lunes, 31 de marzo de 2025

Llamamiento a Europa: por una fuerza militar disuasoria común

La UE tiene que reforzar y unir sus ejércitos para seguir siendo un actor con peso político en el escenario global. Pero esto solo se puede defender si se da un paso adelante en la integración europea

Revista de prensa. Por Jürgen Habermas. El País opinión.-  No es que los principales responsables políticos nacionales de Occidente —y, en un sentido más amplio, de los países del G-7— hayan estado siempre en perfecta sintonía en sus perspectivas políticas; pero siempre compartieron ese común entendimiento de fondo respecto a su pertenencia “al” Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos. Este pilar político se ha desmoronado con la reciente llegada al poder de Donald Trump y el consiguiente cambio de sistema en EE UU, aun cuando formalmente el destino de la OTAN de momento siga siendo una incógnita. Desde una perspectiva europea, esta ruptura de época tiene consecuencias de gran calado, tanto para el desarrollo y posible final de la guerra en Ucrania como para la necesidad, la disposición y la capacidad de la Unión Europea de encontrar una respuesta que nos salve ante esta nueva situación. De lo contrario, Europa también se verá arrastrada por la vorágine producida por la superpotencia en declive.

La triste relación entre estos dos preocupantes temas se debe a la incomprensible miopía de la política europea. Es difícil entender por qué los líderes políticos europeos, especialmente los de la República Federal de Alemania, no vieron venir o, al menos, por qué se hicieron los ciegos ante una conmoción del sistema democrático que ya se venía gestando en Estados Unidos desde hacía tiempo. Después de que el Gobierno estadounidense no hiciera ningún intento de evitar mediante negociaciones el ataque ruso, que se había visto venir con el despliegue de tropas, se hizo necesaria la ayuda militar para preservar la existencia del Estado de Ucrania. Pero lo que resultó incomprensible fue que los europeos, en la engañosa suposición de que la alianza con Estados Unidos estaba intacta, se pusieran completamente en manos del Gobierno ucranio, es decir, que sin sentar objetivos propios y sin orientación propia se prestaran a apoyar incondicionalmente la estrategia bélica ucrania.

Un error político tanto o más imperdonable todavía fue que la República Federal de Alemania, confiando ciegamente en la “unidad de Occidente”, eludiera una y otra vez el desafío, ya evidente desde hacía tiempo, de reforzar la capacidad de acción internacional de la Unión Europea. Por eso resulta angustiante la limitada perspectiva desde la que se debate el inusual esfuerzo en curso por rearmar al ejército alemán en un clima de acalorada crispación contra Rusia. Esto reaviva viejos prejuicios. Porque con este rearme, planificado a largo plazo, de lo que se trata no es directamente del destino de Ucrania, que en este momento es particularmente incierto y que causa una preocupación más que justificada, ni tampoco de un posible o imaginario peligro actual para los países de la OTAN proveniente de Rusia. El objetivo general de este rearme es más bien la autoafirmación existencial de una Unión Europea a la que Estados Unidos posiblemente va a dejar de proteger en una situación geopolítica que se ha vuelto impredecible.

La extravagante actuación y el desconcertante discurso del reelegido presidente Donald Trump durante la toma de posesión de su cargo fueron un golpe de efecto que hizo añicos las últimas falsas ilusiones sobre la estabilidad de la potencia líder que es Estados Unidos, incluso en países como Alemania o en la vecina Polonia. Mientras que al menos Michelle Obama fue lo suficientemente inteligente como para no exponerse al espectáculo de este evento fantasmagórico, los expresidentes asistentes tuvieron que soportar impávidos los insultos. La evocación fantasiosa de una nueva edad de oro y los ademanes narcisistas del orador causaban en un telespectador desprevenido, acostumbrado a las ceremonias de investidura de anteriores jefes de Gobierno, la impresión de estar asistiendo a la exposición clínica de un caso psicopatológico. Pero el estruendoso aplauso de la sala y el asentimiento expectante de Musk y los demás magnates de Silicon Valley no dejaron lugar a dudas sobre la determinación del círculo interno de Trump de llevar a cabo la remodelación institucional del Estado según el plan de acción de la Heritage Foundation, conocido desde hacía tiempo. Como siempre, una cosa son los objetivos políticos y otra su realización. Los ejemplos europeos, como la Hungría de Orbán o el régimen de Kaczyński en Polonia, ahora depuesto, solo se parecen a los planes de Trump en lo que respecta a la restricción estatista del ordenamiento jurídico.

Las primeras medidas del nuevo presidente se han centrado en la electoralmente efectiva deportación de inmigrantes ilegales que, en muchos casos, llevaban décadas viviendo en el país. A esto le siguió el cierre, problemático desde una perspectiva jurídica, de importantes programas de ayuda internacional. No es casualidad que estas primeras intervenciones en el aparato administrativo federal, en gran medida ilegales, estén dirigidas por Elon Musk, nombrado comisario “de eficiencia”, quien, tras adquirir Twitter, ya había “saneado” esta organización con un estilo similar. Estas medidas iniciales evidencian el objetivo político de mayor alcance, consistente en un desmantelamiento radical de la Administración estatal, y apuntan a una política económica libertaria. Pero esta caracterización se queda corta, ya que es de esperar que el adelgazamiento del Estado, a largo plazo, siga seguramente de la mano de un cambio a una tecnocracia gestionada digitalmente.

En Silicon Valley llevan tiempo con este sueño libertario de abolición de la política: esta debe ser reconducida a un modo de gestión empresarial dirigida por nuevas tecnologías. Aún no está nada claro cómo estas ideas de largo alcance van a poder ser compaginadas con el estilo de actuación de Trump, con una política de decisiones arbitrarias sorprendentes y desvinculada de las normas establecidas. No solo resulta desconcertante el estilo del dealmaker, de carácter imprevisible, que actúa por interés nacional a corto plazo. Como en el caso de la fantasía obscena de agente inmobiliario sobre la reconstrucción de la desolada Franja de Gaza, es la irracionalidad de esta persona, cuya imprevisibilidad probablemente sea intencionada, la que podría chocar con los planes a largo plazo del vicepresidente o de sus nuevos amigos tecnócratas.

El nuevo tipo autoritario de la era digital no tiene nada que ver con el fascismo histórico

Lo más difícil de predecir es la implementación política del cambio de régimen planeado y puesto en marcha, que, manteniendo a nivel formal una constitución de facto vaciada de contenido, ha de conducir a una nueva forma de dominación tecnocrática y autoritaria. Dado que los problemas que requieren regulación política son cada vez más complejos, un régimen de este tipo respondería a la creciente necesidad de una población despolitizada y aliviada de decisiones políticas trascendentales de disponer de un sistema que funcione por sí mismo. La ciencia política ya lleva tiempo reflejando esta tendencia en su terminología, al hablar de democracias “reguladoras” de forma eufemística. En estos casos, basta la mera celebración formal de elecciones democráticas, con independencia del grado de participación real de votantes informados en un proceso de formación de opinión. Este nuevo tipo de dominación no tiene ninguna similitud con el fascismo histórico. En Estados Unidos no se ven tropas uniformadas, sino una vida normal, salvo un reducido grupo de hordas alborotadoras como las que asaltaron el Capitolio hace cuatro años animadas por su presidente y que después sus miembros fueron indultados del delito de alta traición. Aún son criterios sociales y culturales más o menos inequívocos los que dividen a la población en dos bandos políticos prácticamente iguales. Los procesos judiciales por las flagrantes violaciones de la Constitución por parte del Gobierno todavía se encuentran en los tribunales de primera instancia. La prensa aún no está uniformada, aunque, en parte, se haya adaptado a las nuevas circunstancias. Se están gestando aún las primeras resistencias en las universidades y en otros ámbitos culturales. Pero no hay duda de que este Gobierno actúa con rapidez.

Este giro era previsible desde hacía tiempo. A principios de los años noventa, con el programa de George H. W. Bush, Estados Unidos se encontraba sin duda en el cénit de una superpotencia: era perfectamente plausible que Occidente pudiera entonces impulsar el régimen de los derechos humanos en todo el mundo. El fin de la Guerra Fría había hecho albergar esperanzas en el florecimiento duradero de una sociedad mundial pacificada. En aquella época surgieron nuevos sistemas democráticos en muchos lugares del mundo. Las intervenciones humanitarias eran un tema importante, aunque los intentos exitosos no llegaran a consolidar su éxito a largo plazo. En 1998 se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La guerra de Kosovo había desencadenado los debates que llevaron al reconocimiento de la “responsibility to protect” [la responsabilidad para proteger]. Pero esta perspectiva idealista cambió a principios del nuevo siglo con la investidura de Gobierno de George W. Bush, que había accedido al poder gracias a una dudosa sentencia del Tribunal Supremo contra Al Gore [sobre el recuento de los votos en Florida]. Y con los atentados terroristas del 11 de septiembre, la posterior declaración de la “guerra contra el terror”, con controvertidas restricciones de los derechos fundamentales y un aumento de los controles en todo el país, el clima político de Estados Unidos cambió radicalmente. Este tenso clima fue el telón de fondo de la agresiva toma de posición contra el “eje del mal” y de la invasión de Irak violando el derecho internacional, de la autorización de prácticas de tortura, del establecimiento de Guantánamo y, en general, del intento de una movilización agresiva de Occidente.

No, una vez destruidas, las instituciones no se pueden restaurar sin más

Después de que Bush fuera reelegido a pesar de todo, este primer mandato pudo percibirse como el punto de inflexión que más tarde resultó ser. Desde entonces, hay voces que hablan del declive de la superpotencia. La elección de Barack Obama, el primer presidente negro, aclamado a escala nacional e internacional, no supuso el cambio esperado. Durante su mandato se impuso también la práctica, cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, de ejecutar a personas consideradas “enemigas” en cualquier lugar del mundo mediante drones teledirigidos. Y, a más tardar, la victoria en 2016 de un tipo errático como Donald Trump, que en su momento todavía provocó protestas, tendría que haber puesto de manifiesto la fractura político-cultural del electorado, que obviamente tenía causas socioeconómicas más profundas.

