jueves, 8 de abril de 2021

El acceso a la información pública en materia tributaria

"La transparencia de la actividad tributaria es perfectamente compatible con la protección del derecho a la intimidad de los contribuyentes, por lo que no es de recibo aplicar el principio de reserva de los datos tributarios aportados por los ciudadanos a Hacienda con la finalidad de consolidar un secretismo absoluto sobre la actividad tributaria general"

Por MABLANESCLIMENT.- El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 257, de fecha 24 de febrero de 2021 (Recurso de Casación núm. 2162/2020), ha declarado que el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en el que se prevé la reserva o confidencialidad de los datos fiscales, no impide el acceso a la información pública en materia tributaria, ya que la LGT no contiene un régimen completo y autónomo de acceso a la información, sino un principio o regla general de reserva de los datos con relevancia tributaria como garantía del derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos (art. 18 de la Constitución Española).

Dicho en otras palabras, el artículo 95 de la LGT no desplaza ni hace inaplicable el régimen de acceso a la información pública previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En el caso resuelto por el Tribunal Supremo, se había solicitado la siguiente información pública: “Relación de bienes inmuebles (urbanos y rústicos) de ese municipio que estén exentos del pago del IBI con expresión de sus domicilios, cuantía y causa legal de la exención y titulares de los inmuebles (salvo cuando estos sean personas físicas en aplicación de la Ley de Protección de Datos, ya que son las únicas amparadas por dicha normativa y nunca las entidades jurídicas, sean públicas o privadas)”.

El Ayuntamiento deniega la información argumentando que la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de transparencia, obliga a aplicar las disposiciones previstas en la normativa específica correspondiente, en este caso, en la LGT, cuyo artículo 95 impide el acceso a la información pública puesto que todos los datos fiscales son reservados.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información solicitada pero únicamente respecto a los bienes que sean propiedad del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y gobiernos extranjeros.

Posteriormente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla estima el recurso presentado por el Ayuntamiento y anula la decisión del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, considerando que hay que aplicar la confidencialidad de los datos tributarios, prevista en el artículo 95 de la LGT.

Recurrida en apelación la Sentencia del Juzgado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso, considerando también de aplicación la reserva prevista en el artículo 95 de la LGT, añadiendo que la Ley General Tributaria se modificó en 2015, es decir, con posterioridad a la Ley 19/2013, de transparencia, y no se modificó la confidencialidad general prevista en el artículo 95 de la LGT.

Finalmente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que es estimado, con el siguiente razonamiento nuclear:

“(…) En las sentencias de esta Sala de 19 de noviembre de 2020 (recurso de casación 4614/2019), 12 de noviembre de 2020 (RJ 2020, 4643) (recurso de casación 5239/2019), y 25 de Enero de 2021 (recurso de casación 6387/2019) declaramos que el derecho a acceder a la información pública se regula en términos muy amplios en la LTAIBG (…) reiteramos que la LTAIBG es la normativa básica transversal que regula esta materia, al tiempo que complementa al resto de las normas (…)

Interpretando dicha Disposición Adicional 1ª dijimos en nuestras sentencias de 11 de junio de 2020 (recurso 577/2019) y de 19 de noviembre de 2020, que: “…el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que estamos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse (…)

La ley General Tributaria ha de interpretarse en el conjunto del ordenamiento jurídico y a la luz de las nuevas garantías introducidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, lo que lleva a concluir que su regulación no excluye ni prevé la posibilidad de que se pueda recabar información a la Administración Tributaria sobre determinados elementos con contenido tributario, al ser de aplicación la DA 1ª de la Ley de Transparencia, como sucede en los supuestos en el que la información no entra en colisión con la el derecho a la intimidad de los particulares -a los que se reconoce el derecho a la limitación de acceso en el artículo 34 de la propia Ley General Tributaria-, o cuando, los datos que obran en poder de la Administración pueden ser necesarios para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos, o puedan estar informados de la actuación pública, información que ha de ajustarse a los límites que la propia Ley de Transparencia establece en su artículo 14 y a la protección de datos del artículo 15 (…)”.

Respecto la información tributaria solicitada, el Tribunal Supremo recuerda que, en cuanto a la titularidad de los bienes inmuebles, el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro, considera como “datos protegidos” el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro inmobiliario como titulares, expresión que incluye tanto los datos de las personas físicas como los de las personas jurídicas que figuran inscritas en el Catastro Inmobiliario. También está protegido el valor catastral del suelo y de la construcción.

Recordemos que el solicitante de la información solo consideraba protegida la titularidad de los inmuebles en cuanto a las personas físicas, no a las jurídicas.

En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que debe facilitarse la información solicitada respecto a los inmuebles que sean titularidad del Estado, Comunidades Autónomas, Gobiernos locales -y organismos y entidades que dependan de los anteriores-, así como los inmuebles de Gobiernos extranjeros a los que se refiere el apartado 1º e) del artículo 62 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Nos encontramos ante una importante Sentencia del Tribunal Supremo que viene a aclarar un tema muy controvertido. La reserva o confidencialidad de los datos fiscales, prevista en el artículo 95 de la LGT, no impide la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia. La protección de los datos que facilitan los contribuyentes a la Administración tributaria deben ser protegidos por afectar a su intimidad.

Ahora bien, ningún problema existe para facilitar información tributaria que no afecte a la intimidad de los ciudadanos, por ejemplo, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Datos sobre la actividad tributaria de la Administración pública.

b) Información general sobre actuaciones y procedimientos tributarios de comprobación, inspección, liquidación y recaudación.

c) Diligencias y comparecencias efectuadas, autorizaciones judiciales obtenidas, liquidaciones, providencias de apremio y diligencias de embargo emitidas.

d) Información general sobre denuncias recibidas y tramitadas; exenciones, bonificaciones o incentivos fiscales concedidos; declaración de créditos incobrables y fallidos; procedimientos sancionadores incoados y sanciones impuestas; recursos y reclamaciones recibidas, estimadas y desestimadas; procedimientos caducados; infracciones y sanciones prescritas, etc.

e) El listado de los deudores a la Hacienda Pública (nombre, apellidos, denominación social, NIF) cuando el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 de euros (artículo 95 bis LGT).

