La falta de transparencia de las asignaciones económicas a los grupos municipales

"La inmensa mayoría no tiene colgados los acuerdos adoptados sobre esta materia en sus sitios, para que la gente consulte en su pagina web y de una manera sencilla pueda saber"

Blog Acal. En los meses inmediatamente anteriores a la aprobación de la infausta Reforma Local, tratamos en este blog las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Analizábamos su insuficiente regulación legal y las malas practicas, por no decir otra cosa, que ello permitía. Como estaba en marcha aquella Reforma aprovechábamos la ocasión para pedir desde este humilde sitio que se abordaran las asignaciones a los grupos municipales. Al fin y al cabo, si lo que se pretendía era, entre otras cosas, poner orden en las liberaciones de concejales y sus emolumentos y en los cargos de confianza, entendíamos que de la misma naturaleza de fines participaba la cuestión para la que demandábamos una mejor regulación.

Como todos sabemos, el articulo 73.3 de la LRBRL, que regula las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, no fue objeto de modificación. Nos quedamos como estábamos.  Ya después, la precampaña y en la campaña electoral de estas ultimas elecciones todos los partidos y agrupaciones proclamaban a los cuatro vientos la transparencia como un valor supremo de su futuro gobierno. Todos hemos percibido en esta campaña electoral pasada que los candidatos se han preocupado más de la forma en la que ha de gobernarse, que de las prioridades y estrategias de la acción de gobierno a desarrollar si recibían la confianza de los vecinos. Lo cierto es que por el signo de los tiempos y por la música que hemos oído desde todos los puntos cardinales de la política, llegamos a creer que el mismo pudor que se notaba en la clase política para tratar sobre sueldos, liberaciones y demás recursos económicos para el ejercicio de la política, llegaría también a las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Que igual que se conocen los sueldos de los políticos -en esta especie de concurso extraordinario y ocasional para ver cómo se hace esto de la política más difícil, es decir, quién tiene los sueldos más bajos- íbamos también a saber qué asignaciones se hacen a los grupos, en qué se lo gastan y demás extremos que la gente quiere saber y tiene todo su derecho a ello. Pero lo cierto es que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo.

A un mes ya de la constitución de los ayuntamientos, con sus acuerdos de organización y funcionamiento adoptados, si queremos saber qué ha pasado en cada ciudad con las asignaciones económicas a los grupos municipales, qué cantidades se han acordado repartir, qué criterios de reparto ha habido y otros extremos como los criterios de justificación, tenemos que acudir a la forma tradicional para saber. Es decir, estar informado por los medios de comunicación de lo que buenamente nos informen. Hay algunos ayuntamientos que tienen alguna información institucional al respecto, pero la inmensa mayoría no tiene colgados los acuerdos adoptados sobre esta materia en sus sitios, para que la gente consulte en su pagina web y de una manera sencilla pueda saber.

Pudor en informar

Parece una ironía que en las paginas institucionales de grandes ciudades, en el sitio de referencia -gobierno abierto, portal de transparencia o cualquier otra terminología similar que utilizan- parece como si lejos de sentir algún pudor por la falta de información, de manera irónica nos informan de lo bien situada que está su institución en cualquier ranking de cualquier organización que califica la transparencia. Los medios nos van informando de lo que pasa en Malaga, Logroño, Badajoz o cualquier otra ciudad. Mientras tanto, también observamos cómo se nos informa de los resultados de una mala regulación que a veces queda a expensas de la moralidad del concejal en cuestión, como este caso que cuentan de Getafe.

La obligación legal de informar desde la propia institución, de una manera clara y accesible está fuera de toda duda de la lectura del articulo 8.1 c) de la Ley de Transparencia. Y ello sin perjuicio de otras disposiciones autonómicas que contienen mandatos legales mas exigentes.

En cualquier caso y al margen de esta lamentable y cínica situación, desde el punto de vista del régimen jurídico propiamente dicho de estas asignaciones, señalaremos dos sentencias que vienen a aportar argumentaciones a los operadores jurídicos que han de enfrentarse al informe y control de estas aportaciones.

La primera de ellas es la Sentencia del T.S.J. del País Vasco, de 23 de mayo de 2011, confirmada en casación por el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de julio de 2012, en la que deja claro que el régimen de retribuciones del artículo 75 de la LRBRL no puede mezclarse ni confundirse con las asignaciones a los grupos que contempla el artículo 73.3 de la LRBRL y por ello no pueden destinarse estas cantidades a retribuir en modo alguno a los concejales del grupo. De igual manera deja sentado que los concejales no adscritos no pueden percibir ninguna cantidad proveniente de las asignaciones contempladas en el articulo 73.3. Esta sentencia, por su claridad, conviene tenerla a mano.

