Puertas giratorias, miembros del partido y familiares, entre los asesores en los ministerios que sí conocemos

Sumamos a nuestro buscador 530 nombres de personal eventual que trabajó en algunos de los ministerios entre 2020 y 2023. No están todos, porque tanto Presidencia, como Interior, Inclusión e Industria han decidido ocultar esa información.

Por Eva Belmonte, David Cabo, Ter García, María Álvarez del Vayo y Ángela Bernardo. Civio.es  15 julio 2025.- Entre las páginas del plan contra la corrupción que presentó Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso aparecen los asesores. Dos veces. Una, para incluirlos junto a los altos cargos entre quienes tendrán que rendir cuentas de sus reuniones si se acaba aprobando la Ley del lobby, ahora en anteproyecto. Otra, cuando se resumen futuras medidas para evitar los conflictos de interés, como limitaciones tras el cese (para evitar las puertas giratorias), dedicación exclusiva o declaraciones de bienes. Medidas que ya existen para los altos cargos. El plan no aclara si la promesa es que sean más estrictas o que se pondrán medios para vigilar que se cumplan con más empeño. Lo que sí es nuevo, aunque impreciso, es cuando el texto añade que “algunas de estas medidas serán también aplicables al personal eventual miembro de gabinetes que realiza tareas de confianza y asesoramiento especial”.

Eso podría significar que las medidas para evitar ciertas puertas giratorias, como que una persona se vaya a trabajar, tras el cese, a empresas sobre las que ha regulado (o, en este caso, sobre las que ha asesorado para regular), se amplíen, al menos en parte, al personal eventual. Incluir a los asesores en este plan no es espontáneo. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) reclama a España, desde 2019, que las exigencias sean similares a las de los altos cargos. En su última evaluación, pide “someterlos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los que se aplican a las personas con altas funciones ejecutivas”.

La parte de la transparencia, esto es, publicar como mínimo sus nombres, no se cumple. Y, cuando se piden -vía solicitud de información-, todo son trabas: tras más de año y medio desde que Civio pidió la lista, solo tenemos una parte del personal eventual que trabajó en los ministerios entre 2020 y 2023. Industria y Turismo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; Transformación Digital y Función Pública; y Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, que incluye los datos del gabinete de la Presidencia del Gobierno, no han dado ni un solo nombre. Todos ellos son ministerios del PSOE. Entre el resto, esto es, los nombres que sí tenemos (530 personas), encontramos un porcentaje muy alto de asesores de comunicación (uno de cada tres), muchas personas que vienen de los partidos que forman el Gobierno y algunos familiares de políticos.

Pero también hay puertas giratorias. Todas ellas legales, puesto que ninguna norma regula, como sí pasa con los altos cargos, el paso de lo público a lo privado, y viceversa, de los asesores. Y es que, aunque no firman decisiones que puedan afectar a empresas de las que vienen o en las que luego trabajen, asesoran sobre esas decisiones. Tiene sentido que, si un Gobierno necesita asesoramiento técnico en un sector estratégico como el farmacéutico o el de las telecomunicaciones, busque a profesionales con experiencia en él. Sin embargo, la cuestión clave no es solo la experiencia previa del asesor, sino la total ausencia de un marco regulatorio y de transparencia que sí se exige a los altos cargos. A diferencia de ellos, los asesores no tienen limitaciones para volver al sector privado sobre el que han aconsejado, creando un caldo de cultivo para potenciales conflictos de interés. Conocer sus nombres permitiría, al menos, saber a quiénes escuchan los altos cargos, de dónde vienen y dónde van tras su paso por lo público.

Yago Ramón Pindado pasó de la farmacéutica GSK, donde era Government Affairs Manager (Director de asuntos gubernamentales), a trabajar como asesor de los ministros de Sanidad Carolina Darias, José Manuel Miñones y, en este último caso durante un breve espacio de tiempo, Mónica García. En mayo de 2024 hizo el camino de vuelta y, desde entonces, es Public Affairs Head (algo así como jefe de Asuntos Públicos, si traducimos el cargo) en el mismo laboratorio, como recoge en su perfil de Linkedin.

No es la única persona que ha pasado por Sanidad desde o hacia una empresa farmacéutica. Pero no es lo mismo alguien contratado como personal eventual que lleva las redes en el Ministerio de Sanidad y pasa a llevarlas en AstraZeneca -caso real-, que pasar de ser asesora en el Ministerio a, tras menos de un año intermedio en Correos, hacerlo en “asuntos gubernamentales” en esa misma farmacéutica. Es el caso de Teresa Jiménez, asesora del gabinete de la exministra Carolina Darias, que, en febrero de 2024, menos de un año después de dejar Sanidad, pasó a ser Government Affairs Manager en AstraZeneca. Esto es, de asesorar en el Ministerio a ser la persona que se relaciona con el Gobierno en la farmacéutica.

Estos no son los únicos casos de viaje de ida y vuelta entre lo público y lo privado. Agustina Piedrabuena fue directora general para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones en el gobierno castellanomanchego de José María Barreda. Luego pasó a Telefónica, según su Linkedin, donde trabajaba en ventas y desarrollo de negocio con administraciones públicas y empresas. Y de ahí fue cuando, de vuelta a lo público, fue fichada como asesora en diferentes ministerios. Entre varios cargos, llegó a ser directora de gabinete del ahora exministro Jose Luis Escrivá, donde cesó en septiembre de 2024. De ahí pasó a ser consejera técnica del mismo Ministerio, también bajo la figura del personal eventual, donde estuvo hasta febrero de 2025, cuando volvió a Telefónica, esta vez para trabajar en Relaciones Institucionales de la compañía.

Hay más casos similares en el sector de las telecomunicaciones, como Miguel Escassi, que fue asesor entre 2020 y mediados de 2021 en el gabinete de Nadia Calviño y pasó, directamente, a Head of Government Affairs and Public Policy (Director de Asuntos gubernamentales y políticas públicas) de Google España y Portugal.

Otras veces el camino es solo de una dirección: de lo privado a lo público. Es el caso de Matías González, actual secretario general de Telecomunicaciones, que llegó al Ministerio como asesor directamente desde Vodafone. Su cargo en la compañía estaba muy vinculado con lo público: era director de asuntos regulatorios y relaciones institucionales.

El Ministerio de Transportes también recurrió a perfiles con una larga trayectoria en el sector privado que regula. Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 contó como asesora con una profesional que venía de trabajar durante diez años en el gigante ferroviario Alstom y, previamente, había sido directora de concesiones en el Grupo Puentes, Eva Ballesté. Es decir, una experta en uno de los mayores contratistas del sector y en el mecanismo de las concesiones públicas pasó a asesorar directamente al organismo encargado de regularlos.

Como ocurre con los altos cargos, muchos asesores se van, tras el cese, a grandes consultoras. Muchas de ellas acaban dedicándose a hacer lobby en nombre de empresas. En este caso, la relación no es directa, pero pueden acabar representando a compañías de sectores que regulaba el ministerio en el que trabajaron.

                                             Familia y partido

Hay otras dos cosas que se repiten desde 2010: estos puestos se usan, muchas veces, para nombrar a miembros del partido, de confianza; y familiares. En los últimos años hemos visto contratados como asesores al primo de José Luis Rodríguez Zapatero, el hijo de Esperanza Aguirre, la hija de Eduardo Zaplana y otros familiares de senadores y diputados del PP.