Y respecto a esta información, la Administración tributaria no se podrá oponer la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de transparencia, consistente en rechazar las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, puesto que la Administración Tributaria dispone de un potente sistema informático para cruzar todos los datos de forma rápida y sencilla, sin tener que realizar complejas y costosas tareas para obtener este tipo de información general.

En definitiva, y para concluir, la transparencia de la actividad tributaria es perfectamente compatible con la protección del derecho a la intimidad de los contribuyentes, por lo que no es de recibo aplicar el principio de reserva de los datos tributarios aportados por los ciudadanos a Hacienda con la finalidad de consolidar un secretismo absoluto sobre la actividad tributaria general.

Es importante recordar que si todas las personas tenemos el deber constitucional de pagar impuestos para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es justo que podamos obtener información sobre la actividad desarrollada por la Administración en la gestión de los tributos.

miércoles, 7 de abril de 2021

La ley del teletrabajo sigue sin cumplirse tras un año de pandemia

El 62% de los teletrabajadores usa su propio ordenador y el 80% paga la conexión a internet, denuncia UGT

Revista de prensa. La Vanguardia.com.- Un año después de la irrupción obligada del teletrabajo, la ley que regula su aplicación sigue incumpliéndose de forma generalizada, denuncia UGT. Hace ya seis meses de la aprobación de la ley del Trabajo a Distancia y, según el sindicato, “los datos demuestran como el empresariado español persiste en vulnerar una norma de obligado cumplimiento”.

UGT ha analizado los datos del CIS sobre el uso de la tecnología durante la pandemia. Así, sostiene que el 62,5% de las personas encuestadas confirma que la empresa no le proporcionó un ordenador portátil para teletrabajar, “una obligación que las empresas deben satisfacer, por ley, desde el pasado septiembre”, recuerda. La mayoría de empleados que teletrabajan lo hacen con su propio material.

Además, denuncia que el 80% de los trabajadores pagan su conexión a internet, porcentaje que sube hasta el 91% en el caso del personal administrativo.

Registro horario

Según UGT, los empresarios tampoco están cumpliendo con el deber de facilitar un soporte técnico de apoyo al teletrabajo, así como con el registro obligatorio de jornada, pues un 63,4% de los empleados trabaja más horas de las contratadas. La organización recuerda que todos y cada uno de estos elementos de la relación laboral están perfectamente desarrollados en la ley de Trabajo a Distancia, en la ley de Garantías Digitales y en la norma que regula el registro de jornada.

“Desde la dotación de medios y asunción de costes hasta la prevención de riesgos, pasando por la no discriminación profesional, la desconexión laboral y el registro de jornada, todos estos elementos están tasados por ley y deben cumplirse a rajatabla. Sin embargo, las empresas se empeñan en ignorar sus obligaciones legales”, critica UGT.

Además, el sindicato señala que, según los datos de la negociación colectiva correspondientes al 2020, aunque durante el año pasado se multiplicó por tres el volumen de teletrabajo, el número de personas trabajadoras amparadas por un convenio que regule esta modalidad descendió un 2% respecto al 2019.

De hecho, de los 16,2 millones de personas asalariadas que existen en España, solo 143.432 están bajo convenios colectivos que regulen el teletrabajo: menos del 1% del total.

En cuanto a la desconexión digital, solo 20 convenios firmados el año pasado contenían cláusulas a tal efecto, por lo que UGT concluye que la regulación de la desconexión laboral por convenio colectivo ha pasado “prácticamente desapercibida en el 2020, en plena extensión del teletrabajo”.

En cualquier caso, el sindicato advierte de que “no va a quedarse de brazos cruzados mientras se incumplen las leyes de una forma tan generalizada y flagrante”, por lo que pondrá en marcha todos los mecanismos para denunciar ante las autoridades laborales estos incumplimientos.  

martes, 6 de abril de 2021

El Reglamento de Medios Electrónicos en el Sector Público: Análisis del proyecto por el Consejo de Estado

 Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Justo al límite de fecha en la que, ya por fin, se producía la íntegra aplicabilidad de la LPAC, el BOE del 31 de marzo publicó el importante Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Tal disposición normativa ya está siendo objeto de los primeros comentarios (por ejemplo, con tres entradas consecutivas de Víctor Almonacid: https://nosoloaytos.wordpress.com/; o de Concepción Campos Acuña: https://concepcioncampos.org/fast-check-al-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-electronica-del-sector-publico/), y vendrán muchos más en las próximas semanas y meses.

Queda, sin embargo, aún un largo trecho por avanzar en no pocas Administraciones Públicas, aunque este nuevo marco normativo pretenda empujar de forma más intensa a las organizaciones públicas para que, de una vez por todas, hagan efectivos los mandatos legales y se consiga así que las previsiones de la LPAC se cumplan de forma efectiva, particularmente la hasta ahora tan maltrecha interoperabilidad, no sólo para mejorar la eficacia de las administraciones, sino especialmente para salvaguardar y mejorar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Un aspecto en el que se incide poco, pero no por ello menos importante, tal como veremos.

El Real Decreto 203/2021 es fruto de una larga gestación prolongada durante varios años, pero desde que se comenzó a concebir se han producido cambios notables en el escenario tecnológico. Como dice su exposición de motivos, entre otras cosas, se ha producido “la maduración de tecnologías disruptivas”, que terminará llegando con fuerza también a las Administraciones Públicas. Aunque -como bien se ha señalado por parte de Miguel Solano- la letra del Real Decreto se hace escaso eco de tales tecnologías emergentes, hasta el punto de olvidarlas. En ese ínterin, además, se han dictado importantes sentencias del Tribunal Constitucional, así como se han advertido, tras la pandemia, innumerables debilidades que el modelo presentaba en su materialización práctica (con desatención ciudadana evidente en muchos casos y una mayor profundización de la brecha digital). Además, formalmente así se dice, el Real Decreto 203/2021 es tributario de la Agenda Digital España 2015 y del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que pretenden dar un impulso importante a la digitalización del sector público, del tejido empresarial y a la utilización de tales herramientas digitales por la ciudadanía. Unos objetivos que, sin duda, deberían tener un empuje evidente con las ansiadas contribuciones financieras no reembolsables (salvo que se acuda a los préstamos) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que se ha marcado un umbral mínimo de inversión del 20 por ciento del total en transformación digital, lo que se deberá traducir en proyectos de inversión y reformas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe presentar el Gobierno de España antes del 30 de abril. Poco tiempo queda en un mar político plagado de tempestades.