La segunda de ellas, se refiere a una cuestión que ocasionará bastantes vicisitudes esta legislatura: la pertenencia de los concejales a los grupos. Hay muchos gobiernos que dependen de pactos o de simples apoyos, sin pactos de gobierno, que dependiendo de la evolución política puede modificase la composición de los grupos. La expulsión de un concejal del grupo al que pertenece es revisable ante la jurisdicción contenciosa, si bien el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de febrero de 1994 cuenta con un voto particular que se decanta por la jurisdicción civil.

Jiménez Asensio: Sobre políticos y funcionarios

“Hay un punto sobre el cual los nuevos Alcaldes están de acuerdo. Este tiene que ver con la valoración de las máquinas administrativas que han heredado. Máquinas descompuestas, disociadas, desmotivadas” (Luciano Vandelli, Alcaldes y mitos, CEPC/FDyGL, 1997)

  

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Debo reconocer que no es fácil convencer a los dirigentes políticos, sean estos del nivel de gobierno que fueren, para que inviertan tiempo y energías en reforzar las organizaciones públicas que pilotan. Los aspectos relativos a “la máquina administrativa” siempre han sido poco atendidos por una política que vive inmersa en la inmediatez. Invertir en temas organizativos ofrece siempre resultados a medio/largo plazo, un calendario que solo aquellos responsables públicos que disponen de visión estratégica y sentido institucional manejan con pulcritud. 

Algo que cada vez abunda menos. Los grandes gobernantes han sido notables reformadores de las instituciones públicas y de su servicio civil. Los mediocres o malos han despreciado ese ámbito que solo les producía “dolores de cabeza”. O, todo lo más, han hecho reformas cosméticas. No se puede hacer buena política con máquinas administrativa en mal estado.

Los políticos, además, desconocen por lo común el medio sobre el que deben operar tales reformas y desconfían –al menos en los primeros momentos- de una burocracia pública que se enreda en una maraña de trámites y que, a diferencia de ellos, tiene otro tiempo y otro reloj: la inamovilidad frente a la temporalidad. Dos concepciones espaciales que distancian notablemente las percepciones, pero que asimismo se mueven en marcos cognitivos diferentes. No es un problema solo de desconfianza recíproca y de percepción temporal (unos tienen prisa y otros van a “su ritmo”), también lo es –por lo común- de lenguaje, de comunicacion. Y en no poca medida de estructura.

El resultado es que el alineamiento Política-Gestión dista de ser efectivo en nuestras Administraciones Públicas. Las máquinas administrativas están muy rotas y la crisis ha acentuado esos fallos. Ni hay dirección política efectiva, ni hay dirección ejecutiva ni una función pública eficiente. Tampoco se alimenta, salvo excepciones puntuales, órganos de encuentro entre políticos, directivos y funcionarios. Espacios necesarios para articular algo que resulta ya imprescindible. Y no se llamen a engaño, sin alineamiento no hay solución a tales problemas.

La concepción dicotómica (o en qué lado del río estás: ¿eres político o funcionario?) sigue siendo el factor determinante de unas organizaciones públicas que por lo común (siempre hay excepciones) funcionan mal o, cuando menos, a la mitad o menos del rendimiento de sus posibilidades reales. Regalamos cantidades ingentes de dinero público por hacer cosas de forma poco eficiente o, incluso, por hacer poco o nada (las nóminas de la Administración están plagadas de directivos o jefes que no dirigen ni se responsabilizan de ello y de empleados públicos que trabajan a medio gas, que no tienen tareas determinadas o que las ejercen con algún grado de pereza o desmotivación).

Una política obsesionada por el corto plazo y un empleo público protector de su estatus y de sus pingües privilegios. La táctica absorbe de lleno a una política precipitada que es incapaz de pensar estratégicamente. Ya lo dijo Clausewitz, “en la estrategia todo discurre más lentamente. Se concede mucho más espacio a las objeciones e ideas ajenas”. Una vez más rapidez y lentitud chocan frontalmente. No saben ensamblar los dos lados del cerebro.

Comienza a ser una constante en nuestras estructuras públicas la queja sobre su mal funcionamiento. Pero esta queja, paradójicamente, no procede tanto de los usuarios de los servicios (algunas veces también) como de quienes desarrollan su actividad dentro de tales organizaciones. Hay paradójicamente mucho “quemado” en unas organizaciones que para sí quisieran trabajar en ellas muchas personas. Quienes nos movemos en el ámbito del sector público de forma transversal somos testigos de esos ecos. Pero los puede percibir cualquiera.

Gobernantes amateurs y funcionarios desmotivados

En efecto, los responsables públicos se quejan amargamente de que tienen unas organizaciones burocratizadas, lentas, poco eficientes y con algunos o bastantes empleados públicos que trabajan poco (o, al menos, no se implican lo suficiente) y cobran razonablemente bien. Los empleados públicos responden que nadie les marca objetivos, que sus gobernantes son “amateurs” y que siempre quieren hacer las cosas a través de vías expeditivas o “forzadas”, sin atender a las reglas o procedimientos que marcan las leyes.

