El Consejo de Transparencia echa a andar sin explicar cómo presentar un recurso a las solicitudes denegadas

Blog El BOE nuestro de cada día:  La Generalitat de Catalunya publicará el reparto entre cabeceras de la publicidad institucional

Blog Tuderechoasaber.com.- A pesar de que la ley de transparencia entró en vigor hace más de un mes, aún no se conoce si existe un trámite específico para presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que se constituyó ayer lunes. Esta falta de información afecta a los ciudadanos que enviaron solicitudes de información desde el pasado 10 de diciembre.

 

 Cumplido el plazo de un mes que establece la ley, quienes hayan recibido una respuesta negativa (denegando la información), o directamente no han recibido respuesta, aún no conocen los cauces específicos para poder recurrir al Consejo de la Transparencia para defender su derecho a acceder a la información. La única opción, por el momento, es presentar el recurso ante el registro central de la administración, aunque ni siquiera aparece el Consejo de la Transparencia como posible receptor del mensaje.

 

Este retraso supone un agravio para los ciudadanos que han realizado solicitudes de información. La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo. De esta forma, se acumulan los problemas de implementación de la transparencia.

 

A los  obstáculos para enviar solicitudes de acceso a la información y al hecho de que el reglamento que debe acompañar a la ley de transparencia aún no es público, se suma ahora la poca información sobre los cauces para recurrir hasta que el Consejo de Transparencia no ponga en marcha el trámite. El Consejo fue creado pocos días antes de la entrada en vigor de la ley, y la experiencia previa de sus miembros se centra más en la protección de datos que en el derecho de acceso a la información pública.

 

“El Gobierno sigue demostrando que la ley de transparencia solo le importa como titular en los medios.”, declara Victoria Anderica, coordinadora de proyectos en Access Info Europe, “Su implementación es altamente decepcionante y a pesar de los continuos problemas el ejecutivo sigue sin hacer ni una declaración sobre los mismos.”.

 

Sin reglamento y con silencio

“Ya no es solo una cuestión de mala fe ni de poco interés, sino de incumplimiento de la propia ley”, añade Eva Belmonte, Responsable de Proyectos de Civio. “El decreto del Consejo se presentó con ocho meses de retraso, se constituye ahora más de un mes después de la entrada en vigor de la ley, aún no tenemos reglamento y ni siquiera tenemos un cauce específico donde recurrir, pese a que los plazos están más que cumplidos”, concluye.

 

A día de hoy, los organismos públicos no han respondido a preguntas sobre los informes de auditoría, las retribuciones de altos cargos y las indemnizaciones pagadas por RTVE, así como el reparto de la publicidad institucional por cabeceras (solicitud enviada al Ministerio de Presidencia) y el desglose del parque móvil por departamentos (a Hacienda y Administraciones Públicas), entre muchas otras cuestiones.

+Revista de prensa. El País: Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos

Convocatoria: Barcelona 21 y 22 de enero. Encuentro de los máximos responsables públicos de Catalunya en materia de Gobierno Digital. +info: http://web.aoc.cat/governdigital/ Programa /  Ponentes /  Asistentes / Inscripción administraciones / 

Constituida en el Senado la Comisión de Transparencia, órgano supervisor de la ley

El senador del PNV Jokin Bildarratz nuevo vocal ante la negativa del PSOE a ocupar un puesto en este órgano.

+info: Tuderechoasaber.com. ¿Quiénes son los que van a hacer cumplir la Ley de Transparencia?

 

Revista de prensa. 20minutos.es. 19.1.2015.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido este lunes el acto de constitución de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la ley -aprobada en noviembre de 2013- junto con el Consejo presidido por Esther Arizmendi. "La transparencia ha venido para quedarse", ha dicho la número dos del Gobierno en el Senado.

 

Para Sáenz de Santamaría, la rendición de cuentas ayudará a mejorar la imagen y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la democracia española ya no podrá entenderse en el futuro sin esta herramienta. Asimismo, ha destacado el "papel dinamizador" que jugarán las preguntas que los españoles dirijan a la Administración, que usarán la información obtenida como "elemento de juicio" para valorarla.

 

Ha recordado, además, que han hecho falta diez legislaturas para que viera la luz la Ley de Transparencia y se pusiera en marcha su portal, abierto desde hace algo más de un mes. Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de la Comisión, que forjará "mecanismos institucionales de supervisión" en el objetivo compartido de "reforzar la democracia" y "mejorar el diálogo con los ciudadanos".

