Sánchez y Feijóo ante el desorden: dos discursos para dos finales de legislatura

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo utilizaron el Foro La Toja para fijar dos diagnósticos contrapuestos del momento político. El presidente sitúa el origen del desorden en la erosión de las reglas internacionales y económicas; el líder del PP, en el deterioro institucional y la gestión interna de España.

Por Marc López. Agenda Pública.-  Foro La Toja había elegido para su edición de 2026 un lema deliberadamente internacional: "Un mundo en desorden". Pedro Sánchez decidió tomárselo literalmente. Alberto Núñez Feijóo, en cambio, comenzó prácticamente explicando por qué no pensaba hacerlo. "Con el panorama doméstico que tenemos, quizás antes de ordenar el mundo convendría echar un vistazo en casa", dijo el líder del Partido Popular. Esa diferencia contiene una parte importante de la distancia política entre los dos principales dirigentes españoles. Y, sobre todo, dos interpretaciones radicalmente distintas del momento que atraviesa España.

Las dos intervenciones perseguían objetivos diferentes. Sánchez trató de insertar la política española dentro de las grandes transformaciones internacionales. Feijóo quiso sacar al Gobierno de ese escenario y obligarlo a responder por su gestión doméstica. Al presidente le interesa un campo de juego amplio: Ucrania, Gaza, Ceuta, China, cambio climático, inteligencia artificial, energía, desigualdad o vivienda pueden presentarse como manifestaciones de un mismo problema, el que aparece cuando desaparecen las reglas y el poder queda en manos del más fuerte. El líder del PP llevó la discusión a otro terreno. Presupuestos, decretos leyes, deuda, inflación, vivienda, jueces y calidad institucional sustentan su argumento de que, antes de pretender gobernar el desorden mundial, España debe resolver el suyo. La Toja asistió así a una disputa por determinar cuál debe ser la pregunta política de los próximos meses.

El hilo de la intervención de Sánchez fue una idea que explica bastante bien la evolución de su discurso político: la izquierda también debe hablar de orden. Pero debe hacerlo apropiándose del concepto y modificando su significado. El orden, argumentó, consiste en establecer reglas que impidan al más poderoso imponer unilateralmente sus condiciones. Esa definición le permite pasar del derecho internacional a los derechos laborales, de Ucrania a la regulación económica o de las grandes tecnológicas a la vivienda. La lógica se mantiene: cuando faltan reglas, gana quien dispone de más poder.

El marco le resulta especialmente útil porque conecta política exterior e interior. La ruptura de las reglas internacionales explica la invasión rusa de Ucrania y la guerra en Irán. Las desigualdades globales aparecen como catalizador de los flujos migratorios hacia Europa. Una mayor dependencia energética refuerza los argumentos para acelerar la transición ecológica. Y las dificultades de acceso a la vivienda justifican una intervención pública que corrija el desequilibrio entre quienes disponen de recursos y quienes carecen de ellos. Incluso Ceuta entró en esa arquitectura discursiva: ningún muro, sostuvo Sánchez, puede contener indefinidamente la desesperación de quienes buscan una vida mejor.

Feijóo partió de otro lugar. El problema fundamental de España, según su discurso, está en el incumplimiento o deterioro de las reglas nacionales. Su aproximación a La Toja y a la estrategia popular pasa por la normalidad institucional. Presupuestos, Parlamento, Consejo de Ministros, Poder Judicial y límites al decreto ley aparecieron durante la intervención como partes de una misma acusación política: a su juicio, el Gobierno ha convertido lo excepcional en habitual y ha subordinado las instituciones a las necesidades de supervivencia del Ejecutivo.

 De ahí salió la propuesta institucional más concreta de su intervención: buscar una fórmula legal para que, después de una primera prórroga presupuestaria, la incapacidad de aprobar nuevas cuentas conduzca a la disolución de las Cortes y a elecciones. Más allá de su eventual viabilidad jurídica, la medida permite entender bien el marco político del líder del PP. La flexibilidad parlamentaria que el Gobierno asume como consecuencia de una época de fragmentación se convierte, en el relato popular, en una anomalía. Feijóo pretende que la ausencia de determinados instrumentos de gobierno funcione como prueba de agotamiento político. Esa distancia se hizo todavía más visible al llegar a la vivienda.

Sánchez ha convertido la crisis habitacional en una cuestión que pretende situar por encima de las fronteras partidistas. En La Toja llegó a definir el acceso a una vivienda como una cuestión de "pura humanidad" al reclamar apoyos para sus decretos. La elección de palabras es significativa. La discusión deja de girar únicamente alrededor de oferta, regulación, fiscalidad o seguridad jurídica y adquiere una dimensión moral y generacional. Al plantearlo así, la presión sobre el PP y Junts se traslada también a la explicación de su voto: cómo justificar el rechazo cuando el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de buena parte de la sociedad.

Feijóo rechazó ese desplazamiento y mantuvo el problema en el terreno económico. España ha incrementado su población en varios millones de habitantes mientras construía insuficientes viviendas, generando, según su diagnóstico, una crisis de oferta que la regulación no puede solucionar. Frente a los dos decretos del Gobierno, condensó la respuesta en una frase: "El problema de la vivienda se resuelve construyendo vivienda". La discusión queda planteada desde dos puntos de partida distintos: la protección de quienes tienen dificultades para acceder a una casa y la necesidad de aumentar la oferta, la inversión y la seguridad jurídica.

También resulta reveladora la selección de temas. Sánchez dedicó una parte sustancial de su intervención a Europa. Defendió una relación abierta pero más equilibrada con China, una mayor autonomía estratégica, un presupuesto comunitario más ambicioso y el Tratado de Amistad con Francia, cuya ratificación ha quedado atrapada en la confrontación política española. Habló además de inteligencia artificial como una cuestión de poder democrático: la tecnología, sostuvo, no es neutral y las empresas que la desarrollan no pueden determinar por sí mismas sus límites.

En el discurso de Feijóo, Europa y el mundo quedaron sobre todo como telón de fondo del argumento doméstico. La influencia exterior, sostuvo, depende primero de la credibilidad interior: calidad institucional, estabilidad democrática y fortaleza económica. Hay política exterior, pero ocupa otro lugar en la jerarquía. Sánchez recurre a Europa para explicar parte de lo que ocurre en España; Feijóo presenta el funcionamiento de España como requisito para poder desempeñar un papel relevante en Europa.

Ni siquiera comparten el tiempo político desde el que hablan. El presidente del Gobierno construye un relato de continuidad. Los acontecimientos aparentemente inconexos forman parte, en su discurso, de una transformación histórica que obliga a mantener los escudos sociales, profundizar la transición energética, regular la inteligencia artificial, intervenir en vivienda y reforzar Europa. Su argumento económico -España creciendo y creando empleo en un contexto europeo difícil- le sirve para presentar esa continuidad como prueba de resiliencia.

La intervención del líder de la oposición mira hacia una ruptura. Feijóo habló de una "encrucijada de modelos": uno que denomina populista y otro que define como reformista. A partir de ahí encadenó críticas sobre impuestos, deuda, inflación, salarios, infraestructuras y vivienda. El objetivo era situar el momento político cerca del final de un ciclo y presentar lo que venga después como una tarea de reconstrucción.