Esas dos concepciones de lo público conviven de forma accidentada en las instituciones públicas españolas. El alineamiento entre ellas es imprescindible, pero para lograr ese objetivo hace falta que la política entienda algo que hasta ahora no ha comprendido en absoluto: la necesidad de estructuras organizativas de dirección profesional que hagan de argamasa, rótula o aceite entre Política y Gestión. Una institución “de mediación”, como decía la OCDE, que tenga la doble legitimidad y el doble lenguaje para actuar con reconocimiento recíproco con políticos y funcionarios. Nada nuevo que no exista ya en las democracias avanzadas y algunas otras que no lo son tanto. Pero un sueño de verano en un país de marcada tradición clientelar como es España.

También el empleo público debería aprender algo que parece haberse olvidado en las últimas décadas: la idea de servicio público a la ciudadanía y de cumplimiento leal del programa de aquel gobierno que han legitimado las urnas. El valor o principio de servicio público debe ser el motor que impulse una actuación eficiente, desinteresada, profesional e, incluso, solidaria (con una población que, al menos en parte, está padeciendo los duros efectos de una prolongada crisis) en el ejercicio de sus funciones. El bastardeo de una negociación sindical de condiciones de trabajo prevaliéndose del paraguas de lo público, en que el dinero “es de todos” y de la debilidad de un empleador que no es tal (los políticos, cuando somos realmente los ciudadanos), ha ido creando un empleo público que, con excepciones, dista de tener un compromiso moral y contextual con las organizaciones en las que desarrolla su actividad profesional y con la ciudadanía a la que realmente deberían servir, su auténtico “patrón”.

Los okupas

Así las cosas, algo habrá que hacer para alinear esos dos mundos ahora tan distantes y distintos. La brecha cada día es más grande. Está mucho en juego. A la política se le debe pedir que abandone la vieja práctica de “okupar” las instituciones con “fieles al partido” y asuma una apuesta por la integridad y por profesionalizar las estructuras para facilitar el papel efectivo de gobernar: que se actúe –con el consenso más amplio posible- con la finalidad construir organizaciones profesionales, eficientes, imparciales y con un alto sentido de la integridad. Esas organizaciones son de todos y para siempre. Si quiere hacer buena política no le queda otra opción que “engrasar la máquina” y dedicar serios, así como continuados, esfuerzos a ello. Que entre el tema en la agenda política. Tal vez sea un deseo iluso, pero peor le irá a la política si no transita por esa vía. Su acción será estéril.

Al empleo público habrá que exigirle profesionalidad, dedicación y eficiencia, pero también que tenga iniciativa en la retroalimentación del proceso de cambio o, al menos, colabore lealmente y de forma proactiva en aquellos procesos de reforma o de innovación que busquen adaptar las desvencijadas máquinas burocráticas a la sociedad de las tecnologías de la información y a la sociedad del conocimiento. Perder este tren será para la función pública dispararse un tiro no en el pie sino en el corazón o en la cabeza, apostar por su paulatina muerte institucional. No hay nada eterno, menos aún una institución que, pese a los tópicos que inundan el debate mediático (“los funcionarios han ‘ganado’ una oposición”),  ha de justificar adecuada y permanentemente en el futuro su existencia con un trabajo siempre eficiente y productivo para la sociedad (no lo olvidemos nunca) que sufraga sus retribuciones.

La Interventora del Ayto de Madrid o el problema de la libre designación de los funcionarios de la Administración Local

"La amenaza del libre cese pone en evidencia que se puede hablar claramente de confianza política con el nombrado mediante libre designación y, al mismo tiempo, de pérdida de credibilidad del nombrado por libre designación desde la óptica de los grupos políticos de la oposición y de la ciudadanía en general"

Antonio Serrano. Blog ¿Hay Derecho?.- Vuelve a salir a la opinión pública el problema de la libre designación de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a raíz ahora del cese de la Interventora General del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo.

Conviene recordar que fue la disposición adicional 8.ª de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, la que inició la provisión mediante libre designación para determinados puestos reservados a los anteriormente denominados Cuerpos Nacionales de Administración Local, entre los habilitados con nivel 30 de complemento de destino, posteriormente confirmada por la Ley 10/1993, de 21 de abril, de forma que los puestos de Secretario, Interventor o Tesorero de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, o los de ayuntamientos capitales de comunidad autónoma o de provincia y de municipios con población superior a cien mil habitantes, podían excepcionalmente cubrir estos puestos entre funcionarios habilitados mediante libre designación, siendo la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá la primera en utilizar este mecanismo que ha ido generalizándose en la actualidad.

Ternas

Si en el franquismo el Régimen de la Dictadura se sirvió del sistema de las ternas para impedir que los desafectos al Movimiento pudieran alcanzar los puestos de secretario o de Interventor a los que se tenía derecho por los méritos del escalafón, ahora el mecanismo es el de la libre designación, perversa en el nombramiento de los puestos a los que se accede y en los ceses, cuando se remueve a sus titulares.

