jueves, 28 de noviembre de 2024

Congreso PSOE: Debates políticos pendientes

 "A falta de conocer las enmiendas que la militancia proponga a la ponencia oficial del Congreso del PSOE, me preocupa que algunos debates políticos importantes  sobre la situación política española y europea, no tengan  lugar en el Congreso de Sevilla"

Revista de prensa. Ramón Jáuregui. La hora Crítica- Ese  fue mi primer pensamiento después  de leer el texto que la Comisión Ejecutiva ha circulado entre las bases del partido. Más parece un programa electoral construido sobre la base de un argumentario muy gubernamental (”lo que hemos hecho”) y sobre una especie de programa de gobierno a corto y medio plazo para la España que gobernamos.

 Está bien. Ningún reproche por eso. Es bueno que nuestros debates  toquen  tierra y se concreten  en acciones de gobierno y en propósitos y objetivos para un partido que gobierna. Pero, sinceramente, creo que falta  plantear, sugerir o suscitar debates muy profundos sobre  algunas de las realidades y de las dificultades con que nos encontramos a nuestro alrededor para impulsar  y desarrollar nuestros ideales.  

Por ejemplo, enfrentar el avance populista y la crisis de las democracias liberales en el mundo entero (mucho más después de las amenazas procedentes de Estados Unidos con Trump ). O ,recordar y describir las amenazas que sufre la Europa de hoy por las crisis acumuladas que se anuncian en  una legislatura que se vislumbra trascendental. Incluso me parece muy notoria la ausencia de una reflexión sobre el contexto internacional tan absolutamente desordenado e inestable y hostil en el que se sitúa nuestro país junto a toda Europa. Y , por supuesto, reconocer y reflexionar sobre las dificultades de una alianza de gobierno para llevar a cabo  nuestro propio proyecto para España, tanto en lo territorial como en lo social. 

 Las democracias están en crisis en todo el mundo. Una suma de factores las están debilitando  y amenazas que creíamos del siglo pasado ,reaparecen con inusitada fuerza, alimentadas por nuevos  fenómenos propios de una globalización ingobernada. El factor migratorio, por ejemplo, el desorden y la incertidumbre de un mundo multipolar, la polarización política, cada vez más frecuente en casi todos los países y unas redes sociales que han destruido el edificio deliberativo público, están favoreciendo la aparición de los llamados” hombres fuertes “, que transforman democracias originarias, en regímenes iliberales, devaluando los contrapoderes del Ejecutivo (oposición, libertades, opinión pública, etcétera) para perpetuarse en el poder, hasta el punto de negar la alternancia, como bien sabemos, núcleo  de la democracia misma. Alrededor del 70% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos o semi democráticos.

 Nuestras democracias también sufren. La izquierda política debe afrontar estos factores que debilitan nuestros edificios democráticos. La separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la polarización política y la fractura social consecuente, las tentaciones partidarias en los nombramientos institucionales y desde luego, el daño de las redes y la manipulación de los nuevos instrumentos de comunicación ,son factores ,entre otros muchos, que reclaman una reflexión seria y medidas urgentes desde nuestras posiciones políticas.

 Cuando yo era  un joven antifranquista, creía que la democracia era sólo un paso intermedio para la justicia social y la igualdad de oportunidades, auténticos objetivos del socialismo democrático, decíamos nosotros. Hoy, creo que los socialistas debemos tener claro que la democracia no es la forma ,es el fondo .Que no es un instrumento o un medio sino que es , el único Marco en el que pueden alcanzarse esos objetivos y que la democracia es también ,por ello ,uno de los  fines de nuestros ideales. En definitiva ,que, “Socialismo es libertad”, como titulamos nuestro primer congreso en España  después de la dictadura.

 Por todo eso, creo que nuestro partido debe reflexionar sobre cómo reforzar, regenerar y mejorar nuestra democracia y creo que el plan lanzado por el gobierno a ese respecto debiera ser una oportunidad para proponer nuevos consensos sobre nuestra democracia y abordar como mínimo reflexiones y propuestas para:

Reforzar la separación de poderes y en particular evitar la politización de la justicia y viceversa. Bueno será recordar que seguimos teniendo pendiente un acuerdo sobre la fórmula de elección del Consejo del Poder Judicial .En este mismo ámbito, me parece imprescindible recordar que todos los ejecutivos en todo el mundo están devaluando el poder legislativo y abusando de los decretos leyes, como consecuencia de la necesidad de las acciones ejecutivas inmediatas en  un mundo cada vez más veloz y concatenado .Pero, un Poder Legislativo fuerte que no se limite a ratificar las políticas del Ejecutivo, es particularmente necesario en estos momentos. No olvidemos que es el poder directamente elegido por los ciudadanos.

Hacen falta compromisos concretos para garantizar la independencia de los órganos institucionales y para evitar la tentación partidista en sus nombramientos .El prestigio de las instituciones es un elemento nuclear de la confianza ciudadana en la democracia. Cuando se deteriora la confianza en las instituciones democráticas, se lesiona gravemente la credibilidad de la democracia.        

 Sería bueno consensuar medidas en materia de libertades , especialmente de la libertad de expresión, pero también de transparencia  sobre la propiedad de los medios y la publicidad institucional ,en el marco de una política que favorezca el fortalecimiento de una sociedad civil más organizada, de un edificio deliberativo público más sano y de unos contrapoderes (“Checks  and balances”), más sólidos, en nuestro ejercicio democrático.

Otro de los grandes debates del momento es el que nos  remite al desorden geopolítico actual y a los desafíos europeos ante un mundo hostil a nuestros valores y a nuestras aspiraciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca ,no hace sino agravar un escenario en el que las guerras, bélicas, comerciales y tecnológicas, se extienden en un contexto de  grave crisis de las organizaciones internacionales y arbitrales, desde Naciones Unidas a la OMC, desde el multilateralismo a la gobernanza económica de un sistema  productivo y financiero globalizado. Ese desorden geopolítico y esa desgobernanza económica es letal para una izquierda que aspira a un multilateralismo ordenado y a una cooperación internacional en las grandes causas supranacionales.

 Europa está amenazada no solo por la guerra de Ucrania y por los peligros de su vecindad con Rusia. Otras amenazas, menos vitales pero muy preocupantes ,nos enfrentan a un futuro incierto, podríamos incluso decir que hostil .El mundo que se está configurando en este siglo XXI ese  que creíamos cargado de esperanzas y expectativas, es ajeno a muchos de nuestros valores y compite ferozmente con nuestros intereses .Amenazas tecnológicas ,comerciales y geopolíticas  se suman a las bélicas y cuando creíamos haber construido una unión supranacional capaz de pilotar y liderar el mundo de la democracia y de la paz, hemos descubierto que nuestra embarcación sufre múltiples vías de agua en un mar tormentoso.

Tenemos problemas de demografía porque somos pocos y viejos , pero no aceptamos a  los inmigrantes .Tenemos problemas de innovación, de energía, de competitividad, de defensa y no somos capaces de armonizar nuestras decisiones y de adoptar políticas que solo pueden prosperar si son de todos y se adoptan  urgentemente .Los informes Letta y Draghi ,han marcado una hoja de ruta para la Unión Europea y el socialismo democrático debe de seguir siendo eje vertebrador de ese gran proyecto y de esa gran ambición que es hacer de Europa un modelo de sociedad democrática,  de justicia y de igualdad  y una vanguardia en la construcción de un orden multilateral de paz y de cooperación.

 EL PSOE es clave en el proyecto europeo actual y  tiene ante sí un panorama deprimente en el ámbito partidario europeo, por la reaparición de unos nacionalismos estatales anacrónicos y reaccionarios y por el avance de las derechas extremas en muchos de  los países europeos. Situarnos ante ese horizonte y reflexionar sobre nuestro” patriotismo constitucional y europeo”, sobre nuestro cosmopolitismo internacional, planteando horizontes, señalando caminos, ofreciendo pedagogía política, aunque pueda parecer utópica, es imprescindible.