Por eso los discursos de La Toja importan más por su estructura que por cualquiera de sus propuestas aisladas. España entra en una fase en la que Gobierno y oposición ya no discuten únicamente sobre quién gestiona mejor unos problemas compartidos. Antes incluso de llegar a las soluciones, discrepan sobre el diagnóstico.

En el relato de Sánchez, España está demostrando capacidad para gobernar en una época extraordinariamente fragmentada y proteger a la sociedad frente a shocks que vienen de fuera. El riesgo que identifica es que el desorden global -militar, económico, climático o tecnológico- termine imponiendo la ley del más fuerte. El diagnóstico de Feijóo empieza dentro de las fronteras españolas: una forma de gobernar que considera institucionalmente degradada, económicamente equivocada y políticamente agotada.

Hay, aun así, una palabra que atraviesa las dos intervenciones: reglas. Sánchez las reclama frente a Rusia, los desequilibrios del mercado, las grandes compañías tecnológicas y la concentración de poder económico. Feijóo las exige en el funcionamiento del Gobierno y las concreta en presupuestos, procedimientos parlamentarios, separación de poderes y límites al uso del decreto ley. Los dos buscan ocupar el espacio de la estabilidad, aunque sitúan el origen del desorden en lugares distintos.

Ahí quedó probablemente la principal disputa de La Toja: decidir dónde está hoy el desorden que España debe resolver primero. Sánchez mira hacia un mundo en el que las viejas reglas están desapareciendo y reclama un Estado y una Europa suficientemente fuertes para proteger a los ciudadanos. Feijóo dirige la atención hacia Madrid y sostiene que cualquier ambición exterior pierde credibilidad mientras no se recomponga el funcionamiento interno del país.

Son, además, discursos pensados para momentos políticos diferentes. Sánchez intentó demostrar que todavía queda agenda por desarrollar; pronunció su intervención antes de conocer que decaerían los decretos de vivienda. Feijóo buscó instalar otra pregunta: si debe seguir siendo este Gobierno quien la desarrolle. Lo hizo, además, sabiendo que Sánchez se está planteando convocar elecciones. Esa diferencia ayuda a entender, más que cualquier cifra o reproche concreto pronunciado en La Toja, el terreno sobre el que Gobierno y oposición están planteando el tramo político que tienen por delante.

Contratar mejor o fortalecer Europa: el difícil dilema del futuro Reglamento europeo de contratación pública

"La Comisión, además, identificó como problemas persistentes la complejidad normativa, las dificultades de acceso de las empresas y la fragmentación de los sistemas de contratación electrónica"

 Por Antonio Segura. esPúblico blog. La Comisión Europea presentó el pasado 9 de septiembre de 2026 su propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones, destinada a sustituir las tres Directivas de 2014 por una única norma directamente aplicable, una futura «Ley de Contratación Pública» europea[1]. La norma está siendo gestada en un momento ciertamente convulso y sería ingenuo pensar que no dejará huella en su articulado, que no será permeable a las preocupaciones y ocupaciones de nuestro tiempo. 

Se escribe mientras Europa descubre, con un retraso considerable, que su prosperidad descansa sobre cadenas de suministro que no controla, sobre una energía que no produce, sobre tecnologías que no fabrica y sobre una seguridad que durante décadas subcontrató. Se escribe después de una pandemia que dejó al continente compitiendo por mascarillas, después de una guerra en su frontera oriental, en medio de una rivalidad comercial que ya no disimula ni la mejor de las diplomacias y ante un socio transatlántico cuya fiabilidad ha dejado de darse por supuesta. Nadie discute que la Unión Europea deba proteger sus infraestructuras críticas, reducir dependencias peligrosas o evitar que el dinero de sus contribuyentes financie a quien cierra su propio mercado a las empresas europeas, son objetivos tan legítimos como urgentes. Sin embargo, el debate que pretendo abrir no versa sobre la legitimidad y urgencia de tales objetivos, sino sobre si la legitimidad de un objetivo garantiza la idoneidad del instrumento utilizado para alcanzarlo.

Esta reforma no nace precisamente de un sentimiento de victoria sino de un diagnóstico de fracaso, su razón de ser estriba en la ineficacia mostrada por el sistema actual en la consecución de los niveles de competencia y simplificación que se pretendían. El Tribunal de Cuentas Europeo constató en 2023[2] que la competencia en la adjudicación de contratos públicos disminuyó a lo largo de la década anterior, la proporción de procedimientos con una única oferta casi se duplicó, el número de licitadores por procedimiento se redujo casi a la mitad y la contratación transfronteriza apenas alcanzó el cinco por ciento del total. La Comisión, además, identificó como problemas persistentes la complejidad normativa, las dificultades de acceso de las empresas y la fragmentación de los sistemas de contratación electrónica. Es decir, la propia Unión Europea constata una contratación pública demasiado compleja, poco competitiva e ineficiente y pretende responder, entre otras cosas, atribuyéndole todavía más funciones como veremos a continuación.

La propuesta dice expresamente que la contratación pública no es únicamente una función administrativa, sino también una «poderosa palanca de política económica», incorporando entre sus objetivos y prioridades estratégicas la sostenibilidad ecológica y social, la innovación, la competitividad del mercado interior y la autonomía económica. A ello se añade la gran novedad, la geopolítica entra expresamente en el Derecho de la contratación pública. La propuesta contempla medidas relacionadas con infraestructuras críticas, información sensible, ciberseguridad, dependencias estratégicas, interrupciones del suministro, riesgos de influencia indebida de terceros países y, en determinados supuestos, preferencias europeas. La reforma es paradójica, pues promete menos cargas y papeleo, y promete a la vez que la compra pública sirva a la sostenibilidad, a la innovación, a la resiliencia, a la seguridad económica y a la preferencia europea. Ambas cosas son deseables, pero ambas cosas a la vez son difíciles de creer, dado que cada objetivo adicional que se incorpora al procedimiento puede exigir nuevas decisiones que justificar, documentar, ponderar y eventualmente defender ante un recurso, y todo ello añade costes de gestión. Y junto a la tensión con la simplificación, la reforma encierra otra tensión de difícil solución, la que existe entre reforzar la competencia y hacer la contratación más estratégica, ya que determinados requisitos estratégicos pueden reducir el número de operadores capaces de participar. Un requisito ambiental excesivamente específico puede excluir soluciones alternativas; una exigencia tecnológica puede favorecer a determinados operadores; determinadas condiciones de experiencia o capacidad pueden dificultar la entrada de empresas más pequeñas; y determinadas exigencias relacionadas con la seguridad o la procedencia pueden reducir legítimamente, pero también de forma significativa, el mercado disponible.

