forma inmotivada más que en proporción la una de la otra. Para el TS, cada medida aflictiva responde a una finalidad distinta: «la imposición de la medida restrictiva de prohibición de contratar obedece a la preservación de determinados intereses públicos, vinculados, singularmente, a garantizar que los procedimientos de adjudicación de un contrato público se ajusten a los principios de transparencia, igualdad de trato y eficiencia, en aras de garantizar la adecuada administración de los fondos públicos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios públicos, y tiene como finalidad específica excluir precautoriamente de los procedimientos de contratación pública a aquellos operadores económicos que hubieren incurrido en conductas que revelen graves irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones contraídas concernientes a la observancia del ordenamiento jurídico y a las exigencias derivadas de la ética y la buena fe empresarial, así como la responsabilidad corporativa en las relaciones con las Administraciones Públicas contratantes.

Por ello, sostenemos que la autoridad de competencia estatal o autonómica o las autoridades gubernativas, a quienes compete, en los términos del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prerrogativa de imponer la medida de la prohibición de contratar, para velar por la satisfacción de los intereses públicos que hemos expuesto, pueden modular, conforme al deber de buena administración, el alcance y la duración de dicha prohibición, tomando en debida consideración la aplicación del principio de proporcionalidad (…)» (FJ 3º).

Si las finalidades de la sanción económica y la prohibición de contratar son distintas al proteger bienes jurídicos también distintos, resultará exigible un razonamiento separado. Para la imposición de la sanción económica, se pueden utilizar los principios generales de la potestad administrativa sancionadora (legalidad; no retroactividad; tipicidad; responsabilidad y proporcionalidad). Estos mismos principios no pueden aplicarse por analogía a consecuencias de distinta naturaleza (prohibición de contratar). Específicamente para el derecho de la competencia parece que deberían tenerse en cuenta otros elementos (art. 64 LDC): dimensión y características del mercado afectado por la infracción; cuota de mercado de la empresa o empresas responsables; alcance y duración de la infracción; daños sobre derechos e intereses de otros (consumidores o competidores) o incluso el monto de los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.

Pero el TS no respalda tampoco plenamente esta segunda opción (que haría prevalecer la lex especialis). En vez de ello, reconoce la especificidad de la prohibición de contratar producto de una infracción de competencia: «deben tener(se) en cuenta todas aquellas circunstancias que concurran, en relación con la existencia de manifiesta mala fe del operador económico, derivada de su conducta de falseamiento de la competencia en el procedimiento de licitación precedente que fue objeto de reproche penal o administrativo, así como el carácter deliberado de dicha conducta, a los efectos de determinar la idoneidad y fiabilidad para participar en una licitación pública, la estructura competitiva y las particularidades del mercado afectado por la prohibición de contratar, para poder valorar la viabilidad de la medida, atendiendo a la periodicidad de las licitaciones y la duración de los contratos públicos, y el ámbito geográfico donde se despliega la prohibición, y los efectos reales que se pueden producir respecto de la preservación de los principios de transparencia, igualdad de trato y eficiencia, y, también, la gravedad y la duración de la infracción cometida que determinó la imposición de la sanción y la participación».

En definitiva, «Las autoridades de defensa de la competencia, a nivel estatal o autonómico, y las autoridades gubernativas competentes para imponer la medida restrictiva consistente en la prohibición de contratar, cuya regulación se contiene en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deben aplicar el principio de proporcionalidad a los efectos de determinar el alcance y la duración de la prohibición de contratar, tomando en consideración las circunstancias concurrentes, y, particularmente, la mala fe del operador económico, la estructura competitiva del mercado afectado por la prohibición de contratar, la viabilidad de las eventuales licitaciones, atendiendo a los efectos reales de la restricción temporal a la libertad de acceso al procedimiento de adjudicación, y a la pluralidad de agentes activos en el sector de la contratación pública afectado por la prohibición de contratar, y, también, la gravedad y la duración de la infracción cometida y la participación en la misma».

Para el caso se mantiene la rebaja del 50% de la sanción económica, pero se revoca la rebaja de la prohibición de contratar que permanece en 18 meses tal y como había fijado la autoridad catalana de competencia. Para la dogmática general, resulta interesante el régimen de la prohibición de contratar como sanción diferenciada, impuesta por mandato de la Ley y cuya fijación queda sujeta a unos principios más cercanos a la lex especialis que al derecho administrativo sancionador general.

Curiosa benevolencia del Tribunal Supremo con la opacidad de la administración

 "Me parece arriesgado aceptar que una vulneración de libro, constatada, de falta de motivación y de transparencia –en cuanto la administración no facilita los ejercicios de los aprobados que se le han solicitado–, se pueda subsanar en vía contencioso-administrativa por el “pecado” del demandante..."

Por José Ramón Chaves.delaJusticia.com blog.- Partiré afirmando una obviedad, que el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad es un derecho constitucional (art. 23 CE) como también lo es el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 23 CE).

Continuaré señando que la reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa de 3 de marzo de 2026 (rec.188/2025) desde mi modesta perspectiva, hace tambalear esas columnas del templo constitucional. Mas allá del caso concreto, la doctrina aplicada me estremece.

En efecto, de las cuestiones abordadas por la citada sentencia en relación con la impugnación de la eliminación de aspirante a la Carrera Judicial por el llamado “cuarto turno”, interesa detenernos en el primer motivo de impugnación del demandante, tal y como lo resume la propia sala tercera:

En primer lugar, afirma que está incurso en la causa de nulidad de pleno Derecho contemplada en el art. 47.1.a) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, por vulnerar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24 de la Constitución). Su argumento es que no haber podido disponer de las copias de los dictámenes de los aspirantes que aprobaron la segunda prueba le ha impedido hacer la oportuna comparación y, por consiguiente, se le ha privado de un medio imprescindible para defender sus legítimos intereses. Cita varias sentencias de esta Sala (nº 709/2023, nº 710/2023 y nº 718/2023) que sientan el criterio de que quien, en un proceso selectivo, se considera perjudicado en la calificación puede pedir la comparación con los ejercicios de quienes la han superado. Añade el recurrente que ello no puede ser enervado invocando la protección de datos personales, ya que en todo caso cabría la anonimización de los dictámenes solicitados. Por lo demás, observa que la comparación con los aspirantes que superaron la segunda prueba es particularmente relevante, porque él no fue suspendido por unanimidad.