El objeto de este comentario es sólo poner de relieve algunos sobresalientes aspectos del también importante Dictamen del Consejo de Estado 45/2021, en relación con el proyecto de Decreto presentado por el Gobierno para su análisis por el “supremo órgano consultivo del Gobierno”. Al tratarse de un Reglamento ejecutivo, que desarrolla (parcialmente) las Leyes 39 y 40/2015, el dictamen era preceptivo, aunque su competencia residía en la Comisión Permanente y no en el Pleno. Y con fecha 18 de marzo tal Comisión Permanente emitió el citado dictamen 45/2021, un documento de indudable importancia para conocer y analizar el contenido jurídico del Real Decreto 203/2021 que, junto con la extensa y fundamentada Memoria, ayuda a comprender el alcance y finalidad de  esta disposición reglamentaria, que en buena parte de su contenido tiene, además, naturaleza básica.

El Dictamen de CE es ciertamente amable con la iniciativa gubernamental, y lo refleja así en diferentes pasajes. Por ejemplo:

-“La tramitación del expediente ha sido larga y cuidada. Durante más de cuatro años se ha seguido el iter procedimental exigido por la ley (…)”.

-“El proyecto sometido a consulta tiene una importancia que difícilmente puede ser exagerada”.

-“El texto sometido a consulta merece, en líneas generales, un juicio favorable a este Consejo de Estado”.

-“La memoria es, en líneas generales, cuidada y completa (…)”

-“De cuanto se ha dicho hasta ahora resulta que la norma proyectada merece un juicio favorable de este Consejo de Estado (…)”

La muestra es suficientemente clara. El Consejo de Estado adopta, en efecto, un criterio muy complaciente en lo que al fondo se refiere, aunque -como es lógico en su papel institucional- realice una serie de puntualizaciones de carácter general y otras más de carácter particular (al articulado), que, por regla general (casi en su totalidad) son aceptadas por el poder reglamentario e incorporadas al texto final del Reglamento que ha publicado el BOE.

Llama la atención, sin embargo, el análisis competencial del citado Real Decreto 203/2021, pues si bien es cierto que su aprobación se anuda con la derogación del Real Decreto 1671/2009, no lo es menos que éste último no tenía naturaleza básica y sólo era aplicable a la Administración General del Estado, aunque -como apuntó acertadamente el profesor Isaac Martín Delgado- parte de las previsiones de ese decreto de 2009 terminaron convirtiéndose en normas básicas tras la reforma administrativa de 2015. El paso que se da ahora es profundizar en la línea anterior, al elevar a básico una buena parte del contenido del Real Decreto 203/2021, como expone con claridad la disposición final primera del Real Decreto 203/2021. Lo básico, por tanto, se ensancha en esta materia, con la finalidad -tal como se dirá más adelante- de salvaguardar la interoperabilidad efectiva y preservar, así, los derechos de la ciudadanía. Además, por si ello no fuera poco, el dictamen del Consejo de Estado amplía el perímetro de lo básico a algunos ámbitos en los que el propio proyecto de reglamento se había mostrado algo tibio, y anima al Gobierno a seguir sus planteamientos, algo que se ha hecho a pies juntillas. Lo básico, por tanto, en esta materia, ya no son solo (entre otras) las Leyes 39 y 40/2015 y los reales decretos 3 y 4/2010, sino además este real decreto, en una parte sustancial de su contenido.

En el análisis de lo básico es, tal vez, dónde el dictamen gasta menos argumentos, pues tras una serie de citas de diferentes fragmentos de las SSTC 132/2018, 55/2018 y 142/2018, da por sentado (sin un análisis puntual de los diferentes enunciados normativos) que la disposición reglamentaria es absolutamente constitucional en lo que al sistema de distribución de competencias respecta. Así lo recoge el dictamen en su epígrafe III “in fine”: “En suma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución, números 18, 21 y 29, y de la jurisprudencia constitucional citada, es preciso concluir que el Estado tiene competencia para aprobar la norma proyectada”. Tal vez, esa conclusión tan categórica debiera haber venido acompañada de un análisis puntual de algunos artículos o enunciados que pueden ofrecer algunas sombras de duda en torno a si realmente es así como el Consejo de Estado lo afirma en lo que al ajuste al reparto de competencias comporta. No es este lugar para profundizar más en este tema. Aunque el espaldarazo del Consejo de Estado es evidente. Veremos qué dice, en su caso, el Tribunal Constitucional.

El dictamen es complaciente con la normativa expuesta. Pero tras cuatro años de elaboración malo sería que su calidad no estuviera contrastada. En cualquier caso, salvo las observaciones anteriores en torno a la escasa argumentación que utiliza el Consejo de Estado para determinar que se ajusta a lo básico y algunas otras cuestiones puntuales que despacha expeditivamente (por ejemplo, la disposición adicional primera y la obligación de los participantes en procesos selectivos en la AGE de relacionarse por medios electrónicos, donde no profundiza en los problemas materiales, como la brecha digital, y se queda en lo formal; una cuestión que critica con acierto Jorge Fondevila en un artículo que aparecerá publicado en la RVOP: “La obligación de utilizar medios electrónicos en los procesos selectivos: ciudadanos o súbditos”, donde califica esta forma de actuar como “despotismo ilustrado electrónico”, una idea también expuesta en su día por Diego Gómez), este dictamen del Consejo de Estado tiene un trazado razonable.