La cuestión no consiste en negar la contratación pública estratégica. No parece razonable cuestionar la incorporación de criterios sociales, ambientales, tecnológicos, innovadores o relacionados con la resiliencia, más aún en una actividad que nunca ha sido completamente neutra y respecto de la cual sería difícil sostener que deba limitarse a adquirir al menor precio. El problema es que la contratación pública puede estar comenzando a asumir tantas funciones que exista el riesgo de que termine perdiendo claridad acerca de cuál es su función principal, cuantos más objetivos políticos se depositen sobre el procedimiento de contratación, mayor será el riesgo de que el instrumento pierda simplicidad, eficacia, eficiencia, competencia y en definitiva conexión con su finalidad inmediata. Una contratación puede tener que atender simultáneamente a la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental, los objetivos sociales, la innovación, la inclusión, la igualdad, los derechos humanos en las cadenas de suministro, la ciberseguridad, la resiliencia, la autonomía estratégica, la seguridad del suministro, la preferencia europea o la participación de las pymes y obvio resultaría decir que el resultado puede ser políticamente intachable, pero completamente ineficiente desde el prisma estricto de la contratación pública, pues puede alejar al órgano de contratación de la pregunta que debería encontrarse en su origen: ¿Qué necesita realmente esta Administración y cuál es la mejor manera de adquirirlo?

El procedimiento de contratación es un instrumento de capacidad limitada y llevamos veinte años cargándolo con todo aquello que no sabemos resolver por otras vías. Ahora se le pide, por si fuera poco, que sostenga la base industrial europea y contenga las dependencias estratégicas del continente. El error no es que la Unión Europea reaccione al mundo que tiene delante, que es su obligación. El error sería que confundiera la reacción con la solución, depositando en el expediente de contratación una responsabilidad que corresponde a la política industrial, a la política comercial, a la política de defensa y a la política exterior, que son las que disponen de los instrumentos, la información y la legitimidad para ejercerla. Al procedimiento de contratación le corresponde algo más modesto y no menos difícil, esto es, que la Administración compre bien, limpio y a tiempo. Si además de eso ha de salvar la industria europea, contener a las potencias rivales y asegurar las cadenas de suministro del continente, es muy probable que termine sin cumplir ni lo primero ni lo segundo.

Debemos evitar los dos extremos que hoy parecen acechar al sistema, una contratación reducida a precio y procedimiento, indiferente a las consecuencias o circunstancias económicas, sociales o ambientales de nuestra sociedad, y una contratación convertida en una herramienta universal de intervención pública. Europa tiene ante sí una oportunidad única para construir un sistema de contratación pública más sencillo y competitivo y, a la vez, más estratégico, y para ello tendrá que navegar en ese necesario equilibrio entre ambos objetivos, sin perder de vista que los principios sobre los que se levantó todo el edificio europeo de la contratación pública siguen sin estar consolidados después de diez años de vigencia de las Directivas de 2014. Sin embargo, la lectura de la propuesta permite apreciar un desplazamiento del centro de gravedad hacia la dimensión estratégica de la contratación,  que corre el riesgo de convertir el contrato público en un instrumento excesivamente ambicioso para alcanzar objetivos que quizá deberían lograrse mediante otras herramientas de política pública, como subvenciones, regulación, fiscalidad, planificación, inversión pública y política industrial, entre otras.

Resulta paradójico que nos dispongamos a defender Europa de las injerencias de Rusia, cuando llevamos décadas sin conseguir defender el expediente de contratación de las injerencias de quienes nunca apostaron por la competencia sino por la indecencia. Es posible que adjudicando un contrato a una empresa española se contribuya a no ahondar en el desequilibrio de nuestra balanza comercial con China y que a la vez se engorde la balanza comercial de quienes hacen de la contratación pública el vehículo idóneo para la corrupción. Antes de jugar en el gran tablero mundial hay que superar algunas casillas bastante más pequeñas, que aquí y ahora tienen el nombre de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y simplicidad. La contratación pública europea parece dispuesta a librar grandes batallas en favor de la autonomía estratégica y frente a la competencia internacional, pero quizá convenga no olvidar que algunas de esas batallas empiezan en escenarios todavía más épicos y bélicos, como el despacho de un secretario-interventor de un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, un experto en geoestrategia consistorial que esquiva misiles más grandes que los de la OTAN. Porque si perdemos de vista la esencia y la práctica, si dejamos de pisar suela de zapato, habremos escrito una ley perfectamente hija de su tiempo y perfectamente inútil para responder a su función primaria.

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[1] https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-public-contracts-and-concessions_en

[2] https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR-2023-28

Gestión de crisis extremas

"Las crisis extremas se caracterizan por su gravedad, por sus efectos letales y, no pocas veces, por las innumerables dificultades de ser gestionadas y reconducidas con los instrumentos ordinarios de la dirección política y gestión de los asuntos públicos"

 Por Rafael Jiménez Asensio. Ensayo y Política blog. Introducción.- En los últimos seis años, desde la irrupción de la pandemia, se han incrementado las situaciones de crisis extremas, debidas a un complejo y variado haz de causas o circunstancias. Sorprende que, en un contexto tan evidente y duro como este, tales crisis extremas aún no hayan merecido un tratamiento o análisis desde las debilidades inherentes tanto de nuestro peculiar modo de hacer (mala) política como del desarticulado sistema territorial, institucional u organizativo a la hora de enfrentarse a tan complejos fenómenos. Tampoco hemos identificado (ni paliado) los innumerables déficits de gestión y de capacidades ejecutivas o administrativas de nuestro sector público (estatal, autonómico y local). Menos aún se han prevenido los potenciales efectos de tan desgarradoras crisis (que son y serán pauta común en el futuro). Todo ello denota unos agujeros negros en la gestión pública impropios de un Estado que es la cuarta potencia de la UE, en el que la anticipación y la buena capacidad de gestión deberían ser sus buques insignias. 

Con el fin de llevar a cabo una primera, breve e incompleta reflexión sobre tales crisis, es necesario poner el foco en una serie de elementos que ayudan a entender holísticamente el porqué de los reiterados fracasos a la hora de prevenir, gestionar, resolver y rendir cuentas de esos complejos contextos de crisis extremas, y en no pocos casos con efectos devastadores y mayúsculos que además pone en entredicho la legitimación de las instituciones públicas ante los ojos de una castigada ciudadanía. Es cierto que hay lecturas para todos los gustos, que oscilan desde el catastrofismo a la reiterada exculpación de unas responsabilidades que apenas nunca o casi nunca se depuran de forma mínimamente convincente.