La Sala responde del siguiente modo:

No ha habido vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sencillamente porque el recurrente ha acudido sin obstáculo alguno ante esta Sala donde ha podido hacer las alegaciones y peticiones que ha tenido por pertinentes. Y si lo que quiere decir es que no haber dispuesto en vía administrativa de copia de los dictámenes de los alumnos que superaron la segunda prueba le ha mermado la posibilidad de defender sus legítimos intereses, la verdad es que ya en la vía contencioso-administrativa no lo ha solicitado al proponer medios de prueba en su escrito de demanda; algo que, sin duda, habría podido hacer. En pocas palabras, la única razón de que ahora no se pueda hacer una comparación de dictámenes es que el recurrente no lo ha pedido.

Tampoco se ha prescindido del procedimiento administrativo, ni se ha omitido ninguno de sus trámites esenciales. Ciertamente el tribunal examinador y luego el Consejo General del Poder Judicial no le proporcionaron copia de los dictámenes de los aspirantes aprobados; pero, como se acaba de ver, el recurrente no ha hecho nada para remediarlo una vez interpuesto el recurso contencioso-administrativo. Y más allá de lo atinente a las copias de los dictámenes, no cabe apreciar ninguna infracción en el procedimiento administrativo.

De ahí deriva: (i) La Sala acepta que no se facilitó por la Administración la copia de los exámenes de los competidores aprobados para compararla con el propio, siendo idéntica la prueba; (ii) esta vulneración se considera irrelevante porque el demandante no solicitó como prueba la aportación de tales ejercicios. Como el demandante no solicitó tal prueba, la sala considera que no ha podido comparar los ejercicios y por tanto desestima el recurso.

Pese a que me esfuerzo, me brotan varias preguntas que lanzo “lege ferenda” y con el puro ánimo académico de abrir debate bajo mi «sana crítica»:

1ª.- La demanda es la que debe proponer y/o aportar los medios de prueba y/o aportarlos. Pero también considero que, si el demandante no tiene a la vista los ejercicios de los aprobados, malamente puede hacer la demanda; o sea, la demanda se sostiene en lo apreciado a la vista de los exámenes, pues mala demanda seria la que se alza sobre una conjetura de lo que puede resultar de la prueba posterior sobre los exámenes que nunca tuvo a la vista. Luego lo suyo sería que el demandante hubiere solicitado que se completase el expediente al amparo del art.55 de la Ley Reguladora de lo Contencioso-administrativo, y si no lo hizo, esto es lo que puede censurársele (pero nada dice la sentencia al respecto).

2ª.- Si se constata una infracción conexa con el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, como es el derecho de transparencia y motivación y acceso a los ejercicios de los competidores aprobados, entiendo que ya existe una constatada infracción (que la propia sentencia reconoce cuando afirma literalmente que «Ciertamente el tribunal examinador y luego el CGPJ no le proporcionaron copia de los dictámenes de los aspirantes aprobados»). Por tanto, creo que ya existía motivo para estimar el recurso contencioso. El problema sería el alcance de esa estimación, en que estariamos ante el castizo “depende”.

Si la Sala NO tiene el expediente completo porque no lo pidió el demandante, y no tiene medios de prueba para resolver sobre el fondo de si fue eliminado injustamente, ante un escenario de indefensión imputable a la administración, lo suyo sería resolver declarando que no tiene elementos de juicio sobre el fondo. Por ello, lo procedente a mi juicio sería estimar parcialmente el recurso y declarar la invalidez de la resolución que desestimó el recurso de alzada frente a su exclusión de aprobados, con la consiguiente retroacción del procedimiento para que la Administración le facilitase los ejercicios y éste pudiese alegar o discutir la igualdad o arbitrariedad en la motivación. Sería un fallo estimatorio puramente formal para retrotraer, y sin prejuzgar el fondo.

Si la Sala SÍ tuviese los datos para resolver en el fondo, y solo entonces, podría estimar o desestimar el recurso sobre el fondo, valorando si los ejercicios estaban infravalorados (el del demandante) o sobrevalorados (los de los aprobados) o si había arbitrariedad. Ello sin entrar a sopesar que se trata de un ejercicio práctico de derecho (¡), y siendo la sala tercera del Tribunal Supremo formada por solventes magistrados, creo que bien podía por sí sola valorar directamente si el ejercicio del demandante era suficiente y correcto para aprobar o no (ello sin necesidad de entrar a valorar los ejercicios de los aspirantes aprobados).

3º.- Me sorprende que recaiga sobre el demandante la carga de proponer en la demanda que la administración aporte los ejercicios de los aprobados, pese a que

(i) Es la Administración la que incumple y no debe obtener beneficio de su torpeza;

(ii) Es la administración la que está en posición de demandada y la que por facilidad probatoria puede y debe en la contestación proponer y aportar los ejercicios de los aprobados, de manera que podría el demandante a la vista de los mismos, o de la negación de los hechos de la discriminación alegada, formular contraprueba frente a las “nuevas alegaciones”, art.56.4 LJCA, o ante“nuevos hechos” art.60-2 LJCA.

4º.- Y por supuesto me da lástima que la sala tercera, ante un caso de tan palmaria constatación de que la administración no aporta los ejercicios aprobados en vía administrativa cuando se le piden, y no los remite con el expediente, y en que ni el abogado del Estado alega sobre ellos ni los aporta como prueba con la contestación, habría razones suficientes para acordar de oficio la diligencia final probatoria por la propia Sala, para solicitar la remisión de tales ejercicios de los aprobados, con alegaciones posteriores de las partes y luego resolver.

5º.- Finalmente, también me sorprende que admitiendo la Sala que existe “la irregularidad” de no haber facilitado en vía administrativa los ejercicios de los aprobados, se impongan las costas al demandante. ¿Acaso no albergaba el demandante serias dudas de derecho ni de hecho sobre su aprobado, que no pudo aclarar porque la administración no le facilitó los ejercicios de los aprobados?

