Consolidada la jurisprudencia sobre aspirantes de buena fe que conservan sus plazas por razones de equidad

 "La sentencia deja entrever que la práctica judicial apunta (de forma tambaleante, añado) a reconocer como caso de menor exigencia temporal para beneficiarse de la «estabilización selectiva», el transcurso de tres años entre el acto originario impugnado y la sentencia firme"

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- Uno de los ámbitos más significativos donde el Tribunal Supremo ha abierto paso a la justicia material entre la rigidez de las normas administrativas y el rigor del cumplimiento de sentencias “en sus propios términos” es el relativo a la excepcional y casuística situación en que los terceros de buena fe que se ven privados de sus plazas obtenidas por concursos y oposiciones a causa del recurso de otros aspirantes, conservarán sus plazas si el tiempo transcurrido genera una situación merecedora de respeto.

Pues bien, la reciente sentencia de la sala tercera de 3 de marzo de 2025 (rec. 51112/2022) confirma sin reservas lo ajustado a derecho de que se ampare a estas víctimas de recursos contencioso-administrativos cuya sentencia llega cuando llevan años disfrutando de la creencia de su plaza segura.

La sentencia fija con claridad y orden el estado de la cuestión y literalmente resume la jurisprudencia en estos términos:

EL CRITERIO CONSOLIDADO

1º.- "Bajo la denominación «aspirantes o terceros de buena fe en los procesos selectivos» la jurisprudencia se refiere a quienes han superado un proceso selectivo y obtenido plaza, proceso que posteriormente, y a instancia de un tercero, se anula mediante sentencia firme. En tales supuestos venimos manteniendo que -en lo posible- no debe verse afectada la situación de quienes fueron nombrados en su día porque así lo exigen razones de buena fe, de confianza legítima, de seguridad jurídica y de equidad, sin exceder en este caso de lo previsto en el artículo 3.2 del Código Civil".

EL FUNDAMENTO

2º.- "Esta jurisprudencia no deja de ser sino una plasmación, en su caso, del principio de conservación de actos anulables (cfr. artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas), así lo apuntó la sentencia de la antigua Sección Séptima de 29 de junio de 2015 (casación 438/2014), o la sentencia 361/2019, de 18 de marzo (casación 499/2016).

3º.- A su vez este criterio descansa, por un lado, en el hecho de que las infracciones determinantes de la invalidez del proceso selectivo sean imputables exclusivamente a la Administración, por lo que los aspirantes que lograron el nombramiento son ajenos a ellas, de ahí su buena fe. Aun así nuestra jurisprudencia no olvida al recurrente, se le tiene en cuenta, pues se satisfacen plenamente sus pretensiones, que se estiman, pero sin necesidad de deshacer todo lo anterior en perjuicio de esos otros aspirantes de buena fe".

NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

4º.- "Se rechaza que haya discriminación pues lo desproporcionado de una anulación total exige atemperar las consecuencias de un entendimiento del principio de igualdad que llegue a pugnar con la equidad. A estos efectos la equidad no se invoca aisladamente, pues no hay norma que permita aplicarla como determinante del fallo (artículo 3.2 del Código Civil), sino como criterio que atempera la solución de las contiendas judiciales (cfr. sentencia de la Sala Primera, de 25 de septiembre de 1997, recurso de casación 967/1993), de ahí que se admita su invocación al asociarse al principio de proporcionalidad respecto del alcance del fallo anulatorio".

NO SE VULNERA LA CONVOCATORIA SOBRE LA LIMITACIÓN DE NÚMERO DE APROBADOS

5º.- "Insiste la jurisprudencia que la repetición de ejercicios, sólo respecto de los aspirantes afectados, procede siempre que no se violenten las bases de la convocatoria (cfr. sentencia 375/2019, de 20 de marzo, casación 2116/2016). En este punto conviene advertir que la jurisprudencia rechaza que preservar la posición jurídica del aspirante de buena fe suponga infringir la prohibición de aprobar a más aspirantes que plazas convocadas: tal límite rige para los tribunales calificadores, pero lo que ahora se plantea no es crear judicialmente plazas, sino cómo ejecutar sentencias estimatorias sin perjudicar a esos terceros".