Esta elección, a esas alturas, tendría que haber centrado la atención de los europeos en la convulsión de las instituciones políticas en Estados Unidos. Y es que la infiltración plebiscitaria del Partido Republicano, iniciada a finales de los años noventa, había acabado por hundir un sistema bipartidista estable. Hoy en día se ve que instituciones como esta, en largo proceso de descomposición, no pueden ser restauradas en el transcurso de una legislatura, incluso si la propuesta de Trump volviera a fracasar en las próximas elecciones. No menos alarmante es la politización del Tribunal Supremo, que, por ejemplo, absolvió a Trump, justo antes de su reelección, en un caso cometido durante su primer mandato, alegando que los presidentes no pueden ser procesados a posteriori por un delito cometido durante el ejercicio de su cargo. Este veredicto abre las puertas a la política sin consideraciones y errática de Trump en la actualidad.

Será necesario que pase el tiempo para que los historiadores puedan emitir un juicio sobre las interpretaciones encontradas de los antecedentes y de la posible evitabilidad de la invasión rusa de Ucrania. Sea cual sea el veredicto, la situación política después del 23 de febrero de 2022 era inequívoca: con la ayuda de EE UU, Europa tenía que acudir en ayuda de la Ucrania atacada con la suficiente rapidez para preservar su existencia como Estado. Pero en lugar de agitar banderas y gritar consignas de guerra y de aspirar a la victoria sobre una potencia nuclear como Rusia, habría sido más apropiado reflexionar de forma realista sobre los riesgos de una guerra prolongada. Faltó la consideración crítica del peligro de una ruptura con el sistema económico mundial existente y con una sociedad global hasta entonces más o menos equilibrada. También en interés propio, se debería haber intentado lo antes posible entablar negociaciones con esta potencia imperial irracional y desde hace mucho en declive que es Rusia para alcanzar un acuerdo aceptable para Ucrania, pero esta vez garantizado por Occidente. Ya el primer día de la invasión rusa, la consideración sobria de la fecha de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses debería haber convencido a los europeos de la fragilidad de la ya tambaleante Alianza Atlántica.

Para un individuo medianamente ilustrado de mi generación, el triunfalismo autocomplaciente sobre la unidad de Occidente y sobre el resurgimiento de la capacidad de actuación de la OTAN, ya dada por muerta, resultaba fantasmagórico. Igualmente desconcertante era la insensibilidad pública ante el estallido de violencia militar en Europa. Parecía haber desaparecido toda sensibilidad hacia la violencia disuasoria de las guerras y hacia el hecho de que las guerras surgen con facilidad, pero son difíciles de acabar.

Tanto mayor es el espanto en la actualidad al ver cómo el congraciamiento sin principios de Trump con Putin divide a Occidente y pone en tela de juicio el fundamento normativo, invocado con razón, de la ayuda a Ucrania. Aunque los aliados, burlados, puedan seguir justificando su intervención con buenas razones de derecho internacional, ahora, abatidos, ven cómo su éxito depende de la cruda política de poder de Trump. Esto ya lo mostraron los pocos días que Estados Unidos interrumpió su apoyo logístico en el frente de Kursk. Así, Inglaterra y Francia tuvieron que abstenerse a regañadientes en el Consejo de Seguridad ante una moción sobre Ucrania que Estados Unidos había acordado conjuntamente con Rusia y China. Mientras Francia subraya la necesidad de que la Unión Europea solo puede independizarse de Estados Unidos en materia de política de seguridad con la ampliación de su paraguas nuclear a todos los Estados miembros, el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirma ante Ucrania la promesa de ayuda, que se ha vuelto más tímida, con una coalición de 30 Estados más o menos dispuestos a apoyar. Por cierto, parece que, cuando se habla de esta “coalición de voluntarios”, a nadie le molesta que se adopte un nombre que George W. Bush introdujo para su guerra al margen del derecho internacional. Resulta desconcertante que la Unión Europea no represente ningún papel político de peso en las negociaciones sobre un posible alto el fuego. Son Estados Unidos y Rusia y, en el mejor de los casos Inglaterra y Francia, los que están negociando sobre y con la propia Ucrania.

¿Sigue EE UU siendo un superpoder? Parece que Trump tiene sus dudas

En cualquier caso, el cambio de rumbo de Estados Unidos con respecto a Rusia, sea cual sea su resultado, no es más que un giro sorprendente en una nueva situación geopolítica que se venía gestando desde hace tiempo y que se ha agudizado con el conflicto de Ucrania. Con independencia del éxito que tenga, parece que, con su acercamiento a Putin, Trump admite que, a pesar de su superioridad económica, Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial y, en cualquier caso, ha renunciado a la pretensión política de ser una potencia hegemónica. La guerra de Ucrania no ha hecho más que acelerar la reconfiguración de las fuerzas geopolíticas: el innegable ascenso global de China y los éxitos a largo plazo del ambicioso proyecto de la Ruta de la Seda de un Gobierno chino con una estrategia inteligente, las ambiciosas pretensiones de la India, su rival, y, por último, las crecientes ambiciones políticas mundiales de potencias medianas como Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí y otros países. La región del Sudeste Asiático está experimentando cambios similares. No es casualidad que la publicación de obras sobre el reordenamiento de un mundo multipolar haya aumentado de manera notable en la última década. Este cambio en la situación geopolítica, solo agravado por la división de Occidente, sitúa el actual rearme de la República Federal de Alemania en una perspectiva muy diferente a la que sugieren las especulaciones sobre una amenaza actual de Rusia hacia la UE.

En mi opinión, el clima anímico en Alemania, impulsado también por una formación de opinión política unilateral, se ha dejado arrastrar al remolino de una hostilidad recíproca frente a la agresión. Por supuesto, la última resolución del Parlamento alemán cesante es también una señal inequívoca de determinación para no permitir que Ucrania sea víctima de un acuerdo adoptado sin su consentimiento. Pero el rearme alemán, planificado a más largo plazo, persigue sobre todo otro objetivo: los países miembros de la Unión Europea deben reforzar y unir sus fuerzas militares, porque de lo contrario dejarán de contar políticamente en un mundo en proceso de cambio geopolítico y en desintegración. Solo siendo una Unión con capacidad de actuación política autónoma los países europeos podrán hacer valer de forma efectiva su peso económico global común en defensa de sus convicciones normativas y de sus intereses.

Desde Merkel, Alemania ha castigado con ignorancia los esfuerzos de Francia

En este contexto, se plantea una cuestión de la que nadie ha hablado hasta ahora: ¿puede la UE ser percibida a escala global como un factor de poder militar independiente mientras que cada uno de sus Estados miembros pueda decidir soberanamente, en última instancia, sobre la estructura y el uso de sus fuerzas armadas? Solo con capacidad de acción colectiva, también en lo que respecta al uso de la fuerza militar, ganará independencia geopolítica. Esto, por supuesto, plantea una tarea del todo nueva para el Gobierno alemán. En efecto, tendrá que superar un umbral político de la integración europea que el Gobierno alemán bajo Schäuble y Merkel siempre insistió en evitar, por no hablar de la ignorancia y la pasividad del Gobierno de coalición tripartito en materia europea. ¡Y todo ello en el contexto de los esfuerzos que Francia, nuestro vecino, lleva realizando desde hace muchos años!

Por razones históricas comprensibles, los Estados miembros nuevos y no tan nuevos del este y noreste de la Unión Europea que más reclaman la fortaleza militar son precisamente los menos dispuestos a ello. Por lo tanto, en este caso también, la cooperación más estrecha que los tratados de la Unión permiten a las partes dispuestas de entre sus miembros tendrá que partir más bien de los países del núcleo histórico de la UE. Una enorme tarea en la que Friedrich Merz podría crecer de forma inesperada, precisamente porque la confianza de la población en su capacidad de liderazgo no es que sea abrumadora.

Pero la ola de rearme está provocando reacciones muy diferentes. Y no solo de los de siempre, que celebran el nacionalismo, ya superado históricamente, como si fuera una virtud atemporal, sino también de los políticos que quieren reanimar a una juventud, que con buenas razones ya es posheroica, recuperando el servicio militar obligatorio. Y esto en países que, por buenas razones, casi todos hace tiempo que abolieron o suspendieron el servicio militar obligatorio. En esta abolición del servicio militar obligatorio se refleja un proceso de aprendizaje con el trasfondo de la historia universal, a saber, la convicción, nacida en los campos de batalla y en los sótanos de la Segunda Guerra Mundial, de que ese ejercicio asesino de la violencia es inhumano, aunque, sin duda, esta solución última de los conflictos internacionales, desde el punto de vista político, sin duda solo pueda ser abolida paso a paso. Me asusta ver desde qué sectores, de manera irreflexiva o incluso expresamente con el objetivo de reavivar una mentalidad militar que se creía superada con razón, se está apoyando al Gobierno alemán, que ahora se dispone a llevar a cabo un rearme sin precedentes del país.

Las razones políticas que he mencionado para justificar el fortalecimiento de una fuerza militar disuasoria común de la Unión Europea solo las puedo defender bajo la reserva de que se dé un paso adelante en la integración europea. Para justificar esta reserva debería bastar la idea con la que se fundó y se construyó la antigua República Federal de Alemania: ¿qué sería de una Europa en cuyo centro el Estado más poblado y con mayor poder económico se convirtiera además en una potencia militar muy superior a todos sus vecinos, sin estar integrado de forma obligatoria por el derecho constitucional en una política exterior y de defensa europea común sujeta a decisiones mayoritarias?

viernes, 28 de marzo de 2025

La cruzada antiburocrática que viene desde el otro lado del Atlántico

"La Administración Trump olvida palmariamente aquella máxima de Hamilton, reflejada en distintos pasajes de El Federalista, de que no puede haber un buen Gobierno donde no hay una buena Administración"

Por Rafael Jimenez Asensio. Hay Derecho blog.- Cualquier reflexión sobre la transformación de la Administración Pública debe tener actualmente en cuenta el complejo contexto político y existencial que se ha abierto en el sector público en estos últimos meses. Frente a la innegable necesidad objetiva de transformar unas Administraciones Públicas cada vez con más focos de mala administración, en términos de desgobierno, gasto público ineficiente y de mala prestación de servicios a la ciudadanía, es necesario invertir decididamente en una Gobernanza efectiva como medio de fortalecer unas organizaciones y un sistema burocrático que muestran síntomas evidentes de agotamiento o de fatiga de materiales. 

