"...los funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos..."
Blog ¿Hay Derecho?. J.A. Fdez Asenjo.- El saber popular ha construido una sentencia que, a modo de infalible regla de tres, se presenta como indubitada: no puede haber políticos corruptos sin ciudadanos corruptos.
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El catedrático Alejandro Nieto es
unos de los analistas más lúcidos
sobre nuestra administración pública |
La realidad científica por el contrario es reiterativa en contradecir esta afirmación, pues los estudios sobre nuestro país muestran un mayor grado de deshonestidad entre la clase política que en otros sectores como los funcionarios públicos. A modo de ejemplo, los últimos informes GRECO se preocupan especialmente de la financiación ilegal de los partidos políticos (2013) y la injerencia política en las instituciones (2014), o el último Barómetro Global de la Corrupción TI’2013 muestra una peor valoración de los políticos y la judicatura que de los sectores administrativos como la sanidad o la educación.
La consecuencia práctica es que mientras para muchos ciudadanos sería casi impensable pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos, para un empresario no es tan extraño plantearse prácticas colusorias con las autoridades políticas en materia de contratación y urbanismo.
En este mismo blog se ha acreditado recientemente la viabilidad científica de la existencia de distintos umbrales de deshonestidad dentro de una misma sociedad dependiendo de circunstancias coyunturales como la clase de actividad o la cultura de grupo. Como bien dice el Papa Francisco (2013, Corrupción y pecado), la corrupción más que un pecado es un estado en el que se conjuga la formación ética personal con la cultura moral de la institución. Por ello, encontramos casos de funcionarios con intachable trayectoria profesional que, tras su salto al escalón político, participan de los males que padecen nuestro sistema partitocrático: sobresueldos no transparentes, regalos y prebendas onerosos, o, en el peor de los casos, coimas sustanciosas.
Integridad moral de unos otros
La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla en el distinto tratamiento de la integridad moral de las autoridades políticas y los funcionarios públicos en esta etapa democrática. Curiosamente, la clase política comenzó esta andadura con un mayor crédito ético a nivel popular, pues los nuevos o reconvertidos líderes políticos de principios de los 80 gozaban de cierto halo de honestidad consecuencia de su ropaje democrático que parecía romper con la viciada clase política anterior. Como tuvo ocasión de denunciar tempranamente NIETO (1984, La organización del desgobierno), esta aureola pronto se quebró con los escándalos de corrupción ligados en buena parte a la financiación de los partidos políticos.
Cabe recordar un caso paradigmático de principios de los 80 en el que un valiente teniente-alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Alonso Puerta) denunció la exigencia a los adjudicatarios de contratas de comisiones ilegales a favor del PSOE, obteniendo como frustrante resultado su expulsión del partido y de la corporación municipal. Consecuencia de este problema no resuelto, los sucesos de corrupción ligados directa o indirectamente a la actividad de los partidos políticos se han reiterado en los últimos treinta años, sin que las sucesivas reformas legislativas iniciadas en 1987 hayan atajado el problema.
Por el contrario, los funcionarios públicos han seguido el camino inverso, pues estos servidores públicos se encontraban mal considerados socialmente al inicio de la andadura democrática, siendo considerados un grupo corrupto e incompetente, del que únicamente se podían salvar algunos cuerpos de élite. La vivencia diaria de los ciudadanos corroboraba esta percepción, pues en su contacto con la Administración era habitual que se vieran envueltos en tratos al menos poco éticos para obtener los servicios públicos: desde el pago de una propina al funcionario de ventanilla, una iguala o suplido al médico del seguro o, en el peor de los casos, la entrega al gestor público de un sustancioso presente a cambio de una buena recomendación.
La democracia española actuó con rapidez mediante la reforma de función pública impulsada por el gobierno socialista en 1984 que prohibió todo tipo de ingresos atípicos a quienes prestan servicios públicos (curiosamente, tal recordatorio sigue figurando treinta años después en las LPGE), reguló de forma estricta las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, y en el caso de los cuerpos más reticentes se abrieron macro-investigaciones judiciales para terminar con perniciosas costumbres como los pagos de engrase (las llamadas “astillas”) que circulaban impunemente por las oficinas judiciales. El éxito de esta política anticorrupción ha sido evidente: hoy en día más de una generación de funcionarios no sabe lo que es recibir regalos por su actividad profesional, y para muchos ciudadanos contarles que hubiera que pagar algún dinero “bajo cuerda” por recibir una atención médica o de otro tipo le sonaría a ciencia ficción.
Licencias urbanísticas
En todo caso, una visión absolutamente positiva de nuestros funcionarios públicos no sería totalmente cierta y no sólo porque siempre pueden denunciarse ejemplos concretos de malas prácticas. En primer lugar, aún persisten sectores administrativos en el que las medidas de regeneración democrática no lograron acabar con las execrables costumbres, singularmente en el ámbito de las licencias urbanísticas municipales donde el recurso a los “pagos acelerador” ha seguido siendo desgraciadamente demasiado habitual. En segundo lugar, como también se ha comentado en este blog, los cuerpos de funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos que dan cobertura de legalidad a estas operaciones bajo el principio, y de nuevo recurrimos al Papa Francisco, de que “el corazón no quiere líos”.
