jueves, 9 de enero de 2020

El Gobierno vasco renueva Gardena, su portal de transparencia

Otro post de interés: Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog. Gobernanza Pública. Retos 2020

Gobierno vasco.- El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha informado al Consejo de Gobierno de la puesta en marcha de “Gardena”, el nuevo portal de transparencia y visualización de datos del Gobierno Vasco. Se trata del rediseño del sitio web que permite mejorar, sobre todo, la accesibilidad de la ciudadanía a la información pública.
El objetivo es que todas las personas que lo deseen puedan acceder a la información de la Administración Pública Vasca de una manera sencilla, intuitiva, desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. De hecho, el nuevo portal de “Gardena” está especialmente diseñado para su consulta y acceso desde smartphones y tablets. Así, el diseño ha priorizado el concepto “mobile first” ya que las estadísticas de uso indican que el 30% de las consultas ciudadanas se realizan, ya, desde dispositivos móviles. Cifra que, además, se constata que va en aumento. 

Este nuevo sitio web de la transparencia y visualización de datos del Gobierno Vasco está alojado en el portal de la Administración Pública Vasca, www.euskadi.eus. 

50 indicadores
El nuevo portal de la transparencia y visualización de datos del Gobierno Vasco cuenta con más de 50 gráficos sobre los indicadores de transparencia manera que se facilita a la ciudadanía la compresión de la información. Cumple el objetivo de mejorar la accesibilidad a los indicadores de la transparencia y los datos abiertos y reutilizables.

Uno de los ejes prioritarios de trabajo del Gobierno Vasco en el diseño de sus sitios web es mantener la posición de liderazgo en materia de accesibilidad ciudadana a la información. En este sentido, el “Observatorio de Accesibilidad Web” del Gobierno español ha publicado, en noviembre de 2019, que Euskadi es “la única Comunidad Autónoma en la que todos sus sitios web propios están cumpliendo los requisitos de accesibilidad y, por tanto, Euskadi es un referente en esta materia”.

miércoles, 8 de enero de 2020

Según Oirescon: Más de la mitad de los contratos públicos no justifican su precio

 El supervisor de la contratación encuentra múltiples irregularidades en las licitaciones en España

Revista de prensa. Elena G. Sevillano y Antonio Maqueda para El País.- Más de la mitad de los contratos públicos en España (el 52,9%) no justifican el presupuesto de licitación, es decir, el precio de salida que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar. Esto provoca “desviaciones desproporcionadas” entre ese presupuesto inicial y el importe finalmente adjudicado, alerta el primer informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada recientemente a instancias de Bruselas. También denuncia la existencia de irregularidades en el 47% de la contratación menor, que se otorga directamente y evita la competencia.

En el fondo, el documento está identificando una “falta de planificación” en la contratación pública. En España se firman unos 120.000 contratos al año, sin contar los menores. “Sorprende el porcentaje que denuncia la oficina en la medida en que se está apuntando a una falta de preparación en el diseño del contrato y el cálculo de los costes”, comenta José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Según explica, si se da el caso de que existan varios postores que compiten por el contrato, el precio terminará de todas formas ajustándose. Pero si no hay una tensión competitiva, la Administración acabará pagando de más.

El extenso informe, que abarca más de 400 páginas, desgrana las irregularidades en las que las Administraciones públicas incurren cuando contratan a terceros. Para ello analiza sobre todo 17 informes del Tribunal de Cuentas y otros organismos fiscalizadores autonómicos. Entre las más comunes está la de no justificar el procedimiento de adjudicación utilizado, lo que según el supervisor ocurre en el 58,8% de las licitaciones. Generalmente sucede cuando se usa el procedimiento negociado sin publicidad, por cuantía o por motivos técnicos o de exclusividad del proveedor. Pero también en los casos en los que la Administración recurre a la tramitación urgente o de emergencia sin que acredite que se dan los requisitos necesarios para hacerlo.

Otro de los problemas radica en la contratación menor. Con cifras de 2018 se detectan irregularidades en la mitad de ellos. Y eso a pesar de que la legislación de 2017 estaba redactada para limitarlos, impidiendo que se usen siempre que se pueda anticipar la necesidad. El contrato menor es aquel cuya cantidad máxima alcanza los 15.000 euros para un año. Se adjudica directamente entre tres presupuestos que el organismo público haya recabado. Es decir, carece de un procedimiento de licitación al uso. En su lugar, según la ley, cuando sea un gasto previsto debería emplearse el procedimiento abreviado que sí implica una licitación abierta a todo el mundo y con publicidad.

Sin embargo, el informe no entra en cifras de cuánto se ha conseguido restringir el empleo de estos contratos menores. Según el documento, las Administraciones recurren “de forma reiterada” al fraccionamiento de contratos para los mismos servicios. En ocasiones, la duración supera la prevista legalmente. Y en otros casos la facturación excede los importes adjudicados. El análisis también encontró que se incumple la obligación recogida en la ley de solicitar tres ofertas para el contrato menor. En definitiva, del análisis se infiere que todavía se abusa de esta figura, que reduce la tensión competitiva y facilita que la Administración de turno entregue el encargo a una empresa próxima. De esta manera, algo que muchas veces se hace por simple comodidad puede incluso acabar degenerando en una suerte de corrupción, según denuncian los expertos consultados.

La oficina de contratación reprocha, además, que no se documenta individualmente cada uno de los contratos y, en consecuencia, no puede examinar en profundidad qué está pasando. Podría estudiarse mejor si la tramitación de los contratos estuviese digitalizada. Sin embargo, a pesar de que ya se exige que el 100% de la licitación se haga de forma electrónica, solo el 7% lo está, dice el organismo independiente. Este reclama que se avance en la digitalización, ahora “lejos de ser una realidad”. La falta de una base de datos única impide que la oficina independiente pueda aprovechar el big data para sacar conclusiones más definidas sobre la contratación pública, un área que según Hacienda equivale al 13% del PIB.

La oficina de la contratación alerta de que no pueden darse datos económicos “ciertos y de calidad” para averiguar el ahorro entre el presupuesto de licitación y el precio final de adjudicación. Este dato es muy importante, ya que es un claro indicador de cuánta competencia se ha dado para conseguir el contrato y abaratar el coste para el erario público. La Oirescon pide establecer medidas de control para asegurar el pago a las firmas subcontratadas. Y recomienda que se justifiquen mejor las modificaciones en los contratos.

martes, 7 de enero de 2020

10 cambios en el eGobierno. en la década (o no tan cambios)

"Los datos han cambiado mucho (open data, big data, data analytics, data science)… pero creo que para establecer las condiciones para usarlos de maneras que aún no atisbamos"

Por Sergio Jiménez- Analítica Pública blog- Pues ya está: hace unos días acabo 2019 y el decenio que empieza por el 1. Sí, ya sé que las cenas de navidad y las RRSS han movido pasiones acerca de si la década acaba en 2019 o 2020. Bueno, si contamos, sería en 2020, pero la RAE también permite el término década a los 10 años que empiezan con el mismo número. En estos 10 años han pasado muchas cosas: con echar un vistazo a vuestra vida podréis apreciarlos. Yo me he mudado 2 veces de país, he montado este blog, hemos amado y odiado a la Khalessi, y el Athletic de Bilbao ha jugado varias finales. Pero ¿hay cambios en el egobierno?