Tampoco la Nueva Gestión Pública supo resolver estos problemas, y menos aún en España donde solo se aplicaron sus aspectos más neoliberales (privatizaciones y externalizaciones), sin que fuéramos nunca capaces de articular una dirección pública profesional que actuara en un marco de responsabilidad gerencial. Así las cosas, en el sector público español el déficit organizativo y de profesionalización e imparcialidad de sus estructuras burocráticas es manifiesto. Y va a más. Si nadie lo detiene. La reciente novela de Sara Mesa (Oposición, Anagrama, 2025) es, desde una entretenida y, a veces, esperpéntica visión, una clamorosa denuncia del mal funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Aquí nuestra reseña de esta novela.

Este evidente déficit estructural de nuestro sector público, con bajas capacidades administrativas y liderazgos ejecutivos cautivos de la política, nos sitúa en una posición de marcada fragilidad frente al feroz ataque que desde el otro lado del Atlántico se está lanzando contra la burocracia estatal (la función pública o el servicio civil), acusándola de innumerables disfunciones, ineficiencias sinfín, burocratismo enfermo o de obesidad mórbida, dispendio de recursos públicos, falta de agilidad e incremento de cargas administrativas, una regulación inflacionaria y cosas por el estilo. En el caso español, resulta más complejo buscar argumentos que frenen ese discurso populista e iliberal, que bajo su simplismo aparente y también por excesos cometidos (véase al efecto el libro de Dunkelman, Why nothing works o «Por qué nada funciona»; y la magnífica entrevista en El Confidencial, realizada por Ángel Villarino), está tomando fuerza al otro lado del Atlántico. El objetivo último de la actual Administración estadounidense es, sin duda, el brutal y directo cuestionamiento de los sistemas burocráticos tradicionales por el tándem Donald Trump/ Elon Musk, mediante la creación de esa estructura atípica que se denomina Departamento de Eficiencia Gubernamental (surgida a partir del Servicio Digital de Estados Unidos, creado por Obama, una agencia que ha dado cobertura a ese Caballo de Troya), cuyo fin confesado es reducir drásticamente el papel del sector público y de su burocracia en aras -se dice- a contener el déficit presupuestario en dos billones de dólares hasta mediados de 2026, el 4 de julio, cuando se conmemoren los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos; momento en el cual, se concluye, la Administración Federal Estadounidense estará ya refundada sobre bases completamente nuevas. Los motivos no confesados parecen ser otros: por un lado, eliminar el saber experto (Tom Nichols, 2025); por otro, restaurar el spoils system, sobre todo en la alta Administración y alta función pública, cuyos directivos tienen una impronta marcadamente demócrata (Noah Smith, 2025); y, en fin, ese desmantelamiento de la burocracia tradicional pretende asimismo eliminar los frenos internos al poder discrecional del ejecutivo y alimentar  la externalización (debilitando los controles internos), y quién sabe sí también una introducción intensiva de la automatización y de la Inteligencia Artificial sustituyendo al trabajo humano y ofreciendo nichos de negocio a las grandes tecnológicas. Este proceso desconocemos cómo terminará; pero sí sabemos que sus primeros pasos ponen de relieve que la función pública profesional e imparcial y la dirección profesional son instrumentos a destruir o ningunear.

Esta operación, que también se vende como transformación, nos advierte que un proceso mal diseñado y conducido de aparente eficiencia gubernamental, puede tener un alto contenido de regreso al pasado, y resultar una suerte de transformación inversa. De hecho, algunas de las tesis que alimentan esa estrategia están inspiradas en el ideario populista del presidente Andrew Jackson (1829-1837), alma máter del spoils system estadounidense que, si bien corregido por la Pendleton Act de 1883, al implantar el sistema de mérito en la función pública, no se asentó hasta bien entrado el siglo XX. Otras beben de fuentes contaminadas como retroalimentar la corrupción pública, endémica durante largos períodos de la existencia de los Estados Unidos, o de mirar hacia otro lado en los evidentes conflictos de intereses. Y hay tesis que derechamente van encaminadas a aplicar el transhumanismo también en la prestación de los servicios públicos en todo lo que sea posible. Veremos cómo evoluciona (o mejor dicho, involuciona) este proceso.

El problema central es que se ha impuesto en la agenda política estadounidense una suerte de cruzada antiburocrática, con precedente en la Argentina de Milei y su difundida imagen de «la motosierra», que puede tener letales efectos de emulación, pues ese discurso populista, libertario e iliberal, está calando en segmentos importantes de la ciudadanía que -abrazando discursos demagógicos- censuran el mal funcionamiento burocrático, que algunas veces es cierto por incompetencia, desdén o imprudencia en gestionar lo público; pero que conviene no generalizar gratuitamente, lo que requiere reforzar las estrategias de transformación del sector público en clave de gobernanza robusta, como medio de legitimar con fuerza el importante papel de una Administración pública profesional, imparcial y efectiva en el funcionamiento del Estado Liberal Democrático de Derecho, al servicio de la ciudadanía. Un reto importantísimo, puesto que Estado Liberal Democrático de Derecho y Administración profesional e imparcial van de la mano. Y el ataque al Poder Judicial es el siguiente paso.

Cabe concluir. Si ha sido siempre importante impulsar una gobernanza robusta para lograr el buen gobierno de las instituciones y de las Administraciones Públicas, la cruzada antiburocrática, de fuerte oleaje, que golpea desde hace muy poco tiempo las democracias occidentales y, particularmente, también la española, obligan necesariamente a multiplicar los esfuerzos en esta dirección, tomándose en serio ese enorme desafío. La Administración Trump olvida palmariamente aquella máxima de Hamilton, reflejada en distintos pasajes de El Federalista, de que no puede haber un buen Gobierno donde no hay una buena Administración.

Las Administraciones públicas y también sus sistemas burocráticos deben abandonar su zona de confort, en la que se encuentran cómodamente asentadas desde hace varias décadas. Desde hace algunos años se viene hablando de Administración defensiva, como aquella que da primacía a los intereses endogámicos del sector público y subordina en ocasiones la atención a la ciudadanía como foco central de la acción administrativa, difuminando así la razón existencial de lo público y pervirtiendo su sentido. Sus efectos son palpables. Y a ello no solo ha contribuido un corporativismo rancio, sino también un sindicalismo público voraz, que ha perdido la brújula de para qué sirve la Administración. Pero, junto a esta tendencia, también se advierte la emergencia de una Política (agresivamente) defensiva, que, entre otras cosas, ha hecho bandera de un mensaje antiburocrático, caricaturizando el papel de la función pública, así como poniendo en entredicho su papel institucional, y que rompe literalmente el ecosistema público de la democracia liberal en lo que afecta al equilibrio entre política y gestión, poniendo en peligro la función existencial de la Administración Pública.

En tal sentido, apostar por una gobernanza robusta en el ámbito del sector público, que refuerce en serio (no de mentiras) el Gobierno Abierto, el alineamiento política-gestión, supere las tradicionales estructuras divisionales o departamentales por estructuras de misión o proyectos, abogue por una dirección y una función pública íntegras, profesionales e imparciales, lleve a cabo una digitalización inclusiva y una verdadera simplificación de procedimientos y trámites, junto con una regulación inteligente, clara, diligente y efectiva, es imprescindible para apuntalar la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en Administraciones públicas que sean efectivas. La apuesta es crucial, pues hoy en día el actual ecosistema político-administrativo está amenazado por parte del populismo iliberal y por las crecientes autocracias, que solo buscan destruir la democracia y, como parte de ella, los sistemas burocráticos profesionales e imparciales, así como politizar más aún y ocupar con total descaro la alta Administración. Un asunto demasiado serio, por la vuelta atrás que todo ello implica. Construir una Administración imparcial y sometida a la legalidad fue tarea compleja. Llevó mucho tiempo. Regresar al pasado nunca es bueno. Menos a ese.

miércoles, 26 de marzo de 2025

La pública diferencia: el papel de las universidades para mejorar la movilidad social

"Lo importante es tener instituciones públicas de élite, que permitan formar otro tipo de élites basadas en las capacidades personales, y no en el privilegio heredado"

Por Antonio Cabrales. Nada es Gratis blog.-  Hace unos días El Mundo reflejaba unos datos del SIUU sobre colocación y salarios de los egresados de las universidades españolas y me preguntaba la autora del artículo cómo es posible que las universidades públicas, que tienen en general mejores profesores salgan mal paradas. De hecho, esto es cierto, si miramos una titulación con salidas, digamos derecho. Por ejemplo, los egresados en esa titulación de la universidad pública con mayores salarios (y la mejor de todas en el ranking de El Mundo) tienen un salario menor que los de varias universidades privadas. Es decir, el efecto no es solamente de composición de titulaciones, aunque en el agregado eso también afecta. Mi respuesta fue que, en primer lugar, no todas las universidades públicas (o privadas) son iguales. El mercado distingue algo, porque si uno mira los salarios de egresados de las públicas, en general tienden a correlacionar bien con los rankings de prestigio por disciplina (QS, el propio de El Mundo). Pero aparte de esa capacidad, la literatura muestra que los contactos son importantes para encontrar trabajo y que las personas que pueden permitirse una universidad privada por lo general tienen mejores contactos.

Hoy quería hablarles de las implicaciones que pueda tener que esta tendencia dominante en términos laborales continúe, mirando lo que ha pasado en Estados Unidos. Comentaré un artículo de Chetty, Deming y Friedman que estudia justamente los efectos de las admisiones a universidades privadas americanas selectivas. En concreto, el estudio investiga la composición socioeconómica de los estudiantes en universidades privadas de élite y el impacto de la admisión en el éxito social futuro. Los autores analizan si estas instituciones contribuyen a la movilidad social o perpetúan los privilegios.

El estudio utiliza un conjunto de datos que vincula múltiples fuentes. Por un lado los datos administrativos del impuesto sobre la renta para conocer los ingresos familiares y los ingresos de los estudiantes después de la universidad. Por otro, datos de admisión de universidades privadas y públicas selectivas, incluyendo la puntuación de los exámenes estandarizados (SAT y ACT) que se utilizan para las decisiones de admisión y sirven como medida de las capacidades de los estudiantes antes de llegar a la universidad. Son datos de 2,4 millones de estudiantes y permiten a los autores analizar los patrones de solicitud, admisión y matriculación en universidades privadas de prestigio, a las que llaman Ivy-Plus (las Ivy League, más Stanford, MIT, Duke y la Universidad de Chicago) en comparación con universidades públicas de renombre.