 

Por su parte, Arizmendi ha destacado el cambio histórico que suponen las normas de transparencia en las relaciones entre los ciudadanos y la administración y ha agradecido el apoyo de las diferentes instituciones en esta tarea. Se ha comprometido a trabajar "sin descanso" contando con legitimidad, independencia y vocación de servicio público.

 

A su juicio, la verdadera democracia no es la que se proclama como un "valor abstracto" sino la que se ejerce "a diario" y la que se fortalece desde la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos y la "participación activa" de los ciudadanos. Los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno representan a distintas instituciones del Estado y fueron nombrados por el Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre.

 

Vocales

Además de Esther Arizmendi, como presidenta del Consejo, el Gobierno ha designado como vocales de la Comisión a la diputada del PP Pilar Cortes, a propuesta del Congreso, y al senador del PNV Jokin Bildarratz, a propuesta del Senado, ante la negativa del PSOE a ocupar un puesto en este órgano. María José de la Fuente ocupa un puesto por el Tribunal de Cuentas, al igual que José Manuel Sánchez, que lo hace a propuesta de la Defensora del Pueblo.

 

Los otros tres vocales son Agustín Puente, de la Agencia Española de Protección de Datos; María Pía Junquera, directora general de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y José Luis Martínez Almeida, director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Nace la Asociación de Informáticos de la Administración local

Contribuirá a implantar la administración electrónica y la modernización de los ayuntamientos españoles

 

V.Almonacid. Blog NosoloAytos.com- Como adelantaba ayer Fernando Gallego, el pasado día 15 se celebró la primera reunión oficial para consensuar un borrador de los estatutos de la asociación. Dicha reunión contó con la presencia de representantes de departamentos TIC de unos 15 ayuntamientos, en este caso de la provincia de Valencia aunque se pretende que esto pueda ser extensible a cualquier profesional TI de la Administración Local.

 

Tarjeta Visa en colaboración con el Ayuntamiento
de Alzira y los empresarios.

El motivo principal de la constitución de la asociación es la de la creación de un foro común donde se compartirán intereses, se realizarán sinergias de implantación de soluciones y en líneas generales se defenderá la profesión de técnico TIC en las administraciones locales, en especial por el momento que vivimos de implementación de soluciones de administración electrónica y sus reglamentos derivados.

 

Los objetivos establecidos por la asociación son los siguientes, a modo preliminar:

• Promover el intercambio de experiencias de interés para los asociados.
• Colaborar en el desarrollo de aplicaciones para la Administración local con el fin de compartirlas.
• Colaborar en las relaciones con proveedores de hardware y software con el fin de ajustar los productos a las necesidades reales de la Administración local.
• Promover soluciones conjuntas que produzcan economías de escala y redunden en una reducción de costes para la Administración.
• En relación con la implantación de la Administración electrónica, analizar y estandarizar los requerimientos económicos, materiales y humanos necesarios.
• Colaborar con otros colectivos e instituciones para mejorar la situación de las TIC en el ámbito local.
• Promover planes de formación que se adapten a las necesidades reales de nuestro trabajo.
• En general, cualquier otro que tenga relación con los anteriores.

Actualmente los estatutos se encuentran en fase de estudio y en breve se pasará a su ratificación formal para la creación de la asociación.

Apoyo de Cosital
En mi opinión, las posibilidades de la nueva Asociación son enormes. Está llamada a sentar, en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, las bases homogéneas -por fin- de la administración electrónica local española, lo cual es tanto como decir “de la administración local española”, a secas. Valga su difusión aquí, en este blog de notable afluencia directa -y redifusión a través de las RRSS y de Novagob-, con el fin de ayudar a la consecución de sus fines.

La nueva AIAL cuenta además con el apoyo de COSITAL, especialmente de su Observatorio de Administración Electrónica, así como con excelentes relaciones con la Asociación de Archiveros y la de Técnicos de Personal de la Administración Local. Trabajaremos todos juntos, coordinados por un diálogo constante, a fin de armonizar y mejorar los Ayuntamientos, porque la legislación estatal es tan fría como distante, y parece que a nadie le preocupa la administración más cercana al ciudadano más que a sus propios intraemprendedores.

