Gobierno y sindicatos discrepan sobre el panorama de la Función Pública
Revista de prensa.- Diario Expansión.- La Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas se ha constituido este
miércoles con el fin de adecuar su composición a las variaciones de
representatividad producidas tras las últimas elecciones sindicales, según ha
informado el Ministerio de Hacienda en una nota.
La mesa
se ha constituido bajo la presidencia del secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y con la asistencia de los
representantes de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y de la
representación sindical (CC.OO., UGT, CSIF y CIG).
La
convocatoria de la mesa se ha realizado tras concluir el proceso de
certificación de los resultados por las autoridades laborales autonómicas y una
vez constituida la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado
el pasado 13 de junio.
La Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas es el órgano al que se
le atribuye la negociación colectiva en aquellas materias que resulten susceptibles
de regulación estatal con carácter de norma básica, como pueden ser el
incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las
administraciones públicas, la determinación de las prestaciones sociales o las
normas que fijan criterios sobre el acceso a la función pública, sobre la
carrera administrativa o sobre las condiciones laborales.
La mesa
ha adecuado su composición a los resultados de las últimas elecciones
sindicales y todas las organizaciones mantienen su representación: CC.OO. con
cinco representantes, UGT con cinco, CSIF con tres, CIG con uno y ELA con otro.
Mejora
"sustancial" de los funcionarios
El
Ministerio de Hacienda ha destacado que las diferentes medidas que ha puesto en
marcha el Gobierno a lo largo de cuatro años de legislatura "han
posibilitado la salida de la crisis, la consolidación del Estado del Bienestar
y la actual fase de expansión y crecimiento, con notable reducción del paro,
incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social e inversión creciente".
Según el
departamento de Cristóbal Montoro, las medidas llevadas a cabo han mejorado
"sustancialmente" la situación económica, laboral y social de los
empleados públicos, como son la restitución de la paga extra aplazada en
diciembre de 2012 y la recuperación de días de vacaciones y de asuntos
particulares, y el incremento de la tasa de reposición.
También
destaca el incremento de la oferta de promoción interna y reforzamiento de las
medidas de apoyo a la misma y la agilización del desarrollo de los procesos selectivos,
ya que en 2016 ya se han convocado las pruebas de la Comisión Permanente de
Selección (Cuerpos generales), administradores civiles y técnicos de organismos
autónomos, además de las de diversos cuerpos especiales.
De igual
forma, Hacienda subraya la paridad en el acceso al empleo, ya que las mujeres
suponen hoy el 57% de los participantes en los procesos selectivos; el aumento
de las retribuciones en un 1% este año, que "se mantendrá en el
futuro", y la aprobación del II Plan de Igualdad de la Administración
General del Estado, que incluye el protocolo de movilidad de la empleada
pública víctima de violencia de género.
Por
último, recuerda también las medidas relativas al establecimiento del permiso
retribuido desde la semana 37 de embarazo y la profesionalización y
reforzamiento de la figura del funcionario local de habilitación nacional. En
concreto, se han convocado un total de 1.041 nuevas plazas, incluyendo las de
la Oferta de Empleo Público 2016 que se convocarán la primera semana de julio.
Diálogo social y un nuevo marco jurídico
Por su
parte, CC.OO. señala en una nota que el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido en la mesa la
necesidad de retomar el diálogo social sobre las condiciones laborales de las
empleadas y empleados públicos.
El
sindicato ha incidido en que es necesario empezar a negociar sobre su propuesta
de una oferta de empleo público excepcional de 356.000 plazas sin incremento
presupuestario, para "consolidar de manera estable todas aquellas plazas
presupuestadas pero no cubiertas o cubiertas con contratos que no garanticen la
estabilidad y continuidad en el empleo".
También
para eliminar la tasa de reposición de empleo público; recuperar los derechos
"arrebatados" iniciados con el recorte del 5% de salario en 2010, las
35 horas semanales o la cobertura al 100% de la Incapacidad Temporal;
desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y recuperar la negociación
colectiva en el sector.
De igual
forma, FeSP-UGT ha exigido la recuperación de la "negociación real"
de las administraciones públicas después de "cuatro años de políticas de
hechos consumados en los que el Gobierno ha tomado en solitario decisiones
trascendentales para el conjunto de los trabajadores y la ciudadanía".
Según
UGT, el Gobierno del PP ha utilizado las políticas sociales y económicas
"como arma electoral, quitando y reestableciendo derechos en función de la
proximidad o no de los procesos electorales".
Asimismo,
CC.OO. ha planteado la necesidad de eliminar las normas básicas que "están
limitando las negociaciones sobre empleo público en ámbitos autonómicos y
locales". Beteta se ha mostrado favorable a esta propuesta, afirmando que
"en los peores momentos de la crisis hubo que aprobar medidas muy restrictivas
pero que ahora ya no estamos en ese escenario", según el sindicato.
Por otro
lado, CC.OO. asegura que Beteta "ha reconocido errores en la atribución de
los resultados de las elecciones sindicales en las administraciones públicas y
se ha comprometido a revisarlos".
De su
lado, CSIF ha abogado en un comunicado por establecer un nuevo marco jurídico
"que devuelva la dignidad a las trabajadores y garantice el Estado del
Bienestar y el carácter público de los servicios".