En fin, que me parece arriesgado aceptar que una vulneración de libro, constatada, de falta de motivación y de transparencia –en cuanto la administración no facilita los ejercicios de los aprobados que se le han solicitado–, se pueda subsanar en vía contencioso-administrativa por el “pecado” del demandante (que es la víctima, no lo olvidemos) consistente en no haber solicitado por tercera vez la prueba de que se faciliten los ejercicios de los aprobados. No quiero imaginar si tal doctrina la aplicamos a un procedimiento de adjudicación de subvenciones o contratos en que la administración no facilite nada del fundamento de los beneficiarios para que pueda el recurrente comparar y recurrir.

Pero bueno, posiblemente lo que digo son delirios de jurista cansado y quizá hay buenas razones para demostrar que estoy equivocad, pero me cuesta percibirlas (quizá parafraseando o manipulando la conocida frase de Blaise Pascal «La razón tiene razones que el corazón no entiende»).

Alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

"En la Memoria de 2025 (páginas 590, 591 y 595, enlace), también se denuncian las inaceptables dilaciones procesales que se producen en la lucha contra la corrupción"  

Por mablanescliment.- En la página web de la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda se ha publicado el trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (enlace)  para que la ciudadanía pueda presentar observaciones hasta el próximo día 2/3/2026, dirigiéndolas al siguiente correo electrónico:  produccionnormativa@hacienda.gob.es

MEDIDAS INSUFICIENTES

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública NO CONTEMPLA las medidas propuestas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Memoria de la Fiscalía General 2022, Ejercicio 2021, página 597, enlace), a saber:

Necesidad de seguir profundizando en las políticas preventivas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público.

El Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que se encuentra en tramitación por el Gobierno, no aborda las principales medidas que son necesarias adoptar para facilitar el acceso rápido y efectivo a la información pública (Ver las alegaciones presentadas en este enlace). 

Una más rigurosa regulación de las llamadas “puertas giratorias” y de los lobbies.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública no hace ninguna referencia a ambos temas.

El refuerzo de la meritocracia

El Anteproyecto de Ley Orgánica no aborda este grave problema existente en todas las entidades públicas.

Los principales puestos de control y de responsabilidad en todas las entidades públicas estatales, autonómicas y locales, que son quienes deben de adoptar medidas para prevenir y evitar la corrupción, se cubren por el sistema de libre designación, en lugar de por el concurso de méritos. La autoridad política coloca a personas afines al partido político de turno o a personas de confianza en esos puestos para que “miren para otro lado”. Esos puestos son los que tienen las mejores retribuciones. El funcionario no puede controlar a la autoridad política que le pone y le quita el sueldo libremente. De esta forma, se desactivan los controles previos.

Los puestos de secretarios, interventores, coordinadores, gerentes, directores o jefes de servicios son elegidos libremente por los partidos que ganan las elecciones. No se aplica el concurso de méritos para elegir a los más preparados e independientes, que puedan elaborar informes de reparo o paralizar las actuaciones corruptas o fraudulentas desde los momentos iniciales.

Al frente de los organismos, entidades o empresas públicas se puede colocar a personas que no tienen ningún mérito ni experiencia.

Tampoco se limita el número de asesores de confianza que pueden nombrar las autoridades políticas sin necesidad tampoco de acreditar ninguna experiencia ni méritos, de manera que se crea una estructura de personal paralela, que desplaza y actúa al margen de los funcionarios de carrera independientes, que aprobaron sus oposiciones y que tienen méritos acreditados.

Una vez “colonizada” una institución con nombramientos libres de directivos, asesores y funcionarios en puestos de responsabilidad, esa institución es capturada por los partidos políticos y deja de cumplir todo el entramado normativo existente que no sirve para nada.

No se aborda la ineludible necesidad de regular la profesionalización de la función directiva pública para que al frente de los organismos, entidades o empresas públicas y en los puestos de mayor responsabilidad, puedan optar, mediante concurso de méritos, las personas con mayor experiencia profesional y las más preparadas.

En el artículo 35.1 de la Ley Orgánica de Integridad Pública se indica que el Presidente de la Agencia Independiente de Integridad Pública será nombrado por un periodo de 6 años no renovable, “previo proceso selectivo de concurrencia competitiva”. No queda claro si será una valoración de méritos o una mera entrevista, ni el grado de valoración de cada fase.

Se propone cambiar la redacción para introducir un sistema de selección más garantista: “previo concurso de méritos con arreglo a un baremo previamente aprobado y publicado”.

La generalización del principio de objetividad en la toma de decisiones por los servidores públicos.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública no se refiere en absoluto a las causas de abstención y recusación de las autoridades y funcionarios públicos para mejorar su deficiente regulación actual y evitar los conflictos de intereses, tan frecuentes en la práctica administrativa y que restan de objetividad a la actuación de las instituciones públicas.

La mejora de los mecanismos de control de las administraciones regionales y locales y de los sistemas de contratación pública.

Estos mecanismos de control no se contemplan en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.

Por ejemplo, el Considerando nº 122 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, dispone lo siguiente:

“los ciudadanos, las partes interesadas, organizadas o no, y otras personas y organismos que no tienen acceso a los procedimientos de recurso con arreglo a la Directiva 89/665/CEE sí tienen un interés legítimo, en tanto que contribuyentes, en procedimientos adecuados de contratación. Por consiguiente, debe brindárseles la posibilidad, de un modo distinto al del sistema de recurso contemplado en la Directiva 89/665/CEE, y sin que ello implique necesariamente que se les conceda legitimación ante los órganos jurisdiccionales, de señalar posibles infracciones de la presente Directiva a la autoridad o la estructura competente“.

Lamentablemente, ni la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ni el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad, han desarrollado esta legitimación de los ciudadanos para denunciar infracciones y, en su caso, ejercer acciones legales que dificulten la corrupción, tanto en la fase de preparación y adjudicación de los contratos, como en la fase de ejecución y cumplimiento de los mismos, donde se producen muchos fraudes.