En los datos más recientes, al menos en los que sí tenemos, encontramos por ejemplo a María Navarro, hija de Pere Navarro, que fue secretario del PSC. Fue contratada como asesora en 2021 por Miquel Iceta para su Ministerio de Cultura y Deporte. Tras ese cargo, ha ocupado varios puestos de comunicación en organismos públicos.

Cuando Alberto Garzón fue nombrado Ministro de Consumo y formó su gabinete, contrató bajo el paraguas del personal eventual y como ayudante de secretaría a Lucía Dassy, su cuñada (hermana de su mujer). Tras su salida del Gobierno, Dassy fue una de las pocas personas de su equipo que siguió trabajando para un ministerio: pero esta vez fue en Juventud e Infancia y en un cargo superior, ya como asesora en asuntos legales, su especialidad.

Del total de nombres que sí tenemos y que pasaron, entre 2020 y 2023, por aquellos ministerios que no se resisten a la transparencia destaca una dinámica clara, al menos un tercio tienen que ver con la comunicación: llevan campañas, redes, gabinetes de prensa. Y vienen de todo tipo de medios. Uno de ellos es Carles Montaña, que fue asesor de Miquel Iceta en el extinto Ministerio de Política Territorial durante seis meses de 2021 y se define a sí mismo como “experto en comunicación de crisis”, trabajo que realiza desde su propia consultora desde 2014. No es la primera vez que ayudaba en la comunicación a un partido o alto cargo. De 2008 a 2015 fue asesor de CiU en el Senado. Antes estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio, también en tareas de comunicación y también para miembros del PSC, en ese caso José Montilla y Joan Clos.

Pero si alguien es un superviviente, más allá de partidos o colores, es José Luis Fernández-Tostado. Según su Linkedin, es “periodista del Gobierno de España desde 1982”. Según nuestros datos, que abarcan desde 2010, fue jefe de área de información entre 2009 y 2011 en el Gobierno de Zapatero; luego asesor en la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas y en la delegación del Gobierno en Galicia en gobiernos del PP (entre 2013 y 2018); y, tras la moción de censura de 2018, volvió a trabajar en gobiernos socialistas. Ha sido consejero técnico de información en los ministerios de Meritxell Batet, Carolina Darias, Miquel Iceta, Isabel Rodríguez y Ángel Víctor Torres. Y es que, aunque el personal eventual es de confianza del cargo que le nombra y cesa cuando este lo hace, muchos han estado hasta décadas ocupando esas posiciones, como desveló Civio en 2020.

Solo conocemos una pequeñísima parte de esos nombres

Koldo García era asesor y estaba contratado como personal eventual. También lo estuvo, durante un tiempo, su exmujer. En el caso de Koldo, sabemos que lo era desde hace años porque su presencia estaba siempre ahí, como sombra del exministro Ábalos. Y ahora aparece en la lista que ha pasado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, uno de los únicos que sí ha enviado todos los nombres de su personal eventual. De hecho, en 2019 Civio ya publicó sus polémicas anteriores y su indulto. Pero hay muchos eventuales de los que no sabemos, ni siquiera, su nombre. Publicar el listado del personal eventual, como le pide el GRECO al Gobierno, no está incluido de forma explícita en el plan que presentó Sánchez la semana pasada.

De hecho, solo conocemos una parte de esos nombres. Tras una travesía de más de un año, y tras leer todas las excusas posibles -que si es mucho trabajo dar esa lista, que si hay que proteger los datos personales, que si dar los de Interior afectaría a la “seguridad nacional”…-, solo podemos publicar los nombres de todos los eventuales que trabajaron entre 2020 y 2023 en cuatro ministerios: Agricultura, Pesca y Alimentación; Igualdad; Transportes y Movilidad Sostenible; y Vivienda y Agenda Urbana. Ni un solo nombre de de Industria y Turismo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; Transformación Digital y Función Pública; y Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes. Este último Ministerio, incluyendo los miembros del gabinete de Pedro Sánchez, sumaba 444 asesores a finales de 2023. 444 personas de las que no sabemos ni su nombre.

Por esa razón Luisgé Martín, el autor del libro de José Bretón que no llegó a ver la luz, no aparece en estos nuevos datos, pero sí en el listado que publicamos en 2020: primero como asesor de Ángeles González-Sinde, ministra de cultura en el Gobierno de Zapatero; luego, ya en época de Sánchez, en el Ministerio de Carmen Calvo, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Sabemos, por esa información, que estaba en activo a junio de 2020. Y, como fue nombrado director del Instituto Cervantes de Los Ángeles en verano de 2022, que ahí dejó de ser asesor. Pero no podemos saber de forma oficial qué puestos ocupó en ese margen de tiempo porque Presidencia no ha querido darnos los datos de 2020 a 2023.

Del resto de ministerios tenemos información, pero no toda. En este reportaje analizamos 530 nombres, personal eventual que pasó por algunos de esos departamentos entre 2020 y 2023. Pero son muchos más. [Más información en la metodología, al final de este artículo]

            La cifra más reciente: 948 eventuales en los ministerios

A cierre de 2024, un total de 948 personas trabajaban como personal eventual en los distintos ministerios, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Eso supone casi el 1% de todos los efectivos que trabajan en esos organismos, 95.337. Es la cifra más alta registrada en los últimos años. Si echamos un vistazo a los datos desde 2010, la media de anteriores gobiernos solía rondar los 600 eventuales, una cifra que ha crecido, y mucho, en las últimas legislaturas. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública responde a Civio que no han cambiado la metodología de cálculo, y achaca esta subida a que haya más ministerios y a los asesores científicos que se han ido incorporando en los últimos tiempos. Y, ¿cuántos son esos asesores científicos? Incorporaron a 22.

La opacidad en este asunto también es una tradición. En 2015 se publicó el listado completo por primera vez. Desde entonces, todos los gobiernos han puesto pegas. En 2017, con el PP, no dieron los asesores del gabinete de Mariano Rajoy. En 2019, ya con el PSOE, solo 5 de los 17 ministerios de entonces identificaron a todos. Solo una vez, en 2021, conseguimos toda la información. Y, además, la recibimos en unos pocos días desde que preguntamos. Poderse, se puede.

Estas 530 personas son solo una parte del personal eventual que ha pasado por los ministerios entre 2020 y 2023. Se suman a la lista que completa nuestro buscador y que abarca desde 2010. Así, entre 2010 y 2023, al menos 2.652 personas han pasado por los ministerios como personal eventual. Pero son muchas más.

Y, ¿qué pasa con 2024? El pasado enero solicitamos a la Dirección General de Función Pública la lista. Esta vez no alegaron que era mucho trabajo, sino que directamente, cuatro meses después, nos respondieron con otra cosa: solo su propio personal eventual, no el del resto de ministerios. Tras reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que aún debe resolver, y ser notificados por este organismo por si querían presentar alegaciones a nuestra queja, el Gobierno volvió a pasar la patata caliente al resto de ministerios y creó 21 nuevos expedientes. A fecha de cierre de este artículo, solo tenemos los datos completos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el de Igualdad, los más rápidos en responder y, además, con un listado completo. Se abre así una nueva odisea, la enésima, para saber algo tan sencillo como los nombres de ese personal que trabaja en los ministerios.