Ni que decir tiene que las crisis extremas se caracterizan por su gravedad, por sus efectos letales y, no pocas veces, por las innumerables dificultades de ser gestionadas y reconducidas con los instrumentos ordinarios de la dirección política y gestión de los asuntos públicos. Tienen, por tanto, mucho de contextos sobrevenidos, catástrofes manifiestas o concatenación de circunstancias multifactoriales. A título simplemente ejemplificativo, amén de la compleja realidad vivida con la crisis Covid19 (en la que quedó manifiestamente de relieve la impotencia de la política y las bajas capacidades de gestión de las organizaciones tradicionales y sus sistemas burocráticos) de la que nada apenas aprendimos y menos aplicamos, de las sucesivas crisis extremas -con distinta intensidad y efectos- vividas en los últimos años tampoco hemos aprendido nada. Recordemos aquí de forma incompleta las lluvias torrenciales (por ejemplo, Dana), los incendios de sexta generación que están devastando cada vez más zonas del territorio español, los fallos catastróficos en el sistema de gestión de infraestructuras de transporte (Adamuz), la caída del sistema eléctrico dejando a un país desarrollado a oscuras o, en fin, los terribles sucesos acaecidos en la ciudad autónoma de Ceuta desde finales de julio hasta la actualidad (invasión inicial de más de 70.000 personas, con los complejísimos problemas migratorios, humanitarios, de seguridad, defensa o la situación de excepción que viven los habitantes de esa ciudad desde entonces, limitados en el ejercicio de sus derechos y en su tranquilidad existencial por la permanencia aún de un número indeterminado de “migrantes”). Podríamos extraer más ejemplos, pero estos son suficientes para comprender cómo las instituciones políticas y gubernamentales, los poderes públicos, sus estructuras organizativas, los responsables y directivos, así como las Administraciones públicas involucradas y su personal,  no han estado, por lo común y salvo excepciones, a la altura que tales acontecimientos críticos exigían a la hora de prevenir, dirigir y gestionar eficientemente, o garantizar la tranquilidad ciudadana a quienes en esos delicados contextos han perdido todo (incluso la vida), parte o al menos su confianza en las instituciones públicas  Ya les adelanto que, al igual que escribí reiteradamente durante la pandemia, el balance que sigue no da para muchas alegrías.

Las respuestas de la política

La política ha fracasado a la hora de afrontar tales crisis extremas. Es un juicio rotundo, pero obvio. Sin mirada estratégica ni capacidad de articular sistemas efectivos de prevención, los diferentes gobiernos (estatal, autonómicos y locales) están sentados en un polvorín, que el día menos pensado estalla. A ello se suma la enfermiza polarización política, también extrema, que ha roto todos los puentes de transacción o pacto entre la política, echándose recíprocamente las culpas de unos a otros (Gobierno central a los gobiernos autonómicos y estos a aquel), y sobre todo huyendo de sus responsabilidades públicas, que nadie asume. La rendición de cuentas en España es una mentira piadosa. No existe. Y, como se escribió en su día por el filósofo Alain, “el poder sin control enloquece”. En ese punto estamos.

Llenas las nóminas de la política partidista y gubernamental de amateurs, muchos de ellos sin la preparación necesaria para asumir responsabilidades en temas tan serios y claves como la estrategia, la prevención, la dirección pública, la coordinación o, en fin, la gestión de situaciones críticas (a veces tampoco para enfrentarse a la gestión ordinaria), bastante poco pasa a veces para lo que podía suceder. No se puede nombrar, por ejemplo, a un responsable de emergencias o de infraestructuras ferroviarias que poco o nada saben de ello, o tener un ministro, consejero o delegado del Gobierno incompetente. El resultado será siempre malo o catastrófico. La provisión de puestos directivos por criterios profesionales está ninguneada por el clientelismo, abundan por doquier en niveles de responsabilidad estómagos agradecidos que ni en el mejor de sus sueños pueden enfrentarse a situaciones de mínima complejidad. La huyen, pero a veces les atrapa. Vacan cuando no hay que hacerlo o se ponen el chaleco y el mono para aparentar. La buena política no es eso. No hay crisis extrema que se gestione a distancia o en la impostura.

Las debilidades del sistema de organización territorial del poder

En un reciente librito (Falsos cimientos. La fragilidad de las instituciones en España; Tirant lo Blanch, 2026) ya advertí que el sistema de organización territorial del poder había terminado configurándose como una suerte de adosado de comunidades autónomas con un funcionamiento autárquico, incomunicadas entre sí y pretendidamente autosuficientes, que gestionan (o pretenden hacerlo) ámbitos geográficos acotados, como si la realidad conociera de fronteras artificiales, menos aun cuando lanza sus desgarradores efectos.  Es una estupidez pretender que el agua o las llamas no superen el linde administrativo de un territorio. Cuarteado el “modelo” de gestión territorial con esas claves solo cabe encomendarse a la suerte o los dioses para que el desastre no vaya a más. Si a ello añadimos los surrealistas sistemas de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, los sempiternos déficits de funcionamiento de coordinación, cooperación y colaboración entre niveles de gobierno y administraciones públicas, el desaguisado y sus letales consecuencias ya está servido. Ese desbarajuste competencial es campo fértil para que las responsabilidades sean siempre del otro. 

Unas estructuras organizativas obsoletas para hacer frente a tales crisis

Si la política ofrece prestaciones tan bajas y el modelo territorial de gestión hace aguas por todos los costados, no peor es el estado de unas estructuras organizativas obsoletas y preñadas de clientelismo político allá donde estén, que ofrecen disfunciones múltiples y limitaciones evidentes para hacer frente a problemas extremos que requieren ductilidad frente a la anquilosis, innovación ante la parálisis y adaptación continua si se quiere dar respuesta transversal a crisis que ya apenas respetan los estrechos y periclitados modelos organizativos departamentales o ministeriales. La pobre respuesta de los mecanismos de coordinación tradicionales (mando único o la perversión de la cogobernanza, barbarismo ideado para eludir responsabilidades en estructuras de gobierno multinivel), ya de nada sirven. Los problemas actuales han dinamitado las soluciones organizativas tradicionales hasta convertirlas en inútiles. Y los hechos lo demuestran un día sí y otro también en innumerables crisis que tienen su razón de ser en el complejo fenómeno del cambio climático o, más recientemente, en el multifactorial (aunque con efectos migratorios letales) crítico caso de la ciudad autónoma de Ceuta. En España, los modelos organizativos por misiones o proyectos son pío deseo. Gusta más el enfrentamiento cainita entre responsables departamentales o entre gobiernos “enemigos”. Carnaza.

Tampoco sirve tirar la piedra y esconder la mano. El diseño organizativo, más viejo que el crimen, de crear por doquier entidades del sector público estatal, autonómicas y locales, ya no da más de sí. Configurado como una suerte de arquitectura organizativa edificada para huir de los controles tradicionales de la Administración pública y cuya finalidad principal (nunca confesada) es dar alpiste a los amigos políticos del poder gubernamental respectivo en términos de cargos, sinecuras, contratos públicos o favores varios, el sistema institucional y organizativo del sector público requiere refundarse sobre elementos radicalmente nuevos. La corrupción, como las termitas, ha terminado apoderándose y afectando a sus cimientos. Pero no menos grave es que el sistema de gestión haya asimismo mostrado con crudeza sus enormes limitaciones con muy serias consecuencias incluso sobre muchas vidas humanas (Dana, Adamuz, invasión en Ceuta).

El déficit de capacidades ejecutivas o administrativas

Este es un punto determinante. La Comisión Europea en 2023 lanzó el programa “Compact” para reforzar las capacidades ejecutivas de las Administraciones de los estados de la UE. El diagnóstico, que en origen partía de la gestión de fondos estructurales, había descubierto que buena parte de los estados miembros tenían servicios administrativos sin las suficientes capacidades de gestión. Si eso era así para asuntos ordinarios, no digamos nada por lo que concierne a los supuestos de crisis extremas. España, tanto a nivel central como territorial, lo ha acreditado con creces. La Administración del Estado parecía tener un sistema administrativo con mejores herramientas; pero esa imagen se ha roto en pedazos en las sucesivas crisis extremas (Covid19, grandes catástrofes, Adamuz y, ahora, de forma muy graves y notoria, en Ceuta). Más limitaciones ha ofrecido aún el sector público estatal, cuyo funcionamiento es cada día peor y sometido a escándalos de corrupción y clientelismo. Su imagen está totalmente degradada.