 Por último España .Yo creo que está muy bien señalar la necesidad de reformas de nuestra Constitución para muchas cosas, pero el acto consecuente es reconocer que eso solo se puede hacer con todos y que un proyecto tan ambicioso reclama instalar en el país una base cultural del consenso y un aprecio por el pacto que no tenemos. Surge así un clásico de nuestros debates congresuales: la política de alianzas. Es decir , cuál es  nuestro marco de alianzas y de relaciones con el arco parlamentario español. Desde el cordón sanitario con la ultraderecha , a las posibilidades de entendimiento con el PP en las llamadas políticas de Estado. Desde nuestra disposición al pacto con nuestras izquierdas y con los nacionalistas , a nuestros límites para con algunas de sus reivindicaciones.Muchos ciudadanos españoles quieren saber si nuestro proyecto para España se materializa en la actual coalición y si esta se proyecta como base política de largo plazo o nuestro proyecto tiene vocación de mayoría propia.

 Hay una  corriente de pensamiento político en España que interpreta la moción de censura de 2018 como el comienzo de una nueva etapa, en la que un nuevo pluralismo partidario nos condena a dos únicas opciones de gobierno: el PSOE junto a otras izquierdas y algunos nacionalismos, o el PP ,con otros nacionalismos, o con Vox .Quienes establecen ese punto de inflexión, interpretan que el régimen del 78 y  los consensos del bloque  de constitucionalidad, son tiempos pasados y ubican al PSOE al frente de una mayoría progresista y Plurinacional para construir la España del futuro .

 Pero, esta perspectiva tiene algunos inconvenientes serios que un Congreso como el nuestro debería de abordar, porque esa dicotomía perpetúa el” bloquismo” actual y  acentúa una peligrosa polarización política y social en España .Además , impide grandes pactos de Estado, necesarios en un país de estructura territorial compleja y multinivel para atender problemas urgentes y compartidos. Vivienda o inmigración son un buen ejemplo .Por último, desprenderse de aquellos consensos vertebradores   de nuestras fracturas históricas, es una apuesta de futuro, que merece algunas reflexiones serias en nuestro partido.

 Algo parecido ocurre con la política territorial de España. Defender la España plural y la diversidad territorial para enfrentar los problemas de nuestro modelo autonómico, exige, a mi entender, concretar la propuesta federalista del PSOE y  definir los contenidos de nuestro” impulso federalista”. Puede resultar inoportuno en la acción gubernamental del momento, pero me parece muy necesario para devolver la confianza ciudadana al PSOE como el partido vertebrador de la España autonómica y como el impulsor de una verdadera reforma  Federal. 

miércoles, 27 de noviembre de 2024

Las universidades madrileñas alertan de que no pueden “garantizar la calidad del servicio público” por la asfixia de Ayuso

 “Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica”, afirman los rectores, que han convocado consejos de gobierno extraordinarios para este jueves"

Revista de prensa. Por Elisa Silió.- El País.- El próximo jueves por la mañana, y de forma simultánea, los rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) van a someter a votación en consejos excepcionales “acciones extraordinarias” pactadas entre ellos para tratar de salir vivos de la absoluta miseria en la que les ha posicionado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el que peor invierte por alumno (21% menos que la media) pese a su enorme renta per cápita regional (36,5% más). En una carta abierta que harán pública, y a la que ha accedido este diario, alertan de que con la “inestabilidad económica del sistema” no pueden “garantizar la calidad del servicio público”. Los rectores piden que se enmienden los presupuestos (solo ha subido un 0,9% la partida) durante su trámite en la Asamblea, que se aumente “considerablemente” la partida de infraestructuras, que se elabore “de inmediato” un modelo de financiación plurianual y que se garantice que se baje la precariedad de las plantillas como exige la reforma universitaria.

“El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”, señalan los rectores en su carta en el que inciden en su “profunda preocupación”. “Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento [se invierte 12 veces menos que en 2007] y seguridad en condiciones adecuadas”.

Hace casi un mes se supo que el presupuesto solo aumentaría un 0,9% pese a las buenas palabras de la Consejería de Educación, sabedora de su quiebra. “La partida se mantiene en la misma e idéntica cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año 2024 con respecto a lo inicialmente presupuestado para el mismo año”, recuerdan los rectores. “Esto, sumado al aumento de los costes salariales y al encarecimiento de la energía, servicios y productos, representa un retroceso en términos reales para la financiación universitaria”. Con la partida actual, los campus cubren el 80% de los sueldos, según sus cálculos. Completan con las matrículas de los universitarios.

Las universidades califican su situación de “prácticamente insostenible”, “crítica y que en pocos años podría volverse catastrófica”. Cuentan con “una subvención nominativa de cuantía inferior a la de 2009 en euros de ese mismo año, por tanto, sin tener en cuenta ni siquiera la inflación”, lo que contrasta con “un aumento acumulado del 34,9% en el IPC entre enero de 2009 y septiembre de 2024 (según el INE)”. Otras comunidades han solventado esta brecha con planes plurianuales. Y recalcan los rectores que el artículo 55 de la LOSU (la Ley Orgánica del Sistema Universitario) “establece de forma clara la obligación de las administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios para la suficiencia financiera de las universidades”.

El sistema público madrileño cuenta con 30.000 profesores y personal técnico de servicios, y 220.000 estudiantes, la segunda cifra más alta de España. “La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”, inciden los rectores. A ello se une que la Comunidad se niega ahora a cofinanciar 1.100 profesores ayudantes doctor con el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, como el resto de comunidades, también las del PP, aunque en verano abrazó con dudas el acuerdo.

La guerra con la presidenta ya es abierta, pese al perfil conservador de casi todos los rectores, que sin embargo hacen una férrea defensa de la educación pública como motor económico y de ascensor social. Ayuso, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, trata a menudo a la universidad como un nido de protesta y vandalismo: “A lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos...”, señaló una vez. Y más concretamente, hace 12 días cargó contra la Complutense en el marco del caso Begoña Gómez“Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense”. Este lunes, el rector Joaquín Goyache, tras recibir presiones de sus profesores, publicó una carta en la que recriminaba a la presidenta “desmerecer” a su institución con expresiones “injustas y falsas”, reduciéndola así a una “caricatura ideológica”.

La Complutense es la institución peor posicionada. El 2023 se saldó con un déficit económico no financiero que ronda los 60 millones de euros y el consejo de gobierno no conoce los datos de 2024 ni las previsiones para 2025. En el consejo celebrado este martes el rector Joaquín Goyache no ha revelado ninguno, lo hará en un claustro (con mayor representación de todas las categorías) este viernes.

El drama se viene cociendo desde hace una década, pero con las sentencias ganadas en el Tribunal Supremo al Gobierno de Esperanza Aguirre, los rectorados han ido tapando huecos pese a estar infrafinanciados. Pero esa partida de 456,2 millones de euros se ha agotado y el pasado abril los rectores alertaron en un acto conjunto ―el primero tras años de ahogamiento― de que necesitaban 200 millones más (un 18% más de presupuesto) para “salvar los muebles”. Hasta entonces, en vez de valerse de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) para hacer causa común, cada rector intentó seducir al gobierno regional y librarse de la quema. La Complutense, por ejemplo, condecoró en enero de 2023 a Ayuso como alumna ilustre entre abucheos; mientras que año y medio después comunicaba a sus decanatos que debían de recortar un 30% sus presupuestos, ya de por sí exiguos, para no cerrar la puerta.

El siguiente rejonazo llegó este julio, cuando los rectores conocieron un primer borrador de la ley de educación superior y se escandalizaron. Consensuaron entonces una carta al consejero Emilio Viciana en la que denunciaban una invasión de la norma en sus competencias. Entre otras cosas, la ley pretende esquivar la desaparición de los colegios mayores que segregan por sexo a la que obliga la Ley Orgánica del Sistema Universitario y el castigo a los escraches y el vandalismo, ya recogido en la Ley de Convivencia nacional. Es decir, Ayuso buscó el enésimo choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez, que desveló que acudiría a los tribunales si la iniciativa salía adelante. Según la ministra Diana Morant, Madrid destina el 0,4% del PIB a universidad, por debajo de la media del 0,55%.

