La gran desconexión: jóvenes, TikTok y el futuro de nuestras democracias

"Si el periodismo entra en crisis, la democracia también lo hará"

Por Ángela González. Agenda Pública blog.- El 23% de los jóvenes obtiene sus noticias en TikTok, una tendencia que, según Ángela González Montes, está transformando un pilar clave de nuestra democracia: la información. Para evitar que estas dinámicas impulsen a los jóvenes hacia movimientos antidemocráticos, la autora sugiere innovar en la comunicación para acercarse a ellos, regular los algoritmos de manera ética y promover el pensamiento crítico.

Hace muchos años, un profesor de mi facultad nos puso la canción Video Killed the Radio Star de The Buggles para ilustrar cómo las innovaciones tecnológicas, desde la imprenta de tipos móviles de Gutenberg hasta WhatsApp, han transformado nuestra manera de consumir información y, por lo tanto, de configurar nuestra opinión pública.

Hoy en día, un 23% de los jóvenes entre 18 y 24 años acceden a noticias a través de TikTok. Con más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial, la aplicación más descargada del mundo en la actualidad capta la atención de millones de jóvenes (el 70% de sus usuarios tienen entre 18 y 34 años) y reconfigura el modo en que nos relacionamos con las noticias y con el mundo que nos rodea. TikTok es la nueva killer app que define toda una nueva era, la sociedad de la prisa: fragmentada, superficial e instantánea.

"Si el periodismo entra en crisis, la democracia también lo hará"

Por primera vez desde la Revolución Francesa, nuevos actores ajenos al mundo del periodismo y sus reglas vertebran la opinión pública de una generación entera. Pasamos del modelo Ciudadano Kane al modelo Elon Musk. Este cambio en el consumo tiene implicaciones profundas para nuestras democracias. Si el periodismo entra en crisis, la democracia también lo hará. La relación entre desinformación, nuevas formas de consumo de noticias y auge de ideas autoritarias entre los jóvenes no es casual. Se está creando un caldo de cultivo que pone en peligro el relevo generacional de nuestras democracias. 

La era de los influencers

La crisis de consumo de esta franja de edad siempre ha sido una constante. Basta analizar el perfil de lector de prensa generalista en los años 90, cuando no había internet, para comprobar que sigue siendo muy similar al actual; hombre clase media de entre 40 y 60 años.

Sin embargo, en la actualidad, el consumo de noticias entre la juventud ha cambiado radicalmente. Antes, leer un periódico suponía unos 30 minutos; ver un telediario, una hora frente al televisor. Había un inicio, un fin, una estructura, una clasificación de contenidos por importancia y secciones. Informarse hoy a través de redes sociales es un totum revolutum fragmentado, dirigido por un algoritmo predefinido, en gran medida, por los propios gustos del consumidor. 

Para bien o para mal, con los medios tradicionales, todas las personas pasábamos por un periodo de socialización política a través de ellos que, aunque con diferente nivel de implicación según el nivel adquisitivo y la edad, seguía unas pautas y unas reglas similares para todos.

La gran diferencia ahora es que hay una brecha digital que divide a la sociedad en dos: los nativos y los migrantes digitales. Los jóvenes prefieren consumir noticias en plataformas de vídeos cortos como TikTok o YouTube en lugar de los medios tradicionales porque no conectan ni aguantan el ritmo del periodismo de los medios de masas.

"Solo el 37% de los jóvenes confía en los medios tradicionales, comparado con el 47% en audiencias de más edad"

La audiencia juvenil tiende a evitar las noticias en televisión no solo por aburridas, sino porque las perciben como negativas. Solo el 37% de los jóvenes confía en los medios tradicionales, comparado con el 47% en audiencias de más edad.

Ojalá fuera solo un problema de formato. Nos enfrentamos a un problema mayor: una falta de confianza y descreimiento en el sistema, que se extiende a las grandes cabeceras mediáticas. Hemos pasado del modelo Oprah Winfrey —un solo apoyo suyo en prime time podía hacer tambalear a la mismísima Casa Blanca— al modelo Taylor Swift y su ya icónico apoyo a Kamala Harris firmando como Childless Cat Lady. 

Los menores de 30 años han sustituido a los periodistas por los influencers, que mezclan entretenimiento con política. En eventos como la Convención Nacional Demócrata de EE. UU., más de 200 creadores fueron invitados a cubrir el evento. En EE. UU., el influencer más citado es Tucker Carlson, conocido por difundir teorías de conspiración de extrema derecha. En Francia y Reino Unido, influencers como Hugo Décrypte y Dylan Page reúnen a más de 20 millones de seguidores. 

Una sociedad distraída es más fácil de manipular

Lo que alguna vez se presentó como una revolución liberadora para superar al cuarto poder ha derivado en nuevas formas de control. Román Gubern describía a la televisión como el "chicle para los ojos", pero hoy las redes sociales han ido más allá, convirtiéndose en ladrones de tiempo y destrozando nuestra capacidad de atención.

En su obra El valor de la atención, Johann Hari advierte sobre los peligros de una sociedad distraída. El scroll constante de las redes ha sustituido al antiguo zapping televisivo, y los algoritmos determinan lo que vemos, generando cámaras de eco que refuerzan nuestras ideas preexistentes. Es como si en un restaurante nos ofrecieran siempre el mismo menú porque saben que nos gusta. Es el sesgo cognitivo que activa nuestro córtex prefrontal, es decir, la parte de las emociones y la dopamina. Este es un escenario perfecto para la manipulación. 

Cas Mude destaca la relación entre el auge de los partidos de extrema derecha y el incremento de la desinformación, ya que esta alimenta el descontento, refuerza sus narrativas populistas, debilita la confianza en los medios tradicionales y facilita la creación de ecosistemas mediáticos paralelos donde sus mensajes pueden prosperar sin restricciones. 

"En España el 75% de los votantes de Alvise tienen menos de 45 años"

Este fenómeno afecta a los jóvenes de manera asombrosa. En Alemania, la AfD ha triplicado su apoyo entre los votantes menores de 24 años, pasando del 5% en 2019 al 16% en 2024. En Francia, el Rassemblement National cuenta con el 34% del apoyo de los votantes menores de 30 años. En España el 75% de los votantes de Alvise tienen menos de 45 años (con más de 700.000 seguidores en Telegram, casi el mismo número de votos que recibió en las Elecciones Europeas de 2024). 

Nostalgia y autoritarismo como elementos de atracción 

Nos encontramos en un momento en el que la sociedad mira más al pasado que al futuro. Unos para revisarlo —cultura woke— y otros para idealizarlo. De todos los relatos utilizados por la extrema derecha, la narrativa de la nostalgia y la necesidad de volver a un pasado que, en realidad, nunca fue mejor es uno de los más efectivos.

 Lo llamativo es que este relato esté calando tanto entre aquellos que ni siquiera vivieron ese pasado. Esta narrativa de la nostalgia ayuda a reforzar un sentimiento de identidad perdido entre los más jóvenes, que se une a la desafección hacia las instituciones y una rebeldía hacia lo políticamente correcto. Vídeos como el de AfD generados por IA que culpabiliza a las personas migrantes se vuelven virales.