Muy mala o peor aún es también la capacidad administrativa de las Administraciones territoriales, autonómicas y locales. Los gobiernos locales, al menos, por la proximidad de las crisis y su afectación directa a los vecinos, han movilizado más y mejor sus escasos recursos tanto políticos (papel de los alcaldes y concejales) como técnicos y de personal, con empeño incluso de sus propios vecinos. Pero es una lucha desigual y sin poderes efectivos: la autonomía local en España es hoy un pío deseo. Las Administraciones autonómicas tienen severas carencias en sus prestaciones y capacidades ejecutivas en tiempo ordinario o en situaciones normales (las quejas por el mal funcionamiento de los servicios públicos están cada vez más extendidas, también en la Administración central). Si esto es así en contextos de normalidad, no digamos nada lo que se tensa esa situación cuando se produce una crisis extrema y sorpresiva. Sin dirección profesional, la gestión hace aguas por todos los costados. Salvo los servicios de emergencias que tienen sus protocolos (de mejor o peor factura), los servicios técnicos y administrativos no saben a veces cómo enfrentarse a tales circunstancias extremas. Y no digamos nada cuando esas tensiones o catástrofes se producen en tiempos estivales o en períodos vacacionales. Las capacidades de respuesta de la gestión (tanto política como administrativa) se resienten muchísimo, e incluso explican la tardanza en adoptar medidas inmediatas con resultados a veces durísimos, incluso en vidas humanas. Hay períodos del año, por mucha digitalización que se predique, en los que la Administración Pública está prácticamente cerrada por vacaciones: con las plantillas en cuadro, vacando mientras las garras de la catástrofe atenazan a una derrotada ciudadanía. Pasó en la Dana, pasó en algunas catástrofes estivales y ha pasado también en Ceuta. La legislación de empleo público no está adaptada para tales eventualidades y a la necesidad de movilizar al mayor número de efectivos propios, al margen de las ayudas externas y con las limitadas excepciones (no siempre tales) de los casos de defensa y policía, o retenes de bomberos.

Los fallos de prevención y sus ulteriores lamentos

A modo de coda final hay que subrayar algo obvio: la multiplicación de crisis extremas en los últimos años nos muestra la complejidad de los fenómenos a los que se enfrenta España, pero también nos advierten de la enorme debilidad de los sistemas de prevención de catástrofes o de adopción de medidas paliativas frente a situaciones que desbordan cualquier mal vaticinio. En las catástrofes medioambientales aparece con fuerza reincidente la desatención o abandono de medidas preventivas, con unos costes elevadísimos; mientras que en otras situaciones críticas también emerge la impotencia de diseñar previamente estrategias y acciones que palien los enormes destrozos humanos y de otra naturaleza que provocan tales circunstancias. Nos hemos hecho expertos en aprobar decretos-leyes que intentan amortiguar mediante ayudas, subvenciones, créditos o cantos de sirena dirigidos a la aceleración de procedimientos de gestión que apenas funcionan (porque la maquinaria burocrática está rota) y que someten a la ciudadanía, empresas o personas afectadas a una tensión adicional sin resultados apenas tangibles. Todo se fía a paliar efectos adversos, lo que no se consigue, y nada a prevenir y evitar, o al menos intentarlo, los terribles arañazos que sobre el tejido social y la naturaleza o sus infraestructuras tales crisis extremas alcanzan. El fracaso del modelo político y de gestión es evidente. Y frente a esto nadie responde de nada, tampoco nadie propone nada, haciendo ver que todo se arreglará por los hados del destino. Una política agotada, irresponsables e inútil, una Administración sin capacidades efectivas de gestión, encerrada en su endogamia y autocomplacencia o zona de confort, y, en fin, una ciudadanía roma en la exigencia y defensa de sus derechos y en la censura radical a los poderes públicos de sus desmanes, es el peor cóctel que acompaña a este país llamado España; donde, junto a un auténtico declive de gestión, crece el sectarismo y emerge incluso una crisis moral. Así las cosas, el futuro se tiñe de negro.

Carles Ramió: AI LA IA! ¿Una revuelta de robots?

 "La inteligencia artificial no representa un fin en sí misma ni una amenaza incontrolable para la Administración, sino un instrumento transformador cuya utilidad dependerá de la capacidad institucional para dirigirlo. La verdadera encrucijada del sector público no reside en decidir si adopta o no esta tecnología, sino en determinar si lo hará de manera reactiva y desordenada o de forma proactiva, ética y estratégicamente orientada"

Por Carles Ramió. esPúblico blog. El año 2019 publiqué un libro sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la Administración pública, un tema que por aquel entonces apenas formaba parte de la agenda ni de los debates del sector público. Según la propia IA, se trató de la primera obra publicada a nivel global con este enfoque, antes únicamente habían visto la luz algunos artículos científicos e informes institucionales. Esta es una muestra de algunas debilidades de la IA: tiene peligrosas alucinaciones. 

En todo caso, durante la fase de documentación e investigación, al no ser especialista en la materia, consulté a diversos expertos en la disciplina para resolver dudas conceptuales. En estas conversaciones surgió la inevitable pregunta que ronda el imaginario colectivo: ¿Cuándo se produciría una hipotética rebelión de las máquinas? Este escenario distópico, habitual en la ciencia ficción, recibía en 2018 una respuesta unánime: la tecnología se encontraba en una fase incipiente —siendo incluso aventurado catalogarla como inteligente— y una eventual rebelión se proyectaba a un siglo vista. Poco tiempo después, la previsión se redujo a medio siglo y, en la actualidad, diversos especialistas sitúan ese horizonte hacia el año 2030, acortando el plazo de un siglo a apenas una década.

Es innegable que esta tecnología ha experimentado una evolución vertiginosa. El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI representó un hito en el procesamiento del lenguaje natural accesible masivamente, pero el seguimiento de estos sistemas evidencia que su capacidad y sofisticación han crecido de forma exponencial en apenas cuatro años. Actualmente, las principales corporaciones del sector afirman que la velocidad de avance aconseja una moratoria para prevenir riesgos existenciales para la humanidad. Este mensaje apocalíptico y coordinado por las grandes empresas tecnológicas resulta inusual y contradictorio, sugiriendo la presencia de intereses propios de difícil visibilidad. Diversos analistas consideran que se trata de un planteamiento desmesurado e incluso especulan con estrategias de posicionamiento sectorial. En cualquier caso, resulta evidente que esta aceleración exige un marco regulatorio sólido para evitar externalidades negativas.

Esta dinámica plantea cuatro reflexiones clave sobre la relación entre la inteligencia artificial y el sector público:

En primer lugar, la madurez alcanzada por la tecnología permite su integración inmediata en la gestión administrativa ordinaria. Su aplicación resulta viable tanto para optimizar la productividad mediante la automatización de trámites formales como para mejorar la prestación de servicios públicos en ámbitos clave como la salud, la educación o la atención social.