Noticia relacionada. Boletín 71 Astic: El papel de las TIC en la reforma de las Administraciones Públicas

Hoja de Ruta para un programa municipal. La gestión inteligente de las ciudades hoy

"Hace falta un nuevo impulso, o un impulso diferente, que permita avanzar de verdad en la gestión inteligente de las ciudades"

 

Antonio Díaz Menéndez.- Administración Inteligente.-  Las ciudades inteligentes han sido tema estrella en la presente legislatura municipal, y desde este blog hemos comentado y matizado diferentes aspectos relacionados con este enfoque, a mi entender demasiado escorado hacia el “negocio tecnológico y urbano” en detrimento a veces del interés general de los ciudadanos.  Ello no impide valorar “en su justa medida” los esfuerzos que políticos, instituciones, empresas y profesionales varios están realizando para impulsar este “movimiento smart”.

 

Vancouver, en la costa oeste de Canadá, es una de las
referencias  #smart City según R. Florida

Dicho esto, creo hace falta un nuevo impulso, o un impulso diferente, que permita avanzar de verdad en la gestión inteligente de las ciudades.  Para ello habría que acometer al menos cuatro tareas para actualizar esta hoja de ruta para la gestión de las ciudades, pensando en la legislatura que se avecina:  1-recuperar los ingresos, 2-tejer una nueva alianza con la ciudadanía, 3-un proyecto ciudad ético y colaborativo y 4-una gestión profesional alejada de clientelismos. Vamos a ello.

 

1.- Recuperar los ingresos locales. Nos hemos pasado una legislatura entera a golpe de reducción y austeridad presupuestaria que si bien en muchos casos era necesaria (purga de excesos anteriores), hace ya tiempo que nos está llevando a la asfixia económica y social, al austericidio puro y duro.  Esto ha venido muy bien a algunos gobiernos para vivir del pasado, y aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”  llevar adelante su programa de reducir a mínimos el gasto público, dejándonos unas administraciones zombis, desvitalizadas y sin pulso.

 

Hay que poner la inteligencia a trabajar para recuperar los ingresos y eso pasa inicialmente por abandonar la demagogia en política fiscal. Es falso que reducir impuestos sea siempre bueno para los ciudadanos, excepto para los que más tienen y más acumulan.  Son un instrumento de redistribución y reducción de las desigualdades, y como ha mostrado Tomas Piketty , a partir de cierto nivel de desigualdad, se cercena además el crecimiento económico.

 

Evidentemente  no hay que aumentar impuestos a los emprendedores, sino mantener y mejorar sus estímulos  y “dejar en paz” a los pequeños autónomos, aligerando burocracia y controles que debemos dedicar a otros menesteres donde se obtenga mayor rendimiento. Pero no se puede “engañar” a la ciudadanía eliminando, por ejemplo, la tasa de basuras, cuando sabemos que la normativa europea de reciclaje incrementa necesariamente el coste de recogida, y perdiendo además la oportunidad de implantar una tasa ecológica y progresiva.

 

Es necesario ensayar formas  innovadoras de colaboración público privada  sin prejuicios, siempre en torno a proyectos claros y transparentes orientados al interés general y con fórmulas de control que eviten efectos perversos ya conocidos, como la privatización de beneficios y socialización de pérdidas “cuando vienen mal dadas”.   Los grupos de interés tienen que comprometerse con la realidad local en una medida similar a la que se benefician de ella.

La apertura de datos que beneficie la actividad económica debe ser general  con el único límite de la privacidad y protección de datos personales. Hay experiencias que ya nos muestran claramente los beneficios económicos  y sociales del Open Data.

 

2.- Tejer una  nueva alianza con la ciudadanía para la transición y el cambio de época, apoyada en una política de transparencia, participación y colaboración. En el último periodo, diferentes grupos de científicos sociales (como el  GIGAPP y otros)  se ocupan de investigar y conceptualizar con rigor académico un nuevo modelo de gobierno y administración.  Ahora toca poner en práctica lo que se ha venido en denominar “Gobierno Abierto”.

 

Ello implica partir de un estilo de  liderazgo humilde, sobrio y cercano, más directo y menos ampuloso del que hemos conocido habitualmente, y por supuesto, con capacidad de comunicar, ilusionar y dar confianza a la ciudadanía.

Ese nuevo modelo de liderazgo tendrá que partir de códigos y protocolos de actuación pública más estrictos, adaptados a los tiempos de crisis y con un enfoque necesariamente transversal, capaz de acordar sin prejuicios con distintos sectores sociales y actores políticos el proyecto ciudad, que ha de ser abierto y muy participativo, como pregonan algunos políticos con experiencia (Odón Elorza).  Para poder hacerlo, quien lo encarne tendrá que ser un referente ético y tener un nivel de instrucción y preparación técnica acorde a una sociedad global inmersa en la era digital.