EL LAPSO TEMPORAL

6º.- "En estos casos suele invocarse el factor temporal pues, al fin y al cabo, si se tutela a los aspirantes de buena fe es porque con el transcurso de tiempo han consolidado situaciones jurídicas derivadas de haber superado la convocatoria y así han ingresado en un Cuerpo o Escala, han tomado posesión de sus destinos, es más, incluso por el tiempo que media hasta que recaiga sentencia firme han podido perfeccionar un trienio. Así, el tiempo transcurrido desde que finalizó el proceso selectivo priva de justificación y proporción que se dejen sin efecto esas situaciones jurídicas creadas por la actuación administrativa irregular y ya consolidadas a favor de aspirantes de buena fe.

7º.- Para el cálculo de ese elemento temporal la jurisprudencia no fija estándar de duración que sirva para integrar el juicio de proporcionalidad, lo que lleva al casuismo. A estos efectos la revisión judicial -en sus instancias y grados- es lo que dilata la resolución definitiva, y de las numerosas sentencias dictadas se deducen lapsos de tiempo que van de uno a cinco años entre el acto originario impugnado y la primera sentencia, y de tres a nueve años entre ese acto y la sentencia firme".

Este es el punto que queda más abierto, pues sin comprometerse, la sentencia deja entrever que la práctica judicial apunta (de forma tambaleante, añado) a reconocer como caso de menor exigencia temporal para beneficiarse de la «estabilización selectiva», el transcurso de tres años entre el acto originario impugnado y la sentencia firme.

Aplaudo esa doctrina, pero bueno hubiera sido coger el toro por los cuernos y considerar que el lapso razonable sería por analogía el propio del reconocido por el Tribunal Constitucional como nombramiento temporal “de larga duración” que permite anclar expectativas de fijeza, esto es, cinco años, y de este modo:

a) Se ganaría en seguridad jurídica, evitándose litigios jugando a las siete y media, a ver si en el caso concreto “se llega o se pasa” de dos años largos;

b) Se ganaría en igualdad pues so pretexto de la casuística, no se entendería que en unas plazas u otras, según la convocatoria o según el órgano jurisdiccional que toque, distinto sea el régimen de “usucapión de la plaza”.

c) Se evitaría que los codemandados (terceros de “buena fe”) luchando por su “bala de plata” de consolidarse si pierden el litigio, promuevan todo tipo de recursos e incidentes de ejecución para prolongar la firmeza de la sentencia a ejecutar o del auto que la completa; eso sin olvidar (porque hay que conocer el paño) que en administraciones locales de menor tamaño, la “convivencia” y afinidad por “Quienes ya están” puede llevar a empujar la lentitud del proceso para tener el plan B de rescate de sus funcionarios si salen mal parados del lance (ej. remisión tardía del expediente, pruebas de práctica compleja, promover incidentes de suspensión para consultas y otros, etcétera).

Y que nadie se rasgue las vestiduras por esas estrategias procesales maliciosas a las que apunto, que son pocas, pero realistas y humanamente comprensibles cuando se lucha por el pan y la sal, aunque paradójicamente serían conductas procesales “de mala fe” para defender a terceros “de buena fe”.

¿Por qué el Gasto Público forma parte del PIB?

 "Por favor, no se dejen engañar por los de la motosierra. ¡Ah! O es que será que así no se pueden comparar con nadie. ¿Será que es eso lo que quieren? 

Por Antonia Díaz. Nada es Gratis blog.- Inauguramos con esta entrada una serie que podríamos llamar “Leído en las redes” o “Economía de barra de bar”.

Al parecer, el valido plenipotenciario del presidente de los Estados Unidos está soltando en las redes que hay que sacar el Gasto Público del PIB. La conclusión política es clara: No es productivo, ergo, eliminémoslo de las estadísticas y de nuestra vida. Lo digo ya: SE EQUIVOCA.

Y es que casi todo lo que se refiere al PIB levanta muchas pasiones políticas. A la pregunta que titula este post me referí en otro post publicado aquí en 2019: ¿De qué hablamos cuando hablamos del PIB? Y es que, como nos cuenta la profesora Diane Coyle, “GDP: a Brief but Affectionate History”, esta discusión ya la tuvieron Kuznets y Keynes en la época de la WWII, y la ganó Keynes. En aquel post reproducía este gráfico, donde aparece el PIB sin Gasto Público:

Una primera observación es que, sin el gasto público, el PIB de Estados Unidos habría tenido un buen roto durante la Segunda Guerra Mundial. La otra observación es que desde la Crisis Financiera en España no nos quedó más remedio que distanciarnos un poco de EE.UU., ¿por qué sería? Pero sólo un poco. Dejo la discusión de los detalles y sobre España para otro día. En todo caso, hoy quiero hablar de por qué el Gasto Público es parte del PIB. Cuando tengo alguna duda metodológica acudo siempre a los trabajos de Edward C. Prescott, mi codirector de tesis doctoral. Luis Puch y yo escribimos un post tras el fallecimiento de Ed sobre sus enormes contribuciones a la Macroeconomía. Voy a glosar parte de lo que allí decíamos que está basado en un trabajo de Prescott con Thomas F. Cooley, “Economic Growth and Business Cycle”. Este trabajo debería ser lectura obligada para todos los macroeconomistas, pero voy a intentar contarlo como si estuviera en la barra de un bar, con atención especial para los que se meten a macroeconomistas resabiados sin serlo.