Hasta el último minuto los rectores confiaron en que Ayuso no les abocase a la ruina, pero el 31 de octubre se confirmó que la partida subía un 0,9%. Con la dana del día 29 en mente, los rectores, que pensaban convocar a los medios, optaron por retrasar su reacción. No era el momento de el “qué hay de lo mío”. Y el pasado 21 de noviembre se reunieron con el consejero Viciana que terminó con cualquier esperanza, solo se aviene a quizás financiar algún proyecto puntual. Al frente de Hacienda esta Rocío Albert, profesora en excedencia de la Complutense y conocida lobista de las universidades privadas, incluso compaginándolo con su cargo político. Pronto Madrid aprobará su decimocuarta privada.

martes, 26 de noviembre de 2024

¿Ha llegado el momento de un pacto Faústico en la universidad?

 "Yo creo que el gobierno de Madrid debería insistir en que las universidades consigan objetivos de excelencia para mejorar su financiación. ¿Es un pacto Fáustico? Puede ser, pero es un pacto necesario"

Nota. Esta entrada se publicó originalmente como una tribuna en El Mundo el 20 de noviembre de 2024.

Por Antonio Cabrales. Nada es Gratis blog.- Sigo la polémica de la financiación de las universidades públicas madrileñas con preocupación y con una cierta perplejidad. Preocupación porque al fin y al cabo soy un empleado, y parece que la financiación actual no da ni para pagar los salarios. Perplejidad porque el argumento de que la Comunidad de Madrid tiene que pagar “al menos los salarios” es muy raro cuando se entiende cómo funcionan las universidades públicas.

Las universidades reciben del estado unas cantidades de dinero para realizar su misión: educativa, de investigación y de transferencia de conocimiento. Pero al revés que muchos otros organismos de la administración gozan de una considerable autonomía de gestión. En la práctica esto quiere decir que administra los recursos para llevar a cabo su misión con mucha libertad, aunque siempre dentro del marco legal correspondiente, como es natural. Por ejemplo, la administración no decide cuántos profesores, ni de qué tipo, tienen que tener en plantilla. Algo que, por ejemplo, pasa en Alemania. A mí el sistema español me parece mejor que el alemán porque es más probable que un rector sepa si hace falta un catedrático más de economía aplicada, o uno de derecho constitucional a que lo haga un funcionario de la consejería correspondiente. Y, de hecho, muchos rectores, con buen criterio, dejan que los departamentos administren sus presupuestos para configurar el tamaño y composición de sus plantillas.

Por ese motivo pedir que se paguen “al menos los salarios” es tener un poco de cara (ojo, no sé si es lo que han hecho los rectores). Si yo fuera el consejero les respondería que les dejo que se administren el dinero para que no me mareen con cuánta gente tienen que contratar. Si no les da el presupuesto, que prescindan de alguien.

Una solución es dejar a la consejería que audite plantillas y decida cuántos profesores hacen falta en cada sitio. Y si realmente hacen falta, se les paga. Pero creo que eso sería un error mayúsculo, aparte de que probablemente es técnicamente inviable. Imaginen la escena de un auditor con formación financiero/contable/legal diciéndole al catedrático de biología molecular que el ayudante doctor número tres no es necesario. Me recuerda a la anécdota de aquel colega que (hace muchos años en tiempos menos ilustrados) fue a la biblioteca de su universidad a pedir que se suscribieran a una nueva revista científica. Respuesta del bibliotecario (al que dado el momento del tiempo me puedo imaginar con una colilla de cigarrillo medio consumida entre los labios): “¿Pero ya te has leído todas esas de ahí?”.

Una solución mucho mejor que le recomendaría al consejero es hacer un “acuerdo Fáustico” con las universidades (en recuerdo del que hace en la leyenda alemana Fausto con Mefistófeles vendiendo su alma por algún bien terrenal, que dependiendo de quién la cuente es la juventud, el conocimiento, o simplemente dinero y placer). Voy a argumentar que aparte de solucionar el problema de la universidad se puede convertir en un modelo para otras negociaciones con otros proveedores de servicios públicos esenciales.

El pacto consiste simplemente en ofrecer mejoras presupuestarias condicionadas a que todo (o una parte muy importante de) el presupuesto dependa de la calidad de los servicios que provee la universidad.

Empecemos por la docenciaLa mayoría de la gente va a la universidad para mejorar sus posibilidades profesionales. ¿Lo consiguen? La respuesta inequívoca es que sí, no haga caso de aquel viejo refrán de que la universidad es una fábrica de parados. Este país es una fábrica de parados, aunque ese es otro tema, pero la universidad lo mitiga razonablemente bien. Y los salarios de los universitarios son considerablemente mayores en media a los de los que no estudian. Pero esto no es igual para todas las universidades ni todos los grados o másteres. Y esto no es demasiado sorprendente. Las universidades reciben financiación en general por el número de los estudiantes en las aulas, no por el número que encuentra un empleo, ni por su salario. De manera que los incentivos de los claustros para que sus estudiantes encuentren empleo son, en el mejor de los casos, muy limitados. Así que mi primera recomendación es que las universidades cobren por los estudiantes que encuentran trabajo, y por los salarios que ganan los primeros años desde que se gradúan. Así, si un grado no consigue colocar bien a sus estudiantes, habría incentivos serios para mejorar su formación, o en caso de que sea imposible, cerrarlos o reducir su tamaño para que esos graduados tengan más posibilidades.

Siguiendo por la investigación, aquí también la universidad cumpleLas publicaciones científica de España son más o menos lo que le corresponde dado su PIB. Pero hay países como Estados Unidos o Gran Bretaña que publican mucho más de lo que les corresponde (y ojo que esto tiene en cuenta que son más ricos). Si se utiliza una medida del impacto de esas publicaciones tampoco salimos muy mal, ni muy bien. Podríamos pensar, bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que no. Si alguien nos dijera que la selección española de fútbol no gana nunca un título despediríamos sin contemplaciones al entrenador y buscaríamos nuevos jugadores. Además, por mucho que el fútbol contribuya a la felicidad privada, no tiene el impacto que tiene la ciencia de excelencia en el crecimiento económico. Y me temo que, dados los desafíos demográficos, tecnológicos, y climáticos que nos van a llegar en las próximas décadas más nos vale crecer. Necesitamos más ciencia, y sobre todo más ciencia de excelencia. Por esto mi segunda recomendación es también sencilla. Que las universidades cobren por el número de citas que reciben sus artículos (una buena medida de la importancia e impacto de los mismos) normalizada al campo de estudio (no todos lo campos citan igualmente).

La última misión importante es la transferencia de conocimiento a la sociedad. En realidad, la docencia también es transferencia de conocimiento. Pero cuando se habla de transferencia tendemos a referirnos a aplicaciones de los descubrimientos científicos.  En algún sentido es la plasmación concreta de la ciencia que se hace en los claustros universitarios. En este ámbito yo veo más problemas. Estamos en el décimo puesto de Europa por solicitud de patentes europeas. Tanto por PIB como por volumen de publicaciones deberíamos estar más arriba. La innovación es la forma más concreta con la que la ciencia apoya el crecimiento económico. Y como ya he indicado, ese crecimiento debe ser una prioridad absoluta para nuestro país. Y con esto llega mi tercera recomendación. Páguese a las universidades por el volumen de patentes, y por las citas de esas patentes en otras solicitudes de patentes (una buena medida del impacto de las mismas). También por el volumen de contratos de innovación y transferencia que obtengan de terceros.

Yo creo que el gobierno de Madrid debería insistir en que las universidades consigan objetivos de excelencia para mejorar su financiación. ¿Es un pacto Fáustico? Puede ser, pero es un pacto necesario. El único que me parece que tiene sentido en estos momentos. Podría poner a la comunidad de Madrid a la vanguardia económica de Europa. Y daría ejemplo a los ciudadanos de que la gestión de los recursos se hace pensando en su bienestar, y no en el de los empleados de esos servicios públicos. Los empleados deberíamos aceptarlo para demostrar nuestro compromiso con el servicio a esos intereses. De paso recuperamos tanto políticos como servidores públicos la confianza de los ciudadanos, que buena falta nos hace. Así que ya saben, dinero por goles, un buen pacto Fáustico.

lunes, 25 de noviembre de 2024

La liberalización de cercanías y media distancia: ¿un puente a favor de la competencia?

