Revista de prensa. Infolibre.- El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en
el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas
adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial, ha
informado Europa Press.
Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y
PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su
paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como
salió el pasado mes de julio del Congreso.
El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por
el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de
febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó
el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir
y acordar cambios en la norma.
Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la
última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención
del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido
introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.
De este modo, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más
transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor
protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más
importante de las cláusulas sociales.
¿Calidad antes que precio?
Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas
sociales, tal y como mandaba la propia directiva comunitaria, partidos de
izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado
con mayor detalle durante el trámite parlamentario.
También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado
se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para
potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primen determinados
aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.
Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los
contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se
consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros
para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros
y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.
Un supervisor de la contratación pública
Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales
reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de
un organismo de control de la contratación pública, la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la
formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir
recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.
De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) -en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente,
se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de
la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años,
rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo
causas justificables ya tasadas.
Igualmente, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación,
que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación
pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en
las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán
específicamente la contratación pública.
Licitaciones más abiertas
Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir
modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en
los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un
mayor número de empresas.
Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los
grandes contratos -en caso de que no sea posible la Administración deberá
justificarlo-, también flexibiliza los requisitos de solvencia a las
características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las
sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como
sucedía hasta ahora.
Mayor protección de los trabajadores
Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los
derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas
ocasiones las empresas se descolgaban en los concursos de los
convenios laborales para presentar ofertas más baratas.
A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones
salariales recogidas en los convenios sectoriales, materia que ha sido muy
debatida en los últimos tiempos por la reducción de salarios a trabajadores de seguridad
privada. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos
de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los
trabajadores que participen en la prestación del servicio.
A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como
el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia
especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado
a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000
euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso
especial en materia de contratación.
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