Esta vuelta al pasado en realidad simboliza la vuelta a un lugar seguro en momentos de incertidumbre. Como explica Katharina Niemeyer, "la idealización del pasado corre el riesgo de eliminar los matices y reforzar el extremismo político". ¿Qué es "Make America Great Again" al fin y al cabo más que un relato de la vuelta al pasado glorioso de EE. UU. en medio de su pérdida de liderazgo mundial?

En EE. UU. precisamente el voto joven apoya mayoritariamente a Harris. Aquí se ve claramente cómo actúa el sesgo por razón de sexo entre la juventud, ya que el respaldo a la candidata demócrata es particularmente fuerte entre las mujeres jóvenes, con un 70% apoyándola, en comparación con el 23% que apoya a Trump. 

Esta nueva tendencia de división ideológica entre hombres y mujeres jóvenes proviene, en parte, de la segregación que el algoritmo hace entre "cerebros rosas", ellas más expuestas a narrativas de justicia social, feminismo y bienestar, y cerebros azules, ellos más expuestos a contenidos conservadores o reaccionarios, diferenciando así entre valores duros para ellos y valores blandos para ellas. Aquí cabe preguntarse quién alimenta realmente a la bestia. La venganza del algoritmo se alimenta de nosotros mismos. 

¿Qué democracia nos espera? 

Según el Democracy Index 2023, nos enfrentamos a un contexto de repliegue democrático. Solo el 7.8% de la población mundial vive en democracias plenas, mientras que el 39.4% lo hace bajo regímenes autoritarios.

Esta regresión coincide con el aumento de la influencia de las redes sociales y el descontento juvenil con las instituciones democráticas. En España, según un estudio reciente de 40dB, un 26% de los encuestados afirma que, en determinadas circunstancias, preferiría un gobierno autoritario. Con una media de edad de 40,8 años en las democracias plenas, las generaciones más jóvenes muestran un menor apoyo hacia sus sistemas democráticos, lo que pone en duda el relevo generacional de nuestras democracias. No es casualidad que la propia presidenta de la Comisión Europea haya establecido como prioridad en este mandato acercar la institución a los jóvenes europeos. 

En un contexto donde los jóvenes se alejan tanto de los medios tradicionales como de las fuentes de información fiables, las instituciones públicas tienen un papel crucial. Para ello, me gustaría destacar tres ideas clave que merecen mayor atención y profundización.

En primer lugar, la importancia de la innovación en comunicación y la búsqueda de nuevos formatos que conecten y atraigan a los jóvenes. Si existe una tendencia a confiar más en las personas que en las grandes cabeceras mediáticas, será necesaria una mayor colaboración entre influencers consolidados y nuevos talentos, instituciones y medios de comunicación para captar la atención de estas nuevas audiencias. Iniciativas como Solutions Journalism Network (SJN) o el programa Creative Europe muestran resultados positivos. Conectar a los jóvenes con el periodismo es, en esencia, conectarlos con la democracia.

En segundo lugar, es imprescindible una regulación más estricta sobre el uso de algoritmos y la transparencia de las plataformas digitales. Esto nos lleva al antiguo debate sobre la función social de los medios: informar, formar y entretener.

"En un entorno donde se premia la mentira y la exageración, es fundamental que los algoritmos se desarrollen bajo principios éticos"

La Unión Europea ha dado un paso significativo con la implementación de normativas que regularlas. La reciente victoria en la batalla contra TikTok Little es un ejemplo de cómo las instituciones pueden crear espacios que promuevan un consumo saludable de la información. Incluso el propio Elon Musk ha terminado cediendo ante el Tribunal Supremo de Brasil.

En un entorno donde se premia la mentira y la exageración, es fundamental que los algoritmos se desarrollen bajo principios éticos. Regular los algoritmos es, en definitiva, regular el espacio donde se conforma el debate público y garantizar el derecho a una información veraz y plural, pilares fundamentales de cualquier democracia avanzada.

Por último, resulta esencial fomentar el pensamiento crítico y la participación en las democracias como antídoto a la manipulación emocional. Aquí tenemos el modelo finlandés, pero en países como Austria -donde acaba de triunfar un partido fundado por nazis- se están aplicando fórmulas que buscan el contacto presencial entre jóvenes e instituciones como antídoto a las burbujas digitales. En este caso, como casi siempre, todo empieza por la educación. 

Hannah Arendt señalaba que aun en los tiempos más oscuros tenemos el derecho a esperar cierta iluminación. Esa luz somos nosotros. Lo que hagamos ahora como poderes públicos y profesionales de la comunicación determinará que, en el futuro, ningún estudiante tenga que escuchar a su profesor hablar de una canción titulada El algoritmo mató a la democracia. 

Que las instituciones son importantes no es una novedad.” Sobre el Nobel de Economía de 2024

Por su gran relevancia, extensión y variedad de temas, Nada es Gratis dedicará varias entradas a comentar la obra de los recién galardonados con el premio Nobel de economía Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, desde distintos ángulos y en sus diferentes vertientes. Aquí, la primera de ellas.

Por Agustín Casas. Nada es Gratis blog.- El pasado lunes, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson recibieron el premio Nobel de Economía por sus contribuciones al estudio de la formación de las instituciones y cómo estas afectan a la prosperidad de los países. El timing no podría haber sido más perfecto. Dos días antes había sido 12 de octubre.

Todo tiene que ver con todo.

Acemoglu se doctoró en la London School of Economics and Political Science y actualmente es profesor en el departamento de economía en MIT. Johnson es profesor en la Sloan School of Management, también en MI. Por último, Robinson, quien alguna vez se definió como un “economista en recuperación”, trabajó en los departamentos de ciencias políticas de Berkeley y Harvard antes de unirse a la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago.

Los tres han publicado juntos y/o separados casi 300 artículos en revistas de economía, ciencias políticas, finanzas e historia. Entienden la economía como una ciencia social, rigurosa y multidisciplinar. La obra de estos tres premiados es inabarcable, se mire por donde se la mire. Permítanme hacer un recorrido parcial y breve por ella, inspirado en el viaje de La Niña, La Pinta y La Santa María.

¿Qué tienen en común los galardonados con el “Día de la Hispanidad”? Uno de los artículos más citados de estos autores, con más de 18,000 citas, se titula “The Colonial Origins of Comparative Development”. En él, investigan cómo las instituciones coloniales afectan la prosperidad de los países en la actualidad.

¿Pero cómo puede ser que instituciones establecidas hace 500 años tengan algún efecto hoy en día? Simplificando, los autores argumentan que hay dos tipos de instituciones: extractivas e inclusivas. Las primeras benefician económicamente a una pequeña élite que también ostenta el poder político (de jure y/o de facto). Dicha élite tiene incentivos a mantener el statu quo (es decir, las mismas instituciones) durante el mayor tiempo posible.

Por otra parte, las instituciones inclusivas reparten mejor el pastel. Con un poder económico y político menos concentrado se facilitan los acuerdos que benefician al conjunto de la sociedad, haciendo aumentar su riqueza. Típicamente, se garantizan los derechos de propiedad, lo que a su vez fomenta la inversión y el desarrollo.

En resumen, las instituciones de hoy dependen de quienes ostentaron poder (económico y político) ayer.