En este post podrás ver:

1.- Cambios en el egobierno de tipo legal
La legislación: de la LAECSP a las leyes 39 y 40
El primero de nuestros cambios de egobierno es el cambio de las leyes. En 2010 estábamos en un presunto acelerón con la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) que, presuntamente, tenía que garantizar el acceso a todos los servicios on-line como derecho. De hecho, en 2010, se estaba tratando de llegar a este horizonte (bueno, más o menos), pero, además, esperábamos con algo de retraso, la publicación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. La LAECSP parte de una filosofía muy europea: fijar una norma como derecho y que la ciudadanía denuncie incumplimientos. Este enfoque es común a la Directiva Europea de Servicios que pretendía que, para 2011, si abrías un negocio en Colonia, te valiera el mismo permiso para hacerlo funcionar en Cádiz.

A 2020 llegamos, al menos en España, con otro enfoque. Las Leyes 39 y 40 de 2015 cambian de una visión “finalista” (haz lo necesario para tener estos servicios) a una visión más integral (todo es digital y tienes que hacerlo así, esperando tener efectos en la Administración). El tono cambia al hacer obligatorio todo el procedimiento Administrativo electrónico. Sin embargo, como ocurrió con 2011, ahora estamos a la espera de algunos aspectos nucleares de la ley con no poca polémica.

Hay que decir que en estos 10 años, en el plano legislativo la economía ha tenido un papel definitivo. Como bien señala Fernando de Pablo en un artículo en la obra de Isaac Martín Delgado, no sólo la crisis hizo tener que cumplir con leyes ambiciosas con poco dinero, es que el enfoque de la Ley, tanto a nivel español como europeo ha buscado usar la e-administración para dinamizar la economía.

La contratación y facturación: de leyes a facturas
El segundo punto a mirar es la contratación. En 2010 estábamos en un proceso de cambio de fondo; la Ley de Contratos del Sector Público. 10 años después nos encontramos con una nueva Ley de contratos de sector público debido a la transposición de las directivas europeas. No voy a opinar demasiado sobre la comparativa, porque hay gente de sobra cualificada para ello en la blogosfera, como, Guillermo Yañez, Pilar Batet, Jaime de Pintos o Juan Carlos Melián entre otros. Si que quiero dar una opinión: como operador privado ni una ni otra me parecen más fácil. No es fácil entender las leyes, no es fácil contratar, y, desde luego, apuestas supuestamente importantes como el ROLECE no han estado a la altura.

También en 2010, teníamos un primer esfuerzo por impulsar la factura electrónica que no salió nada bien y tuvimos que esperar a 2015 para que fuera obligatoria. Ahora es obligatorio, y, si coges el truco y contratas un proveedor privado (aquí la administración ha externalizado el coste sin mucho remordimiento), es más cómodo. Eso sí, no creo que nadie se ha sentido ni arropado ni impulsado a usarlo.

Como decíamos antes, la ley ha tratado de usar la eAdministración como dinamizadora de la economía. Sin embargo, también vista la Ley de Contratos y el tema de la factura, ese impulso, al menos en el plano local, se centra mucho en establecer unas normas o marcos y que luego el resto tengan que adaptarse como buenamente puedan… A veces la presión es bastante grande y el cambio sencillo y la cosa sale (la factura electrónica en su segundo intento) y otras no tanto (varias fórmulas de la Ley de Contratos).

Transparencia y gobierno abierto: amor, decepción y rutina
En 2010 estábamos con el subidón de Barack Obama y su plan por el Gobierno Abierto. En 2020 estamos en un impeachment a Donald Trump en el que hay pocas posibilidades de destitución del presidente y la fiabilidad de las noticias sobre política (y de muchas otras cosas) por los suelos.

Cuanto empezamos la década, en 2010, la crisis económica, que había tratado de manera especialmente dura a España, dio lugar a una aspiración lógica: si parte de lo malo que pasa es por la corrupción y por gobiernos que mienten y no cumplen, cuanto mayor control al gobierno (y participación) menos riesgo habrá de crisis. Esto hizo que tuviéramos un movimiento político que aunque global en España fuera importante (el 15M) en el que la apertura del gobierno era crucial.

Sin embargo, fue un gobierno conservador el que en 2013 sacó una Ley de Transparencia que muchas personas juzgan insuficientes. No soy yo el que opine, porque de nuevo hay gente más que cualificada como Miguel Angel Blanes, Rafael Camacho, Fran Delgado u otras muchas personas, pero si que creo que, como en las apps de citas, había unas expectativas que luego no se cumplieron, pero al final, se acaba adaptando uno a lo que hay. Además, tenemos un avance (y freno) de iniciativas de participación o un uso desigual de la rendición de cuentas.

En todo caso, diría que la cosa es que 10 años después aunque hay más cosas que abren gobierno, no parece que los gobiernos estén más abiertos o, mejor dicho, esa apertura tenga los efectos deseados. Quizá la tarea es demasiado grande para los gobiernos, o los retos a los que se enfrenta esta apertura son ingentes, de manera que, o cambiamos de enfoque o se buscan aliados que hagan que ese gobierno abierto llegue más lejos.

2.- Cambios en el egobierno de tipo social
El dinero como motor del cambio
La relación del dinero con el eGobierno es bastante peculiar. Por un lado, esta década ha sido la de una crisis económica importante que ha influido en la capacidad de los gobiernos para impulsar cambios. En segundo lugar, esta crisis, como señalábamos, ha influido en muchos de los cambios: transparencia, control de cuentas o contratación no se pueden entender sin un periodo de carestía y control público. Por último, y no por ello menos importante: lo digital genera enormes cantidades de dinero. Las empresas digitales lideradas por GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) tienen medios tecnológicos y económicos para hacer frente a la acción pública. No sólo es eso, es que su modelo de negocio es tan boyante y creciente que es díficil plantear medidas de control efectiva a sus posiciones dominantes.