El dictamen correctamente objeta, por ejemplo, el enunciado inicial del proyecto que le remitió el Gobierno, y lo reformula en los términos (más precisos) que apareció en el BOE (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos). Y pone en cuestión, como observaciones generales, dos que son muy procedentes.

La primera tiene que ver con el abuso del proyecto en recordar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Muy certera, a mi juicio, es la reflexión que hace el Consejo de Estado de que la Administración electrónica es un medio, y no como en muchas ocasiones parece reflejarse un fin. Tampoco se regula su contenido, sino algo instrumental, por muy importante que sea. La esencia de la Administración Pública, esto es, su razón de ser, permanece incólume: servir a la ciudadanía sea presencial o telemáticamente. Aunque, al tratar sólo de medios telemáticos, sigue echándose en falta la preterición de lo presencial, más hoy en día en tiempos de pandemia (la perversa cita previa, exigencias “de facto” a utilizar medios telemáticos a sujetos no obligados, etc.). En un pasaje de ese dictamen se expone lo siguiente:  “En este punto, resulta indispensable partir de una constatación previa: lo que se regula en el real decreto proyectado es el medio de la actuación de la Administración y no su contenido. Ciertamente, esta distinción, nítida en el plano teórico, puede desdibujarse en la práctica, como sucede cuando se regulan aspectos novedosos como la actuación administrativa automatizada (artículo 41 de la Ley 40/2015 y artículo 13 del proyecto). Sin embargo, aun en estos casos, es importante no perder de vista que el objeto del real decreto proyectado es ordenar un medio de actuación de la Administración”.

Tal vez el desarrollo reglamentario debiera haber ido un poco más lejos en lo que a tratamientos automatizados y tecnologías disruptivas respecta, donde, entre otras, la tecnología de la Inteligencia Artificial está llamando persistentemente a la puerta de los procedimientos administrativos, como la doctrina ha resaltado una y otra vez. Aunque tengo algunas dudas de que, mediante una regulación reglamentaria, se pueda regular esta materia intensamente (porque en algunas cuestiones podría estar directamente afectada por una reserva de ley: garantías de este tipo de procedimientos), pero sí se podría mejorar el estado actual de cosas (algo se ha hecho; por ejemplo, en la modificación del Real Decreto 4/2010, pero solo en materia de reutilización). Cabe desarrollar normativamente una cuestión que ya está llamando a la puerta de las Administraciones Públicas en muchos ámbitos, como ya apunta el Plan de Digitalización de las AAPP, pues no parece suficiente con su reflejo en la Carta de los Derecho Digitales (un instrumento de soft law). Algo tendrán que hacer las leyes que regulen lo digital en este ámbito, aunque algo más, en efecto, podría haber hecho el Reglamento.

La segunda cuestión general a la que se enfrenta el dictamen es el trascendental tema de la interoperabilidad. Sin duda el nervio central de la arquitectura normativa de este Real Decreto 203/2021, que refuerza así lo que ya de forma clara, pero asistemática, recogían tanto la LPAC como la LRJSP. Bajo este punto de vista, la modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, es otro de los elementos de cierre del modelo, con importantes cuestiones reguladas en esa reforma. La inclusión del principio de interoperabilidad es un dato relevante, aunque ya estuviera explícito en una regulación legal un tanto desordenada. Las dudas se podrán plantear, tal vez, en el ámbito competencial.

Pero en este punto el Consejo de Estado no las tiene. La interoperabilidad la vincula no solo con la eficacia relacional de las Administraciones Públicas, sino además hace descansar todo el sistema de Administración electrónica, sobre la base de la eliminación de las “barreras informáticas u obstáculos” y con la idea de “hacer prevalecer la perspectiva del ciudadano”. Un blindaje con el manto de la interoperabilidad para hacer invulnerable el reglamento ante la jurisdicción constitucional. Al menos esa parece ser su pretensión. Así se expresa el dictamen:  “La insistencia del legislador no es baladí. La interoperabilidad de las aplicaciones, registros, sistemas, plataformas y demás soluciones tecnológicas es un presupuesto esencial para que el ciudadano pueda desenvolverse con libertad en sus relaciones con los poderes públicos. A la manera de una tupida red de carreteras, la existencia de sistemas informáticos interoperables permitirá al usuario transitar por distintas vías de comunicaciones electrónicas sin barreras ni obstáculos”.

Por tanto, lo físico (red de carreteras) sirve de argumento determinante para justificar la atracción de la competencia hacia lo virtual. Lo fáctico, al menos de momento limita la fuerza del argumento, pues la ciudadanía no obligada a relacionarse telemáticamente con la Administración Pública sigue prescindiendo en un algo porcentaje del uso de medios electrónicos en esas relaciones. Pero, no cabe duda que la interoperabilidad mejora la posición de la ciudadanía en esas relaciones. Y ese es el argumento de peso que utiliza el dictamen.

En fin, el dictamen se adentra luego en un análisis detenido de parte del articulado, con una serie de observaciones puntuales que, disciplinadamente, el Gobierno ha incorporado al articulado definitivo del texto normativo publicado finalmente en el BOE (enunciado de la norma; artículos 2, 3, 4, 5, 15, 26, 30, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47 y 48, entre otras disposiciones normativas). Su lectura y contraste con la redacción definitiva del Real Decreto 203/2021, es muy ilustrativa y sirve para entender mejor parte de su contenido.

Sorprende la presteza con que el Gobierno ha acogido tales objeciones y contrasta, sin duda, con otras que también el Consejo de Estado formuló recientemente sobre el proyecto de decreto-ley de “fondos europeos” (dictamen de 21 de diciembre de 2020), en el que el Ejecutivo hizo oídos sordos a la mayor parte de las tachas que le planteó el “supremo órgano consultivo del Gobierno”. Paradojas gubernamentales frente a respuestas consultivas.

DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO 45/2021:  DICTAMEN CONSEJO ESTADO PROYECTO DECRETO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

domingo, 4 de abril de 2021

Fondos Europeos. Las ciudades no cuentan

 Alcaldes de todos los partidos denuncian que se les está dejando al margen de la estrategia de recuperación europea

Revista de prensa.- La Vanguardia. JAUME V. AROCA. Primero fue la gestión de la pandemia y ahora empieza la discusión sobre la difícil recuperación. Como ha ocurrido con los estados de alarma y los sucesivos confinamientos, las ciudades parecen condenadas a ser meros subalternos del gobierno central y las administraciones autonómicas en la gestión de los fondos europeos para la salir de la crisis.

Entre el estruendo de la disputa por el poder en la comunidad de Madrid y el inacabable duelo catalán apenas llega a hacerse oír el debate sobre qué, cómo y quién va a gastar la extraordinaria cifra de 140.000 millones del programa Next Generation que recibirá España a partir del verano.

Pero muchos alcaldes, de todos los partidos, temen que el dinero llueva en paracaídas -con su habitual imprecisión– y solo alcance a las grandes corporaciones y a los proyectos institucionales. Cómo mínimo los ayuntamientos piden poder presentar sus propios planes. Que no se les descarte de antemano.

El sistema de gestión de los 140.000 millones diseñado en la Moncloa excluye por ahora a los municipios

La estructura diseñada por el Gobierno central para la gestión de los Pertes -habrá que ir familiarizándose con esta palabra que es el acrónimo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica- configura una gestión centralizada de estos recursos y habilita exclusivamente una comisión de coordinación con las administraciones autonómicas. A priori, al poder local no está ni se le espera en esa mesa.

La experiencia del pasado no juega a favor de los municipios. Con una dimensión económica mucho menor, todo el mundo recuerda en España el plan Zapatero, la inyección de más de 10.000 millones de euros que en 2010 y con apremio, debieron gestionar los ayuntamientos con el objetivo de impulsar una recuperación que no llegó. El país está lleno de rotondas absurdas que deben su vida a aquel intento fracasado.

Sin embargo, en esta crisis los ayuntamientos han demostrado su capacidad desarrollando durante la pandemia un trabajo en primera línea de calle –las ciudades han sido los más afectados por la pandemia– para mantener los servicios públicos –el transporte, la limpieza, el apoyo social, la actividad comercial– al tiempo que apoyaban las estrategias de contención y ahora de vacunación que ordenan primero el Gobierno central y luego los gobiernos autonómicos.

El debate, si fuera posible plantearlo con la suficiente serenidad, es si los remiendos que necesita el país tras la pandemia deben hacerse con hilo grueso o hilo fino. En definitiva por qué circuitos llegará el dinero a la gente que lo necesita.

Los ayuntamientos no quieren tener el papel subalterno que les ha tocado en la pandemia

“Mucho me temo que en esta cuestión solo podremos ejercer de influencers” admite un alto responsable del Ayuntamiento de Barcelona. A sabiendas de que la región metropolitana tiene la musculatura suficiente para beneficiarse de estos fondos está ultimando un informe –con un ojo puesto en lo que está haciendo bien el gobierno vasco– sobre qué proyectos metropolitanos encajan en los famosos Pertes. Por intentarlo que no quede. Está por ver cuántos de ellos coinciden con los 27 que defiende la Generalitat catalana.

Este mes pasado, en un inusual ejercicio de cooperación política, los alcaldes de once ciudades, Madrid y Zaragoza, gobernadas por el Partido Popular; Cádiz con un alcalde de Adelante Cádiz; Valencia, presidida por Compromís; Girona y Reus donde gobierna Junts per Catalunya; Granada, por Ciudadanos; Lleida, con ERC al frente; Torrelavega del Partido Regionalista de Cantabria; Pamplona, de Unión del Pueblo Navarro y Santa Cruz de Tenerife de Coalición Canaria, firmaron un comunicado conjunto reclamando una mayor intervención del poder local en la toma de decisiones sobre los planes de recuperación.

Los alcaldes piden gestionar unos 20.000 millones de los 140.000 asignados a España. Por el momento el Gobierno solo ha adelantado una aportación de 1.800 millones a los municipios.

Con más discreción, la misma reivindicación fue planteada también por algunos alcaldes socialistas en una reunión celebrada en la Moncloa hace algún tiempo.

El debate no es exclusivo de nuestro país. Cuando el Parlamento Europeo dio luz verde a la creación de este fondo extraordinario aprobó una proposición, impulsada por el grupo de Los verdes/ Alianza libre, en la que instaba a los países a tener en cuenta al poder local.

Ya en octubre del 2020 nueve alcaldes de aglomeraciones europeas entre los que figuraba la alcaldesa de Barcelona Ada Colau firmaron una carta conjunta para reclamar la gestión de parte de estos fondos. La misiva fue suscrita además por los alcaldes de Milán, París, Lisboa, Budapest, Praga, Varsovia, Bratislava y Hannover y pedían gestionar el 10% de los 1,8 billones asignados a este plan de estímulos.

También la Alianza por la Cohesión, que integra a 140 regiones y 137 ciudades europeas ha mostrado su preocupación porque “a medida que los Estados miembros preparan sus planes nacionales de recuperación, ha quedado claro que en muchos países nuestras regiones, ciudades y municipios no participan de manera significativa en el proceso de planificación”.

Pero depende de los gobiernos centrales el modo en que se gestionen los recursos y no parece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté por embarcarse en una negociación directa con la administración local.

Llueve sobre mojado. El modelo autonómico español, embarrancado en el conflicto territorial hace años que dejó de ver a los gobiernos locales como un interlocutor relevante. Francia, Italia e incluso la Alemania federal empiezan a comprender que sus grandes ciudades son un factor de competitividad y de estabilidad política y social. A España, esa ola aún no ha llegado.

sábado, 3 de abril de 2021

El rescate de Plus Ultra o la politización de nuestro sector público

Por Elisa de la Nuez. Crónica Global-El Español.- El caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, concentra de forma muy clara los males de nuestro sector público. Se trata, como es sabido, de una aerolínea que ha presentado pérdidas desde su constitución en 2011 y que en 2019 operó el 0,03% de vuelos en España y que, no obstante, ha recibido una ayuda de 53 millones de euros (después de haber intentado infructuosamente conseguir los créditos ICO, también públicos, pero que gestiona la banca privada).