¿Y cuáles eran esas instituciones coloniales extractivas? Uno de los ejemplos que mencionan los autores es el de las plantaciones de azúcar en Brasil y el Caribe, cuyo objetivo era extraer la mayor cantidad de recursos posible mediante el uso de mano de obra esclava. Otro ejemplo es el de las minas del virreinato de lo que hoy es Perú. Melisa Dell, una estudiante de Acemoglu, ha demostrado el efecto persistente de la Mita, una institución utilizada por los colonos españoles que requería trabajo forzoso en estas minas. Dell cuantificó el impacto negativo de la Mita en las instituciones y el desarrollo económico de las regiones afectadas y sus alrededores.

En otro artículo, titulado “Reversal of Fortune”, Acemoglu, Johnson y Robinson fueron más allá y mostraron que la revolución industrial acentuó las diferencias generadas entre países con instituciones inclusivas o extractivas. Para poder aprovechar innovaciones “científicas”, las sociedades debían proteger la inversión en nuevas tecnologías.

Pero los ganadores del Nobel ya anticiparon nuestra siguiente preguntar: Entonces, ¿las instituciones son inmutables? Su respuesta fue “no”. En otro artículo multicitado, Acemoglu y Robinson explicaron cómo una sociedad civil organizada puedo lograr concesiones institucionales que aseguren una mejor distribución de la riqueza. Cuando la élite se enfrenta a la posibilidad de perder el poder, esta ofrece concesiones. Es decir, intenta otorgar beneficios a quienes desafían su autoridad. En el siglo XIX, las élites de muchos países occidentales introdujeron el voto universal como respuesta a la amenaza de una revolución. De esta forma, el votante decisivo dejaba de ser un miembro de estas élites y podía asegurar transferencias futuras a su clase social. Este análisis sobre el conflicto y las concesiones está desarrollado en mayor profundidad en su libro El pasillo estrecho, del que Gerard nos habló en su momento.

Hasta aquí he hablado de élites, clases sociales y poder económico y político. Con esto no he querido sugerir que los recién premiados aboguen por una revolución socialista (que yo sepa), pero sí que entienden el devenir de las sociedades a través del conflicto de intereses entre agentes con objetivos e incentivos distintos, que a su vez se ven determinados en parte por las reglas y leyes del momento. Como buenos agentes racionales, estos actores sociales también quieren cambiar las reglas y leyes para favorecerse. Independientemente del nombre que les demos a estos grupos, estudiar cómo las instituciones resuelven el conflicto de interés entre ellos es clave para entender la evolución histórica de las sociedades.

En el artículo que mencioné al principio, los tres premiados mostraron que las instituciones coloniales determinan, en parte, las instituciones actuales. En particular, utilizando la terminología anterior, las instituciones coloniales inclusivas han contribuido a aumentar la protección de la propiedad privada, disminuir el riesgo de expropiación y fomentar el crecimiento. Yendo aún más al detalle del artículo, la exogeneidad de las instituciones está dada por la mortalidad de los colonos: en aquellas regiones donde los occidentales tenían más probabilidad de sobrevivir, las instituciones fueron más bien inclusivas. En cambio, en áreas con alta mortalidad (por ejemplo, por malaria o fiebre amarilla) era más probable que las instituciones fueran extractivas. Ademas del caso Latinoamericano, los autores también exploraron las experiencias coloniales en África, como la del Rey Leopoldo de Bélgica en el Congo.

En el segundo párrafo de ese mismo artículo, los autores escriben “…que las instituciones son importantes no es una novedad”. En otras palabras: Acemoglu, Johnson y Robinson no han ganado el Nobel por decir que las instituciones son importantes. Lo han ganado por explicar, de forma sistemática, cómo y por qué las instituciones son importantes, cómo resuelven los conflictos, cómo determinan ganadores y perdedores. Y cómo eso afecta el devenir de esas mismas instituciones, del crecimiento económico y la desigualdad social. En cierto modo, han complementado el trabajo de Ronald Coase, quien recibió el Nobel por esclarecer el rol de los costes de transacción y los derechos de propiedad dentro de las instituciones y la economía. O el de Douglass North, quien compartió el galardón con Fogel por haber contribuido a explicar el cambio institucional desde un punto de vista histórico.

Acemoglu, Johnson y Robinson han escrito varios artículos sobre la experiencia colonial, pero sobre éste, que nos provee de “una estimación confiable de cuán importante son las instituciones”, Manuel Arellano ha escrito que se trata de “la regresión con variables instrumentales más importante de la historia”.

Todavía se habla de Cristóbal Colón y el nuevo mundo. De cómo ha expandido la frontera de lo conocido, borrando los límites del viejo mundo. A través de su obra, además de expandir el área de la economía política, los recién premiados nos invitan a reflexionar sobre el avance de la ciencia y la compartimentalización de la investigación, borrando los límites entre historia, ciencia política y economía.

El dermatólogo de los famosos tiene la espera más larga en un hospital público madrileño, pero factura 17 millones en sus clínicas privadas

Pedro Jaén, jefe de dermatología en el Ramón y Cajal, encabeza el departamento de esa especialidad con la mayor demora media de la sanidad madrileña. Sanidad informa de que desde septiembre tiene permiso para no ir al trabajo, pero sus empleados no están al tanto. 17 de sus 27 médicos trabajan también para él en su negocio

Revista de prensa. El País. Fernando Peinado, Natalia Jiménez Segura. El dermatólogo Pedro Jaén tiene dos trabajos, uno privado y otro público. El primero va como un cohete. El segundo, de mal en peor. Él es un médico estrella. Aparece regularmente entre los 100 mejores de España de la lista Forbes, a menudo es entrevistado por los medios de comunicación y, según reportajes recientes, atiende a clientes de relumbrón como la Reina Letizia o el presidente, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Ha montado un imperio de la dermatología y la estética, el Grupo Pedro Jaén SA, que tiene cuatro clínicas y dos centros de cirugía en Madrid, y que ha visto crecer sus ingresos año a año desde la pandemia. Facturó 8,1 millones de euros en 2019 y, en 2023, la cifra subió a 17,8 millones. En un vídeo colgado a la página de Facebook de su empresa, uno de sus dermatólogos, Sergio Vañó, lo eleva a las alturas: “El grupo Pedro Jaén es a la dermatología española como el Real Madrid lo es a la historia del fútbol”.

Mientras él se ha hecho de oro, la situación se ha deteriorado mucho en el servicio de dermatología que dirige en uno de los grandes hospitales públicos de Madrid, el Ramón y Cajal, en el norte la capital. Su departamento tiene las peores cifras de espera en esa especialidad de todo el Servicio Madrileño de Salud (Sermas): en 2019, la demora media era de 72 días y en agosto de 2024, último dato publicado, era de 241 días. El colapso es tal que Comisiones Obreras denunció hace dos semanas que los médicos de Atención Primaria ya no podían derivar pacientes a este hospital porque han cerrado agendas. El calendario de 2025 se ha llenado y el sistema no les permitía citar para 2026 ó 2027.