Los cometidos de gran responsabilidad de los habilitados nacionales, de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, de contabilidad, tesorería y recaudación, han hecho que muchos Alcaldes de grandes municipios y Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares quieran controlarles, y actualmente el artículo 92 bis de la Ley básica de Régimen Local les brinda esta oportunidad.

La doctrina se alzó desde el primer momento contra la libre designación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Alejandro Nieto advertía a este respecto, ya en 1992, lo que pretendían las fuerzas políticas: “Hay que eliminar a los habilitados en lo posible, hay que eliminar en lo posible sus funciones, y eliminarlos a ellos, y si no se les puede eliminar, porque de momento están protegidos por una Ley, se les quiere domesticar. Y el mejor modo de domesticarlos son medidas como las de la libre designación”.

Desprofesionalización

Se abrió el camino a la desprofesionalización, a funcionarios atraídos o llamados por la fidelidad, y dejó de ponerse el foco en el servicio objetivo, independiente e imparcial al conjunto de la Corporación, para convertirse en una especie de secretaría particular del Alcalde de turno.

El Tribunal Constitucional, en la criticable Sentencia 235/2000, declaró ajustado a la Constitución que con carácter excepcional se contemplase el mecanismo de libre designación entre habilitados nacionales para determinados puestos, sobre la base del historial profesional de los aspirantes, pero lo cierto es que lo excepcional ha devenido en general, y que no hay historial profesional que valga, sino sólo la politización de estos puestos y el abandono de la carrera profesional de base objetiva.

Las diferentes asambleas bienales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, agrupados en torno al Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, como la habida recientemente en Granada, con su Declaración de 21 de mayo de 2016, ha exigido que se proceda a: “eliminar el sistema de provisión de puestos mediante libre designación para los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local, estableciendo el concurso como único sistema de provisión, por entender que la provisión mediante libre designación, lo que comporta el libre cese, es incompatible con un control adecuado de la legalidad de los actos y acuerdos de los órganos de las entidades locales”.

Estamos en el campo de batalla en el que se enfrentan los valores constitucionales, de objetividad e imparcialidad, de igualdad, mérito y capacidad, con los decimonónicos, es decir, los del clientelismo, la instrumentalización o la consideración de las estructuras administrativas como un mero botín de la fuerza gobernante. Una nueva vuelta al caciquismo.

Se han pervertido los sistemas de control, ya que quien controla es libremente nombrado y cesado por el controlado, sin mecanismo que garantice la imparcialidad de los habilitados, mecanismo que reclamaba la Comisión de Expertos para el estudio y preparación del EBEP, que presidió el profesor Sánchez Morón.

La amenaza del libre cese pone en evidencia que se puede hablar claramente de confianza política con el nombrado mediante libre designación y, al mismo tiempo, de pérdida de credibilidad del nombrado por libre designación desde la óptica de los grupos políticos de la oposición y de la ciudadanía en general.

Se busca la confusión entre los ámbitos electivo y selectivo, caer en la tentación de controlar por quien tiene la capacidad de “libre designar”, más allá del espacio propio de la política, a los empleados públicos, de condicionar su neutralidad, de propiciar su alejamiento del conjunto de las fuerzas políticas de la Corporación, de la sociedad a la que sirven, de socavar los pilares constitucionales del empleo público. Se abren caminos, por ello, a la desafección de los ciudadanos sobre la clase política y, en última instancia, a la corrupción.

Los funcionarios no son para el verano

Los diez pecados capitales de los empleados públicos (Amarante,2016).A golpe de click.

J.R.Chaves.- Blog Delajusticia.com.- Estamos en tiempos de vacaciones para los funcionarios, como para la generalidad de los ciudadanos, y la maquinaria administrativa no se para. Y sobre los funcionarios de carne y hueso, antes del advenimiento de los “funcionarios electrónicos” ( que todo llegará), he mantenido una animada conversación con el jurista, funcionario y abogado, Juan Manuel del Valle Pascual,  al hilo de nuestra última obra Los diez pecados capitales de los empleados públicos (Amarante,2016) y nos hemos atrevido a mantener un coloquio distendido, fruto de nuestra experiencia, sobre lo que hay de realidad y lo que hay de ficción en la percepción ciudadana de los funcionarios.

Aquí tenéis esta breve y fresca píldora del conocimiento en formato entrevista ( propiciada por la Fundación Internacional OCU). Un viaje al mundo de los empleados públicos con pinceladas impresionistas pero realistas.

Espero que os guste y si queréis comentar algo pues estupendo, que todo suma.

Y si os gustó la entrevista, invirtiendo la sabiduría popular, “mil palabras pueden valer mas que una imagen”, así que bien podéis adentraros a la lectura veraniega del libro que en extenso, con rigor y humor, aborda...

 Los diez pecados capitales de los empleados públicos (Amarante,2016).A golpe de click.