La contratación pública no puede seguir siendo solo un coto cerrado entre una entidad pública y los licitadores. Es necesario reconocer una acción pública en el ámbito de la contratación.

Ni la referida Ley de Contratos del Sector Público ni el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad pública, contemplan la publicación activa de estos otros documentos que son muy importantes:

a) un informe-resumen final económico con detalle del precio de adjudicación y coste final del contrato, con sus respectivas modificaciones y revisiones de precios incluidas con el objeto de facilitar el control de las indeseables desviaciones económicas;

b) los informes emitidos en el expediente de contratación por los servicios jurídicos (secretarios generales, abogacía, et.), técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.) y económicos (intervención), al menos, respecto a los contratos de mayor importancia económica respecto a cada entidad pública.

c) las sanciones o penalidades impuestas por el órgano de contratación;

d) el listado de facturas fiscalizadas y contabilizadas, al menos, las superiores a 5.000 euros -importe relativo a los contratos menores pagados con anticipos de caja fija excluidos de publicidad activa- , con detalle de su estado de cobro.

MEDIDAS INNECESARIAS

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que, en mi opinión, es innecesaria, porque solo podría actuar mientras no existiera una investigación judicial, y ese campo estaría mejor cubierto si se potenciara el número y la independencia de los servicios de intervención internos de las entidades públicas, quienes pueden actuar a tiempo, de forma preventiva, antes de que la corrupción y el fraude se produzca. La Agencia siempre intervendría cuando ya se ha producido, cuando ya es demasiado tarde.

NO HACE FALTA CREAR INSTITUCIONES NUEVAS, sino reforzar las ya existentes y solucionar los problemas denunciados reiteradamente, que no aborda el referido Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, a saber:

-Escasez de plantilla en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

-Por ejemplo, en Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 (páginas 567 y 571, enlace), se advierte lo siguiente en relación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada:

“(…) Como vengo repitiendo cada año, la plantilla es, a todas luces, insuficiente (…) en el año 2024 la plantilla de la Fiscalía Especial estaba integrada por los siguientes efectivos (…) total 131 (…)”.

Es evidente que 131 personas son muy pocas para luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada.

Inaceptables retrasos procesales en la lucha contra la corrupción

En la referida Memoria de 2025 (páginas 590, 591 y 595, enlace), también se denuncian las inaceptables dilaciones procesales que se producen en la lucha contra la corrupción.  

«La demora que sufren estos procedimientos durante su fase de investigación e instrucción es una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia, como ha advertido la Sala Segunda del TS en un buen número de sentencias (SS. 990/2013, de 30 de diciembre –caso Hacienda– y 277/2015, de 3 de junio –caso Cooperación– entre otras).

Algunas de las razones que explican las dilaciones que se producen en estas causas se hallan en la multiparcialidad (de investigados, perjudicados y acciones populares), la conexidad, los aforamientos y otros privilegios procesales, el recurso a la cooperación internacional, la necesidad de elaborar complejas periciales económicas y, sobre todo, en un marco procesal inadecuado, en el que las estrategias dilatorias de los investigados encuentran terreno abonado al amparo de un sistema de recursos sobredimensionado.

Todo ello provoca consecuencias indeseables, entre otras, dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito, la prescripción del delito, la casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, la exposición pública de los investigados, sometidos a frecuentes juicios paralelos que dañan su presunción de inocencia y, sobre todo, la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente (…)

En todo caso, lo cierto es que la celebración de estos juicios en relación con unos hechos prácticamente olvidados por todos los intervinientes en el proceso penal resulta extraordinariamente complicada, donde la práctica de la prueba se diluye o distorsiona, cuando no se hace impracticable, la atenuante de dilaciones indebidas, en ocasiones apreciada como muy cualificada, preside unas casi inevitables conformidades y el resultado del juicio, ya sea finalmente la sentencia condenatoria o absolutoria, nunca es satisfactorio (…)

Al margen de una imprescindible mejora en la dotación de medios a nuestros Tribunales, creo –y lo llevo manteniendo hace años, por ej. en la Memoria correspondiente a 2017– que una reforma que podría contribuir a mejorar la eficacia en la investigación y represión de la delincuencia económica organizada, relacionada o no con la corrupción, es la creación de órganos de instrucción y, sobre todo, de enjuiciamiento en materia económica (…).

OBSERVACIÓN FINAL

El Anteproyecto de Ley de Integridad Pública NO RECOGE NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA SOLICITADAS POR LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (Memoria de la Fiscalía General 2022, Ejercicio 2021, página 597, enlace), a saber:

“(…) Sobre estas cuestiones, entre otras, vienen advirtiendo hace años distintos organismos e instituciones que recuerdan que sigue existiendo una amplia brecha entre la legislación y su implementación en la práctica. En todo caso, el diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados. Solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar decididamente en esta dirección, como ya decíamos en la Memoria del año anterior (…)”.

En cuanto al ámbito represivo, también se viene repitiendo en sucesivas Memorias que el Código Penal contiene un catálogo de delitos suficiente para hacer frente a delincuencia organizada, a la económica y, desde luego, a la corrupción y que las penas previstas son, en términos generales, adecuadas. Mencionamos un año más el delito de enriquecimiento ilícito, cuya tipificación se viene defendiendo en las Memorias de la Fiscalía Anticorrupción de 2017 a 2020. Toda vez que esta propuesta sigue sin merecer la atención de nuestro legislador venimos a reiterarla dando por reproducidos los razonamientos expuestos en pasadas Memorias (…).

DESUSO DE LA LEY Y DESMESURA DEL DECRETO-LEY (*)

Por Rafael Jiménez Asensio. Ensayo y Política blog.- DESUSO DE LA LEY Y DESMESURA DEL DECRETO-LEY.- 

 1.- La democracia es también respeto a las formas del poder. No corren buenos tiempos para la ley (versión democrático-liberal). Tampoco hay vientos favorables para el Estado de Derecho. No digamos nada en España, donde la tradición democrático-liberal es postiza e impostada.