Esta suerte dispar de su negocio y el servicio público se ha producido mientras la línea que separa uno y otro ámbito se difuminaba. Jaén ha contratado para sus clínicas a 17 de los 27 médicos que aparecen en el directorio de dermatología de ese hospital público, al que ha tenido acceso EL PAÍS. (Jaén también ha reclutado al jefe de dermatología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Adrián Imbernón). El pasado jueves a las diez de la mañana, Jaén se encontraba pasando consulta en una de sus clínicas madrileñas, en el extremo norte de la calle Serrano. Tenía la agenda llena de pacientes con previsión de acabar pasadas las dos de la tarde. Mientras, en el norte de la capital, los miembros de su departamento en el hospital aseguraban que no tienen noticias de él desde hace meses. “No viene apenas por aquí”, decía una empleada. “Yo llevo sin verlo desde la primavera. Debe estar en una de sus clínicas en zonas VIP”.

Lara Jaén, su hija y directora de comunicación en la empresa, desatendió el jueves una solicitud de EL PAÍS para hablar con su padre. Ese día, dio dos respuestas contradictorias sobre la situación de este. Primero, respondió al teléfono que su padre sí va al hospital, pero dos horas después, mandó un mensaje escrito en el que aseguraba que el hospital y la Universidad de Alcalá, donde imparte docencia, le habían concedido un “año sabático”.

“El Dr. Pedro Jaén, en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Tumaini de Tanzania, se encuentra investigando en cáncer de piel, además de estar en la dirección de tesis doctorales. A pesar de ello, está al día de la situación del servicio, que dispone de una estructura de gestión con tres jefes de sección”, dice su respuesta escrita.

Antes, una portavoz del Ramón y Cajal había asegurado que Jaén “sigue siendo el jefe” y que lo había visto en este centro sanitario el día anterior. Y este lunes, en respuesta a una cuestión de este periódico sobre la situación del servicio, un portavoz de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, decía que Jaén tiene una “excedencia” que “le faculta para no estar en el hospital desempeñando su normal función”. Por escrito, respondió que “el jefe del servicio de dermatología es el doctor Pedro Jaén, que tiene reconocida la compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad. Toda la actividad profesional y situación laboral de este profesional en este momento está respaldada y sustentada legalmente”.

Jaén sigue apareciendo como jefe de dermatología en el directorio interno del Ramón y Cajal. En marzo, la Consejería de Sanidad madrileña celebró en una nota de prensa que era uno de los 36 médicos de la sanidad pública autonómica en el top 100 de España, según la revista Forbes.

Jaén ha continuado en el hospital a pesar de haber superado la edad de jubilación. Fue nombrado jefe de dermatología en 2003, procedente del Hospital de Guadalajara. En los años noventa, había montado su propia clínica privada, cuando comenzó a crecer la dermatología estética. Su negocio ha prosperado gracias a que supo anticiparse al creciente furor por los pinchazos de bótox y otros retoques estéticos, según las fuentes del sector. Viajaba a Estados Unidos con regularidad para estar a la vanguardia de su especialidad. “Es un profesional inquieto y de gran prestigio académico”, según un dermatólogo reconocido que pide anonimato.

Entre 2014 y 2022 presidió la sociedad científica del ramo, la Academia Española de Dermatología y Venereología. El Ramón y Cajal informa en su web de que “en los últimos tiempos, se ha convertido en el hospital madrileño más demandado por los futuros residentes de Dermatología para formarse en la especialidad”. En cuanto a los negocios, su mayor expansión se ha producido en los últimos cuatro años, cuando ha abierto varios centros por Madrid, entre ellos el de Serrano y La Moraleja.

El éxito de su empresa ha llevado a Jaén a descuidar su obligación en la sanidad pública, según varias fuentes con conocimiento directo. “Este hombre nunca ha cumplido su horario que, por reglamento, es de ocho de la mañana a tres de la tarde”, le recrimina Juan Antonio Molero, que fue delegado de CC OO en el hospital entre 2007 y 2019. “El problema”, continúa Molero, “es que el hospital se lo ha permitido. Deberían vigilar su horario”. El Ramón y Cajal está dirigido desde septiembre del año pasado por Carlos Mingo, que tomó el relevo de Juan José Equiza, quien llevaba desde 2014 en el cargo.

Los jefes de departamento ganan un salario base de 70.731 euros al año. Si se añaden distintos complementos, ese sueldo puede ascender hasta los 89.315 euros. Según el portavoz de Sanidad, como Jaén es docente desde hace años en una universidad pública madrileña, la de Alcalá, cobra de ese centro y no del Sermas. Un portavoz de la universidad confirma que le pagan “la mayor parte de su sueldo”, pero que también cobra un “extra” del hospital. Añade que el tipo de permiso es “sabático”. Se le concedió en junio, -cuando la demora media era de 198 días- y comenzó el 1 de septiembre.

El portavoz agrega que Jaén es funcionario de la universidad a tiempo parcial y que eso supone que sus horas de trabajo no se reducen, pero sí disminuye sensiblemente su sueldo, Aunque parezca contraproducente para Jaén, este arreglo se explica porque a cambio del permiso para desempeñar trabajo privado, los funcionarios deben renunciar a parte de su remuneración, explica. En el momento de la publicación del artículo no ha sido posible conocer su salario. Fuentes de la universidad subrayan que es una suerte contar con Jaén: ”Nos da más a nosotros de lo que le damos a él”.

Una profesional de Dermatología en el hospital dice bajo condición de anonimato para no dañar la relación con su jefe que, desde la pandemia, Jaén ha ido desapareciendo gradualmente del hospital. La tarea de gestión ha recaído sobre una jefa de sección, Bibiana Pérez, quien también es empleada del grupo Pedro Jaén. Los dos empleados del departamento con los que ha hablado EL PAÍS no tenían noticia del permiso sabático de Jaén.

Una de las trabajadoras lamenta que el servicio se haya deteriorado, “como toda la sanidad pública”. Los pacientes se quejan por las largas demoras. “Es que nos viene gente que está en espera y empeora. Acaban llegando por urgencias”. Entre otros, los dermatólogos atienden a personas con manchas sospechosas de cáncer.

Baja productividad

Es cierto que las listas de espera han empeorado de manera generalizada desde la pandemia y que Dermatología es la especialidad con más pacientes en cola del Sermas -103.768-, en parte debido a la preocupación por el cuidado de la piel y el miedo a manchas que puedan ser malignas. La demora media total en los 28 hospitales con dermatología ha empeorado en todo el sistema: en 2019 era de 37 días y ahora es de 74 días. Ha crecido el doble. Sin embargo, el deterioro ha sido mucho mayor en el departamento de Jaén (la demora media ha subido más del triple, de 72 a 241 días).

Además, otros datos oficiales muestran que su servicio no funciona tan bien como debería. En 2023, tuvo una de las tasas de productividad más bajas de los 28 hospitales con dermatología. Un dermatólogo en Madrid ve de media al año a 3.158 pacientes, pero los del Ramón y Cajal atienden a 2.608, la octava tasa más baja del sistema y la segunda más baja de los hospitales nivel III (los ocho más grandes). Los pacientes han puesto 240 quejas entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2024, un 87% más que en el mismo período del año pasado, según datos de la Consejería de Sanidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El portavoz de Sanidad no alude a que exista un problema de plantilla que pudiera explicar el bajo rendimiento. De hecho, explica que el hospital ha cubierto los huecos por reducciones de jornada o cuidados. Para resolver el atasco, el centro ha implementado las “e-consultas” (interconsultas clínicas entre el médico de atención primaria y el dermatólogo) que evitan la necesidad de atención presencial y agilizan la respuesta.