"La experiencia de nuestros vecinos europeos demuestra que la liberalización del transporte ferroviario de cercanías puede ser beneficiosa para los usuarios, pero también conlleva desafíos"

 Javier Campos Nada es Gratis blog.-Desde 2020 hasta ahora, la liberalización de los servicios ferroviarios de alta velocidad ha supuesto, sin duda alguna, no solo un soplo de aire fresco para un sector de gran importancia en nuestro país, sino que se ha traducido en la práctica en un notable incremento del número de viajeros y de la oferta de servicios, así como en una reducción significativa de las tarifas medias como resultado de la competencia entre Renfe Viajeros y dos operadores privados. Este blog ya ha subrayado en varias ocasiones la relevancia para la movilidad interurbana y el sistema de transporte en su conjunto que tiene el ferrocarril de larga distancia (véase aquíaquí o aquí, por ejemplo) y, a pesar de algunos incidentes técnicos y de los conocidos desencuentros y críticas desde instancias ministeriales (frutos tal vez de un desconocimiento de qué significa la competencia realmente, como señala aquí Juanjo Ganuza), la mayoría de los economistas que nos dedicamos a estos temas seguimos calificando este proceso como positivo e, incluso, insuficiente.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para recabar información con vistas a la próxima licitación de los servicios públicos de transporte de viajeros en ferrocarril de cercanías y media distancia. Se trataría de un cambio fundamental para un sector que transporta anualmente cerca de 500 millones de viajeros – muchos de ellos residentes en las periferias de nuestras grandes ciudades y con ingresos medios o bajos – y que, a diferencia de la alta velocidad, debe explotarse cumpliendo obligaciones de servicio público (OSP) que requieren compensación por parte del Estado. Tanto las posibles implicaciones desde el punto de vista de la cohesión territorial y social, como los potenciales efectos sobre las cuentas públicas y las externalidades viarias (congestión y contaminación) resultan bastante evidentes. Lo que no resulta tan claro es la actitud que adoptará finalmente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien se muestra reacio por ahora a adelantar los plazos, no prorrogando los actuales contratos de exclusividad que tiene Renfe Cercanías, lo que podría hacer que el proceso de liberalización pueda dilatarse hasta 2031.

Creo que muchos usuarios comparten la percepción de que los servicios de cercanías en España han sido la ‘hermana pobre’ de un país que presume de tener ‘la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo’. Diariamente los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco de quejas de los usuarios sobre baja puntualidad, saturación, escasa frecuencia en algunas rutas y falta de inversión en renovación de infraestructuras en estos servicios. Asumiendo que siempre resulta difícil pronunciarse sobre una política cuyos detalles aún no han sido definidos, me gustaría exponer de manera concisa cuáles son – de acuerdo con algunas evidencias disponibles en Europa – las posibles ventajas y riesgos asociados al proceso de liberalización del ferrocarril de cercanías y media distancia en nuestro país.

Las promesas de la liberalización

Uno de los principales argumentos tradicionales a favor de la liberalización es que la competencia – incluso aunque solo sea por el mercado en la licitación de rutas con OSP – suele impulsar una mejora en la calidad de los servicios ofertados. Con una adecuada definición de los parámetros técnicos de la licitación, la posibilidad de que varias empresas compitan en o por las rutas de cercanías generaría incentivos suficientes para que todas intentaran mejorar en aspectos tales como la puntualidad, la limpieza, el confort y la frecuencia de los trenes. La experiencia en otros países europeos como el Reino Unido, donde se introdujo competencia en los servicios de cercanías a través de concesiones, ha demostrado mejoras en algunas rutas específicas, aunque no en todas, tal como señalan acertadamente algunos estudios comparativos. Del mismo modo, la liberalización del transporte de cercanías y media distancia podría traducirse en tarifas más asequibles mediante la aparición de servicios ‘low-cost’ y/o de ofertas puntuales, un efecto ya observado tanto en nuestro país como en Francia al liberalizarse los servicios de larga distancia y que, en el caso de cercanías podría generar ganancias para personas con menos recursos (véase, por ejemplo, la comparación que realizan Beria et al. ,2012 para cuatro países europeos).

Igualmente, con la entrada de operadores privados, cabe esperar un incremento en la inversión en infraestructuras y en la modernización de las flotas de trenes. En países como Alemania y Suecia, se ha observado que la liberalización de los servicios de cercanías redujo la antigüedad media de la flota y trajo consigo la renovación de algunas estaciones, financiadas en parte por las empresas concesionarias. ADIF, responsable de las infraestructuras en nuestro país, podría beneficiarse de estos recursos adicionales para acometer mejoras muy necesarias en ciertas rutas regionales y estaciones que necesitan urgente modernización. La liberalización permite trasladar parte de la inversión y del coste de mantenimiento a los operadores privados a través del cobro de tasas de acceso a la infraestructura, un elemento regulatorio crítica que ha generado no pocas fricciones en el sector de la alta velocidad. En todo caso, un diseño justo de las tarifas de acceso permitiría aliviar la presión sobre el presupuesto público y alcanzar un mayor grado de eficiencia, haciendo que en última instancia sean los usuarios quienes paguen el coste real de los servicios. También pueden obtenerse ganancias de eficiencia a partir de la mayor flexibilidad para adaptar horarios y servicios en función de la demanda que tienen generalmente los operadores privados, lo que podría mejorar la cobertura y frecuencia en rutas menos transitadas. Esto ha funcionado bien en Alemania, donde los operadores han implementado nuevos servicios, más personalizados.

Retos y riesgos de la liberalización en cercanías

Frente a las potenciales ganancias que se derivan de las promesas anteriores, la liberalización también acarrea riesgos y desafíos que es necesario considerar. Por ejemplo, uno de los efectos negativos más criticados en países como el Reino Unido – donde la liberalización conllevó privatizaciones que el nuevo gobierno laborista ha anunciado que va a revertir – fue la excesiva fragmentación de los servicios. La coexistencia de múltiples operadores puede generar complicaciones para los usuarios, como la dificultad de usar billetes combinados o la pérdida de conexiones fluidas. Esto puede traducirse en un servicio menos integrado y fluido, afectado por mayores tiempos de conexión. La liberalización también podría derivar en subidas de precios en rutas menos rentables o en horarios con baja demanda y, en ausencia de una regulación clara o un diseño deficiente del marco concesional, podrían desatender servicios menos lucrativos, afectando a los usuarios que dependen de ellos. En el Reino Unido la apertura a la competencia en el mercado llevó a que algunas rutas y horarios se volvieran prohibitivamente caros, mientras que en países con sistemas concesionales, como Suecia, algunas licitaciones tuvieron que ser replanteadas englobando rutas rentables y no rentables, permitiéndose implícitamente algunos tipos de subvenciones cruzadas.

Frente al carácter comercial de la alta velocidad, no debe olvidarse que el ferrocarril de cercanías y de media distancia sigue siendo un servicio esencial para la movilidad diaria de millones de trabajadores, estudiantes y ciudadanos, tal como lo reconoce la propia normativa comunitaria. Igualmente supone, complementando la red de carreteras, una garantía de conectividad mínima para decenas de ciudades y pueblos de nuestro país. Sin la supervisión adecuada, la entrada de operadores privados podría implicar una pérdida de control del Estado sobre el funcionamiento operativo de un servicio crucial para nuestra economía, por lo que la futura licitación debería incluir parámetros muy claros en relación con el control de la calidad de los servicios, la igualdad en el acceso a las infraestructuras, la coordinación entre entidades públicas y privadas y la facilitación de una intermodalidad sostenible. En Alemania, por ejemplo, donde existen numerosos operadores de cercanías, se ha demostrado que el sistema regulatorio es altamente eficiente, pero también muy complejo y proclive a los conflictos institucionales.