2.- El concepto moderno de ley -según Carré de Malberg- “se funda en el principio de separación de poderes” como dimensión funcional. Formalmente, solo es ley aquella disposición normativa debatida y aprobada por el Parlamento, y con primacía del sustantivo (no del adjetivo).  

3.- La ley, una noción hoy fracturada, es la manifestación típica del poder legislativo. No se entiende este sin aquella. Tampoco se entiende un Parlamento castrado de su facultad originaria de aprobar los presupuestos por un Gobierno que no los presenta vulnerando la Constitución, y dificultando la rendición de cuentas.

4.- El poder legislativo aprueba leyes, mas no las ejecuta ni tampoco las aplica. Para eso están el ejecutivo y el judicial. Mas el poder legislativo no tiene el monopolio de la producción normativa: hay leyes territoriales; disposiciones normativas UE, potestad reglamentaria gubernamental, etc.

5.- Aquella omnipotencia normativo-parlamentaria de la Revolución francesa, donde se negaba al poder ejecutivo incluso la facultad de dictar reglamentos pasó pronto a la historia. Hoy día, el Estado de partidos y su férrea disciplina interna ha vaciado el rol parlamentario en lo que a deliberación y emisión del voto respecta. El ejecutivo obtura al legislativo, lo ignora y relega. Y eso gobernando en minoría.  

6.- El poder ejecutivo actual en España no solo ejerce una copiosa producción normativa reglamentaria, sino que, además, interviene en la aprobación de disposiciones con rango de ley, a través de ese tipo normativo de legislación “excepcional” conocido como decreto-ley (lo que en los medios mal se llama “decreto”). Lo que era excepcional se ha convertido en ordinario, arrinconando la potestad legislativa del Parlamento y bastardeando (con el beneplácito de un complaciente Tribunal Constitucional) el espíritu y la letra de la Constitución.

7.- Los datos de la utilización hiperbólica del decreto-ley hablan por sí solos. A 1 de marzo de 2026, en 31 meses de la XV Legislatura, se han aprobado 8 leyes orgánicas; 8 leyes ordinarias; y 35 decretos-leyes. En poco más de dos meses del año 2026, el Gobierno ha aprobado 6 decretos-leyes (uno de ellos derogado por acuerdo) frente a ninguna Ley. El Ejecutivo, por tanto, ya sin pudor, aprueba muchas más normas con rango de ley que leyes el propio Parlamento. En fin, el Gobierno ya no solo ejecuta y aprueba reglamentos, sino que es en este mandato el poder del Estado que, si tener la competencia general, más “legisla”, además en la sombra, pues en la gestación del decreto-ley hay opacidad. Eso sí, con la convalidación ulterior del Congreso, pero sin publicidad, ni enmienda, ni aprobación por ambas cámaras.

8.- La paradoja la expuso el profesor Rubio Llorente hace ya más de 30 años:  en España, el abuso del decreto ley se lleva a cabo “en proporción inversa a la fortaleza parlamentaria de los Gobiernos, pues cuando estos disponen de un sólido apoyo en el Parlamento no necesitan someter a este a la presión del fait-accompli para obtener la rápida tramitación de los proyectos urgentes”. Un Gobierno en minoría absoluta prefiere, así, ponerse una vez colorado que cien veces amarillo.  Esta forma iliberal de actuar puede tener graves consecuencias (hay precedentes) sobre el futuro del sistema constitucional. No parece importar. Carpe diem.  

(*) Sobre este tema, el capítulo “El borrado del Parlamento: la quiebra de las formas del poder”, en el libro Falsos cimientos: la fragilidad de las instituciones en España, que se edita este mes de marzo por Tirant lo Blanch, colección Ágora. [Ver índice y presentación:

FALSOS CIMIENTOS_ÍNDICE Y PRESENTACIÓN

UCM: El extraño caso de la universidad (presencial) más grande de España

"Para la Universidad Complutense de Madrid, la situación es crítica, como nos han venido transmitiendo los diversos actores implicados en su gestión, y los medios de comunicación a partir de la información disponible al efecto"

Por Antonia Díaz y Luis Puch. Nada es Gratis blog.-   @antoniadiazrod.bsky.social,  @AntoniaDiazRod y @lpuch.bsky.social, @lpuchg).-

 En este blog hemos hablado muchas veces sobre la universidad pública y su papel esencial para mejorar la movilidad social, véase aquí, aquí o aquí. También es de sobra conocido por todos que Madrid es la Comunidad Autónoma que menos invierte en sus universidades públicas. Para centrar las ideas, el 80% de los recursos de las universidades públicas provienen de la Comunidad Autónoma en la que operan. En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo de España, con 6.975 euros por alumno. Los datos, aquí. Además, la inversión por alumno ha ido cayendo a lo largo de los años. La situación actual es complicada para toda la universidad pública y muy especialmente para sus estudiantes que necesitan tener a su alcance los medios materiales y humanos adecuados a su formación.

Para la Universidad Complutense de Madrid, la situación es crítica, como nos han venido transmitiendo los diversos actores implicados en su gestión, y los medios de comunicación a partir de la información disponible al efecto. Tan crítica es que, por ejemplo, no hemos cobrado aún el 4% de aumento de sueldo (actualización a la inflación en realidad: un 2.5% de subida correspondiente a todo el año 2025 todavía pendiente, y un 1.5% adicional a ese 2.5% para la nómina de 2026). Todo ello aprobado por el Congreso de los Diputados (Real Decreto 14/2025 de 2 de diciembre) para el conjunto de los empleados públicos. Se trata de una actualización salarial que ya han percibido los empleados públicos de la Administración Central, y suponemos que bastantes empleados adscritos a las Administraciones Autonómicas, lo que incluye a los de algunas de las universidades públicas de Madrid, gracias a la eventual disponibilidad de fondos propios de dichas universidades. Los demás trabajadores de las universidades de Madrid estamos a la espera de que la Comunidad Autónoma haga la transferencia correspondiente para que se pueda pagar la actualización retributiva acordada por el Congreso.