Cuando medimos el PIB estamos intentando medir el Valor Añadido Bruto que se ha producido en un cierto periodo de tiempo en un entorno geográfico concreto. Como ya decíamos en el post mencionado la medición correcta es fundamental para, por ejemplo, estimar el potencial de crecimiento de una economía, su productividad o conocer la distribución de la carga impositiva entre sectores. Todo ello tiene implicaciones como para hacer del PIB una buena primera aproximación a la hora de medir las diferencias entre los estándares de vida en distintos países.

Es por esto por lo que por ejemplo, las agencias estadísticas de todos los países estiman el valor de los servicios que nos dan las casas en propiedad y se lo suman al PIB. La razón es que, en caso contrario, estaríamos subestimando el Valor Añadido Bruto de Estados Unidos y España, países eminentemente de propietarios, respecto al de Alemania, donde el porcentaje de tenencia en propiedad es mucho menor y hay más prevalencia del alquiler que sí pasa por el mercado. Queremos poder comparar adecuadamente entre países. Algo que Prescott hacía siempre (pero las Cuentas Nacionales no hacen) es añadir al PIB el valor imputado de los servicios de los bienes duraderos y, por tanto, añadía el valor de su stock al stock total de capital. La razón es que la organización industrial de una economía no afecte a la medición de su valor añadido. El grueso de los bienes duraderos son los coches de los particulares. Hasta ahora, casi todas las familias tienen un coche, al menos. Pero no es el caso de las nuevas generaciones. La proliferación de plataformas de alquiler está haciendo que caiga el parque automovilístico en manos individuales y aumente el parque adscrito a empresas. Esto hace que, mecánicamente, el PIB aumente al contabilizar esos servicios automovilísticos que antes no pasaban por el mercado. Casas y coches en este caso ilustran bien la importancia de imputar rentas que no pasan por el mercado a la hora de medir la actividad económica. Esto puede ser así tanto con el objetivo de hacer comparaciones entre países como de mitigar la distorsión que introducen para dichas comparaciones algunas diferencias en la estructura productiva de los distintos países.

Por las mismas razones, los servicios producidos por el Gobierno son y tienen que ser parte del PIB. Veamos el siguiente ejemplo. Una Comunidad Autónoma cierra un centro de atención primaria y vende el local y todo el equipamiento médico a una empresa privada. Supongamos que esta empresa abre inmediatamente un centro médico con los mismos profesionales que antes trabajaban allí. Supongamos que su sueldo y la calidad de su servicio fuera la misma en ambos casos. El PIB aumenta mecánicamente porque el valor de mercado de un servicio que se produce de forma privada incluye los costes salariales, los costes de uso de la infraestructuras y bienes de equipo (no solo mantenimiento por depreciación) y costes intermedios, además del margen de beneficio. En cambio, los servicios producidos de forma pública se computan en el PIB valorándolos a coste de los factores de producción y, de estos, solo se incluye los costes salariales, el mantenimiento de las infraestructuras y bienes de equipo y costes intermedios. ¡Eureka, el PIB ha aumentado reduciendo gasto público! ¡Saquemos la motosierra! Se podría objetar que he puesto muchos condicionantes. Si la bajada de sueldos es suficientemente importante puede que el PIB no aumente. Si la empresa privada se pone las botas subiendo precios por la falta de competencia, el PIB aumentará, pero la productividad de la economía disminuirá. Se podría objetar que la calidad del servicio aumentará al privatizarlo. Puede ser. Pero tiendo a pensar que la calidad de los servicios está muy correlacionada con los sueldos de los trabajadores que los producen (algo importantísimo en el caso de algunos bienes de provisión pública como Ciencia y Educación Universitaria) El resumen es que el Gasto Público forma parte del PIB porque hay bienes y servicios finales que una sociedad ha decidido que se provean de forma pública (el adjetivo “finales” es esencial: las transferencias públicas no forman parte del PIB). Otra sociedad, en cambio, puede preferir la provisión privada. La justa comparación del Valor Añadido de ambas requiere que el Gasto Público forme parte del PIB. Y, preferiblemente, que se añada el coste de uso del capital público, no solo por coste de mantenimiento sino por el valor añadido que genera, como hace el sector privado (aunque sin contar beneficios, porque el sector público, por definición, no los tiene).