Los autores se hacen varias preguntas importantes. Primero, a qué se debe la mayor representación de estudiantes de altos ingresos en las universidades de la Ivy-Plus. Además si asistir a una universidad de la Ivy-Plus tiene un efecto causal en el éxito a largo plazo. Finalmente, cómo influyen las políticas de admisión en la diversidad económica de estas instituciones.

La primera pregunta ya tiene una respuesta interesante, al descomponer el proceso de admisión universitaria en tres etapas. En solicitudes, observan que los hijos de familias con altos ingresos solicitan admisión con una tasa ligeramente mayor que los estudiantes de ingresos medios con resultados comparables en las pruebas. Por tanto, no es un factor muy importante. Por otro lado, el principal factor de desigualdad es que los estudiantes del 1% superior de renta tienen un 58% más de probabilidades de ser admitidos que los estudiantes de clase media con los mismos resultados en los exámenes estándar SAT/ACT. Por último, los estudiantes admitidos de familias con renta alta se matriculan con mayor frecuencia, especialmente a través de los “programas de admisión anticipada”, que benefician desproporcionadamente a los solicitantes con mayores recursos.

Dado que el factor esencial es la admisión, los autores desglosan los tres mecanismos principales que favorecen a los solicitantes con altos ingresos. El primero es que los solicitantes cuyos padres asistieron a la universidad tienen cinco veces más probabilidades de ser admitidos. Además, observan que los solicitantes de escuelas secundarias privadas reciben calificaciones significativamente más altas en actividades extracurriculares y de liderazgo, a pesar de tener credenciales académicas similares. Por último, los estudiantes admitidos por la rama atlética provienen de familias de mayores medios en su mayoría.

Algo muy interesante es que estos factores no se correlacionan con el éxito postuniversitario, mientras que los factores académicas (notas del SAT/ACT, media de la escuela secundaria) son los predictores más sólidos de ingresos a largo plazo y roles de liderazgo. Por tanto, las ventajas de extracurriculares dan facilidades de admisión que se relacionan poco con la eficiencia.

Una vez examinado esto, se pasa a evaluar el efecto causal de asistir a universidades Ivy-Plus. Para hacer esta evaluación los autores comparan a los estudiantes admitidos aleatoriamente a partir de listas de espera con los rechazados, garantizando que los grupos sean estadísticamente similares, salvo por su resultado de admisión. Este diseño aísla el efecto de asistir a una universidad de prestigio de la autoselección estudiantil. Los resultados son llamativos. Asistir a una universidad de prestigio aumenta en un 60% la probabilidad de alcanzar el 1% de renta más alta. Los estudiantes de universidades de prestigio tienen el doble de probabilidades de asistir a escuelas de posgrado de élite. Tienen el triple de probabilidades de trabajar en empresas prestigiosas (por ejemplo, bufetes de abogados, consultoras o fondos de inversión de primer nivel). El efecto se concentra en alcanzar puestos de élite, no en aumentar los ingresos promedio de todos los estudiantes.

Un dato importante es que otros estudios no observaban efectos grandes (o incluso no encontraban efecto alguno) de asistir a estas universidades (por ejemplo Dale y Krueger o Ge, Isaac y Miller o Mountjoy y Hickman). La razón es que las investigaciones previas se centraron en las rentas medias en lugar de en los resultados profesionales de excelencia. Lo que demuestran Chetty, Deming y Friedman es que las universidades de élite sirven como puertas de entrada a las élites de poder en lugar de simplemente aumentar los ingresos.

Los autores sugieren una serie de reformas para mejorar la inclusividad del sistema, como eliminar las preferencias por hijos de exalumnos y deportistas, o dar ligeras preferencias a estudiantes de bajos ingresos con alto rendimiento.

Pero para mí lo esencial es que piden emular a las instituciones públicas emblemáticas, que no muestran un sesgo de admisión similar hacia los estudiantes adinerados. Yo francamente no creo que las universidades privadas vayan a reformarse. Si hacen lo que hacen, es por un motivo concreto. Estos estudiantes adinerados proporcionan muchos ingresos y no van a renunciar a ellos. Por tanto, lo importante es tener instituciones públicas de élite, que permitan formar otro tipo de élites basadas en las capacidades personales, y no en el privilegio heredado. Vamos, barriendo para casa, la pública diferencia, el lema que adoptó mi universidad hace tiempo.

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martes, 25 de marzo de 2025

Función Pública acuerda con los sindicatos que el personal laboral público pueda acceder a la jubilación parcial

En una reunión con CC OO y UGT, el ministro López pacta la incorporación de una tasa adicional que de pie a la aplicación de este derecho

Revista de prensa. Por Gorka R. Pérez. El País.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acordado con los representantes de los sindicatos CC OO y UGT este lunes la incorporación de “una tasa adicional” que permita que el personal laboral se pueda acoger a la jubilación parcial, según han anunciado ambos sindicatos a través de una nota conjunta. “De esta forma se da solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril”, señalan las centrales.

Respecto a esta tasa, CC OO y UGT -que por la tarde han participado en una segunda reunión en la que también ha estado presente CSIF-, han matizado que “no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado”, lo que daría pie a la convocatoria de más plazas de empleo público, y que de esta forma “se pueda aplicar la jubilación parcial”, al tiempo que se tiene “a alguien en sus puestos”. Además de la incorporación de esta tasa, en esta primera reunión también se ha acordado modificar la normativa vigente “para que no se pierda este derecho”. 

Una fuente sindical celebra el éxito del compromiso arrebatado al Gobierno, ya que recuerda que, pese a que es el Estatuto de los Trabajadores el que rige sobre el personal laboral amparando el acceso a esta modalidad de retiro anticipado, en la práctica no se estaba produciendo por la falta de personal público y la dificultad añadida para las Administraciones de encontrar un relevista a tiempo completo que ocupase el tiempo liberado, un requisito indispensable.

Pese a que el encuentro, demandado durante semanas por los sindicatos, ha dado comienzo a media mañana, y se ha extendido durante algo más de dos horas, este aspecto ha sido el único en los que los sindicatos CC OO y UGT (CSIF no había sido convocado) han logrado arrancar un compromiso al Gobierno.

El acercamiento vespertino tampoco ha sido especialmente fructífero, y fuentes conocedoras de la negociación detallan que no se ha profundizado en ninguna de las demás reclamaciones sindicales. Esto es, la aplicación de la revalorización salarial del 0,5% a la que el Gobierno se comprometió en el anterior acuerdo marco. Esta se ha abordado, pero desde el Ejecutivo se han limitado a señalar, como en anteriores ocasiones, que se llevará a cabo “en cuanto sea posible”. Las fuentes sindicales consultadas temen que esta alza sea tratada como un arma arrojadiza por parte del Gobierno para tratar de convencer al resto de fuerzas parlamentarias en su búsqueda de apoyos para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Del mismo modo, tampoco se ha puesto sobre la mesa ninguna senda de negociación inicial para definir los incrementos salariales de los más de tres millones de trabajadores públicos en los próximos años, toda vez que el anterior acuerdo caducó el pasado diciembre. “No se ha concretado nada, todo está en el aire”, confía una persona presente en el diálogo social, que advierte de que en anteriores ocasiones, frente a un escenario similar, se ha utilizado la figura del real decreto para aprobar subidas para los trabajadores públicos.

Pese al encuentro de este lunes, en CSIF afirman que estarán “vigilantes” y no descartan mantener el calendario de protestas callejeras que iniciaron el pasado miércoles frente a la sede de Hacienda y las delegaciones de Gobierno en distintas ciudades del país. CC OO y UGT, por su parte, reconocen en la nota emitida tras el primer encuentro que han instado al Gobierno “a aprobar lo antes posible la subida salarial del 0,5% pendiente”, sin especificar ningún plazo.

Pacto caduco

Ninguno de los dos encuentros de este lunes ha servido para desbloquear la última subida pendiente del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI que establecía una senda de mejoras salariales para el trienio 2022-2024, y que fue suscrito en octubre de 2022 entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CC OO y UGT, puesto que CSIF se quedó fuera. Esa subida, que estaba ligada al comportamiento del IPC durante el periodo referido, no había sido aplicada pese a haberse dado las circunstancias establecidas en el pacto -que la inflación acumulada en estos tres años fuera mayor al 8%-, y había quedado en el limbo desde que caducó el pacto en diciembre de 2024.

Esta parálisis ha molestado sobremanera a todos los sindicatos, especialmente a CSIF, que rechazó participar en el anterior acuerdo por considerar que los aumentos no corregían la pérdida de poder adquisitivo que venían arrastrando los trabajadores públicos. “Los empleados públicos han perdido un 9% de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y más de un 20% desde los recortes de 2010 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero”, ha recordado este sindicato tras la reunión de la tarde. El 0,5% pendiente de aplicación se estima que tendrá un coste aproximado de 700 millones de euros para las arcas del Estado.

Alzas automáticas

“No hay razón alguna para que no se aplique”, lamentó la semana pasada Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, que adelantó también la celebración de una movilización ante Hacienda para el próximo 8 de abril, martes, que no ha sido oficialmente desconvocada. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no dejen a un lado los derechos que tienen los trabajadores públicos por razones políticas internas”, se sumó también Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos.

La citación de Función Pública para este lunes también fue celebrada por CSIF, que exige, entre otras reclamaciones, no solo “aprobar cuanto antes la subida de este año y el 0,5% adicional, correspondiente a 2024″, sino que las subidas salariales que se aprueben a partir de ahora para este colectivo se produzcan ”de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)“.

lunes, 24 de marzo de 2025

Jesús Fernández-Villaverde: Pensiones y racionalidad (y III)

La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma. PSOE y PP dependen del voto de los mayores de 65 años, por su peso demográfico y porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes

Por Jesús Fernández-Villaverde.- La mano visible.- El Confidencial.es.- Con esta tercera entrada concluyo mi serie sobre pensiones y racionalidad. En la primera entrada, resumí la preocupante situación de nuestro sistema público de pensiones. En la segunda entrada, expuse tres ideas clave: la “hucha de las pensiones” es un fraude contable, el déficit creciente del sistema amenaza con hundir nuestras cuentas públicas y muchas supuestas soluciones (como recortar el despilfarro en el gasto público) no lo son. Si no ha leído esas entradas, le recomiendo hacerlo. Es posible que allí encuentre respuesta a muchas de sus dudas y no repetiré aquí las mismas ideas de nuevo.