Efectivamente, el real decreto ley de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, crea un nuevo fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de 10.000 millones de euros​ “para dar apoyo financiero a las empresas no financieras estratégicas solventes que se hayan visto especialmente afectadas por el Covid-19​ y que así lo soliciten”. En particular, su artículo 2.2 señala, en cuanto a los requisitos, que se trata de prestar apoyo público temporal “a empresas no financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”.

No parece, sinceramente, que la aerolínea en cuestión reuniese objetivamente esas condiciones. La cuestión es que probablemente alguien desde la esfera política entendió que, por motivos también políticos, era conveniente conceder la ayuda solicitada. Y esta decisión se avaló después con los formalismos y los informes correspondientes, siendo esta una manera de funcionar bastante habitual en nuestro sector público, donde la opacidad y el clientelismo político son, desgraciadamente, muy frecuentes. Hoy por hoy estos informes (del que al parecer el decisivo es el del Ministerio de Fomento por razones competenciales) no se han hecho públicos, que sepamos.

Pero quizás también habría que mirar la causa profunda de que se produzcan este tipo de decisiones manifiestamente poco profesionales. La razón última es la politización de nuestro sector público. La decisión del rescate ha sido tomada, de conformidad con la previsión del real decreto ley de 3 de julio, por el Consejo Gestor del Fondo, de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas. Al frente de este órgano (compuesto por altos cargos todos ellos de nombramiento político) está el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, dado que la presidencia de la SEPI se encuentra vacante desde octubre de 2019. Tanto el presidente como el vicepresidente de la SEPI son cargos de confianza política, nombrados por decreto del Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Hacienda.

Lo que ocurre en este caso es que el anterior responsable y persona de confianza de la ministra de Hacienda tuvo que dimitir en octubre de 2019 al estar siendo investigado por la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso Aznalcóllar, sin que pese a que se le haya estado guardando el puesto parezca posible “recuperarle” puesto que ha sido procesado en dicha investigación. El que no se haya nombrado todavía a su sustituto porque, al parecer, “no se encuentra a la persona adecuada” da una idea de la cultura política imperante en nuestro sector público. Quizás una convocatoria pública pudiera resolver con bastante solvencia este problema; pero obviamente al Gobierno y a la ministra de Hacienda no se les pasa por la cabeza nombrar a alguien por un procedimiento abierto que respete los principios de mérito y capacidad como se hace en otros países de nuestro entorno. 

Efectivamente, el nombramiento de presidente de la SEPI (como el de todos los máximos directivos del sector público, por otra parte) se basa en la confianza política y no en otros méritos. No hay convocatorias ni procedimientos abiertos y transparentes, y mucho menos concurrencia de candidatos. Por eso también todas las empresas públicas están sujetas a una rotación constante que depende de los ciclos electorales (o incluso de los cambios de gobierno dentro de un mismo ciclo) y no a razones profesionales ligadas al mejor o peor desempeño del cargo, a los resultados obtenidos o a la consecución de los objetivos estratégicos (si es que los hay) de las entidades públicas. Como puede verse, es un modelo poco profesional, poco transparente y muy politizado. Quizás esta es una de las razones que explican decisiones tan poco justificables desde el punto de vista de los intereses generales como el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

jueves, 1 de abril de 2021

El Reglamento de Administración Electrónica : larga vida a la burocracia digital

 Por Matilde Castellanos. EnREDando blog . La llegada del mes de abril no solo traerá la entrada en vigor plena de la administración electrónica, sino también su esperado desarrollo reglamentario: por fin, hoy, 31 de marzo se publica el RD 203/2021.

Creo que en la tesitura que nos encontramos como país, ante el reto de absorber la llegada de la financiación europea, resultaba una cuestión estratégica aprobar cuanto antes la reglamentación en materia de administración electrónica como uno de los objetivos fundamentales de los fondos Next Generación.

Si la AGE aprueba este desarrollo legal, es de esperar que incentive a las CCAA a aprobar la normativa propia ( solo Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia lo han hecho…) y terminar con esta incertidumbre que no favorece la actuación precisa, eficaz y transformadora que Europa espera de nosotros.  Creo que los restantes desarrollos autonómicos que quedan por aprobar harán mal si se limitan a copiar y pegar un texto estatal, que piensa en la problemática de la AGE sin demasiada ambición (por ser generosa)y que por su contenido bien podría haber sido aprobada en el año 2009: no afronta problemas actuales (Inteligencia Artificial, Blockchain, sistemas de firma biométricos, gobernanza del dato como activo de las administraciones…), persiste insistentemente en errores de antaño.

Como siempre me remito a expertos análisis exhaustivos y completos de la norma como el de Víctor Almonacid  pero no me resisto a dar mis puntos de vista sobre aspectos concretos de esta norma que en muchos aspectos nos lleva al pasado.:

1º.- Carácter básico: Hay artículos de carácter básico (15, 16, 23, 26, 28.2, 28.3 y 29.4) que vienen a recordar que NO SE PERMITE EL USO DE BLOCKHAIN EN LA IDENTIFICACIÓN. Ya lo dice la ley (tras su modificación por el Real Decreto Ley 14/2019) pero el reglamento lo repite por si se nos olvida. Aragón (cuya ley en su articulo 51 reconoce su uso siempre que la normativa básica lo permita)y Cataluña deberán esperar para el uso de blockchain como medio de identificación del ciudadano.

2º.- Novedad en los canales de comunicación incluyendo las redes sociales y el correo electrónico, aspecto sin duda positivo del reglamento. Pero ya que se ha tardado casi 6 años en este desarrollo reglamentario sorprende que no se aproveche la experiencia de otras AAPP que ya los regularon y delimite los efectos jurídicos del uso de los mismos. En efecto esta posibilidad ya fue contemplada en el reglamento de administracion electronica valenciano de 2014 y en la Ley de Administración digital de Galicia de 2019 pero estableciendo claramente que su valor era meramente informativo con el objeto de excluir una posible responsabilidad patrimonial ante una información incorrecta ofrecida por estos canales (pensemos por ejemplo que en twitter se señala un últimos día de plazo erróneo para participar en un proceso de concurrencia competitiva) Sorprende la bisoñez con la que el reglamento introduce un muy necesario reconocimiento de canales informales sin precisar la no relevancia jurídica de los mismos.