Personal eventual, a dedo y sin transparencia

Lo que diferencia al personal eventual del resto de empleados y empleadas públicos es su nombramiento: a dedo, sin requisitos previos y opaco. Se puede elegir a cualquier persona, sin exigencias mínimas, y no se publica ni el anuncio de la plaza ni a quién se le ha otorgado (como sí pasa, por ejemplo, cuando funcionarios y funcionarias cambian de puesto al ser nombrados por libre designación, por ejemplo). Solo conocemos sus nombres cuando tienen puestos superiores, como los y las jefas de gabinete de ministros y ministras. Es un tipo de nombramiento discrecional y solo se puede usar, según la ley, para puestos de asesoramiento o confianza especial.

Mirando hacia atrás: la Ley Básica de Régimen Local

 Por Francisco Sosa Wagner. esPúblico.es .- Cuarenta aniversario de la aprobación de la legislación básica de Régimen local. Alguna vez he contado su génesis, pero el recordatorio no sobra para conformar con él la pequeña historia de nuestro derecho administrativo. Tomás de la Quadra dirigía el ministerio de Administración Territorial (luego «para las Administraciones públicas»). En mi condición de secretario general técnico sugerí al ministro conformar un pequeño grupo de trabajo que fuera elaborando las líneas maestras de la necesaria reforma del régimen jurídico de las Administraciones locales, habida cuenta de que la legislación vigente era la aprobada en los años cincuenta del siglo XX, es decir, en plena Dictadura. La acomodación de la misma a los imperativos de la Constitución, con sus cambios sustanciales, era inesquivable.

El ministro dio vía libre a la iniciativa y se conformó un equipo con Luciano Parejo, a la sazón director del Instituto de Estudios de Administración local y yo mismo, más algunos altos cargos del ministerio y unos expertos ajenos, entre los que preciso es recordar a Miguel Sánchez Morón, también, como nosotros, catedrático de derecho administrativo.

Manos a la obra, y ultimado un primer borrador, tras sesiones enjundiosas de análisis del mismo, dirigidas por Tomás de la Quadra, se colocó a nuestro trabajo en el índice del Consejo de Ministros. Pasar la barrera de la Comisión de subsecretarios y secretarios de Estado no fue fácil porque el texto contenía originalidades de arquitectura del sistema que no eran fáciles de asimilar. Recuerdo que el ministro me envió a una sesión de esa comisión de subsecretarios acompañando a quien lo era del ministerio (un economista: Andrés de la Riva) para explicar las novedades. Creo que las sesiones de la Comisión de subsecretarios las presidía entonces Alfonso Guerra. Obtenido el placet de la misma, el texto pasó al Consejo de ministros, donde no hubo mayor problema porque Tomás de la Quadra lo defendió con pericia técnica y habilidad política.

El Gobierno contaba con una cómoda mayoría parlamentaria, 202 diputados, de manera que, aunque hubo negociaciones con los grupos de oposición, la ley fue al cabo aprobada como ley 7/1985 de 2 de abril.

Desde entonces han pasado muchas madrugadas y las sombras de un puñado de años. 

Una parte central de la ley era la referida al personal al servicio de las Administraciones locales. Éramos muy conscientes de que su regulación había sido caballo de batalla desde el principio del siglo XX, con Antonio Maura en la cabecera del banco azul y luego con las reformas alumbradas por los Estatutos de Calvo Sotelo durante la Dictadura del general Primo de Rivera. Sin olvidar, las páginas escritas por todos los regeneracionistas con Adolfo Posada a la cabeza (me he ocupado de todo ello en mi libro «Juristas en la Segunda República», Marcial Pons, 2009).

De lo que se trataba era de preservar la neutralidad de los funcionarios más relevantes de Ayuntamientos y Diputaciones, sabedores de que a la dependencia de los políticos de esos funcionarios se debían muchas corrupciones y corruptelas del pasado, entre ellas las afectantes al ejercicio desparramado del caciquismo y al falseamiento electoral, endémicos durante toda la Restauración.

Y así salvamos a los «Cuerpos» de secretarios, interventores y depositarios, llamados «nacionales» en la ley republicana de 1935. Y los salvamos dándoles otro nombre «funcionarios con habilitación de carácter nacional ».

Desde entonces, sin embargo, se han producido modificaciones que han desfigurado sustancialmente el sistema.

La primera se produjo con la ley 10/1993 de 21 de abril que permitió cubrir por «libre designación» los puestos de trabajo reservados a los habilitados nacionales en las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares,  así como en los municipios capitales de comunidad autónoma o de provincia o con población superior a cien mil habitantes. Las bases de la convocatoria se aprobarían por los Plenos de las corporaciones.

Primera estocada al sistema que ha hecho mucho daño y que incomprensiblemente fue avalada por el Tribunal Constitucional (sentencia 235/2000 de 5 de octubre), a pesar de que los magistrados afirmaron que se debilitaba la garantía de la imparcialidad.

La segunda tiene sus orígenes en el Decreto legislativo 2/1994 de 25 de  junio que confirió a las Comunidades autónomas la competencia para fijar el 10% de los méritos consignados en los baremos, así como la inclusión del conocimiento de la lengua cooficial donde la hubiere.

Abierta esta puerta, viene la disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público (ley 7/2007 de 12 de abril), fruto de pactos políticos con los nacionalistas. Se cambia la denominación «nacional» por «estatal» pero sobre todo se atribuye a las comunidades autónomas la competencia para crear, clasificar y suprimir los puestos de trabajos reservados a los «habilitados», la competencia de aprobación de la oferta de empleo público para cubrir las vacantes y la competencia para la selección dejando en manos del Estado los programas míninos de las oposiciones y la supervivencia de un registro.

La ley 27/2013 de 27 de diciembre derogó esa disposición adicional segunda y creó un nuevo artículo 92 bis de la ley básica (el desarrollo se produjo por el Decreto 128/2018 de 16 de marzo). Se recupera el adjetivo «nacional» y se vuelve a reservar al Estado algunas competencias perdidas.

Pero la estocada más importante se registra en el Decreto-ley 6/2023 de 16 de diciembre y la disposición final séptima de la ley orgánica 1/2025 de 2 de enero, a cuyo tenor en el País Vasco todas las competencas que ostentaba el Estado  serán asumidas por dicha Comunidad Autónoma. Una fórmula desmanteladora del sistema que se ha pactado para trasladar a Cataluña (mayo de 2025).

Y ello invocando la existencia de «derechos históricos» que nadie sabe dónde se hallan (¿el Liber iudiciorum, las Partidas, la Novísima Recopilación …?) y que son previos a la Constitución misma.

Todo permite concluir que lo que he llamado la «fórmula desmanteladora del sistema» se extenderá al resto de las Comunidades autónomas más pronto que tarde.

Si esto es así, ¿habremos vuelto a principios del siglo XX cuando las cercanías locales impedían garantizar la independencia y neutralidad de estos funcionarios?