La economía digital está llegando a extremos difícilmente controlables por la acción pública. Esto afecta a la capacidad de las Administraciones de asegurar el cumplimiento de determinadas normas en su territorio ante multinacionales presentes pero con sede en otros sitios. Esto no es tanto un cambio en el e-gobierno, como un contexto al que adaptarse.

La privacidad, las cookies y la protección de datos
En la época en la que los datos son el nuevo petroleo, los datos personales son especialmente sensibles. Si vamos a principios de la década, la acción de los gobiernos sobre esos datos era quizá la mayor preocupación. Sin embargo, el aumento de datos que vamos dejando por ahí, la mejora de las técnicas de marketing digital y algunos escándalos de privacidad como Cambridge Analytica, han provocado preocupación pero, me parece, que pocos cambios en nuestro hábito de vida.

Esto se ha trasladado a la acción legal. Primero hemos tenido que adaptar leyes de privacidad a los nuevos instrumentos como las cookies. En una sociedad global e hiperconectada esto lleva a problemas de control de la legalidad. Esto, junto a la incapacidad de llevar esto adelante a un ritmo suficiente, nos llevó a un cambio de enfoque con el RGPD europeo. Hablamos menos de la tecnología y más de su uso y aplicación. Esto, por un lado nos protege más, pero, por el otro, impide explotar el petróleo como otros sitios si hacen.

Hemos pasado del miedo al gobierno, a la inconsciencia del uso privado y necesitamos buscar un modo de adaptación a un contexto nuevo. Esto requiere cambiar la ley y nuestros habitos y una nueva ética empresarial.

Las RRSS como medio de contacto
Vale que en 2010 ya había Facebook y Twitter. Es cierto que en España no estaba aún tan activo como ahora, pero ya había gente adaptándose y consumiendo. El caso es que aunque ya en 2010 la cosa no era solo de frikis, si era aún algo lejano a ser de consumo masivo. La aparición de los móviles supone un cambio importante. En la medida en la que las redes sociales crecen, las Administraciones Públicas y, sobre todo la política, han buscado un hueco en ellas.

Las redes sociales han pasado a ser un instrumento de comunicación y diálogo de la acción pública y la ciudadanía. De hecho, podríamos decir que, además de abrir múltiples posibilidades de dialogar, orientar, guiar y resolver problemas, han establecido nuevos mecanismos de acción. Sin embargo, también esto ha generado por un lado conflictos lógicos a la hora de adoptar tecnologías y, además, generando desviaciones nuevas. Buscar más visibilidad que contenido, la atención al “escándalo en twitter” y buscar la foto ha dado lugar a comportamientos fugaces e irresponsables también en la Administración.

3.- Cambios en el egobierno de tipo tecnológico
Certificados e identificación
En 2010 los certificados digitales generalmente eran difíciles de usar. En 2020 seguimos igual, especialmente en la firma. Podríamos decir que, con los cambios que hemos tenido los últimos años es, incluso un milagro que no sea aún más difícil. La compra de Sun por Oracle (y su impacto en Java), las vulnerabilidades de seguridad de los plugins para los navegadores han tenido un impacto importante. Además, las Administraciones han tenido problemas para ver reconocida su autoridad o no han respondido a tiempo a las exigencias de los navegadores de usar el protocolo https para considerar seguro el uso.

Esto ha llevado a buscar enfoques alternativos para aligerar la identificación (como Clave) de identificación federada, aunque para algunos sectores su modelo federado es un atentado a la privacidad. Eso sí, las expectativas del blockchain como solución son altas, aunque generan un problema de control de la identidad a los estados. Estos, para que negarlo, son muy celosos a la hora de asegurarse el monopolio de creación y aceptación de identidades oficiales (creo que por muy buenas razones).

Es decir, tenemos un cambio del contexto tecnológico y normativo para un recurso estratégico en la acción pública: la identificación de las partes y la fiabilidad del procedimiento válido

Computación en la nube y virtualización: de cosa de frikis al cambio total
En 2010 la computación en la nube era una cosa bastante poco expandida. Google Drive tenía un uso creciente en equipos de trabajo, pero aún no era mayoritario. En una década, la mejora de las comunicaciones y del almacenamiento han cambiado esto. Si en 2010 había que buscar en una empresa espacio para servidores y previsiones de escalabilidad, hoy en día, Amazon es el principal proveedor de hosting.

¿En qué se traduce esto? Pues en muchos cambios importantes. Por un lado, hay un aligeramiento estructural y de inversión económica importante que se deriva a servicios de software. Ahora bien, como os decía, la normativa de contratos (y los hábitos administrativos) hace muy difícil que las AAPP se aprovechen de estas tecnologías. Basta con que vayáis a decir que queréis vender un servicio digital de suscripción a una Administración y veréis la de facilidades que aparecen.

En segundo lugar, tenemos un cambio de responsabilidad y control. En algunos casos (en teoría ya no con el RGPD y demás) los servidores deben estar en territorio europeo y demás, pero ni esto siempre es así, ni siempre es sencillo de controlar. Es decir, en contextos grandes (donde tengo el hosting) vale, pero ¿y en servicios pequeños que pueden almacenar datos? La norma es la misma pero el control es más complejo (¿donde deja los datos de la cookie ese botón de me gusta del blog de la Comisión de fiestas local?).

En resumen, la Administración va entrando en el mundo de la nube que ofrece grandes ventajas de rendimiento, velocidad, costes y colaboración, pero ofrece complejidades que no sé yo hasta qué punto se ha preparado a resolver. Ni en contratación ni en uso.

Su alteza el Smartphone
Hace 10 años el iPhone era algo nuevo y caro. Hoy en día, es casi imposible conocer personas que no tengan un smartphone conectado por internet. No puedo ni imaginar todo lo que han cambiado estos aparatos. No sólo han cambiado el concepto de brecha digital, o aumentado el uso de elementos como la nube o las redes sociales de las que hemos hablado. Han permitido la geolocalización como recurso para usar servicios, la interacción casi a tiempo real con la administración o la virtualización y aumento de comunicaciones, llevando la oficina a cualquier sitio. Todo ello sin hablar de como la movilidad (no sólo lo movil) abre la puerta al internet de las cosas y al aumento de los datos.

A lo largo de estos años nos ha dado tiempo a tener webs anticuadas e inadaptadas a pasar por las apps y darlas por casi muertas. Hemos tenido que cambiar la manera de hacer webs y servicios para que valgan para la ordenador y móvil. La mayoría de las búsquedas y de la navegación es móvil. El mundo digital es puntual, contextual, ligero y a tiempo real… y todo eso en solo unos 10 años.