Finalmente, y a pesar de que en teoría la liberalización debe promover la inversión, también existe el riesgo de que – tras la transferencia a operadores privados de algunos corredores – se reduzca la inversión de ADIF en dichas rutas, o se generen conflictos con los operadores privados por su cuantía o priorización. Un plan multianual de inversiones, transparente y, por supuesto, evaluado económicamente como siempre hemos defendido aquí, podría disminuir sustancialmente esta incertidumbre. De nuevo, no sería nada deseable que ocurriera en España lo mismo que en el Reino Unido, donde tanto las empresas como el gobierno se enfrentaron a críticas muy duras por priorizar los beneficios antes que la renovación de las infraestructuras, generando problemas de seguridad y de calidad que aún persisten en algunos servicios.

Conclusiones

La experiencia de nuestros vecinos europeos demuestra que la liberalización del transporte ferroviario de cercanías puede ser beneficiosa para los usuarios, pero también conlleva desafíos. En Alemania, el modelo de concesiones en el que distintas empresas compiten por áreas de servicio ha dado buenos resultados. Los operadores están sujetos a estrictas regulaciones y deben cumplir con estándares de calidad, lo cual ha redundado en una mejora significativa en la frecuencia de los servicios y en la inversión en algunas infraestructuras, aunque también se ha criticado que las concesiones a veces no favorecen las rutas menos rentables. Suecia es otro ejemplo de un modelo mixto (véase un resumen aquí). Los operadores privados tienen una presencia importante, pero el Gobierno mantiene un control sobre las conexiones estratégicas y garantiza tarifas asequibles para todos los usuarios. Esto permite ofrecer servicios asequibles y de calidad en rutas que de otro modo no serían rentables. Por el contrario, otros países, como Francia, Italia o la República Checa, tampoco tienen todavía claro el modelo de desregulación de su transporte ferroviario de cercanías, a pesar de las exigencias de Bruselas.

En definitiva, para que la liberalización del ferrocarril de cercanías en España sea un éxito, será fundamental diseñar un modelo concesional en el que el Estado mantenga un alto grado de control sobre los estándares de calidad y accesibilidad, tanto con incentivos como con penalizaciones. La postura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de su titular no parece en estos momentos demasiado favorable a tender puentes hacia las empresas privadas (especialmente las que tienen respaldo público de otros gobiernos), pero nunca se sabe. En todo caso, esperaremos a que el proceso comience para no nos embarcarnos en un tren que no nos lleve a ninguna parte.

sábado, 23 de noviembre de 2024

Inteligencia artificial e informes jurídicos artificiosos

 "El debate está abierto, y bueno es asomarse de la mano del profesor Ricardo Rivero Ortega desde el artículo que nos ofrece su bitácora jurídica"

 Por J.R Chaves.-delaJusticia.com blog. El profesor Ricardo Rivera Ortega siempre está en la vanguardia investigadora y plantea reflexiones inesquivables para los administrativistas.

Viene al caso porque he tenido acceso a su espléndido artículo bajo el sugerente título de: «¿Puede la inteligencia artificial preparar informes?», que ha incluido en la Revista de Estudios Locales. Monográfico Nº 277, y del que se hace eco en su joven pero maduro blog.

Recomiendo vivamente la lectura de este reciente artículo pues se asoma con una claridad expositiva sobresaliente al preocupante horizonte de la intromisión de la Inteligencia Artificial en la labor creativa de los funcionarios públicos responsables de elaborar informes. El ilustre profesor reivindica el principio de humanidad o supervisión de la persona sobre la tecnología, y en particular resalta las limitaciones de la vigente normativa europea y estatal para conjurar los riesgos del uso abusivo de la inteligencia artificial al elaborar informes, para desembocar haciendo especial hincapié en que en el ámbito funcional de los habilitados nacionales,

"La reducción al absurdo de un escenario sin límites en cuanto a la posibilidad de que las herramientas de inteligencia artificial generativa emitan informes contraria por completo el principio de humanidad y el derecho a la supervisión humana en los procesos de decisión. En el caso concreto de los cuerpos de habilitados nacionales, además, la automatización de la labor de informe podría esquivar el equilibrio de puntos de vista que debe darse entre el criterio político y el jurídico en los procesos de toma de decisiones, afectando al sistema de controles clásico de nuestra Administración local, cuya clave de bóveda radica en mi opinión precisamente en la figura de los habilitados nacionales y los informes que han de emitir"

Por mi parte, temo que los actuales riesgos del “corta y pega” serán sustituidos por el abuso del “sofrito a la IA”, hasta el punto de que la clásica distinción entre informes preceptivos y facultativos, vinculantes o no vinculantes, será completada por una trilogía adaptada a los nuevos tiempos: “informes humanizados” (artesanales), “informes automatizados” (informes basura) “informes artificiales-IA” (artificiosos).

El problema es que tanto los “informes automatizados” (con nula intervención humana) como los “informes artificiales-IA” (con intervención humana distante y pasiva) se convertirán en Caballos de Troya de la legalidad y la eficacia de la cosa pública.

Considero que los informes jurídicos no se ajustan a las posibilidades actuales de la Inteligencia Artificial, puesto que hay dos “conceptos profesionales indeterminados” que poseen los veteranos del mundo jurídico-público (letrados, técnicos superiores, habilitados nacionales y similares), o los que no siendo tan veteranos, se han curtido en destinos complejos (donde cada trienio cosechado vale tres de experiencia).

El primero, es “el dominio del oficio” (la cultura jurídica con mayúsculas). Se trata de la carga cognitiva acumulada por la experiencia y que incorpora en el funcionario que debe emitir informes jurídicos un “saber hacer”, capacidad que no ofrecen los diplomas ni los libros, sino que es un don labrado con el día a día, y que comporta la captación instantánea de las dimensiones del problema y afloramiento de soluciones. Se expresa en aplicar en cada caso o expediente complejo, unas pinceladas jurídicas sencillas que sintetizan el problema, vierten el fundamento y desembocan en una propuesta clara. No se trata de informes eruditos, enredados en un bucle de teorías y jurisprudencia, o que eluden toda propuesta que pueda comprometerles. No. Se trata de informes jurídicos que ofrecen soluciones en clave institucional sin abandonar el pedestal de la legalidad, y permitir que la administración avance. No todos los juristas lo consiguen, pero el veterano suele conseguirlo (no basta West-Point, es preciso haberse curtido en Vietnam o similar encuentro con la realidad).

Otro concepto conexo al oficio, pero con perfil propio es “la intuición jurídica” (la prudencia y el ingenio). Se trata de contar con olfato del humo del peligro o del aroma del acierto, quizá sin sostén racional explícito, pero que lleva a acertar (mecanismo mental que hoy día ningún algoritmo puede reproducir).

Por eso creo que estamos ante una sencilla evolución de las “armas jurídicas disponibles” en clave tecnológica. En efecto, en la última década del fin de siglo pasado el Aranzadi de papel supuso una sensible ventaja sobre el acierto del informe jurídico; en este primer cuarto de siglo las Bases digitales de datos jurisprudenciales se han convertido en el mayor aliado del ahorro de tiempo y de la evitación de errores en los informes. Y ahora vendrá el segundo cuarto de siglo en que los informes serán elaborados por tecnología artificial y sometidos a la pincelada de humanidad, para que el “chef jurídico” los apruebe, enmiende o enriquezca con el toque humano.

Algo parecido sucederá posiblemente con las sentencias judiciales. En algún sitio he leído que en China se está experimentando que los jueces elaboren su proyecto personal de sentencia, y antes de dictarla, deben someterla a “supervisión tecnológica” (IA) de manera que si aquélla no se ajusta al estándar o pronóstico de “solución tipo” tecnológicamente ofrecida sobre los datos suministrados, tiene el juez que reconsiderar su propia sentencia creativa y examinarla con amplitud de criterio, sin carácter vinculante pero con la inexcusable carga de revisarla. O sea, la Inteligencia Artificial no está en la fase previa de propuesta al juez, sino en fase de control o prueba de resistencia de la propuesta de sentencia elaborada por el juez.