Así que, por favor, no se dejen engañar por los de la motosierra. ¡Ah! O es que será que así no se pueden comparar con nadie. ¿Será que es eso lo que quieren? 

Francisco Sosa Wagner: Oración fúnebre por una fusión

" Lo que lamento es que, pasados casi dos siglos, nos encontremos tratando asuntos como el de la fusión municipal entre Don Benito y Villanueva de la Serena con la «pasión política», en su manifestación menos noble, que denunciaba Javier de Burgos. Pasión perturbadora, pasión desesperanzadora. Y, lo que es peor, aniquiladora"

Por Francisco Sosa Wagner. esPúblico blog.- Quienes llevamos decenios defendiendo con la pluma la necesidad de meter el bisturí al mapa municipal español, repleto de municipios que son Administraciones más cerca de la fantasmagoría que de una realidad jurídica sana y halagüeña, celebramos con júbilo el anuncio de fusión de dos municipios simbólicos, de Extremadura y de España, los de Don Benito y Villanueva de la Serena.

Preciso es recordar que la mitad de los más de ocho mil municipios que existen en España cuentan con menos de mil habitantes. Una cifra angustiosa, una cifra que ningún país serio se puede permitir, de hecho los más importantes de nuestro entorno (Alemania, la federal, por un lado, y la unificada, por otro, son ejemplos señeros) acometieron y culminaron procesos de reducción de sus mapas municipales, germinados allá en las fechas lejanas del derrumbe de las instituciones del Antiguo Régimen, en los procesos revolucionarios del siglo XIX.

Con motivo de la satisfacción que procedía de Extremadura, en estas mismas páginas, reflexioné sobre su importancia, alerté sobre el ejemplo que suponía, intenté convocar a su réplica en otras partes de España. Los expertos de la Universidad de Extremadura airearon datos que eran ilusionadores por cuanto la unión de los dos municipios extremeños convertirían a la ciudad resultante en la tercera más poblada de la Comunidad autónoma y en su primera potencia agraria e industrial además de pasar a representar el segundo punto (polo) de interés económico, solo por detrás de Badajoz.

Empresas hubo que anunciaron inversiones de relevancia y beneficiadas hubieran resultado a buen seguro las infraestructuras viarias y la trama de servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Era, en definitiva, un modelo de modernización que procedía de una región que tantas emociones históricas suscita entre los españoles.

Hacer aquí el arqueo de los desencuentros entre los partidos políticos que han llevado al proceso de fusión a un punto muerto es una tarea tan aflictiva como aburrida que no quiero asumir. El lector, por lo demás, los tiene a su disposición en los periódicos nacionales y regionales. En ellos encontrará la crónica de peleas tribales, apelaciones a conceptos periclitados como «pérdida de la identidad», «desprecio a la autonomía y al autogobierno» que se han leído y oído para desesperación de quienes sabemos la hueca palabrería que encierran. Hueca y, lo que es peor, peligrosa.

Sí quiero, sin embargo, hacer hincapié en lo que significa vernos obligado a entonar esta oración fúnebre, este réquiem tan intempestivo. Durante el siglo XIX, el mundo municipal – como el provincial- fue el escenario de las más encarnizadas batallas políticas, pensemos en la salida de España de la reina regente doña María Cristina y el comienzo de la regencia de Espartero, motivada por la discusión de una ley de Ayuntamientos.

Pues bien, cuando Javier de Burgos pasa revista a los Ayuntamientos en las famosas Lecciones que pronuncia en el Ateneo de Granada (1841), poco después de la gran batahola que supuso la llegada de Espartero al poder, anuncia que «los quiere libres de las aberraciones habituales de la pasión o del empirismo». Se pronuncia pues con desenfado porque él no está en medio de banderías sino que se ocupa de «presentar el santo símbolo de la ortodoxia administrativa» o, como dice en otro lugar, «no me encadenan ni me subyugan miembros de las corporaciones políticas».

Lo que lamento es que, pasados casi dos siglos, nos encontremos tratando asuntos como el de la fusión municipal entre Don Benito y Villanueva de la Serena con la «pasión política», en su manifestación menos noble, que denunciaba Javier de Burgos. Pasión perturbadora, pasión desesperanzadora. Y, lo que es peor, aniquiladora.