3º.- Obligados a relacionarse electrónicamente.: esos pobres autónomos. Quiero destacar este punto porque el decreto se remite a otra norma reglamentaria aprobada en el Consejo de Ministros para decidir si obliga o no a determinadas físicas a relacionarse electrónicamente…Mientras en Cataluña, Galicia, la propia AEAT ya despejaron desde hace tiempo esa incógnita obligando a los trabajadores autónomos a relacionarse electrónicamente aquí, el reglamento vuelve a no aportar nada nuevo a lo dispuesto en la Ley. Autónomos de España, intenten ir adaptándose al canal electrónico porque la inseguridad jurídica es tremenda…si van por lo electrónico no corren riesgos, siempre será admitida su instancia o solicitud.

4º.- Firma electrónica…y certificados. Una regulación reiterativa, caótica , carente de sistemática… A diferencia de normativas autonómicas que han sido mucho más claras en la posibilidad de usar medios de firma distintos de certificado reconociendo normativamente lo que la jurisprudencia lleva años recordando, la AGE no se mueve de donde estaba. Esta regulación sin duda esto agrandará las desigualdades que ya constatamos: hay unas administraciones de primera (AEAT,SS, Generalitat de Cataluña) que saben perfectamente donde se dirigen y se apoyan en los distintos sistemas de firma para llegar al fin y otra mayoría entretenida como un gato con una ovillo de lana con sus portafirmas, encantados de esta nueva burocracia digital en la que se han instalado desde de 2007…inamovibles. Ni un guiño a sistemas biométricos ( que si hace Aragón o Galicia..)o de segundo factor ( con uso del teléfono móvil), o la firma de empleado del ejemplar decreto Catalán.

Este decreto no impide esos sistemas de firma novedosos, que sin duda se usaran, pero su permisividad se hace de forma tan poco evidente que solo los clarividentes (los de siempre: AEAT, SS…)  se impulsaran en estos sistemas que el mercado usa con éxito rotundo. El reglamento contiene numerosas transcripciones de las leyes de forma totalmente innecesaria, reiterando una ya caótica legislación en materia de firma electrónica en el que solo prosperará el que consiga ver que su importancia es accidental y no finalista en la innovación en la Administraciones Publicas: larga vida a los debates estériles de si una firma es valida o invalida mientras los tribunales y la privada se mueven con naturalidad en este entorno. No insistiré mas en el tema, sinceramente no creo que la AGE y los que se mimetice con ella propicien políticas de firma novedosas en las AAPP a diferencia de lo que sucede en el sector privado con la misma base normativa. 

Nos confirma el hecho de lo incomoda que se sienten las AAPP en el medio electrónico cuando dice en su articulo «15.4 La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la exigencia de responsabilidad patrimonial.» Esto no hace sino mostrar el miedo que atenaza a la administración ante el uso de las TIC. No he visto un texto que diga que la AAPP no se hace responsable de que se haga un uso indebido del carnet de familia numerosa o de que nos falsifiquen la firma manuscrita…va de suyo la normativa general ya resuelve que consecuencias tiene suplantar a alguien en manifestaciones de voluntad.

5º.- PAGE, Portal y Sede: un problema de la AGE que se han empeñado en exportar a otras AAPP. EL Punto de Acceso Electrónico nace para dar solución a un problema meramente de la AGE porque cada ministerio tiene su sede y al final el ciudadanos se pierde en ellas. Esto no sucede en las restantes administraciones por lo que asistimos con estupor a como se impone una figura que no aporta nada al resto de AAPP. Al final las CCAA lo han solventado de la siguiente manera: Mientras Andalucía y Galicia atribuyen la función de PAGE a su portal institucional , Cataluña lo hace a la sede. Claramente el PAGE tenia que haber sido una figura no básica para uso de la AGE pero ya veis, la Administración hace lo sencillo complejo

6°.- No orientación a automatización, no hay mención al valor del dato, ni rastro de la Inteligencia Artificial: A diferencia del borrador circulado en 2018 y de lo que si han incluido los reglamentos y leyes autonómicas no hay preferencia por la automatización automatizada. Es decir, la AGE ( el art. 13 no tiene carácter básico) puede seguir instalada en la burocracia digital durante muchos años más. (Funcionario que hace un documento pdf, lo remite a un portafirmas y se lo descarga firmado…después lo adjunta en un gestor de expedientes). Larga vida a la burocracia digitalizada que está dando lugar a un incremento de la tasa de error porque no nos beneficiamos del rigor que aporta la automatización y el trabajo centrado en los datos. Ni rastro de la gobernanza del dato. El articulo no añade casi nada a lo dispuesto en la ley salvo para decir un temeroso que se «establecerá medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de las personas interesadas».

Hace unos meses el gobierno anunciaba a bombo y platillo la consulta publica carta de derechos digitales donde se daba por hecho un uso de la Inteligencia artificial por las Administraciones Publicas pero a la hora de la verdad no hay rastro de esas buenas intenciones No busqueis mucho, no hay nada en el reglamento que nos lleve a pensar que se sientan unas bases para el uso de tecnicas de inteligencia aritificial. No se prohíbe, de hecho, seguiremos observando en licitaciones,o en premios de buenas prácticas su uso por las Administraciones Publicas, pero se pierde la oportunidad de dar certezas al ciudadano. Podría haber establecido el reglamento que no podrán adoptarse decisiones discrecionales de forma automatizada(como hace Andalucía) o bien establecer la garantía de que cuando sirvan de orientación a la toma de decisiones del órgano administrativo deberá publicarse en el portal cuando se hace uso de la misma comunicándolo en la resolución al ciudadano con el fin de evitar lo ocurrido en Holanda con syri , el sistema que condicionaba una actuación injusta del funcionario.

