¿Mascarillas para todos?. Escasez de Oferta, Sesgos de Comportamiento y Políticas de Salud Pública

Por Nada es Gratis blog.-. De José María Abellán (@DionisosAbellan), Blas Marín, David Jiménez-Gómez y Pedro Rey Biel (@pedroreybiel) . @nadaesgratis .- Durante el pasado fin de semana ha habido expectación sobre si nuestro gobierno y el de otros países iban a recomendar o incluso exigir el uso de mascarillas a la población en sus limitadas salidas al exterior. Aunque el gobierno español de momento no lo ha hecho, en países como Perú o Colombia se ha pasado a recomendar su uso, y en otros como Eslovaquia o la República Checa se ha hecho obligatoria, siguiendo la estela de China, donde ya lo era. Incluso las recomendaciones iniciales de la OMS están virando hacia fomentarlas, una vez se ha estimado que la transmisión presintomática es potencialmente considerable, que hay evidencia de contagio asintomático y que en muchos casos la enfermedad cursa de un modo tan leve que es “invisible” para el paciente y quienes le rodean. Además, aunque no exista evidencia causal definitiva puesto que se tomaron muchas otras medidas a la vez (mayor aislamiento, disponibilidad de test rápidos), el uso de mascarillas se ha popularizado dado el relativo éxito de los países asiáticos en controlar la epidemia, donde por ejemplo en Hong Kong, más del 75% de la población adulta ya las estaba usando en el mes de Enero. 

Ante una decisión aparentemente tan sencilla como fomentar el uso de un escudo de protección bidireccional, que evite fundamentalmente el contagio hacia otros y sólo hasta cierto punto el ser contagiados (dependiendo de la mascarilla dejan pasar entre un 60 y un 97% de las partículas virales), el exceso de confianza de los políticos y la incertidumbre hacia cómo se comportará la población plantea retos como los siguientes:

1.- Se teme (especialmente en los primeros días) la sobrerreacción de los individuos, que puede llevar al desabastecimiento de mascarillas (y otras intervenciones físicas), cuando la producción de las mismas no alcanza y su disponibilidad es esencial para los pacientes infectados y los profesionales sanitarios.

2.- La falsa sensación de seguridad que crea tener una barrera de protección, puede llevar a comportamientos contrarios a los que se pretenden evitar, provocando que la población no cumpla el confinamiento o sea menos prudente con otra medidas necesarias y complementarias (higiene de manos, distancia de seguridad), especialmente cuando se empieza a anunciar que se relajarán gradualmente las medidas de confinamiento.

3.- El incorrecto uso de algo tan sencillo como una mascarilla, que puede llevar a extender el contagio en lugar de evitarlo. Aunque parezca paradójico, basta mirar la imagen que ilustra este post para comprobar lo fácil que resulta emplear un medio de protección incorrectamente: la incomodidad que comporta llevar la mascarilla puede fomentar que nos toquemos la cara más frecuentemente, que se retire inadecuadamente por la zona frontal en lugar de por detrás, que cubramos con la mascarilla únicamente la boca y no otras vías de contagio como la nariz, o que no se limpien correctamente o se desechen (dependiendo del tipo) las mascarillas ya utilizadas.

4.- La incertidumbre sobre la efectividad de distintos tipos de equipos de protección individual (“EPIs”), cuando existe evidencia de que en epidemias anteriores como el SARS o la gripe A fueron efectivas. Aún más importante, cualquier protección incluidas las caseras son preferibles que ninguna protección (ver aquí).

5.- El componente de seguimiento social (“herding”) de su uso. La propia evolución de la epidemia ha llevado a que en culturas occidentales hayamos pasado de un equilibrio en el que ridiculizábamos a quien llevaba mascarilla por la calle (a estigmatizarlo, en suma) a otro, más cercano al asiático, en el que nos sentimos culpables por no llevarla. Coordinar el paso de un equilibrio a otro, sin provocar una crisis de pánico que agrave el desabastecimiento, es especialmente complejo dada la sensibilidad de la recepción a los mensajes que envían las autoridades políticas y sanitarias.

6.- El paso al equilibrio del uso de mascarillas, debe enmarcarse en un contexto de normas sociales, en el que se enfatiza que cada individuo debe actuar de manera responsable. Esto incluye el uso correcto de la mascarilla, pero también el lavado de manos, el distanciamiento social y, finalmente, la protección más efectiva, el cumplir el confinamiento. De esa forma, el uso de la mascarilla estaría asociado a otros comportamientos positivos, generándose así hábitos beneficiosos.

En los últimos días, destacados economistas han escrito artículos académicos aportando datos que podrían informar y facilitar las decisiones de políticas de salud pública. Ha tenido especial impacto un artículo de Abaluck y otros coautores de la Universidad de Yale, donde se estima que el beneficio social del uso adicional de cada mascarilla por parte de la población podría estar entre 3.000 y 6.000 dólares (aunque existen algunas dudas sobre su metodología de estimación). Creemos que esa debe ser la contribución de los científicos sociales en estos días: aportar elementos para el debate, ayudando de esta forma a informar las decisiones políticas, alertando a quienes tienen que adoptarlas de sus posibles consecuencias, y a contribuir a que éstas se anuncien y pongan en práctica de forma que la ciudadanía las entienda y comparta, porque confía en el criterio adoptado. Como economistas de la salud y del comportamiento, nuestra labor debe centrarse en anticipar las posibles reacciones de la población hacia ciertas medidas que, necesariamente, deben gozar de un respaldo epidemiológico y sanitario que no nos corresponde a nosotros juzgar. En este sentido es especialmente preocupante que algunas políticas manifiestamente equivocadas, como la tardía adopción de medidas en el Reino Unido, justificadas sobre la base de “sesgos psicológicos” como la posible “fatiga” de la población ante un confinamiento prolongado, fueran promovidas por destacados economistas del comportamiento.  