De las Smart Cities al data-science
Nos vamos al último punto que es el más importante. Todo lo que ha pasado este año nos ha preparado para el futuro: los datos. En 2010 las Smart Cities estaban empezando a ser una cosa. En 2020 creo que ya son solo una pequeña pata de todo lo que tenemos por delante. Tenemos almacenamiento más rápido, ligero y ubicuo. Conexiones ultrarrápidas que generan y envían datos y, con el 5g, con una enorme capacidad de interacción. Tenemos una capacidad de computación enorme que permite procesar los datos y buscar respuestas y una economía del dato en la que su explotación (y no su posesión) genera enormes posibilidades (y riesgos de privacidad). Lo dicho, casi que estos 10 años son la puerta de lo que viene: los datos.

En estos años, hemos ido definiendo los recursos y condiciones que marcan su uso. Ahora falta que la Administración sea capaz de buscar la manera de usarlos y explotarlos como hace la economía digital sin desnaturalizarse. En resumen los datos han cambiado mucho (open data, big data, data analytics, data science)… pero creo que para establecer las condiciones para usarlos de maneras que aún no atisbamos.

4.- ¿Los locos años 20?
En el siglo XX los años 20 fueron conocidos como los locos años 20 por su crecimiento económico enorme y la despreocupación social del momento. Ahora no creo que podamos hablar de un crecimiento económico enorme ni de despreocupación. Sin embargo, creo que viene una década de enormes cambios no tanto de contexto, como de uso.

Tenemos unas reglas del juego más acotadas, pero ahora con el aumento de la IA, y en un tiempo de la computación cuántica, llevará a probar nuevas cosas y planteamientos en la creación de servicios y de políticas públicas. Esto ya lo ha empezado a usar tanto el sector privado como el “niño mimado” de la innovación en la esfera pública (la política siempre incorpora esto antes que la Administración, que para eso hay dinero), y toca que la Administración lo haga.

No me cabe duda de que será así, y que poco a poco, encontraremos experiencias y casos. El problema es si seguiremos el estilo un poco a remolque y muy centrado en la caja negra de los cambios legislativos que hemos señalados. Es decir, no creo que podemos hacer esta transición bien con un legislador que diga, esta es la Ley y hay que cumplirla: ya llegaran otros (diferentes administraciones, actores privados, etc.) para que tenga efecto. La legislación y la Administración deberían trabajar coordinadas con la sociedad y enfocando el tiro, pero esto es un proceso de aprendizaje.

lunes, 6 de enero de 2020

Convocados los X Premios CNIS 2020

La entrega de premios tendrá lugar durante el X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos que se celebrará los días 3 y 4 de marzo de 2020 en la sede de La Nave de Madrid.
Foto de familia de los premiados en el  CNIS 2019
Hasta el 20 de enero de 2020, está abierto el plazo de presentación de candidaturas a los «X Premios CNIS» en el marco del «X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos que se celebrará los días 3 y 4 de marzo de 2020 en la sede de La Nave de Madrid, en la calle Cifuentes 5, con el apoyo de las instituciones que vienen colaborando con el Congreso y que este año amplía su espacio para poder dar respuesta a la  demanda del público. 

Ya se pueden consultar las categorías que en este año presentan nuevas opciones.  Se premiarán las iniciativas de innovación, la transformación digital y el cambio cultural, la seguridad integral basada en la aplicación de los Esquemas Nacionales y la RGPDGD, la adecuación normativa a las leyes 39 y 40 y a la ley de contratos del sector público, al archivo electrónico único en funcionamiento.

No faltará el reconocimiento a los proyectos de transparencia, apertura, acceso a la información y reutilización, rendición de cuentas y a la participación ciudadana o a las Smart Cities.

Las tecnologías innovadoras: soluciones en la nube, Inteligencia Artificial, Blockchain, 5G, Bigdata, Business Intelligence estarán presentes y se reconocerán la responsabilidad social corporativa y alineación con ODS (agenda 2030) y los resultados obtenidos de grupos de trabajo colaborativos multidisciplinares.

Los premios especiales seguirán siendo el de Trayectoria Profesional y el Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado. 

-Toda la información está ya disponible en el web del congreso.
-Conoce las bases y categorías.
-Puede consultar los premiados de la última edición y de las ediciones anteriores

sábado, 4 de enero de 2020

M. Pimentel: Nuestro futuro está escrito en el Registro Civil

 " Parte de nuestro futuro está predeterminado por nuestra natalidad   menguante.  Nuestro destino, en gran medida, ya se encuentra escrito      en el Registro Civil " 

Por Manuel Pimentel.- EsPúblico blog.- -Lo que durante siglos fue considerado como una anomalía, se hace norma en España. Perdemos población, algo que, históricamente, tan sólo ocurriera en años de guerras, de epidemias o de grandes hambrunas. La nueva normalidad, al parecer, nos condena a convertirnos en una sociedad menguante y envejecida, sin que, a día de hoy, atisbemos ningún cambio apreciable para invertir esta tendencia. Al contrario, continúa el descenso en el número de nacimientos, por lo que la dinámica se acelera sin freno. Y ya sabemos la letra de la canción que entre todos tatareamos: envejecimiento y despoblación. Y si a ello unimos la emigración de los jóvenes hacia las regiones más dinámicas -Madrid y el Mediterráneo-, el vaciamiento de la España interior estará dolorosamente servido.

Pues bien, esta es la sociedad que conformamos, determinada ineludiblemente por el Registro Civil. ¿Será sostenible, entonces, esta España de bastón y soledades? Antes de abordar esta cuestión fundamental, repasaremos las cifras que hemos conocidos recientemente y que avivan nuestros temores. La cuenta la lleva el INE y es bien fácil de realizar. Durante el primer semestre de 2019 nacieron en España 170.074 persona (21% de madre extranjera), lo que supone un 6,2% menos que en el mismo periodo del año pasado. En ese mismo periodo se produjeron 215.478 defunciones, lo que supone un descenso vegetativo (diferencia entre nacidos y muertos) de 45.404 personas. A este saldo vegetativo negativo habría que sumarle el flujo neto de inmigrantes – los que entran menos los que salen – y el de los residentes extranjeros, que, en algunas zonas de la costa, son numerosos. El saldo total resulta – con casi toda probabilidad – positivo, por lo que la población total se mantiene ligeramente al alza. O sea que, a día de hoy, ya son los inmigrantes los que determinan la evolución de nuestra población total. Y esta realidad no hará sino acentuarse a medida que pasen los años. Con independencia de lo qué ocurra con los británicos tras el Brexit – esperemos que el lobo no sea tan feroz como lo pintan – y con los alemanes en las Baleares, lo cierto es que nuestra población total crecerá o descenderá en función del saldo inmigratorio. La inmigración – con sus muchas cosas buenas y también con sus problemas inherentes – seguirá en el centro del debate estos próximos años. Guste o no guste, los necesitaremos, por lo que más nos vale que seamos capaz de gestionar adecuadamente el flujo de unas personas que a todas luces precisaremos.