La ley permite que los médicos compatibilicen su trabajo público con otro en la privada. De hecho, con el crecimiento de la sanidad privada en Madrid, se ha vuelto cada vez más común que los facultativos de la pública combinen sus empleos, según José Manuel Freire, profesor en la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III. Esto supone unos riesgos, sobre todo en el caso de los jefes de servicio, añade. “Tienen un poder enorme sobre la carrera profesional de los suyos. Pueden disponer de mano de obra barata de sus subordinados y promocionan a los médicos en la medida en que sean serviciales en la carrera privada de tu jefe”, dice Freire. “Este parece un caso claro de monetarización en provecho privado del prestigio de profesional alcanzado en la sanidad publica”.

Además, como los controles de horarios por parte de las gerencias suelen ser laxos, este sistema favorece el absentismo en la pública para dar preferencia al negocio privado, dice el doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Este grupo aboga desde hace tiempo por la exclusividad, aunque muchos defensores de la sanidad pública consideran utópico implantarla porque provocaría protestas y huelgas. Sánchez Bayle cree que esta doble dedicación es la causa de que no se implanten turnos de tarde en los hospitales. “Tenemos una infrautilización de la sanidad pública por culpa de estos intereses espurios”.

Acoso sexual y por razón de sexo en la administración pública: más de una veintena de denuncias antes de tener un protocolo

 La mayoría de ministerios asegura no haber registrado ninguna denuncia de este tipo en los últimos años. Otros señalan, en total, veinticinco de ellas.

Por María Álvarez del Vayo. Civio.es .- A mediados de septiembre, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) envió una comunicación interna en la que reconocía que, en los últimos cinco años y hasta diciembre de 2023, había activado su protocolo por acoso sexual y por razón de sexo en 12 ocasiones. Un documento escrito en el aniversario de la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez el 10 de septiembre de 2023 mientras trabajaba como camarera en el buque oceanográfico García del Cid. En 2019, Mari Carmen había puesto una denuncia ante el CSIC por haber sufrido acoso sexual por parte de otro de los miembros del buque y, aun así, terminó siendo destinada al mismo barco con la persona a la que había denunciado, como contaba Faro de Vigo.

El CSIC no es el único organismo público donde existen casos de acoso sexual. Y, sin embargo, hasta marzo de 2024, la Administración General del Estado no contaba con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que cubriese a todas las personas que trabajan en la administración. Hubo un intento fallido de aprobar un protocolo de este tipo en 2011, que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015, como explica Ángela Bernardo en el libro “Acoso: #Metoo en la ciencia española”. La Ley de igualdad entre hombre y mujeres aprobada en 2007 definía las conductas tipificadas en estos tipos de acoso y ya exigía, por entonces, que se creara un protocolo y que lo adaptaran los distintos organismos públicos. Aunque el protocolo no se ha aprobado hasta 2024.

Antes de la entrada en vigor de este protocolo, la mayoría de ministerios asegura no haber registrado en los últimos años ni una sola denuncia de este tipo por parte de sus trabajadoras y trabajadores. Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), apunta a que la única diferencia con el protocolo actual es que “ahora hay un procedimiento con el que se puede instar internamente. Ahora bien, los acosos han existido, siguen existiendo y siguen estando igual de invisibilizados que estaban antes del protocolo”.

Situaciones que son acoso sexual o por razón de sexo

Un dossier del sindicato de funcionarios pone algunos ejemplos de lo que es acoso sexual: insinuaciones, comentarios obscenos, envío de imágenes o mensajes con contenido sexual, acercamientos no solicitados, excesivos o innecesarios. También forzar a la víctima a elegir entre someterse a requerimientos sexuales o perder condiciones de trabajo. El acoso por razón de sexo se da cuando ocurren reiteradamente situaciones como desautorizar decisiones, asignar tareas denigrantes o con actuaciones que pretender aislar a la víctima siempre determinadas por el sexo de la misma, por cuestiones relacionadas como embarazo, maternidad o paternidad, conciliación, etc.. Otros hechos constitutivos de acoso son amenazas, agresiones, gritos, insultos y ataques a la vida personal o a la reputación de la víctima.

Muchas personas que han sufrido este acoso no han dado el paso de denunciar, explica Eva Fernández, secretaria de Igualdad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). “En muchos casos lo que ha pasado es que no se han atrevido a denunciar porque no sabían ante quién. La gente lo que hace al final es pedir un traslado, cogerse una baja… la víctima es la que es encima doblemente victimizada porque pierde lo que tiene por culpa de lo que le está pasando”, explica Fernández. Y añade que, en otras ocasiones y al no haber un protocolo que seguir, “se ha hecho una especie de apaño” hablando con las partes y no sancionando a nadie. Esto sí cambia con las nuevas reglas: deberá existir una unidad responsable de recibir estas denuncias y se podrá hacer a través de una dirección de correo electrónico o un buzón físico. Esta unidad deberá ponerlo en conocimiento de una asesoría confidencial, dentro de las siguientes 24 horas, que deberá emitir un informe en 10 días y decidirá si se archiva la denuncia o si se inicia un expediente disciplinario. El o la denunciante tendrá otros 10 días para presentar alegaciones. Entonces será el Comité de Asesoramiento -compuesto por cuatro personas- el que realice otro informe en un máximo de otros 20 días. En todo este proceso el o la denunciante podrá estar acompañada por una persona de confianza.

Antes de la entrada en vigor de este protocolo, ya hubo gente que se atrevió a denunciar. Delia Gutiérrez estuvo más de un año luchando para que se admitiera a trámite su denuncia por acoso laboral y por razón de sexo contra un alto cargo. Presentada en julio de 2022, fue inadmitida a trámite en agosto, pero gracias a un recurso de amparo comenzó a investigarse en noviembre porque el Director General de Servicios veía necesarias una “mayor cantidad de averiguaciones sobre el caso”. El resultado no fue mejor: archivo de la denuncia, recurso, estimación parcial del recurso y archivo final. “Ha sido un proceso a lo largo de años y en estas cosas cuesta identificar lo que te pasa o reconocerte como víctima, cuesta hablar de ello, cuesta que se entienda porque son cosas que no son tan tan visibles”, cuenta Delia, y añade: “Desde el momento en que dices ‘voy a sacudir esto, voy a quitarme algún peso de encima’ o a buscar algún apoyo, es muy difícil y te sientes muy perdida”. La denuncia se presentó ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico para que fuera investigado como acoso laboral y por razón de sexo. La investigación se centró en el posible acoso laboral pero se descartó que este acoso pudiese ser condicionado por el hecho de ser mujer. En ese año, este ministerio solo contabilizó esta denuncia entre las de acoso sexual y por razón de sexo. También investigó una denuncia por acoso sexual realizada por personal externo en 2019, registró otra de acoso sexual en el año 2021 y una de acoso por razón de sexo en 2023.

Entre los ministerios que sí han facilitado datos, además del de Transición Ecológica, y tienen registro de denuncias por acoso sexual o por razón de sexo, se encuentra el de Cultura; y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registraron sendas denuncias de acoso por razón de sexo en 2023. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió otra por acoso sexual en 2021. También el Ministerio de Economía, que no hace distinción en sus datos entre acoso sexual y por razón de sexo, señala que recibió una denuncia de este tipo en 2016 y otras dos en 2017. El Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una denuncia por acoso sexual o por razón de sexo en 2020 y dos en 2021. En el lustro que va entre 2018 y 2023, el Ministerio de Interior registró, en Instituciones Penitenciarias, siete denuncias por acoso sexual y tres por acoso por razón de sexo. Desde la entrada del protocolo en marzo de 2024, el Ministerio de Defensa, por su parte, dice haber activado el mismo en tres ocasiones.