Nos gustaría, por el contrario, no contribuir a la desinformación y la desconfianza, ayudando a la población a comprender la complejidad que entraña recomendar la utilización generalizada de mascarillas, así como la necesidad de coordinarse, a través de las recomendaciones oficiales, con comportamientos solidarios que tengan en cuenta las externalidades del comportamiento individual en la evolución de la epidemia y la disponibilidad real de recursos. Una de las recomendaciones más sensatas que podemos realizar sería que desde los poderes públicos se desplegase una política de información balanceada, con tres mensajes básicos: 1) la disponibilidad de mascarillas es un bien público efectivo, cuyo asignación debe priorizarse de la forma más eficiente posible para frenar la epidemia (preferencia de sanitarios y mayores vulnerables); 2) cualquier mascarilla, incluso las de fabricación casera, puede ser útil para interrumpir la cadena de contagio (mitigando el contagio asintomático), no tanto porque evite ser contagiado, sino porque evita contagiar a otros (siempre que se usen de manera adecuada); 3) pero no por llevarla deben descuidarse otras medidas, tanto o más importantes, como es el distanciamiento social y la higiene de manos, de cuya complementariedad se deriva el mayor éxito para la prevención de la infección. Complementar esta información pública, teniendo en cuenta las indicaciones de este post anterior, con instrucciones sobre el correcto uso (y desuso) de las EPIs o sobre la fabricación de mascarillas caseras, en una situación de escasez de oferta, parece también ir en la buena dirección. De confirmarse las recientes investigaciones que parecen sugerir que el SARS-CoV2 puede transmitirse mediante micropartículas en suspensión en el aire, seguramente nos veamos abocados a un futuro inmediato en el que tendremos que aprender a vivir y convivir con mascarilla.

Desbloqueemos gradualmente (pero ya) para evitar ahondar en una catástrofe económica y social: Un camino muy difícil, pero que urge

Por  Christopher Busch, Alexander Ludwig y Raül Santaeulàlia-Llopis. Nada es Gratis blog. Fecha: 05 de abril de 2020. Una versión más larga (en inglés) de este post: aquí.
La pandemia de coronavirus está teniendo unos costes humanos enormes: decenas de miles han muerto y ya se conocen más de un millón de infecciones globales. A su vez, las medidas de bloqueo promulgadas están creando (y crearán) costes económicos y sociales muy altos pero que creemos todavía pueden reducirse sustancialmente si actuamos a tiempo. Estos costes no solo son elevados, sino que están potencialmente distribuidos muy desigualmente. En este contexto, varios indicadores de la epidemia en el escenario de España e Italia sugieren que ya es hora de empezar a levantar las medidas de confinamiento y bloqueo económico existentes. Aquí proponemos nueve pasos para un desbloqueo gradual que ayude a paliar una catástrofe económica y social.

Más que un resquicio de esperanza. Dada la frustrante imprecisión en la medida del número de infectados por el coronavirus, parece más razonable (aclaremos, menos impreciso) centrarse en el número de muertes, y en particular en su flujo. Aunque las medidas de muerte debidas al coronavirus no son exactas, la metodología con la que se miden estas muertes parece relativamente estable dentro de cada país.[1] Esto sugiere que fijarse en el crecimiento del número de muertes, y del flujo de las mismas, es quizá el estadístico menos malo para determinar en qué estadio nos encontramos de la epidemia.[2] Primero, en la Figura 1 se muestra la evolución del crecimiento en el número de muertes acumuladas para España e Italia. Esa tasa de crecimiento ha estado disminuyendo durante varias semanas en ambos países. Es decir, a pesar de que el número total de muertes atribuidas al coronavirus sigue aumentado en España e Italia, lo hace ya a menos ritmo. Segundo, en la Figura 2 vemos que el flujo de muertes diarias está ya empezando a disminuir. La caída en la numero diario de muertes, es decir, una tasa negativa de crecimiento en el flujo de muertes, indica ya un avanzado estado de la epidemia. Esto es posiblemente más cierto para España e Italia que para otros países dado que tanto en España como en Italia las unidades de cuidado intensivo (UCI) y hospitalizaciones ya alcanzan su techo de capacidad. Es decir, el descenso en el flujo de muertes aquí no parece deberse a una mejora en el tratamiento (i.e., no han llegado más equipos respiratorios, todavía), sino al hecho de que hubo menos infectados por el coronavirus hace dos semanas que hace más de dos semanas. Nótese que estamos asumiendo que de infección a muerte se transita en, como mínimo, dos semanas. La evidencia más reciente en este aspecto sugiere entre dos y cuatro semanas. En otras palabras, dado el flujo de muertes podemos deducir que el pico de nuevas infecciones, ya pasó seguramente al menos hace entre dos y cuatro semanas.[3] Finalmente, si bien reconocemos que el número de casos de nuevos infectados, así como el stock total de casos activos, están sujetos a más problemas de medición que las muertes, el flujo de nuevos infecciones diarios se está allanando desde hace una semana, y ya ha empezado a bajar durante los últimos días (ver Figura 3).[4] Que se atribuyan o no estos desarrollos a medidas estrictas de confinamiento es, a nuestro parecer, todavía bastante incierto. Por ejemplo, las restricciones de contacto social se lanzaron el día 15 de marzo en España, apenas dos semanas antes de que se alcanzase el cambio de tendencia en el flujo de muertes. Medidas más estrictas sobre la actividad económica en bienes y servicios no esenciales se introdujeron el día 30 de marzo y, ahora, se prolongan hasta el 26 de abril. En resumen, dado el flujo de muertes, todo parece indicar que las medidas de confinamiento se han introducido (y siguen introduciéndose) muy tarde como para a afectar al flujo de nuevas infecciones. En las próximas semanas, las UCI y hospitales seguirán colapsados, pero no por nuevas infecciones (aunque las habrá), sino por infecciones ocurridas hace ya semanas.

