"La participación en la ejecución del PRTR ha supuesto para las EELL la necesidad de disponer de medidas destinadas a la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés con las que la mayoría no contaban antes de la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021"
Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- El Tribunal de Cuentas de España ha hecho público un
interesante y esperado informe de fiscalización (horizontal, de cumplimiento
y operativa) para verificar si las entidades ejecutoras de las medidas del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han dispuesto de los
planes de medidas antifraude (PMA) previstos en la normativa aplicable así como
valorando los sistemas y procedimientos adoptados por las entidades para su
aprobación, implantación y seguimiento, en relación con los cuatro elementos
clave del «ciclo antifraude», esto es, la prevención, la detección, la corrección
y la persecución.
Esta actuación se ha realizado de forma coordinada
entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las
comunidades autónomas y sobre una muestra de 214 EELL de todo el
territorio nacional adjudicatarias de recursos del MRR entre el 1 de
octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022. La Administración de las CCAA tuvo ya su propio informe horizontal.
Cada órgano de control ha llevado a cabo la
actuación sobre las entidades del ámbito territorial en el que
desarrolla su competencia fiscalizadora y el Tribunal de
Cuentas la ha efectuado sobre las de las comunidades autónomas sin
órgano de control externo (Cantabria, Castilla-La Mancha1, Extremadura, La
Rioja y Región de Murcia), así como sobre aquéllas en las que dichos
órganos no participaron en esta actuación coordinada (Andalucía y Canarias).
Veamos un resumen de sus resultados.
Principales conclusiones
Ausencia de una fuente completa de información que
incluyera la totalidad de las convocatorias financiadas con el MRR.
En septiembre de 2022 no existía una fuente de información
completa que incluyera la totalidad de las convocatorias de ayudas y
subvenciones con cargo al MRR para la ejecución de las medidas contenidas en
el PRTR, así como las entidades beneficiarias de dichas convocatorias y los
recursos asignados.
Dificultades para las EELL para determinar la obligatoriedad
de aprobar un plan antifraude. En algunos casos las EELL tuvieron
dificultades a la hora de considerarse o no entidades ejecutoras y, en
consecuencia, estar sometidas a la obligación de aprobar un plan antifraude.
La normativa se fue clarificando durante el año 2022 hasta
que el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en marzo de 2023 en
su web la obligatoriedad de aprobar un PMA para todas aquellas EELL
beneficiarias de alguna subvención financiada con el MRR.
Escasa implantación de una cultura de lucha contra el
fraude en las EELL antes de su participación en la ejecución del PRTR.
Poco más de la mitad de las entidades había efectuado a 30
de septiembre de 2022 autoevaluaciones de sus procedimientos para valorar el
grado de cumplimiento de los principios de gestión del PRTR en materia
antifraude y había previsto su reiteración en el tiempo. No obstante, el 11 %
de las entidades que disponían de ellas no previeron su reiteración anual,
como exige la Orden HFP/1030/2021.
El elevado número de entidades que no habían llevado a
cabo estas autoevaluaciones, así como la reducida puntuación obtenida (el 39
% no alcanzó la mitad de la puntuación máxima, 64 puntos), ponen de
manifiesto la escasa implantación de una cultura de lucha contra el fraude en
las EELL antes de su participación en la ejecución del PRTR.
La gran mayoría de las entidades aprobó un PMA
El 83 % de las entidades había aprobado un plan antifraude
al cierre de los trabajos, 170 entidades, y otro 8 % lo hizo con posterioridad,
17 entidades. No obstante, 56 entidades aprobaron sus planes con retraso
respecto del plazo máximo de 90 días establecido en la Orden HFP/1030/2021.
El 9 % de las entidades incumplieron la obligación de
aprobar un PMA, los ayuntamientos de Alcúdia, Arapiles, Baiona, Balsareny,
Banyeres del Penedés, Bárcena de Campos, Daroca de Rioja, Fuente de Santa
Cruz, Fuentesaúco, Higuera la Real, Mogente, Noja, Sahagún, Solana de
Rioalmar, Traspinedo y Yeste, la Comarca de Cinca Medio y el Consorci del Bages
per la Gestió de Residus.
La mayor parte de las entidades elaboró internamente sus
planes.
El 69 % de las entidades desarrollaron los PMA internamente,
de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
Por su parte, el 28 % externalizó con terceros su
elaboración, fundamentalmente a través de contratos menores, sin que se
hubiera observado una concentración de adjudicatarios en los procedimientos de
contratación, y el 3% se adhirió a los planes de otras administraciones
públicas, realizando, únicamente, 1 de ellas las necesarias adaptaciones a su
estructura organizativa y peculiaridades en la gestión.
Se incurrió en un gasto de casi 750.000 euros para el
cumplimiento de las obligaciones en materia antifraude.