El objetivo de esta tercera entrada es doble: primero, justificar que el problema del sistema público de pensiones va más allá de un mero reto presupuestario, pues sus resultados violan principios básicos de justicia intergeneracional, y segundo, proponer reformas que lo encaminen hacia un escenario más sostenible. Estas reformas son económicamente viables y no muy radicales, aunque, me temo, casi imposibles políticamente.

Para ello, contaré con la inestimable ayuda de Jon González, quien publica casi a diario en X datos de la mejor calidad sobre pensiones, distribución intergeneracional y economía española en general. Es una de las (pocas) personas a las que sigo con rigurosa regularidad y recomendaría a todos mis lectores que hagan lo mismo. Además, Jon tiene una página en Substack, La Promesa Generacional, donde desarrolla estas ideas en más detalle. Como ha abordado estos temas con mucha más inteligencia y detalle de lo que yo podría, le pedí que colaborase en esta entrada. Jon, con una generosidad inaudita, aceptó. Por ello, a partir de ahora, cambiamos a la primera persona del plural.

Empecemos con la justicia intergeneracional. En el primer gráfico, presentamos la renta per cápita equivalente por grupos de edad seleccionados empleando datos del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Esta renta se calcula a partir de la renta total de los hogares y ajustándola por el tamaño de estos (parte de la tesis doctoral de Jesús fue precisamente cómo efectuar este ajuste por el tamaño de los hogares con cuidado). A partir de este momento, y para ahorrar espacio, renta querrá decir siempre renta per cápita equivalente.

El primer grupo de barras muestra lo que llamamos renta de mercado ampliada: salarios, alquileres, intereses, etc. Simplificando solo un poco, esta es la renta que los españoles reciben antes de impuestos y transferencias públicas. 

Como en casi todas las economías avanzadas, la renta de mercado ampliada sigue una curva con forma de joroba a lo largo del ciclo vital: crece con la edad a medida que los trabajadores ganan experiencia laboral (y con ella, mayores salarios) y acumulan activos. La renta de mercado ampliada suele alcanzar su punto máximo alrededor de los 55 años. A partir de ahí, los salarios medios empiezan a descender: muchos trabajadores se jubilan y, entre quienes no lo hacen, reducen sus horas de trabajo. Aunque los ingresos por activos siguen aumentando hasta edades avanzadas, a partir de los 65 años la caída de los ingresos laborales es tan pronunciada que la renta de mercado ampliada disminuye. Por ejemplo, mientras que las personas entre 50 y 65 años tienen una renta media de 32.685 euros, las de 65 a 85 años apenas alcanzan 12.462 euros (calcular esta cifra para los mayores de 85 años es más complejo por razones técnicas).

En el segundo grupo de barras añadimos las prestaciones públicas monetarias, como pensiones, desempleo e ingreso mínimo vital, para obtener la renta bruta. La joroba sigue presente, pero es mucho menos pronunciada: las personas entre 50 y 60 años tienen una renta bruta de 37.309 euros, apenas 6.206 euros más que la de quienes tienen entre 65 y 85 años. 

Pero la renta bruta debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales: impuestos y cotizaciones sociales. El tercer grupo de barras muestra el resultado de estas deducciones: la renta disponible. Y aquí viene la sorpresa: las personas entre 65 y 85 años terminan con la renta disponible más alta de todos los grupos de edad. Nuestro estado del bienestar, con un sistema fiscal progresivo y transferencias públicas, convierte la joroba en una pendiente.

La situación apenas cambia si consideramos la renta disponible extendida, que incluye prestaciones públicas en especie como educación y sanidad. El cuarto y último grupo de barras muestra precisamente esa renta disponible extendida. Ahora la pendiente es aún más pronunciada: las personas entre 65 y 85 años tienen 1.551 euros per cápita más al año que el segundo grupo con mayor renta, las personas entre 50 y 65 años.

Desde una perspectiva de justicia intergeneracional¿alguien cree que este resultado es justo? ¿Por qué quienes tienen entre 65 y 85 años deberían disponer de más renta disponible extendida que cualquier otro grupo de edad? 

Planteemos el siguiente experimento: reducir los impuestos a las personas de entre 30 y 40 años y ajustar las prestaciones monetarias de quienes tienen entre 65 y 85 años. Con ello, la renta del primer grupo pasaría de 23.327 a 24.327 euros, mientras que la del segundo se reduciría de 28.569 a 27.860 euros. Este ajuste cumple con tres condiciones clave:

Impacto neutral en la renta total de los hogares en España: dado que hay 5,9 millones de personas entre 30 y 40 años y 8,3 millones entre 65 y 85 años, la redistribución es perfectamente equilibrada.

La sanidad de los mayores permanece intacta: no se recorta ni un céntimo en su atención sanitaria.

Los mayores de entre 65 y 85 años seguirían disfrutando de la renta disponible extendida más alta de todos los grupos de edad en España, con 27.860 euros, es decir, 842 euros más que el segundo grupo con más recursos (las personas entre 50 y 65 años).

¿Quién puede argumentar que la situación actual (23.327 euros vs. 28.569 euros) es más justa que nuestra propuesta (24.327 euros vs. 27.860 euros)? Y antes de que alguien nos acuse de “enfrentar” a un grupo contra otro: los recursos fiscales son los que son. Fantasear con “que todos tengan más” no es una solución, sino simple pensamiento mágico.

Pero lo realmente preocupante es el deterioro de la situación en la última década. El segundo gráfico emplea datos del Instituto Nacional de Estadística para mostrar la evolución de la renta media en España en euros de 2024 para dos grupos: mayores de 65 años y personas entre 18 y 64 años. Mientras que a principios de la década pasada ambas rentas eran similares (en 2010, 15.495 euros para los mayores de 65 años vs. 15.734 euros para las personas entre 18 y 64 años), desde entonces la brecha entre ellas se ha ampliado de forma clara (en 2024, 17.208 euros para los mayores de 65 años vs. 15.161 euros para las personas entre 18 y 64 años).* 

España no tuvo más remedio que aplicar un duro ajuste fiscal tras la crisis del euro, con recortes salariales y subidas de impuestos. El gráfico deja en evidencia que este ajuste ha recaído exclusivamente sobre quienes tienen entre 18 y 64 años, cuya renta per cápita en 2024 sigue por debajo de la de 2008. En contraste, los mayores de 65 años no solo han estado completamente protegidos de cualquier ajuste, sino que su renta ha aumentado de manera considerable. Este resultado no tiene sentido. 

El resultado de estos ajustes es que, según la Encuesta de Coste Laboral, el salario bruto medio anual de los trabajadores por cuenta ajena al cierre de 2024 era de 27.977 euros. Si se eliminan las cotizaciones sociales, el salario comparable se reduce a 26.169 euros, apenas un 5,8% por encima de la pensión media de jubilación de quienes trabajaron por cuenta ajena, que asciende a 24.727 euros. Dado que el trabajo por cuenta ajena conlleva costes adicionales no reembolsables —como transporte, vestuario profesional y comidas fuera de casa— lo más probable es que la pensión media de jubilación sea ya más generosa en términos reales que el salario medio anual por cuenta ajena una vez descontadas las cotizaciones sociales. Además, mientras que en la última década los salarios han caído un 1% en términos reales (según la misma fuente), la pensión media de jubilación ha aumentado un 16% en ese mismo periodo.

No estamos defendiendo que la renta real de los mayores de 65 años no deba estar protegida en tiempos de crisis. Pero lo que no es admisible es que no solo no asuman ni un céntimo del ajuste, sino que encima lo agraven para los demás al incrementar aún más su renta per cápita.

Nuestros dos gráficos conectan con el argumento de la segunda entrada: imaginemos que, eliminando gasto superfluo, las administraciones públicas logran 50.000 millones de euros adicionales (o la cifra que más rabia le dé al lector). ¿Deben destinarse automáticamente a pensiones? ¿No sería más sensato reducir el déficit público para que los jóvenes enfrenten menos deuda en el futuro? ¿O invertir en vivienda? ¿O en combatir el cambio climático? 

Muchos jubilados argumentan que se sacrificaron mucho para que España creciera. Es cierto, pero también emitieron cantidades masivas de CO₂ en el proceso. Por tanto, es razonable pedirles que asuman parte del coste que la transición energética impone sobre el presupuesto público.

¿Qué medidas pueden reconducir el sistema hacia una situación más sostenible presupuestariamente y, al mismo tiempo, más justa intergeneracionalmente? Para no alargarnos en exceso, presentaremos solo cuatro propuestas, pero todas ellas de gran impacto. En los siguientes párrafos, tomaremos ampliamente como referencia la entrada de Jon en Substack, Reforma de las pensiones en España: Propuesta para un sistema sostenible. En esa entrada, el lector interesado encontrará más detalles y medidas adicionales, como la reforma del seguro de desempleo para mayores de 52 años, un tema que, por claridad, preferimos no abordar aquí. 

Primero, el cupo vasco y la aportación navarra deben incluir el porcentaje del presupuesto de la Seguridad Social que se financia con impuestos o deuda pública (que, al final, son impuestos futuros). Cuando se diseñaron estos regímenes fiscales durante la Transición, las cotizaciones sociales bastaban para cubrir los gastos del sistema, pero hoy ya no es así. En 2024, el Estado transfirió 54.005 millones de euros a la Seguridad Social (cifras provisionales), un dinero que sale de los impuestos de todos los españoles que no tributan a las haciendas forales. Mientras tanto, los contribuyentes vascos y navarros no aportan ni un solo euro a ese esfuerzo. 

Este privilegio territorial no solo es injusto, sino que genera incentivos perversos. Actualmente, los diputados del País Vasco y Navarra pueden votar subidas de pensiones que benefician a sus propios pensionistas sin que sus territorios contribuyan a financiarlas, ya que el sistema está en déficit incluso antes de esas subidas. Para corregir esta anomalía, habría que calcular con precisión qué parte del déficit corresponde a competencias no transferidas (ya que el País Vasco gestiona algunas prestaciones sociales que otras regiones no), pero en términos generales, el País Vasco debería empezar a pagar unos 3.000 millones de euros y Navarra unos 900 millones.