Los costes económicos y sociales. Si bien la efectividad de las medidas de confinamiento destinadas a contener la pandemia es incierta, los costes económicos y sociales de un bloqueo prolongado son mucho menos ambiguos. Las cifras de empleo en el mes de marzo reflejaban una caída de aproximadamente 900.000 empleos y con la extensión del estado de alarma a prácticamente todo el mes de abril se nos acerca un futuro cercano desalentador. Además, la distribución de estos costes es potencialmente muy desigual sufriendo más los hogares que están mas cerca del estrés financiero: trabajadores de bajos ingresos, los autónomos, y los propietarios de pequeñas empresas. Los costes psicológicos y de salud general son igualmente importantes y están estrechamente relacionados el confinamiento (incluyan, entre varios, la reducción de actividades físicas en las que especialmente sufren los pequeños de la casa, así como el riesgo de violencia doméstica). Estos costes también están desigualmente distribuidos.

El Desbloqueo. A la luz de la situación epidemiológica y de los costes económicos y sociales, pasamos a sugerir nueve iniciativas para un desbloqueo gradual que nos urge:

1.- Creemos que una condición importante para realizar el desbloqueo son pruebas representativas de la seroprevalencia del coronavirus. Estas se realizarían de manera continua para así obtener también datos fiables de las tasas a las que continúan infectándose varios grupos de la población.[5] Idealmente, esta colección sería de datos de muestras cruzadas de tamaño mediano con una frecuencia más que semanal.[6] Las pruebas deben ir acompañadas de preguntas que permitan rastrear las interacciones relacionadas con el trabajo (por ejemplo, ocupación) y fuera del trabajo (por ejemplo, información sobre personas del mismo hogar). Información recogida de esta manera (o similar), y no testando solo casos hospitalarios como parece ser que pretende disponer el gobierno del próximo millón de pruebas, arrojaría luz necesaria a nuestra situación epidemiológica.

2.- La actividad económica debe desbloquearse permitiendo que regresen los grupos con baja prevalencia y baja tasa de infección. Esto se debe hacer de manera paulatina, pero con frecuentes actualizaciones conforme surjan las pruebas representativas. Si las pruebas apuntan a que gran parte de la población ya está infectada, debemos plantear levantar el confinamiento más rápidamente. Extensiones a trabajo en sábado y domingo se deberían considerar para producción de bienes y servicios en los que sea factible.

3.- Reiniciar el transporte público y ajustar la jornada laboral. Para garantizar el distanciamiento social durante los desplazamientos y en el lugar de trabajo, el transporte público debe restablecerse a plena capacidad y la jornada laboral debe extenderse a 16 horas con empresas que ajusten su inicio y final de actividad de manera que menos trabajadores viajen y estén en su lugar de trabajo al mismo tiempo.

4.- Los ancianos, los débiles y los altamente expuestos deben estar sumamente protegidos y deben ser visitados por personas previamente testadas siendo estas negativas y asintomáticas. Además, acceso a este grupo deberá estar estrictamente sujeto a pruebas de temperatura rápida inmediatamente antes del contacto.

5.- Las escuelas y guarderías deben reabrir con maestros, estudiantes, educadores y niños que muestran credenciales de pruebas negativas y sean asintomáticos, para que los niños reciban la atención y la educación que necesitan y los padres puedan regresar a su trabajo.

6.- Se debe permitir a los ciudadanos caminar y hacer ejercicio al aire libre manteniéndose las distancias. Esto podría restringirse a áreas públicas contiguas que no se superpongan.

7.- Los sindicatos, los empresarios y los gobiernos deben coordinar una suspensión parcial de las vacaciones de verano para compensar parcialmente la pérdida de actividad económica.

8.- Las violaciones de las medidas de confinamiento (relajado) deben estar sujetas a multas elevadas. Es de esperar que los incentivos individuales se alienen más con el uso de mascarillas y el distanciamiento social en la calle etc. Deberían iniciarse sanciones para aquellos que se desvíen repetidamente.

9.- La lucha contra el coronavirus debe coordinarse entre las autoridades regionales y supranacionales para garantizar el apoyo mutuo dentro del país, y entre países.