 

Esto requerirá en ocasiones cambios de personas y de partidos, en otras cambios  generacionales  (aunque esto por sí solo no garantiza nada).  ¿Es la hora de los “millenials”?.. Puede ser, o de aquellos que hayan entendido y comprendido las necesidades de esta generación, sepan encarnar con decisión y audacia los valores de la nueva economía y la sociedad digital (compartir, colaborar, innovar, …) y lo hagan además sin abandonar a su suerte a las generaciones precedentes, gestionando la “transición a la nueva época”.

 

3.-Definir un proyecto de ciudad ético y decente que aborde un crecimiento cualitativo y sostenible.  Este proyecto estratégico puede y debe ser diseñado con implicación de muchos actores y contendrá actuaciones piloto concretas y bien priorizadas,  que sirvan para unir -más que dividir-, que aporten utilidad, valor y soluciones desde lo local a los dos principales problemas:  el empleo y la corrupción.   Junto a ello, incluirá los servicios sociales básicos para mantener el bienestar ciudadano y las políticas públicas de acompañamiento para esta enorme transición  que estamos viviendo.

 

Será necesario hablar de cosas incómodas para algunos, de las que hasta ahora apenas hemos hablado. No alcanzaremos una ciudad decente si sigue aumentando la desigualdad entre barrios, como bien señala  J. Subirats. Tampoco si no entendemos la evolución en la formas y modos de trabajar y de vivir la ciudad, o la irrupción de la nueva economía colaborativa, con las contradicciones que plantea y que habrá que gestionar.  La  preocupación por la desigualdad ha de estar en el centro del debate, mientras se abren paso experiencias solidarias de ciudadanos conectados entre sí y barrios o ciudades colaborativas .

 

4.- Realizar una  gestión profesional, rigurosa, alejada de clientelismos y capaz de de innovar. Los directivos y funcionarios, trabajando en equipos,deberán incorporar sin complejos las redes y demás tecnología social disponible, tanto para hacer posible la profundización democrática que exige la ciudadanía, como la eficiencia que esa misma sociedad exige a los sistemas y servidores públicos. Hay que abrir paso a los emprendedores públicos.

 

Especialmente crítico será disponer de buenos gestores al frente de las áreas económicas, bien arropados por funcionarios (interventores o secretarios) conocedores de la ley y el procedimiento, a la vez que comprometidos con los resultados de la gestión.

 

Hay que gastar mejor y la democracia tiene que funcionar mejor. Lo local puede y debe ser una vez más un ejemplo a seguir.

Post relacionado: Richard Florida: " La prosperidad de una ciudad depende de su capacidad para atraer y retener el talento creativo”

Antonio Arias, Fiscalización.es: Discrepando sobre el coste medio de los gastos universitarios

El coste de un titulado en Ciencias se sitúa 75.472 euros, en Artes y Humanidades 54.734,74 euros, en Ingeniería y Arquitectura 53.041,15 , en Ciencias de la Salud 32.837,76, mientras que el coste del graduado en Ciencias Sociales y Jurídicas alcanza 33.798 euros

Antonio Arias. Blog Fiscalización.es. Uno de los principios más elementales de contabilidad analítica enuncia la gran dificultad en determinar con exactitud el coste medio de un producto conjunto. Solo caben aproximaciones bajo ciertas hipótesis sobre la distribución de los costes conjuntos.

Universidad de Albacete, en Castilla-La Mancha

Un ejemplo lo tenemos en la Universidad, cuyos fines principales son la docencia y la investigación; esto es: una producción conjunta. En el mundo académico, donde se usan las mismos laboratorios, aulas, bibliotecas o instalaciones informáticas por diversos grupos de profesores o investigadores, para producir tanto docencia como investigación, cualquier división de los costes entre estas dos actividades es subjetiva.

 

La actualidad nos presenta una buena muestra. El informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza 2012, que la semana pasada hizo público la Cámara de Cuentas de Aragón, incluye entre sus conclusiones (página 21) las siguientes, relativas a la contabilidad de costes y donde la distribución del peso de las actividades de docencia e investigación se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo: el 82 % de los costes se imputan a la actividad docente y el 18 % restante a investigación (conclusión 45).