7º. Abundancia de informes. Choca ver que en un tiempo en el que se esta abogando por la supresión de cuellos de botella y trámites innecesarios (incluso los de control interno!) el decreto está plagado de requerimientos de informes que denotan el apego burocrático de esta Administración sin que en este caso se introduzca la coletilla tan de moda de que deberán ser emitidos «en plazo improrrogable de 10 días» . Mucho más efectivo hubiera sido en el caso de los portales de internet, prever el uso de herramientas de analíticas de visitas y que una auditoria anual evalúe la conveniencia o no del mantenimiento de un portal u otro por su uso / utilidad al ciudadano. Este Real Decreto nos vuelve a situar en «esos expedientes foliados» esas políticas de firma inamovibles desde 2007, esa regulación de las copias … parece querer no dejarnos despegar, anclándonos a una burocracia cada vez más exasperante.

Volvemos al futuro, a un 2021 donde una Europa generosa espera una verdadera transformación de nuestro país, no decaigamos, impongámonos un optimismo con ejercicio de voluntad. La sociedad necesita otra administración, quizás la alcancemos con pequeños pasos en la dirección correcta. Hubiera estado bien tener una normativa a la altura de lo que se espera en esta nueva realidad, pero nada impide que impulsos personalistas o sectoriales puedan hacer una administración un poco mejor de la que nos dejaron…porque , todo puede mejorar!!!

miércoles, 31 de marzo de 2021

Derecho.com: Nuevo Reglamento para la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

El Real Decreto, que desarrolla las Leyes básicas de procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas, se aplicará a todos los entes públicos estatales, autonómicos y locales y entrará en vigor el próximo 2 de abril . Ver RD 203/2021 de 30 de marzo

ElDerecho.com.- El Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Política Territorial y Función Pública, el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que aborda la regulación global y unitaria del funcionamiento del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.

El Real Decreto unifica en un mismo Reglamento el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos previstos en las dos leyes de cabecera en esta materia (la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Con ello, se logra una importante labor de sistematización y ordenación, con un notable esfuerzo de simplificación de conceptos técnicamente complejos.

El Reglamento profundiza en el objetivo de contar con una Administración Pública digital, moderna, accesible y personalizada a las necesidades de los distintos colectivos sociales. Este Real Decreto consolida la normativa relativa a servicios electrónicos a la ciudadanía y empresas, e impulsa el uso y los beneficios de la digitalización en la Administración.

Por ejemplo, facilitará el avance para que la ciudadanía no tenga que volver a aportar información de la que ya disponga la propia Administración, que pueda consultar las notificaciones en una dirección de notificaciones única y que pueda acceder a un punto único de información a través del PAGe (Punto de Acceso General electrónico).

El Reglamento dota a España del marco regulatorio imprescindible para afrontar los grandes desafíos que plantean la evolución de tecnologías disruptivas, su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, los nuevos modelos de relación de ciudadanos y empresas con las Administraciones Públicas y la reutilización eficiente de la información.

Su entrada en vigor, el próximo 2 de abril, eliminará definitivamente la superposición de regímenes jurídicos distintos y facilitará a ciudadanos, empresas y administraciones el desarrollo reglamentario básico en un solo texto, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica, que es uno de los objetivos de la norma.

Con la aprobación de este Reglamento se cumple una de las medidas para la transformación digital del sector público incluida en la Agenda España Digital 2025 y con una de la reformas que se contemplan en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para el primer semestre del año.

España cuenta con una posición muy favorable para abordar la transformación digital y, en lo que concierne a la Administración electrónica, está situada entre los países más avanzados de la Unión Europea, gracias al esfuerzo continuado de las Administraciones Públicas, según refleja el informe DESI de la Comisión Europea.

Principales objetivos 

Este reglamento tiene cuatro objetivos principales. En primer lugar, mejorar la eficiencia de la Administración electrónica. Para ello, se facilita el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas; la obligatoriedad de relación electrónica de las personas jurídicas y de algunas categorías de personas físicas; y la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones contarán con un archivo electrónico de expedientes que correspondan a procedimientos finalizados y todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos salvo que se trate de personas físicas no obligadas a ser notificadas electrónicamente.

El segundo objetivo es que tanto el funcionamiento electrónico interno de la administración como las relaciones de las Administraciones Públicas entre sí se realice electrónicamente. Esto implica la interoperabilidad como principio básico, determinar las condiciones e instrumentos de creación de sedes electrónicas, así como los supuestos de utilización de los sistemas de firma de sello o código seguro de verificación, y los propios sistemas de firma electrónica.

El tercer objetivo es el de incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas en la Administración Electrónica. Así, se desarrolla el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGe), y la Carpeta Ciudadana en el Sector Público Estatal. También se regula el contenido y los servicios mínimos a prestar por las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y el funcionamiento de los registros electrónicos.

En cuarto lugar, se busca disponer de servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración sea fácil, intuitiva y efectiva cuando use el canal electrónico.

Impactos positivos 

​El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos incrementará la seguridad jurídica, así como la predictibilidad de la actuación de las Administraciones Públicas, contribuyendo a mejorar el servicio a los ciudadanos, la imagen institucional de España y la confianza.

El Real Decreto favorece también la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dado que los medios electrónicos proporcionan una vía alternativa de comunicación con la Administración.

Asimismo, se refuerza la defensa de derechos individuales. Es el caso del derecho a un acceso rápido, eficaz y eficiente a los servicios públicos a través de los medios electrónicos; el de disponer de unos servicios web de calidad que sean útiles y satisfagan sus necesidades; el de recibir una información transparente y veraz; y, al mismo tiempo, el derecho a preservar la privacidad de los ciudadanos y sus datos personales.

El Reglamento tiene, además, un impacto ambiental positivo al reducir la huella de carbono de la tramitación tradicional en la que se emplea masivamente el papel, la impresión láser y la logística. Frente a esta tramitación tradicional, el presente Real Decreto propone eliminar el papel para la mayoría de los procesos administrativos, algo que permite eliminar la impresión y los procesos logísticos y su consiguiente impacto ambiental.