Estos nueve pasos ayudarán a mitigar sustancialmente las consecuencias económicas y sociales negativas de esta crisis, manteniendo el riesgo de una próxima ola de infecciones al mínimo.
Notas: 

[1] Esto no es verdad entre países. No sabemos a qué espera Francia a contabilizar más allá de las muertes hospitalarias.

[2] Las tasas de crecimiento están menos sujetas al error que pueda existir en las medidas en nivel si este error (o sesgo) se repite en el tiempo, como por ejemplo el caso del error clásico.

[3] Un aspecto importante en esta deducción es el de selección, en el sentido de que los nuevos infectados pueden ser más fuertes que los primeros infectados en su lucha contra el virus.

[4] El número de casos activos totales reportados por España e Italia alcanzará su punto máximo pronto en ambos países (vean aquí).

[5] Se pueden introducir sobremuestras más extensas para grupos específicos de la población en los que se identifiquen altas tasas de infección y seroprevalencia.

[6] El tamaño podría ser de 3.000 individuos, y algunas de (no todas) estas muestras cruzadas se podrían convertir en panel.

Ver post completo aquí.

Manuel Pimentel: Escenarios realistas y no edulcorados de nuestra economía postcoronavirus

"Salir, saldremos. Pero no sabemos ni cuándo, ni cuántos. Tampoco cómo quedaremos después del paso de los jinetes del apocalipsis que nos asolan"

Por Manuel Pimentel en EsPúblico blog. No nos dicen la verdad. La versión edulcorada de aplausos y respiradores improvisados con gafas de Decathlon que nos muestra la televisión trata de interponer una gasa de color rosa entre la realidad y nosotros. Pero la realidad es tozuda y trágica, tanto en el número de muertos – lo más importante – como en las consecuencias económicas que tendremos que sufrir durante años. Y de esto queremos hablar, de economía. Por eso, con la frialdad de los datos, queremos mostrar los posibles escenarios económicos que tendremos que afrontar en función de la duración e intensidad de la maldita epidemia que nos asola.

Salir, saldremos. Pero no sabemos ni cuándo, ni cuántos. Tampoco cómo quedaremos después del paso de los jinetes del apocalipsis que nos asolan. Si salimos de la mal llamada Gripe española y sobrevivimos a las espeluznantes pestes medievales, también, por supuesto, saldremos de ésta. Ya haremos el recuento de muertos cuando no nos queden lágrimas ya para llorarlos. A estas alturas no sabemos si nos encontramos con una plaga que dejará, tan sólo en España, veinte mil o ochenta mil muertos. Posiblemente, nos dicen, por ahí en medio andará. Lo que sí sabemos es que, como daño colateral, la pandemia dejará también a la economía en la UCI y queremos acercarnos para tratar de reconocerla. Y lo haremos con la frialdad del cirujano, exponiendo simplemente las posibles repercusiones de tres escenarios posibles, en función de la extensión de la epidemia y, por tanto, del estado de alarma en sus distintos gradientes. He tomado las previsiones de distintas fuentes, en principio serias y razonables. No nos equivocaremos mucho, así que, atento, lea con detenimiento el mapa de los posibles aconteceres. No se trata de asustar, sino, simplemente, de analizar lo que se nos viene encima. Si usted es de los que agradece la realidad y aborrece los discursos edulcorados de camuflaje, quizás algún día se alegre de haber leído con detenimiento estas cortas líneas. Vamos a ello.

Escenario A. El más positivo. El estado de alarma se alarga hasta finales de abril. A partir de mayo, paulatinamente y de manera escalonada, se retorna a la actividad, tanto esencial como no esencial. En octubre la incidencia del coronavirus sería baja. En este caso, en algunos sectores la recuperación sería rápida, pero, en otros, como los vinculados al turismo, exasperantemente lenta. Se perderán más de cien mil empresas. Podemos estimar una caída del PIB que oscilaría entre el 9% – 15% según las diversas fuentes disponibles. La recaudación pública caería alrededor del 25-35% y precisaríamos, obligatoriamente, de fondos europeos para ayudarnos a salir del trance. Si nos fuerzan a los fondos de rescate europeos, la economía sería intervenida y los recortes afectarían a funcionarios y gasto público. La deuda pública podría subir hasta alrededor del 110% en el plazo de un año y el desempleo superará los cuatro millones de parados.

Escenario B. El medio. El estado de alarma se prolonga todo el mes de mayo y a partir de junio comienza a suavizarse lentamente. En octubre la incidencia sería media, pero obligaría a algunas medidas de confinamiento. La situación se complicaría entonces. Más de doscientas mil empresas cerrarían sus puertas, y el desempleo podría irse casi a los 6 millones de parados. La caída del PIB superaría con holgura el 20%. La recaudación publica caería más del 50%. Entraríamos en economía de guerra, con problemas de suministros de todo tipo, lo que forzaría el racionamiento para la población. Dependeríamos de la ayuda europea, que nos impondría severos recortes. Podría existir intervención pública de los recursos financieros y de ahorro para captar fondos a la desesperada. Autónomos, pequeños empresarios y trabajadores en paro quedarían en la ruina. El desempleo podría superar los 6 millones de personas, algo desconocido hasta ahora. La deuda pública ascendería, al menos, al 125% del PIB.