Las vacaciones de un juez pesan cuando pasan

"Si conseguí desconectar en una semana, es curioso que he conseguido conectar en un minuto… y ya no me detendré. Cosa de galeotes togados"

 Por José Ramón Chaves. delaJusitica.com blog.-  Acabo de regresar de disfrutar una semana de vacaciones en Egipto, y pese a que dejé la mesa de mi despacho limpia de papel y sin cuestiones pendientes, me incorporé hoy lunes y encuentro la mesa atestada de autos judiciales, alimentada por los funcionarios de la oficina judicial, que con diligencia y buen hacer, los colocan ahí para su impulso y resolución.

Permítame invitarle a asomarse a la foto y así conocer mi despacho (antes de que el teletrabajo los engulla). He tomado la foto de mi propio despacho ovetense a las 8:30 de este mismo lunes, puede verse una austera estancia muy alejada de los despachos de las autoridades administrativas, aunque no debemos juzgar la estatua por el pedestal.

Pues bien, si examinamos lo que muestra la foto, nos percataremos de algunos detalles curiosos:

a) el distinto color de los «autos» que yacen sobre la mesa, como Lázaro esperando un «levántate y anda» (amarillo – procedimientos ordinarios; verde – apelaciones; azul – cautelares…);

b) los consabidos post-it que los funcionarios de la oficina judicial colocan para señalar el trámite o misión del juez (ej. “resolver”, “casación”, “cautelar”, “ejecución”, etcétera);

c) el ordenador con dos pantallas (una para escribir y la otra para visualizar los expedientes electrónicos de forma simultánea, o para buscar jurisprudencia);

d) un vasito con bolígrafos y lapiceros (¡imprescindible marcar!). Y el toque humano: un óleo de mi propiedad como ventana abierta al mar, y otro que me representa y recuerda que estoy vivo y que no debo flaquear en la lucha por el derecho.

No se ve la «bola de preso» con su cadena bajo la mesa, porque no hay mayor vigilancia que la responsabilidad personal por el trabajo.

El examen de la mesa atestada, lo efectúo para explicar ese efecto «bola de nieve» cuando me ausento de vacaciones (como la inmensa mayoría de mis compañeros jueces contencioso-administrativos).

Primero. En la justicia contencioso-administrativa no hay silencio procesal positivo ni negativo, que permita alzar la ficción de estimación o desestimación de la demanda o apelación, por el transcurso del tiempo (cosa lógica, porque el “silencio administrativo” responde a la eficacia administrativa y a facilitar el acceso a la justicia a quien deshoja la margarita de su asunto y se demora excesivamente). Y por supuesto, la justicia es cosa seria y no puede ser fruto del azar o silencio, sino de la aplicación e interpretación del derecho, pues la «tutela judicial efectiva» es radicalmente incompatible con la «tutela judicial pasiva».

 

Segundo. En la justicia contencioso-administrativa, tanto si se actúa como titular de un juzgado contencioso como miembro de una Sala, no existe la práctica propia de la Administración pública de que, mientras disfruta las vacaciones el empleado público, asume otro compañero la resolución e impulso de lo pendiente por aquello del derecho al juez legal y para concentrar toda incidencia en la misma cabeza. No. Cada uno resuelve sus asuntos, sean buenos o malos, simples o complejos (salvo que se aprecie imperiosa urgencia).

 

En estas condiciones confieso que, cuando me voy de vacaciones en período hábil, me siento culpable. como quien se va de casa y deja un grifo abierto, y sabe que cuando vuelva se encontrará la casa inundada. También admitiré que unas vacaciones como las que me he tomado en Egipto, combinación de cultura, arte, historia y gente luchadora, en un contexto de desequilibrio económico y lastrado con tradición y religión, mejoran mi perspectiva e inmersión social para poder enjuiciar aquí y ahora.

 

En fin, he ahí la soledad del juez. Y dicho este lamento de lobo ante la luna, que sirve de desahogo y no de queja, pues toca “achicar el agua de la barca judicial”. Y me pongo a ello. Si conseguí desconectar en una semana, es curioso que he conseguido conectar en un minuto… y ya no me detendré. Cosa de galeotes togados.

Los funcionarios elevan el tono contra el Gobierno y no descartan ir a la huelga: “Cumplid lo pactado”

CC.OO y UGT reúnen a unas 2.000 personas frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un nuevo acuerdo salarial, la jubilación parcial del personal laboral y el fin de la temporalidad de los contratos

Revista de prensa. Emilio Sánchez. El País: “Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si no hay solución, habrá revolución”.

Este clásico cántico sindical ha resonado varias veces este martes por la mañana frente al Ministerio de Hacienda, junto a la Puerta del Sol de Madrid. Ha sido uno de los lemas de la manifestación de empleados públicos para protestar por los “compromisos incumplidos” por el Gobierno, según denuncian UGT y CC OO, que dicen haber reunido a unas 2.000 personas. Estos dos sindicatos son los firmantes del acuerdo salarial y de otras condiciones de trabajo que se encuadraron en el Acuerdo Marco de 2022 a 2024. Ya caduco, se quejan porque el Gobierno no ha abierto las negociaciones para un incremento retributivo en 2025 y porque hay varias promesas pendientes de ejecución.

Entre ellas, los sindicatos han subrayado la carencia de promoción interna y traslados, que no se haya abordado la clasificación profesional del personal público o la parálisis de la jubilación parcial del personal laboral. Estos compromisos son parte del acuerdo de UGT y CC OO con el Gobierno de 2022 a 2024, en el que no participó CSIF al considerar que no garantizaba el poder adquisitivo de los empleados públicos. Ya terminado, UGT y CC OO también elevan el tono por el hecho de que no se haya concretado un aumento retributivo para al menos 2025. El Gobierno sí acaba de aprobar en Consejo de Ministros el 0,5% pendiente retroactivo desde el 1 de enero 2024, fruto del acuerdo anterior.

“Estamos aquí concentrados para decirle al Gobierno que es la hora de que cumpla lo pactado. La economía de este país es creciente y no hay excusa para cumplir con los derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras”, ha reclamado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. “Defender los servicios públicos no es subirse a una tribuna y decir que son esenciales para la ciudadanía, es acometer los acuerdos que tenemos y dotar de derechos a los 3,5 millones de empleados públicos. Es insoportable que tengan el salario congelado”, ha agregado el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo.

Preguntados por la hoja de ruta si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones, ambos sindicalistas han dejado la puerta abierta a ir a la huelga. “Como sindicalistas de clase nunca descartamos absolutamente nada”, ha dicho Araque. “No hay ningún escenario que se descarte”, ha abundado Palazzo, “pero lo que uno espera con estas concentraciones es que el Gobierno compadezca lo que dice con lo que hace”.

Araque y Palazzo también han hablado de la oferta de empleo público, que bajo el diagnóstico de ambos es “claramente insuficiente”. El Gobierno no ha precisado qué oferta ha planteado, mientras que CSIF indica que rondaría las 20.000 plazas. “Necesitamos una oferta más amplia que atienda la realidad y que no sea meramente propagandística”, ha dicho Palazzo, en línea con Araque: “No cumple con las necesidades que tiene la ciudadanía”. Los negociadores anticipan que la oferta de empleo público irá al Consejo de Ministros próximamente sin el concurso de los sindicatos.