Segundo, la pensión de viudedad necesita una reforma para reducir la dependencia de los supervivientes del sistema público y fomentar su reincorporación al mercado laboral. En las generaciones más jóvenes, con una brecha laboral mucho menor, esta pensión debería limitarse en cuantía y duración mientras la persona esté en edad de trabajar.

Tercero, debemos recuperar un sistema que incorpore explícitamente la relación entre ingresos y gastos en el cálculo de las pensiones. La Ley 23/2013, de 23 de diciembre introdujo dos elementos clave para garantizar un futuro más sostenible: un factor de sostenibilidad que ajustaba la pensión inicial según la esperanza de vida a los 67 años y un índice de revalorización que vinculaba las pensiones a la evolución del número de beneficiarios, su coste y los ingresos del sistema. Aunque no era perfecta, fue una de las pocas reformas estructurales del gobierno de Rajoy. Si se hubiese mantenido en vigor, la situación actual sería muy distinta y esta serie de artículos no sería tan necesaria.

Desafortunadamente, la ley tuvo una corta vida. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones derogó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, sustituyéndolos por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, una sobrecotización finalista destinada a alimentar un fondo de reserva de la Seguridad Social que, como explicamos en la segunda entrada, no es más que un fraude contable.

La mejor forma de implementar esta reforma es adoptar un sistema de cuentas nocionales similar al de Suecia. Este modelo introduce un registro individualizado de contribuciones, donde cada trabajador acumula un saldo virtual basado en sus aportaciones y en el crecimiento medio de los salarios. La pensión final se calcula en función de la esperanza de vida y del saldo nocional acumulado, asegurando así una vinculación directa entre contribuciones y prestaciones, con una posible corrección para garantizar un mínimo para las pensiones más bajas.

Es importante entender que un sistema de cuentas nocionales sigue siendo público, de reparto y gestionado al 100% por la Seguridad Social. No hay ninguna inversión de las cotizaciones sociales; el sistema simplemente registra cuánto ha contribuido cada trabajador.

Una ventaja clave de este modelo es que crea incentivos claros para retrasar la jubilación a cambio de una pensión mayor. Esto ayudaría a aumentar la edad efectiva de jubilación, algo necesario dada la evolución demográfica. Además, resulta lógico: el nivel de salud medio de una persona de 65 años en 2025 es muy superior al de 1975. Un sistema de protección social debe reflejar este cambio y facilitar (aunque no imponer) jubilaciones más tardías. No tiene sentido, por ejemplo, que un catedrático deba jubilarse obligatoriamente a los 70 años si sigue siendo productivo en docencia e investigación.

El problema de este modelo es que generará pensiones menos generosas que las actuales, ya que buscamos equilibrar un sistema con un déficit creciente. Pero hacer recaer todo el ajuste en los trabajadores jóvenes sería inaceptable: el esfuerzo debe repartirse entre todas las generaciones. Por ello, podemos reintroducir un mecanismo de revalorización progresiva para las pensiones actuales, sustituyendo la indexación automática a la inflación por un sistema similar al de la Ley 23/2013. Este índice consideraría inflación, crecimiento del PIB y el equilibrio financiero del sistema. 

Este mecanismo en ningún caso reduciría las pensiones en términos nominales. Sin embargo, dado que la revalorización podría situarse por debajo de la inflación durante la transición, el poder adquisitivo real de los jubilados actuales se ajustaría de forma progresiva y sostenible. 

Como con las cuentas nocionales, se podría establecer un umbral mínimo de revalorización (por ejemplo, la inflación) para pensiones inferiores a un cierto nivel (80%-90% del salario mínimo), asegurando que los pensionistas con menos recursos no pierdan poder adquisitivo.

Cuarto, debemos introducir un componente complementario de capitalización dentro del sistema. Esto se puede lograr mediante fondos de inversión colectiva con costes de gestión mínimos. Un buen ejemplo es la mutualidad sin ánimo de lucro para profesores universitarios en Estados Unidos, en el que uno de nosotros, Jesús, participa como miembro.

El objetivo no es generar beneficios para bancos o aseguradoras, sino ofrecer un sistema transparente, seguro y con costes mínimos para el trabajador. Recuperar el espíritu de las antiguas mutuas sociales, pero actualizado a las vidas laborales contemporáneas puede ser una solución eficaz.

Con esto concluimos esta serie de tres artículos. A pesar de haber escrito casi 9.000 palabras (incluidas las respuestas de Jesús a muchos comentarios), no hemos podido abordar todos los aspectos con la profundidad que merecen; eso requeriría un libro entero. Solo nos queda una última reflexión. 

La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma de este tipo, incluso con matices en los detalles. Tanto PSOE como PP dependen del voto de los mayores de 65 años, no solo por su peso demográfico, sino porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes, donde otros partidos como Vox han ganado mucho terreno. En el caso del PSOE, este efecto se refuerza por sus preferencias ideológicas, y en el caso del PP, por la ausencia de una visión clara de

¿Qué pasará si no hacemos nada? Hay dos escenarios posibles. El primero es el de la decadencia gradual: seguimos aplicando ajustes parciales mientras la situación de los jóvenes empeora sin cesar. Poco a poco, más y más jóvenes optan por abandonar España para escapar de impuestos asfixiantes o, si se quedan, postergan la formación de hogares, renuncian a tener hijos o simplemente dejan de invertir en su propio capital humano, pues el retorno a esta inversión es prácticamente nulo. Peor aún, los que emigran no son los menos capacitados, sino aquellos con más iniciativa y menos tolerancia hacia el inmovilismo. Con una base impositiva menguante, la única opción es subir aún más los impuestos a los que se quedan, entrando así en un ciclo autodestructivo del que es difícil salir. 

El segundo escenario es el del colapso abrupto: una crisis severa -quizás una guerra, un colapso financiero o un shock externo- nos empuja a un ajuste brutal e inmediato, como el que sufrió Grecia durante la crisis del euro. En lugar de reformas graduales y ordenadas, nos veremos obligados a aplicar recortes desesperados, con consecuencias mucho más dolorosas para todos.

El tiempo dirá cuál de los dos escenarios se materializa. Pero lo que está claro es que, si seguimos sin hacer nada, es poco probable que haya un tercero en el que todo se arregla mágicamente. 

El Poder Judicial se pone manos a la obra con los tribunales de instancia

Estará integrado por la propia presidenta y seis vocales y extenderá sus trabajos hasta el próximo 31 de diciembre

Revista de prensa.- Noticias Jurídicas.- El Poder Judicial se pone manos a la obra para preparar la inminente macroreforma que encara la planta judicial en España. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha dado cuenta este martes a la Comisión Permanente de la constitución de un grupo de trabajo para la preparación del despliegue de los tribunales de instancia como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La constitución del grupo de trabajo se hace al amparo de lo previsto en el artículo 598.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el/la titular de la presidencia del CGPJ “podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente o indefinido”.

En el acuerdo, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces señala que el cambio de modelo que supondrá la entrada en vigor de la LO 1/2025, que transformará los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes en la actualidad en 436 tribunales de instancia, implica una profunda transformación de la organización judicial que afecta directamente al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo.

La presidenta del TS y del CGPJ hace referencia asimismo a que, en las conclusiones de las XX Jornadas anuales de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia aprobadas el pasado 6 de marzo en Palma de Mallorca, se identificaban algunos de los problemas que puede generar el tránsito hacia el nuevo modelo desde el punto de vista estrictamente gubernativo y se proponían al Consejo actuaciones como la elaboración de un modelo de organización, gestión y funcionamiento interno; la puesta en marcha de un plan de formación o la estandarización de las normas de reparto.

Tareas

Por ello ha considerado conveniente constituir un grupo de trabajo que aborde estas y otras cuestiones gubernativas vinculadas a la creación y despliegue de los tribunales de instancia y anticipe, planifique y coordine la respuesta que el CGPJ debe o puede ofrecer, siempre dentro del marco de sus competencias y contando con la participación y auxilio de los/as presidentes/as de los Tribunales Superiores de Justicia como órganos gubernativos de la máxima relevancia, más cercanos a los problemas que pueda generar el despliegue de los tribunales de instancia en los partidos judiciales de su territorio y representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma.

El grupo de trabajo extenderá su funcionamiento hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que debería terminar la implantación de los tribunales de instancia en todo el territorio nacional, según lo establecido en la disposición transitoria primera de la LO 1/2025, y los acuerdos ejecutivos que requieran las respuestas o iniciativas que pueda proponer se adoptarán por los órganos ordinarios del Consejo legalmente competentes, es decir, el Pleno o la Comisión Permanente.

El acuerdo dispone que el grupo de trabajo estará constituido por la presidenta del TS y del CGPJ y por los vocales Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José María Fernández Seijo, José Eduardo Martínez Mediavilla, Carlos Hugo Preciado y Esther Rojo y que asistirá al mismo el secretario general del Consejo como director y coordinador de los órganos técnicos, de los que se recabará la asistencia oportuna cuando proceda.

viernes, 21 de marzo de 2025

El Tribunal Supremo facilita procesalmente la expulsión de reglamentos ilegales

 Para ver en detalle la sentencia comentada, aquí tenemos el siempre didáctico comentario del blog de Diego Gómez.

Por José R. Chaves, delaJusticia.com blog.- Si hay un mantra repetido por la Administración en su oposición a los recursos de apelación es éste:  "Invocamos la inadmisibilidad del recurso de apelación ya que se trata de una reiteración de lo dicho en la demanda sin efectuar una crítica de la sentencia apelada”.

Aunque dicho motivo de inadmisibilidad, por aquello de la tutela judicial efectiva (art.24 CE) solo prosperará cuando el recurso de apelación “muere de hambre o indigestión”. O sea, tanto cuando se limita a remitirse a la demanda como un cascarón vacío, como cuando vuelve a reproducir cuasiliteralmente la demanda o se convierte en un confuso enredo, sin que resulte posible para la Sala determinar qué aspectos concretos de la sentencia recurrida cuestiona y por qué.