Descenso de la natalidad
El descenso de la natalidad comenzó a mediados de los años setenta. Atrás quedaba el baby boom de los sesenta, una cohorte muy numerosa que pronto comenzará a jubilarse. Desde entonces nuestra natalidad cayó al límite de situarnos como uno de los países con menor índice de natalidad del planeta. Y, en 2019 hemos tocado fondo, ya que tendríamos que remontarnos al año 1941 para encontrar un año con menos nacimientos que éste. ¿Las causas? Muchas y complejas. Desde luego, las laborales y las económicas, siempre determinantes. Sin estabilidad económica resulta muy difícil que las parejas jóvenes se embarquen en la aventura de crear una familia.  Pero, además de estas cuestiones, también existen otras razones, sociológicas, culturales y de modelos de vida, que no incentivan, precisamente, la natalidad. Y, por si fuera poco, la fertilidad de hombres y de mujeres baja por causas variadas. Unos dicen que por la alimentación, otros que por el estrés o por la contaminación, seguro que por el retraso en la edad en la que se tiene el primer hijo. Incluso, hemos podido leer que como reacción de especie a la sobrepoblación, quién sabe. El caso es que cada año nacen menos niños, envejecemos con rapidez y seguimos con la casa sin barrer.

Nos preguntábamos al inicio de estas líneas si será sostenible la actual dinámica poblacional. Pues depende, sería la respuesta sensata. Desde luego, con los parámetros actuales no, no lo será. Ni se sostendría el sistema de pensiones ni el de la sanidad de una población envejecida y dependiente. Sin un continuado flujo inmigratorio tampoco lograríamos mantener la actividad económica, por mucho que automatizáramos e incrementáramos productividad y eficiencia. Ya veremos cómo abordamos estos asuntos, complejos, delicados y vitales, pero ignorados hasta ahora por nuestros próceres, que, pasivos, resignados y diletantes, parecen esperar que estos problemas anunciados se resuelvan por sí solos. Vana esperanza. Desgraciadamente, eso no ocurrirá, sino que, por el contrario, no harán sino agravarse por el tiempo perdido.

La geopolítica también determinará nuestro futuro. En la actualidad África posee 1.250 millones de habitantes. La ONU prevé que en 2.100 serán más de 4.500 millones de habitantes, mientras que la UE apenas si superará los 500 millones. ¿Alguien puede creer que esta desproporción garantiza estabilidad a largo plazo? En fin, muchas cosas veremos en estos tiempos apasionantes en los que nos ha tocado vivir. Pero que nadie lo olvide. Parte de nuestro futuro está predeterminado por nuestra natalidad menguante. Nuestro destino, en gran medida, ya se encuentra escrito en el Registro Civil. Y quien tenga ojos, que vea.

jueves, 2 de enero de 2020

8 Recomendaciones antes de poner en marcha el Plan de Formación para empleados públicos

"El mejor  plan de formación consiste en ayudar a que  el aprendizaje sea posible"  

Por Jesús Martínez. Trabajo Colaborativo blog.-Recientemente,  el profesor Rafael Jiménez Asensio comentaba el  acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Se centraba en  los aspectos  institucionales y, de pasada, se refería también a los apartados de empleo público y formación

En una primera aproximación se observa,  como el propio Jiménez Asensio ya señala, que  es una propuesta breve y que tendrá que desarrollarse para saber cuál será su verdadera dimensión.

Todo se  despacha en una genérica declaración de principios que  aporta pocas novedades. Por ejemplo (transcribo literalmente) :

-Desarrollaremos el Estatuto Básico del Empleado Público: mejora para el acceso al  empleo público, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del  desempeño y clasificación profesional.

-Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la  libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de  los equipos estables.

-Aprobaremos un Plan de Formación y Capacitación de los empleados públicos.

Pero, y ésta  es la parte positiva, a mi juicio, estamos ante una gran oportunidad. Ante un  enunciado tan  genérico,  y después, como es mi caso, de tantos años comprobando lo que funciona y lo que no funciona en formación, se  pueden  introducir, por parte de los futuros desarrolladores, determinados planteamientos  en  línea a lo que  las corrientes  pedagógicas  actuales en formación corporativa han demostrado  eficiente .

No centraré el  grueso  de las aportaciones en  comentar el rumbo que debería de tomar el desarrollo del EBEP, tantas veces postergado, sino que hablaré, exclusivamente, del último punto, el referido al Plan de Formación y Capacitación de los empleados públicos.

Ahora que ya entramos  en la tercera década del siglo, sabemos algo  más sobre cómo  aprenden los adultos  en los nuevos escenarios sociales y organizativos. Desconocer estas variables comportaría  desaprovechar esta  gran oportunidad  de mejora  que ahora se  presenta.

Me permitiré sugerir ocho  consideraciones globales. Son las siguientes:

1‐ La formación, (ahora, aprendizaje y desarrollo), va más allá de los contenidos
Habitualmente y dado nuestro pasado escolar, se piensa en los contenidos como un gran eje central. Los contenidos van variando por épocas, seguramente ligados a las  prioridades  del momento (digitalización, protección de datos, transparencia, genero , etcétera) , pero están ( y hay que decirlo) sobrevalorados. Y, además, para su administración se recurre a grandes expertos que recopilan todo el conocimiento disponible y lo transmiten, habitualmente, mediante fórmulas tradicionales: un  experto (activo) explica a un  alumno (pasivo).

Sin negar que en un porcentaje determinado estas  estrategias pueden  permanecer (en etapas previas de introducción a algún tipo de programas, por ejemplo), también es verdad, que no han de ser preponderantes ni,  mucho menos,  las recetas únicas. Los expertos en aprendizaje ya hace tiempo que denuncian que los aprendizajes no experienciales y no situados,  tienen una vida muy limitada en retención y aplicación práctica. Y, lo que es peor, no generan transformación.

2‐ El conocimiento interno es importante
Hoy más que nunca, y fruto de décadas de trabajo (y formación previa), los empleados públicos tienen un bagaje formativo muy importante. La gran mayoría son verdaderos expertos en aquello que hacen. Con lo cual, no se trata tanto de añadir conocimiento nuevo ( que la mayoría de las veces no lo necesitan),  sino de poner en marcha y extender el que ya tienen a toda la organización.