Congelación de fondos europeos por la temporalidad

Otro tema que se ha abordado en la protesta es la altísima temporalidad que sufren los trabajadores públicos, un problema estructural que ha supuesto la congelación de 626 millones de fondos europeos, según comunicó este lunes la Comisión Europea. Es un hito que España se había comprometido a cumplir, pero al no hacerlo se suspende esa cantidad del total de 25.000 millones anunciados. También se han congelado unos 460 millones por no aprobar la subida fiscal al diésel.

“Esto es consecuencia de no cumplir los acuerdos de estabilización, de que las ofertas de empleo público sean eternas y suba el número de interinos”, ha protestado Palazzo. Araque ha dicho que esta cuestión es “crucial” y que sin cambios estructurales será “inviable” terminar con la temporalidad en las administraciones públicas. “De aquellos polvos”, ha dicho en referencia a la falta de desarrollo de sus acuerdos, “estos lodos”.

En el manifiesto conjunto que CC OO y UGT han leído al final de la protesta, reconocen que esto ”no es solo un problema del Gobierno de la nación, que también, sino de la más absoluta irresponsabilidad del conjunto de las administraciones públicas, especialmente de las comunidades autónomas, sectores docentes, sanitarios y justicia y la Administración Local, al incumplir los compromisos en materia de empleo público“. “En menos de diez años, desaparecerá de media el 30% de la plantilla actual en el conjunto de las administraciones públicas. Por ello, es necesario dar estabilidad y proceder al rejuvenecimiento de las plantillas, a la vez de recuperar empleo público perdido”, agregan los sindicatos en el mismo comunicado.

Por su parte, CSIF también ha abordado este asunto en una nota de prensa distribuida este martes. Exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca “sanciones ejemplares” a los gestores que abusen de la temporalidad. Como adelantó este periódico recientemente, esa es una de las líneas que pretende explorar Función Pública para reducir la temporalidad: quiere combatir la temporalidad del empleo público con planes estrictos de recursos humanos y nuevas sanciones

“CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones”, agrega el sindicato especializado en funcionarios.

La inconstitucionalidad de la moción de censura local: del caso «Tacoronte» al caso «Arredondo» (2011-2025)

 Por Octavio Manuel Fernández: La inconstitucionalidad de la moción de censura local: del caso «Tacoronte» al caso «Arredondo» (2011-2025)

 1.- La reforma de la moción de censura por la LO 2/2011, de 28 de enero.

La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, modificó el artículo 197.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, mediante la introducción de una mayoría reforzada de presentación consistente en que por cada concejal tránsfuga que firmara la moción de censura, la mayoría absoluta necesaria para su presentación se incrementaba en el número de concejales tránsfugas que la firmaran.

2.- El caso «Tacoronte» en Canarias en 2013.

El 9 de octubre de 2013 presentaron moción de censura los 6 concejales del PP y 5 concejales no adscritos del PSOE contra el alcalde de CC proponiendo como candidato a un concejal del PSOE. El 22 de octubre de 2013 se celebró la moción de censura y se proclamó alcalde a un concejal del PSOE no adscrito. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló el pleno y repuso en la Alcaldía al alcalde censurado.

Los censurantes recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias elevó cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que dictó la sentencia 151/2017, de 21 de diciembre de 2017 en la que anuló el tercer párrafo del artículo 197.1 a) LOREG argumentando  «la razón de la expulsión de los concejales socialistas fue por completo ajena a la vida municipal de Tacoronte, al tener que ver con cuestiones orgánicas y pactos suscritos por su partido político en ámbitos territoriales que lo excedía. El artículo 23.2 CE, por tanto, resulta violado, y debe declararse su inconstitucionalidad».

3.- El caso «Arredondo» en Cantabria en 2022.

El municipio de Arredondo de Cantabria se presentó moción de censura el 4 de febrero de 2022 por tres concejales del PSOE y el concejal no adscrito del PRC contra el alcalde de ese partido. El 7 de febrero de 2022, la secretaria municipal inadmitió la moción ya que la mayoría aplicable era la del artículo 197.1 a) párrafo segundo LOREG y por tanto debió ser de cinco concejales y no de cuatro.

Los censurantes recurrieron y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria formuló cuestión de inconstitucionalidad y el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado la reciente sentencia de 10 de junio de 2025 que declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo segundo del artículo 197.1 a) de la LOREG en la redacción dada por la LO 2/2011, de 28 de enero porque el legislador al exigir la mayoría reforzada vulnera el núcleo básico de las funciones representativas del concejal y supone una restricción al ius in officium (STC 9/2012).

4.- Reflexión final:

Esta reforma de 2011 ahora declarada inconstitucional, trae causa de los pactos políticos contra el Transfuguismo firmados en 1998, 2000 y 2006 para luchar contra el transfuguismo que mina la democracia representativa por la que concejales traicionan la voluntad del cuerpo electoral apoyando mociones de censura contra los alcaldes de su partido.

 Ahora bien, otra cosa bien distinta es que esos pactos se conviertan en obligación legal en la actual configuración constitucional del derecho de participación política del artículo 23 de nuestra carta magna. Los cargos públicos en nuestra Constitución no están sujetos al mandato imperativo de su partido y gozan de libertad e igualdad para ejercer sus derechos, entre los que está presentar mociones de censura ya sean adscritos o no adscritos.

Esta mayoría reforzada antitransfuguista, durante estos catorce años de gran litigiosidad, ha impedido a los concejales tránsfugas mociones de censura cuando, en algunas ocasiones, los tránsfugas son los propios alcaldes censurados, porque han traicionado el programa electoral por el cual se presentaron a las elecciones locales, obligando al resto de la lista electoral a censurar a su propio alcalde.

A partir de ahora, por tanto, bastará la firma de una mayoría absoluta de concejales para que el secretario de la Corporación tenga que admitir el escrito de moción de censura y convocar el pleno de la misma siendo indiferente que los firmantes sean concejales adscritos o no adscritos a los grupos municipales. Por cierto, pleno de votación, donde la mayoría exigida para que prospere la moción de censura es la simple, o sea, más votos a favor que en contra.

De lege ferenda, una solución conforme al T.C., sería la propuesta por el Magistrado Andrés Ollero que formuló voto particular a la STC de 21 de diciembre de 2017, consistente introducir en el artículo 197. 1 a) LOREG, en lugar de la mayoría absoluta para la firma de la moción de censura, una mayoría cualificada basada en criterios objetivos, como las de dos tercios o tres quintos, para todos los casos de presentaciones de mociones de censura de las entidades locales.

Carles Ramió: El desgaste de los empleados públicos

"He detectado durante los últimos años, en algunas administraciones, una cierta degradación o decadencia en estos dos vectores: un clima laboral crispado y una cultura administrativa que se va alejando de los valores públicos"

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- El principal valor de cualquier organización contemporánea reside en sus profesionales. Es obvio que también es el caso de la Administración. La fuerza de la profesionalidad y de la motivación de los empleados públicos es el auténtico motor de la gestión pública y son solo complementos la tecnología, los procesos o la organización. Por tanto, elementos conceptualmente difusos como la cultura organizativa (administrativa) y el clima laboral son ingredientes esenciales. 

En este sentido, he detectado durante los últimos años, en algunas administraciones, una cierta degradación o decadencia en estos dos vectores: un clima laboral crispado y una cultura administrativa que se va alejando de los valores públicos. Sería un análisis superficial e injusto acusar a los empleados públicos de estas dos perversas dinámicas y, por tanto, debemos analizar las causas profundas de esta negativa situación.