Esta circunstancia da lugar, sin duda, a una situación anómala por la que, ciertas competencias transferidas a las CCAA resultan indirectamente en que haya funcionarios del Reino de España de primera y de segunda (o incluso de tercera, veremos). Nos parece un escenario de desidia disparatado para la relación de los Gobiernos Autonómicos con las instituciones públicas transferidas en las que trabajan muchos funcionarios del Estado.

¿Por qué el estado latente de quiebra?

La Universidad Complutense ha acumulado un déficit de caja de 142,3 millones de euros entre 2023 y 2024. Y ha pedido un préstamo de 30 millones de euros a la Comunidad de Madrid el año 2025. ¿Por qué está la Universidad Complutense en esta situación de quiebra técnica? No solo se trata de los recortes de la Comunidad de Madrid. Una parte importante del desequilibrio tiene que ver con el propio entorno inflacionario en España y en Europa desde el año 2020. Mientras que España acumula una inflación superior al 20% desde el año 2020, los ingresos de la UCM sólo han aumentado un 15% de acuerdo con la información compartida por el Rector con toda la comunidad universitaria hace unos días. Los gastos han aumentado en diversas partidas. Primero, como señala el informe, “gastos sobrevenidos, como un aumento significativo del gasto energético, obligaciones legales y mayores costes sociales”. Después, los incrementos salariales, tanto los vinculados a la actualización a la inflación como los debidos a los crecientes méritos docentes e investigadores de plantillas ampliadas y envejecidas (quinquenios docentes, sexenios investigadores). Pero también están los crecientes gastos en gestión debidos al funcionamiento rígidamente centralizado de toda la actividad universitaria (¿imprescindible o burocrático?), la ineficiencia de grupos lectivos demasiado pequeños, raramente organizados por criterios de calidad docente (faltan a la vez clases magistrales y clases prácticas), o la proliferación de grados atomizados y a veces redundantes. Por último, no se puede olvidar que la UCM tiene unas infraestructuras enormes y anticuadas con un mantenimiento muy costoso.

¿Cómo se pretende hacer frente a la quiebra?

Mucho nos tememos que se pretende hacer frente a la delicada situación económica de la universidad (más allá de escatimar unos pocos euros a su personal) con recortes en investigación. De hecho, es sólo el éxito en las convocatorias competitivas de financiación de la investigación lo que sostiene el núcleo duro del progreso científico que se sigue desarrollando en la universidad. Casi todo lo demás juega en contra: el estado de las instalaciones, la casi inexistente contratación de jóvenes investigadores en condiciones aceptables del mercado internacional, la ausencia de fondos específicos, y el aumento de la carga docente de los investigadores por la vía expeditiva de eliminar las descargas docentes por méritos de investigación acumulados (los sexenios). Hay muchos ejemplos en cada uno de estos ámbitos. Un caso reciente que nos ha parecido que puede ser muy ilustrativo es el disparate en la ejecución de la convocatoria de contratos asociados al programa Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En un primer momento, la comunidad universitaria recibió un mensaje bajo la firma de los Vicerrectores de Ordenación Académica (Julio Banacloche, CU Derecho Procesal) y de Investigación (Lucía de Juan, CU Sanidad Animal) donde se nos anunciaba que la UCM renunciaba a avalar cualquier candidato presentado por cualquier centro de la UCM. El motivo:

…la convocatoria Beatriz Galindo acaba de publicarse pero, a diferencia de otros años, especifica que la contratación de los beneficiarios debe realizarse bajo la figura de profesor distinguido (art. 84 de la LOSU). Dado que no es posible incrementar el número de efectivos del capítulo de profesorado y que las condiciones laborales asociadas a esta figura contractual no han sido negociadas con la parte social, la Universidad Complutense de Madrid no presentará ninguna solicitud a esta convocatoria.

Hemos subrayado lo que, a todas luces, parece la verdadera razón y resaltado en negrita la excusa técnica declarada a la comunidad universitaria y al Ministerio. Los contratos Beatriz Galindo tienen dos modalidades, senior y junior. La universidad debe aportar 25.000€ de los 90.000€ de un contrato senior y 15.000€ de los 50.000€ de un contrato junior. Es decir, que si la UCM consiguiera el máximo de contratos posibles, cinco, y todos fueran senior el coste directo anual para la universidad sería de ¡oh, dispendio! … 125.000€ anuales. Conviene recordar que el presupuesto anual de gastos de la Universidad Complutense de Madrid para el año 2026 está cerca de los 700 millones de euros, por lo que el esfuerzo supondría algo menos del 0.015% del presupuesto anual de gasto de la universidad. Finalmente, tras el malestar expresado por muchos centros, el Rectorado consiguió ponerse de acuerdo con el Ministerio en la definición de la relación laboral implicada por la convocatoria, y según el último comunicado, "solo ha avalado candidatos a contratos junior".

Paradójicamente, sin embargo, la otra forma en la que los recortes recaen sobre la investigación es fundamentalmente en lo que se refiere a los investigadores jóvenes, con la suspensión de la estabilización de investigadores contratados mediante los programas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, César Nombela y otros programas de atracción de talento. Tenemos investigadores excelentes a mitad de su carrera investigadora en el limbo profesional porque las universidades no pueden contratar (y menos aún la UCM), lo que las mantiene al albur de los diversos programas centralizados de becas para potenciar sus plantillas.

Lo que sí está haciendo la UCM es convocar multitud de plazas de Ayudante Doctor gracias al programa María Goyri. Pero aquí hay dos problemas. El primero es el mal diseño institucional en la convocatoria de las Plazas de Ayudante Doctor y los criterios para adjudicarlas. Este mal diseño (que pondría los pelos de punta a los que impulsaron la Declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, DORA) crea un incentivo perverso a publicar artículos en revistas elegidas no por su calidad científica sino por su rapidez en aceptar artículos y su factor de impacto. De esta manera, los malos incentivos dejan fuera a los investigadores jóvenes que planean un trabajo ambicioso y de largo alcance. El segundo problema es que el sueldo de un Profesor Ayudante Doctor no es suficiente para pagar un alquiler en Madrid. Así de simple. Estos dos problemas combinados llevan a un deterioro enorme de los equipos investigadores. Y sin excelencia investigadora simplemente no hay universidad.