 

A partir de ahí, se obtiene el coste de cada titulado, correspondiente al alumno equivalente a tiempo completo que, teniendo en cuenta la tasa de éxito, arroja en 2012, una media por alumno de grado de 42.735 euros, y de 55.405 euros para el máster. Por ramas de enseñanza hay diferencias significativas, que ya hemos comentado en otra ocasión. Así, el coste de un titulado en Ciencias se sitúa 75.472 euros, en Artes y Humanidades 54.734,74 euros, en Ingeniería y Arquitectura 53.041,15 euros, en Ciencias de la Salud 32.837,76 euros, mientras que el coste del graduado en Ciencias Sociales y Jurídicas alcanza 33.798 euros. (conclusión 50)

 

Sin embargo, en la página 7 (129 del total) de las alegaciones, el Rectorado discrepa de la metodología utilizada por la Cámara de Cuentas, que es diferente a la seguida por la Universidad de Zaragoza, que aplica la recomendada por la intervención General de la Administración del Estado (y asumida por la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación) y plasmada en su Modelo de contabilidad analítica para Universidades. Las discrepancias “son evidentes y palmarías”, dice el Rector, en un momento en que todas las universidades están implantando con grandes dificultades sus modelos de contabilidad de costes adaptados al criterio ministerial.

 

En efecto, de acuerdo con la modificación de la LOU en 2012, los precios públicos académicos de las matrículas que las universidades cobran a sus estudiantes van a adecuarse a los costes, por lo que ese calculo dista mucho de ser un ejercicio teórico y tiene una importante repercusión en las economías de las familias.

 

¿Dónde está la diferencia?

Frente a las conclusiones formuladas por los auditores, que atribuyen el peso de la actividad docente en la Universidad de Zaragoza un 82%, el Rectorado defiende la posición de la IGAE, que ascendería a un 64% de los costes totales. Esto reduce el coste por curso en una media de 2.090 euros, lo que supondría la fijación del precio público menor. Quizás esta sea la razón por la cual los costes presentados por la Sindicatura de Castilla-La Mancha son inferiores.

 La principal diferencia entre ambos criterios radica en el reparto de los costes de personal entre las actividades de docencia e investigación, puesto que el Tribunal de Cuentas -promotor de la metodología para su informe del sector en 2012, de inminente aprobación- imputa la totalidad del coste de personal académico (tanto docente como investigador) a la actividad de docencia, lo que en opinión del Rector de UNIZAR, “ignora la normativa sobre dedicación mínima a la investigación y la realidad de dicha dedicación que, en el caso de muchos investigadores, supera con creces ese mínimo”. Sin embargo, las propias universidades participan del problema al no clasificar funcionalmente esa dedicación investigadora dentro de los programas presupuestarios de investigación, usualmente código 541-A.

Los funcionarios critican las 'maniobras' del ministro Cristobal Montoro para acabar con la Muface

ElBoletín.com. El titular de Hacienda se ha convertido en el centro de las críticas de los funcionarios tras ver cómo los recortes del ministro han provocado una considerable reducción de la cartera de servicios sanitarios de la que pueden beneficiarse en el Muface. El colectivo critica las 'maniobras' del Gobierno para acabar con estos servicios “por la puerta de atrás”.

La situación de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es insostenible. Así lo ha indicado a ElBoletin.com el secretario de Acción Sindical de CSI-F y consejero en este organismo, Eliseo Moreno, que ha denunciado la “maquiavélica acción” de Hacienda para acabar con el aseguramiento de los trabajadores públicos.

El sindicato viene denunciando de un tiempo a esta parte los constantes recortes del ministro en la partida que se destina a Muface para la atención de los funcionarios en los centros hospitalarios con los que existe concierto, que tras las decisiones de Hacienda se han reducido. Así, CSI-F asegura que mientras que en 2010, sumando remanente de tesorería y aportación del Estado el presupuesto fue de 1.325 millones, en 2015 será de 1.201 millones.

“Estamos ante una maquiavélica acción de Hacienda para acabar con Muface por la puerta de atrás”, ha dicho Moreno, quien considera que Montoro está haciendo una “maniobra despreciable”, sólo por su “inquina a los funcionarios”, para que estos se cansen de esperar a ser atendidos por las aseguradoras y acaben yendo a la Seguridad Social.

No obstante, ha advertido, esto podría suponer un problema mayor ya que “de golpe” el sistema público tendría que atender a 2 millones de mutualistas. “Habría una avalancha de pacientes y se podría producir un colapso del sistema”, y además habría un aumento de la carga de trabajo de los médicos, ha remarcado Moreno.