Escenario C. El pesimista. El estado de alarma, de manera más o menos intensa, se prolonga todo el verano para enlazar con el otoño, donde se volvería a reactivar para prevenir el rebrote de la epidemia. En ese supuesto, la economía privada, sencillamente, desaparecería, con muerte masiva de empresas. El Estado precisaría, además de la ayuda europea, la intervención del FMI, ya que entraría en suspensión de pagos. Los ingresos públicos caerían más del 60%, lo que conllevaría una drástica disminución de gasto público, salarios de funcionarios y pensiones incluidas. El desempleo superaría los siete millones de parados y la deuda pública se elevaría por encima del 140%. La economía quedaría casi por completo intervenida, con producción bajo control y racionamiento militar a la población. Podrían producirse apagones en el suministro energético, de agua, gas o telecomunicaciones. El estado intervendría el ahorro de empresas y familias, tanto monetario, como en instrumentos de inversión o fondos de pensiones.

Esperemos quedarnos en la opción A, luchemos entre todos por conseguirlo. La erradicación de la pandemia tendrá la palabra. El acierto o yerro de nuestros gobernantes tendrá, también, mucho que decir en la gestión y superación de la crisis. Desgraciadamente, me temo, visto lo visto, que no estamos precisamente en las mejores manos para afrontar una situación tan grave como la que padecemos. Pero, en fin, es lo que tenemos.

La eficacia: El simple y nuclear fin de la Administración

Por Andrés Morey. Tu blog de la Administración Pública.- Exponía el otro día mi actual disposición a ocuparme de cuestiones generales y no interesarme por las más, en principio, prácticas o útiles y concretas. De manera que repasando algunas de las entradas que son visitadas y que recuerdo menos, voy apreciando lo mucho que me repito y contemplando este hecho comprendo que lo que repito es porque es la esencia de mis ideas y que estas son firmes y más antiguas de lo que me parece. Creo que las descubro en cada momento de reflexión y no es así hace tiempo que forman parte de mi pensamiento, aunque ahora se presentan más claras y simples y también como un circulo cerrado. 

De este modo descubro también que toda Administración tiene un fin común que constituye su esencia y sin la cual no existe como tal. Es muy sencillo y simple también. Si cada organización administrativa no cumple su fin resulta inútil y si es así, el sentido común pide su erradicación supone una carga y produce un gasto inapropiado.

Al decir esto, pienso: Lo estás diciendo por la situación actual de gobierno. No cabe duda que sí, pero ello es lo que promueve simplemente la consideración de lo general a comentar: ese fin común del administrar y, como común, general.

Ese fin,  ese núcleo esencial es la eficacia. Y esa eficacia se compone de muchas eficacias, tantas como fines o competencias tiene cada administración. Y en lo público, las competencias y los fines son muchos, importantes, vitales y fundamentales. Como es Administración pública afecta a toda la sociedad y a cada ciudadano en particular. Lo estamos viviendo.

Al mismo tiempo esa vinculación entre fin y eficacia y el  efecto social de la actividad administrativa pública, hace que sea necesario depurar los fines que le competen, eliminando los que no son esenciales. Ningún fin esencial puede dejar de contar con los recursos necesarios para su eficacia y si carece de dichos recursos en plenitud o no se han previsto, queda sin cumplirse satisfactoriamente o en cualquier circunstancia. Esa obtención de recursos es también esencial en el arte del administrar. En consecuencia, ningún fin secundario o espúreo respecto de los esenciales puede privar de recursos a estos.

Por lo tanto, el gobierno no puede proponer leyes u organizaciones para fines que resten dotaciones en los esenciales o de modo que produzca cargas en la sociedad mengúandola en su vitalidad, al contrario. Mantener las esenciales implica dotarla conforme a sus necesidades.  Por ejemplo no se puede castigar la productividad, para premiar lo inútil, no se puede quitar para dar a quien nada produce en beneficio general. Este es el conjunto de los particulares y si hay producción y esfuerzo hay riqueza, hay contribución voluntaria y gratificante y hay prestaciones sociales. Lo contrario produce una sociedad corrupta e insolidaria que se pudre y dirige a la desaparición si no se depura. El confinamiento actual, nos muestra que los poderes públicos engordan sus órganos más para el incremento de cargos que para la eficacia y la eficiencia que conlleva. Más zánganos que abejas obreras.

Realmente simple.

El viejo dilema: ajustes o reformas. (Reflexiones sobre el sector público) y la pandemia

“Ajuste fiscal no equivale a reforma y, sin reforma, las medidas de ajuste, tienden a empeorar la calidad de la gestión pública” (Koldo Echebarría, “Crisis fiscal y empleo público en España: algunos datos para la reflexión”, Revista Aragonesa de Administración Pública número monográfico XIII, p. 63).

Por Rafael Jiménez Asensio. Hay Derecho.Expansión- El frenesí normativo, una vez más, se ha apoderado del BOE. No hay día que no aparezcan nuevas medidas normativas. Y la producción de decretos-leyes ya está en los dos dígitos desde el pasado domingo. La máquina de producir “leyes” y “reglamentos” se acelera. Sin embargo, en esta borrachera normativa falta por llegar la resaca “pública”: un paquete de medidas que afronte lo que ya aflora sin pudor en la inquietud social y nadie responde. ¿Seguirá el Gobierno sin adoptar ni una sola medida que suponga afectación retributiva a quienes perciben todos los meses sus salarios de las instituciones del sector público?, ¿podrá mantener el Gobierno esa política de esconder el bulto durante mucho tiempo más?; ¿se mantendrán igual las pensiones más altas? Preguntas que habrán de recibir algún día las correspondientes respuestas, también gubernamentales.