En segundo lugar, el debate en torno a la fiabilidad de la tecnología no debe derivar en actitudes neoluditas ni en la paralización de su despliegue en la Administración. El sector público no requiere utilizar modelos de frontera de alto riesgo, sino soluciones maduras, consolidadas y sujetas a supervisión humana.

En tercer lugar, los avances recientes ofrecen respuestas a problemas estructurales de la gestión pública que hasta hace poco parecían irresolubles, especialmente en el ámbito local. La IA requiere operar con volúmenes masivos de datos que no están al alcance de los pequeños y medianos municipios, dejándolos en riesgo de exclusión tecnológica. Además, cada Administración gestiona su información en plataformas estancas con formatos incompatibles, convirtiendo la interoperabilidad entre municipios en una quimera. Al consultar en su momento a los expertos, planteaban como una posibilidad lejana que diversos algoritmos pudieran actuar como intermediarios y traductores de estas bases de datos heterogéneas. Sin embargo, los acontecimientos recientes que han encendido las alarmas entre los propios desarrolladores demuestran que ese horizonte ya está aquí. Las evidencias de dispositivos de IA que, para resolver problemas complejos, son capaces de piratear a otros sistemas, hacer trampas, coordinarse como verdaderas colmenas o dividirse el trabajo mediante la especialización de tareas autónomas, prueban que la tecnología posee ya una capacidad extraordinaria para traducir, validar e interconectar estructuras de datos dispares. Paradójicamente, las mismas conductas sofisticadas que asustan en entornos experimentales constituyen el campo de trabajo más prometedor para que las administraciones gestionen con una eficacia inédita nuestro complejo sistema administrativo multinivel.

En cuarto lugar, respecto a los comportamientos imprevistos observados en los modelos de frontera más avanzados, estos no responden a una desobediencia autónoma o consciente por parte de la tecnología, sino a dinámicas experimentales donde los sistemas buscan optimizar sus resultados frente a las instrucciones dadas por los desarrolladores. Si un algoritmo decide emplear atajos, eludir restricciones, ocultar fallos o establecer estrategias de cooperación heterodoxas con otros agentes, lo hace únicamente porque su parámetro de optimización se estructuró primando el objetivo final sobre los medios. Se trata, en esencia, de una falla en la gobernanza humana, en la alineación de objetivos y en el diseño regulatorio, no de un conato de rebelión. La tecnología carece de voluntad y se limita a ejecutar funciones dentro del espacio de búsqueda permitido. Por este motivo, el sector público tiene la obligación ineludible de codificar e imbuir los valores éticos, la legalidad administrativa y los principios institucionales directamente en el diseño algorítmico. En el ámbito de la gestión pública, la maximización de la eficiencia jamás puede justificar el quebrantamiento de las garantías ciudadanas; la actuación de la inteligencia artificial debe quedar siempre encorsetada y subordinada a los valores deontológicos del servicio público.

En conclusión, la inteligencia artificial no representa un fin en sí misma ni una amenaza incontrolable para la Administración, sino un instrumento transformador cuya utilidad dependerá de la capacidad institucional para dirigirlo. La verdadera encrucijada del sector público no reside en decidir si adopta o no esta tecnología, sino en determinar si lo hará de manera reactiva y desordenada o de forma proactiva, ética y estratégicamente orientada. Mientras el debate mediático se distrae con escenarios apocalípticos de ciencia ficción, las administraciones se juegan en el presente la oportunidad histórica de erradicar la burocracia ineficiente, cerrar la brecha territorial entre municipios y construir un modelo de gobernanza verdaderamente inteligente, equitativo y transparente. Para lograrlo, resulta imprescindible abandonar tanto la fascinación ciega como el rechazo tecnófobo, asumiendo el liderazgo en la regulación, el diseño algorítmico ético y la capacitación del personal público. Solo así se garantizará que la inteligencia artificial no sustituya el juicio humano ni deshumanice la atención al ciudadano, sino que fortalezca las capacidades del Estado y consolide el valor público en beneficio del conjunto de la sociedad.

El Supremo obliga al Gobierno a desvelar los pluses de productividad que perciben miles de altos cargos

Dos recientes sentencias del Alto Tribunal desbloquean una treintena de resoluciones de Transparencia que exigían a los ministerios revelar el variable de una docena de departamentos

Revista de prensa.- Por Bruno Pérez  ABC.-  Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han abierto la puerta a levantar por fin el velo de opacidad que ha permitido ocultar durante años el reparto de los pluses de productividad a los trabajadores de la Administración del Estado, que ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones para no proporcionar esa información. El Gobierno ha hecho en los últimos años todo lo posible por evitar revelar esa información, pese a la sombra de sospecha que siempre ha rodeado su distribución, amparado en un presunto derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos, bajo cuyo paraguas han esquivado decenas de peticiones del Consejo de Transparencia.

Que existía esa estrategia lo prueba que la publicación de esas sentencias haya desbloqueado una treintena de resoluciones de Transparencia que reconocían el derecho de los sindicatos a recibir con un elevado nivel de detalle los beneficiarios concretos y las cuantías de los pluses de productividad de miles de altos cargos y funcionarios de una decena de ministerios, un ejercicio de transparencia salarial que, de consumarse, no tendría precedentes en la administración pública española.

Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han abierto la puerta a levantar por fin el velo de opacidad que ha permitido ocultar durante años el reparto de los pluses de productividad a los trabajadores de la Administración del Estado, que ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones para no proporcionar esa información. El Gobierno ha hecho en los últimos años todo lo posible por evitar revelar esa información, pese a la sombra de sospecha que siempre ha rodeado su distribución, amparado en un presunto derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos, bajo cuyo paraguas han esquivado decenas de peticiones del Consejo de Transparencia.

Que existía esa estrategia lo prueba que la publicación de esas sentencias haya desbloqueado una treintena de resoluciones de Transparencia que reconocían el derecho de los sindicatos a recibir con un elevado nivel de detalle los beneficiarios concretos y las cuantías de los pluses de productividad de miles de altos cargos y funcionarios de una decena de ministerios, un ejercicio de transparencia salarial que, de consumarse, no tendría precedentes en la administración

No es un asunto menor. El Gobierno repartió en 2025 cerca de 900 millones de euros en productividades y más de 285 millones solo entre el personal de los ministerios, casi duplicando la dotación inicial prevista en los presupuestos prorrogados. Es decir, que se destinaron 100 millones más de los previstos a este tipo de pluses variables.

Una bolsa millonaria para retribuir el buen desempeño

En 2025 la Administración del Estado pagó cerca de 900 millones de euros en productividades, una parte muy importante de esa bolsa se reparte entre policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, casi como un elemento más de su salario estructural, pero otros 285 millones de euros se distribuyeron entre el personal de los ministerios. El Gobierno amplió en 100 millones de euros esa bolsa, respecto a la cantidad prevista en los presupuestos prorrogados, para poder retribuir el desempeño de sus funcionarios y en algunos ministerios, como el de Presidencia, esa cuantía se duplicó.