El resto de ministerios -14 de 21- dicen no haber registrado denuncias de este tipo en los últimos años. Por ejemplo, el ministerio al que está adscrito el CSIC, el de Ciencia, Innovación y Universidades, dice no tener ninguna denuncia entre 2020 y 2023 en sus servicios centrales. Aunque aquí no incluye datos de otros organismos autónomos adscritos como el propio CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Investigación ni tampoco de las universidades públicas. Los datos que los ministerios han facilitado a Civio cubren épocas diferentes y están registrados de forma dispar (puedes conocer el detalle en la metodología).

Y, ¿qué pasa con este tipo de denuncias? Fueron archivadas la denuncia de acoso por razón de sexo de Cultura y una del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No llegaron a tramitarse tampoco las dos de Asuntos Exteriores. En Transición Ecológica, se archivó la de Delia y otra por razón de sexo en 2023. De las diez registradas en Instituciones Penitenciarias sabemos que fueron archivadas, al menos, seis.

El resto de denuncias se admitieron a trámite y al menos dos tuvieron sanción administrativa, excepto una de Economía del 2017, donde la denunciante desistió. La denuncia por acoso sexual de Transición Ecológica que se registró en 2021 tuvo un expediente incoado que terminó siendo archivado por sentencia judicial. Entre las denuncias de Instituciones Penitenciarias, hubo dos de acoso sexual en las que se inició un expediente disciplinario y una que fue objeto de denuncia judicial.

Otra de las actuaciones que establece el protocolo es la prohibición de represalias a aquellas personas que denuncien, comparezcan como testigos o participen en una investigación. Delia, por su parte, cuenta haberlas sufrido mientras duraba el proceso y de forma posterior: “Por ejemplo, que me invitaran a participar en un evento y no me dieran permiso para asistir” o haber sufrido un cambio de su puesto de trabajo mientras estaba en comisión de servicios sin haber sido informada. Además, considera que no se respetó otro de los principios que ahora contempla el protocolo, el de la confidencialidad: “Una cosa así te estigmatiza y yo he sentido que, entre otras cosas, no se ha guardado la debida confidencialidad”.

Las denuncias por acoso laboral tampoco prosperan

La denuncia de Delia pasó a engrosar la lista de aquellas que no prosperan y terminan archivándose. Esta es la situación que más se repite también en los casos de acoso laboral. La última memoria que publicó el Ministerio de Función Pública en 2021 cifraba en 51 las denuncias de empleados públicos por acoso laboral durante ese año, de las cuales el 43% no se admitió a trámite. De las que pasaron el primer filtro y fueron investigadas se archivaron 21 denuncias más. Al final, de esas 51 denuncias iniciales solo se abrieron dos expedientes disciplinarios, dos denuncias judiciales y en una se confirmó el acoso. Estos números se repiten en años anteriores; en 2020 se pusieron 65 denuncias de las que más del 47% no se admitieron a trámite y otro 36% fueron archivadas. En el caso de acoso laboral, a diferencia de lo que ocurría con el acoso sexual o por razón de sexo, sí existe un protocolo desde 2011. Con datos más actualizados de algunos ministerios, sabemos que entre 2022 y 2024 ha habido, al menos, 60 denuncias por acoso laboral más.

Estas denuncias se tramitan por la vía administrativa en un primer momento pero, a veces, terminan en los tribunales. De hecho, son numerosos los casos que han acabado así. En ciertas ocasiones, el acoso sexual se convierte en acoso laboral: una sentencia del Tribunal Militar Central en 2020 condenaba a un teniente coronel a dos años y tres meses de prisión por acoso sexual y profesional a una subordinada. El teniente había enviado mensajes y un vídeo de carácter sexual a la víctima y, cuando ella le reprochó tal hecho, comenzó el acoso laboral, que se alargó durante meses. El último informe de Observatorio de la Vida Militar indicaba que, en 2022, se dictaron cuatro sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o actos de abuso sexual” y dos sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual y profesional, amenazas o coacciones”. En ese mismo año, se interpusieron 38 denuncias por acoso laboral, sexual o por razón de sexo dentro de las Fuerzas Armadas de las que 18 se incoaron por vía penal y 29 por vía administrativa. La mayoría de ellas fueron presentadas en el Ejército de Tierra y todos los denunciados, menos uno, son hombres.

Medio millón de empleados públicos se jubilarán en cinco años

Una de las razones del envejecimiento de las plantillas es la escasa oferta de empleo público durante los años de la crisis. En el período 2014-2021 se perdieron 63.923 efectivos y se incorporaron solo 32.037

Revista de prensa. Por Amparo Estrada. La Voz de Galicia. La sociedad envejece y la administración pública también. Más del 44,7 % de los empleados públicos en el conjunto de las administraciones tiene más de 50 años, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es un porcentaje muy superior al 29,6 % que representan los asalariados del sector privado que superan esa edad. En cifras absolutas, casi medio millón de empleados públicos de un total de tres millones y medio tienen más de 60 años y es previsible que la mayoría se jubile en los próximos cinco años. Si diferenciamos por tipos de administración son las corporaciones locales, los ayuntamientos, los que tienen una plantilla más envejecida: casi la mitad (el 49,5 %) tiene más de 50 años. En las comunidades autónomas, los mayores de 50 años representan el 43,92 % del total de empleados y en el Estado suponen el 40,65 %, según la EPA.

Aunque según la estadística que se coja puede variar en algo el porcentaje, la realidad es que en España las plantillas de empleados públicos tienen una edad media superior a otros países. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el colectivo de empleados públicos del Gobierno central en cada uno de los países de la OCDE muestra que, con datos de 2021, el 46 % de los empleados públicos españoles tenía 55 años o más, porcentaje solo superado por Italia y muy por encima de la media de los países de la OCDE (26 %). El informe también resalta el considerable aumento de este porcentaje desde 2015 en algunos países, especialmente en España, que lo incrementó en un 11 % frente a la media de un 1 % de aumento en el conjunto de los países de la OCDE.

Como se puede imaginar, la mayor edad media se encuentra en el colectivo de laborales fijos y funcionarios de carrera, mientras que esta desciende considerablemente en los temporales e interinos. Los porcentaje varían en función de la fuente de los datos, pero todos reflejan el acusado envejecimiento de las plantillas en la Administración. Con datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) correspondientes a 2022 y que recoge cifras del Estado, la edad media del personal se sitúa en los 51,32 años, con más del 64 % del personal por encima de los 50 años y con una estimación de jubilaciones a 10 años del 58,61 % de la plantilla. Y en la Seguridad Social es aún más grave, con el 80,89 % de sus asalariados con 50 años o más en 2022.