Es obvio que el cierre de actividades está comportando el empobrecimiento de amplios colectivos de la población, y las consecuencias mediatas serán aún peores. Las arcas públicas se van a quedar sin recursos en muy poco tiempo. La caída de ingresos fiscales se augura excepcional, como la crisis de la que nace. Pero, mientras tanto, se mantienen más que activos los servicios públicos esenciales, a medio gas o parados los no esenciales, se siguen abonando sus nóminas mensuales, como no puede ser de otro modo, a decenas de miles de personas que viven de la actividad política y de sus aledaños (representantes, cargos públicos, cargos institucionales, cargos ejecutivos, asesores, etc.), así como a millones (aproximadamente, tres) de empleados públicos de toda condición (burócratas, profesores, sanitarios, policías, personal del sector público empresarial, etc.). Esto es la normalidad, pero la situación no lo es.

La Administración, mientras tanto, mirando para otro lado: el Ministerio de Política Territorial y Función Pública reconoce lo que ya sabíamos, los empleados públicos que estén en casa “cruzados de brazos” no tienen que recuperar los días, cobrarán todas las retribuciones íntegras como si hubiesen estado trabajando. El RDL 11/2020 sólo se aplica a “los trabajadores por cuenta ajena”, no a los funcionarios ni empleados públicos. Siempre ha habido castas y prerrogativas. Tras la crisis del COVID-2019, el empleo público las tiene (de momento) más que nadie.

No deja de ser paradójico que, mientras en el ámbito privado, por sólo poner algunos ejemplos, se habla de centenares de miles de expedientes (de momento, temporales) de regulación de empleo (que se transformarán pronto en millones de despidos), de bancarrota financiera de miles de empresas, de decenas o centenares de miles de autónomos que están arruinados o al borde la ruina, no haya existido hasta la fecha apenas ni una muestra de ejemplaridad solidaria por parte de las instituciones del sector público y de sus representantes, ni tampoco del sector público, rebajándose el sueldo o aportando parte del mismo a los colectivos más necesitados. Tampoco siquiera para hacer transferencias financieras y retribuir con un complemento transitorio a todos aquellos servidores públicos de sectores estratégicos que se están dejando la vida en este empeño, y merecen (piénsese en el personal sanitario), cuando menos, esa compensación tangible añadida a la emocional de todos los días.

El Gobierno, hasta ahora, no ha movido un dedo en esa dirección. Desconozco por qué. Quizás no quiere dar, por ahora, peores noticias. O tal vez está esperando a ver cómo van las negociaciones europeas. Los soñados “coronabonos” serían una excelente buena nueva para quienes nos gobiernan, sobre todo porque quedarían exentos de la condicionalidad que requieren otros sistemas de financiación, más ortodoxos (como el MEDE, del que no se quiere oír ni hablar). Podrían, así, seguir gastando alegremente en algunas de sus políticas populistas, mantener unas estructuras políticas y burocráticas elefantiásicas teñidas de clientelismo, continuar con los miles de chiringuitos que pueblan un sector público que se asemeja en ocasiones a la cueva de Alí Babá, así como continuar alimentando la ineficacia e ineficiencia que nos corroe, y dejar para mejor momento (esto es, para nunca) las profundas e inaplazables reformas estructurales que el país necesita (sistema de pensiones, rediseño institucional, revolución digital y tecnológica, administración pública, sistema judicial, sistema educativo y de salud, empleo público, nuevo régimen climático,etc.).

Emprender reformas

Con toda franqueza, pero también con toda crudeza y con todo dolor (por nuestra impotencia), lo peor que nos puede pasar es que, frente al imparable endeudamiento y empobrecimiento del país, que ya nadie puede ocultar, nos presten decenas o centenares de miles de millones de euros sin ningún tipo de condicionalidad. Eso podrá resolver alguna inmediatez y sobre todo aliviar al Gobierno, tal vez paliar instantáneamente los efectos duros de la crisis, pero nos conducirá inexorablemente, si no se hacen reformas profundas, a un escenario todavía más atroz a medio/largo plazo. Si se quieren dar señales efectivas de responsabilidad fiscal, y que nos tomen en serio en Europa, hay que emprender decididamente la senda de las reformas. No se puede malgastar ni un euro público a partir de ahora. Es una cuestión no sólo de responsabilidad, sino existencial. La corrupción, en todas sus variantes, debe perseguirse radicalmente. La integridad pública y la transparencia incrementarse. La rendición de cuentas ser efectiva, y no cosmética.

El problema es que vuelvan las viejas recetas. Y el problema reside también en que no se ha aprendido nada de la larga y dolorosa crisis pasada. Durante y desde la última y durísima crisis, no he hemos hecho acopio, sino dispendio. El déficit público en 2019 vuelve a desbocarse (2,7 % del PIB). Y de la deuda pública, ni hablemos. Los tres dígitos los pasaremos pronto (si no están ya superados: algunos ya hablan de que alcanzaremos el 120 % del PIB), endosando a las generaciones futuras (¿son conscientes?) un país mucho más pobre y con menor futuro. Ya lo decía Peter Drucker, lo peor que se puede hacer es que las pretendida “soluciones” de hoy, se transformen en los problemas del mañana. Así seguimos, trampeando constantemente. Con alegría y sin responsabilidad. Huyendo hacia ninguna parte. Mirando el corto plazo de esta política amnésica, que ha olvidado completamente la visión estratégica (Innerarity) y se mueve en el regate corto y sectario.