Las herramientas de gestión del conocimiento y el aprendizaje colaborativo ya están dando frutos en Escuelas e Institutos. Metodologías como las comunidades de práctica, las jornadas de intercambio Buenas Prácticas, la compartición e intercambio de experiencias, por citar solo algunas, hace ya tiempo que emergieron y son de éxito seguro.

3- Aprender a aprender
Ante la multiplicación de contenidos y de recursos ilimitados en la red, la agenda de los profesionales de la formación también cambia. Ahora es más importante que nunca tener la seguridad de que los empleados públicos están capacitados para ser ellos mismos los que pongan en marcha sus propios procesos de aprendizaje y , por parte de de los departamentos de Formación , asegurarnos de que disponen de las  competencias necesarias  para buscar, discriminar/filtrar, y compartir el conocimiento que necesitan. La mayor potencia que  genera  la fórmula  anterior en desarrollo profesional  y  organizativo , también  está  fuera de duda.

4- Formación directiva
Más allá de la excelencia técnica, muy probada y seguramente la responsable de su ascenso y promoción en la organización, se constata la necesidad de contar con directivos formados específicamente en gestión y desarrollo de personas.

Los planteamientos anteriores (sobre todo los puntos 1 y 2 ) pueden ser viables si los  mandos intermedios y  directivos tienen integrado, en su agenda de trabajo, el desarrollo de equipos y de personas. Es un gran hándicap pensar en los nuevos escenarios de aprendizaje sino están alineados en esta orientación . Y eso pasa,  aquí sí , por  capacitación ( obligatoria) en estas competencias.

5‐ Formación en el puesto de trabajo
Una de las mayores críticas que se ha hecho al modelo tradicional de formación, conocido como de catálogo, es  que los empleados debían salir de su ámbito de actividad, desplazarse a las aulas y, de vuelta, transferir lo aprendido a su puesto de trabajo. Y ello,  sólo referido al porcentaje de empleados públicos que sí deciden asistir a formación. (Existe  una cifra negra de no asistencia alta pero, por lo general, hasta ahora, no cuantificada).

Pues bien, este modelo consagrado en el EBEP se ha mostrado poco fiable. Por un lado, al no  generalizarse  las evaluaciones de transferencia (y menos de impacto), no sabemos cuál  ha  sido su  alcance;   y, por otro, al ser (en la práctica ) la formación voluntaria, puede dejarse  sin cubrir todo  un gran espectro de puestos de trabajo de la organización. Y salvo experiencias limitadas ( el IVAP empieza ahora) se ha hecho poco en este apartado.

Como remedio a ello, los  planteamientos  actuales de aprendizaje, abogan por situarlo en el propio flujo de trabajo. Aprendizaje y trabajo, con determinados aportes por parte de la organización, como pueden ser el diseño de espacios colaborativos y la puesta a disposición de los profesionales, vía tecnología, de  los contenidos que necesiten cuando los necesitan, facilitan una nueva manera más  eficiente de  aprender y de trabajar.

6-  Una   nueva  selección ‐y formación inicial‐ es urgente,  pero ha de ir acompañada de cambios  estructurales
Aunque reinventemos la  manera de seleccionar  a los empleados públicos ( por otra parte urgentísima),  su potencial se agota sino se acompaña de cambios en la estructura actual del empleo público. Como bien señala el acuerdo, es imprescindible un nuevo desarrollo del EBEP sino -y lo comprobamos cada día-, las personas que se incorporan a la función pública, con perfiles altamente cualificados y potencialmente mejor alineados con  las nuevas necesidades,  su potencial se agota al no poder desarrollarse en carreras profesionales más flexibles, meritocráticas, pero, sobre todo, horizontales.

7- Desburocratizar
Actualmente, un porcentaje muy elevado del tiempo de los profesionales de la formación se emplea en procesos económicos y  administrativos. La proporción de las personas que trabajan en Escuelas e Institutos  que se dedican a estas tareas es muy elevada, en relación a la de aquellos que tienen un rol técnico. De ello se deduce la necesaria revisión de los procesos de trabajo que, seguramente, ha de  implicar también cambios normativos. Es una paradoja, pero en formación (y lo decimos con la boca pequeña),  no hay  un problema de recursos económicos, existe   un problema de excesiva burocratización. Liberarnos, por tanto,  de muchas de estas cargas,  se relaciona con  mejores recursos técnicos.

8‐ Un nuevo rol para Escuelas e Institutos
Si la labor principal de las Escuelas e Institutos, hasta ahora,  eran los procesos clásicos de  detección de necesidades formativas,  la confección de catálogos de actividades y la búsqueda de docentes, y éstas empieza a ocupar un lugar secundario, tocaría, por tanto,   repensar -en clave de valor añadido- su actividad

En la comunidad de formación se ha popularizado la frase de que debemos repensarnos y cambiar nuestro rol de “camareros” a “cocineros”.
(Expresado en la comunidad de formación del Inap Social)

Actividades como las de consultoría interna, impulsores de proyectos, diseñadoras y diseñadores de arquitecturas de participación, impulsores de liderazgos distribuidos, cuidadores y entrenadores de talento, dinamización de espacios y de conversaciones, proveedores de recursos filtrados y curados, etc, han de estar en la nueva agenda

Conclusión
Estás ocho propuestas no dejan de ser una muestra de la nueva agenda que  se tendría que tejer para situar el aprendizaje de los empleados públicos como la prioridad para la mejora de los servicios a la ciudadanía.  Como hemos visto,  el protagonismo pasa de Escuelas e Instituto como  el centro ( y el referente)  de la actividad formativa al propio empleado que pone en marcha su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el mejor  plan de formación consiste en ayudar a que ello, el aprendizaje, sea posible.  

miércoles, 1 de enero de 2020

INSTITUCIONES, ADMINISTRACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN EL ACUERDO DE COALICIÓN (ADENDA: EL NIVEL LOCAL DE GOBIERNO EN EL ACUERDO DE COALICIÓN)

“Coalición: Reunión de perros y gatos con el objeto de atrapar un hueso. Si lo atrapan los primeros muerden a los segundos porque reclaman su parte; si son estos últimos los que lo cogen arañan también; siguiéndose de aquí que se separan unos de otros con más encarnizamiento que nunca” (Juan Rico y Amat, Diccionario de los políticos, Imprenta F. Andrés y Compañía, Madrid, 1855. Subrayado en el texto del autor)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- - Aunque ha sido difundido en unos días en que todos pensamos más en las celebraciones, considero necesario abrir un hueco y reflexionar en voz alta sobre sus consecuencias. Cada lector pondrá el foco en aquellos aspectos que le interesen o afecten. Por mi parte, he leído el Acuerdo de coalición PSOE-UP, titulado “Coalición Progresista. Un nuevo Acuerdo para España”, con la mirada puesta en los temas institucionales. Y ya les anticipo que, salvo aspectos muy puntuales que luego citaré, la frustración que me ha despertado su contenido es muy elevada. Por tanto, este análisis debería ser necesariamente breve, pues prácticamente nada se dice, salvo lugares comunes, sobre un tema que es muy importante ante el desgaste, descrédito y pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema institucional, que desde hace algunos años se cae a pedazos. Da la impresión que, sin embargo, el documento es ajeno a la crisis institucional que nos invade, ignorándola (casi) por completo.