Y la falta de criterios en la política universitaria

El caso de la Universidad Complutense de Madrid es, sin duda, un caso extremo. Su tamaño no juega a su favor. La organización centralizadora que no deja autonomía a los Departamentos y los Institutos de Investigación paraliza la actividad. Pero el entorno institucional externo también ha ayudado a exacerbar los males de la UCM. Por un lado, tenemos la autonomía de las Universidades y una forma de organización universitaria muy centralizada. Por otro lado, la financiación directa que reciben las universidades no depende en ningún grado de sus resultados investigadores. La historia de la legislación sobre universidades muestra cómo se ha intentado impulsar nuestro sistema universitario. Las nuevas universidades creadas a la luz de la LRU de 1983 suponen un punto de inflexión hacia la modernidad científica en España. Dicha modernidad permitió en algunos casos (junto a otro cúmulo de circunstancias específicas a su favor) que se desarrollaran departamentos con estándares de excelencia científica a nivel europeo. Este es el caso que conocemos bien, por ejemplo en Economía, de la Universidad Carlos III de Madrid (fundada en 1989) o de la Universitat Pompeu Fabra (fundada en 1990), entre algunas otras. Por el contrario, en el ámbito más regional resultado de la LRU, y en la línea del espíritu autonómico de la Constitución de 1978, no diríamos que, en general, se generó tanto progreso hasta nuestros días. A la vez, hemos asistido muy recientemente a un auge desmedido de las universidades privadas, que raramente responden a estándares básicos de excelencia a la altura de lo que se espera de la universidad en sociedades avanzadas (como ya habíamos apuntado aquí).

Nuestra impresión es que, a lo largo de todo este proceso, la desconfianza desde los organismos gestores de la financiación de la ciencia hacia las universidades como centros de investigación ha sido máxima (seguramente por buenas razones). En ese entorno de desconfianza se han intentado incorporar esquemas de incentivos para impulsar la excelencia investigadora (y, por tanto, docente). A esta motivación responde, a nuestro entender, el sistema de organismos públicos de financiación de la investigación, así como los programas correspondientes de los distintos Ministerios y Comunidades Autónomas, que han llegado hasta nuestros días. Concretamente, la CICYT se pone en marcha en 1987 en sustitución de la CAICYT (creada en 1958). Por otro lado, en 2011 se aprueba la creación de una Agencia Estatal de Investigación que tras muchas vicisitudes y algo de alternancia política recibió su primer presupuesto en 2017, antes de ayer como quien dice, y habiendo sufrido ya una reorganización a finales del año pasado.

El problema básico, a nuestro entender, es que todos esos esquemas de incentivos no están incorporados en las leyes de organización universitaria, sino superpuestos a ellas. Básicamente se crea un sistema de vigilancia sin atacar los problemas de raíz, lo que produce resultados indeseados. Por ejemplo, los procedimientos de contratación y promoción desde hace años están sometidos a una normativa asfixiante, que no se corresponde con nada que podamos observar al efecto en los países punteros en ciencia en el mundo (que típicamente se realiza en la universidad), y que impide en muchos casos la atracción de talento y la consolidación de los mejores investigadores (más bien favorece lo contrario).

En estas condiciones han proliferado todo tipo de programas centralizados para la atracción de talento desde los Ministerios, los organismos públicos de investigación y las CC.AA. sometidos a una casuística que resulta a veces difícilmente procesable, especialmente ante el muy deficiente soporte de gestión que tenemos la mayor parte de las unidades de investigación. Programas que al final son inasumibles por las universidades que no tienen margen de maniobra efectivo para contratar, consolidar y promocionar en las condiciones del mercado de doctores internacional.

En definitiva, se trata de un cóctel explosivo de ineficacia, obstáculos y desidia por parte de los distintos agentes implicados que no puede más que resultar ser una losa para el futuro de la universidad (presencial) más grande de España, y al tiempo, para unas cuantas de las demás.

¿Hay que repensar la carrera administrativa horizontal?

"El primer objetivo de una carrera horizontal es establecer un sistema sostenible de incentivos para premiar aquellos profesionales que aportan en el transcurso del tiempo un notable valor en sus organizaciones"

Por Carles Ramió. esPúblico.es blog.-Una de las novedades que introdujo el EBEP, hace ya la friolera de casi 19 años, fue la de incorporar la carrera horizontal en el empleo público. Durante este amplio espacio de tiempo muy pocas son las administraciones públicas con capacidad legislativa que han regulado este tipo de carrera (destacan Baleares, Asturias y, recientemente, la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía).

En todos estos casos se ha optado por el modelo de los tramos (desde cuatro hasta seis). En mi opinión, la opción de los tramos para vehicular la carrera administrativa es un error conceptual y práctico. Se trata de un modelo de incentivos profesionales con fuerte tradición en algunos ámbitos sectoriales y especializados, por ejemplo: personal sanitario y personal docente e investigador de las universidades. Tiene sentido impulsar este modelo en colectivos mal retribuidos y/o en los que se desee alcanzar determinados objetivos que puedan ser medidos con cierta facilidad. Por ejemplo, en el primer caso, los profesores universitarios (sucede algo parecido con el personal médico), muy mal retribuidos durante sus dilatados procesos de estabilización (que lo deben ser por motivos técnicos ya que se trata de un perfil profesional que requiere un largo periodo para demostrar su valía profesional) cuando se estabilizan van incrementando paulatinamente su salario mediante los denominados quinquenios de docencia que se otorgan por antigüedad. Por tanto, estamos hablando de tramos que poseen como objetivo buscar dignidad retributiva mediante la mera antigüedad. Por otro lado, los profesores universitarios, poseen tramos vinculados al mérito profesional (sexenios de investigación) que incentivan que se exista un mayor impacto científico (nacional e internacional) mediante publicaciones de calidad. Después de más de tres décadas de la existencia de este tramo se puede constatar que ha sido, más o menos, un éxito y ha ejercido de catalizador para lograr una comunidad científica más dinámica y con mayor impacto académico.