Control de las AAPP: De héroes y villanos

 Los habilitados y demás funcionarios que denuncian la corrupción en las AA.PP deben pasar por un largo calvario profesional 

Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- En las últimas píldoras grabadas para la Fundació ernacional OCU, entrevisto a la experta funcionaria Ana Isabel Caro Muñoz sobre el  acoso en la Administración, un tema cada vez más frecuente y del que Ana es especialista en muchas de sus vertientes: laboral, penal, administrativa o educativa. Os recomiendo echar una ojeada, a esta y otras.

Hoy quiero relacionarlo con las funciones reservadas a los habilitados locales, que suponen un trabajo de riesgo al que llevo tiempo queriendo dedicar una entrada en la bitácora. Los órganos de control analizan con detalle su relevante y creciente labor, cuyas debilidades tienen un efecto expansivo sobre el propio control interno de la Administración a la que sirven y cuyos ceses suponen una significativa incidencia de auditoría. Estas últimas semanas he ido coleccionando noticias de prensa sobre las tensiones entre los Alcaldes y los funcionarios responsables del cumplimiento de la legalidad en las corporaciones locales. Vamos a comentar algunas, a continuación. 

Juicio oral en Palas de Rei y mobbing en Ausejo

Una de las más conocidas sucesos del último lustro, en esta área, fue el hostigamiento sufrido por la secretaria municipal de Palas de Rei. El juzgado de primera instancia de Chantada (Lugo) ha abierto hace unos días, juicio oral a su alcalde, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y al ex director general de Administración Local de la Xunta de Galicia por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.

El asunto parece no tener color político ni geográfico, porque en el otro lado del espectro y del territorio, este mismo mes de junio pasado, encontramos el juicio contra el ex alcalde de Ausejo (La Rioja), acusado de ‘mobbing’ al secretario-interventor del Ayuntamiento a quien “sometió, generalmente en su despacho, a una actitud vejatoria y humillante (… ) para que fuera menos riguroso en sus informes sobre la legalidad de la actuación”, según el escrito del Fiscal, que pide cinco años de prisión. La habilitada se vio obligada a hacer su trabajo en una mesa ubicada a la entrada del Ayuntamiento.

22 meses sancionada en Arganda

En el ámbito puramente administrativo destaca el caso de Margarita López, Interventora de Arganda (Madrid), que el 27 diciembre de 2013, emitió un informe desfavorable porque la prórroga del Presupuesto no recogía créditos y gastos que la ley señala como preferentes. Como, tras la LRSAL, había cambiado el status de los habilitados nacionales, en febrero de 2014 el MINHAP le abre expediente y la suspende provisionalmente durante seis meses: “Me suspenden sin expediente alguno y sin saber por qué, solo porque el alcalde decía que mi informe desfavorable paralizaba la gestión del Ayuntamiento. Nada más alejado de la verdad. ¡Si mi informe no era vinculante! Y lo más grave es que el ministerio no hizo nada para comprobar si yo tenía razón o no en mi informe”. La sentencia de 28 de diciembre de 2015 anula siete de las ocho faltas de la sanción del ministerio (y se recurre la otra) pero la plaza de interventora había sido convocada así que en marzo de este año el juzgado declara la ejecución forzosa de la sentencia en mayo de 2016, reincorporándose al Ayuntamiento que le debe la retribución de los 22 meses que estuvo sancionada.

También con Carmena 

No quiero terminar sin una referencia al caso de Beatriz Vigo, interventora del Ayuntamiento de Madrid, que sin eufemismos (cesar no es verbo reflexivo) ha sido destituida de su puesto de libre designación por la Junta de Gobierno, en su reunión del 23 de junio pasado. Sin perjuicio de la elegancia del proceso, donde no han trascendido malas formas, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena considera que ha cumplido de forma escrupulosa todos los pasos exigidos por la ley. Entre ellos, el informe preceptivo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, de la Administración General del Estado competente en materia de haciendas locales. El dictamen llegó haciendo hincapié en la necesidad de motivar los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales, como es el caso, para evitar conductas que rayen en la arbitrariedad o desviación de poder y concluyendo que debía instruirse un expediente en el que “se determinen las causas técnicas que motivan el cese”. 

Desconozco si se probaron esas razones técnicas. Lo cierto es que Beatriz Vigo, a quien casi no conozco más allá de unos correos electrónicos que le cursé de invitación para conferenciar en un curso de la Universidad de Salamanca que no se realizó, ya no es la interventora del Ayuntamiento, sin alegar ninguna razón profesional. Y eso no es bueno para la gestión pública.

Los funcionarios se hacen viejos: menos ganas, más cínicos y con muchos achaques

El 60% de los servidores públicos españoles tienen más de 50 años, un desequilibrio causado por la falta de renovación de plazas que ya causa estragos en el sistema

Revista de prensa.- El Confidencial.- El 60% de los funcionarios españoles tienen ya más de 50 años, un desequilibrio causado por la falta de renovación de plazas que causa estragos en el sistema. Los servidores públicos peinan canas pero la mayoría siguen haciendo el mismo trabajo desde que entraron en la Administración, sin posibilidad de pasar a la reserva, entrar en oficina o, en definitiva, adaptar la carga de exigencia física a su edad.