El 39 % de las 170 entidades que tenían aprobado un PMA al
cierre de los trabajos incurrieron en gastos por importe de 740.960,39 euros,
derivados de las contrataciones realizadas y otros instrumentos formalizados
tanto para la elaboración de los planes como para el cumplimiento del resto de
obligaciones de la Orden HFP/1030/2021.
Escasa implantación de las medidas antifraude contenidas en
los planes.
En líneas generales, los PMA aprobados se articularon en
torno a los cuatro elementos clave del ciclo
antifraude, esto es, la prevención, la detección, la corrección y la
persecución.
Sin embargo, la aplicación efectiva de los planes no fue
completa, puesto que únicamente el 13 % de las entidades que los habían
aprobado había desarrollado al cierre de los trabajos la totalidad de las medidas
analizadas en ellos contenidas, los ayuntamientos de Alicante, Ávila, Bilbao,
Castelló de la Plana, Donostia-San Sebastián, Ermua, Gijón, Girona, Lalín,
Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torrelavega, Valencia, Valladolid,
Vitoria-Gasteiz y Zumarraga; las diputaciones provinciales de Burgos, Cádiz,
Palencia, Pontevedra y Valladolid, y la Comarca del Ripollés.
Prevención del fraude: menos de la cuarta parte de las
entidades disponía de todas las medidas analizadas.
Únicamente el 20 % de las entidades contaba con todas
las medidas de prevención analizadas: habían suscrito declaraciones
institucionales que sentaban las bases de sus políticas antifraude, habían
constituido comités antifraude, contaban con códigos éticos, habían
realizado evaluaciones del riesgo de fraude, disponían de medidas para
prevenir los conflictos de interés, habían establecido procedimientos para
evitar la doble financiación y se había recibido formación en la materia.
Las medidas más extendidas en las entidades, de mayor a
menor grado, fueron:
Detección del fraude: menos de la mitad de las entidades
contaba con todas las medidas analizadas.
El 41 % de las entidades contaba con todas las medidas de
detección analizadas: consultaban información relevante contenida en bases de
datos con el objetivo de poner de relieve potenciales fraudes y conductas
irregulares que a priori puedan pasar inadvertidas, habían desarrollado catálogos de
indicadores de riesgo de fraude y habían establecido canales de denuncia para
informar de las posibles sospechas de fraude por quienes los hubiesen
detectado.
Las medidas más extendidas en las entidades, de mayor a
menor grado, eran:
10. Corrección y persecución del fraude
El 87 % de las entidades había establecido procedimientos
que se activarían con esta finalidad en el supuesto de detectarse un
posible fraude o su sospecha fundada.
11. Cumplimiento generalizado en materia de transparencia.
Con carácter general, era en los propios planes donde se
establecía la necesidad de que las entidades los publicaran, si bien tres de
los ayuntamientos no realizaron tal difusión.
Se observaron algunas deficiencias en relación con la
publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los
representantes locales y de las retribuciones percibidas anualmente por los
altos cargos y máximos responsables.
Valoración global
El resumen elaborado por el Gabinete de Comunicación del
Tribunal destaca del informe que la participación en la
ejecución del PRTR ha supuesto para las EELL la necesidad de disponer de
medidas destinadas a la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos
de interés con las que la mayoría no contaban antes de la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021.
Aunque la adaptación a estos requerimientos ha entrañado
un importante esfuerzo para la mayoría de las entidades −agravado por las dificultades
iniciales a las que se enfrentaron las entidades del sector público
local para determinar si estaban o no obligadas a aprobar un plan de medidas
antifraude−, los avances en esta materia se han limitado, con carácter
general, a la aprobación de los planes, quedando pendiente la implantación
efectiva de algunas de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude.
Esto se ha debido, en parte, a la premura con la que las entidades tuvieron que
aprobar los planes, no habiendo transcurrido, todavía, tiempo suficiente para
interiorizar un cambio tan sustancial en las organizaciones.
Palencia: capital del control interno local
Os recuerdo que el tercer Congreso del Control Interno Local
(CCIL 2023) destinará uno de sus primeros paneles paralelos
al control sobre los planes antifraude “Alcance y forma de controlar su
aplicación efectiva” donde podremos escuchar a Rafael López Sánchez, Jefe de
Unidad en la Dirección de auditoría para la cohesión de la Comisión Europea
y a Javier Font Miret, Jefe de división de control de fondos europeos II de la
Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE. En poco más de un mes, Palencia
será la capital del control interno local, con cientos de
asistentes previstos para participar en los diversos paneles y mesas redondas
ofrecidos. Una confluencia planetaria que sólo se produce cada dos
años y donde se percibe el
mejor ambiente profesional.