Pues bien, sobre la funcionalidad del recurso de apelación y sobre la posibilidad de aportar nuevas pruebas, se ha dictado la reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2025 (rec.1031/2023) que en relación al enjuiciamiento de reglamentos por la vía de la impugnación indirecta establece la doctrina de admitir nuevos elementos probatorios, al margen de las limitaciones del art.85.3 LJCA.

En el caso planteado un contribuyente impugnó la tasa girada de una licencia urbanística, aduciendo su ilegalidad porque la ordenanza que aplicaba carecía de informe económico-financiero; el juzgado declaró la invalidez del acto y planteó la cuestión de ilegalidad para expulsar la ordenanza del ordenamiento jurídico, lo que la Sala confirmó (el Ayuntamiento impugnó la sentencia de la sala aduciendo que debía admitírsele en apelación la prueba sobre el requisito omitido, y la Sala tercera fija como doctrina que debe admitirse la prueba al juzgar la legalidad del reglamento, aunque en el caso concreto desestima el recurso porque el resultado probatorio final no era favorable al Ayuntamiento).

Así, la doctrina relevante de la que debemos tomar nota establece que:

«en los casos en los que el tribunal de apelación es también competente para pronunciarse sobre la validez o nulidad erga omnes de la norma reglamentaria que da cobertura al acto indirectamente impugnado ( art. 27.2 LJCA) es admisible la aportación de elementos probatorios que, en principio, quedarían excluidos por la aplicación estricta del artículo 85.3 LJCE, pero que pueden resultar relevantes a los efectos del enjuiciamiento de la legalidad de la disposición general controvertida; y que, en todo caso, habrían podido ser aportados y tenidos en consideración en el caso de realizarse tal enjuiciamiento en el seno de una cuestión de ilegalidad ( art. 125.1 LJCA)”.

Y lo razona de forma congruente, y sin perder de vista que está en juego nada menos que una norma potencialmente viciada:

"Lo contrario implicaría una limitación de las posibilidades de defensa de la legalidad de la disposición general, limitación que no se produciría si se hubiera tramitado como cuestión de ilegalidad, puesto que, en este caso, si se podrían aportar documentos. Si de lo que se trata es de depurar el ordenamiento jurídico eliminando normas contrarias a derecho, en esa línea esta la flexibilización del recibimiento a prueba en circunstancias como las presentes"

Veamos las implicaciones.

Nótese que el hallazgo jurisprudencia consiste en que se ha abierto el portillo más allá de los casos de enjuiciamiento de la cuestión de ilegalidad planteada por el juez de instancia (art.27.1 LJCA) hacia los casos de impugnación indirecta de reglamentos que fuere desestimada por el juez de instancia y desemboque en apelación ante la Sala  (art.27.2 LJCA :“recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general”,27.2 LJCA) de manera que en todo caso, sea apelante la Administración o el particular,  puedan aportarse nuevos medios de prueba para sostener la legalidad o la ilegalidad (según la posición procesal de la parte).

Se trata de una medida loable en la medida que aparca los formalismos y rigor procesal para depurar el ordenamiento jurídico de reglamentos ilegales, o al contrario, para evitar expulsar a los reglamentos que fueren legales, por no haber podido la sala examinar nuevos medios de prueba.

La cosa tiene especial interés pues hoy día el trámite de aprobación de  una disposición general está cuajado de requisitos, y entre ellos, la aportación de memorias o informes, teniendo el litigio por telón de fondo cuestiones relativas a si tales memorias o informes existen o si los mismos son idóneos para justificar la regulación. Pues bien, el órgano judicial en apelación que enjuicie en apelación si un reglamento es legal o no (por haberse estimado o desestimado el recurso ante el juzgado), tendrá que abrir las puertas probatorias a nuevos medios en esta fase revisora sin estar sometido a las limitaciones del art.81.3 LJCA (prueba no practicada por razones no imputables a quien la propone, o denegada en la instancia indebidamente y haciendo constar la protesta). Recordemos que infinidad de actos son hijos de reglamentos y el letrado sagaz verificará no solamente si el acto se ajusta al reglamento, sino si éste se ajusta a la Ley, para plantear la impugnación indirecta del reglamento, y así abrir las puertas a una posible apelación, pues recordemos que el art. 81.2 d) LJCA dispone que cabrá apelación frente a «Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales» (aunque la cuantía del acto directamente impugnado no alcance el umbral de la apelación).

Señalaremos que en los supuestos de impugnación directa de los reglamentos no se plantea el problema, pues al ser única instancia ante la sala correspondiente y competente para declarar la ilegalidad, las partes podrán proponer prueba con libertad en su demanda y/o contestación.

En fin, para ver en detalle la sentencia comentada, aquí tenemos el siempre didáctico comentario del blog de Diego Gómez.

martes, 18 de marzo de 2025

Ahorrarse cuatro duros y perder mil: el gran problema de la campaña de despidos de DOGE

Antes de que asumiese el poder el 20 de enero, una de las grandes incógnitas de esta la Administración Trump era cuál iba a ser el rol de Elon Musk y de las acciones de DOGE

Revista de prensa. El Confidencial blogs.- Por Argemino Barro. Nueva York.- Antes de que asumiese el poder el 20 de enero, una de las grandes incógnitas de esta segunda Administración Trump era cuál iba a ser el rol de su principal mecenas, Elon Musk. La idea general era que se trataría de una especie de asesor externo. Alguien a quien solicitar consejo en determinadas cuestiones y cuyo rol sería proponer estrategias para hacer del Gobierno federal una entidad más eficiente. Su iniciativa, DOGE, acrónimo en inglés de Departamento de Eficiencia Gubernamental, podría haber sido una consultora que guiara los pasos del gabinete.

Bastaron unos pocos días, sin embargo, para comprobar que el hombre más rico del mundo no había pagado 277 millones de dólares a la campaña republicana para ganarse el derecho a realizar algunas tímidas sugerencias. La gente de Musk se presentó de inmediato en distintas agencias del Gobierno federal, entre ellas la que gestiona los pagos, el Departamento del Tesoro, para acceder a sus bases de datos y comenzar los despidos, todo sin avisar, sin pases oficiales y sin la ratificación del Congreso de EEUU, el órgano designado por la Constitución para ejercer el poder presupuestario y el de crear o desmantelar las agencias que forman el Gobierno.

Las acciones de DOGE suscitan dos preguntas. Primero, ¿está operando de forma legal, habida cuenta de las 46 demandas interpuestas contra las medidas de Trump en menos de dos meses, muchas de ellas relacionadas con DOGE? Y segundo: aún si ignorásemos el aspecto legal, ¿quiere realmente DOGE alcanzar los anunciados objetivos de potenciar la transparencia, eficacia y la prestancia del Gobierno?

Desde el pasado 20 de enero, DOGE, que ni siquiera es un “departamento” (ministerio), sino un órgano creado ad hoc y sin certificación parlamentaria, ha logrado la marcha de más de 100.000 funcionarios federales. Cerca de 70.000 con un despido voluntario ofrecido al principio a toda la fuerza laboral; el resto, unos 30.000, despedidos en seco. Pero los funcionarios, miembros del Servicio Civil, tienen protecciones legales. Como también tienen peso las decisiones parlamentarias.

Por eso, buena parte de las acciones de DOGE han sido paralizadas o revertidas por una serie de dictámenes judiciales: contra los despidos indiscriminados y sin aportar razones, contra las congelaciones del gasto presupuestario y el intento de liquidar agencias federales como la de ayuda al desarrollo, USAID; o contra la opacidad de DOGE, que se ha negado a hacer pública, incluso, su cadena de mando.

 Según el portal de investigación ProPublica, ni siquiera los empleados federales que están siendo despedidos o cuestionados saben quiénes están al frente de DOGE. Elon Musk, pese a que reivindica continuamente en su red social las acciones de DOGE, no tiene oficialmente ningún poder. Sobre el papel, la administradora es Amy Gleason, una funcionaria desconocida. Pero es Musk el que da las órdenes y sus lugartenientes, como Steve Davis, viejo colaborador del magnate, los que las aplican. La iniciativa que busca “transparencia” sigue envuelta en el misterio para que nadie pueda obligar a Musk a rendir cuentas ante el Congreso o ante un tribunalLas órdenes de los magistrados, que por ejemplo obligan al Gobierno a volver a contratar a los 30.000 empleados despedidos, no han enfriado los ímpetus de DOGE. Musk quiere echar a 80.000 empleados del Departamento de Veteranos, a 55.000 del Departamento de Defensa y a la mitad de los trabajadores del Departamento de Educación y del IRS (la Hacienda de EEUU). Miles ya han perdido el empleo. Y al estilo DOGE, con estudiantes de ingeniería de veintipocos años que no tienen experiencia alguna, pero que son leales a Musk, montando campamentos en las distintas oficinas y actuando como un ejército de ocupación: exigiendo a los funcionarios que justifiquen sus empleos o que se atengan a las consecuencias.

¿Es efectiva la 'motosierra' Musk?

Con este proceso aparentemente improvisado, sin los contables forenses pertinentes y que ha tenido que revertirse en varias ocasiones para que no colapsaran algunos servicios del Gobierno, Elon Musk quiere aplicar al Estado la misma filosofía que a sus empresas: disparar primero y preguntar después, o, como dice en Silicon Valley, “romper las cosas a toda prisa”. Los jueces que bloquean estas acciones emprendidas en nombre de la eficiencia, calificadas de “farsa” por el magistrado William Alsup, están siendo difamados continuamente por Musk en la red social de su propiedad, X. Como consecuencia, los jueces se enfrentan a “un nivel de amenazas inusualmente alto”, según el servicio de los U.S. Marshal

Los simpatizantes de Musk restan importancia al hecho de que este no haya comparecido ante los comités parlamentarios que examinan la acción del Gobierno. Y algunos, como dijo el senador John Kennedy, de Luisiana, recurrieron al adagio revolucionario: “Para hacer una tortilla, hay que romper algunos huevos”. Al menos hablan así de cara al público. En privado, los congresistas han transmitido por varias vías a la Casa Blanca la preocupaciópor los efectos socioeconómicos de los recortes, y ha habido choques entre Musk y miembros del gabinete Trump.