Reconocen que no tienen las mismas fuerzas ni motivación que hace 20 años. Palabras como "agotado", "desganado" y "enfermo" se repiten en las conversaciones. Una sensación que los afecta en lo personal pero que también pagamos en lo colectivo: el rendimiento de los servidores públicos disminuye y comienza a causar problemas palpables, como explican en este reportaje tres funcionarios de distintas ramas: un guardia civil, un funcionario de prisiones y un profesor de Primaria.

La situación ha pasado de grave a crítica a una velocidad pasmosa. En enero de 2009 era fácil toparse en España con un funcionario de menos de 50 años. Más de la mitad de los funcionarios de carrera, un 58%, tenían menos de 50 años. Seis años y un lustro de crisis después, tras varios recortes, falta de recambio y ausencia de nuevas oposiciones, la Administración General del Estado se ha convertido en un cuerpo tremendamente envejecido.

Los datos del 'Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas' reflejan que los funcionarios en la treintena, en cambio, se han reducido un 40%. Un envejecimiento incluso más rápido que el de la población española general. 

Jerónimo Martín. Funcionario de prisiones. 53 años: "Llevo peor subir escaleras que tratar con los presos"

"O convocan varias promociones de 1.500 plazas o no sé quién va a vigilar a los presos dentro de ocho años. En Valdemoro, donde yo trabajo, somos 256 los que pasamos de 50 años de una plantilla de 420". 

"La edad se nota cada vez que tienes que entrar a reducir a un tío, sobre todo uno de esos que se pasa el día en el gimnasio. Nos cuesta un montón. Me ha pasado decerrar todas las puertas y hasta que no vienen cinco o seis compañeros no entra nadie. Cuando eres joven entras más al trapo, tienes que dar muchas leches y abrir muchos partes para que te respeten. Pero al hacerte mayor usas otras técnicas y acabas llegando a un pacto mutuo con los presos: ellos no te dan mucho la lata y a cambio les dejas vivir mejor". 

"La verdad es que aprendes a pasar un poco de todo. Antes, por ejemplo, no entraba nada en una cárcel. Ahora entra de todo. Me acuerdo que antes veías a uno liándose un porro, se lo quitabas y parte que te crio. Ahora, como tienen tabaco de liar, ya la tienes montada cuando se lo quieres quitar, aunque huelas el porro. Y al final dices ‘mira, que le den’. Si me pilla con 20 años menos, en vez de decir eso lo agarro por las orejitas y lo llevo directo a aislamiento".

"Los cacheos, por ejemplo, es otra cosa que se nota un montón. Antes le echabas más ganas. Ahora si encuentro algo bien, y si no mañana ya lo pillaré. La verdad es que hemos perdido mucha autoridad con los internos. Recuerdo cuando entrabas y los formabas en el patio, en plan militar. Eran unos ‘yonkarras’ que estaban todo el día drogados, pero dabas una voz y temblaba todo. Nos tenían mucho miedo. Hoy en día es otra historia. Te respetan porque no les falta de nada. Algunos reciben pagas de discapacidad, o de lo que sea, y viven como reyes. Pero si ahora empezáramos a recortar todo el sistema de asistencia a los presos, las cárceles serían ingobernables".

"Lo peor, casi más que los presos, son las escaleras. Son un montón de tramos cada día y cada vez tenemos las rodillas más jodidas. Y luego ponte a abrir 72 puertas así de gordas y ciérralas con un cerrojo. Terminas hecho polvo. Y si te toca guardia de noche, te revientas la espalda porque las sillas y el material que tenemos es de pena. Si vieras la cantidad de funcionarios de prisiones que tienen problemas de espalda alucinarías. En mi guardia tengo a tres compañeros esperando a operarse".

Juan Carlos Jiménez. Profesor de Primaria. 58 años: "Tenemos más años y más niños y nos sentimos todos agotados"

"Yo antes tenía fuerzas hasta para jugar con los niños al fútbol. Lo daba todo en este trabajo, que es muy exigente. Ahora lo intento, pero llego muy cansado. Con la edad pierdes frescura, el cuerpo no te aguanta. Tenemos más años y más niños y nos sentimos todos agotados. Le pasa también a muchos de mis compañeros, aquí la mayoría llevamos más de 30 años y nos queremos jubilar, algo que antes no pasaba. El problema no es tanto que se haya retrasado la edad de jubilación, sino que no salen plazas nuevas, de manera que ya no entra gente joven y cada vez hay más niños por clase y menos manos para ocuparse de ellos”.

"Los mayores tenemos más experiencia pero mucha menos energía física, y menos entusiasmo. También tenemos menos habilidades para el uso de nuevas tecnologías. Los maestros más jóvenes han crecido ya en ese lenguaje y nosotros casi nos estamos iniciando en ello. También el inglés lo manejamos peor, lógicamente, porque nosotros en nuestra época estudiábamos francés”.