Oferta de empleo público

Una de las razones del envejecimiento de las plantillas es la escasa oferta de empleo público durante los años de la crisis. En el período 2014-2021 se perdieron 63.923 efectivos y se incorporaron solo 32.037. Hasta 2021 las nuevas incorporaciones no cubrían todas las bajas. Con las proyecciones que hizo el Estado de tendencia a diez años saltaron todas las alarmas, ya que perdería seis de cada diez empleados por jubilación (97.027 efectivos). Los empleados públicos sostienen la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación o la tramitación de pensiones, por ejemplo y una adecuada planificación de recursos humanos en el sector público busca aumentar los efectivos donde verdaderamente sean necesarios. Las ofertas de empleo público de los dos últimos años han iniciado el camino de la creación de empleo neto que permita recuperar empleo público, rejuvenecer las plantillas, así como atender las demandas de urgencia en sectores que son, en estos momentos, deficitarios. En este sentido, el Estado firmó un acuerdo marco con los sindicatos UGT y CC.OO. en 2022 para que las ofertas de empleo público se diseñaran teniendo en cuenta las proyecciones de jubilación de las plantillas

Mejorar la calidad gramatical de las sentencias

"El Consejo General del Poder Judicial en España se ha avanzado en ofrecer versiones de sentencias en “formato de lectura fácil” para hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión mediante palabras sencillas y frases cortas"

Por JR Chaves. delaJusticia.com.- Resulta incuestionable que las sentencias deben ser razonadas y congruentes con lo que hay en autos, y deben serlo a cargo de jueces con libertad e independencia de criterio, sometidos al imperio de la Ley.

Partiendo de esta premisa propia del Estado de Derecho, creo que la inmensa mayoría queremos que nos juzgue un juez, y no una máquina. Y no debería importarnos el juez que nos corresponda pues como decía el conde de Mirabeau, protagonista de primera línea en los albores de la revolución francesa: «dadme al juez que queráis; parcial, venal, incluso mi enemigo; poco me importa con tal de que nada pueda hacer si no es cara al público». No obstante, lo deseable sería que tuviese “más conciencia que ciencia” (pues al decir de Pantagruel, personaje de la célebre novela de Rabelais, «ciencia sin conciencia es ruina del alma»).

Lo que sí deberíamos exigir y obtener como ciudadanos, ya que las sentencias zanjan conflictos y deben entenderse los argumentos, es que estuviesen bien escritas, claras y con estilo…De hecho, en 2015 dediqué un breve artículo a inventariar «los gazapos y otros errores formales en los escritos procesales».

Es aquí donde me entero de la noticia de la iniciativa de mi admirado Gustavo Arballo, pionero en los blogs jurídicos desde Argentina («Saber leyes no es saber Derecho“), de la creación de una herramienta basada en la inteligencia artificial que “evalúa” la calidad de redacción de las sentencias (basándose en una previa “Guía de redacción” de un tribunal regional). La herramienta se llama “Genaro” (en honor a un gran escritor) y tras cargarle la sentencia en pdf y solicitarse la evaluación del texto, ofrece una respuesta en tres secciones que califica con estrellas.

En cada sección de forma breve, indica aspectos positivos, negativos y sugerencias.

Por ejemplo, he aquí un primer resultado de una caso real (como el Macdonalds: se sube la sentencia y sin apearse del ordenador, se obtiene la califiación de estilo):

El autor resalta dos carencias. Primero, que no capta las citas inadecuadas, innecesarias o redundantes. Segundo, que no puede apreciar si la extensión escrita se ajusta a lo que requería el caso.

Personalmente creo que, pese a tratarse de una herramienta experimental, no institucional y de otro país, va en la línea deseable en el ámbito de las sentencias de cualquier país civilizado.

En primer lugar, porque el justiciable tiene derecho a una respuesta en formato de sentencia, y a comprenderla, sin que la forma le distraiga del fondo.

En segundo lugar, porque los jueces se beneficiarían de una herramienta para “revisar” sus propias sentencias antes de formalizarlas. Hoy día, cada juez revisa personalmente sus propias sentencias (elaboradas de puño y letra, o de tecla y pantalla), por lo que su particular estilo y formación gramatical queda tallado en la sentencia, para lo bueno y para lo malo. De ahí, que no estaría más que a título doméstico, como herramienta de apoyo, se dispusiese de esa tecnología para que cada juez, si lo estimase oportuno, sometiese sus propias sentencias a esa sencilla valoración tecnológica previa, que podría llevarle a corregir errores, erratas y mejora de sintaxis. Se trataría no solo de que las “sentencias se consulten con la almohada”, sino de “consultarlas con la herramienta correctora”.

Es cierto que por el Consejo General del Poder Judicial en España se ha avanzado en ofrecer versiones de sentencias en “formato de lectura fácil” para hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión mediante palabras sencillas y frases cortas. Ahora se trataría de algo más simple, universal y técnico: explorar herramientas para el uso privado por el juez de la corrección de sus propias sentencias.

Con ello, con esa simbiosis entre inteligencia artificial e inteligencia natural, se mejoraría la tutela judicial efectiva, pues poco «efectiva» es la sentencia, si su razón de decidir resulta farragosa, incomprensible o con errores gramaticales que pervierten el mensaje.

En definitiva, si la justicia es solemne e importante, tanto los jueces como los abogados deben ajustarse a las reglas gramaticales y ofrecer un mensaje claro, y bien escrito. Otra cosa provoca deslucimiento del escrito jurídico y con ello, oscuridad en su comprensión. La Justicia debe ser «ciega» pero no los justiciables ante sus sentencias.

En este punto recomiendo vivamente la lectura de este artículo realizado a dos manos, por un magistrado del Tribunal Supremo (Ignacio Sancho Gargallo) y por un lingüista (Ricardo-María Jiménez Yáñez), titulado «Resoluciones judiciales correctas, claras y precisas» (InDret 4.2021 ,pp. 432 – 452) que resulta de deliciosa lectura e inmensa utilidad.

P.D. Casualmente, el eminente jurista argentino Gustavo Arballo, genio creador de la citada aplicación, tuvo la amabilidad de invitarme a ofrecer una charla para Argentina titulada «Espejismos y Trampas que acechan en la mente de un juez», en la que ofrecí una visión general de las dificultades de todo ser humano para hacer justicia, porque «afortunadamente» no es un robot. Nadie merece un «juez desalmado», y el precio del alma son los «humanos errores». Aquí está disponible por si resulta de interés:

Preguntas y respuestas sobre la crisis de Muface: ¿perderán los funcionarios el acceso a sanidad privada?

El Gobierno ha presentado unas condiciones económicas para el nuevo convenio que las aseguradoras ven inasumibles

Revista de prensa. Por Miguel Moreno Mendieta. Cinco Días.-  Más de dos millones de funcionarios y familiares están pendientes de su acceso a los servicios médicos. Muface, junto con otras dos mutualidades de menor tamaño, pactan cada dos años unas condiciones económicas con aseguradoras de salud, para que los empleados públicos puedan escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por la privada. Cerca del 80% escoge la segunda opción. El 8 de octubre el Gobierno debería aprobar las condiciones definitivas del próximo convenio. En una conversación informal el ministerio trasladó al sector una propuesta de subida del 14%, que las compañías aseguradoras consideran totalmente insuficiente. Aducen que cada año pierden más de 200 millones por prestar este servicio.