En fin, no creo que China sea el modelo de lo que debe ser una justicia humanizada. Al contrario, creo que se impone no perder de vista el alto sentido del derecho, y en particular del derecho administrativo, como he expuesto en mi última obra (“Sentido y sensibilidad del derecho administrativo“, Bosch 2024) en la que afirmo

"Lo tecnológico, telemático y lo automatizado son medios para mejorar la gestión pública, no para recortar los derechos de los ciudadanos. Son técnicas para facilitar la rapidez, exactitud y acierto del procedimiento, no para expulsar del mismo al interesado. El reto a corto plazo es armonizar esa implantación plena de tecnologías con los derechos del ciudadano a ser tratado como lo que es, un ser vivo, pensante, sensible y por desgracia, no tan infalible como un autómata."

Y más adelante preciso que no solo cambia la tecnología sino las personas llamadas a utilizarla (pág. 86):

"Nos encontramos en la génesis de un Derecho Administrativo tecnológico, tanto como la gente de nuestro tiempo, cuyo contenido regulador no debe jamás perder de vista la condición humana del destinatario de la gestión pública. La sensibilidad humana actual, especialmente de los adolescentes que serán los ciudadanos y gobernantes del mañana, está experimentando tendencias novedosas fruto de la revolución tecnológica. La primera evaluación de su efecto sobre lo público, nos permite apreciar la presencia significativa de fenómenos preocupantes como los siguientes: una menor capacidad de atención y paciencia (lo que se reflejará en la capacidad de comprender procedimientos e intereses públicos que se tutelan); una actitud crítica multilateral (la cultura de la queja, alimentada por información sesgada y posverdad, se ensañará en las actuaciones públicas y los empleados públicos); una manifiesta adicción a los teléfonos inteligentes y pantallas (lo que aumentará el riesgo de ciberataques con acceso pleno a la información que se maneja en las relaciones jurídico-administrativas); y hábitos de acceso a información multilateral y consumismo inmediato (lo que se manifestará en menor interés por los valores humanos y preocupaciones espirituales, que se traducirán en una actitud menos empática hacia colectivos desfavorecidos o iniciativas públicas asistenciales o medidas solidarias).

Y no solo se plantea el problema de sensibilidad desde la perspectiva del ciudadano destinatario de la gestión pública, sino que debe abordarse desde la perspectiva de las autoridades y empleados públicos pues también ellos serán vulnerables al manejo de los big-data y su uso al servicio de los intereses que consideren públicos."

Y TODOS ESTAREMOS PENSANDO COMO SALIR DEL ATOLLADERO

No se trata de ser catastrofistas, sino de adaptar el derecho administrativo, los funcionarios y sus informes a los nuevos tiempos, pero eso sí, sin olvidar el alfa y omega de la Administración pública, que es el servicio al interés general con salvaguarda de la dignidad de la persona. Ni la legalidad ni la eficacia, ni la rapidez a toda costa. No. Hay algo más que no debe perderse. El sentido humanizado del Derecho.

En definitiva, el debate está abierto, y bueno es asomarse de la mano del profesor Ricardo Rivero Ortega desde el artículo que nos ofrece su bitácora jurídica.

miércoles, 20 de noviembre de 2024

¿Quién hablará en europeo? El desafío de construir una unión política sin lengua común

"En la Unión Europea actual, convive el abultado entramado institucional con una falta de genuina identidad común"

Por Marta Domínguez Jiménez.-Nada es Gratis blog.- En Bruselas existe una conversación recurrente cuando nos reunimos jóvenes entusiastas de diversos los orígenes en la plaza de Luxemburgo con nuestros enormes vasos de cerveza belga:  nos lamentamos sobre la falta de un demos  europeo que pueda dotar de una mayor solidez al proyecto. 

Los debates políticos se rigen en clave nacional, no hay esfera pública europea como tal en la que se analice la dirección de la unión en su totalidad y, tal vez su manifestación más sangrante, en las elecciones al Parlamento Europeo los ciudadanos votan con base en las prioridades y el desempeño nacional de sus partidos. En la Unión Europea actual, convive el abultado entramado institucional con una falta de genuina identidad común, y son numerosas las razones para ello. Por una parte, existe una verdadera fragmentación del tejido cultural y de los medios de comunicación, sectores que siguen compartimentados por países. Dicho esto, otro obstáculo al desarrollo de esta conversación pública única, que tal vez parezca obvio, pero, sin embargo, raramente se ve mencionado, es el idioma en el que debería tener lugar. Si bien se asume que disponer de una lengua compartida juega un rol central en comunidades de todo pelaje (de lo institucional a lo familiar), estos lamentos suelen pasar por alto el hecho de que es difícil tener una única esfera pública en veinticuatro lenguas distintas (por no hablar de muchos otros idiomas regionales). Esta es la cuestión central que abordamos en el libro ¿Quién hablará en europeo?.

El libro se divide en dos partes. La primera mira hacia atrás, y examina la consolidación lingüística en algunos de los principales países de Europa. Si bien el breve recorrido histórico arranca con la relación entre lengua e identidad, al mismo tiempo busca poner en relieve algo que a menudo olvidamos. La evolución de los equilibrios entre las lenguas no se desarrolla linealmente y siguiendo un patrón constante, y sobre todo este no ha sido estanco en ningún momento. Cada ecosistema lingüístico es un mundo, y las historias de cómo cada lengua franca alcanzó su posición son enormemente diversas.

De allí se vuelve la mirada hacia el fututo, para examinar al único idioma con visos de devenir en lengua franca a nivel continental en la actualidad: el inglés. Y, aunque aún le quede un largo camino por delante hasta convertirse en el vehículo que permita la comunicación entre los ciudadanos europeos (y no solo entre sus élites), empiezan a emerger ya pequeñas comunidades donde se ha vuelto algo más que una simple herramienta de comunicación. Tal vez la mejor manifestación de este fenómeno es que el inglés que se habla en Bruselas haya comenzado a evolucionar y a desviarse (aunque por ahora, sólo un poco) del inglés estándar, sentando quizá los cimientos de un habla propia a la que algunos ingleses, en un ejercicio de anticipación y con cierta socarronería, han bautizado como Eurish. Este inglés de Bruselas asume estructuras y faux amis prestados de los otros grandes idiomas europeos, pero aún es pronto para considerarlo una variante dialectal. Su futuro depende ahora de la suerte que corra entre las comunidades de expatriados: si logra salir de la esfera profesional y convertirse en una lengua de uso cotidiano, entonces es posible que algún día exista un genuino inglés europeo. De lo contrario, seguirá siendo una lengua de trabajo, siguiendo la estela de otras viejas lenguas cultas y sin hablantes nativos (como el latín).

Más allá de la dimensión lingüística, el posible progreso del inglés como lengua franca tiene implicaciones relevantes. El rol de la lengua propia para sus hablantes es tan práctico (participar en un mismo debate público) como identitario. Esto segundo se haya muy presente en el debate político español. Así pues, es importante tener presente que la falta de una identidad o ciudadanía común europea que vaya más allá de la pertenencia difusa a una cultura no es solo una preocupación académica: los acontecimientos de los últimos años han puesto de relieve cuáles son los límites y peligros de un proceso de integración en el que las distintas partes no estén fuertemente cohesionadas (el Brexit parece el ejemplo obvio, pero también es cierto en lo que respecta a las decisiones tomadas tras las crisis de deuda soberana). Por ello, si la UE continúa avanzando en su proceso integración política, y ante la evidencia de que cada vez más voces cuestionan su legitimidad y la viabilidad de profundizar en la integración sin un espacio público común, se hace necesario plantearse cómo se pueden resolver esos dos obstáculos (la fragmentación de los medios y la fragmentación lingüística) para conseguir crear una verdadera comunidad política.