"Lo que no aportan los más jóvenes es renovación de conceptos, porque en la facultad les enseñan lo mismo desde hace 100 años, no se ha evolucionado nada en ese sentido. Yo diría que nosotros, gracias a las escuelas de verano, entramos con ideas más progresistas y con ganas de experimentar. Los jóvenes se encuentran con un ecosistema más duro y están mucho más preocupados por la conducta de los niños de lo que estábamos nosotros. Vienen con muchas ganas pero muchos son más rígidos y tienen menos ganas de innovar. Cuando yo me presenté a las oposiciones había 13 candidatos por cada plaza. Ahora para una plaza hay 500 o 600 esperando".

"Lo que más me preocupa es que no podemos dedicarle a los niños el tiempo ni las energías que le dedicábamos antes. Está cambiando todo y es mucho más difícil. Sus padres también están mucho más ocupados y eso nos obliga a asumir más responsabilidades. Además, los niños de hoy no tienen mucho que ver con los de hace años, cuando empezamos. Para que las cosas salgan bien tiene que haber jóvenes y veteranos, porque unos aprendemos de otros".

Rogelio González Weiss. Guardia civil. 52 años: "Hay compañeros de 55 años que siguen corriendo detrás de los delincuentes"

Cuando yo entré en el cuerpo, los veteranos se podían ir a la reserva a los 50 años. No es una jubilación total porque te podían llamar en caso de emergencia, pero al menos estás en tu casa. Era una válvula de escape para el que no quería seguir, que se quedaba con un salario decente. Después esa edad mínima pasó a los 56 años. Y ahora ha subido a los 58, con trabas”.

“A eso se suma que hay menos plazas, de modo que lo que ocurre es que en las zonas rurales hay compañeros de servicio que con 55 años siguen corriendo detrás de los delincuentes. A esas edades es razonable seguir trabajando en las oficinas, pero no en los pueblos, en la calle, te falta la energía. Además es que el sueldo es exactamente igual si estás en la calle o en la oficina, así que no hay incentivos”.

“Para trabajar en cuerpos policiales, arriesgando la vida en la calle, el idealismo y las ganas de alguien joven son irremplazables. Incluso aunque estés en forma porque te cuidas y haces deporte, no tienes la motivación de un joven y te vas haciendo más cínico. Estás menos dispuesto a arriesgarte por los demás”.

“Cuando yo entré, no había nadie en la calle con más de 55 años. Ahora puedes encontrarlos hasta de 64 años. Cuando además siguen trabajando por una cuestión económica aunque no tengan ganas, se puede convertir incluso en un problema. Se les podría dar un uso mejor en las oficinas, pero los mandos prefieren tener gente joven con ellos, porque son más dispuestos, más manejables y conocen mejor las tecnologías. Y pueden elegir”.

“Las cosas cuando yo empecé eran mejores en casi todos los sentidos. Con 20 años estuve en patrullas en Collado Villalba. Después en el País Vasco tres años. De ahí pasé a Córdoba de cabo y a los 25 años era comandante. Ahora es mucho más difícil que alguien con esa edad tenga ejercicio de mando".

Corrupción y reforma de las instituciones

"El sistema democrático español formalmente es una democracia. Otra cosa es su funcionamiento real y su estado actual tras un largo período de deterioro y posterior hundimiento institucional"

“Las democracias que han durado son aquellas que han logrado mantener un número suficiente de instituciones fuera del sistema de competición” (Raymond Aron, Introducción a la filosofía política. Democracia y revolución, Página Indómita, 2015, p. 112)

“El poder del político para designar al personal de los organismos públicos, si se emplea de manera implacable, bastará a menudo por sí mismo para corromper dicha función supervisora” (Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, vol. II, Página indómita, 2015, p. 105)

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional. - Tras casi un año de paupérrimo “debate” político y sin formar gobierno, llega el momento de afrontar el proceso de construcción de un Ejecutivo que, salvo sorpresas, será fuertemente inestable. Los partidos, “viejos” y “nuevos”, no se han puesto de acuerdo en nada. No hay señales de que esto mejore. La única expectativa razonable es que nadie quiere volver a las urnas, a menos a corto plazo.

Se trata ahora, en efecto, de formar gobierno y después gobernar o, al menos, intentarlo. Sin una mayoría parlamentaria estable esa tarea de gobernar será –en palabras de Schumpeter- como hacerlo sobre una pirámide de bolas de billar. 

Si la gobernación se plantea en tales términos de precariedad, la pregunta siguiente es bien obvia: ¿puede haber consenso para reformas institucionales donde no lo hay para gobernar la cotidianeidad? Aunque pueda resultar llamativo, nada debería impedirlo. Como sobre la letra pequeña nadie se pondrá de acuerdo, tal vez sea el momento de intentarlo con la grande. Pactos se han hecho en este país, aunque ello forme parte ya (casi) de la prehistoria política.