La nueva jubilación parcial de los empleados públicos llega con problemas para contratar a trabajadores de relevo

CSIF denuncia que varias administraciones están paralizando las solicitudes de estos retiros ante la nueva regulación que entra en vigor el 1 de abril. El sindicato exige al Gobierno que adapte la norma 

Revista de prensa. Por Raquel Pascual. El País.- El próximo 1 de abril entrarán en vigor los nuevos requisitos de la jubilación parcial para todos asalariados regulados por el Estatuto de los Trabajadores que se aprobaron el pasado 23 de diciembre. Algunas de estas reglas serán difíciles de cumplir en el sector público -de momento solo el personal laboral de las administraciones puede acceder a este tipo de retiro, pero no los funcionarios ni el personal estatutario- y, de hecho, ya hay algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que han anunciado que paralizarán las solicitudes de sus empleados para jubilarse parcialmente. Así lo ha denunciado el sindicato de funcionarios CSIF, que ha exigido por carta al Gobierno que adapte esta modalidad de jubilación a las administraciones públicas.

El principal obstáculo que se van a encontrar los responsables de recursos humanos de las administraciones públicas a partir del próximo 1 de abril es que para poder realizar cualquier jubilación parcial deberán contratar a un trabajador relevista con un contrato indefinido y a tiempo completo para trabajar simultáneamente con el jubilado parcial. “Realizar este tipo de contrataciones fijas y a tiempo completo es para cualquier administración prácticamente imposible, por la propia naturaleza de los procesos de selección del empleo público, que son muy rigurosos: tienen que respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad; la oferta solo sale una vez al año y, además, existen estrictos límites presupuestarios para la contratación”, explica Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de Negociación de CSIF.

Según esta responsable sindical, aunque ha costado que este tipo de retiro empezara a aplicarse entre el personal laboral de las distintas administraciones (que es el único que tiene derecho a esta modalidad de jubilación por regirse por el Estatuto de los Trabajadores), ya lleva unos años en los que se usa regularmente. “Hasta ahora era relativamente fácil porque a los trabajadores relevistas se les hacían contratos temporales e improrrogables, que se terminaban cuando el jubilado parcial se retiraba definitivamente, pero a partir de abril, con los nuevos requisitos, no se va a poder hacerlos”, añade Dorronzoro.

De hecho, este sindicato asegura que les llegan noticias de comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España donde han decidido que se paralizarán las solicitudes de jubilaciones parciales al no poder encuadrar la contratación de relevistas en los planes de contratación. Es el caso de, entre otras, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha o Castilla y León, indican fuentes del CSIF.

“En el caso de Baleares, hasta ahora no ponían impedimentos a la jubilación parcial del personal laboral —prosiguen estas fuentes—, pero ayer mismo [por el pasado lunes] confirmaron que denegarán las jubilaciones parciales con contrato de relevo a partir de abril, hasta que el Gobierno central dé directrices o aclare la normativa en el caso del empleado público”.

Igualmente, los representantes de este sindicato en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se han quejado de que la exigencia de que el trabajador relevista tenga un contrato fijo a tiempo completo “no ha tenido en cuenta la realidad de la Función Pública”, y “bloquea totalmente el acceso a la jubilación parcial para cientos de empleados públicos” de esta administración autonómica, señalan. Asimismo, en la Junta de Castilla y León están retrasando las concesiones de estas jubilaciones en varios departamentos, añaden estas fuentes.

Ante esta situación, CSIF ha dirigido una carta a la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transición Digital, que ahora dirige Óscar López, reclamando “una instrucción inmediata a todas las administraciones, para que, de alguna manera, se puedan vincular las nuevas contrataciones de relevistas a partir de abril a las ofertas de empleo público”, ha reclamado Dorronzoro.

Pero, además, en esta misiva el sindicato ha hecho otra reclamación en esta materia: también ha exigido a los máximos responsables del ministerio que convoquen la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar con los sindicatos el desarrollo legal de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, que actualmente no disfruta de este derecho.

López llegó recientemente a un acuerdo con CC OO y UGT para devolver la jubilación parcial a los funcionarios, algo que había eliminado el Gobierno del PP en 2013. Ahora, esta modalidad se regulará inicialmente en la Ley de Función Pública, que se encuentra en tramitación parlamentaria. Recientemente, terminó el plazo de enmiendas, entre las que había varias para desarrollar este derecho en la ley. No obstante, los sindicatos quieren negociar sus detalles, para intentar adaptar, entre otras cosas, los nuevos requisitos para los trabajadores relevistas, que para el personal laboral de las administraciones ya se presentan como un obstáculo antes incluso de que entren en vigor.