Asimismo, y tras una década de crecientes tensiones entre ganadores y perdedores de la globalización, es de esperar que la generalización del uso a nivel político y corporativo de una lengua que resulta ajena a la mayoría de los europeos contribuiría a profundizar los clivajes actuales. Con todo, el grado de tensión que genere la cuestión lingüística dependerá, lógicamente, de si se alcanza o no un bilingüismo efectivo entre la lengua materna y el inglés, o si, por el contrario, se mantiene una situación de diglosia con funciones y estatus diferenciados. Ambos procesos tendrán consecuencias (de distinta gravedad) en aspectos tan sensibles como la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Así pues, mientras la diglosia resultaría en un verdadero desapego entre las elites y el resto de la población (algo enormemente dañino y más fundamental), la mera consolidación del inglés como idioma profesional supondría igualmente un importante obstáculo para el avance social de quienes no lo dominan, que no es problema menor. En ese sentido, el factor fundamental que podría contribuir a cambiar el curso habitual de la historia (y evitar así que la consolidación lingüística se alcance a costa de la paz social o la igualdad de oportunidades) es la educación. En algunos países de la Unión, la enseñanza de lenguas extranjeras es sobresaliente. Este es el caso de los países escandinavos o el Benelux. Mientras tanto, para otros sigue siendo una asignatura pendiente. Solo a través de la instrucción podría alcanzarse algo cercano al bilingüismo efectivo que se extendiese a todas las capas de la sociedad. De esta manera, la ciudadanía en su totalidad debería poder formar parte del debate público en Europa sin renunciar a su identidad lingüística.

Tres años después de la publicación de la primera edición de este libro, las prioridades de los líderes en la UE ha girado hacia cuestiones de defensa o dependencia energética. Sin embargo, lo que se ha mantenido constante es el foco en la respuesta europea a estas cuestiones. Al mismo tiempo, la deriva populista continua en el mundo entero, como bien nos demuestran las recientes elecciones americanas, y la cosecha de eurodiputados elegidos este año incluye un número mayor de miembros que vienen de partidos de extrema derecha. Las pulsiones nacionalistas y nativistas se encuentran en el centro de los discursos de los líderes de este corte y también de las ansiedades ciudadanas que les alimentan. Ante esta realidad, es importante señalar que el rechazo que suscita el inglés entre la población local empieza a estar ya muy relacionado con el populismo de derechas en los países en los que está más expandido, aunque en España nos cueste imaginarlo por estar aún bastante ausente. El caso más claro de este fenómeno son los Países Bajos, donde existe un miedo a que el holandés se convierta en una lengua subordinada al inglés en su propio feudo. Así las cosas, es importante evitar que esto se convierta en un frente más, una fuente adicional de apoyo de este tipo de movimientos políticos. Por ello, opino que las preguntas que nos hacemos en ¿Quién hablará en europeo? son hoy más importantes que nunca, y las debemos abordar antes de que sirvan para fomentar una mayor tensión. La cuestión lingüística es una conversación pendiente que debemos tener, en el idioma que sea.

LA ADMINISTRACÍÓN PÚBLICA , UNA NECESIDAD SOCIAL

Por Andrés Morey. Tu blog de la Administración pública.-  Dije que había que examinar, dada la situación del edificio, tanto los cimientos, el proyecto, la obra, las tejas, etc. 

Pero este edificio, la Administración PUBLICA y no privada o asistencial sólo, es una institución nacida de la necesidad de una organización social y para llegar a sus bases actuales y en especial a las españolas, hay que tener en cuenta que es consecuencia de un proceso histórico y de la sociedad y de la evolución del poder. Comprender esto más allá de los detalles que cada ciencia destaca es esencial. 

No se trata de exponer toda la tipología social o la evolución del poder y su administración pública como Weber nos mostró. Creo que para iniciar la cuestión hay que partir ya de la división de poderes como planteamiento político y jurídico, por lo segundo, formal, y necesario una vez constituido el modelo contemplar si existe en la realidad o no y en parte a ello dedicaré esta etapa.

Partamos pues de la división de poderes en nuestra Constitución, la cual, en realidad, sólo denomina como tal al Judicial. Y esta división en nosotros parte de considerar a España como un estado social y democrático de Derecho y de que sus poderes  emanan del pueblo español. Esto es pues la base formal y luego cada poder es descrito a través del texto constitucional.

Claro que quien quiera examinar qué o quién es el pueblo, se metería en un jardín en el que acabaría describiendo lo que es la democracia, cuyo concepto se estima o describe de forma distinta según sistemas de Estado o políticos. Pero, naturalmente, no entro en el jardín y partiré de su dibujo.

Los lectores que aguanten la lectura de este blog, ya saben cuáles son los poderes públicos estatales. Y como aquí se tiene como objeto de observación a la Administración pública como parte del poder ejecutivo, la vamos a considerar desde su eficacia real, lo que conlleva necesariamente exponer su relación con el poder judicial.

Mi defecto de escribir vuela pluma es que toda relación que acude a mi mente me llevaría o a sintetizar mucho o a extenderme demasiado. Como han surgido las relaciones con el poder judicial se nos muestra el protagonismo de lo jurídico e, inmediatamente, del Derecho administrativo, y también el legislativo y los partidos políticos. Así pues de esa relación iré escribiendo en siguientes entradas.

sábado, 2 de noviembre de 2024

UN ESTADO INSERVIBLE: LA DANA Y EL DERRUMBE DE LO PÚBLICO

"Con más de diez mil estructuras gubernamentales y otras tantas entidades del sector público, más de tres millones y medio de empleados públicos o del sector público empresarial y fundacional, España es un país desarticulado en cantones territoriales autárquicos, con sus propios jeques y sus respectivos harenes de directivos públicos nombrados por el poder que se prostituyen sin pudor a las órdenes de quien manda (del puto amo o sus análogos)"

Por Rafael Jiménez Asensio.- Ensayo y Política Blog- A todos que han padecido los efectos de la terrible dana, en especial a los familiares de las víctimas y a toda la ciudadanía de las poblaciones devastadas, doblemente afectados por los fenómenos de una naturaleza que se rebela ante los excesos humanos que han terminado por quebrar su equilibrio y por la incompetencia política y la mala gestión por parte de los responsables públicos de una crisis que se pudo y se debió atenuar en sus terribles efectos de haber funcionado cabalmente los recursos públicos predictores, preventivos de riesgos y de coordinación y gestión de catástrofes que un verdadero Estado que así se precie debe tener siempre activos.

En estos terribles días, tras los brutales efectos de la dana en varias partes del territorio nacional, con particular crudeza (por el número de víctimas y devastación) en la Comunidad Valenciana, los testimonios y las imágenes, así como el consiguiente cabreo ciudadano, se multiplican. Lo que ha quedado meridianamente claro es que en España el Estado no funciona en aquellos momentos críticos en los que se torna más necesario. Se mostró con crudeza sin par en la larga pandemia, pero se hicieron -como ahora se hará, cuando las secuelas del temporal amainen- oídos sordos por parte de una endogámica, amén de sectaria, clase política y de un fragmentado e ineficiente ovillo de administraciones públicas, que funcionan cada una a su bola, también encerradas en su propia endogamia y autocomplacencia, sin nadie que haga de director efectivo de una ruidosa y carísima orquesta de instrumentos desafinados y muchos de ellos inutilizables.

Durante la pandemia me cansé de escribir entradas en mi ya cerrado Blog, La Mirada Institucional, poniendo de relieve una y otra vez que los estúpidos mensajes de unos gabinetes de comunicación de baratijas de los ineficientes políticos españoles, eran un insulto a la inteligencia: “saldremos más fuertes”; “no dejar a nadie atrás”, etc. Todo fue mentira. También se acumularon los cadáveres (muchísimos entonces y centenares ahora), además de quienes, por lo común, menos capacidad de respuesta tenían.