Lo que deja sentado el Supremo es que «el principio de transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas, en la medida que permite a la ciudadanía y a los representantes de los empleados públicos el control democrático del gasto público» y que solo esa transparencia permite verificar «que los recursos destinados a las retribuciones del personal se asignan con arreglo a la legalidad, bajo el principio de igualdad y respetando criterios objetivos de mérito y capacidad». También que el principio de privacidad que han venido invocando los ministerios viene limitado por la condición de empleados públicos de los afectados y que bajo estas premisas «el acceso a tal información debe ser, en principio, la regla general», ya que prevalece el interés público sobre la posible afectación indirecta sobre los datos personales.

Los sindicatos desconfían

A horcajadas de ese criterio, las resoluciones desbloqueadas por Transparencia abrirán al escrutinio público, o como mínimo de los sindicatos, las productividades de los altos cargos de la Agencia Tributaria, de los organismos de la Seguridad Social (INSS, TGSS e Instituto Social de la Marina) y del Ministerio de Economía, que hasta la fecha sí daba acceso a las productividades y gratificaciones de sus altos funcionarios pero no al resto. Sobre el papel, porque los sindicatos no las tienen todas consigo. Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda que lleva seis años peleando por conocer la distribución de la productividad entre los trabajadores de la Agencia Tributaria, instó nada más conocer las sentencias del Supremo el cumplimiento de la resolución de Transparencia que obligaba al organismo del Ministerio de Hacienda a proporcionar información detallada sobre esos pluses. Aún no ha sabido nada del caso. «La Administración está ofreciendo desde hace años una resistencia numantina a dar esa información y estamos convencidos de que van a seguir resistiéndose para dejar en el mínimo posible la aplicación de la sentencia», aseguran fuentes del servicio jurídico del sindicato.

Varias fuentes sindicales aseguran, bajo la condición del anonimato, que la resistencia de los sucesivos gobiernos a dar información sobre los pluses de productividad viene de que en algunos casos se han utilizado para comprar voluntades y eso deriva en que hay funcionarios concretos que pueden recibir hasta 70.000 euros al año solo en este tipo de complementos. Ninguna de las fuentes consultadas comparte que esto sea una práctica generalizada, aunque sí recalcan que la opacidad sobre su distribución es un campo abonado para favorecer arbitrariedades.

70.000 euros. Nóminas que se multiplican

Fuentes sindicales sugieren que la opacidad en el pago de la productividad responde a que se trata de un instrumento que se ha utilizado para comprar voluntades y denuncian que hay casos de funcionarios que llegan a ingresar hasta 70.000 euros al año por este complemento de desempeño.

El secretario general de la Sección Sindical de CC.OO. en el Ministerio de Economía, Jesús Guerrero Titos, es otro de los que ha peleado para que el ministerio diera a conocer el reparto de las productividades en el ministerio, lo que conseguido solo en parte. Economía se avino a proporcionar información sobre sus niveles 28, 29 y 30, es decir, sobre los directivos del Ministerio, pero no del resto de empleados públicos. «Se ha consolidado una forma de hacer contraria al derecho a la transparencia y a la misma actividad sindical, ya que el Estatuto del Empleado Público establece la obligación legal de negociar la retribución por productividad y la Administración se lo ha tomado como una obligación de negociar, pero no de llegar a un acuerdo».

Jorge Vilas, de CSIF, también se ha topado con el muro de la Administración cuando intentó conocer la distribución de los pluses entre el alrededor de un millar de mandos que hay en Prisiones. «Transparencia no dio la razón, lo llevaron a los tribunales y lo perdieron, y decidieron elevarlo al Supremo. ¿Qué habrá en esos listados para que pongan tanta resistencia a darlos», se pregunta. En su caso, también pasaron los diez días que Transparencia dio a Interior para dar esa información sin que la haya recibido.

La Ley de Memoria Democrática 20/2022, de 19 de octubre y su aplicación a las entidades locales.

 "Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es cuestión de signos políticos sino, de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio"

Por Octavio Fernández. esPúblico blog.-  Antecedentes: la ley 52/2007, de 26 de diciembre, de «Memoria histórica»

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, conocida popularmente como «Ley de Memoria Histórica» supuso una respuesta de gran calado desde el Estado a una deuda histórica que pesaba sobre el ordenamiento jurídico de nuestro país sobre la reparación de las víctimas de la guerra civil de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista

Entre las medidas legislativas de la misma y que han afectado en su aplicación  a las Corporaciones locales, destacamos tres:

1.- La exigencia a las Corporaciones locales para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

2.- La obligación al Gobierno de colaborar con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura.

3. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no cumplan con la misma.

En los últimos dieciocho años se ha producido la sistemática retirada de nombres de calles, insignias, plazas, monumentos, estatuas y otros objetos de simbología franquista por los Ayuntamientos para dar cumplimiento a la misma.

Los Ayuntamientos en cumplimiento de esta ley estatal han aprobado en los plenos acuerdos de retirada de símbolos, monumentos, estatuas del espacio público que en numerosas ocasiones han sido recurridas por familias y asociaciones en defensa de la dictadura lo que ha dado lugar a una extensa jurisprudencia hasta llegar a la importante sentencia de 17 de julio de 2025 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (rec. 6318/2023) que junto a dos anteriores ( sentencia n.º 1662/2022, ECLI:ES:TS:2022:4614 y sentencia n.º 477/2023, ECLI:ES:TS:2023:1450)  fijan la doctrina legal en este asunto:

«dar a una calle el nombre de una persona que participó activamente y de manera relevante en la sublevación militar de 1936 y en la Guerra Civil y ocupó cargos de máxima importancia en el régimen político surgido de ella es un acto de exaltación contrario al artículo 15.1 de la Ley 52/2007» « La exposición de motivos y el artículo 1 de la Ley 52/2007 corroboran que no es cuestión de signos políticos sino, como dice la primera, de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».

2.- La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La disposición derogatoria única de esta ley deroga la Ley 52/2007, de 26 de diciembre anterior. Esta ley de Memoria Democrática de 2022 en comparación con la Ley de Memoria Histórica supone una ampliación de los actos de repudio de la guerra civil y de la Dictadura de Franco y al mismo tiempo de reconocimiento de las víctimas y de las personas que sufrieron daños y perjuicios por dichos acontecimientos. Entre los caracteres más importantes de la ley y que tienen repercusión en las entidades locales destacamos los siguientes:

1. Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista y se declara ilegal el régimen franquista por lo que se debe revocar cualquier acuerdo adoptado por las entidades locales de enaltecimiento de la guerra civil, de la dictadura y de las autoridades franquistas.

En el procedimiento administrativo como afecta a derechos o intereses de los homenajeados hay que tramitar un expediente con garantías al administrado mediante la revisión de oficio con audiencia e información pública para poder retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos.

2.- Se especifican con mayor amplitud todos los elementos contrarios a la Memoria democrática y que supongan el enaltecimiento de la guerra civil y la dictadura franquista en el artículo 35, que son de las siguientes clases:

-Edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura y de sus dirigentes y colaboradores.

-Topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

3.- Se regula un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que debe confeccionar la Administración General del Estado en colaboración con el resto de Administraciones, entre ellas las entidades locales que deben revisar todos los bienes inmuebles y muebles de su inventario que contengan simbología franquista y proceder a su retirada.