Hace 36 años que entré a trabajar en una Administración pública. Desde el primer momento detecté que alguna cosa no encajaba: el rendimiento y capacidad de innovación de esta administración (y de la mayoría de administraciones en aquellos tiempos) era muy elevada, pero, en cambio, su modelo institucional y de gestión era muy anticuado. La clave del éxito era sencilla de detectar: una enorme motivación e implicación de los empleados públicos que era capaz de superar todas las barreras organizativas y burocráticas. Mi primera impresión es que este modelo tan precario no era sostenible ya que la motivación de los empleados públicos se iría desgastando con el tiempo. De manera inevitable se alzaría triunfal la obsolescencia organizativa y nos conduciría hacia la mediocridad en la calidad de los servicios públicos y bloquearía los intentos de renovación o innovación.

Este vaticinio de un joven analista académico y empleado público no podía prever otros acontecimientos cruciales que desgastarían con todavía más ahínco la motivación y el clima laboral de los empleados públicos. Solo destaco dos: la renovación tecnológica por la vía de la digitalización de la Administración y la decadente cultura política que ha gobernado nuestras administraciones durante los últimos años.

Durante más de dos décadas los empleados públicos se han tenido que enfrentar al proceso de digitalización de la Administración. Se trataba de una transformación necesaria e inevitable. El esfuerzo que han realizado estos empleados públicos en reciclarse contantemente ha sido notable. El problema es que la implantación de la administración digital en la gestión pública no ha sido solo difícil sino, además, accidentada, improvisada y errática. Hasta cierto punto un proceso de cambio de estas características opera de manera inevitable con el precario mecanismo de aprendizaje vía prueba-error. Pero los errores en materia de digitalización en la Administración han sido (y siguen siendo) tan descomunales que resultan incomprensibles. La filósofa Remedios Zafra afirma que los ciudadanos sufren de tristeza burocrática al tenerse que enfrentar a los trámites administrativos digitales. Como ciudadano coincido con ella, pero como empleado público tengo que ponderar que el desgaste de los profesionales de la Administración ha sido muchísimo mayor que el que han experimentado los ciudadanos. De manera reiterada los empleados públicos nos hemos sentido como cobayas, que han experimentado improvisadamente con nosotros y hemos sido objeto de un reiterado maltrato laboral derivado de las estructurales deficiencias de la administración digital. En este sentido, los empleados públicos no solo sufrimos de tristeza burocrática sino de desesperación digital. Convivir más de dos décadas con esta tortura 2.0 ha generado un desgaste laboral y emocional evidente.

Por otro lado, la convivencia de los gestores públicos con la política siempre ha sido un tema delicado y proceloso. Son muy frecuentes los cambios de los distintos responsables políticos y cada uno de estos canjes exige un esfuerzo adicional de los empleados públicos: deben adaptarse al nuevo perfil profesional y personal del nuevo cargo; es inevitable tener que ayudarles en posicionarse ante nuevas materias y contextos institucionales, etc. Los empleados públicos viven un constante día de la marmota. Pero no hay nada que objetar ya que la dirección y cambio político es ineludible en la Administración. Pude ser cansado y desgastante, pero forma parte de la profesión. En cambio, lo que no es razonable es que los empleados públicos tengan que convivir de manera tan reiterada con unos nefastos perfiles políticos. Nuevos líderes que desprecian todo lo realizado por sus antecesores sin darse cuenta que con esta actitud degradan todo el trabajo realizado anteriormente por los gestores profesionales. Cargos políticos que parecen ungidos por el don de la infalibilidad y se atreven a tomar decisiones absolutamente frívolas que, de manera inevitable, degeneran en enormes y previsibles fracasos. Directivos políticos que muestran un absoluto desprecio por el conocimiento profesional y por las reglas del juego institucional y administrativo y que cuando los empleados públicos intentan avisarlos son acusados de anticuados, obstruccionistas y holgazanes.

Es, por tanto, desgraciadamente inevitable que los empleados públicos que han estado expuestos durante un tiempo tan prolongado a gestionar en el contexto de un modelo organizativo obsoleto y que, además, han estado expuestos a un sangrante proceso de transformación digital y a una indignante convivencia con cargos políticos incompetentes muestren síntomas de desgaste emocional, falta de motivación y estén sumidos en un estado de crispación laboral. Lo sorprendente es que hayan resistido tanto tiempo hasta caer en brazos de la abulia administrativa y lo extraordinario es que un significativo porcentaje todavía siga aguantando.   

Los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos se plantan ante la descentralización de las oposiciones

 Cosital publica un manifiesto en el que alerta de las propuestas legislativas que buscan ceder la selección y provisión de estos cargos a las comunidades autónomas y reclaman garantías de igualdad

Revista de prensa. El País-Cinco Días.- Por Ilier Navarro.- El rechazo frontal del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) a la descentralización del proceso de oposiciones para acceder a estas plazas se ha plasmado esta mañana en la publicación de un manifiesto.

 El colectivo alerta de que el Gobierno ha intentado en tres ocasiones transferir el proceso de oposiciones para la selección y provisión de estos cargos al País Vasco y ahora Junts ha presentado una enmienda para que esto también se deje en manos de la Generalitat. Pero, tal como denuncia la organización, cuando este sistema se implantó hace algunos años, las consecuencias fueron nefastas: no solo se redujeron las convocatorias y, consecuentemente, el interés por parte de los opositores, sino que hubo una menor cobertura de plazas. Asimismo, advirtió que la disparidad de exámenes puede vulnerar el principio de igualdad. Por ello, reclaman que la competencia siga siendo estatal y, aunque están abiertos al diálogo, no descartan más movilizaciones.

Junts presentó recientemente la enmienda 128 al Proyecto de Ley de Función Pública. A través de ella, pretende modificar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para que se transfiera el proceso de selección y provisión de los funcionarios de la administración local con habilitación nacional. En esto choca con Cosital, que defiende que esta competencia debe ser “necesariamente” estatal y han expresado su rechazo a “cualquier transferencia de esas competencias”, así como el uso de procesos de estabilización para intentar paliar lo que califican de “fracaso de un modelo de selección descentralizado”. Desde su punto de vista, estas oposiciones forman parte de “un núcleo básico de actuaciones que deben ser realizadas por el Estado”, tal como sostienen en el manifiesto, que ya suma 3.000 firmas.

Son poco conocidos, pero estos funcionarios locales con habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros) cumplen un rol fundamental en los más de 8.000 ayuntamientos repartidos en toda la geografía española. De hecho, en los municipios más pequeños puede estar únicamente el alcalde y el secretario, ya que le guían para que conozca los límites de lo que puede hacer o no como representante de los vecinos: ofrecen asesoramiento legal, dan fe de los acuerdos, controlan las actuaciones financieras, recaudan y custodian los fondos públicos, etc. En definitiva, trasladan las normas estatales al ámbito local.

En este sentido, Pilar Ortega Jiménez, presidenta de Cosital, puso como ejemplo de la función de los secretarios el rol que desempeñan en los procesos electorales, en los que garantizan que se realizan aplicando la Ley electoral. Recordó también que en 2017, durante el procés catalán, el Secretario de Estado de Administración Territorial contó con ellos “porque son funcionarios del Estado, pero en el ámbito local”.