Y, a partir de ahí, los píos y falsos deseos de mejorar el evidente caos de lo público (ya no se puede hablar de “sistema”) y de convertir al sector público en tractor (estúpida expresión) de la recuperación, pronto mostraron sus costuras rotas. El poder central, tras un protagonismo estelar en sus inicios, le vio las orejas al lobo, y se puso de perfil con un burdo e ineficiente sistema denominado con el necio eslogan (otra baratija comunicativa) de cogobernanza. Un auténtico pleonasmo, que esconde no saber qué es la Gobernanza. Se pasó la pelota a esa constelación de lo que se han convertido con el paso del tiempo como cantones autárquicos que se denominan Comunidades Autónomas, donde cada señor feudal hacía de su capa un sayo, solo corregido el despropósito con Comisiones intergubernamentales de pretendida coordinación, más bien gallineros de intereses políticos contrapuestos, donde amigos y enemigos no conciertan nada, pues como ya se sabe -se ha mostrado estos días fehacientemente- se impuso el pérfido refrán de “al enemigo ni agua”. Decenas de miles de personas viven de la política en España y pocas veces a lo largo de la Historia de este país tal política ha sido tan impotente.

En una situación de normalidad, el mal funcionamiento de los servicios públicos ordinarios, esto es, los propios de una situación de normalidad (transporte, sanidad, educación, seguridad ciudadana, justicia, etc.), se advierte de modo individual o localizado, aunque a veces estudios e informes solventes (algunos internacionales, siempre los más objetivos) ponen de relieve que ese irregular y costoso modo de gestión de ciertas políticas es sencillamente bochornoso o poco edificante. Pero al surgir una situación de excepción, como sin duda fue la acaecida en varias Comunidades Autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana, es cuando se pone de manifiesto que la gestión política y ejecutiva de lo público es mucho más lamentable y muestra unos agujeros impropios de cualquier país que pretenda llamarse europeo.   

La política española se halla en la actualidad en el cénit de su ineficiencia e inmoralidad, y solo sabe jugar al ratón y al gato, traducción ingenua de la dura contraposición schmittiana que tanto gusta al poder hoy en día entre amigo y enemigo. Y a esa mala política, enquistada en la cultura de los partidos, trasladada a las instituciones e infestada de “personajes” cuyo único motivo existencial es vivir atados a la poltrona o adosados in aeternum a los presupuestos públicos, a quienes solo les interesa estar en el poder, disfrutar de sus oropeles y repartir prebendas o poltronas entre los suyos y sus amigos políticos.  Hacer política en España es casi siempre eso: pillar para sí y repartir turrones, como escribió Juan Valera, entre sus amigos políticos, familiares y correligionarios. Lo que le pase a la ciudadanía, siempre vista como servidumbre por unos cada vez más indocumentados gobernantes y su cohorte de lacayos del poder, particularmente numerosa entre plumillas, voceros comunicadores a sueldo, les importa a los políticos y a esos últimos un absoluto carajo, como se ha visto de forma evidente estos pasados días. Y no pondré ejemplos, pues son conocidos. La política en España, un Estado clientelar de partidos químicamente puro, consiste, por tanto, en que los abnegados militantes y amigos del poder alcancen a ser posible un sueldo público de 6 dígitos (o se aproximen a ello), roten indefinidamente en la noria de los puestos “de responsabilidad” política o directiva, sepan o no sepan de qué va eso, y que siempre y en todo caso se dediquen en cuerpo y alma a joder al enemigo, también, por ende, al ciudadano, a quien en su foro interno no pocos desprecian. También en sus peores versiones, que cada vez abundan más, los políticos muestran su versión más oscura, preñada de inmoralidad y abuso de poder, sexo y drogas (no sé si de rock and), así como de no pocos casos de corrupción o de conflictos de intereses. Por no seguir. El poder da tono, posición y visibilidad. Eso es lo que buscan.

Y con esos mimbres se dirigen en este país las Administraciones Públicas, un mosaico informe y desordenado al servicio (pretiriendo la Constitución) no tanto de los intereses generales como de quienes gobiernan circunstancialmente cada nivel territorial. Así no es de extrañar que la dirección profesional sea otro eslogan que la política cínica nunca se ha creído y menos practicado. Dirigidos por amateurs, pasa lo que pasa. Y nada es gratis ni en dinero ni en víctimas. Además, disponemos de un modelo (más bien antimodelo) de (des)organización territorial que cuartea hasta hacerlas irreconocibles las competencias sectoriales, con absoluto abandono de las funciones de coordinación, y que cada palo aguante su vela. Con más de diez mil estructuras gubernamentales y otras tantas entidades del sector público, más de tres millones y medio de empleados públicos o del sector público empresarial y fundacional, España es un país desarticulado en cantones territoriales autárquicos, con sus propios jeques y sus respectivos harenes de directivos públicos nombrados por el poder que se prostituyen sin pudor a las órdenes de quien manda (del puto amo o sus análogos). El denominado “sistema administrativo” o el “sistema de función pública” están en proceso de deconstrucción o de derrumbe programado. Las capacidades ejecutivas o administrativas tanto de la Administración del Estado como de las Comunidades Autónomas o entes locales se están paulatinamente desfondando. Los fondos europeos no fluyen, solo en «circuito cerrado». No entraré a exponer aquí las causas de que se haya llegado a tocar fondo (aunque de puede caer más bajo aún), pues lo he hecho en otros muchos sitios. Un empleo público cuarteado, envejecido, vicarial, con estándares de profesionalización y vocación de servicio púbico descendentes, endogámico, bulímico en derechos y anoréxico en valores, contaminado en su imparcialidad por una política depredadora, con tics del viejo corporativismo y presiones fuertes de clientelismo político y sindical (ambos particularmente voraces), escasamente motivado y con bajo sentido de pertenencia, resulta una herramienta muy deficiente y totalmente inadaptada para  afrontar los extraordinarios retos de la recuperación económica, y menos aún los desafíos tecnológicos, de la Agenda 2030 y del cambio climático a los que se enfrentará España en los próximos años y décadas.

Es cierto, sin duda, que han sido los funcionarios públicos de los servicios de emergencia y seguridad, así como los de servicios sociales y defensa, quienes han dado una mejor imagen de compromiso abnegado estos días. Lo de siempre. Pero aquí también hay luces y sombras, que ahora no procede comentar. Por su parte, alcaldes y alcaldesas, y sus respectivos equipos de gobierno, se han desvivido por atenuar los devastadores efectos de la situación sobre una población inerte, además en un momento en que la Administración Local está totalmente fuera de la agenda política y el municipalismo en caída libre. Pero no se trata de ensalzar héroes, que los hay, sino de mostrar las deficiencias de algo que ya no se le puede llamar ni siquiera como “sistema”. Lo público estos días se ha derrumbado en su imagen y en sus obras. Se ha deslegitimado a ojos de la población. Han dado un espectáculo lamentable. La extraordinaria solidaridad ciudadana ha atenuado algo -con sus limitadas herramientas y su denodado voluntarismo- la inacción, falta de coordinación, impericia directiva o gestora de unos poderes públicos, que solo se denominan así ya porque se nutren de unos presupuestos alimentados precisamente con el esfuerzo y trabajo de una desarmada ciudadanía a la que han abandonado a su propia suerte.

Hay quienes piensan que esto tendrá un antes y un después. Y que habrá reacciones desde la política. Lo dudo. No pasó en la pandemia y mucho me temo tampoco pasará ahora. Hemos llegado a un punto de no retorno, de mala política y mala Administración sistémica (esto último lo reconocen incluso las defensorías del pueblo) que nadie sabe ni quiere reparar, pues eso requiere otra forma de hacer política, unas profundas reformas del sector público, así como decisiones valientes (esto es, políticos con coraje) y liderazgos éticos, que -con todos mis respetos- no aparecen por ningún lado. Ni están, ni se les espera. Un escenario horrible para un Estado con unos fallos sistémicos cada vez más graves; pero especialmente para una ciudadanía española que no se merece tal dejadez irresponsable, este maltrato, ni el delictivo abandono de la que ha sido objeto. Tal vez, ese pueblo al que tanto se apela, algún día estallará. Como dijo el ensayista y urbanista Paul Virilio, “toda revolución se hace en la ciudad”. Así ha sido siempre, y tales procesos surgieron a veces por cuestiones de mucho menor impacto que las acaecidas estos días, de una gravedad supina. Tomen nota.