¿A quién afecta esta crisis?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. Se trata de funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado. Esto incluye también a funcionarios de cuerpos específicos, como los diplomáticos y los inspectores de Hacienda. También cubre a algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes, de educación primaria, secundaria y universitaria.

En paralelo al convenio de Muface se va a publicar también el de otras dos mutualidades: Isfas y Mugeju. El primero es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y da cobertura médica a miembros del Ejército y de la Guardia Civil. En total, 559.000 personas. La segunda es la Mutualidad General Judicial, que atiende a jueces, fiscales, letrados y otros funcionarios de la Administración de Justicia. Otras 92.000 personas. Entre las tres mutualidad suman 2,14 millones de beneficiarios de este régimen de colaboración público-privada.

¿Qué papel juegan las aseguradoras?

Muface, Isfas y Mugeju tienen unas plantillas relativamente pequeñas, de unos 1.000 empleados en total, encargados de tramitar altas y bajas, dar información... Pero quienes prestan los servicios para los funcionarios cubiertos son bien aseguradoras privadas o bien los servicios autonómicos de salud. Cada año, el empleado público escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía privada quiere que le atienda. De media, el 78% elige privada. En el caso de los militares el porcentaje llega al 90%.

Para prestar este servicio, la secretaría de Estado de la Función Pública publica cada dos o tres años un concurso al que se pueden presentar aseguradoras de salud. Como contraprestación, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida. En el último convenio, el pago medio fue de 984 euros al año por beneficiario. De acuerdo con cálculos de la Fundación IDIS, vinculadas a las aseguradoras, el coste por ciudadano en el sistema público es de 1.608 euros.

La sanidad de 1,5 millones de funcionarios queda en el aire por la espantada de las aseguradoras de Muface

¿Qué compañías están implicadas?

En el último concierto, que se estableció para un periodo de tres años —2022, 2023 y 2024— solo hubo tres compañías de seguros que decidieron participar: SegurCaixa Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank; Asisa, controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos; y DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. La primera controla la mitad de este negocio.

Aunque ahora son solo tres, antes participaron otras muchas aseguradoras, como Sanitas, Caser o el Igualatorio de Cantabria, pero decidieron salir de este concierto al considerar que les generaba muchas pérdidas.

¿Cuál es el problema?

El gran problema de la renovación del convenio es estrictamente económico. El Gobierno ha propuesto una subida del 13,5% el primer año y del 0,5% el segundo año, lo que dejaría el pago anual por beneficiario en 1.117 euros. Para Adeslas, Asisa y DKV esta subida es totalmente insuficiente porque este servicio les lleva a perder mucho dinero cada año.

En la última renovación, convocada en 2021, se pactó un aumento total del 10% frente al gasto anterior. Era un desembolso presupuestado de 3.521 millones de euros y, sin embargo, ha sido más que insuficiente para cubrir los costes, según explican las compañías implicadas. De acuerdo con fuentes cercanas a Adeslas, en estos tres años van a perder más de 250 millones de euros. Eso, sin contar los cerca de 100 millones de euros de gastos administrativos y de gestión ligados a este servicio.

Para cubrir los gastos sanitarios de los funcionarios en los próximos años, las aseguradoras han pedido al Gobierno una subida de las primas del 33% en 2025 y otro 5% en 2026. Un 38% en total. “Y aun así, seguiríamos perdiendo dinero”, apunta un directivo del sector. Las aseguradoras han contratado a consultoras y a profesores universitarios para que emitan análisis que certifiquen esta infrafinanciación, pero por ahora no hay receptividad por parte del Ejecutivo.

¿Cómo se han disparado tanto los costes?

Justo después de que se firmara el último convenio en 2021, la inflación se desbocó como no se veía en más de 30 años. Así que el 10% de pactado de subida, que en teoría debería cubrir la infrafinanciación previa, quedó sobrepasado casi inmediatamente, como explicaba ya en 2022 el consejero delegado de DKV.

Al encarecimiento de los suministros hospitalarios, de la electricidad o de los sueldos, se añade un incremento de la utilización de servicios médicos. “Desde la pandemia ha aumentado mucho el cuidado de la salud, y hemos notado un fuerte aumento de la frecuencia en el recurso de la atención médica”, apuntan desde Adeslas. También ha habido algunos tratamientos que quedaron pospuestos por el coronavirus y que se han realizado en los años posteriores.

¿Por qué siguen en el negocio si pierden dinero?

A Adeslas, DKV y Asisa les interesa estar en Muface por una cuestión de volumen. Es una cartera de más de un millón y medio de personas a repartir entre tres. Participar en el convenio les permite tener una masa crítica y una capilaridad que sería difícil adquirir cliente a cliente. Esto es especialmente relevante en plazas medianas y pequeñas, donde dar servicio a funcionarios hace que la presencia de la aseguradora tenga sentido. Desde el sector apuntan que si se salieran todas del convenio, “habría muchas clínicas privadas de capitales de provincia que tendrían comprometida su viabilidad”.

¿Qué va a pasar ahora?

El compromiso del Gobierno es aprobar en el Consejo de Ministros de mañana mismo el pliego de condiciones para el nuevo convenio. Por ahora, parecen encastillados en la propuesta de una subida del 14% para dos ejercicios. El principal argumento es que el déficit público ya es muy grande y que Hacienda no ve margen para un incremento mayor. Una vez que se publiquen las condiciones, las aseguradoras tendrán un par de semanas para responder. Los plazos son tan ajustados que es difícil que puedan extenderse. El 1 de enero de 2025 entrará en vigor el nuevo convenio.

Las tres aseguradoras que hoy dan servicio a Muface han dejado muy claro que el incremento del 14% es totalmente insuficiente y que no acudirán al concurso. Es casi impensable que una nueva compañía se presente, cuando llevan años huyendo de este modelo. En caso de que el concurso quedara desierto, los beneficiarios de las tres mutualidades tendrían que recurrir al sistema público de salud, lo que daría la puntilla a un sistema con las listas de espera ya saturadas. En Madrid, la comunidad con más funcionarios en Muface, hay casi un millón de pacientes esperando una cita médica, un récord histórico.

Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, así como las asociaciones judiciales o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han manifestado su profunda preocupación y han llamado a las dos partes a acercar posturas “por responsabilidad”.

¿Qué otras partes están implicadas?

Lo que pase con Muface, Isfas y Mugeju puede tener repercusiones entre muchos otros actores. Además de los funcionarios afectados, también están muy pendientes de las condiciones de renovación de los convenios los médicos privados, clínicas y demás proveedores de atención sanitaria. Después de años de primas muy ajustadas, “las aseguradoras hemos apretado mucho a los profesionales y empresas sanitarias”, reconocen desde una compañía. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha recibido un aluvión de quejas de médicos por la presión sobre las tarifas que sufren desde las aseguradoras.

En el sector asegurador asumen que, en el caso de que se lograra pactar con el Gobierno una renovación con un alza de 38%, cerca de la mitad de este incremento se trasladaría a una mejora de las tarifas a clínicas y hospitales. Lo que haría que las pérdidas no se corrigieran tanto.

Además, también hay una honda preocupación en las comunidades autónomas, que son quienes prestan la atención sanitaria para la mayoría de ciudadanos, y que tendrían que negociar con el Ejecutivo la financiación y las condiciones para atender a un aluvión de funcionarios, en caso de que no llegara a haber un acuerdo.