También recordaron que hay precedentes sobre cómo funcionarían las oposiciones si se transfieren. Según datos recopilados por Cosital, si se comparan las convocatorias estatales entre 2004 y 2007 con las de las comunidades autónomas entre 2008 y 2012 —cuando regía el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y ellas podían hacerlo—, las primeras triplicaron las autonómicas: 1.675 plazas (sin incluir las 300 previstas en 2007 que no se convocaron) frente a 527, explicó Rosa de la Peña, vicepresidenta de Cosital. “La comparativa refleja una clara disminución en el número de plazas ofertadas tras la descentralización, lo que no hace en absoluto atractivo opositar”, concluyó.

“La realidad es que cuando hubo esas competencias, que fue cuando se aprobó el Estatuto Básico, la provisión fue muy desigual y escasa en todo ese periodo. El resultado al final es la diminución de una oferta que podría ser de cientos pero pasa a ser de decenas y con temarios distintos”, recalcó Pilar Ortega, que recordó que se trata de procesos largos y difíciles que pueden ser más complejos de articular en el ámbito autonómico.

Los recursos en el Tribunal Constitucional

Aunque hasta ahora las oposiciones para seleccionar y provisionar estos funcionarios son de ámbito estatal, ha habido tres intentos de cambiarlo desde 2022. El primero de ellos se inició con la Ley de Presupuestos de ese año, en la que se incluyó una disposición adicional que transfería la competencia al País Vasco. Esto fue recurrido por parte del PP ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco también planteó una cuestión de inconstitucionalidad. La Corte Garantías, en la sentencia 67/2024, la dejó sin efecto al confirmar que no se podía regular en una norma presupuestaria.

Posteriormente, en el Real Decreto Ley 6/2023 que regula el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se volvió a incluir en una disposición de carácter urgente. También se plantearon en este caso un recurso y una cuestión de inconstitucionalidad que están pendientes de resolución. Por su parte, Cosital ha recurrido las convocatorias de oposiciones en la jurisdicción ordinaria. Y el último intento se ha materializado en la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, donde se ha vuelto a incluir por tercera vez la misma disposición.

“Todo ello deja un rastro claro y evidente de que los promotores de la medida son conscientes de su dudoso encaje constitucional”, explicó el secretario general de Cosital, Ildefonso Cobo. “El tiempo nos dará la razón y esperamos que también el TC. Deseamos que impere la sensatez”, remarcó.

Para Víctor Rodríguez Prieto, vicepresidente de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (FEDECA), que acudió a respaldar el manifiesto, la cesión de competencias se ha realizado de forma indiscriminada e injustificada y reclamó que las propuestas legislativas se planteen en base al acuerdo con los cuerpos superiores de funcionarios para apostar por un servicio público íntegro. “Este principio no puede depender de los vaivenes políticos”, subrayó.

El Consejo General ha realizado contactos y ha celebrado encuentros con algunos partidos políticos, como el PP, ERC y Sumar, para explicarles la problemática y “conseguir que puedan romper la mayoría que se necesita”, según su presidenta. “Nosotros no queremos hacer política, queremos trabajar y tener suficientes compañeros. Los compañeros de Cataluña nos señalan que son muy pocos, también en Castilla y León. La solución no puede ser fraccionar la competencia, sino gestionarla mejor”, recalcó.

HAY DERECHO: Una corrupción intolerable y sistémica

 Por Hay Derecho blog. Editorial. El último escándalo de corrupción -por ahora- que ha saltado en torno a los dos ya ex secretarios generales de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán tiene que ver, como siempre, con la contratación pública. Y decimos como siempre porque hablamos de la misma corrupción que ya escandalizó en los años 90 (recordemos el caso Roldán) con protagonistas que incluso se parecen mucho a los de entonces. También la famosa trama Gürtel estaba ligada a contratos públicos. Esta última, por cierto, le costó el gobierno a Mariano Rajoy después de la famosa moción de censura defendida por nada menos que José Luis Ábalos en nombre de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción. Hoy sabemos que los amaños de contratos públicos siguieron, ahora llevados por dos de las personas más cercanas al Presidente.

Lo más llamativo, no obstante, es que desde principios de los 90 se han aprobado numerosas normas para intentar prevenir o/y reprimir este tipo de corrupción. Como en la Fundación estamos instalando nuestra propia IA, le hemos preguntado por el número de normas de este tipo con las que contamos, que así, a ojo, deben de superar ampliamente el centenar, sin contar con el «soft law», códigos éticos, sistemas de integridad, etc. La IA, un tanto sobrepasada, nos contesta que no existe un número exacto o una cifra oficial que aglutine todas las normas anticorrupción en España. Sería demasiado fácil. Nos aclara que tenemos un entramado disperso de normas -penales, administrativas, estatales, autonómicas, internacionales- que no se pueden consultar en un único «registro anticorrupción». Damos por buena esta respuesta, sobre todo para dejar claro que lo que no nos faltan, precisamente, son normas. Así que, cuando digan que van a aprobar una nueva para que esto no vuelva a pasar, no se dejen engañar.

Si tienen curiosidad, pueden consultar las entrevistas con muchos de ellos que están disponibles en nuestra web. Ahí les explicarán perfectamente cómo funciona «el sistema» y como hay que ser un héroe o una heroína para defender los intereses generales. El cáncer de nuestro sistema público es que ni funcionarios ni empleados públicos se sienten seguros para oponerse a las pretensiones claramente ilegales de sus jefes. Por no hablar de los que prefieren mirar para otro lado, o sencillamente obedecer las órdenes. También hay que señalar que no hay ninguna consecuencia de ningún tipo por obedecer órdenes ilegales y sí por no hacerlo. Es el mundo al revés.

Así las cosas, no es de extrañar que la corrupción en la contratación pública está muy extendida en todos los ámbitos, pero interesa mencionar en particular el de la obra pública, considerado como un sector de riesgo por todos los expertos en el tema y, en particular, por la propia Unión Europea. Y, también, hay que hablar de las empresas públicas, como ADIF, que tienen enormes volúmenes de contratación de infraestructuras y que suelen tener directivos «políticos» al frente, como denunciamos en nuestro Dedómetro estatal. Claro está que tampoco las Administraciones territoriales (la estatal y las autonómicas, supuestamente con mayores controles, y la Administración local, prácticamente sin ellos) están, ni mucho menos, libres de corrupción. No es casualidad por tanto que José Luis Ábalos fuese, precisamente, Ministro de fomento y que nombrase a personas de su confianza para dirigir empresas públicas con un volumen muy importante de contratación de obra pública, como ADIF. O que tuviese particular interés en nombrar al Director General de Carreteras, por poner otro ejemplo, o por situar a personas de su cuerda en entidades públicas como INECO (donde también acabó alguna señorita).