Fin a los sueños de funcionarización directa de los temporales de larga duración

"Llega ahora la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2025 (rec. 4436/2024) que da punto final" 

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- En la última década hemos asistido a los sueños legítimos de infinidad de interinos de larga duración que deseaban se pusiese fin a los abusos, y se prodigaron infinidad de sentencias de Juzgados y Salas, e incluso del Tribunal de Justicia Europeo.

Existió un fruto inmediato que se tradujo en los procedimientos de consolidación y funcionarización para facilitar la pasarela de la situación abusiva de temporalidad hacia la fijeza, tanto de personal funcionario como de personal laboral.

Sin embargo, subsistía la lucha por el atajo directo a la condición de funcionario, por la reclamación pertinaz de la conversión automática en funcionario de carrera, y eso pese a que ya el Tribunal de Justicia Europeo salvaguardaba en sus últimas sentencias los límites del derecho interno (exigencias constitucionales de mérito y capacidad, en concurrencia).

Llega ahora la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2025 (rec. 4436/2024) que da punto final y deja claro que no cabe adquirir el empleo público por usucapión, sino que con mayor o menor intensidad, con mayor o menor relajo, solo cabe por la puerta de la publicidad, el mérito y la capacidad.

La sentencia realiza un espléndido resumen de los límites del consuelo judicial a los interinos de larga duración, pero en lo que aquí interesa, advierte que ya está zanjada la cuestión pues el recurrente:

Pretende eludir un pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de claridad cristalina, tan evidente en su sentido que ninguna duda puede suscitar, no ya al lector español, sino al de cualquier país de la Unión Europea, por circunscribirnos al ámbito en que se aplica su ordenamiento jurídico y, desde luego, a ningún juez. El Tribunal de Justicia se ha manifestado en el apartado 116 de la sentencia con pleno conocimiento de los términos en que está regulado en España el acceso al empleo público y, en particular, la adquisición de la condición de funcionario de carrera. Y, naturalmente, conoce sobradamente el alcance que se ha de dar al Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/CE. Por eso, la claridad manifiesta de sus palabras se hace todavía más evidente y lleva a descartar cualquier incertidumbre.

Por si quedaran dudas, deja claro que la Constitución no ampara esa mutación automática del empleado de larga duración en funcionario de carrera:

Porque nuestro Derecho, como hemos venido diciendo de manera constante, no permite convertir al personal temporal de la Administración en funcionario de carrera o personal fijo de la misma equiparable sin que medien los procesos selectivos previstos legalmente para acceder a esa condición. O sea, sin que se sigan, no cualesquiera formas de selección, sino procedimientos fundamentados en los principios constitucionales de mérito y capacidad e igualdad, convocados al efecto y resueltos con todas las garantías por órganos caracterizados por la objetividad en el desempeño de su función. Conviene resaltar, en este sentido, que estos procedimientos poseen unas características que les distinguen de los que se observan en el ámbito privado, del mismo modo que difiere el régimen estatutario de los empleados públicos del que es propio de los trabajadores del sector privado. De ahí que no sean comparables como pretende la recurrente, improcedencia de comparabilidad que también afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2024.

A modo de colofón añade el razonamiento que ha estado siempre sobrevolando en la mente del común de los ciudadanos legos en Derecho:

En efecto, admitir la conversión pretendida supondría, no ya una decisión contra legem, sino contra Constitutionem. Vulneraría elementos esenciales de la configuración de la función pública dispuestos por el constituyente, centrales en su operatividad que, además, se integran en los derechos fundamentales de los aspirantes a acceder al empleo público y han sido asumidos por la conciencia social como rasgos distintivos de dimensión subjetiva de las Administraciones Públicas. En consecuencia, debemos mantener la jurisprudencia sentada al respecto, pues, como acabamos de decir, no contraría la interpretación del Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/CE mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En consecuencia, antes de esta sentencia podrían algunos decir que “el muerto está mal enterrado”, pero ahora creo que está bajo la lápida del buen Derecho y metidas en una hermética urna del sentido común, las cenizas de tantísimo pleito, tantísimo escrito administrativo y de papelería de abogados. R.I.P.

NOTA ADICIONAL.- Cosa diferente es la constitucionalidad de las pasarelas de consolidación y/o estabilización, pero parece que el Tribunal Constitucional no ha querido torear el problema en su reciente STC 27:2025, de 29 de enero de 2025 (25 páginas de antecedentes y 6 de inadmisión) donde no aborda la interesantísima y bien fundada cuestión de inconstitucionalidad de la sala castellano-manchega. Insisto, hay tantos entierros que parece un cementerio.