Con una redacción plana de periodismo raso, sin apenas presentación, sorprende, así, que en un documento de 50 páginas las cuestiones institucionales se despachen en unos pocos y escasamente trabajados párrafos, frente a la importancia que en términos de extensión se le dan a otros muchos temas, sin duda más populares. Tal vez las cuestiones relativas a “Regeneración democrática y transparencia” son, junto con las de Justicia eficaz (que aquí no se tratarán), las que han merecido mayor atención (un poco más de media página por lo que afecta a las primeras, pero al menos incluyen 9 puntos u objetivos). Sin embargo, una lectura atenta de esas propuestas no pueden sino sumirnos en una cierta perplejidad.

En efecto, si comenzamos con la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, en cuyo listado se advierte alguna omisión clamorosa (por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos o las renovaciones parciales del Tribunal Constitucional y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), nada parece que cambiará, pese a las apariencias, en el modo y manera de designar a tales miembros: todo apunta a que el reparto por cuotas políticas seguirá siendo la regla dominante tan apreciada por una política clientelar de uno u otro signo, solo atemperada en el Acuerdo por un evanescente compromiso de que “en los acuerdos parlamentarios de consenso” que se trencen se primará (ya veremos cómo) “los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional”, algo que realmente solo se puede obtener mediante concursos abiertos o convocatorias competitivas, una modalidad que ni en sueños aparece reflejada en ese documento. Dicho en lenguaje más llano: el reparto del botín entre los “amigos políticos” seguirá siendo –salvo sorpresas agradables, que no se esperan- el sistema de designación para tales responsabilidades públicas, edulcorado –cabe presumir- con airear los currículum tan acreditados (aunque ya nadie crea en esos historiales engordados artificialmente) que ostentarán quienes sean elegidos finalmente por el dedo democrático.

La corrupción está muy bien que se afronte, pues es un gravísimo problema que anega la vida pública y los cimientos de la sociedad, pero difícilmente se resolverá tan gruesa cuestión sólo con leyes y más leyes. No parece que los redactores del Acuerdo hayan leído con atención el último Informe sobre España del GRECO (editado el 13 de noviembre de 2019; ver: https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/), donde se aboga por medidas preventivas que ni siquiera aparecen de refilón en tal documento. Todo se fía a la Ley y al valor taumatúrgico del BOE, que publicará las normas que se promueven y que luego no se aplicarán o desfallecerán en su puesta en práctica. La fiebre reguladora se extenderá además a los lobbies y a la transparencia, a la reforma de la propia Constitución (aforamientos), a la ley de incompatibilidades y a la ya envejecida prematuramente Ley de Transparencia. Imponer la probidad a golpe del BOE representa un necesario, pero a todas luces insuficiente, modo de afrontar el problema. Ni una sola referencia a la integridad institucional ni a los sistemas de esa naturaleza. Nada sobre cultura ética ni rastro de códigos de conducta y marcos de riesgo. Pobre, muy pobre.

Si el foco lo ponemos sobre la Administración Pública, se advertirá de inmediato que la apuesta por una Administración digital, más abierta y eficiente, puede ser compartida por la totalidad de los ciudadanos. El Plan de Digitalización es su buque insignia, y el impulso de la digitalización su camino. Nada que objetar, sino todo lo contrario. No obstante, se reitera o repite la reforma de la Ley de Transparencia, aunque en este caso se concreta la aprobación del largamente esperado (tras más de cinco años) Reglamento de desarrollo (ya elaborado). La extensión de la carpeta ciudadana es una buena línea de trabajo. Tampoco cabe objeción alguna. Y la apertura de los datos de la Administración es un necesario reto que debe cohonestarse con la eficiencia y la protección de los datos de carácter personal (un tema que hubiera requerido algún apartado específico). La compra pública innovadora también forma parte de los píos deseos del nuevo Gobierno. Así como la digitalización del sector público empresarial. No hay, en este punto, cosas que chirríen, tal vez algunas ausencias. Es la parte institucional más engrasada, dado que la política de Administración digital tiene ya largo recorrido en la AGE.

Fiasco con el empleo público
El fiasco monumental viene cuando se trata de reflejar las medidas propias del empleo público. Llama la atención sin duda que estas se despachen a modo de telegrama, salvo en lo que respecta a los servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento (SPEIS), un ámbito al que sorprendente y desproporcionadamente se le dedica más de la mitad de la extensión de las propuestas relativas al empleo público. Tal vez de forma maliciosa se podría pensar que ello se debe a que ese futuro Gobierno de coalición deberá “apagar muchos fuegos” (políticos o sociales, se entiende; pero también internos), pues si no sencillamente no se puede comprender cómo los SPEIS puedan ser para los redactores del Acuerdo el punto más relevante de la inevitable y necesaria transformación del empleo público, a la que solo se le dedican lugares comunes y objetivos de una pobreza conceptual y estratégica sencillamente supinos. Por fin, tras décadas de estudio, he comprendido que el problema existencial de la función pública española radica en los bomberos. Paradojas de un país a veces incomprensible.

No hay, en efecto, en el citado Acuerdo ni una sola referencia a los temas claves que afectan a la función pública en estos momentos y, sobre todo, a los que se deberá enfrentar la institución en la próxima década, por no decir de forma inmediata. Tales como el impacto del envejecimiento de las plantillas y el necesario relevo generacional, unido al dato de las consecuencias que la revolución tecnológica tendrá, más temprano que tarde, sobre los perfiles de empleos públicos que requerirá la Administración Pública (Gorriti, 2019). Los problemas de selección se identifican en los Acuerdos cuando se trata de los jueces (Elisa de la Nuez), pero no en la función pública, aunque sus métodos de reclutamiento estén en este último caso tan periclitados o casi como en el de sus señorías. De las titulaciones STEM se habla en el capítulo de la política feminista (como cierre de la brecha de género educativa y profesional), pero no se hace mención alguna a la necesidad que tendrá la Administración Pública de dotarse de tales perfiles profesionales. Tampoco hay referencia de ningún tipo (y aqui los silencios son muy medidos) a la profesionalización de la dirección pública, con lo que no le den muchas vueltas al tema: la colonización política o de las clientelas de los partidos de la alta dirección pública seguirá siendo la nota existencial en la provisión de tales niveles, solo que ahora incrementada puesto que los partidos en liza son más (PSOE, UP e IU, debiendo atender también sus cuotas territoriales).