Situación insostenible
Una situación que CSI-F tilda de “insostenible” y que ha llevado al fin de los conciertos en centros considerados de referencia. El sindicato habla de la reducción del cuadro médico y de servicios sanitarios de los que hasta ahora se beneficiaban los mutualistas en centros de Madrid y Barcelona, concretamente en hospitales del grupo HM (Montepríncipe, Valle de Suchil, Torrelodones, Sanchinarro y Puerta del Sur) y en los del grupo Quirón (Pozuelo, San Camilo y San José, en Madrid, y la clínica Quirón de Barcelona).

Ante este panorama, algunas aseguradoras han decidido salir del convenio con Muface y no atenderán a los mutualistas en 2015. El pasado mes de diciembre se firmó el nuevo convenio con Asisa, Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria, las únicas que han aceptado las condiciones impuestas por Hacienda.

El ministerio de Montoro, pese a que anunció un incremento de la prima de un 0,9%, no ha logrado mantener el acuerdo con los 'pesos pesados' que atendían a los funcionarios asociados en especialidades punteras como oncología y radioterapia, cardiología, neurología y digestivo.

Desde el sindicato exigen a Montoro que deje de “intentar confundir a los mutualistas” asegurando que la aportación a Muface sigue siendo la misma y que la cartera de servicios no varía, porque no es cierto. “Las entidades médicas llevan varios meses avisando que no pueden mantener la calidad de la asistencia sanitaria con la infrafinanciación que reciben”, recuerda el sindicato en una nota colgada en su web, donde señala que los partidos de la oposición también están preocupados por la situación y han pedido explicaciones al ministro de Hacienda.

España desciende al puesto 31º en el Ranking Internacional del sector de datos abiertos: Open Data Index 2014

España ha obtenido una calificación del 52%, en el puesto 31º del Ranking de más de 90 países, superando en seis puntos la nota del ejercicio de 2013 pero bajando 4 puestos. Reino Unido, Dinamarca y Francia lideran la clasificación mundial.

La organización independiente Open Knowledge Foundation  ha hecho publico su Open Data Index 2014, donde queda reflejada la situación de los datos abiertos (open data)  en más de noventa países en todo el mundo. España ocupa un modesto puesto 31º de este ranking que lidera el Reino Unido.

Los países anglosajones lideran el ranking de Open Data

 

El Open Data Index somete a evaluación a casi un centenar de naciones   de los cinco continentes  según el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información  a través de diez categorías principales, que  incluyen de forma transparente, por ejemplo, estadísticas, presupuestos de administraciones públicas, resultados de elecciones, legislación, horarios de transporte, mapas públicos, niveles de contaminación, etc. Una infografía permite consultar desde un mapa la situación de cada país por cada uno de las diez apartados evaluados.

 

En esta última edición correspondiente a 2014, el Open Data Index  pone de manifiesto que el sector avanza lentamente, ya que aún son  muchos los gobiernos que  no ofrecen en formato abierto  información pública de  relevancia para los ciudadanos y para la economía del país, a pesar de que el tratamiento de open data supone una oportunidad de negocio y progreso para todos los países. En la actualidad hay cerca de 400 portales de datos abiertos en todo el mundo. 
 

Ranking internacional

El Reino Unido  lidera de nuevo este ranking con una puntuación total del 96%, de los 10 apartados evaluados, seguido  por Dinamarca con el 83%. El tercer puesto corresponde al vecino  Francia, 80%,  que ha escalado a ese puesto desde el  décimo que ocupaba solo un año antes.

En cuanto a España la situación se mantiene casi estable; habiendo obtenido una calificación del 52% en 2014, (en el puesto 31º del Ranking ), supera el 46% del año  anterior pero  desciende cuatro puestos -desde el 27º- al tener un progreso más lento que el de otros países evaluados en el último bienio.

 

Datos.gob.es es el portal del Estado español que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público. Algunas comunidades autónomas -como País Vasco o Navarra-  y ayuntamientos, así como otras instituciones públicas, están empezando a ofrecer en sus portales -algunos específicos para esta materia- información pública reutilizable aprovechado también las mayores niveles de exigencia de transparencia democrática que reclama la sociedad española. 

+ Info relacionada: Encuentro Aporta 2015. El próximo 26 de febrero tendrá lugar en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de Madrid la cita anual de la comunidad de datos abiertos en España: el Encuentro Aporta 2015.  En esta nueva edición, el evento se organiza bajo el lema “El dato público en un sociedad digital” con el objetivo de ahondar en los aspecto clave del open data y analizar aquellos casos reales donde los datos abiertos desempeñan una función relevante en el plan estratégico de la propia organización.