Y mucho me temo que las viejas recetas volverán. Intuyo que los países (ricos) del norte de Europa (salvo que la catástrofe del COVID-2019 se generalice) querrán aplicar condicionalidades dolorosas para cualquier préstamo. Habrá que negociar muy duro, y no será nada fácil. La brutal caída del turismo (entre otros muchos sectores afectados: construcción, transportes, servicios, etc.) va dejar a la economía española (y a las arcas públicas) temblando.

Si detenemos la mirada en el sector público, el escenario peor no será solo la reducción salarial (que cabe dar por descontada), que debiera ser escalonada y proporcional (dejando incluso fuera, en un primer estadio, al personal de servicios esenciales, que bastante tiene con su excepcional compromiso público), lo más preocupante es que luego vengan las recetas de siempre que nada arreglan. La maldita y disfuncional tasa de reposición de efectivos y otros remedios de ortodoxia presupuestaria retornaránde nuevo a escena (¿qué ahorro supone realmente en el ejercicio presupuestario?: ya se lo anticipo, pírrico o ninguno), con sus letales consecuencias en materia de crecimiento inusitado de la temporalidad (¿más aún?), obviando la doctrina (que ya forma parte de “otra época”) de la reciente STJUE de 19 de marzo (que fue dictada sin tener en cuenta que las crisis económicas en España devastan las cuentas públicas y congelan las pruebas de acceso).

Esas medidas comportarán, además, el cierre a cal y canto de las ofertas de empleo público, lo que acarreará un empleo público más envejecido aún y menos adaptado a las exigencias de la inaplazable revolución tecnológica, amortizaciones masivas de vacantes por jubilaciones en masa, así como con la suspensión o modificación de acuerdos y convenios colectivos (cuando los indicadores económico-financieros de las entidades públicas se vean, que se verán, literalmente rotos), y afectación radical de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Los sindicatos del sector público protestarán con su voz falsamente enérgica y endogámica, pero viendo el escenario devastador que les rodea no creo que vayan mucho más lejos. No tienen autoridad moral. Menos ahora. Ello son parte del problema, y no de la solución. Al menos, mientras no cambien radicalmente de estrategia. Hace siete años, puede parecer una eternidad, Koldo Echebarría, actualmente Director General de ESADE, escribió un lúcido artículo al que conviene retornar en estos momentos, al menos a sus conclusiones

El dilema que entonces planteaba este autor se resolvió desgraciadamente mediante el peso dominante de los ajustes y el abandono real de la política de reformas. Si se continúa por esa senda, lo que se debería hacer tampoco se hará ahora, desgraciadamente, salvo que nos lo impongan. Parece que somos incapaces de llegar a pactos de Estado. Y, por tanto, mejor esperar (terrible escenario) a que nos pongan condiciones leoninas desde fuera, dada nuestra impotencia política populista (se mire donde se mire) para imponerlas. Una crisis es también, independientemente de su gravedad, como es en la que ya estamos inmersos,una ventana de oportunidad para llevar a cabo una política de reformas, en estos momentos más necesarias que nunca.

Si ahora no se hacen reformas radicales, no se harán nunca. Lo peor que nos puede pasar es que, como se llevó a cabo durante la crisis que se inició en 2008-2010, sólo se hagan ajustes y ninguna reforma realmente seria; las escasas reformas que se adoptaron, entonces, no fueron estructurales, sino contingentes, marcadas por la necesidad de aflorar recursos públicos o racionalizar (esto es, reducirad infinitum) el gasto público, más que ordenar el sector público. Pan para hoy y hambre para mañana. Se ha visto con los brutales recortes de la sanidad.Además, desde 2015 no se ha hecho reforma de ningún tipo, ni siquiera contingente. Han pasado cinco años y ahora nos miramos de nuevo en el espejo y observamos lo que nunca nos gusta ver: un país empobrecido y con muy escasa o nula (de momento) capacidad de pacto transversal y de reacción político-institucional.

¿Seremos esta vez capaces de hacerlo bien? Nunca mejor dicho, nos va la vida y el futuro en ello.Aprendamos algo de lo que no supimos hacer entonces. O, en su defecto, habrá que comenzar a pensar que las desgracias que nos están pasando obedecen en buena medida a nuestra estupidez política, pero también a nuestra estulticia, social y ciudadana. Me resisto a creer que ello sea así. Al menos por el vigor instantáneo y la solidaridad que la población está mostrando. ¿Estará a la altura la clase política de este monumental empeño? Pronto lo sabremos.