Hay mucha presión mediática y académica (no tanto ciudadana) por reformar la Constitución. Algún partido la promueve como solución taumatúrgica a todos los problemas. No seré quien me oponga a ello. Ahora bien, dudo que se alcancen los consensos requeridos y que tales decisiones reciban, siempre y en todo caso, el aval generalizado de las urnas en todo el territorio tras el inevitable referéndum. El demos está muy roto. Dudo también de los efectos taumatúrgicos que tal reforma tenga sobre los problemas sustantivos (aquellos que han echado raíces profundas) que anidan en el sistema político-institucional español. Al menos, efectos inmediatos no tendrán ninguno. Que nadie los espere. Ni hoy ni dentro de tres años. Un sistema democrático, como también recordara Aron, “es de manera general un sistema lento; es decir, que no cambia las cosas de la noche a la mañana”.

El sistema democrático español formalmente es una democracia. Otra cosa es su funcionamiento real y su estado actual tras un largo período de deterioro y posterior hundimiento institucional. Una de las fortalezas de los sistemas democráticos es, sin duda, la competencia política. Pero hay determinadas instituciones que deben preservarse siempre de esa competencia con el fin de salvaguardar su funcionamiento imparcial y objetivo.

Administración “impersonal”

Sin duda una de ellas es el Poder Judicial. Otra es el Tribunal Constitucional. Pero asimismo cabe citar a la Administración Pública o a las denominadas (formalmente) “autoridades o administraciones independientes”. Hace ya más de sesenta años, tanto Schumpeter como Raymond Aron hacían hincapié en esa necesidad de aislar a tales instituciones de las “brutales” garras de la política partidista. En 2010, Rosanvallon defendía la imparcialidad de esas mismas instituciones como esencia de la legitimidad democrática. Recientemente lo ha hecho Fukuyama, al reivindicar la Administración “impersonal” (alejada del clientelismo político) como presupuesto del Estado Constitucional.

Pues bien, si algo adolece este país llamado España es de un fuerte clientelismo político y de una captura descarada o disimulada de aquellas instituciones que deberían estar al abrigo de las pasiones políticas y garantizar el control efectivo del poder (que en estos momentos es el control básicamente del Ejecutivo, aunque no se deban obviar la importancia del control del Legislativo y el siempre olvidado control al Poder Judicial; que también debe existir por mucho que se empeñen en sortearlo).

La necesidad imperiosa de ponerse de acuerdo todos y cada uno de los partidos políticos que actúan en la escena pública sobre una serie de temas es algo que ya no se puede aplazar por más tiempo si no se quiere erosionar más todavía la devaluada confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Los ámbitos están perfectamente identificados y se proyectan, por lo que ahora importa, sobre la “despolitización” de las instituciones que se citan y, en particular, de los siguientes procedimientos:

-Nombramientos de magistrados y letrados del Tribunal Constitucional;

-Nombramientos de vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial y de la política de nombramientos que este efectúa en todos los campos (judiciales y gubernativos).

-Nombramientos en la alta Administración Pública y de los niveles de dirección pública de la organización matriz y del sector público, de acuerdo con criterios de competencia profesional acreditada por órganos independientes.

-Profesionalización de la función pública, de los sistemas de acceso y provisión, de la carrera profesional y de la designación por mérito (y no por afinidades) del personal interino o laboral temporal del sector público e incluso del personal eventual (exigiendo para su nombramiento mínimas garantías de formación y experiencia).

-Nombramiento de los miembros de los organismos reguladores y de las entidades o instituciones de garantía existentes en el Estado o en las Comunidades Autónomas, así como de su personal directivo y resto de empleados, todos ellos bajo criterios de profesionalidad e independencia.

No hay atajos. El funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas españolas muestra fehacientemente que este es un país “donde los métodos democráticos son importados”, lo que conduce a una falsa democracia o a una democracia corrupta. La democracia no es solo votar cuantas veces se quiera (en eso somos paladines), sino sobre todo garantizar un correcto funcionamiento del sistema institucional. Más aún del sistema de controles del poder. Sin control efectivo del poder no hay democracia.

En estos tiempos de desorientación, conviene volver la vista atrás. Como bien señalara Schumpeter en 1947, “la democracia no exige que todas las funciones del Estado estén sometidas a su método político”. Y, por su parte, Raymond Aron reconocía en 1952 algo muy cierto: los medios a través de los cuales se reducen los riesgos de corrupción política son, entre otros, “una administración no politizada, instituciones sustraídas al espíritu de partido, (y) una prensa que no sea sistemáticamente partidista”.

Lecciones extraídas tras el serio desgaste institucional producido en Europa después del período de Entreguerras. Desgraciadamente, por lo que a nosotros concierne, somos poco dados a reflexionar objetivamente sobre nuestros males y, sin embargo, si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que nos faltan las tres premisas enunciadas. Fallamos en todo. Por aquí debería empezar la reforma institucional, si realmente alguien se la toma en serio.