Carles Ramió: Pasiones desatadas y el rol del directivo

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- Una de las actividades más complejas que desarrolla un directivo público es dirigir un equipo humano. La dirección de personas va mucho más allá de las tareas de definir una estrategia inspiradora, organizar el trabajo y desplegar una buena comunicación. También tiene que motivar a su personal. La motivación del personal va mucho más allá de lo que sugieren los manuales de motivación laboral ya que, al final, un directivo acaba asumiendo de facto desde funciones de terapeuta psicológico hasta arrogarse el incierto rol de padre de familia de su equipo de trabajo. En efecto, el estado motivacional de los empleados no siempre depende de ítems vinculados con el trabajo y la organización, sino que intervienen también contingencias de carácter personal.

El ciclo vital de las personas está plagado de situaciones estresantes y dolorosas: embarazos, cuidado de menores, cuidado de los progenitores, divorcios, fallecimientos de seres próximos, etc. La situación anímica de los empleados en este contexto es muy volátil e incide en su rendimiento y en el rol que ejercen en la Administración. Un buen directivo no puede adoptar una posición autista hacia estas dinámicas personales y debe desplegar algunas estrategias, sin excederse, para mitigar el malestar y los coyunturales desajustes de los empleados. El directivo también tiene atender los desencuentros y conflictos entre los propios empleados públicos en el desarrollo de sus respectivas posiciones y en la forma de interpretar los retos y los modelos de gestión. Se trata de unos conflictos inevitables e incluso positivos de cara a una buena gestión pero que deben ser mediados y gestionados par el directivo público para que no escalen a conflictos disfuncionales y paralizantes. Pero lo más sorprendente es que muchas veces, estos conflictos no solo poseen una base profesional sino una netamente personal y subjetiva. Los empleados públicos conviven durante muchos años con unos compañeros con los que establecen lazos de amistad e incluso de carácter sentimental. No tiene las mismas consecuencias ni admite la misma intervención del líder un conflicto meramente profesional que un conflicto entre dos amigos que dejan de serlo o entre una pareja sentimental. Estos escenarios rizan el rizo del rol que debe asumir el directivo público al que de facto le exigen que ejerza el rol de padre/madre de familia (la posición más difícil posible) e incluso que ejerza la función de terapeuta.

Pero recientemente estas complejas funciones tienen mayor dificultad en un contexto en que todas las personas y colectivos se encuentran bendecidos por el empoderamiento (aunque muchas veces no se sabe muy bien en que consiste), donde todos los empleados se sienten llamados a ser el centro de atención en el marco de una nueva cultura en la que predomina el individualismo, una adolescencia permanente, con poco cuidado en no mezclar lo profesional con lo personal, en preocuparse solo por sí mismo, etc. Parece que se está produciendo una relajación social y laboral en que el personal se muestra muy desinhibido y no le importa que se mezclen los problemas y sentimientos personales con los profesionales. La cultura selfi céntrica y voyerista que impregnan las redes sociales parece que ha penetrado en los ámbitos institucionales y administrativos.  

En este marco laboral dominan plenamente las pasiones que generan comportamientos aleatorios y, por tanto, imprescindibles en los que se diluyen las tenues líneas del comportamiento racional. Ahora muchos directivos dedican más tiempo a la gestión de pasiones que a la gestión organizativa y a las estrategias convencionales de motivación. Gestionar pasiones no solo es difícil y arriesgado, sino que es absorbente y erosionante en extremo.

Los empleados tienen un elevado nivel de exigencia hacia sus directivos, pero sin compadecerse por la exigencia en la que trabajan los directivos derivada de su posición estratégica. Además, parece que los directivos públicos pierden la condición de personas ya que nunca pueden fallar. Los directivos como cualquier persona también poseen contextos personales difíciles. Muchas veces no pueden atender los problemas personales propios para dedicarse a los ajenos hasta que, en no pocas ocasiones, todo estalla por los aires.

YouTube y Administraciones Públicas. ¿ Por qué es importante generar contenido en video?

 Por Amalia López Acera blog.- En los últimos meses, YouTube ha experimentado un crecimiento importante, consolidándose como una de las plataformas más influyentes a nivel global. Con más de 2.500 millones de usuarios activos al mes, la plataforma se ha convertido en un canal esencial no solo para creadores de contenido y marcas, sino también para las administraciones públicas que buscan mejorar su comunicación con la ciudadanía.