Lo cual nos lleva a la segunda pregunta. Aún en el caso de que Musk y la gente de DOGE estuvieran actuando dentro de los límites que establece la Constitución, ¿cuáles pueden ser los resultados de estos recortes? Los republicanos apuntan al impresionante currículum de Elon Musk, a la creación de la empresa de coches eléctricos, al menos hasta hace poco, más grande del mundo, Tesla; a los cohetes reutilizables de SpaceX o a la facilidad con la que las unidades de Starlink conectan con internet en prácticamente cualquier lugar del planeta. ¿No es bueno que le aplique la “motosierra” al Gobierno para hacerlo más transparente, efectivo y fresco, aunque, por el camino, haya que alborotar y sufrir un poco? 

El profesor de Política Americana del Boston College y copresidente del Programa de Gobierno Constitucional de Harvard, R. Shep Melnick, argumenta en un artículo de Quillette que los objetivos enunciados por DOGE son un “fraude”. Lo que los recortes de Musk van a conseguir no es un Estado más eficiente y ahorrador, sino lo contratrio: más ineficiencia, más caos y, además, un coste más elevado.

Para empezar, las iniciativas para reformar el Gobierno federal son muy comunes y populares en Estados Unidos. En el último siglo ha habido 15, emprendidas por presidencias de todas las épocas y colores. Ahora mismo, paralelamente a DOGE, los demócratas también debaten sobre lanzar la suya, a nivel estatal o a nivel federal en el futuro. Las regulaciones medioambientales y de otros tipos se han vuelto tan abundantes, complicadas y pejigueras que ya nadie construye nada: ni viviendas, ni internet de alta velocidad, ni trenes modernos. Lo cual ha tumbado la calidad de vida en feudos demócratas como California o Nueva York. Así que la reforma de la burocracia es algo que goza de consenso a ambos lados de la bancada política.

Lo que ocurre, como dice Melnick, es que estas campañas se topan con una paradoja. El pueblo norteamericano tiende a desconfiar de un Gobierno grande y por eso sintoniza con los intentos de reformarlo y aligerarlo, pero, al mismo tiempo, siente apego y confianza por los programas públicos más caros, que son el Medicare, el Medicaid y la Seguridad Social. Tres programas que suman el 60% del gasto federal.

Esta paradoja indica que, en realidad, más allá de simplificar las regulaciones o modernizar la tecnología de la administración, es muy difícil reducir significativamente el gasto público sin tocar la sanidad pública, que de todas formas sólo cubre a los estadounidenses más humildes (Medicaid) y a los más mayores (Medicaid), y la Seguridad Social. El margen de maniobra para ahorrar, por tanto, está acotado, a no ser que se quieran dinamitar las prestaciones sociales más básicas.

Ahorrar 'calderilla'

Pero esto, según R. Shep Melnick, no es tan dramático. El Gobierno federal no es un mamotreto tan grande, horrible, costoso y despilfarrador como aseguran desde hace tiempo los republicanos. En realidad, los 2,4 millones de funcionarios federales representan una proporción de la población estadounidense menor que la que había en los años sesenta. El sector público federal ha aumentado, pero la población del país ha aumentado todavía más. Y, si comparamos la proporción de americanos que trabajan para el sector público, un 13,41%, es relativamente más baja que la de otros países industrializados. En Reino Unido, son el 23,56%; en Francia, el 20,12%; en Australia, el 28,92%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.

Además, si dejamos a un lado los programas sociales, lo que de verdad le cuesta dinero a los contribuyentes no es el salario de los funcionarios. Este apenas representa un 6,6% de los casi siete billones (trillions) del gasto federal anual. “Despídelos a todos”, escribe Melnick, “y los efectos en el déficit federal serán mínimos”. Lo que cuesta dinero son los contratistas que trabajan con el Gobierno. Entre empresas privadas de todo tipo, hospitales, universidades, oenegés, bancos y un “ejército de consultores”, podemos hablar de unas 20 millones de personas. 

El rol fundamental de muchos de esos 2,4 millones de funcionarios federales, además de costear las coberturas médicas y de mandar los cheques mensuales a los pensionistas, es cerciorarse de que esas 20 millones de personas que trabajan para los contratistas no se aprovechan del dinero público. Por eso, despedir a funcionarios puede ahorrar un poco de calderilla, pero abrir las puertas a que las aseguradoras sanitarias o las armamentistas esquilmen al contribuyente.

Caso práctico. En la primera década de este siglo, en una de estas populares iniciativas para recortar el gasto del Gobierno federal, la administración de George W. Bush decidió despedir a 130.000 burócratas del Pentágono. Muchos de ellos se encargaban de negociar y supervisar los contratos con las empresas armamentísticas. El gabinete de Bush pensaba que estos príncipes del papeleo resultaban redundantes y que el Gobierno podría seguir negociando con las contratistas de defensa sin tener que rellenar tantos formularios.

Al deshacerse de buena parte del músculo supervisor del Pentágono, las armamentistas empezaron a sacar partido. Y un misil Stinger, de Raytheon, pasó de venderse por 25.000 dólares la pieza en 1991 a 400.000 dólares en la actualidad. Descontando la inflación, el precio se multiplicó por siete. Una investigación gubernamental de 2015 concluyó que Lockheed Martin y Boeing inflaban las facturas y facturaban unos beneficios del 40%. El despido de 130.000 burócratas había saciado las ansias de recortar el Gobierno, pero había agravado el despilfarro. 

“La mayoría de los administradores federales no distribuyen ellos mismos los beneficios y los servicios, llevan a cabo las investigaciones, desarrollan medicamentos, o construyen autopistas o sistemas de misiles”, escribe Melnick. “En lugar de ello, financian a terceros partidos que desempeñan estos trabajos, y se espera que se aseguren de que estos terceros partidos cumplen lo prometido”.

Lo que Melnick y otros expertos en políticas públicas sospechan es que, más temprano que tarde, todos estos golpes de motosierra azarosos, ya que a veces consisten en un email amenazador enviado, con un ultimátum, a toda la fuerza laboral, se van a notar en un desplome de la calidad de los servicios. En cheques que no llegan, tratamientos que no se cubren, facturas infladas, oportunidades de corrupción y cosas todavía más graves, como la posibilidad de que la calidad del tráfico aéreo, dado el despido del 12% de los empleados de la Administración Federal de Aviación, se resienta. Como recoge The Atlantic, el gremio de los controladores está falto de personal y con las expectativas y la moral hundidas.

Hay otro añadido: Elon Musk ha montado su defensa de DOGE con mentiras y cálculos erróneos. “Verificar los detalles de DOGE”, dice The New Republic, “ha revelado que la organización ha confundido miles de millones (billions) con millones, triplicado el ahorro de la suspensión de un contrato, se ha arrogado el crédito de cancelar programas que terminaron en la Administración Bush, y ha dicho que se ahorraron 1.900 millones al acabar con un contrato de la IRS que, de hecho, fue terminado con el presidente Joe Biden”. Una de sus mentiras más pintorescas, sobre señores de 150 años que presuntamente cobraban una pensión, ha sido desmontada numerosas veces. Pero logró colarse en el discurso de Donald Trump en el Congreso.

¿Un genio o un lastre político?

Queda una tercera pregunta: si Musk no está adoptando un proceso de auditoría que identifique los despilfarros y un método para solventarlos, y simplemente está desatando el caos, desmantelando el Gobierno, socavando la confianza de los ciudadanos y probablemente agravando los problemas que él mismo asegura combatir, como el fraude o el despilfarro, ¿cuál es realmente el objetivo de DOGE?

Este es otro misterio para el que, de momento, solo existen hipótesis. Una, que Musk quiere realmente mejorar el Gobierno de EEUU, solo que aplica medidas draconianas más adecuadas para el sector privado. Dos, que, dado que sus compañías más exitosas, que son Tesla y SpaceX, han florecido gracias en parte a los contratos con el Gobierno federal, Musk quiere insertarse todavía más en las estructuras estatales para otorgarse contratos (los Starlink para el tráfico aéreo son un ejemplo) y eliminar, en suma, todos los límites a su enriquecimiento.

A Elon Musk se le está yendo la pinza y no deberíamos tener miedo a contarlo

Tres: estaríamos viendo cómo Elon Musk, enganchado probablemente a la ketamina, que ha reconocido consumir para mantener a raya la depresión, estaría viviendo un colapso psiquiátrico ante nuestros ojos, mostrando comportamientos erráticos y compulsivos hasta el punto de no poder formar una frase inteligible. Destrozando el Gobierno como si fuera un juguete, para apaciguar sus turbulencias internas.

La cuarta hipótesis es la más barajada por los demócratas: Elon Musk sabría lo que está haciendo, que es forzar al Gobierno a funcionar peor para poder decirle al pueblo americano que el Gobierno no funciona, y, así, privatizarlo. A pesar de que Donald Trump ha prometido que no recortará la Seguridad Social, Elon Musk dijo que la SS era “un imán gigante para atraer a inmigrantes ilegales y hacer que se queden en el país”. En un tuit dijo que la Seguridad Social era “la mayor estafa piramidal de todos los tiempos”. En otras palabras: podría estar pergeñando la destrucción del Estado tal y como lo conocemos, y levantar en su lugar una versión pequeña y oligárquica, en línea con las fantasías tecnoautoritarias de su ambiente. 

“Estoy seguro de que es un genio. Y de que es una persona muy creíble, aunque solo sea por el dinero que ha amasado”, declaró el congresista demócrata John B. Larson, rojo de furia, la semana pasada. “Pero la riqueza no exime a nadie de rendir cuentas ante el Congreso. Nadie está por encima de la ley. Si es tan genial, si esos planes y todo ese fraude y abuso que ha encontrado son tan evidentes, ¿por qué no está aquí explicándolo? Vosotros sabéis por qué: porque quiere privatizar la Seguridad Social".

Más allá de las preocupaciones morales de los demócratas, atacar a Musk les puede ser políticamente rentable. Una encuesta de la CNN refleja que apenas un 35% de los estadounidenses tiene una opinión positiva de Musk. Su inquieta motosierra, sus tuits, sus apariciones públicas y sus conflictos con el gabinete de Trump, pueden convertirlo potencialmente en un lastre político para la Administración. Pero deshacerse de Musk no sería tan sencillo como decir, a la manera de Trump, You’re fired! El multimillonario tiene el dinero, y el megáfono, a los que agarrarse.