La renovación de la colaboración público privada II: Propuestas

Otro post de actualidad: Sobre la posibilidad de celebrar Plenos íntegramente  telemáticos durante el estado de alarma, y cómo hacerlo. Por Víctor Almonacid. Nosoloaytos blog

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- Del diagnóstico parcial presentado en un anterior artículo se hace evidente que hay que renovar los compromisos entre las administraciones públicas y el tejido empresarial que provee servicios públicos. Hay que modificar la cultura institucional y la cultura empresarial que se ha visto condicionada negativamente por determinadas malas prácticas. Si se desea una fluida colaboración público-privada hay que definir unas bases conjuntas de carácter ético y procedimental para recuperar la complicidad entre el sector público y el sector privado. Un ejemplo de las iniciativas que habría que proponer, entre otras, son:

En las administraciones públicas habría que estimular las siguientes mejoras:

-Establecer límites a los cargos políticos en su participación directa en los sistemas de colaboración público-privada. Los cargos políticos poseen legitimidad democrática para definir los objetivos políticos de estas colaboraciones, pero deberían mantenerse al margen de los aspectos estrictamente técnicos y contractuales. Alejar a la política de los entresijos técnicos y económicos de la contratación evita un potencial impacto de la corrupción política. Este alejamiento de la política también atenuaría la percepción que tienen las empresas de tratar con interlocutores institucionales con una naturaleza esquizofrénica.

-Hay que incentivar que las administraciones públicas refuercen sus capacidades institucionales para planificar, controlar y evaluar las colaboraciones público privadas estándar (contratos y externalizaciones). Hay que formar a los empleados públicos en el dominio del mercado privado, en conocimientos materiales de cada sector, en técnicas de planificación, control y evaluación de redes privadas complejas, etc. Un mejor conocimiento de cómo opera el sector privado por parte de los empleados públicos va a fomentar que las administraciones públicas puedan ejercer su rol de principal y aporten seguridad material y jurídica a las empresas privadas. Unos objetivos claros, unos sistemas de control rigurosos y sistemáticos contribuyen a generar mayor confort y seguridad a las empresas privadas.

-También hay que formar a los empleados públicos en ética pública y en formación preventiva para evitar potenciales capturas (un mejor conocimiento del sector privado puede fomentar capturas inerciales sin que haya mala fe). 

En las empresas privadas proveedoras de servicios públicos habría que implantar las siguientes mejoras:

-Mejorar sus capacidades organizativas para que sus directivos y empleados conozcan mucho mejor las peculiaridades y dinámicas de las administraciones públicas. Las empresas privadas deben conocer mucho mejor las condiciones y condicionantes internos y externos en los que operan tanto los políticos como los empleados públicos. El desconocimiento mutuo es la fuente de la mayor parte de desencuentros y desconfianzas.

-Los directivos y empleados tienen que ser conscientes que, al trabajar en empresas proveedoras de servicios públicos, deben incorporar valores y una ética similar a las del sector público. Estas empresas coparticipan y contribuyen, al trabajar para el sistema público, en la defensa del bien común y del interés general que suponen una complejidad que van mucho más allá de un negocio entre empresas. El negocio con la Administración tiene unos componentes específicos que hay que conocer. Sirva como ejemplo, que en la prestación de servicios públicos no interaccionan solo con clientes sino con ciudadanos que poseen una cartera de derechos y de obligaciones que van más allá de una simple relación prestacional.

-Las empresas proveedoras de servicios públicos deben gestionar su sistema de recursos humanos de una manera distinta a una empresa que opera solo en y para el sector privado. Sus empleados públicos deben poseer también valores públicos, disfrutar de una cierta estabilidad que favorezca la profesionalidad y la continuidad en la gestión de los servicios públicos (por ejemplo, un problema típico del que se quejan muchas administraciones públicas es la excesiva movilidad y rotación de los empleados privados con los que interaccionan). En ningún caso se trata de contaminar a las empresas privadas con el barroco y anticuado sistema de gestión de recursos humanos de carácter público, pero deben tener presente que no pueden gestionar su personal del mismo modo que si solo trabajaran para el sector privado.

Beneficios privados

Es legítimo que las empresas privadas proveedoras de servicios públicos obtengan beneficios. Pero también tienen que ser conscientes que operan en una lógica de defensa del bien común y del interés general y que los recursos económicos que los alimentan son de todos los ciudadanos. En este sentido estas empresas no deben operar con la misma lógica que en el sector estrictamente privado en el que es legítimo maximizar los beneficios. En la colaboración público privada los beneficios privados deberían ser razonables y no ser excesivos ya que si no se rompe la lógica de confianza con las instituciones públicas y con la sociedad en general.

Implantar estas medidas podría contribuir a restablecer los puentes, ahora inestables, entre la gestión pública y la gestión privada. Renovar las lógicas de colaboración pública privada va a favorecer un debate más sereno tanto a nivel político, como funcionarial y también social sobre en qué ámbitos deben primarse estas lógicas de colaboración y en que ámbitos deben quedar en las exclusivas manos de la Administración. Las presiones escasamente serenas para externalizar o para republificar de manera poco reflexiva son perversas para fomentar la modernización de la gestión pública con o sin la colaboración del sector privado. Por otra parte, la expectativa que el país entre en la senda de los denominados partenariados público-privados, muy utilizados en los países más desarrollados, va a seguir casi inédita. Si no somos capaces de colaborar por la vía simple de los contratos y de las externalizaciones es imposible que podamos avanzar con sistemas más profundos de colaboración público privada. Los partenariados público-privados solo pueden funcionar con una gran complicidad y lealtad entre el sector público y el privado y con unas reglas del juego muy claras. Ambos sectores se relacionan en este caso de manera simétrica e implica que comparten de manera paritaria las decisiones, los riesgos y los beneficios (económicos y en valor público). Con el actual ambiente institucional y empresarial estos mecanismos son actualmente una quimera.