Las administraciones públicas han centrado tradicionalmente su estrategia de comunicación en medios como páginas web, boletines informativos o redes sociales. Sin embargo, el auge del vídeo como formato estrella del consumo digital hace imprescindible que los organismos públicos adapten su comunicación a esta tendencia. 

Pero, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene YouTube para las administraciones públicas? Veamos algunos puntos clave.

Las ventajas de YouTube para la comunicación institucional

1. Alcance masivo y segmentado

YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo, solo por detrás de Google. Esto significa que los vídeos publicados pueden alcanzar una gran audiencia, especialmente si se optimizan correctamente con palabras clave y descripciones adecuadas. Además, permite segmentar la comunicación para llegar a diferentes públicos según edad, intereses o ubicación geográfica.

2. Formato atractivo y fácil de consumir

El vídeo es un formato dinámico, visual y accesible, lo que facilita la comprensión de mensajes complejos. En el caso de las administraciones públicas, esto permite explicar trámites, campañas de concienciación o informar sobre servicios de una manera más efectiva que con un simple texto.

3. Mayor transparencia y cercanía

Publicar contenido en YouTube contribuye a mejorar la transparencia institucional y a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las administraciones. A través de vídeos, los organismos públicos pueden mostrar su trabajo diario, explicar los presupuestos o resolver dudas frecuentes, humanizando la comunicación y acercándose a la población.

4. Optimización para la administración electrónica

Muchas administraciones están avanzando en la digitalización de sus servicios, y YouTube puede ser un aliado clave en este proceso. Tutoriales sobre trámites administrativos, explicaciones sobre el uso de la sede electrónica o vídeos formativos pueden facilitar la transición de la ciudadanía hacia un entorno digital.

5. Mayor interacción y feedback ciudadano

A diferencia de otros formatos, YouTube permite a los usuarios comentar, compartir y valorar los vídeos, lo que brinda a las administraciones una oportunidad para interactuar directamente con la ciudadanía y conocer sus inquietudes en tiempo real.

6. Durabilidad del contenido

A diferencia de otras redes sociales donde los contenidos tienen una vida útil muy corta, los vídeos de YouTube permanecen accesibles a lo largo del tiempo y siguen generando visitas meses o incluso años después de su publicación.

Inconvenientes y retos del uso de YouTube en las administraciones públicas

1. Requiere inversión de tiempo y recursos

Producir contenido en vídeo implica más esfuerzo que escribir un post en redes sociales o publicar una nota de prensa. Desde la planificación hasta la edición, es necesario contar con recursos técnicos y humanos para garantizar un contenido de calidad.

2. Necesidad de un plan de contenidos

Para que YouTube sea un canal efectivo de comunicación institucional, no basta con subir vídeos esporádicos. Es fundamental definir una estrategia de contenidos clara, con una programación regular y formatos variados (entrevistas, directos, tutoriales, etc.).

3. Competencia con otros contenidos

YouTube está lleno de vídeos de entretenimiento, noticias y creadores de contenido que captan la atención del público. Para destacar, las administraciones públicas deben crear contenido relevante, atractivo y bien optimizado.

4. Gestión de comentarios y reputación online

El espacio de comentarios en YouTube puede ser un arma de doble filo. Si bien permite la interacción con la ciudadanía, también puede ser un foco de críticas o desinformación. Es recomendable moderar los comentarios y responder de manera proactiva para mantener una comunicación fluida y positiva.

5. Adaptación a tendencias y formatos

El algoritmo de YouTube favorece ciertos formatos, como los YouTube Shorts (vídeos cortos similares a los de Tik Tok). Las administraciones deben estar atentas a estas tendencias y adaptar sus contenidos para maximizar su visibilidad y engagement.

Conclusión: ¿deberían las administraciones públicas apostar por YouTube?

Sin duda, sí. Aunque implica ciertos desafíos, YouTube es una herramienta clave para mejorar la comunicación institucional, hacerla más accesible y conectar con la ciudadanía de una forma más eficaz. La clave del éxito estará en desarrollar una estrategia bien definida, contar con un equipo preparado y aprovechar las ventajas del formato audiovisual para informar, educar y generar confianza en la gestión pública.

Las administraciones que ya han apostado por esta plataforma han logrado aumentar la transparencia, mejorar la relación con la ciudadanía y ofrecer información de forma más clara y atractiva. Ahora es el momento de que más organismos públicos den el paso y se sumen a esta tendencia que ha llegado para quedarse.

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