 En cambio, considero que carece de sentido implantar el sistema de tramos a la administración y gestión convencional (por ejemplo, en los cuerpos generales y en buena parte de los cuerpos especiales). Veamos algunos motivos para argumentar esta afirmación:

La mayoría de los empleados públicos acceden a las administraciones públicas con unas tablas retributivas convencionales, más o menos competitivas, en el contexto del mercado laboral (en bastantes casos por encima de sus homólogos en el sector privado). Tampoco requieren de procesos formativos dilatados asociados con bajos sueldos para poder lograr la estabilidad (tal y como sucede en el caso de los médicos y de los profesores universitarios). Por tanto, no hay motivos para introducir tramos vinculados solo a la antigüedad sin mostrar ningún mérito adicional.

 En cambio, sí tendría sentido, en algunos casos, la incorporación de tramos competitivos vinculados al mérito. El problema es que en la mayoría de los ámbitos profesionales es muy difícil medir estos méritos y la inercia administrativa (acompañada de las presiones corporativas y sindicales) es que se otorguen de manera uniforme mediante criterios de antigüedad. Esto es lo que ha acabando sucediendo en aquellas administraciones que han introducido este nuevo incentivo laboral. Hay administraciones en las que en el mismo momento de incorporar esta novedad el 80% de sus empleados públicos poseen de entrada todos los tramos ya que atesoran muchos años de antigüedad. Otras han sido más exigentes (como es el caso de Asturias) demorando el proceso y evaluando con una supuesta mayor exigencia, aunque al final, los tramos han estado, también, más asociados a la antigüedad que al mérito.

 El primer objetivo de una carrera horizontal es establecer un sistema sostenible de incentivos para premiar aquellos profesionales que aportan en el transcurso del tiempo un notable valor en sus organizaciones. Es una evidencia que el modelo de los tramos no encaja con este objetivo.

 El segundo objetivo de una carrera horizontal es simplificar y destensar la estructura organizativa de las administraciones que posee, en la actualidad, una insoportable inflación orgánica ya que se utiliza la estructura para vehicular de manera precaria la carrera profesional. El único camino posible para poder progresar profesionalmente es ocupar puestos de jefatura para poder conseguir mayor estatus profesional y mejores retribuciones. Mezclar carrera profesional con estructura administrativa genera todo tipo de patologías: se crean cargos de manera artificial e innecesaria (inflación orgánica), ocupan estos cargos buenos profesionales en su ámbito de especialización, pero sin ninguna competencia en dirección ni en gestión de personal. Con estas presiones resulta imposible poder diseñar una estructura administrativa racional, plana, ligera y contingente (con unidades temporales y gestión de proyectos en función de los diversos retos antiguos y nuevos que van surgiendo y desapareciendo).

 Por tanto, con el sistema de los tramos se mantiene la presión sobre la estructura administrativa ya que el objetivo de los empleados públicos va a ser, lógicamente, acapararlo todo: por una parte, lograr un puesto de jefatura nivel 30 y, por otra, obtener la totalidad de los tramos. Se trata de un sistema muy caro para el sistema público: por ejemplo, en el caso de los profesores universitarios transitan en una carrera en la que durante muchos años sus retribuciones están por debajo de sus equivalentes en otros sectores públicos. Pero, en cambio, al final de su carrera sus tablas retributivas pueden ser (si logran todos los incentivos vinculados a los tramos) de las más elevadas del sistema público. Son pocos los que lo alcanzan y sí lo logran es al final de su carrera, pero en la administración convencional estos procesos pueden ser mucho más veloces y, por tanto, mucho más costosos económicamente.

Ante esta moda de los tramos y la incomodidad técnica que me generan hace unos meses decidí consultar a los expertos que contribuyeron en la elaboración del EBEP. La pregunta que tenía para ellos era sencilla: ¿cuándo se propuso, en su momento, la carrera horizontal se tenía en mente un modelo basado en tramos? Como han pasado ya veinte años de los trabajos de esta comisión de expertos mi temor es que la mayoría estuvieran muertos. Afortunadamente no fue el caso salvo algunas tristes excepciones. La respuesta fue negativa: no se tenía en mente este modelo de los tramos que se ha puesto de moda de manera sobrevenida. Lo confirmó de manera diáfana el coordinador de la subcomisión de la carrera horizontal Francisco Longo.

 Entonces la pregunta es: ¿cómo debería diseñarse una auténtica y robusta carrera horizontal? La repuesta es técnicamente complicada y esto explica que las administraciones públicas hayan decidido resolverlo a la brava y de manera heterodoxa.

 Una auténtica carrera horizontal debería basarse en la gestión de la diferencia y, por tanto, fuera de las inercias homogeneizadoras vinculadas a la antigüedad. Solo aquellos profesionales que de manera indiscutible hacen crecer sus puestos de trabajo con mayor valor profesional serían los llamados a desarrollar una carrera horizontal. A modo de ejemplo la idea de fondo es que un profesional entra a ocupar un puesto con nivel A21 y si su trabajo es excepcional va incrementando sus niveles hasta poder llegar, con el tiempo, incluso hasta el ansiado A30. Obvio que cuando estos profesionales abandonan el puesto para ocupar otro distinto el puesto debería regresar al nivel de inicio ante una nueva incorporación y el profesional senior mantendría su grado personal consolidado que, se supone, que va a ser coherente con el nuevo puesto a ocupar. 

En efecto: todo un galimatías que asusta, con razón, a las unidades, de naturaleza conservadora, de gestión de personal. Y, es más: todo este modelo alternativo es de imposible aplicación si no se incorpora un modelo real y efectivo de ámbitos funcionales. Las administraciones deberían ordenarse mediante un conjunto de ámbitos funcionales lo más amplios posible que posean unas características profesionales similares. Cada ámbito funcional debería establecer las competencias mínimas para su ingreso (procesos selectivos de entrada) y las competencias vinculadas a los distintos niveles profesionales en que se articulara la carrera profesional. Por tanto, una auténtica carrera horizontal exige transformar de manera profunda la función pública y por esta razón se elude y se opta por los tramos que no aportan valor al no discriminar y encarece de manera artificial, irreflexiva e incluso frívola el capítulo I.