Lo más cándido de los Acuerdos en materia de empleo público consiste en la propuesta de aprobar “un Plan de Formación y capacitación de los empleados públicos”. ¿Es que no existía?, ¿cuál es, por tanto, la novedad? Se lo podrían haber ahorrado o insertarlo de otro modo. No quiero desmerecer a la formación, cuyo rol en el proceso de adaptación del empleo público a la revolución tecnológica será determinante, pero nada de eso se dice. Y no digamos de la revisión del “contrato de interinidad en la Administraciones Públicas”, que presumiblemente se debe referir de modo elíptico e incorrecto a reducir la interinidad en el empleo público y, pongámonos a temblar, a aplantillar por determinación legal o mediante procedimientos espurios a todo el personal interino existente (aunque eso, en honor a la verdad, no se dice en el Acuerdo y deriva de mi propia cosecha, siempre tan ensoñadora y malpensada), una tendencia a la que el grupo UP ya mostró sus debilidades en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura.

El Acuerdo aboga de modo expreso por la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, centrando una de sus exigencias precisamente en su adaptación a la revolución tecnológica (que transformará de raíz la concepción tradicional del empleo), pero en lo que al empleo público respecta ni siquiera se aproxima a esa realidad, como si la función pública quedará inmunizada de tales tendencias por el sacrosanto caparazón de la inamovilidad funcionarial. Convendría que se hubiesen planteado sensatamente si tiene sentido hoy en día la dualidad de regímenes jurídicos (funcionarios/laborales) en el empleo público (más concretamente la dualidad de jurisdicciones para conocer de los litigios del empleo público), pues si se renueva el Estatuto de los Trabajadores y, a su vez, se deja inmaculado el estatuto de los empleados públicos, el problema heredado se puede agravar.

En fin, confiemos en que en la formación ministerial, en las decisiones estructurales y en el pulso cotidiano, el futuro Gobierno enderece esas primeras imprecisiones y tape inteligentemente las innumerables carencias que se advierten en el Acuerdo de coalición en lo que al sistema institucional respecta. Pero el arranque no es ciertamente para tirar cohetes. Más bien llena de preocupación que un sistema institucional, una Administración Públicas y una función pública que están plagadas de desafíos e incertidumbres haya merecido tan poca atención en lo que pretende ser una hoja de ruta del futuro Gobierno. Al menos en estos temas aquí analizados (esto es, desde la perspectiva exclusivamente institucional) lo único que se advierte es que el futuro timonel carece de carta de navegación fiable. Más le valdrá que se provea pronto de ella. Por el bien de todos aquellos que vamos en la nave. Y más concretamente de nuestras maltrechas instituciones, a las que desgraciadamente nadie atiende si no es para prevalerse de ellas.

ADENDA: EL NIVEL LOCAL DE GOBIERNO EN EL ACUERDO DE COALICIÓN
El nivel local de gobierno, en lo que a su autonomía respecta, parece resultar mejor tratado en el Acuerdo, aunque sus propuestas se limiten a derogar la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (¿lo admitirá la Comisión Europea en lo que afecta a sostenibilidad financiera?) y a unos vagos compromisos en materia de financiación municipal (mediante una redefinición de los tributos locales). No se anuncia, sin embargo, la aprobación de un nuevo marco normativo básico, salvo en lo que respecta a materia tributaria, cuando la Ley de Bases de Régimen Local ofrece ya (tras casi treinta y cinco años de vigencia) síntomas de agotamiento absoluto y de clara inadaptación a las exigencias actuales de los ayuntamientos. Se requiere, sin demora, afrontar una redefinición del marco normativo básico local. Aunque mucho mejor sería reformar la Constitución y fortalecer, así, el nivel local de gobierno (una propuesta que el profesor Manuel Zafra lleva tiempo defendiendo). De todos modos, regular el nivel de gobierno local es diseñar un marco institucional sobre el que se debiera alcanzar el máximo consenso político, pues dejar la regulación a los humores políticos de una mayoría parlamentaria transitoria es cometer los mismos errores en los que se incurrió en la reforma local de 2013. En materia de las competencias municipales se pretende su “ampliación”, olvidando que el legislador básico de régimen local no atribuye competencias propias a los municipios sino que garantiza un estándar de autonomía municipal que deberá ser respetado por el legislador sectorial autonómico, que -junto con el estatal- es quien determina qué competencias propias tienen los ayuntamientos (por todos, Francisco Velasco). Es sintomática la ausencia de cualquier referencia a las diputaciones provinciales, lo que abre la duda sobre cuál es el futuro que se le depara a tales instituciones en la estrategia del futuro Gobierno. Pero ciertamente, impulsar la política de “revertir la despoblación” a la que se le dedica un amplio espacio en el Acuerdo requerirá superar las enormes limitaciones que tiene la atomización de la planta municipal y en esa línea el papel de las diputaciones provinciales como de las fórmulas de asociación municipal o las propias comarcas, no puede ser despreciado. Sorprende, en todo caso, que en materia local no se haga ninguna referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (solo citada en un momento cuando se habla de la Unión Europea y de la internacionalización).

Hay algunas otras referencias puntuales a las entidades locales (que se siguen denominando en varios pasajes como “Corporaciones locales”), así algunas más a los ayuntamientos (por ejemplo, en materia de vivienda, alquileres y personas sin hogar), pero se echa de menos una concepción más holística del nivel local de gobierno como una estructura institucional de proximidad que presta servicios a la ciudadanía en aquellos ámbitos en los que el resto de los poderes públicos no alcanzan a cubrir, lo que requiere asimismo una financiación complementaria. Los ayuntamientos representan el nivel de gobierno con mayor legitimación social de las estructuras gubernamentales, sin embargo han estado hasta ahora escasamente atendidos (cunado no completamente olvidados) por las agendas políticas. El Acuerdo de Coalición no termina de acertar en el enfoque institucional de la realidad local, aunque muestre algunas propuestas de interés, otras de marcada ingenuidad (derogar toda la LRSAL), aspectos marcados por la ambigüedad y algunos silencios que son, cuando menos, reveladores (en el documento no se cita ni una sola vez la expresión “diputaciones” ni tampoco “provincias”). En todo caso, habrá que esperar cómo se articulan efectivamente esas aún abstractas propuestas, pero ya se dan algunas pistas.