Y es que, desgraciadamente, para amañar un contrato público se necesita la colaboración por activa o por pasiva de varias personas. En primer lugar, la instrucción del alto cargo que está interesado en favorecer a una determinada empresa sobre sus competidoras, pero también la de bastante más gente: la de los integrantes de las mesas de contratación en los procedimientos con concurrencia competitiva (los procedimientos abiertos que son los habituales cuando se trata de presupuestos importantes) de los que realizan los informes técnicos y de los encargados de supervisar las contrataciones. Por eso no es posible hablar de unas pocas manzanas podridas, ni se puede decir que la corrupción se queda en el partido o en algunos de sus miembros, pero que no contamina a la Administración pública y al Gobierno. Es exactamente a la inversa, el amaño de la contratación de esas Administraciones y entidades públicas es precisamente el objetivo. Las empresas quieren ganar contratos, y a cambio se les pide dinero, favores o las dos cosas. Puede ser para uno mismo o para el partido; en todo caso se suele empezar pidiendo para el partido pero inevitablemente se acaba uno quedando con una parte relevante de la mordida.

Ya explicamos en su momento que amañar un contrato público no es tan difícil. Las fórmulas son variadas; se pueden lanzar los pliegos (las normas que rigen el concurso público, para entendernos) a la medida de un licitador previamente seleccionado, publicarlos con nocturnidad y alevosía (sospechemos de las publicaciones en agosto o en Navidades) y se pueden conceder plazos perentorios para presentar ofertas muy complejas. Si, además, el licitador favorito ya tiene la información, miel sobre hojuelas. Pero incluso eso puede fallar, porque se presenten licitadores avispados, que no están de vacaciones, muy trabajadores o simplemente mejores. En este caso, se puede acudir a las valoraciones técnicas (las que se realizan en base a criterios subjetivos de valor) para otorgar una puntuación imbatible al elegido, incluso si después su oferta económica no es la mejor. Hace muchos años, con la normativa anterior, ya explicábamos un poco el funcionamiento del sistema.

Recordemos que, normalmente, en las contrataciones públicas se otorga un determinado peso a los criterios evaluables mediante juicios de valor (se refieren a aquellos aspectos de una oferta que requieren una valoración cualitativa de expertos o de la mesa de contratación) y otro a la oferta económica. El peso relativo puede oscilar, 60/40, 50/50, 60/40… Lo relevante es, así como las ofertas económicas se tienen que abrir públicamente y, por tanto, es más complicado el amaño (no se sabe qué oferta van a presentar otros licitadores salvo que estén todos conchabados entre sí, lo que por cierto también ha ocurrido históricamente en la contratación pública) lo que sí se puede hacer es «dopar» las puntuaciones técnicas del favorito, de manera que, aunque su oferta económica sea la más cara, resulte ganadora. Esto está a la orden del día, como sabe cualquiera que esté familiarizado con el funcionamiento de la contratación pública. Las empresas, por supuesto, lo saben perfectamente.

Es más, si incluso a pesar de todo esto no fuera posible adjudicar la oferta al candidato elegido (porque se equivoca, no presenta la documentación en plazo, etc.) todavía queda la varita mágica del desistimiento del contrato y de una nueva convocatoria en donde ya no se cometan errores. O se le dice al ganador que se olvide si quiere volver a contratar con la entidad en cuestión. Las vías para adjudicar un contrato al licitador favorito (haya pagado o no) son innumerables y resultarían demasiado prolijo exponerlas todas. Pero pueden quedarse con la idea de que las empresas suelen hacer una pregunta que no sabemos si es habitual en otros países: ¿aquí como se gana un concurso? De la contestación dependerá el comportamiento de la empresa. Desafortunadamente, no siempre la respuesta es la que debería ser: presentando la mejor oferta.

¿Esto quiere decir que todo el mundo cobra? Ni muchísimo menos. Suele ser el directivo o alto cargo. En España no hace falta comprar técnicos -salvo excepciones- lo que suele bastar es con dar las instrucciones pertinentes. El sistema de libre designación y libre cese, la arbitrariedad en la distribución de funciones y productividades, las mil y una maneras de hacer imposible la vida a un funcionario o empleado público díscolo bastarán para disuadirle. No todo el mundo quiere perder tiempo y dinero acudiendo a los tribunales de Justicia que, en el mejor de los casos, tardarán años en darle la razón.

En cuanto a las empresas, hay que recordar que son las entidades públicas las que le fijan las reglas. Algunas renunciarán a jugar con los dados marcados pero otras muchas, no. Pero no es razonable decir que sean ellas las corruptoras en todo caso; la prueba es que, la inmensa mayoría, podrían ganar concursos limpiamente. No, obviamente, las que se han creado «ad hoc» para llevarse el concurso con la connivencia del político o alto cargo de turno (como al parecer era la de Cerdán). De esas hay unas cuantas, aparecen de la noche a la mañana en el Registro Mercantil y pasan de 0 a decenas de millones de euros de facturación en un tiempo récord. En este sentido, son muy recomendables los análisis de Jaime Gómez-Obregón (que se pueden consultar en X) respecto a las licitaciones públicas en Cantabria y las empresas montadas directa o indirectamente por políticos.

Pero el que esas grandes empresas no sean las corruptoras no significa que no tengan una importante responsabilidad a la hora de tolerar este estado de cosas. Cuando los controles internos fallan una y otra vez y los escándalos de corrupción son los mismos ahora que hace treinta años, cabría exigir a los dirigentes de esas empresas la misma responsabilidad que exigimos a los de los partidos políticos: «in eligendo» e «in vigilando». Pensemos que tanto la responsabilidad política como empresarial es predominantemente objetiva, dependiendo mucho más del resultado que de la culpabilidad directa o de las buenas intenciones de la cúpula, a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad jurídica. Si para exigirla buscamos solo complicidades personales, siempre nos encontraremos con el fusible de turno dispuesto a ser sacrificado para no quemar a toda la organización y el ciclo perverso no se detendrá. O se les hace pagar un alto coste reputacional y social o la teoría del fusible seguirá con nosotros por muchos años.

En todo caso, la pobre Ley de contratos del sector público también prevé prohibiciones de contratar para empresas (personas físicas o jurídicas) que incurran en las prácticas que se enumeran en el art. 71 LCSP, que son muchísimas, y que desde luego incluyen «mordidas» a cambio de contratos. El problema es que la mayoría exigen sentencia firme o, al menos, resolución administrativa firme, y esto no es fácil de conseguir. Y en ocasiones, hasta una resolución adicional que lo diga. Por eso, lo que se pide en las contratación pública es sencillamente una declaración responsable de que está todo bien. Y poco más.

La extensión territorial hasta ahora conocida de la trama de Ábalos, Cerdán y Koldo pone de relieve esta realidad. Por decirlo claramente, en España la corrupción ligada a la contratación pública es sistémica, aunque existan entidades públicas donde se puede licitar de forma limpia.

Para terminar, es necesario que la sociedad reaccione ante tanta corrupción pública, que supone no solo malgastar el dinero público (que es el nuestro) sino también falsear la competencia, pues no se contrata a la empresa que lo hará mejor y más barato, con grave perjuicio para los contribuyentes. Ojalá todo esto sirva para inaugurar una nueva etapa donde, por fin, nos empecemos a tomar en serio esto de la corrupción. Y una reflexión final: esto no va de acumular más normas, ni de planes de integridad, ni de códigos de conducta ni de papelería varia. Esto va de profesionalizar de una vez nuestro sector público, y de exigir responsabilidades incluidas las patrimoniales -la restitución de lo recibido y la indemnización por los daños- a todos los colaboradores, por acción u omisión.