En desarrollo de esta ley, se aprueba el Real Decreto 1040/2025, de 19 de noviembre, por el que se establece el procedimiento para la confección del Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y se crea la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Esta Comisión lleva funcionando dos años y ha emitido sucesivas resoluciones notificadas a las entidades locales que son de obligado cumplimiento la retirada del espacio público de los mismos cuyo enlace con todas sus resoluciones adjuntamos:https://mptmd.gob.es/portal/memoria-democratica/catalogo-simbolos-elementos-contrarios/catalogo-de-simbolos

 Así entre las que mayor repercusión han tenido en los últimos tiempos, es la Resolución favorable de obligado cumplimiento para una entidad local como es la Resolución notificada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en Canarias en la que se incluye en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el «Monumento a la Victoria» sito en Santa Cruz de Tenerife porque no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento de éste y se determina la retirada del espacio público del mencionado elemento En dicha resolución se requiere al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como titular del mencionado elemento, a que, en el plazo máximo de seis meses, ejecute y cumpla de forma voluntaria el contenido de esta resolución, procediendo a retirar del espacio público el mencionado elemento y en el caso de que no cumpla con la Resolución, se realizará la ejecución forzosa de la resolución mediante multas coercitivas y ejecución subsidiaria contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Conclusiones

La ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática es una ley básica conforme al artículo 149.1 18ª de la constitución y en consecuencia  de obligado cumplimiento para las entidades locales por la que las mismas deben retirar del espacio público todo elemento que enaltezca la guerra civil y la dictadura franquista, porque como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es cuestión de signos políticos sino, de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.

La palabrería genérica de la Administración no interrumpe la prescripción en favor del contribuyente

"Tomemos nota de que las actuaciones de la Administración en ejercicio de potestades sancionadoras, de gravamen o policía, para que interrumpan la prescripción, esto es, el curso del plazo para “desenfundar y disparar”, tiene que ser precisas en su objeto, sin resultar genéricas ni ambiguas. No todo el monte recaudatorio es océano…para que la Administración navegue al gusto"

Por José Ramón Chaves.- delaJusticia.com blog.- La prescripción de la acción para exigir el débito es el arma silenciosa que permite defenderse a quienes posiblemente no tienen razón de fondo. En el ámbito tributario, es frecuentísimo que el infortunado contribuyente alegue que han pasado los plazos para que la administración les investigue, encuentre, sancione y cobre.

Afortunadamente la legislación tributaria, consciente de que es enorme el poder recaudatorio de una Agencia tributaria “con licencia para matar rentas y patrimonio”, impone unos rigurosos procedimientos para que pueda actuar.

Viene al caso por la doctrina casacional sentada por la reciente sentencia  de la sala tercera del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2026 (rec.1671/2024) que fija interesantísima doctrina sobre las condiciones para que el inicio de actuaciones de investigación surtan eficacia de interrumpir la prescripción, doctrina que además admite su extrapolación matizada a otros ámbitos distintos del tributario.

 En síntesis, la administración sostenía que el acuerdo de iniciación de actuaciones de comprobación o inspección que tenía por objeto literalmente “Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ejercicio 2010” era ineficaz para interrumpir la prescripción por falta de concreción, pues la Sala tercera confirma la sentencia de instancia dictada por la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideraba vacíos e imprecisos tales términos pues:

Reconocer eficacia interruptiva a un documento que contiene como concepto «Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados», que no concreta ni el tributo, al comprender dos, TPO y AJD, así como que se refiere al ejercicio, «2010», cuando estos tributos no tienen ejercicio sino devengo, implicaría reconocer que dicho documento así generado, interrumpía la prescripción para el examen de cualquier operación realizada por el obligado tributario en el 2010 y para estos Impuestos. Aunque sobre este singular caso no se ha citado Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina que se desprende de otras sentencias permite concluir que no se corresponde tal interpretación (el que un inicio genérico de inspección interrumpe la prescripción para todas las operaciones realizadas en un periodo) con las mismas. Así con la doctrina consistente en que la interrupción de la prescripción es para un concepto tributario específico y no para un impuesto diferente, de manera que las actuaciones de liquidación dirigidas a un tributo no tienen eficacia interruptiva para otro, salvo el supuesto del art. 68.1.a) in fine, Sentencia de fecha 27 de enero de 2016, recurso número 3625/2014 […]».

La Sala tercera del Tribunal Supremo confirma esta argumentación, exponiendo que:

No existe, por tanto, un periodo temporal que pueda identificar la obligación tributaria, sino un acto de transmisión que se produce en un momento temporal específico. La referencia a «ITP-AJD, ejercicio 2010» que contiene la comunicación del inicio de procedimiento no identifica ninguna obligación jurídicamente existente ni permite determinarla por su contenido, de modo que la comunicación de inicio carece de la conexión necesaria con una concreta deuda tributaria cuya prescripción pudiera interrumpirse. Admitir lo contrario supondría, como razona la sentencia recurrida, reconocer efectos interruptivos de carácter expansivo e indeterminado, incompatibles con la naturaleza de la prescripción como garantía del contribuyente. Como bien argumenta la sentencia recurrida, el art. 68.1.a) LGT exige la identificación suficiente de la obligación tributaria a que se contrae la actuación de la Administración tributaria, al requerir que sea realizada con conocimiento formal del obligado tributario, y conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, que deberá quedar correctamente identificada en los términos del art. 87.3.b) del RGAT, y sin excepcionar otro supuesto que aquel en que la acción se haya dirigido inicialmente a una obligación tributaria distinta precisamente como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. En este sentido se pronunció nuestra Sala en la STS de 27 de enero de 2016 (rec. cas. unificación de doctrina 3625/2014).

 Y en consecuencia fija doctrina:

Por tanto, establecemos como criterio interpretativo que en los tributos de devengo instantáneo, como es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que cada operación genera una obligación tributaria autónoma, el acuerdo de inicio de actuaciones de comprobación o inspección que se limita a acotar un periodo temporal en lugar de una operación individualizada carece de eficacia interruptiva de la prescripción, conforme al artículo 68.1.a) LGT.

La sentencia es correcta e impecable y plenamente congruente con una Administración leal con el contribuyente, que no se escuda en “pesca por arrastre”(esto es, enarbolando ámbitos genéricos de control), y aunque no lo diga, es evidente que tal criterio interpretativo se impondría bajo consideraciones derivadas de tan importantes principios como el principio de confianza legítima y seguridad jurídica (el contribuyente se fía de lo que se le dice que se va a investigar) o el de buena administración (la Administración tiene la carga de explicar, motivar y no sorprender al ciudadano).

En fin, tomemos nota de que las actuaciones de la Administración en ejercicio de potestades sancionadoras, de gravamen o policía, para que interrumpan la prescripción, esto es, el curso del plazo para “desenfundar y disparar”, tiene que ser precisas en su objeto, sin resultar genéricas ni ambiguas. No todo el monte recaudatorio es océano…para que la Administración navegue al gusto… No. La Administración debe motivar, avisar y explicitar. Eso es servicio público. No lo es sorprender al ciudadano ni jugar al gato y al ratón. Bastante que cuenta con legislación a la medida, medios tecnológicos poderosos y recursos humanos expertos, así que no es mucho pedir que “afine el lápiz” y hable claro con el contribuyente.